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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-05-14
Fecha: 16 de Mayo, 2012  10:18:27 (+0200)
Autor:webmaster <webmaster @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 14 de mayo de 2012, 10.909 suscriptores
 

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Organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas presentan un manifiesto por las libertades políticas fundamentales

Comunicado APDHA, RANA, ASPA, USTEA. 09/05/2012

 

Según lo anunciado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados y su intención de realizar una reforma legal del Código Penal para criminalizar los actos de protestas y tras los acontecimientos de violencia policial ocurridos recientemente en Valencia, Barcelona, Madrid, Cádiz..., así como en Bilbao, con resultado de un joven muerto por un disparo de bola de goma por parte de la Policía, las entidades abajo firmantes hemos realizado un manifiesto por las libertades políticas fundamentales de la ciudadanía y una campaña de recogida de firmas y una ciberprotesta en ACTUABLE y OIGAME.

MANIFIESTO POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA

Venimos constatando, por desgracia desde hace demasiados años, la utilización de las instituciones del Estado por parte de ciertas personas, partidos o grupos tanto para su propio beneficio como para beneficiar a bancos y grandes empresas principalmente, traicionando la propia esencia de aquellas y vulnerando muy gravemente, no sólo nuestra tan renombrada Constitución, sino también los Pactos Internacionales firmados y ratificados (que por tanto forman parte de nuestro Ordenamiento Jurídico) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…

Por ello, recordamos que:

1.- Cuando los recursos de tod@s se destinan al beneficio exclusivo de aquellos mismos que los han malgastado y despilfarrado, a costa del sufrimiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría, se están cometiendo múltiples atentados y delitos.

2.- Actuar como “autoridad” obliga a cumplir la ley antes de hacerla cumplir. Si esto no es así, no sólo se pervierte el propio sentido de la autoridad, sino que se pierde por completo. Una obligación esencial de la autoridad que pretenda ser tal es velar por el cumplimiento del artículo 10 de la Constitución, a saber: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

3.- Las “Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, según la “Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, deben: “Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico” (artº 5.1) e “Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral” (artº 5.2ª). Las “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” no pueden, por tanto, ejercer de cualquier modo el “monopolio de la violencia” que se les concede. Así, cuando algunos políticos usan a la policía para defender intereses particulares, partidistas o plutocráticos, en contra de los principios más básicos del Estado de Derecho, se está cayendo en actos graves de ‘corrupción’ política.

Por ello, entendemos que no es posible la imputación por delitos contra la ‘autoridad’ cuando, como hemos visto, esta potestad se ve traicionada y corrompida con actos o directrices políticas contrarias a los principios más básicos del Estado de Derecho.

4.- Rechazamos la intención del ministro del interior de querer convertir en delito las protestas y resistencias pacíficas. Como servidor público su obligación es precisamente cumplir esos principios constitucionales y no pretender adecuar la ley a intereses indefendibles. Muy indignados e indignadas, le recordamos al ministro cómo los policías llamados “antidisturbios”, con escasa profesionalidad han actuado recientemente en Valencia, Barcelona, Madrid, Cádiz, etc., así como en Bilbao, con resultado de una persona muerta por un disparo de bola de goma.

Muchas personas –estudiantes, profesionales, trabajadores con o sin empleo, gentes de toda clase y condición- vemos cómo la sensación de indefensión y desprotección es directamente proporcional a la sensación de impunidad de que algunos cargos públicos -políticos y policiales-, entre otros –reciente amnistía fiscal– parecen gozar, al tiempo que se están produciendo demasiados casos de ensañamiento y alevosía en el “cumplimiento de órdenes” por parte de la policía. Se está actuando contra la integridad física y moral de la ciudadanía, haciéndolo además con abuso de superioridad, y obrando con abuso de confianza y de su carácter público… (artículo 22 del Código Penal).

y 5.- Por ello y por todas las razones expuestas, y especialmente por esas evidencias, sea de los delitos, sea del dolor, sufrimiento y humillación que han experimentado y siguen experimentando tantas personas como consecuencia de tales actuaciones, los ciudadanos y ciudadanas y organizaciones abajo firmantes pedimos a las instituciones del Estado de Derecho y a sus servidores –ministros, parlamentarios, senadores, autoridades públicas en general…- y especialmente a todo el ámbito del poder judicial -fiscales, jueces, magistrados, abogados…- que cumplan con su obligación y su misión de defender los más elementales principios de legitimidad y defensa de los Derechos Humanos.


Todos, ciudadanía, juristas, políticos, profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debemos rechazar la pretensión irresponsable del Ministro de Interior sr. Jorge Fernández de regresar a un concepto y una práctica del “orden público” completamente antisocial y antidemocrática.


Andalucía, 9 de Mayo de 2012

Entidades firmantes:

- Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía R.A.NA (Ecologistas en Acción Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía, Noviolencia Ahora (Jerez), Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista Moc Sevilla y REDPAZ), AHIMSA (Málaga), MOC-ELAIA (Puerto de Sta. María), Madres contra la Droga ANDAD (Jerez), RANA (Algeciras).

- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

- Asociación para la Solidaridad y la Paz de Andalucía (ASPA).

- Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza (USTEA).

 

> CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS, ADHIÉRETE AQUÍ

 

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La APDHA exige al Gobierno que mantenga la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular

 Comunicado, 30/04/2012. Foto: CC 3.0 Luana Fischer

fotoLa Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA manifiesta su absoluto rechazo a los recortes desarrollados por el Gobierno central en materia sanitaria y, especialmente, a la supresión de la atención sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular.

La idea que puede extraerse de las medidas que el Gobierno está tomando en materia sanitaria es que las personas inmigrantes en nuestro país abusan de la sanidad pública. Ése es el argumento con el que pretenden convencernos de la necesidad de las medidas; y no es una idea nueva. Por el contrario, se trata de un convencimiento fuertemente arraigado en un discurso social que en momentos de crisis busca culpables en los otros, los extranjeros, los diferentes

De ahí que el Gobierno haya recurrido a la lucha contra el  “turismo sanitario” que se aprovecha fraudulentamente de los beneficios de la universalidad de nuestra sanidad como fundamento de estas medidas. Y quizás no está de más condenar posibles abusos, pero sin cometer el error de caer en el recurso de la demagogia xenófoba del que hace uso desde instancias gubernamentales en este caso.

La lucha contra el llamado “turismo sanitario” no puede pasar por el recorte de los derechos sanitarios a las personas inmigrantes en situación documental irregular, ya que las personas extranjeras que hacen mayor uso de nuestro sistema de salud son ciudadanos/as de la UE. Las estadísticas muestran una realidad muy diferente a la que se perfila en los argumentos aportados por el Ejecutivo.

Conviene recordar que una buena parte de esas personas inmigrantes en situación irregular ha sido víctima de una “irregularidad sobrevenida”; son ciudadanos/as que han residido durante años legalmente en España y que, debido a la situación económica y a las duras exigencias impuestas por la legislación de extranjería para renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, han perdido éstas quedando desamparadas. No se puede esgrimir el argumento de que no han contribuido con sus impuestos y que no han respetado las normas, dado que estas personas han participado y colaborado en el crecimiento socioeconómico de España durante el periodo de bonanza. Ahora, ante la negativa coyuntura económica, se les expone a la supresión de derechos tan básicos como el de asistencia sanitaria.

Dejando de un lado las cifras, la dignidad, los Derechos Humanos y la universalidad e igualdad en el acceso a los derechos básicos, como a la sanidad, no pueden ser puestos en juego bajo la excusa de la crisis. Las restricciones de las que estamos hablando no son poco relevantes; la salud es el pilar donde se sustenta la vida la humana, y aquí se trata de negar el tratamiento de enfermedades crónicas, el consejo médico, la prevención, etc.

La crisis económica no puede ser una justificación. No podemos permitir que esta situación adversa cuestione derechos básicos como la salud, la educación, la libertad, el empleo, y por supuesto, no debemos permitir que sean las personas inmigrantes el tablero donde se comience a desarrollar este cruel juego que consiste en buscar responsables, criminalizando a parte de la población residente en este país.

Por ello, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigimos que el Gobierno retire el Real Decreto-Ley 16/2012 y apoyaremos cuantas iniciativas se lancen desde la sociedad civil con este objetivo. Así mismo, planteamos a quienes están legalmente autorizados para ello la necesidad de elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. Mientras tanto, hacemos un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los profesionales sanitarios para que ejerzan la insumisión contra estas medidas y mantengan la atención sanitaria a todas las personas independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa.

 

> Ciberacción: Envía tu petición a los Diputados del Congreso "una sanidad para todos y todas" antes del 17 de mayo


 

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La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas

Comunicado, 03/05/2012 

La guerra de administraciones afecta a los más desfavorecidos. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP)

foto
 

16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad. Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico.

En el año 2011 el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres centros penitenciarios ordinarios, un psiquiátrico y un CIS, a 3.311 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539.  Granada1, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, las presas. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos/as dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia, en igualdad de condiciones que las personas libres. Es más, con mayor limitación que las personas en libertad, que pueden acudir al Colegio de Abogados a solicitar un abogado a través de la justicia gratuita. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición y recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como trabajo, sanciones, libertad condicional, permisos de salida…

El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración.
    
El citado Convenio de 3 de abril de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente, en abril de 2011, el servicio continó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes. De manera sorpresiva la Junta de Andalucía, escudándose en la falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios la suspensión del servicio, hasta tanto se firme el citado Convenio por parte del Ministerio. Al parecer éste, por su parte, apunta como causa del retraso que la Administración Autonómica andaluza no remitió la solicitud de renovación hasta final del año 2011, cuando debió hacerse a principios del mismo. 

Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando los presos y las presas. Así pues, el 17 de abril pasado, algunos Colegios obedeciendo las citadas instrucciones suspendieron el servicio, en concreto, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Sevilla y Córdoba decidieron, valientemente, continuar prestando el servicio temporalmente, para no generar indefensión en los/as presos/as, hasta el día 30 de abril, fecha en la que se esperaba pudiera estar subsanada la firma. Ante la falta de subsanación y las dudas generadas, por una eventual falta de voluntad de su ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta para ahorrar costes, se decidió suspender el mismo. El Colegio de Málaga es el único que continúa el servicio y tomará una decisión al respecto el lunes 7 de mayo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha mostrado al Gobierno la sorpresa  y preocupación del organismo que preside por la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria en Andalucía2.

