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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-06-22
Fecha: 22 de Junio, 2012  11:29:18 (+0200)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 22 de junio de 2012, 10.926 suscriptores

 

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Presentación de queja de APDHA y de más de mil presos andaluces al Defensor del Pueblo Andaluz y estatal tras dos meses privados de asistencia letrada

Comunicado área de Cárceles, 13/06/2012 

La situación deviene insostenible para muchas de las personas privadas de libertad. La APDHA exige la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP).

 

El pasado mes de mayo los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP) fueron suprimidos sin alternativa y explicación alguna. Las más de 9.000 asistencias en 2011, a un total de 16.300 personas privadas de libertad, dan luz de la importancia y utilización de este servicio para la población reclusa. Hoy en rueda de prensa, Maribel Mora, Coordinadora General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Valentín Aguilar, coordinador del área de Cárceles, han hecho entrega a José Chamizo de las quejas firmadas por más de 1.000 personas presas – a excepción de las firmas retenidas de manera ilegal en el centro penitenciario de Córdoba - en las que se reclama la reanudación del servicio. 

El 17 de abril de 2012 se acordó por los Colegios de Abogados la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones tras el requerimiento efectuado en tal sentido por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, financiador del mismo. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que los presos tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida… Sus objetivos y funciones se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para lleva a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Valentín Aguilar, coordinador del área de Cárceles, ha explicado que, ante esta suspensión de los SOAJP la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) puso en marcha una campaña dirigida a explicar a las personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios andaluces la situación actual. En este sentido se les ofreció modelos de quejas individuales así como la posibilidad de firmar un documento titulado “HOJA DE FIRMAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTATAL, ANDALUZ Y REPRESENTANTES POLÍTICOS” con el siguiente contenido “Los abajo firmantes, personas presas en un centro penitenciario andaluz, exigimos la inmediata reinstauración de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que han sido suspendidas en el mes de abril de 2012. El acceso a los abogados es indispensable dada nuestra situación de privación de libertad”.

Más de mil personas privadas de libertad han decidido firmar, formalizando así su queja en un corto periodo de tiempo. A este número, debe sumársele otro importante indeterminado de quejas individuales de presos que han debido llegar o llegarán a la oficina de los Defensores, adscritas o no a la campaña de la APDHA. Con este número simbólico y significativo, teniendo en cuenta la dificultad encontrada en la administración penitenciaria que se expone a continuación, se pone fin a dicha campaña informativa y de recogida de adhesiones.

Retención de firmas en el Centro Penitenciario de Córdoba

Valentín Aguilar ha continuado su intervención informando que en el día de hoy se presentan 650 quejas de presos, a la que deben sumarse otras 500 retenidas de manera ilegal por el Centro Penitenciario de Córdoba, extremo sobre el que se abrieron quejas en las Oficinas de los Defensores del Pueblo Estatal y Andaluz. En los escritos de queja se solicitaba por la APDHA que se acordara requerir al centro a que devolviera los citados escritos a esta entidad, o en su defecto, diera curso legal a los mismos entregándoselo a esta oficina, y que el Centro se abstuviera en el futuro de impedir que una campaña pacífica como ésta, transcurriera con normalidad.

En el escrito que presentaba la campaña a los presos se identificaba que el objetivo era “exigir a las dos Administraciones Públicas que desbloqueen la situación actual y, en cualquier caso, reclamar a la Junta de Andalucía que continúe su convenio con los Colegios de Abogados […]. Todas las firmas recogidas serán enviadas al Defensor del Pueblo Estatal y Andaluz, así como a otros representantes políticos con competencias en la materia, con el único fin de que, de forma pacífica, se escuchen las voces de las personas afectadas por la suspensión del servicio”.

Dichos escritos fueron entregados y firmados por los presos en diferentes Centros, siendo el Centro Penitenciario de Córdoba el que cambiando el criterio –en otras ocasiones se habían realizado campañas parecidas- procedió de forma injustificada a la retención ilegal de las firmas. Solicitado a éste explicaciones sobre los motivos, así como el obtener su entrega a esta Asociación o a los presos y/o su tramitación a las entidades a las que iban dirigidas, entre ellas el Defensor, se obtuvo una negativa por respuesta. El Reglamento Penitenciario establece que “los internos podrán dirigir peticiones y quejas al Defensor del Pueblo, que NO PODRÁN SER OBJETO DE CENSURA DE NINGÚN TIPO”

Los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP)

Por otra parte, Maribel Mora, Coordinadora General de APDHA, ha ofrecido datos sobre el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria. En el año 2011 el SOAJP atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga 539.  Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, los presos. Nueve mil asistencias de dieciséis mil trescientos presos, dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia.

Desde el año 1998 se vienen prestando estos servicios, en virtud de acuerdos bilaterales entre los colegios de abogados y los centros penitenciarios, cuando era máximo responsable de éstos al igual que lo es hoy, Ángel Yuste, siendo sufragados a través de la Junta de Andalucía. A partir del 3 de abril de 2008 dicho sistema fue sustituido por un Convenio tripartito, entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Ministerio del Interior y de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Convenio que fue prorrogado indefinidamente en reunión celebrada el 28 de octubre de 2010.

Maribel Mora ha explicado que el Convenio se desarrollaba con addendas –disposiciones adicionales– anuales. La Junta de Andalucía remitió el expediente del año 2011 a la administración central en noviembre de 2011, casi al final del citado año,  y ésta se está alargando en su tramitación, acumulando al día de hoy siete meses. A la presente fecha sigue pendiente de la firma por el Ministerio del Interior, que no puede hacerlo sin el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actualmente en proceso. Todo ello, está afectando a terceros administrados que no deben sufrir los malos funcionamientos de las Administraciones. No es fácilmente previsible el retraso adicional que aún pueda acumular el citado informe pendiente, ni el resultado del mismo.

Según Mora, “la situación es completamente absurda, pues la administración central y los directores de los Centros Penitenciarios de Andalucía han considerado necesario y útil el SOAJP, y la Junta de Andalucía ha estimado de interés su continuación, señalando que no existe obstáculo alguno para su financiación. La guerra de la Administración central y autonómica continúa afectando a los más desfavorecidos”.

Fácil reinstauración de los SOAJP ¿existe voluntad política?

De manera provisional, entre tanto se resuelven los trámites burocráticos, o de manera definitiva, en caso que ello no sea posible, la solución pasa por volver a la situación previa a la existencia del Convenio tripartito. Es decir, que los Colegios de Abogados puedan seguir prestando el SOAJP a través de los Convenios de Colaboración existentes entre cada Colegio y el Ministerio, recibiendo las retribuciones correspondientes por la Junta de Andalucía.

La Administración central no pondría obstáculo alguno a esta solución, no lo puso en el pasado. Así pues es el momento de que la central confirme su postura y la andaluza aclare su posición al respecto.

 

 

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APDHA se reúne con la Consejera de Vivienda para reivindicar transporte público y eficaz a las prisiones

Comunicado área de Cárceles, 14/06/2012

La Consejera se compromete a estudiar este problema, que afecta a los familiares de las más de 16.000 personas presas en Andalucía

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asamblea de familiares de personas presas se reunieron en el día de ayer con la Consejera de vivienda, con competencias en materia de trasportes, para reivindicar trasporte público a las prisiones, denunciando el desmantelamiento de los servicios públicos para los sectores más desfavorecidos de la población.

La política de las administraciones se basa en el alejamiento de los centros penitenciarios de los núcleos urbanos. Esto provoca la necesidad de un medio de transporte para poder visitar a las personas presas.  

Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA y Valentín Aguilar, Coordinador del área de cárceles  explicaron que la realidad es que hay algunas prisiones a las que no llega ningún servicio público de transporte. Las personas con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de Alcalá de Guadaira, el CIS de Sevilla o Sevilla I deben abonar cantidades inasumibles en taxis (entre 60 y 100 €) para poder visitar a sus familiares porque no existe otra manera de llegar. Y en otros casos, como en Sevilla II (Morón de la Frontera), el servicio a la prisión es tan escaso y descoordinado que no puede ser utilizado por los familiares.

El 15 de junio de 2010 el Parlamento Andaluz aprobó una Proposición No de Ley exigiendo al Gobierno Andaluz la resolución de esta problemática. Desde entonces la situación solo ha empeorado e incluso se han eliminado las escasas líneas de trasporte existentes en algunas prisiones.

V. R., representante de la Asamblea de familiares y amigos de las personas presas hizo referencia a que la familias con menos recursos económicos, que son una gran mayoría de las que terminan en las prisiones,  no pueden visitar a sus familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica. Esta situación provoca no solamente grandes quebrantos en las precarias economías sino un sufrimiento añadido por la falta de relación con el familiar preso. Se produce una ruptura de relaciones familiares y además dificulta la reinserción de la persona presa, la aísla de su entorno, de sus hijos y familias y la convierte en una extraña que tendrá mucho más difícil integrarse en la sociedad a su puesta en libertad.

La Consejera por su parte reconoció la gravedad de este problema y se comprometió a estudiarlo.