Con anterioridad al citado Convenio tripartito, se prestaba el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria a través de Convenios de Colaboración entre cada Colegio de Abogados y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (hoy Secretaría General). De hecho, los citados Convenios fueron firmados por el Director General, hoy también Secretario General Ángel Yuste, datando el de Sevilla del mes de febrero del año 2001. Con anterioridad el servicio se prestaba en Málaga desde 1998. Desde 2002, en Córdoba y Granada, y el resto desde 2003.

Quince años después, 16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social (para terceros grados) están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. No tienen acceso a algo tan esencial como el derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza a través de la asistencia letrada.

Así pues, desde la APDHA exigimos a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a continuar su convenio con los Colegios de Abogados, aún cuando el Ministerio del Interior no aporta nada al citado Convenio, más allá de permitir la entrada a los establecimientos penitenciarios, ya que de hecho, los letrados tienen libertad per se para acceder a los mismos.

Lamentablemente, el Ministerio del Interior ha llegado a señalar3 que las personas presas no quedan desatendidas, ya que los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los/as internos/as. Burda excusa, si se tiene en cuenta que los 5 juristas que de media hay por centro, padecen actualmente una sobrecarga que hace inviable que sustituyan a los abogados y las abogadas de los Colegios en la prestación de este servicio. De hecho, en el Convenio se reconocía por parte del Ministerio del Interior “la conveniencia de que sean los Colegios de Abogados los que realizaran dicho servicio en los Centros Penitenciarios de Andalucía, garantizando así la continuidad en el asesoramiento, atención y asistencia jurídica que se venía prestando, si bien procediéndose a una mejor regulación” 4.

La eliminación de estos servicios por parte de la Administración Autonómica, amparándose en la falta de voluntad del Gobierno Central, es un paso más en el recorte de derechos básicos del estado de bienestar. La Junta de Andalucía, que tanto se encarga de vociferar los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico. Pediremos al nuevo gobierno andaluz de coalición que restaure inmediatamente el servicio.

Al día de hoy, más de 600 personas presas han formulado solicitud de letrado y están a la espera de ser atendidas. Ninguna Administración les ha explicado la nueva situación. Como APDHA hemos iniciado una campaña de información y acompañamiento a los presos, a fin de que puedan exigir y reclamar su derecho a la asistencia letrada en Andalucía.


Andalucía, 3 de mayo de 2012


NOTAS

1. Según declaraciones a Europa Press de su propio decano que cifró una media de 3 asistencias diarias.
2. http://www.abogados.es/portalABOGADOS/printPortal.do?urlPagina=/S005024003/1335361023925_es_ES.html
3. http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/la-junta-teme-que-se-suprima-servicio-en-prision_710057.html
4. BOE nº 90, 14-04-08, pág 19821 Exposición

 

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Declaración-llamamiento a la manifestación del 12 de Mayo en Cádiz

Comunicado de la Delegación de Cádiz, 02/05/2012 

¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!

Hace un año nuestras calles y plazas se llenaron de gente, de indignación y esperanza. Fue por sorpresa, sin conspiraciones, sin papeles, sin miedo…Los sin trabajo y sin futuro se volvieron sin miedo porque tanta soledad ya no podía ser y supieron transformar la frustración en  expresión de rebeldía colectiva.

Las calles se volvieron cauce para echar a andar la esperanza. Las  pla zas,  llenas de gente joven y no tan joven, se convirtieron en foro de debate y propuestas. Y todas las paredes se llenaron de consignas nuevas, y cada cartón abandonado se volvió pancarta y una enorme red fue calando en nuestras conciencias como una melodía, una canción, un himno: no estamos solos, no tenemos miedo porque no tenemos nada; si nos dejáis sin futuro, construiremos otro.

La participación y movilización tomaron esa forma quizá  porque tenía que ser, había que sacudir la modorra democrática de sus rutinas indolentes, y todos y todas necesitábamos la fuerza refrescante de ese nuevo caudal, de esa avenida que se llenó de gente.  

Ha pasado un año, nadie nos va a expropiar de esta experiencia magnífica que aún nos asombra porque es nuestra y ya forma parte de nuestra historia personal y colectiva.

Cierto, ha pasado un año pero siguen expropiándonos de todo lo demás. Un sistema económico demente que está haciendo añicos todas y cada una de las herramientas que la gente trabajadora ha ido construyendo pacientemente, con años de sufrimiento y lucha, para poder vivir y convivir con dignidad, los derechos económicos y sociales: el derecho a  la educación, a la salud, a tener un techo y un trabajo digno.

Y ahora van a por los derechos civiles y políticos; limitando la libertad de expresión, penalizando el derecho de reunión o manifestación, malbaratando el propio concepto de la democracia. 

En un año la derecha más radical, rancia y vengativa,  ha tomado las riendas del gobierno para pisotear los derechos más elementales: todo cuanto creíamos haber conseguido está en venta, en privatización, en desmantelamiento. Lo quieren todo y quieren arrebatárnoslo todo: las cosas necesarias para la vida y los principios necesarios para la convivencia.

Nada es bastante para satisfacer la avaricia y la estupidez de los mercados, nada es suficiente para reparar esa trampa en el solitario que los mercados de valores se han hecho a sí mismos, esa enorme estafa que los mercaderes están arrojando sobre nuestras vidas, y a la que llaman  crisis.

La crisis provocada por una economía de casinos y tahúres. La crisis económica convertida en coartada para cercenar los derechos de la gente. La crisis democrática que no tiene repuestas sociales a la crisis. La crisis de la política que no obedece a los pueblos sino a los mercados. La crisis de un sistema  que nos propone un modelo de vida sin historia, sin futuro, sin otras ideas que no sean el enriquecimiento individual de unos pocos y el desprecio olímpico hacia quienes no lo alcanzan…

Es la hora de salir a la calle, es el tiempo de volver a tomar las calles y las plazas, es la hora de exigir que cambien las respuestas a la crisis porque si no lo hacen, si se mantienen sordos al clamor social, habrá que poner en cuestión la legitimidad política de quienes se ponen al servicio de los mercados en lugar de obedecer a las necesidades sociales.

Saldremos a la calle cuantas veces haga falta con solidaridad,  con conciencia, con fuerza y con determinación.  Estaremos aquí, con toda nuestra dignidad, para recordarles que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros.

Por ello las organizaciones que firmamos esta declaración llamamos a la ciudadanía gaditana a participar en la manifestación convocada para el próximo 12 de mayo.


FIRMANTES

·         Asamblea Feminista de Cádiz
·         Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorro - ADICAE
·         Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública – ADSP
·         Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos – ATTAC
·         Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA Cádiz
·         Autonomía Obrera
·         Comisiones Obreras – CC.OO.
·         Comunidades Cristianas Populares de la provincia de Cádiz
·         Confederación General del Trabajo – CGT
·         Consumidores en Acción – FACUA
·         Ecologistas en Acción - Cádiz
·         Equo Cádiz
·         Hermandad Obrera de Acción Católica – HOAC
·         Izquierda Anticapitalista – IA
·         Izquierda Unida en la Provincia de Cádiz – IU-CA-LV
·         Maria Roja
·         Mundo sin Guerras y sin violencia
·         Ojos para la Paz
·         Partido Andalucista - PA
·         Partido Comunista de España – PCE
·         Partido demócrata Social Autonomista – PDSA
·         Plataforma Social de Cádiz
·         Red Roja
·         Unión General de Trabajadores – UGT
·         Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza – USTEA Cádiz

 

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Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores pedirle que medie en la liberación de Ameer Makhoul, preso palestino

 

Carta de la APDHA al Ministerio de Asuntos Exteriores para transmitirle nuestra preocupación por el encarcelamiento de Ameer Makhoul y pedirle su mediación para lograr su libertad

Sevilla, 4 de Mayo de 2012

Sr. Don José Manuel García-Margallo
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Plaza de la Provincia, 1 28012 Madrid


Nos dirigimos a usted para transmitirle nuestra preocupación por el caso del preso político palestino Ameer Makhoul encarcelado desde hace dos años en la prisión israelí de Giboa, donde cumple una condena de nueve años,y pedirle haga lo necesario para lograr su pronta liberación.


Ameer Makhoul, es coordinador de la Plataforma de ONGs Ittijah que aglutina a 64 organizaciones de solidaridad con los llamados "Palestinos del 48", actualmente ciudadanos israelíes descendientes de la población autóctona palestina que lograron quedarse en su país en 1948, y líder del movimiento para la protección de los derechos de los palestinos ciudadanos de Israel (los Palestinos del 48) y fue asesor del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Ameer Makhoul, como tantos otros palestinos es víctima del injusto e ilegal sistema de Tribunales Militares que Israel utiliza para juzgar y condenar a los civiles palestinos.

Cuando fue detenido, el Sr. Makhoul estaba desarrollando un proyecto subvencionado por la Agencia Internacional de Cooperación Española, que tenía como objetivo la creación de un centro de documentación sobre la identidad palestina en Israel para ONGs e investigadores interesados.

Recién conocida la sentencia que lo condenaba a nueve años de prisión Amnistía Internacional afirmaba en un comunicado hecho público el 30 de Enero de 2011:

"[...] nos preocupan mucho las denuncias de que fue torturado y víctima de otros malos tratos tras su detención –que se produjo el 6 de mayo del año pasado en un registro efectuado de madrugada por la policía en su domicilio de Haifa–, así como el hecho de que no le permitieran ver a sus abogados hasta 12 días después de su detención y la cláusula de silencio que impidió a los medios de comunicación informar sobre su caso durante este tiempo”.[...]

La confesión en la que se han basado la sentencia condenatoria y la pena impuesta a Ameer Makhoul fue admitida como prueba por el tribunal, a pesar de que se denunció que había sido hecha bajo coacción y que el acusado había sido torturado en su interrogatorio.

La condena de Ameer Makhoul se produce en un momento en el que los activistas de derechos humanos sufren cada vez más presiones en Israel, acusados por algunos miembros del gobierno y del Parlamento de ser “antiisraelíes” y poco patriotas por denunciar violaciones de Derechos Humanos en Israel y los Territorios Ocupados y hacer campaña contra ellas.[...]

Con órdenes militares como la detención administrativa (sin cargos ni juicio), el aislamiento, la negación de visitas familiares, la inasistencia médica, la tortura y otras muchas prácticas crueles e ilegales, Israel está violando el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Igualmente, está violando la IV Convención de Ginebra, de aplicación a las personas bajo ocupación militar y la Convención de los Derechos de la Infancia.

Actualmente unos mil trescientos presos están haciendo huelga de hambre como protesta contra el creciente empeoramiento de las condiciones de vida en las cárceles israelíes.

Las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos sólo son posibles si la tibieza de las críticas de las instituciones internacionales puede ser interpretada como un salvoconducto de impunidad que permita a sus transgresores actuar al margen de la ley.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía está impulsando una Campaña por la libertad de Ameer Makhoul y de todos los presos políticos palestinos, que pretende dar a conocer su gravísima situación en las cárceles israelíes e implicar a personas e instituciones que puedan influir de forma decisiva en el cambio de políticas que permitan el cumplimiento de las leyes internacionales en Israel y entre ellas el derecho a un juicio justo e imparcial para la población palestina.


Por todo lo expuesto, le pedimos que intervenga en la medida que permitan sus competencias pero con firmeza ante el gobierno de Israel para exigirle la liberación del preso de conciencia Ameer Makhoul, y de todos los presos políticos palestinos, que atienda a las peticiones de los centenares de presos que están en huelga de hambre desde el pasado 17 de Abril. Igualmente a desarrollar políticas desde su ministerio que velen por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

En espera de su respuesta, reciba un atento saludo.


Maribel Mora Grande
Coordinadora General
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía  

 

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Condenamos la persecución desatada en Colombia

Comunicado, 02/05/2012 

En Colombia, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, se ha desatado una nueva ola de señalamientos macartistas, amenazas y crímenes que afectan a organizaciones de izquierda y del movimiento popular.

Entre los días 23 y 27 de abril se produjeron tres hechos que denunciamos y condenamos:

Fue desaparecida MARTHA CECILIA GUEVARA, dirigente comunitaria del municipio de  San Vicente del Caguán e integrante del proyecto político y social Marcha Patriótica constituido recientemente en Colombia.
DANIEL AGUIRRE secretario general del sindicato de cortadores de caña fue asesinado en el norte del departamento del Valle.

En la noche del día 27 sicarios motorizados asesinaron en Bogotá a MAURICIO ENRIQUE RODRIGUEZ militante del Partido Comunista Colombiano e integrante del esquema de seguridad de los dirigentes de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, vinculados también al movimiento Marcha Patriótica.

Estos lamentables hechos no son aislados. Se ubican dentro del clima de persecución a que en los últimos años ha sido sometida la oposición política y social en Colombia con saldo de decenas de miles de victimas.

Al condenar estos crímenes rechazamos los señalamientos que el presidente de Colombia y el ministro de defensa han hecho en contra del nuevo movimiento político y social, la Marcha Patriótica de tener vínculos con la insurgencia. Sus irresponsables señalamientos se convierten en aliento y estimulo a la acción de los asesinos.

Las organizaciones políticas y sociales abajo firmantes reclamamos la inmediata investigación de los crímenes y el castigo para los culpables y que el gobierno de Colombia garantice la vida e integridad de quienes integran la legítima oposición política y social, cesando su campaña de desprestigio y persecución a la oposición política y social.

Andalucía, 2 de mayo de 2012

Entidades firmantes

Plataforma Estatal Por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
Kolektiba Colombia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia-Comadheco
Plataforma de Solidaridad con Colombia –Sevilla
Red Canaria por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia
Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos
Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos
Asociación de Solidaridad con Cuba “Bartolomé de las Casas”
Asociación de Cubanos residentes en Andalucía- TOCORORO
Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela (Granada)
Partido Comunista de Andalucía-PCA
Juventud Comunista de Andalucía- JCA
Izquierda Unida- Sevilla
Partido Comunista Obrero Español-PCOE
Hamada Abdlhay, UJSARIO en Andalucía 

 

 

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Schengen: Europa se enroca en sus miedos

Artículo de Opinión APDHA, 02/05/2012 

Durante unos días -del 28 de abril al 4 de mayo- el Reino de España ha restablecido los controles fronterizos con los países vecinos europeos. Es decir, ha dejado en suspenso durante siete días el Tratado de Schengen que garantiza la libertad de circulación en las fronteras interiores de la UE. El motivo aludido es la supuesta llegada de personas “antisistema” durante la cumbre del Banco Central Europeo que se celebra el 3 de mayo en Barcelona.

El artículo 2.2 del citado Tratado Schengen prevé efectivamente un dispositivo temporal de suspensión de la libertad de movimiento, pero sólo por razones de “una seria amenaza al orden público o a la seguridad interior”. Este dispositivo ha sido utilizado frecuentemente en el contexto de grandes cumbres y eventos internacionales: por ejemplo Italia suspendió Schengen durante el G8 de Génova del 14 a 21 julio 2001 y el G8 de l'Aquila de 28 junio a 15 julio de 2009; Francia lo hizo por el G20 del 2 a 4 noviembre 2001; Alemania por el encuentro de la OTAN del 2 a 4 abril 2009.

De todas formas, el concepto de seguridad nacional se está entendiendo de manera más que flexible para proceder a la suspensión de Schengen; tal fue el caso de Alemania durante la Copa del Mundo de fútbol de 2006; o de España con motivo de la boda del príncipe de Asturias en 2004.

En efecto, las últimas decisiones de diversos gobiernos de la UE sobre Schengen crean bastante incertidumbre, pues ponen en cuestión la libertad de circulación interna, tan laboriosamente conseguida en la UE y que es precisamente uno de los pilares fundamentales de la integración europea.

La suspensión del Tratado en Dinamarca, Francia e Italia durante 2011 ha demostrado que Schengen no es un paso definitivo sin marcha atrás. También Noruega, por razones de seguridad nacional, ha suspendido este año el tratado, mientras Holanda quería fortificar los controles fronterizos con un sistema de video vigilancia.

En el caso de Francia e Italia, la llegada de unos pocos miles de inmigrantes procedentes de la crisis Libia [se calcula que unas 30.000 personas, en tanto Túnez acogía a varios cientos de miles], en medio de una desmedida y demagógica campaña, “fundamentó” una decisión francesa sin precedentes: la suspensión temporal de la entrada en su territorio de trenes provenientes de Italia. Días después, en una cumbre entre Berlusconi y Sarkozy, ambos países acordaron solicitar la modificación del Tratado para extender la posibilidad de establecer controles fronterizos en caso de “crisis” migratoria.

Es este el contexto en el que la Unión Europea está planteándose la posible reforma del conjunto del Tratado de Schengen. Y en el que surge la semana pasada la propuesta franco alemana para que los estados puedan unilateralmente restablecer las fronteras en el interior de la UE si un tercer estado del espacio Schengen no logra contener un flujo masivo de inmigrantes. E insisten que esa decisión corresponde a la soberanía de cada Estado y no a la Comisión Europea (como establece el Tratado).

El Acuerdo de Schengen, en la medida en que acaba con las fronteras interiores (no sin algunos límites como hemos visto) representa uno de los mayores éxitos de la UE: la libertad de circulación de los ciudadanos y, sobre todo, una de las manifestaciones más evidentes de la integración europea. Hoy todavía, haber borrado los controles sistemáticos en las fronteras interiores sigue siendo el logro más importante de la UE a la hora de “transnacionalizar” el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en su espacio político-jurídico. Más de 400 millones de ciudadanos europeos pueden viajar sin hacer largas colas ante los policías aduaneros para mostrar su pasaporte, que ya no es necesario para viajar en el seno del espacio Schengen.

Pero Schengen tiene otra cara. Los esfuerzos y los recursos, anteriormente dedicados a las fronteras interiores, se han trasladado al control de las fronteras exteriores. El Sistema de Información Schengen (SIS), el SIRENE o el Sistema de Información de Visados (VIS), constituyen poderosos sistemas de control ciudadano, y no sólo para personas de países terceros. Suponen un peligro para el derecho a la intimidad y a no ser controlado por los poderes públicos.

Schengen, junto a sistemas como el Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de España y la puesta en marcha de la agencia Frontex, es también un pilar de la construcción de la Europa Fortaleza, generadora de graves violaciones de los derechos humanos y responsable de que miles de personas hayan perdido la vida intentado llegar al viejo continente, cerrado a cal y canto.

La petición franco alemana se inscribe en la corriente re-nacionalizadora que atraviesa toda Europa. Hacia el interior y hacia nuestro entorno más inmediato. La crisis económica, y la no menos grave crisis de identidad que sacude toda la Unión Europea, provoca que Europa se enroque en sus propios miedos ante un realidad interior cada vez más sombría y un entorno cambiante de perspectivas inciertas, tanto en el Este como en el Sur, alimentando un ascenso de partidos e ideologías racistas y xenófobas de extrema derecha, que contaminan a todo el cuerpo político.

Todo ello está provocando un cuarteamiento de los logros de Schengen [la libertad de circulación interna] y, de reformarse el Tratado volviendo al levantamiento de las viejas fronteras europeas, un retroceso y posiblemente el fin del sueño de la integración europea. Al tiempo que se mantienen y potencian sus aspectos más sombríos ligados a la Europa Fortaleza. Quizás sea el momento de recordar que miles de personas murieron el año pasado intentado llegar a las costas Europeas y que tal vez deberíamos prestar atención a esa otra cara que también presenta Schengen.  

 

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Las ONG españolas denuncian ante la ONU los recortes sociales impulsados por Rajoy

07/05/2012, www.cascaraamarga.es

Distintas ONG presentan hoy dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Hoy y mañana tiene lugar la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC). Este Comité está encargado de supervisar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda adecuada, salud, trabajo digno, educación de calidad, entre otros) reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto. Este año, España está entre los países examinados.