En Andalucía, según la ley 2/2003, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y los Ayuntamientos deben facilitar el uso del transporte público, y especialmente para las personas con menos recursos, así como promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía en condiciones idóneas de equidad social.

 

> FIRMA PARA PEDIR TRANSPORTE PÚBLICO A LAS PRISIONES AQUÍ

 

 

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Se intensifica la represión hacia los migrantes subsaharianos en Marruecos

Comunicado área de Inmigración, 18/06/2012

El pasado domingo 10 de junio la Organización Democrática del Trabajo organizó en Rabat una manifestación bajo el lema “La marcha de la cólera, en defensa de la dignidad y de la justicia social de los trabajadores”. En el momento de concentrarse para comenzar el acto, las autoridades se presentaron en los alrededores del lugar de convocatoria para “advertir” a los inmigrantes subsaharianos que pretendían manifestarse de que la participación en la marcha supondría su arresto.

Esa misma tarde se iniciaron una serie de redadas para detener a inmigrantes subsaharianos en los barrios de Rabat. También en Tánger se hostigó, persiguió e identificó en las calles, casas y lugares de trabajo a población procedente del África subsahariana.

En Marruecos se está intensificando la represión y estigmatización de esta población. Los medios de comunicación están publicando falsas noticias informando de que estas personas subsaharianas son, en realidad, rebeldes procedentes de Libia o de Mali [1].

Utilizando esta burda excusa, están multiplicándose las redadas y las deportaciones en el reino alauita y se normaliza la xenofobia en la población local. Las operaciones realizadas por parte del gobierno marroquí son totalmente opacas y carecen de observadores externos que puedan dar fe de lo que está ocurriendo.

La negación del derecho de libertad de expresión y de manifestación, unida a las violaciones de tantos otros derechos, son el día a día de la población subsahariana en Marruecos (ya sea en tránsito o residentes). La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una vez más, vuelve a denunciar esta situación, manifiesta su solidaridad con las personas y colectivos que sufren estas violaciones de sus derechos fundamentales, reclama responsabilidad a los medios de comunicación que están creando una opinión pública contra la población migrante e insta al gobierno marroquí a que respete todos los acuerdos internacionales firmados.

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1. Des immigrants clandestins africains au Maroc impliqués dans des crimes de guerre. En Assabah, 9 de junio 2012.

 

 

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64 ONGs - entre ellas la APDHA - instan a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea a que protejan la vida familiar de los migrantes y refugiados

Bruselas, 31/05/2012

Durante la consulta publica sobre la reunificación familiar de ciudadanos provenientes de terceros países instalados en la Unión Europea, las organizaciones firmantes, instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión a que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la vida en familia y a la reagrupación familiar para todos los migrantes y beneficiarios de protección internacional. Armonizar las prácticas y las legislaciones en materia de reagrupación familiar es actuar en interés también de los propios Estados miembros. Recordamos además que los Estados miembros están obligados a transponer la Directiva europea relativa a la reagrupación familiar y a superar los numerosos obstáculos jurídicos y prácticos que existen en la actualidad en relación a ella.

Si bien los Estados miembros tienen la capacidad de mejorar sus prácticas en materia de reagrupación familiar, un número cada vez mayor de ellos no aplica los estándares mínimos contenidos en la Directiva. En 2008, la Comisión europea publicó un informe que revelaba que cierto número de Estados miembros no estaba de acuerdo con varios artículos de la Directiva. Desde entonces, no ha tenido lugar ninguna acción jurídica.

Por ello, instamos a la Comisión europea a que actualice la evaluación efectuada en 2008 y a que ponga en marcha procedimientos de infracción que se apliquen contra aquellos Estados miembros que no respeten las reglas comunitarias en vigor. Alentamos a la Comisión igualmente a establecer un mecanismo permanente para asegurar el seguimiento de la transposición de dicha Directiva por parte de los Estados miembros así como sus efectos prácticos sobre las familias de migrantes. A partir del informe de 2008 y teniendo en cuenta nuestra experiencia en el terreno, consideramos que los procedimientos de infracción podrían llevarse ya a cabo, particularmente en casos de no transposición o de transposición incorrecta de la Directiva en lo referente al otorgamiento de visados, al acceso a los permisos de residencia, la desproporción de los costes administrativos, la proporción de las medidas de integración y otras condiciones materiales, así como las pruebas exigidas para la reagrupación, especialmente respecto a los beneficiarios de protección internacional.

Además de estas medidas, pensamos que las directrices interpretativas podrían consitutuir un medio para ayudar a los Estados miembros a poner en marcha la legislación y a adoptar prácticas más favorables. Cualquier medida emprendida debería implicar a los actores competetes así como a los de la sociedad civil o al Parlamento europeo.

La familia cobra una importancia primordial en la vida de todos los seres humanos, incluyendo por supuesto la de los migrantes. La reagrupación familiar, un derecho humano fundamental reflejado en el Derecho Comunitario, permite a las familias vivir con dignidad y facilita su integración en la sociedad. Diversos estudios han demostrado los efectos positivos de la reagrupación familiar tanto para los migrantes como para las propias sociedades en las que viven, contrastando así con los efectos negativos derivados de políticas restrictivas y de períodos largos de separación.

Pensamos que la Directiva europea relativa a la reagrupación familiar contiene las disposiciones adeacuadas en relación con los objetivos y las normas mínimas. Se supone que los Estados miembros  deben aplicar el derecho a la reagrupación familiar asegurando el respeto de las normas en lo concerniente a los Derechos Humanos, especialmente el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Los Estados miembros deben igualmente respetar los principios fundamentales del Derecho, como los de proporcionalidad, el interés superior del menor y la no discriminación. Por otra parte, la Directiva permite adoptar prácticas más favorables, que numerosos Estados miembros ya aplican. Estimamos que problemas como los matrimonios forzosos o los de conveniencia pueden ser mejor gestionados  empleando otros medios en vez de la legislación de reagrupación familiar, como por ejemplo llevando a cabo medidas educativas de forma continua, asesoramiento para las víctimas o el acceso a un estatuto jurídico independiente. Las políticas y procedimientos restrictivos en materia de reagrupación familiar no dejan otra alternativa a las familias sino la entrada irregular en los Estados miembros o exceder su estancia más allá de la fecha de caducidad de sus visados. Esa estancia irregular a la que se ven llevados restringe sus derechos fundamentales y sus posibilidades de integración, al mismo tiempo que se ven especialmente expuestos a situaciones de explotación y de diversos abusos.

Nuestras organizaciones y miembros siguen la transposición de la Directiva y al trabajar se tropiezan cada día con problemas para ayudar a los migrantes y a los beneficiarios de protección internacional. Respecto a nuestras respuestas a la consulta sobre la reagrupación familiar, hemos  identificado una serie de problemas comunes que deben ser tenidos en cuenta.
Exigimos a los Estados miembros de la UE y a la Comisión europea que traten los problemas siguientes:

  • Eliminar los obstáculos prácticos en relación con el procedimiento de reagrupación familiar, como el coste elevado de los procedimientos, la complejidad de los documentos necesarios, la dificultad a la que se enfrentan los miembros de las familias para obtener un visado y otros documentos de viaje; prestando especial atención  a las familias de beneficiarios de protección internacional. En algunos casos, los gastos derivados de una reagrupación familiar son diez veces más cuatiosos que el coste de un Documento de Identidad. La jurisprudencia reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ha confirmado la naturaleza discriminatoria de dichas prácticas.
  • Abreviar todo lo posible los tiempos de espera y la duración de los procedimientos. Cuanto más largo es el período de espera, más difícil es la vida familiar. Cuando haya menores afectados, su interés será el prioritario. 
  • Evaluar la proporcionalidad y la accesibilidad de las medidas de integración a los fines del reagrupamiento familiar. Los Estados miembros imponen a los miembros de las familias medidas de integración que son realmente condiciones de entrada al territorio y exigencias complementarias para la reagrupación familiar. Es cierto que la mayoría de los Estados miembros no imponen medidas de integración, sino que los Estados que así lo hacen se reducen a Austria, Francia, Alemania y, en particular, los Países Bajos.
  • Hacer de la igualdad y de la proporcionalidad los principios rectores de toda condición material o de vivienda. Las condiciones de ingresos y de vivienda, exigidas por varios Estados miembros, no pueden convertirse en obstáculos para el reagrupamiento familiar. En ciertos países, las familias que intentar reunirse deben cumplir condiciones que la familia media de los países en cuestión ni siquiera podrían cumplir. Pedimos a los Estados miembros que no exijan recursos económicos superiores a los propios de la ayuda social o del salario mínimo nacional, y que permitan la puesta en marcha de ciertas prestaciones sociales para dichos recursos. 
  • Permitir a los beneficiarios de una protección subsidiaria tener derecho a las mismas disposiciones favorables que los refugiados. Esto se corresponde ya con la práctica de numerosos Estados miembros de la UE y es coherente con la armonización jurídica vigente en materia de asilo, tal y como se desprende de las directivas de calificación y de residentes de larga duración. 
  • Concretar claramente que la edad mínima el cónyuge ha de ser la de la mayoría de edad y estudiar de nuevo cómo combatir de forma más efectiva los matrimonios forzados. Algunos Estados miembros permiten la reagrupación familiar del cónyuge en función de un límite de edad superior a los 18 años. Tales límites resultan arbitrarios y excesivos. Estimamos que los límites de edad superiores son discriminatorios, injustificados y que no tienen ningún efecto en relación con la promoción de la integración o la lucha contra los matrimonios forzoso. La mayoría de los Estados miembros imponen la edad de la mayoría como límite de edad para la reunificación de parejas. 
  • Aclarar la definición de miembros de la familia y de dependientes cercanos que tengan derecho al reagrupamiento, sobre la base de los principios de proporcionalidad y de no discriminación. En la actualidad, sólamente las parejas casadas y sus hijos menores no casados tienen derecho a la reagrupación familiar según la Directiva. Dicha Directiva debería permitir que los Estados miembros puedan incluir otros miembros de la familia así como definir el vínculo de dependencia en virtud de una evaluación individual de la vida familiar. 
  • Garantizar el acceso a un permiso de residencia independiente. Los miembros de la familia necesitan acceso a un permiso de residencia individual lo antes posible, antes de cinco años, sin condición suplementaria alguna. Este acceso más favorable ya ha sido llevado a cabo en algunos Estados miembros. 

 

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La Mesa para la Integración de Huelva dice "No al Real Decreto Ley 16/2012: por una Sanidad Universal"

Comunicado de APDHA-Huelva, Cáritas Huelva, Huelva Acoge, CODENAF, ASNUCI, Caminar, Asoc. Ecuatorianos Los Andes, Valdocco - 11/06/2012 

Las entidades firmantes que conforman la Mesa de la integración de Huelva, quieren denunciar el retroceso en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que traerá consigo las reformas sanitarias aprobadas recientemente por el Gobierno Central.

Para la Mesa de la Integración de Huelva, la puesta en práctica de esta reforma a partir del próximo 1 de Septiembre (el Real Decreto Ley 16/2012 negará la tarjeta sanitaria a los/las inmigrantes que no tengan regularizada su situación administrativa) supone una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país y puede provocar, no sólo el colapso de las urgencias de los hospitales aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria de la población, sino dividir a la sociedad en ciudadanos/as de pleno derecho y no ciudadanos/as sin derechos.

Negar cobertura sanitaria atenta contra los Derechos humanos y contra los derechos adquiridos tras años de conquistas sociales. Estas personas migrantes son nuestros vecinos y vecinas, y muchas han perdido su autorización de residencia y trabajo al perder su empleo como consecuencia de la crisis económica; otras, trabajan desde hace años en la economía sumergida como trabajadoras del servicio doméstico, en la agricultura y en el sector servicios, sin lograr ese contrato laboral imprescindible para renovar la autorización de residencia.

Además, el gobierno pretende justificar esta medida utilizando la excusa de evitar el “turismo sanitario” a sabiendas de que los inmigrantes extracomunitarios no realizan ese tipo de actividad. La lejanía de sus países y las barreras que pone la ley de extranjería a la entrada y estancia en España son razones suficientes para que no sea ésta una práctica habitual.

Al vincular el gasto en salud a los inmigrantes en situación irregular, se transmite a la población una idea de la inmigración negativa y falsa; propiciando un rechazo a este sector de la población basado en estereotipos no fundamentados.

Las organizaciones y entidades reunidas, reivindican apostar por un sistema de atención sanitario, universal y gratuito, de acceso normalizado para todas aquellas personas con vecindad en nuestro país y gestionado por la Administración pública. Y solicitan al Gobierno Central que tenga en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos fundamentales de la Unión Europea que aconseja que “el acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismos criterios que los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones” (la OMS ha comprobado que el sistema público de salud español se encuentra entre los más eficientes, y representa un modelo sobre el acceso y aceptación de la población inmigrante para el resto de los países europeos).

Por último, y no por ello menos importante, la Mesa de la Integración quiere seguir denunciando la multitud de asentamientos chabolistas en los que malviven personas migrantes que buscan trabajo en los invernaderos de nuestra provincia, y en los que se carece de todos los elementos básicos que permiten vivir con dignidad (luz, agua, materiales adecuados de construcción, alimentación, saneamientos, etc.). Una situación insostenible que las administraciones no afrontan y ante la que exclusivamente responden con desalojos y lo que es aún peor con indiferencia.

 

 

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Ni Zoido ni el Ayuntamiento de Sevilla han contestado al requerimiento que les realizó José Chamizo con relación a La Corrala de Vecinas "La Utopía" 

Sevilla, 11/06/2011 

Ni Juan Ignacio Zoido, ni el Ayuntamiento de Sevilla, han contestado al requerimiento que les realizó José Chamizo, a pesar de que la ley "obliga a todos los poderes públicos a colaborar con el Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones"

A partir de las 11:00 de hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en el edificio de la Corrala de Vecinas 'La Utopía' donde se realojan 36 familias que han perdido sus viviendas en el contexto de la actual crisis económica. En la rueda de prensa han participado representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, del movimiento 15-M, del grupo de estudios 'Arquitectura y Compromiso Social' y representantes de las propias vecinas afectadas.


Pablo Fernández (Coordinador de APDHA para temas de marginación)

Pablo Fernández ha realizado en su intervención un detallado análisis de la desesperada situación social que en nuestro país viven cada vez más familias. Sólo en la provincia de Sevilla 6.000 familias perdieron sus viviendas en los últimos 2 años, mientras que 114.000 casas permanecen vacías sin que se espere que puedan ser vendidas en los próximos años, habida cuenta de las dificultades económicas que afectan cada día a más sectores de la población. Asimismo, 1.700.000 familias sobreviven en España con todos sus miembros en situación de desempleo. Este dato revela la grave precariedad social que se vive en nuestro país, en el cual cientos de miles de familias podrían perder en los próximos meses o años sus hogares, sin que las autoridades estén previendo medidas para paliar esta situación. Más bien al contrario, los poderes públicos parecen estar interesados únicamente en salvar a unas entidades bancarias que fueron responsables en el inicio de esta crisis y que, aún así, están recibiendo ingentes ayudas con fondos públicos.

Maribel Mora (Coordinadora General de APDHA)

Ha anunciado públicamente la puesta en conocimiento del Juzgado de Guardia hechos que podrían suponer coacciones y amenazas realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla y que hoy se ha registrado en los juzgados. APDHA entiende que la actuación municipal ha consistido en una estrategia organizada, cortando los suministros que ya existían y que estaban activos antes de que se realojaran las familias, e insinuando la apertura de procedimientos de protección de menores, que tenían como único fin amedrentar a las familias que participan en esta protesta con el objetivo de ocultar la incapacidad de los servicios sociales municipales para hacer frente a los gravísimos problemas sociales que se derivan de la actual crisis. A día de hoy los Servicios Sociales del Consistorio no tienen protocolos adecuados para hacer frente a la situació y carecen de los recursos que les serían del todo necesarios para paliar al menos la terrible situación que muchas familias viven. Las familias, antes de los cortes de agua y luz, ya habían manifestado públicamente su intención de legalizar su situación y afrontar el pago de estos servicios, iniciando los trámites pertinentes, a pesar de lo cual se procedió al corte de suministros.

Maribel Mora, asimismo, ha explicado cómo el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, no ha recibido todavía respuesta por parte del Ayuntamiento de Sevilla a la comunicación formal que este les presentó para buscar soluciones coordinadas junto con la Consejería de Vivienda por la situación de las 36 familias, a pesar de que está obligado por ley cuando menos a responder a José Chamizo. La Coordinadora General de APDHA también ha detallado algunos de los procedimientos por los que se han pasado en los servicios sociales municipales. El Ayuntamiento dispone del historial de la mayoría de ellas, que tras haber recorrido todas las instancias de ayuda social durante meses, no recibieron respuesta que resolviera su desesperante situación. A algunas familias con casos urgentes se les derivó a Cáritas, obviando la responsabilidad pública a la hora de prestar soluciones al ciudadano. Ha explicado que existen casos de baremaciones urgentes de vivienda que han tardado más de un año en realizarse. También ha detallado como trámites burocráticos han de repetirse en algunos casos por ciudadanos en situación de emergencia social como consecuencia de errores administrativos. Ha denunciado los frecuentes desahucios que tienen lugar en Emvisesa y cortes de luz y agua a familias en riesgo de exclusión que tienen alquileres con Emvisesa. Asimismo, ha manifestado que en casos excepcionales la ayuda de los servicios sociales municipales se limita a ayudar a pagar a alguna familia el mes de fianza que se incluye en cualquier alquiler, sin aportar más soluciones a la larga para estas personas. Además, Maribel Mora ha informado de que José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento de que en toda Sevilla solo hay una vivienda de EPSA en régimen de alquiler para familias en riesgo de exclusión.

Maribel Mora, por último, ha pedido "la coordinación de todas las administraciones públicas para la búsqueda de soluciones para estas 36 familias así como para todas las familias y personas que han perdido su hogar en los últimos años como consecuencia de la crisis y que se encuentran en una situación desesperada". Ha añadido que "si fue posible modificar la Constitución en tan solo 2 semanas, es posible, si existe voluntad política, modificar reglamentos y leyes para garantizar que los derechos constitucionales de estas personas sean respetados".