En el curso de este proceso de rendición de cuentas, el Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años.

Las organizaciones de derechos humanos, han aprovechado la ocasión para presentar dos informes alternativos sobre la situación de los derechos sociales en España y han expuesto en persona sus preocupaciones ante los miembros del Comité DESC.

Según asegura Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, “vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo”.

Por su parte, Ignacio Sáiz, Director Ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que “Mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada”.

Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales impulsados por el gobierno suponen “una vulneración del principio de no regresividad”, y señala “la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social”.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.

Preocupaciones de las ONG

Uno de los principales ejes de estas preocupaciones es el que afecta a la discriminación que sufre la población gitana, el colectivo inmigrante, las personas con discapacidad, el colectivo LGBT y las personas que sufren discriminación por motivos de género y edad en el acceso a derechos básicos como la educación, el empleo, la vivienda.

Una discriminación que, según la AEDIDH, se debe a dos factores: por un lado, “las víctimas carecen de información sobre las vías para obtener reparación y se enfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia”; por otro, “no existe una política sistemática de recolección y seguimiento de datos sobre discriminación, a pesar de la importancia fundamental que estas herramientas tienen para combatir la discriminación”.

Los informes presentados por las ONG ante el Comité DESC apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (en donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales), y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

 

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América Latina: 21 periodistas asesinados y otro desaparecido en 6 países de la región

Ernesto Carmona, 05/05/2012 ELMERCURIODIGITAL.net

En América Latina y el Caribe no existe formalmente ninguna guerra, pero en 6 países de la región 21 periodistas perdieron la vida y otro desapareció durante los primeros 4 meses y 3 días de 2012.

El país más azotado por los asesinatos de trabajadores de la comunicación sigue siendo México, donde la banda delictiva que prácticamente controla Veracruz  -y gran parte del país- el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido por la UNESCO, abandonó los cadáveres de cuatro fotoreporteros, tres hombres y una mujer, mutilados bárbaramente y con evidentes signos de tortura, en un monstruoso y demencial saludo a la libertad de expresión, a pocos días del asesinato de otra distinguida periodista y corresponsal de la revista Proceso en esa misma ciudad. Esta feroz matanza se produjo mientras el periodismo espera que el gobierno publique en el Diario Oficial una ley de protección para el sector aprobada por ambas ramas del Congreso.

En México se registraron 8 muertes, en Brasil 6, en Honduras 3, en Colombia 1 en tanto hay otro video-periodista francés desaparecido en la selva, en Bolivia hubo dos muertes y otra en Argentina. En varios casos no se sabe con exactitud si los periodistas fueron asesinados por su condición y trabajo profesional, o simplemente fueron víctimas de la creciente violencia social que se extiende por la región. Ese delgado hilo que separa el delito común de la represalia política deberá ser esclarecido por la institucionalidad de cada país, situación poco prometedora de justicia debido a las altas tasas de impunidad que históricamente registran los asesinatos de periodistas por el ejercicio profesional y político.


Brasil también aumenta de manera alarmante su tasa de crímenes contra periodistas. Al igual que en México, la iniciativa criminal emana de los colusión del poder político local con las bandas armadas de el crimen organizado que explota delitos como tráfico de drogas y personas.

Honduras es un país muy pequeño que mantiene una elevada tasa de asesinatos en general, y de periodistas en particular. La violencia allí está desatada por los sectores más privilegiados de la sociedad que sustentan grupos armados y a un gobierno de extrema derecha respaldado por Estados Unidos desde que fue derrocado el presidente constitucional Manuelo Zelaya hace 3 años. Muchas valientes mujeres periodistas, y también hombres, enfrentan allí frecuentes amenazas de muerte desde el anonimato y la cobardía. Dedicarse al periodismo en ese país realmente se ha convertido en una actividad infernal.

En Colombia fue asesinado un distinguido radiodifusor, político y periodista de medios comunitarios locales. Aunque apareció el sicario que le dio muerte, nadie habla de los autores intelectuales que pagaron por su asesinato. Otro periodista francés, que al parecer trabajaba incrustado en el ejército, desapareció en un inesperado encuentro con las FARC. La muerte de dos periodistas de radio en Bolivia presenta muchas señales de un vulgar asalto citadino con exagerada violencia motivado por el robo de celulares y otras prendas de valor, en tanto una muerte registrada en Argentina presenta características extrañas, pero alejadas de eventuales venganzas por el desempeño de la víctima en una emisora local.

 1) México, 8 muertes

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) situó “en 108 los asesinatos contra las libertades de prensa y expresión desde el 2000 a la fecha: 91 periodistas, 9 humildes trabajadores de la prensa, 6 familiares y dos amigos de comunicadores, además de que continúan 14 periodistas victimas de desaparición forzada”, todo esto en los dos sexenios de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN).

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa y mientras se esperaba la publicación de una ley de protección de periodistas y activistas de derechos humanos, el 3 de mayo aparecieron en Veracruz los cuerpos desmembrados y con señales de tortura de 4 trabajadores de medios locales:

● Esteban Rodríguez, fotógrafo de la nota roja del diario AZ de Veracruz hasta su renuncia en agosto del 2011 y, según la Procuraduría, y actualmente "trabajaba en un taller mecánico como soldador".

● Gabriel Huge, fotógrafo que laboró durante años en el periódico Notive y se autoexilió el año pasado tras el asesinato de una de sus compañeras del mismo diario.

● Guillermo Luna Varela, fotógrafo, laboró unos meses en el diario Notiver y actualmente trabajaba en la agencia de fotografía Veracruznews.

● Irasema Becerra, foto reportera, ex ejecutiva de ventas del periódico El Dictamen y novia de Guillermo Luna.

Nadie puede comentarlo en México sin arriesgar la vida, pero Veracruz está ahora dominada por la banda Los Zeta y el asesinato cuádruple ha sido su monstruoso saludo a la libertad de expresión.

En el estado Veracruz, desde que el 1 de diciembre de 2010 asumió el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron asesinados 9 periodistas.

Fapermex le preguntó al presidente Felipe Calderón Hinojosa: “¿Hasta cuándo actuará para acabar con esta ignominiosa impunidad que envilece a su gobierno y por extensión a todo el país?”.

● Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue hallada muerta el 28 de abril en su domicilio de Xalapa, capital del Estado. El cadáver de la reportera fue hallado en el baño y presentaba golpes en el rostro y el cuerpo. La Procuraduría General de Justicia en Veracruz (fiscalía) apuntó como primera hipótesis la “asfixia por estrangulamiento” como causa de la muerte. En diez años, en Veracruz han asesinado 12 periodistas, tres más se encuentran desaparecidos y de suman numerosas amenazas y agresiones con violencia.

● Francisco Javier Moya Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre fueron asesinados a balazos el 20 de abril, junto a otras 13 personas, en un bar de Chihuahua.

● Raúl Régulo Garza Quirino, colaborador del semanario La Última Palabra y también empleado del municipio, fue asesinado el 6 de enero en Cadereyta, a 37 kilómetros de Monterrey, capital del estado Nuevo León, territorio de la Banda Lo0s Zeta. Miguel Óscar Pérez, director editorial de La Última Palabra, dijo que la víctima nunca firmaba sus notas y que el semanario no publica información sobre el crimen organizado porque “no hay ninguna garantía para nuestra seguridad”.

Ley de protección

El Congreso de México aprobó la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que garantizaría el fin de la impunidad para esos crímenes. Al cierre de este informe, las organizaciones de la sociedad civil urgían al gobierno de Felipe Calderón a publicar la ley en el Diario Oficial de la Federación para que comience a operar.

● Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo, dijo que la ley no resolverá los problemas estructurales que causan la violencia y vulnerabilidad hacia periodistas y defensores, pero sí establece un equipo técnico que podrá evitar la politización de las medidas, así como el mecanismo urgente de protección que deberá reaccionar a más tardar en 36 horas.

● Brisa Solís, directora de la ONG Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), una de las organizaciones que promovió la adopción de la ley, señaló que es "un parche" pues las instituciones que imparten justicia no están funcionando ante la impunidad de los crímenes contra periodistas y defensores, lo que perpetúa la vulnerabilidad de estos grupos. Los casos contra los periodistas de provincia, que están más sometidos a las presiones del narcotráfico, muestran "que las autoridades no están reaccionando como se necesita", dijo Solis. "Esa ley promueve la adopción en menos de 36 horas de medidas de protección contra periodistas amenazados", añadió, mientras los nuevos casos de violencia contra los periodistas hacen urgente que el gobierno empiece a aplicarla rápidamente.

● La FELAP-México, FAPERMEX junto con las 110 organizaciones que la conforman y el Club Primera Plana exigieron de nuevo a las autoridades, “en especial y directamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, justicia ante estos crímenes, acabar con la impunidad imperante y en consecuencia ponderar su falso discurso de que en nuestro país se respeta el libre ejercicio periodístico”.


2) Brasil, 6 muertes


● Laércio de Souza, de 40 años, periodista de Rádio Sucesso que había recibido numerosas amenazas, fue asesinado el 3 de enero en el estado de Bahia. El periodista publicaba informes polémicos sobre irregularidades de órganos del poder, autoridades y políticos.

● Mario Randolfo Marques Lopes, de 50 años, redactor jefe del sitio Internet "Vassouras na Net", fue asesinado en la madrugada del 9 de febrero junto con su pareja, en Barra do Piraí, en el estado de Río de Janeiro. Marques solía denunciar políticos, jueces y policías corruptos.

● Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, de 51 años, conocido como Paulo Rocaro, fue muerto el 12 de febrero en Ponta Porá, cerca de la frontera con Paraguay. Editor del diario local Jornal Da Praça y del sitio Internet “Mercosur News”, Rocaro criticaba las autoridades e investigaba sobre las elecciones locales cuando fue asesinado, según medios periodísticos.

● Onei de Moura, dueño del periódico semanal Costa Oeste, fue asesinado a tiros la noche del sábado 24 de marzo en el pueblo Santa Helena, a unos 100 km al norte de Foz do Iguaçu. El periodista, que fue director del Partido Social Demócrata Brasileño local, solía criticar a los funcionarios locales, causa frecuente de asesinatos de periodistas en esa región fronteriza.

● Divino Aparecido Carvalho, reportero radial también conocido como Calvalho Junior, fue asesinado el lunes 26 de marzo, cerca de las 05:00 horas, en Foz do Iguaçu, estado Paraná, fronterizo con Argentina y Paraguay, cuando llegaba a la Radio Cultura AM, donde trabajaba como director artístico. Carvalho debía dirigir esa mañana un programa de variedades llamado Show da Cultura.

● Décio Sá, de 42 años, reportero del diario O Estado do Maranhao, y uno de los 'blogueros' más leídos en Maranhao, fue asesinado a tiros el 23 de abril en un bar de Sao Luis, capital regional. El reportero investigaba temas de política local, corrupción y crimen organizado.

 

Comentario:

● En 4 meses, en Brasil han muerto 6 periodistas. En todo 2011 mataron a 3. No es fácil distinguir a primera vista las represalias por el trabajo informativo de las víctimas de aquellos crímenes que responden a la creciente violencia social, resulta evidente que la mayoría de los asesinatos fueron motivados por denuncias sobre corrupción y tráficos, en particular en la frontera entre Brasil-Paraguay. Casi todas las víctimas trabajaban lejos de grandes centros urbanos y exhibían una postura crítica ante el poder local y su alianza frecuente con el crimen organizado.

 ● En Brasil, además, se han registrado este año por lo menos 8 casos de agresiones, 6 de censura judicial, 6 atentados y 6 amenazas directas. En 2011 fueron asesinados tres periodistas. La UNESCO, que ha formado 80 profesionales de radios comunitarias en tres regiones, incluida la selva del Amazonas, estima que 11 periodistas y empleados de prensa fueron asesinados en Brasil desde 2002. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, condena frecuentemente los asesinatos de periodistas en Brasil.

● Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,  condenó en Ginebra el 27 de abril los crecientes asesinatos de periodistas en Brasil y pidió al gobierno de Dilma Rousseff “poner en marcha de manera inmediata medidas de protección para evitar más incidentes de este tipo”, aludiendo una ley similar a la que acaba de aprobarse en México. Según la responsable ONU en derechos humanos, “sería un paso en la dirección correcta” aprobar un proyecto de ley presentado el año pasado al Congreso de Brasil estableciendo que las investigaciones policiales sobre crímenes de periodistas se efectúen a nivel federal y no en el nivel local donde se cometen, precisamente para evadir la creciente influencia del delito organizado aliado con algunos miembros del poder local. Navi Pillay pidió que esta ley se apruebe de manera urgente.


3) Honduras, 3 muertes

● Saira Fabiola Almendares Borjas, estudiante de periodismo de 22 años que colaboraba con espacios deportivos de emisoras de San Pedro Sula, fue asesinada el 1 de marzo junto a dos amigos en Choloma, 330 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

● Fausto Elio Valle Hernández Arteaga, de 54 años, periodista presentador de “La voz de la noticia”, de Radio Alegre de Colón, fue asesinado a machetazos el 11 de marzo en Saba, departamento de Colón, norte de Honduras. El 15 de marzo, individuos vestidos como agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) asesinaron a los sobrinos de Hernández Omar Fúnez Corea, de 21 años, y Armando Fúnez Corea, de 30, en el barrio El Tanque, municipio Bonito Oriental, departamento de Colón, norte de Honduras. El 20 de marzo, la Policía capturó a Santos Gabriel Menocal Vargas (24) como presunto autor del crimen de Valle Hernández.

Junto a Noel Alexander Valladares fueron ultimados su tío Renán Adonis Valladares y su guardaespaldas Marcos Adrián Gutiérrez.

● Noel Alexander Valladares Escoto (28), presentador del “Show del Tecolote” de Maya TV, fue asesinado el 23 de abril junto a su tío y chofer Renán Adonis Valladares Escoto (46) y su guardaespaldas Marcos Adrián Gutiérrez Andrade (28). Sobrevivió su esposa Nelly Yorleni Pavón (18).


Amenazas, atentados y asesinatos fallidos

● Amnistía Internacional emitió el 18 de abril una "acción urgente" para salvaguardar la vida de la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza Elvir, víctima de recientes y nuevas amenazas de violencia sexual. La periodista, que goza de medidas cautelares, otorgadas en 2006 y 2009, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), labora en el área de comunicación del Comité de Familiares de

Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y en marzo fue ponente en la audiencia “Situación de la libertades fundamentales y su efecto en la protección de los derechos humanos en Honduras”, en el 144 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washington.

● Mavis Ethel Cruz, conductora del programa “Noticias a la Hora” de Radio Libertad, San Pedro Sula, en que analiza temas de interés general con su colega Karina Interiano, viene recibiendo reiteradas amenazas de muerte contra ella y su familia desde el 29 de febrero, con llamadas anónimas a su hogar como ésta: “Dígale a doña Mavis que la vamos a quebrar, pero que primero vamos a comenzar por su hijo, porque tira riata ahí”.

● Itsmania Pineda Platero, otra periodista, llamó en su blog a escribir a las autoridades pidiendo que ordenen una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra Mavis Ethel Cruz, que se hagan públicos sus resultados, que los responsables comparezcan ante la justicia y que se exhorte al gobierno a emprender acciones inmediatas para proteger a los periodistas, tal "como se comprometieron a hacerlo en noviembre de 2010, durante el Examen Periódico Universal de la ONU".

● Itsmana Pineda Platero recibió su primera amenaza de muerte por teléfono el 6 de enero: “¡Perra, Te vamos a matar!”. Después continuaron otras como éstas: “El que escupe para arriba en la cara le cae, ¡No juegues con fuego, que ni tus guarda espaldas te van a salvar, caminas botadita, cuídate!”, “En cualquier momento te vamos a ir a botar al crematorio, vamos a ser tu pesadilla”.

● Gilda Silvestrucci, directora del programa "En la Plaza" de Radio Globo, comenzó el 23 de enero a recibir amenazas como ésta en su teléfono movil: "Ya sabemos que tenés tres hijos, que la mayor tiene 15 años, que ahorita andás en la calle con tu hijo de 7, y que la mayor está en tu casa, cuidando a la niña de 1 año, y te vamos a matar". Silvestrucci pertenece al Colectivo "Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión".

● Danilo Osmaro Castellanos, periodista y vicepresidente del Comité por la Libre Expresión C-Libre, el 22 de febrero recibió amenazas contra su integridad física y la de su familia tras criticar en su programa  “Honduras A Todo Noticias”, ATN, del canal local 32, la gestión de un alto funcionario  edilicio del departamento de Copán, occidente de Honduras.

● Selvin Martínez, de 34 años, corresponsal de Televisora JBN en el municipio de Omoa, departamento de Cortes, conocido como El Halcón”, sufrió un atentado a balazos en su hogar a las 5:30 de la tarde del 26 de abril, cuando regresaba de un viaje a San Pedro Sula. “Mis dos hijos de cinco y tres años estaban jugando en frente de mi casa y los vigilaba mi esposa que tiene 15 días que haber dado a luz..." explicó.

● Elder Joel Aguilar, corresponsal de Canal 6 en la zona occidental del país, sobrevivió a un atentado perpetrado a media noche del 28 de abril en la carretera al municipio Nueva Arcadia, llamada La Entrada, departamento de Copán, hacia la ciudad de San Pedro Sula. Según Aguilar, cuando regresaba al hogar desde un automóvil le dispararon 14 impactos a quema ropa con AK-47.

 Comentarios

● Según datos de la UNESCO y otras fuentes, sumaban 20 los periodistas ejecutados desde 2009 a la fecha del asesinato de Hernández Arteaga.

● El gubernamental Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio López estableció que durante la gestión del presidente Porfirio Lobo (27 enero de 2010 a marzo de 2012) fueron asesinados 20 comunicadores sociales en diferentes partes del país.

● La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado de solidaridad con los colegas de Honduras objeto de agresiones, ataques y asesinatos, intensificados desde el golpe de Estado en ese país, en junio de 2009. La gremial de periodistas guatemaltecos destacó que fueron limitadas las garantías constitucionales y durante el gobierno de Porfirio Lobo habían asesinado 17 periodistas hondureños, sin que se haya sido esclarecido ningún crimen.

● El presidente Porfirio Lobo anunció el 25 enero que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular el ejercicio del periodismo a fin de garantizar que los medios difundan informaciones imparciales. “La prensa no es para beneficio personal de nadie. En el nombre de la libertad de expresión nadie puede defender sus intereses particulares”, comentó Lobo en su discurso inaugural de la legislatura".

● Los periodistas de Honduras viven en total inseguridad, sometidos a frecuentes atentados y asesinatos. En 2011 asesinaron con violencia a seis reporteros, dijo Ramón Custodio, de Conadeh. En los últimos dos años asesinaron a 18 comunicadores, según informó Conadeh al Congreso del país. Según este comisionado estatal, en los 23 meses de gobierno de Porfirio Lobo se registraron 12.838 muertes violentas

● “Estoy muy preocupada por la cantidad de periodistas asesinados en Honduras últimamente y me inquieta el entorno de violencia en el que los profesionales de los medios de información deben desempeñarse para ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, apuntó Irina Bokova, directora general del organismo de la ONU.

● Los periodistas más golpeados son quienes cubren narcotráfico, crimen organizado, corrupción, violación de derechos humanos o critican a autoridades gubernamentales o poderes locales. Decenas de periodistas protestaron en marzo frente a la sede de la Fiscalía pidiendo el esclarecimiento de los asesinatos.

● En marzo, 94 líderes de la Cámara de Representantes de EEUU pidieron a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras tras la muerte de otro periodista y las continuas violaciones de los derechos humanos en ese país. Los congresistas denunciaron que los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y de la oposición están sujetos a "amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales".

● "Estados Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos", investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables, dijeron 94 congresistas, encabezados por la representante demócrata de Illinois Jan Schakowsky, quien ha visitado Honduras. Los legisladores señalaron que el Gobierno de Lobo debe cumplir los acuerdos con las organizaciones campesinas del Bajo Aguán y buscar solución a la falta de acceso a la tierra, que alimenta ese conflicto.