Analia Caffarenghi (Representante del movimiento 15-M)

Analía ha sido una de las personas más implicadas en los Puntos de Información sobre Vivienda, que el movimiento 15-M habilitó en diferentes barrios de la ciudad. Ha explicado así como fue su experiencia en el Punto de Información ubicado en el barrio de la Macarena. Al mismo han acudido personas que han perdido sus hogares o estaban a punto de perderlos como consecuencias de ejecuciones hipotecarias, familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler, otras que se veían obligadas a vivir en infraviviendas e incluso quienes sufrían abusos por parte de sus caseros o incluso de las administraciones. Analía ha explicado cómo ha sido el proceso que ha llevado a 36 familias a realojarse en un edificio de reciente construcción que permanecía deshabitado desde hace varios años. Estas personas habían acudido a todas las administraciones en busca de ayuda, habían agotado los cauces administrativos de los servicios sociales y no tenían ninguna otra alternativa. Ha detallado de esta forma algunos casos "sangrantes" que muestran cómo, por ejemplo, a una mujer con tres hijos a su cargo tardaron en hacerle el baremo de vivienda más de un año, o como otra familia fue desahuciada de su hogar por EMVISESA (la empresa municipal de vivienda) un mes antes del plazo previsto por un error administrativo, teniendo que dormir en plena calle como consecuencia de esto.
Analía Caffarenthi ha lamentado además que "la actitud del Ayuntamiento, lejos de ofrecer soluciones a estas familias, ha sido machacarlas aún más por haber iniciado esta protesta, cortándoles luz y agua e intentando precarizar aún más su complicada situación".

Marta Solanas (integrante del grupo 'Arquitectura y Compromiso Social')

Marta Solanas ha explicado cómo la actual crisis económica tiene como principal causa la burbuja inmobiliaria que durante la última década y media se convirtió en motor de nuestra economía. Ha explicado como este proceso de especulación urbanística permitió que unas pocas personas se enriquecieran rápidamente, a veces de manera fraudulenta e ilega, y como, al mismo tiempo, ha generado la paradoja que hoy viven muchas familias que ven como han perdido sus hogares mientras que numerosas casas están vacías y lo seguirán estando durante muchos años. Ha pedido que se concilie el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, que está reconocido constitucional e internacionalmente, algo que para hacerse basta con la voluntad política de las administraciones. Asimismo, ha explicado que numerosas viviendas, urbanizaciones enteras incluso, permanecen vacías y sufren tal abandono que están sufriendo un sistemático saqueo: casas sin ventanas, puertas, verjas, etc... De esta forma, ha solicitado que los poderes públicos realicen leyes que permitan acabar con este sinsentido.
Marta Solanas ha comunicado además que ya existe una denuncia formal por la usurpación del inmueble donde se instala la Corrala de Vecinas 'La Utopía'. La demanda la ha presentado un particular, Ramón López Casal, propietario de Maexpa, antigua empresa propietaria del inmueble que en la actualidad ha desaparecido. Sobre el inmueble pesa un embargo y una hipoteca además. Ramón López Casal está actualmente envuelto en tres procesos judiciales en calidad de imputado y se le acusa de "malversación de fondos, corrupción urbanística y evasión fiscal". La Abogacía del Estado, en una de las causas que se sigue contra él, estima en 7,6 millones de euros la cifra que defraudó a las arcas públicas. Asimismo se le juzga por un escándalo urbanístico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde se le acusa de haber regalado un chalet al Alcalde de esta localidad a cambio de una operación urbanística muy beneficiosa para su empresa.

Carmen, Manoli y Ana

Estas tres vecinas de la Corrala Utopía han intervenido para explicar a los periodistas su situación familiar. Les han contado cuáles fueron las razones que les hicieron optar por realojarse en un edificio deshabitado. Han explicado todos los pasos que dieron anteriormente con los servicios sociales para obtener ayuda y la incapacidad de las administraciones para ofrecerles soluciones. También han narrado cómo llevan viviendo durante las últimas semanas este proceso y de las dificultades que les ha generado la actitud del Ayuntamiento y de Endesa al cortarles el suministro de agua y luz. Carmen, en última instancia, ha explicado la situación de su madre, Antonia, de 88 años. Esta anciana, con una salud deteriorada desde hace meses, se encuentra actualmente ingresada en el Servicio de Urgencias del Hospital Macarena. Su estado de salud se ha visto sensiblemente perjudicado como consecuencia del corte de luz de Endesa. Antonia vive postrada en una cama especial que genera un movimiento de placas sobre el colchón que se asienta para evitar que la piel de esta anciana se ulcere. El corte del suministro eléctrico motivó que el colchón en el que se descansara se desinflara, con las subsibuientes complicaciones, y a pesar de que se instaló un generador por parte del 15-M para reinflar el colchón. Actualmente Antonia está hospitalizada con una úlcera abierta de 4 centímetros de profundidad que le ha provocado una grave infección.

 

 

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Cádiz: La APDHA y otras ONG’s hacen un llamamiento a la participación en la manifestación de este miércoles en defensa de lo público 

Comunicado de APDHA-Cádiz, Amazonas, Yanakapuna, CEAIN, Cardijn, ADSP - 19/06/2012

Las asociaciones Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Amazonas, Cardijn, Ceain, Yanakapuna y Defensa Sanidad Pública, hemos realizado un llamamiento a la participación de los inmigrantes en la manifestación convocada por los sindicatos este miércoles. Las Asociaciones citadas portaremos una pancarta bajo el lema “La salud es un derecho…. Para los inmigrantes también”. Con este llamamiento y participación en la manifestación queremos expresar nuestro rechazo al Real Decreto- Ley 16/2012 de Reforma de la Sanidad.

Este decreto entre muchas otras medidas extraordinariamente negativas para la población en general, establece que las personas extranjeras que carezcan de permiso de residencia perderán el derecho a la tarjeta sanitaria y por tanto a la asistencia sanitaria. Desde nuestras asociaciones queremos manifestar que esto significa una doble vulneración de derechos básicos:

En primer lugar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” A partir del 31 de agosto en torno a quinientas mil personas en España quedaran fuera de la cobertura sanitaria básica.

En segundo lugar estas personas han de tener derecho a la cobertura sanitaria no sólo por tratarse de un derecho humano básico sino por que además contribuyen diariamente al sostenimiento del sistema sanitario español. Nuestra sanidad pública se financia por vía impuestos tanto directos como indirectos, todos los que residimos en España pagamos la sanidad con actos tan cotidianos como comprar la leche o llenar el tanque de gasolina.

Por otra parte queremos denunciar que privar a los inmigrantes irregulares del acceso a la sanidad pública no contribuye al ahorro sanitario. El gasto sanitario ocasionado por personas en situación irregular en Andalucía se cifra en torno al 0,70% del gasto total. Señalar como hace el gobierno a los inmigrantes irregulares como fuente de gasto sólo es una cortina de humo que esconde los recortes en sanidad que sufrimos el conjunto de la población.

Por último esta medida sí tendrá graves consecuencias sobre la salud individual de las personas que pierden la tarjeta sanitaria y sobre el total de la población, ya que, manteniendo restringido el acceso a la atención sanitaria la situación puede conducir, por la acumulación de episodios patológicos, a un agravamiento o cronificación de las enfermedades que son ocultadas o atendidas con retraso.

Por último desde el punto de vista de la prevención sanitaria hay que tener en cuenta los riesgos que supone para la población general mantener a una parte importante de la población fuera de la cobertura médica.

Por todo ello las organizaciones abajo firmantes pedimos la retirada del Real Decreto Ley 16/2012 de forma que se respete un derecho humano fundamental como es el acceso a la salud, manteniendo por tanto la universalidad de la condición de asegurado para toda persona residente en el estado español.

> Ver fotos de la manifestación aquí 

 

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El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis

Vicenç Navarro y Juan Torres López, 12/06/12

Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares. Hemos visto durante estos años de crisis la congelación y pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la reducción del gasto público en las transferencias y servicios del Estado del bienestar (con recortes muy acentuados de la sanidad pública, de la educación pública, de los fondos y servicios a las personas con dependencia, de las escuelas de infancia -erróneamente definidas como guarderías-, de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, de los servicios sociales, de las viviendas sociales, del nivel de cobertura de los seguros de desempleo y de las ayudas a la integración de los inmigrantes). Y hemos sufrido las reformas del mercado laboral, que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores. Y a todas esas medidas se han añadido la reducción del empleo público y de los salarios a tales empleados públicos.

Pues bien, hoy día sabemos a ciencia cierta que todas estas intervenciones han empobrecido todavía más al conjunto de la clases trabajadoras y que, lejos de haber hecho germinar los “brotes verdes” que las justificaron, han llevado a nuestra economía a una situación mucho peor y más cercana a la depresión.

El rescate no es una ayuda, es una imposición para realizar más recortes

Tales recortes se han justificado siempre como imprescindibles para reducir el déficit del Estado y el tamaño de su deuda pública, algo necesario, según se ha dicho siempre, para ganar la confianza de los mercados financieros y de esta manera poder conseguir dinero prestado para pagar los gastos del Estado.
Tanto el gobierno de Zapatero primero y ahora el de Rajoy han insistido constantemente en realizar esos recortes por encima de todo por el miedo a que no pudiéramos recuperar la famosa confianza de los mercados financieros y entonces fuésemos intervenidos por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ahora resulta que a pesar de que se han llevado a cabo todos esos recortes, a pesar de que se han ejecutado una tras otra las imposiciones de los mercados, expresadas a cada momento muy claramente por esa Troika, España ha sido intervenida por esas tres instituciones.

Digan lo que digan, lo cierto es que todos estos enormes sacrificios y recortes han sido en balde y cuando se ha producido su fracaso estrepitoso en forma de rescate, la respuesta del gobierno y del establishment político y mediático es la de negar que haya sido tal y que vaya a llevar consigo una intervención de nuestra economía.
El artículo de Guillermo de la Dehesa Precisiones sobre el rescate bancario, (El País 09.06.12), en el que trata de disimular la verdadera naturaleza del rescate, y las manifestaciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que lo anunciaba como un triunfo, son representativos de esta postura.
Según esas manifestaciones, a las que hay que añadir la del propio presidente Rajoy afirmando que lo ocurrido es algo que “ha conquistado” España, los 100.000 millones de euros no son un rescate, sino una ayuda a la banca que tiene por objetivo reestructurar el sector bancario y sin implicaciones macroeconómicas. Unas interpretaciones que caen por su propio peso cuando se lee el documento del Eurogrupo donde se manifiesta textualmente:

“El Eurogrupo cons idera que España ya ha implementado importantes reformas fiscales y del mercado de trabajo y medidas para reforzar el activo de los bancos españoles. El Eurogrupo confía en que España cumplirá sus compromisos en virtud del procedimiento de déficit recesivo y con respecto a las reformas estructurales, con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco de la Unión Europea. Los progresos en estas áreas serán revisados de cerca y con regularidad, también paralelamente con la ayuda financiera” (el subrayado es nuestro).

¿Puede decirse de manera más clara que se trata de una intervención en toda regla?

El texto del acuerdo del Eurogrupo señala sin lugar a duda alguna que paralelamente a la supervisión financiera se hará la de las políticas fiscales y macroeconómicas. Y el significado y el objetivo con el que se llevará a cabo esta supervisión también aparece bien claro en los últimos documentos del FMI y en las declaraciones de sus responsables que constantemente insisten en que habrá que llevar a cabo más reformas del mercado laboral -para conseguir más bajadas salariales-, más reducción de las pensiones, y una reducción más acentuada del déficit, centrándose en el Estado del Bienestar que en España está gestionado por las comunidades autónomas.
Lo que ahora se busca con la excusa de eliminación del déficit de las éstas última no es otra cosa, en la práctica, que nuevos mayores recortes de las transferencias y servicios del Estado del Bienestar que gestionan, principalmente, en materia educativa, sanitaria y de cuidados a las personas.

El rescate no aumentará la confianza de los mercados sino todo lo contrario

Puesto que conocemos perfectamente lo que ha ocurrido en otros países y en situaciones semejantes cuando se toman este tipo de medidas, podemos afirmar ahora con seguridad lo que con toda probabilidad va a ocurrir en España, en contra de lo que vienen diciendo las autoridades sin ningún tipo de fundamento ni base científica ni empírica. En concreto, es importante que la ciudadanía sepa que, aunque en teoría estas reformas se hacen para recuperar la famosa “confianza de los mercados”, toda la evidencia muestra que los resultados serán precisamente opuestos a este objetivo.

El resultado de los rescates en los otros países supuestamente rescatados es que la prima de riesgo de su deuda pública no ha disminuido. Antes al contrario, ha subido. Y eso ocurrirá igualmente en España porque los recortes adicionales que van a acompañar al rescate van a ralentizar todavía más, y sin ningún lugar a dudas, la marcha de la economía española, acentuando así la recesión.
Además, y en contra de lo que se está diciendo, el rescate aumentará la deuda pública, pues el Estado –el receptor de la supuesta ayuda- tendrá que pagar por las pérdidas de las bancas fallidas en el rescate y asumir sus intereses y el principal.

Y, finalmente, el rescate tampoco garantiza ni que el sector bancario pase a ser solvente ni, por supuesto, que el crédito vuelva fluir a la economía.
La estimación del Fondo Monetario Internacional de las necesidades de capital del sector están hechas ad hoc, para justificar la cantidad con la que se pensaba jugar de antemano. Las cifras que proporcionen las auditorías solicitadas por el gobierno serán otras: las que se desee, porque la experiencia demuestra (como en caso de los bancos que fueron calificados de plenamente solventes meses o semanas antes de que fuesen rescatados en otros países) que dependen de la valoración que se quiera dar a activos que han perdido prácticamente todo su valor. La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación.
Y tampoco se garantiza que vuelva a generar crédito a la actividad productiva no solo porque la capitalización será insuficiente sino porque, mientras que las políticas que se vienen aplicando y que acompañarán al rescate sean recesivas, ni habrá demanda suficiente solvente ni compensará a la banca dejar de dedicar los recursos a donde obtiene mayor rentabilidad.

La realidad que el gobierno y los apologistas del rescate quieren ocultar es que éste no es sino únicamente el instrumento mediante el cual la troika gobernará la política fiscal y macroeconómica española para seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad de cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana.

Por tanto, hay que decirlo claramente: el rescate constituye un auténtico golpe de Estado bajo la apariencia de ayuda a la banca. A partir de ahora, el gobierno Rajoy hará lo que digan la Troika y el gobierno alemán. El federalismo de Merkel (“queremos más Europa… y los Estados tendrán que ceder soberanía”) es una manera amable de definir una relación colonial en la que a España le toca ahora ser la colonia.

¿Por qué el rescate ahora?

La respuesta que las autoridades dan cuando se pregunta por qué se da justo ahora el rescate es que los intereses de la deuda pública estaban alcanzando un nivel prohibitivo y que, por tanto, había que hacer algo. Pero tal argumento también cae por su base porque significa ignorar que, como hemos demostrado en varias ocasiones, no son los mercados financieros sino el Banco Central Europeo el que realmente define los intereses de la deuda pública.

El hecho de que los intereses que está siendo obligada a pagar España sean altos se debe a que el BCE no ha comprado deuda pública española durante tres meses, lo que se podría considerar como una auténtica provocación de la situación final a la que se ha llegado que el BCE lleva a cabo habitualmente.
Así lo ha demostrado recientemente con datos indiscutibles la periodista Ana Tudela (BCE, la mano que mece la prima, Más Público, 11/05/12):

“¿Y si la prima (rentabilidad exigida a la deuda de un país respecto a la de Alemania) respondiese a algo más que a un mercado desquiciado? Hay algo más. El Banco Central Europeo (BCE) ha mecido al alza las primas en fechas concretas: las de las cumbres europeas y las semanas en que gobiernos y parlamentos decidían ajustes.
Como demuestra su propio calendario de actuaciones, el BCE dejó, en esas citas clave, de comprar deuda pública. Dejó solos a los Estados cuando más falta hacía. No una ni dos veces sino de forma sistemática desde hace ya dos años, el tiempo suficiente para cambiar Europa. Las peticiones de ayuda por gobiernos como el español, ante periodos de absoluta inactividad del BCE como el actual, caen en saco roto porque la autoridad monetaria, que se empeña en defender su independencia, tiene un objetivo.

Aunque desde Frankfurt se niegan a explicar el patrón de sus actuaciones, a concretar por qué han actuado en semanas con las primas relativamente relajadas y desaparecido cuando la tensión se disparaba, su intención no puede ser otra que propiciar reformas en línea con las tesis de la canciller alemana, Angela Merkel, y del Bundesbank”.

Y también se oculta que España podría seguir pagando la deuda pública a este nivel (y mucho más si el Banco Central Europeo ayudara a abaratar en lugar de encarecer su factura). De hecho, incluso ahora la deuda pública española es más baja que el promedio de la UE-15. Y según los cálculos del FMI, España pagaría el 3,5% del PIB en intereses en 2017, lo cual es una cifra asumible, semejante a la que pagan otros países como Alemania o Gran Bretaña.

La razón, entonces, de que haya sido justamente ahora cuando se ha producido el rescate es otra, y como siempre, no aparece en los medios. Es el temor de la Troika a que en las próximas elecciones griegas gane la izquierda, y se cuestionen con mucha más fuerza las políticas de austeridad que han llevado a Grecia (y a España) al desastre. Es por eso que la Troika quiere tener la sartén por el mango y forzar la continuación de tales políticas, porque sabe que es muy probable que tras las elecciones del próximo fin de semana (y a pesar de las injerencias constantes que están realizando para influir sobre la libre voluntad de los electores griegos) sea mucho más difícil defenderlas. Así de claro.