● "Es una llamada de alerta porque 45 líderes campesinos en una pequeña área de Honduras han sido asesinados. Defensores de los derechos humanos de todo tipo... están siendo amenazados y asesinados", dijo Lisa Haugaard, directora ejecutiva de la ONG de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA). Agregó que el Gobierno de Lobo no ha hecho lo suficiente para protegerlos y castigar a los responsables y, muchas veces, los propios agentes del Ejército y la policía están involucrados o colaboran en la comisión de esos abusos.

 4) Colombia, 1 muerto, 1 desaparecido

Dos muertes en marzo y la desaparición de un video-periodista francés en abril, mientras cubría la guerra interna al parecer “incrustado” en el ejército, se produjeron en Colombia en los primeros cuatro meses del 2012. En 2011 hubo solo un periodista asesinado, frente a siete en 2010. Asimismo, continúan los atentados y provocaciones a periodistas y medios no alineados con el discurso gubernamental.

● Argemiro Cárdenas Agudelo, de 56 años, periodista de radio, líder político liberal, luchador por la paz y ex alcalde de Dosquebradas (Risaralda), cercano al Polo Democrática Alternativo, el 15 de marzo fue asesinado por un sicario a plena luz del día en su localidad, 170 kilómetros al suroeste de la capital colombiana, cuando salía de la estación radial comunitaria de su propiedad Metro Radio Estéreo, donde hacía de comentarista. Cárdenas fundó las emisoras Dosquebradas Estéreo (hoy Metro Radio), Santa Rosa Estéreo y Café Estéreo.

Junto con su trabajo periodístico de 14 años con emisoras comunitarias, Cárdenas fue alcalde, por el partido Liberal, de Dosquebradas en 1997, dirigía desde 2010 la Red Radial Cafetera y estaba afiliado a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). El sicario John Alexander Jaramillo García, de 22 años, reconoció el 20 de marzo haber asesinado al periodista por un millón de pesos colombianos (unos 567 dólares), recibió una condena a 21 años, pero no ha dicho quién lo contrató.

● Jesús Martínez Orozco, de 42 años, conductor de espacios musicales y culturales de una emisora comunitaria local, fue ultimado el 29 de marzo por dos sicarios en motocicleta, en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, 680 km al norte de Bogotá.

● Romeo Langlois, periodista francés, desapareció el 28 de abril en el fuego cruzado Farc-Ejército mientras cubría un combate que dejó cuatro muertos y seis desaparecidos. Según el gobierno, Langlois "se encontraba realizando un cubrimiento periodístico" sobre la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en Colombia.

Repercusiones

● El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, pidió el 9 de febrero, en la conmemoración del día del periodista, que se avance en las investigaciones de 139 asesinatos de comunicadores desde 1977. También pidió impulsar las investigaciones de amenazas de muerte, hostigamientos y seguimientos contra comunicadores del país “como imperativo para proteger la libertad de expresión y la vida e integridad personal de los trabajadores de los medios”.

● El periodista Eliécer Jiménez Julio comentó que "el más claro y reciente ejemplo de lo que ocurre a diario con los grandes medios de comunicación de Colombia y con periodistas "al servicio" del gobierno, ayudando a desarrollar una matriz de opinión manipulada, donde se estigmatiza, se señala, se acusa, y se le pone una lápida en el cuello a los dirigentes de izquierda para que sean asesinados por el narco-para-militarismo protegido por el Estado colombiano, se presentó muy abiertamente con el lanzamiento del nuevo movimiento social y político de izquierda La Marcha Patriótica, ocurrido en Bogotá del 21 al 23 de abril. Movimiento al que quieren “ligar” directamente con la insurgencia de las FARC". Señaló que "esto obedece a un plan pro-guerra y anti-paz, preconcebido meses antes del lanzamiento de este movimiento de izquierda, muy legal por demás, nacido de las entrañas del campesinado, los obreros, los estudiantes, los indígenas, los afro-descendientes, etc". (ALAI, 25 de abril, 2012).

 5) Bolivia, mueren 2 periodistas

 ● Verónica Peñasco y su hermano Víctor Hugo Peñasco, ambos periodistas de radio, fueron hallados sin vida el 25 de febrero, tras salir de su casa en la zona Franz Tamayo de El Alto, carretera a Laja, La Paz, víctimas de un doble homicidio por estrangulamiento que conmovió a Bolivia. Verónica se dirigía a la radio San Gabriel, donde debía conducir su programa de los sábados desde las 6.00 de la madrugada. Dos días después los familiares reconocieron los cuerpos sin vida en la morgue. Hasta fines de abril habían capturado a 7 miembros de la banda responsable del crimen.

6) Argentina, 1 muerto

● Alexis Céparo, de 22 años, comunicador y conductor de una radio de Cerrito, localidad de Paraná Campaña, provincia de Entre Ríos, murió el 25 de enero a consecuencia de 3 balazos recibidos cuatro días antes. El autor fue identificado como Adrián Molaro, un amigo de la víctima, que cometió el crimen cuando se conmemoraba en Argentina el 15° aniversario del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en el balneario de Pinamar.

- Ernesto Carmona, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap)

 

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Derechos sociales; el otro déficit

Gaby Oré Aguilar, 07/05/2012

El Estado debe rendir cuentas a los mercados, pero también a la ciudadanía. Un pacto internacional suscrito en 1977 obliga a España a respetar derechos esenciales de la población como la sanidad y la educación


Recientemente se ha debatido en el Congreso de los Diputados las enmiendas al presupuesto para el año 2012, calificado como el más restrictivo de la historia de la democracia española. A los 27.300 millones de euros de reducción en gasto público, se sumó una semana después, un recorte de 10.000 millones en salud y educación. El 83% de la reducción del presupuesto corresponde al gasto público directo, la mayoría en áreas sensibles de la política social. Estos recortes castigarán más duramente a las mujeres de bajos recursos, a los jóvenes y a la población inmigrante. Su impacto se sentirá más allá de nuestras fronteras debido al recorte dramático en cooperación al desarrollo, que se reduce en un 72%. En forma y en fondo, estas medidas se han adoptado de espaldas a los sectores sociales, a la creciente realidad de indefensión económica de las familias, y sobre todo, a las obligaciones que en materia de derechos humanos debe observar el Gobierno español.

Sin embargo, ni el recorte sin precedentes del gasto social para lograr una reducción acelerada del déficit, ni los débiles anuncios de mayor recaudación vía impuestos incluida la cuestionada amnistía fiscal, han servido para satisfacer las expectativas de Bruselas o las de los especuladores de la deuda. El creciente escepticismo de estos respecto a las cuentas públicas, unido al daño que las medidas de austeridad causarán en la economía doméstica, amenazan con profundizar la crisis económica.

Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿Puede el Estado adoptar medidas de respuesta a la crisis ignorando los derechos sociales? ¿A quién rinde cuentas el Estado en última instancia, a los mercados o a la ciudadanía? En definitiva, es necesario analizar, más allá de la eficacia de las cuentas, si es legítimo que el gobierno, en su afán de cerrar el déficit presupuestario, profundice el déficit e n materia de derechos sociales.


España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que haga recaer el peso de la carga fiscal sobre quienes más tienen, las llamadas grandes fortunas o rentas de capital. Las medidas para aumentar la recaudación anunciadas por el Gobierno son tímidas e insuficientes. Estas no apuntan al objetivo de sentar las bases de una política fiscal progresiva. De este modo, si el Estado español no amplia su base de recaudación y no corrige el impacto discriminatorio de su actual modelo fiscal, seguirán siendo los sectores de la población más afectados por los recortes los que más obligados seguirán estando a contribuir al erario público.

El desequilibrio entre los esfuerzos (mínimos) por aumentar la recaudación y las medidas de austeridad (desproporcionadamente duros) marcan una tendencia regresiva en materia de derechos sociales. Según la última Encuesta de Condiciones Vida del año 2011, en España, el 22% de los hogares vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de pobreza creció en más de dos puntos entre 2009 a 2011. A finales del año pasado, 580.000 hogares en España no recibían ingresos ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social; es decir, se encontraban en extrema pobreza.

El aumento de la desigualdad también es palpable. La diferencia porcentual entre las rentas más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año entre 2009 y el ejercicio siguiente. Además del impacto directo de las medidas de austeridad, la regresividad se hace evidente en la falta de un esfuerzo diligente del Estado para contrarrestar el retroceso en derechos que evidencian estos y otros indicadores sociales en los últimos años.


Ahora bien, el Gobierno no ha explicado las razones ni los criterios utilizados para recortar más en un sector que en otro, ni proporciona elementos que permitan entender por qué se recorta cuatro veces más en cooperación al desarrollo internacional que en Defensa, o por qué se elimina la ayuda para implementar la Ley de Dependencia para las comunidades, por qué elimina el fondo de promoción del empleo, y en general, no da cuenta de los elementos que permitan entender el grado de razonabilidad e idoneidad de estas decisiones tal como lo exigen las norma internacionales de derechos humanos. Tampoco ha tenido en cuenta el Estado los derechos económicos y sociales contenidos en la Constitución como principios rectores de la política pública, según lo ordena este mismo instrumento. Más aún, no ha generado los mecanismos de participación y escrutinio por parte de la sociedad civil para opinar e influir en estas medidas.

La participación de la ciudadanía en las decisiones que le afectan no es una facultad optativa de los gobiernos; es un derecho fundamental e inalienable que da significado y contenido a la democracia. El Gobierno español debe rendir cuentas en el plano político pero también en función de las obligaciones que se derivan de firmar tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de Naciones Unidas para canalizar y articular sus reclamos o alternativas.

España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977 y, en consecuencia, el Estado está obligado a seguir las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. Precisamente esta tarde y mañana 8 de mayo en Ginebra, donde se encuentra la sede del comité que supervisa ese Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones, España será interrogada por este grupo de expertos sobre la situación actual de estos derechos en este país. El Gobierno y la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante este comité sobre distintos ámbitos de preocupación en materia de estos derechos y el Estado español deberá asumir compromisos para implementar medidas correctoras en respuesta a las recomendaciones que emanarán de este comité. Con este fin, una coalición de 19 organizaciones ha presentado un informe conjunto proveyendo a los expertos de información alternativa a la presentada por el Gobierno. Este informe pone en evidencia la preocupante situación de desigualdad, discriminación y déficits en los distintos derechos protegidos por el PIDESC.