En definitiva, hay que denunciar el intento de ocultar la verdadera naturaleza del rescate, que está bien clara en el comunicado del Eurogrupo y en los informes del FMI:

- quieren rescatar a los banqueros despreciando y por encima del bienestar de la inmensa mayoría de las personas.
- se ha acordado ya, y se va a producir materialmente cuando se selle la letra pequeña del acuerdo, un auténtico golpe de Estado, porque a partir de ese momento España ya no estará implícitamente intervenida, como hasta ahora, sino expresa y visiblemente por funcionarios extranjeros que impondrán las líneas de gobierno a las que se habrán de ajustar las políticas económicas: nuevos recortes, privatizaciones y reformas institucionales encaminadas a desarmar de derechos políticos y mecanismos de representación a la ciudadanía.

Y se puede adelantar que nada de eso servirá para recuperar la actividad económica:

- volverá a perderse empleo y cerrarán nuevas empresas.
- nada garantiza que vuelva a generarse crédito para la economía.
- no bajará la prima de riesgo y ni siquiera el montante de nuestra deuda, sino todo lo contrario, cabe esperar que siga subiendo porque nada se ha hecho para frenar el impacto de la especulación generalizada en los mercados.

El rescate es un auténtico desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Es una verdadera perversión política que el presidente del gobierno se alegre de que se haya producido y que el propio Rey Juan Carlos lo haya felicitado por haberlo reclamado a Europa. Los ciudadanos deben informarse bien, explicar con claridad a quienes tengan a su lado lo que de verdad ha ocurrido y exigir respuestas políticas que den la vuelta a la situación para poner en marcha medidas alternativas, que las hay sobradamente, como venimos poniendo de manifiesto en nuestros escritos y libros. 

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University. Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

 

 

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Organizaciones sociales ven "positivo" el cierre del CIE de Málaga y confían en que el siguiente sea el de Algeciras

Publicado por Europa Press, 12/06/12

    Las organizaciones sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Andalucía Acoge han considerado "positivo" el anuncio del Ministerio del Interior de cerrar el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Málaga, ubicado en la plaza de Capuchinos, ante la "mala situación de sus infraestructuras", y confían en que el siguiente que se clausure por el Gobierno sea el de Algeciras (Cádiz).

   En este sentido, el coordinador del Área de Inmigrantes de Apdha, Carlos Arce, ha valorado la decisión del Gobierno central y ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que desde hace "mucho años venían denunciando las condiciones inaceptables en las que se encontraban las personas en este Centro".

   Arce ha precisado que no solo hay que hablar de las condiciones arquitectónicas, sino también de "la falta de recursos sociales y sanitarios como puntos negativos del CIE de Málaga y de la violación directa de los derechos humanos de estas personas".

   Por ello, considera "positiva" la noticia y ha apuntado que no solo las entidades y colectivos sociales reclamaban el cierre del CIE de Málaga, que se cerrará definitivamente el día 20 de este mes, sino también el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español o la Fiscalía General del Estado, que hacían hincapié en las condiciones "inaceptables" del mismo.

   De otro lado, Arce ha apuntado que el CIE de Algeciras "también es señalado como unas instalaciones con deficiencias, que no existen medios materiales para paliar éstas".

   Apdha, que "parte de la idea del rechazo al concepto de CIE en sí mismo, porque consideramos que no es una medida adecuada para tratar los procedimientos administrativos por la privacidad de libertad que supone, "rechaza aún más un CIE en la situación bochornosa en la que se encontraba el de Málaga".

   "Ojalá al cierre del Centro de Málaga, continuará el de Algeciras, cuyas condiciones arquitectónicas y de recursos sociales y sanitarios son bastante equiparables", ha afirmado Arce.

   Por su parte, Andalucía Acoge, a través de su delegación en Málaga, ha felicitado a todas las entidades, organizaciones y personas que "han hecho posible el cierre del CIE de Capuchinos". Además, destaca el logro pero recuerda que "aún existen otros ocho centros de internamiento en España y solicita también su desaparición".

   "La decisión acaba con 22 años de historias y sufrimientos de las miles de personas que desde su apertura en 1990 han sido allí internadas", ha recordado Andalucía Acoge. No obstante y a pesar de la satisfacción de ver cómo este CIE va a desaparecer, la entidad subraya la existencia de otros en España.

   Según datos del Ministerio del Interior, entre 2004 y 2009 pasaron por allí más de 17.000 personas y, apunta la entidad social que, a lo largo de estas más de dos décadas, "las denuncias y quejas de un buen número de organizaciones han sido una constante debido a la falta de respeto a los Derechos Humanos, los abusos, las malas condiciones del centro o la falta de transparencia en su gestión y funcionamiento".

   Durante sus más de dos décadas de existencia, además "los abusos y las injusticias han tenido también, desgraciadamente, una amplia presencia en el CIE malagueño".

   Málaga Acoge destaca el papel del Ayuntamiento malagueño en el cierro del CIE de Capuchinos, pues fue el Consistorio el que se hizo eco de la solicitud de numerosas organizaciones sociales para iniciar el expediente de ruina del centro de internamiento. 

 

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Informe sobre el Plan de derechos humanos español y recomendaciones para el futuro

Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), 19/06/2012

Ante el compromiso del gobierno español de dar continuidad al primer Plan de derechos humanos, vigente de 2008 a 2011, el Institut de Drets Humans de Catalunya publica un informe en el que se recogen las recomendaciones de las Naciones Unidas para la elaboración de este tipo de planes. El informe extrae conclusiones de la experiencia del primer Plan de cara a la realización de una próxima estrategia en derechos humanos, que deberá realizar el nuevo gobierno. El pasado 14 de febrero el Congreso de los diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al gobierno a “implementar una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos”.

El informe del IDHC ofrece un resumen del Handbook on National Human Rights Plans of Action , el manual que las Naciones Unidas pone a disposición de los estados para facilitar la elaboración de planes de acción. Según este manual los planes de derechos humanos tienen como objetivo la mejora de la promoción y la protección de los derechos humanos de un determinado país. Para conseguirlo, estas mejoras deben situarse el contexto de las políticas públicas, de tal manera que el gobierno planifique programas y medidas encaminados a ese disfrute, involucre a todos los ministerios y resto de administraciones y reserve los recursos necesarios para ello.

En el informe se analiza también el proceso de elaboración e implementación del Plan aprobado en diciembre de 2008 y vigente hasta el final de la última legislatura socialista en noviembre de 2011. El Plan contenía 172 medidas que iban desde la ratificación de tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, hasta la puesta en marcha de planes específicos como el de atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante, por ejemplo. De las 172 medidas, 97 de ellas fueron implementadas, resultado que puede valorarse como exitoso. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el proceso de redacción del Plan así como su seguimiento ni partió de un análisis previo de la situación de los derechos humanos en España ni contó con la participación de la sociedad civil y otros actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos en el país, tal como recomienda las Naciones Unidas. Aspectos como la regulación de los centros de internamiento de extranjeros o la justiciabilidad del derecho a la vivienda quedaron fuera del alcance del Plan. Y otros, como la reforma de la Ley de libertad religiosa, nunca se acometieron.

Para el IDHC “Los planes de derechos humanos son instrumentos de planificación de políticas públicas potencialmente muy poderosos y en ocasiones mal entendidos. La promoción y protección de los derechos humanos de una población debe de ser el objetivo último y general de todo gobierno y, por tanto, debe escapar de los cambios de color político y situarse por encima de los vaivenes en el ejecutivo”. De hecho, tal y como se recoge en el informe “ un plan de derechos humanos nos servirá de instrumento vertebrador y coordinador de políticas y medidas que probablemente ya se están llevando a cabo o que ya están planificadas, pero que no se habían analizado desde el prisma de los derechos humanos o no se les había puesto este calificativo. Nos será de utilidad el plan no para hacer políticas DE derechos humanos sino para planificar los derechos humanos EN las políticas públicas”.

Con esta convicción, el IDHC presenta una serie de recomendaciones dirigidas tanto al gobierno, como a las administraciones regionales y locales, y a la sociedad civil, para trabajar de forma coordinada y siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas en la siguiente estrategia de derechos humanos.

» Leer el informe completo

» Más información sobre el Plan de derechos humanos 

 

 

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Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima

John Doe,  Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau - 20/06/2012

Se considera “Deuda ilegítima” aquélla que es contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor. En base a esta definición, y a tenor del atraco a mano armada (nunca mejor dicho) que se está perpetrando contra los intereses de la población, que cada día ve cómo cuesta conseguir lo más básico y elemental mientras se despilfarra el dinero en todo tipo de asuntos espurios, debemos preguntarnos si cabría considerar como deuda ilegítima la de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA).

Los PEA nacieron entre 1997 y 1998, con el Partido Popular en el Gobierno. Mediante una artimaña contable se puso en marcha un modelo para, a través del Ministerio de Industria, conceder a un exiguo grupo de empresas (grosso modo, EADS, Indra, Santa Bárbara y Navantia) unos anticipos reintegrables sin intereses con la finalidad de que éstas hicieran frente a las fases de I+D, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Hasta la fecha, son 19 los programas que conforman esta categoría (aviones, helicópteros y carros de combate, aviones de transporte, submarinos y fragatas, además de una larga serie de “programas menores”), los cuales, según diversas estimaciones hechas por un grupo de expertos hace escasos meses, podrían costarnos entre 35.371 y 37.356 millones de euros, pagaderos hasta 2030 o 2040 (por la sencilla razón de que el fin de la “vida útil” de la mayoría de los programas comienza a producirse en torno a 2040).

En septiembre de 2011, la Secretaría de Estado de Defensa, aún en manos del PSOE, realizó una “Evaluación de los programas especiales de armamento”, con el objetivo de buscar soluciones al grave problema de deuda a que se enfrenta el Ministerio de Defensa.

El exhaustivo trabajo realizado por la SEDEF, acredita lo siguiente:

- que la capacidad financiera del Ministerio de Defensa no es suficiente para atender las obligaciones de pago derivadas de los PEA en curso, es decir, que fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa

- que tal insuficiencia presupuestaria no es coyuntural, ni está directamente relacionada con la crisis económica actual, sino que es un problema financiero, complejo y estructural, absolutamente relacionado con el sistema de adquisiciones y con su modelo de sostenimiento

- que se trata de un problema de Estado, dado que implica a muchos agentes (políticos, militares, industria)

- que quienes tomaron las decisiones de adquisición en el período que va de 1997 a 2004 (en el que se generaron más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y en el futuro) difirieron a futuros presupuestos el pago de tales compromisos aun a sabiendas de que nunca podrían satisfacerse los compromisos financieros adquiridos

- que «no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora».

Pues bien:

- si el Estado sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo de generación de deuda que nunca iba a poder pagar, y que, hoy por hoy, ha generado casi 40.000 millones y

- si esta deuda ha sido creada y utilizada contra los intereses de la ciudadanía del país, que ha tenido que sufrir dolorosos recortes sociales con cantidades que están muy por debajo de esa cuantía

Entonces:

- es fácilmente deducible que esa deuda no tiene por qué ser pagada, pues quienes gobiernan el Estado desde 1997-1998 habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y,

- por tanto, que los contratos adquiridos con las empresas o consorcios de empresas para desarrollar estos PEA son nulos desde un punto estrictamente legal.


Señalar a un único culpable sería difícil, por la sencilla razón de que en torno a este problema siempre ha habido un acuerdo de Estado en el que los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PP y PSOE) han ido de la mano; pero sí podemos decir quiénes han sido sus garantes y defensores desde la ostentación de sus cargos de responsabilidad en los ministerios implicados: el de Defensa (con sus Secretarios de Estado, pues a este órgano le corresponde la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material y la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la defensa) y el de Industria.

VI Legislatura (1996–2000)

Ministro de Defensa: Eduardo Serra Rexach

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Ministro de Industria y Energía: Josep Piqué i Camps

VII Legislatura (2000–2004)

Ministro de Defensa: Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde

Secretario de Estado de Defensa: Fernando Díez Moreno

Ministros de Ciencia y Tecnología: Anna María Birulés Bertrán (2000–2002), Josep Piqué i Camps (2002–2003) y Juan Costa Climent (2003–2004)

VIII Legislatura (2004–2008)

Ministros de Defensa: José Bono Martínez (2004–2006) y José Antonio Alonso Suárez (2006–2008)

Secretarios de Estado de Defensa: Francisco Pardo Piqueras (2004–2007) y Soledad López Fernández (2007–2008)

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: José Montilla Aguilera (2004–2006) y Joan Clos i Matheu (2006–2008)

IX Legislatura (2008–2011)

Ministra de Defensa: Carme Chacón Piqueras

Secretario de Estado de Defensa: Constantino Méndez Martínez

Ministros de Industria, Turismo y Comercio: Miguel Sebastián Gascón

X Legislatura (2011-)

Ministra de Defensa: Pedro Morenés y Álvarez de Eulate

Secretario de Estado de Defensa: Pedro Argüelles Salaverría

Ministros de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria López

De esta caterva, Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA, siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las llamadas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

Todo esto nos indica que estamos en manos de un lobby: una clase política y militar (podríamos seguir por Piqué, Bono, García Vargas, Villar Turrau, Sebastián Zaragoza, Francisco Torrente, Enrique Navarro…), con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público. Las mismas empresas que aparecen en el informe de la SEDEF de esta guisa:

- las empresas beneficiadas con los anticipos apenas han iniciado sus devoluciones al Tesoro. Entre 1997 y 2011 sólo han devuelto 147 millones de euros; a cambio, han recibido 23.415 millones de euros

- el beneficio para las empresas es muy cuantioso a largo plazo. Las armas obtenidas generan nuev as obligaciones que, por tratarse de sistemas complejos y tecnológicamente muy avanzados, suponen importantes cuantías que es necesario sumar a las de la propia adquisición (se estima que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición)

- cada PEA está sujeto a revisiones de precios, así como a partidas abiertas que son de contenido variable e incierto (modificaciones contractuales sobrevenidas; importes reservados en los presupuestos de los contratos para eventuales partidas pendientes de contratar; revisiones de precios; penalidades aplicables por retrasos e incumplimientos; importes asociados al tipo de cambio impositivo del IVA; cambios de paridad en las divisas; importes asociados a la ampliación de seguros y garantías…). Estas condiciones leoninas amparan a las empresas adjudicatarias y las elevan a una posición dominante en todo el proceso

- dado que muchos de los PEA han nacido obsoletos, se estima que habrá unos cuantiosos sobrecostes adicionales derivados de la forzada extensión de la “vida en servicio” de ciertos sistemas por retrasos en los programas que los deberían reemplazar.

Y sin embargo, aún puede ser peor. No sólo es que estén pensando en cómo solucionar el problema por la vía rápida (condonación de la deuda) sino que ya están maquinando cuáles serán los nuevos programas. Lo que les preocupa no es la deuda contraída, sino la que está por contraerse, es decir, de dónde van a sacar el dinero para financiar nuevos programas sobre los que ya están trabajando (helicópteros, buques, blindados…). Argüelles ha recalcado que la vocación del Gobierno “no es dejar a la defensa hibernada de por vida y sin posibilidad de ir renovando y adecuando su material”.

En los últimos 15 años se han modificado todas las leyes que ha sido menester para permitir que se pudiera comprar armamento gracias a la venta de los numerosos inmuebles y terrenos de los que era propietario el Ministerio de Defensa (se estima que unos 15 millones de metros cuadrados de terrenos y unas 50.000 viviendas, además de otras propiedades).

Sólo entre 1999 y 2010 esta financiación extrapresupuestaria proveniente de la actividad de la GIED (Gerencia de Infraestructuras de la Defensa) y del INVIFAS (Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas), ahora fusionados en el INVIED, ha generado un crédito superior a los 4.000 millones de euros, que, en su práctica totalidad, han sido destinados a los PEA.

Con la que está cayendo, y a pesar de que el Ministerio de Defensa siempre ha recurrido a la especulación más abyecta con estas propiedades otrora enajenadas a los municipios por el “bien de la defensa nacional” (vendiendo por subasta, contratando a consultoras especializadas en la especulación de inmuebles, modificando el régimen jurídico de los Organismos Autónomos para que pudiesen obrar a su antojo…), temen que el bajón por el que pasa el mercado inmobiliario pueda dejar a los futuros programas sin recursos.

El INVIED ha generado unos ingresos en 2011 que ascienden a 162 millones de euros. Con esta hipótesis de partida, para el período que va de 2011 a 2040, estos ingresos tendrían un valor medio anual de 219 millones de euros corrientes (han tenido en cuenta no sólo la capacidad del organismo de enajenación de inmuebles sino también las nuevas funciones asumidas por el INVIED —utilización y explotación económica y comercial de los bienes de dominio público adscritos al Ministerio de Defensa).

El Consejo de Ministros, además de modificar el techo presupuestario inicial de los programas (lo que ya ha hecho en varias ocasiones) también ha modificado la curva de pagos, lo que generará, a su vez, unos costes financieros que, como podemos ver actualmente, con la prima de riesgo disparada y con una enorme dificultad para captar dinero (los intereses rondan hoy el 7%), pueden suponer un pico.

Para aquellos contratos firmados antes del 30 de abril de2008, si la Administración se demorase en el pago más de dos meses desde la fecha de expedición del documento acreditativo de la realización total o parcial del contrato, deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos de las cantidades adeudadas. Posteriormente, el tipo legal de interés de demora a aplicar será del 8%.

Una proyección optimista (cambio del ciclo económico actual) fija unos intereses de demora de 2.609 millones de euros. Una proyección pesimista (seguir como estamos ahora) dispara esta cantidad hacia nadie sabe dónde.

Concluyendo, estamos ante una mascarada que es un calco de lo que está pasando en el escenario macroeconómico. Al contrario de lo que diría Marx (lo hacen pero no lo saben), estoy convencido de que estos lo hacen y lo saben.

¿En qué se convertirán los casi 40.000 millones actuales en los próximos 28 años que aún pretenden mantenerlos? En ruina.

En nuestras manos está evitar que este tropel de chorizos siga campando por sus respetos.