De acuerdo a los parámetros establecidos por el PIDESC, el comité tendrá la oportunidad de interrogar al Estado español si utilizó “el máximo de los recursos” de que dispone para lograr el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales de la población; si realizó un esfuerzo cuidadoso y serio de evaluación de los recursos de que dispone así como de otras alternativas de generar y utilizar otros recursos.

Las organizaciones de la sociedad civil le han pedido al comité que evalúe si el Estado actuó con la diligencia antes y durante el proceso de diseñar, implementar o supervisar las medidas de austeridad incluidos los recortes del gasto social; si dispuso de medidas destinadas a disminuir o contrarrestar el impacto de dichas medidas sobre la población más vulnerable y si se cuidó de manera prioritaria de respetar y asegurar la disponibilidad de los contenidos mínimos esenciales de derechos como la educación, salud, vivienda y otros establecidos por el pacto.

El Estado español puede aprovechar esta oportunidad para explicar y, por qué no, enmendar los excesos y errores de sus políticas de austeridad. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es seguir subordinando los derechos sociales a las exigencias del mercado, aceptando a pie juntillas las condiciones de Bruselas mientras ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y las exigencias de la sociedad civil. Tampoco debe olvidar que la obligación de rendir cuentas a Ginebra emana del consenso de las naciones que en un momento de la historia decidieron que todos los derechos y libertades de las personas merecen la protección de la comunidad internacional. Es, por lo tanto, una obligación tan legítima como la que tiene frente a Bruselas.

Gaby Oré Aguilar es directora de Programas, Center for Economic and Social Rights

 

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La tortura es subversiva

Txema Montero, 06/04/2012 Deia www.pensamientocritico.org

Texto de la conferencia impartida en Oihartzun el 31 de marzo de 2012, con motivo del 30º aniversario de la muerte de Esteban Muruetagoiena.

La tortura lo subvierte todo: el orden moral y político; las instituciones jurídicas y los derechos humanos; la mente y el cuerpo; las relaciones interpersonales. Pone las cosas patas arriba.

Hablemos de un joven bretón al que llamaremos Jean Marie, un universitario al que se destina a Argelia como paracaidista durante la guerra de aquel país por su independencia (1954-1962). En Argelia, el ejercito francés se desempeñó como una policía represora de los insurrectos, llamados fellahgas o bandidos. Jean Marie llega a ese escenario como un convencido defensor de los derechos humanos de los detenidos. Hasta que se confrontan el terror de los independentistas del Frente de Liberación Nacional (FLN) con el horror de la tortura practicada por los compañeros de armas de Jean Marie. Es el fin de la ley y el comienzo de la subversión. Torturar le cambia a Jean Marie. Torturar le lleva a posiciones políticas contrarias a las que mantenía. Pongámosle por fin apellido: se trata de Le Pen. 3 años después (1980), Jean Marie Le Pen reconoce que torturó en Argelia, que para él la tortura tuvo sentido pues gracias a la información obtenida se ahorraron vidas humanas y que de igual modo tienen sentido sus actuales políticas xenófobas, anti-obreras y anti-minorías nacionales como la de su Bretaña natal.

Hablemos de otro que fue joven, el sevillano Felipe González. Como presidente del Gobierno español, ejerció un poder con mayoría absoluta y la lucha anti ETA como el principal punto de su agenda política. Treinta años después (2010), reconoce que pudo matar de un solo golpe a la cúpula de ETA, que le corroen sus dudas por no haberlo ordenado, que se cuestiona si de haberlo hecho se hubiesen ahorrado vidas humanas. Por cierto, ambos políticos -de signo ideológico tan opuesto- confiesan... cuando están prescritas sus responsabilidades penales.

Me encuentro en el bar Supremo frente al Tribunal Supremo, de ahí su nombre. Los calabozos del Tribunal eran los calabozos de la entonces recién instituida Audiencia Nacional, sucesora del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. Por allí habían pasado condenados luego ejecutados a garrote vil. Tomás, el veterano limpiabotas del bar Supremo, me lo solía contar, al igual que sus pronósticos -casi siempre acertaba- sobre las sentencias de los juicios que yo defendía. ¡Conocía tan bien de qué pie cojeaba cada magistrado! Me informaba de cómo presentaban, curioso término, a los detenidos ante el juez. ¿Razón de su conocimiento? Llevaba cafés y churros gordos, que en Madrid llaman porras, a los guardias de los calabozos. Así que porras a los de las porras. Tal día, 25 de marzo de 1982, Tomás me dice que han presentado a unos con mala presencia. Finalmente, los presentados son liberados por falta de cargos y pasan del solitario calabozo al atestado bar Supremo. No tienen buen aspecto o presencia. Uno de ellos llama mi atención. No por su suciedad y olor a detenido incomunicado de larga estancia, nueve días, mezcla de efluvios corporales hechos uno con la ropa que los ha recogido, más los agrios de la celda y kunda (furgón policial para traslado de detenidos). Eso, después de tres años de ejercicio profesional ya no llama mi atención. Lo que más me impresiona es su aspecto físico de abatimiento. Pero aún más su expresión verbal. Comienza a hablar y no para, de manera inconexa. Que dónde está. Que qué ha pasado. Que qué día es. Que quiénes sois... Su abogado, Álvaro Reizabal, me dice que durante el interrogatorio ha dado muestras de gran incoherencia. Los forenses llaman a eso confusión temporo-espacial. Esteban Muruetagoiena, me dice Reizabal que se llama. Diez minutos es lo que estamos juntos y ahí acaba nuestro contacto.

Vuelvo a Bilbao impactado por la escena. No mucho más que en otros casos, pero sí un poco más. A ese poco de más le llamo intuición. La intuición se convierte en certeza cuando unos días después leo que Esteban Muruetagoiena, médico de Oiartzun, detenido e incomunicado en aplicación de la Ley Antiterrorista, ha sido hallado muerto en su domicilio después de haber sido liberado.

Me pongo en contacto con organismos internacionales de Derechos Humanos para hacerles partícipes de la noticia y solicitarles una investigación. David Braham, el investigador jefe para Europa de Amnesty International, se hace cargo. Pasan solo unos días y ya está sobre el terreno con un forense boliviano-austriaco, reputado médico del Hospital General de Viena, de quien recuerdo solamente su nombre: Franklin. Se entrevistan con el forense de Gernika, el Dr. Alfageme. Yo les acompaño. Alfageme resulta ser un paniaguado. Un médico de cabecera que engordaba su sueldo con un segundo empleo como forense. De medicina legal sabe un poco. Su instrumental resulta del siglo XIX, al decir del forense visitante Franklin. Echo una ojeada a sus herramientas, guardadas en una caja de aspecto siniestro. Sierras, martillos y separadores metálicos es lo que veo. Los de Amnesty preguntan: ¿Algún otro instrumento? ¿Medidores de enzimas…? Su respuesta es no. La cosa pinta mal si de encontrar la verdad se trata. Se ha perdido la mejor oportunidad: una autopsia hecha en buena y debida forma. Y se ha enterrado el cadáver sin que haya podido dejar pistas sobre las causas y circunstancias de su muerte. Sin que haya podido hablar como dicen en el argot de la medicina legal.

Los de Amnesty prosiguen su investigación. Ahora les conduzco hasta Ondarroa, donde nos recibe la señora Scola, madre de Esteban Muruetagoiena. Nos encontramos frente a una mujer de aspecto severo e impresionante. Una siciliana directamente salida de la novela El gatopardo y perteneciente a una de aquellas tantas otras familias instaladas en la costa cantábrica, dedicadas a la industria del salazón, los Oliveri, Orlando, Lococo. Vestida de negro riguroso, espalda erecta, sentada en la silla sin tocar el respaldo, nada palabrera, habla de las últimas horas de su hijo, del estremecimiento que le supuso su encuentro con él, fuera de sí, irreconocible. Que a su hijo le pasó algo, que le hicieron algo grave es lo que repite. No hace juicios de valor y es un testigo fiable precisamente por eso. Concluyo que se trata de una persona de orden nada suspicaz contra la policía por principios.

Fue en Sicilia, precisamente, donde se inventó un neologismo en la lucha contra la mafia. Los servidores del Estado asesinados con la finalidad de arrugar al poder político, tales como los jueces Falcone o Borsalino o el general De la Chiesa, fueron denominadosCadaveri excellenti, cadáveres de excelencia. Los secuestrados con igual fin o para poner dique a las confesiones de los arrepentidos eran llamados arrestati excellenti o detenidos de excelencia. En el año 1982, fueron 43 los muertos a manos de ETA. Para el mes de julio ya habían sido detenidas 592 personas en aplicación de la Ley Antiterrorista. Esteban Muruetagoiena y Ana Ereño entre ellos. En Sicilia, les llamarían dos detenidos excelentes. Ana Ereño vive aún, aunque gravemente enferma. Era trabajadora de Egin, exmonja de clausura y cuñada de Luis María Retolaza, consejero de Interior del Gobierno vasco, casado con la hermana de Ana. Retolaza se interesó por la situación de su cuñada dirigiéndose al ministro del Interior español, Juan José Rosón. Sin ningún resultado. Ana permaneció incomunicada y fue torturada. El mismo ministro Rosón recibió también otra petición, la de su otorrinolaringólogo personal, uno de los más prestigiosos de España, el doctor Scola, tío del detenido Esteban Muruetagoiena, también sin ningún resultado. ¿Era Rosón incapaz de atender las solicitudes de favor para aquellos detenidos excelentes? Al fin y al cabo, se le pedía solamente que se les levantara la incomunicación y condujese ante el juez y, con voz menos audible, que la policía les diese un trato civilizado. No hubo trato. Quiere decir que hubo mal trato.

Así pues, nos encontramos con un ministro incapaz de refrenar a su propia policía y atender las solicitudes de un consejero de Interior y de su médico personal. Insisto, la tortura lo pone todo patas arriba, es subversiva y el poder político se acomoda al autónomo policial, a la eficacia o a la venganza y se convierte en un mero acompañante, encubridor o justificador de aquel.

Algo se consiguió, al cabo de varios años. Los forenses de carrera solicitaron la exclusión de los intrusos sin especialización. Se centralizaron en las capitales vascas los servicios de medicina legal, Instituto Anatómico, Clínica Forense. Algunos casos de tortura fueron diagnosticados. Como abogado acusador, representé a Xabier Onaindia y Tomás Linaza en sus respectivas denuncias que acabaron con las primeras sentencias condenatorias contra policías y guardias de la democracia española. La respuesta del Estado fue conducir a los detenidos incomunicados de inmediato, sin posibilidad de control local, a los calabozos en Madrid. Algo fue algo y ahora es más: fosas comunes -memoria histórica-, bebés robados... habrían encontrado mucho más difícil esclarecimiento sin los medios materiales y humanos del sistema vasco de Medicina Legal. Y aquí mi reconocimiento. Pero el caso Muruetagoiena acabó sin esclarecer, sin culpables y con un insuficiente reproche de Amnesty: "La respuesta del ministro (Rosón) no alcanzó a aliviar los temores de Amnesty International". Ni de nadie, añado por mi parte. Sobre todo de los cientos de torturables que, aunque no lo supieran en aquel momento, ya estaban en la cola.

Los tiempos son ¿otros? Si hablamos de torturas a detenidos bajo la Ley Antiterrorista, naturalmente que hablaremos de algo residual en la medida en que la propia ley deje de aplicarse, pues se trata de una ley criminógena que posibilita y genera el delito de torturas, habida cuenta de la falta de controles eficaces en su aplicación. Euskadi puede, felizmente, dejar de ser un punto negro del maltrato a incomunicados y pasar a serlo, infelizmente, en otro tipo de detenidos. Seguiríamos las pautas de demasiadas policías europeas que cometen excesos con inmigrantes, delincuentes organizados y radicalizados políticos. El pasado 25 de marzo, ¡será casualidad!, fallecía el escritor italo-portugués Antonio Tabucchi. Entre sus obras destaca Sostiene Pereira, interpretada en la pantalla con grandeza por Marcello Mastroianni. Pero ahora llamo la atención sobre otra historia novelada del mismo escritor, La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, que trata de la brutalidad policial seguida de decapitación -sí, han leído bien- de un traficante minorista de droga por parte de la policía portuguesa. De la investigación para Amnesty de este caso real se ocupó precisamente el mencionado David Braham, quien resaltaba la paradoja de que en Portugal, el primer país de Europa en abolir la pena de muerte, se aplicase maltrato policial hasta la muerte. Definitivamente, la tortura es subversiva.

 

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Las entidades de vih/sida de todo el estado se unen para exigir al gobierno una respuesta adecuada a la infección y alertan de un posible aumento del riesgo a medio plazo 

Comunicado Federación Enlace, 09/05/2012

Más de 300 entidades y plataformas de todo el Estado denuncian graves recortes en el Sistema Nacional de Salud y el Plan Nacional del Sida que ponen en peligro la salud pública y vulneran los derechos humanos.

Las plataformas de entidades estatales y autonómicas de respuesta al VIH/Sida que durante 30 años han venido ofreciendo -junto con otros agentes sociales- un trabajo esencial para erradicar la pandemia y sus consecuencias socio-sanitarias en todo el territorio español, denuncian que el Gobierno de España parece no tener una estrategia clara sobre cómo abordar la respuesta al VIH o bien no tiene voluntad política para hacerlo porque existe en la actualidad una total incertidumbre en esta materia:

- Ha desaparecido de facto la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), pues aún no se ha nombrado una persona responsable.

- Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan una partida presupuestaria asignada al Plan Nacional del Sida.

- La convocatoria anual de subvenciones a organizaciones civiles aún no ha sido publicada, lo que está obligando a muchas entidades a paralizar programas de prevención y de detección precoz de la infección y cerrar servicios y centros de atención a las personas con VIH.

- A través del Real Decreto-Ley, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional (SNS) de Salud, el Gobierno ha realizado reformas que incluyen el copago farmacéutico, con graves consecuencias para los pacientes crónicos como es el caso de las personas con VIH, así como la práctica exclusión del SNS de las personas inmigrantes no regularizadas, a excepción de ciertas prestaciones; medidas éstas que ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchos/as ciudadanos/as.

Ante esta grave situación, las entidades sociales inician una campaña de movilizaciones para hacer llegar al Gobierno y a la ciudadanía sus reivindicaciones en esta materia (ver Manifiesto adjunto), pues el ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso de estas características. La prevención es mucho más rentable económica y socialmente a medio y largo plazo que el tratamiento posterior de la enfermedad.  

 

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Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa 

Juan Torres López, 08/05/2012 www.publico.es


Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.

No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.

La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.

Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.

Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.

Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.

Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.

No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.

Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.

Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda algo insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.

El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.

Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.

Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.

La cuestión que hay que poner sobre la mes a en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos. 

 

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Actividades de la APDHA

 

 

Delegación de Bahía de Cádiz

XVII Festival Stop Racismo

Fecha: Sábado 19 de mayo a partir de las 21 horas
Lugar: Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario La Bomba), paseo Carlos III nº 3, Cádiz

Pasacalles: El viernes 18, se celebrará un pasacalles-batucada contra el racismo por las calles de Cádiz.

Más información aquí y en facebook

  
 

Delegación de Huelva

Ciclo de cine: Derechos Humanos y Diversidad sexual. Ciclo de cine y debate sobre temática LGBT y Derechos Humanos.

Fechas: Jueves 17, 24 y 31 de mayo 2012 / Jueves 7 y 14 de Junio 2012
Hora: 20.00h
Lugar: Casa de los Derechos Humanos. Sede APDHA Huelva, Fundación Triángulo y Amnistía Internacional – Avenida Andalucía, nº11, bajos.

Más información aquí

  
 

Delegación de Jerez

Convivencia Sahara-Jerez

La Delegación de Jerez de APDHA participó en este acto el pasado 4 de mayo, junto con la asociación ASPO.

Ver imágenes aquí

  
 

Delegación de Málaga

Javier Couso participó el pasado 10 de mayo en esta charla organizada por la delegación: "Medios de comunicación y Derechos Humanos"

  

 CONVOCATORIA A PROFESORES/AS DE E.S.O.

 

Delegación de Sevilla

Aprender y enseñar Geografía e Historia en la ESO con los Derechos Humanos. El área de Educación de la APDHA, a través de la Delegación de Sevilla, convoca a profesores y profesoras de ESO para presentarles una propuesta de creación de Unidades Didácticas sobre estas materias. Os invitamos al acto de presentación de este proyecto el 24 de mayo de 2012, de 19 a 21 h en nuestra sede en Sevilla, calle Blanco White, nº 5.

> Más información

 

La Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes (a la que pertenecen APDHA-Sevilla, ASANA, Coordinadora Antifascista de Sevilla, Fundación Sevilla Acoge, Grupo 17 Marzo, Iniciativa Cambio Personal Justicia Global, MADÁfrica, Mesa de cristianos con las personas inmigrantes, Oficina de Derechos Sociales, Soberanía Alimentaria y Género, Voluntariado Claver) ha convocado una reunión abierta al mayor número posible de asociaciones para trabajar conjuntamente y exigir la no aplicación en Andalucía de la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular.  

Fecha: Miércoles 16 de mayo, 20 horas
Lugar: sede APDHA, C/Blanco White 5

 

 El pasado 11 de mayo la Delegación de Sevilla ha recibido el reconocimiento de la Federación de Asociaciones y Organizaciones Sociales Senegalesas en España FAOSSE, la Asociación Otra África y el Cónsul de Senegal en Andalucía por su labor en el campo de la Inmigración. En la imagen representantes de la delegación con la condecoración "Otra África es posible".

 

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Propuestas

 

 

Ciberacción: Envía tu petición a los Diputados del Congreso "una sanidad para todos y todas" antes del 17 de mayo

 

La APDHA es una de las entidades participantes.

FIRMA AQUÍ: http://acoge.org/rdl16/index.php/home

COLABORA:
1. Dando a conocer entre tus amigos esta iniciativa a través de correo electrónico y de tus redes sociales:
http://acoge.org/rdl16/index.php/comparte

2. Sumándote como colectivo a esta campaña. Recuerda que el listado de entidades promotoras no es una lista cerrada, cualquier entidad que comparta este texto puede sumarse a esta campaña:
http://acoge.org/rdl16/index.php/sumate-a-la-campana

3. Colocando en tus perfiles de redes sociales esta imagen que te proponemos:
http://www.picbadges.com/no-a-real-decreto-ley-162012/2579836/?utm_campaign=viral&utm_medium=short-url&utm_source=other

4. Colocando en tu página web el banner que hemos hecho para esta campaña:
http://acoge.org/rdl16/index.php/comparte

5. Seguir nuestro hashtag oficial #sanidadparatodos

  
 Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla

La Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, de la que forma parte la APDHA,  ha organizado una Jornada para reivindicar la vivienda como Derecho Universal y para dar a conocer los puntos de información que ofrecen asesoramiento gratuito a cualquier persona con un problema de vivienda. Habrá talleres simultáneos a las 12 horas.
Fecha: miércoles 16 de mayo
Lugar:Plaza de la Encarnación (Las Setas)

Más información aquí

  
Dile a Montoro que recorte el fraude fiscal, no en inversión social #RecortaelFraude Firma aquí
  
Curso “Actúa con Cuidados. Género y Transformación Social”, 15 y 16 de Mayo de 2012 en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Más información aquí
  
13º CURSO DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA ACTORES DEL DESARROLLO Fecha: del 4 al 14 de junio del 2012
Lugar: Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Más información aquí
  
Empleo, Claves para movernos en el mercado laboral:dificultades y alternativas para personas inmigrantes en Andalucía. Especialmente dirigida a personas inmigrantes no comunitarias. Fecha: 26 de mayo
Lugar: consulado de Colombia en Sevilla
Más información aquí
  
Informe sobre el complejo militar-industrial en España. Centro DelàsDescargar informe aquí 
  

 

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AVISO LEGAL
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