Fuente: http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926%3Ajohn-doe&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es

 

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Un chiste español 

Isaac Rosa www.eldiario.es, 18/06/2012

Se abre el telón y aparecen, en un mismo escenario: el ex presidente de Bankia firmando su propia indemnización; dirigentes de la Caja Castilla La Mancha, de la CAM y de Banco de Valencia revisando extractos bancarios para comprobar si han cobrado sus respectivos finiquitos; consejeros de ex Cajas de Ahorro hoy convertidas en banco añadiendo ceros a la derecha de diversas cantidades; concejales de urbanismo estrechando manos de promotores mientras con la otra mano se guardan un abultado sobre en el bolsillo; los mismos concejales y otros cuantos más aprobando en plenos municipales nuevos barrios para duplicar o triplicar la población local, urbanizaciones sobre la arena de las playas, campos de golf en zonas resecas, palacios de congresos, auditorios y puentes colgantes de renombrados arquitectos; concejales tránsfugas cambiando de sillón y de voto; presidentes de Diputación inaugurando aeropuertos sin aviones, autovías sin tráfico y museos sin contenido; presidentes y consejeros autonómicos firmando falsos ERE, fraccionando contratos para no sacarlos a concurso, entregando hospitales públicos a empresas constructoras, haciéndose trajes a medida, hablando por teléfono con amiguitos del alma, poniendo primeras piedras de parques temáticos, velódromos, ciudades de las artes, ciudades de la justicia, ciudades de la luz, ciudades de la ciencia, ciudades de la hostia; dirigentes tan defensores de la familia que contratan a la propia hasta varios grados de consanguinidad; directores generales cargando copas, putas y coca al presupuesto; consejos de ministros firmando indultos a banqueros y aprobando amnistías fiscales; bancos perdonando deudas a partidos; gobernantes incrementando su patrimonio a ritmo exponencial; tesoreros firmando contratos fantasma para financiar el partido; empresarios ofreciendo sobornos para conseguir contratos públicos; concejales exigiendo sobornos a empresarios para otorgarles contratos públicos; diputados votando en bloque para impedir comisiones de investigación y comparecencias; empresas privatizadas y entregadas a compañeros de pupitre; palcos futbolísticos donde se cierran negocios; un presidente de la patronal quebrando empresas, dejando agujeros millonarios y a cientos de trabajadores en la calle; grandes fortunas haciendo la declaración de la renta y saliéndole a devolver; aviones con destino a paraísos fiscales que despegan con dificultad por lo cargadas que llevan las bodegas; noventa y nueve mariachis cantando corridos en la junta general de una Sicav; obispos marcando la X en la casilla de la declaración de la renta; obispos disfrutando vacaciones eternas en el paraíso fiscal español; un presidente del Tribunal Supremo cenando de lujo con su amigo en Marbella; el yerno del rey, la hija del rey, el rey; Don Vito saliendo de la cárcel; Jaume Matas usando la escobilla…

¿Cómo se llama la película?

¿Crisis? Frío, frío. ¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Frío, mucho frío, helado. ¿Burbuja? Frío, frío, seguimos lejos. ¿Estafa? Templado, templado. ¿Robo? Calentito, calentito. ¿Corrupción? Caliente, muy caliente. ¿Corrupción masiva? Cada vez más caliente, a punto de quemarte. ¿Corrupción sistémica? Cuidado, cuidado, que te quemas…

Se cierra el telón. Aplausos y risas.

(Se ruega no traduzcan este chiste al alemán, no sea que lo lean en Berlín y acaben mandándonos a tomar por…)

 

 

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Si la Tierra fuese un banco...  

Florent Marcellesi www.blogs.publico.es, 20/06/2012

Cierren los ojos. Imagínense que el planeta Tierra es un banco. Piensen en el balance de su gestión en los últimos años. ¿Qué ven?

En la pirámide, aparece un consejo de administración, mayoritariamente compuesto por transnacionales y Estados desarrollistas, que ha llevado el negocio con un principio básico de injusticia ambiental: privatización de los bienes comunes y de la vida (agua, atmósfera, semillas, genes, etc.) y socialización de las pérdidas para generaciones presentes y futuras: agotamiento de los recursos naturales y contaminación de nuestro entorno. Tras lucrarse alegremente durante décadas a costa de su juguete, ha dejado un déficit ecológico enorme: el año 1986 fue el último año en que el conjunto del planeta fue capaz de (re)generar y asimilar tantos recursos ecológicos como los que consumió y desechó.

Sin embargo, en 1995 tal equilibrio ya no era posible: la biocapacidad generada solo cubrió hasta el 21 de noviembre, y en el 2010 hasta el 21 de agosto. Como no, este consejo ha maquillado hasta el último momento las cuentas reales de su empresa. Montando cortinas de humo, como el marketing verde o el desarrollo sostenible, ha conseguido hacernos creer que su pésima gestión es el maravilloso objetivo que tendrían que alcanzar las personas más desfavorecidas y los países del Sur. La letra pequeña del contrato indica, no obstante, que vivimos a crédito ya que si continuamos con el business as usual, la humanidad necesitaría 2 planetas en el 2030 y casi 3 en el 2050 para satisfacer sus demandas. Pero sobre todo, indica que no existe ningún seguro, ni cantidad monetaria, que pueda revertir el salto colectivo de una civilización al precipicio.

Al mismo tiempo, se van acumulando las deudas, convirtiendo las deudas privadas (de unos pocos) en públicas (de toda la ciudadanía). Por ejemplo, la deuda de carbono, es decir la deuda adquirida por la contaminación desproporcionada de la atmósfera por parte de los países del Norte, ascendía a nivel mundial en 1990 a 1 millón de millones de euros. Por si fuera poco, el precio de barril de petróleo, verdadera prima de riesgo del sector ecológico y factor clave en las crisis alimentarias y financieras, no deja de batir récords en los mercados, empujada por la especulación, la demanda de los países emergentes y la imposibilidad de producir más oro negro. Resumiendo: antes de la crisis y según los criterios manejados por parte de las agencias de notación, esta gestión habría merecido una triple A. Después de la crisis y según los criterios manejados por los gobernantes, los responsables de tal estafa ecológica se habrían merecido un jugoso premio. En definitiva, si la Tierra hubiese sido un banco, se habría merecido un buen rescate.

Sigan con los ojos cerrados y, ante tantos despropósitos que nos pueden llevar hacia el ecofascismo o el colapso, dejen fluir la indignación dentro de sus venas. Acompañen mentalmente a todos aquellos movimientos y personas que luchan contra los desahucios ecológicos, en España o en Argentina contra el fracking, en Perú o África contra las minas gigantes a cielo abierto, en Brasil y China contra las represas faraónicas. Como el #15MpaRato y como en Islandia, además de resistencia, pidan verdad, justicia y reparación a los responsables de todos estos desastres ambientales. Aunque todavía no exista un Tribunal Internacional de Justicia Climática (¡reivindiquémoslo!), hagamos como en Ecuador donde Chevron-Texaco está condenado a pagar más de 9.000 millones de dólares a comunidades indígenas y colonos mestizos por los daños socioambientales causados durante sus operaciones petroleras en la Amazonia.

No nos conformemos con esto: demos también voz a los sin voz para que la Pacha Mama —sustento esencial de la vida en el planeta— tenga derechos. Pongamos en marcha en el Norte alternativas como las iniciativas en Transición, las monedas locales y bancos de tiempo, los mercados sociales, los huertos urbanos, los grupos de consumo, las cooperativas energéticas o de vivienda, la economía solidaria y del cuidado, etc.. Reforcemos así la autonomía y el empoderamiento personales y colectivos, la soberanía alimentaria y energética, el buen vivir y la autogestión de los bienes comunes, es decir todas aquellas actividades que nos permiten crear sociedades resistentes a los durísimos cambios ecológicos ya presentes y aún por venir. En este otro mundo, la Tierra no sería una entidad financiera vertical y tecnócrata: sería más bien una cooperativa horizontal y del conocimiento libre donde la meta es vivir bien con menos. Sin austeridad impuesta, ni crecimiento ilusorio, desde la conciencia de que si estamos en esta nave Tierra, es para ser felices dentro de los límites ecológicos del Planeta.

Pueden abrir los ojos: este mundo ya está en construcción. Pase lo que pase en Río+20 y demás cumbres internacionales, está aquí, al lado de su casa. Búsquenlo y súmense.


Florent Marcellesi es activista ecologista e investigador, miembro de Equo 

 

 

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Actividades de la APDHA

 

 

Os recordamos que la Asamblea General de socios y socias de la APDHA se celebrará en Antequera (Málaga) este fin de semana, el 23 y 24 de junio de 2012.

Más info aquí

  
 

Delegación de Campo de Gibraltar 

El pasado 15 de junio tuvo lugar una concentración por el cierre del CIE de Tarifa y el uso público y medio ambiental de la Isla de las Palomas.

Fue convocada por la Delegación de Campo de Gibraltar de APDHA, RPS republicanos, Algeciras Acoge, Sindicato Unificado de Policías, IU, CGT.

  

  Delegación de Granada

Mesa de trabajo en Defensa de la Sanidad Pública

El pasado miércoles 20 de junio tuvo lugar una reunión de colectivos y personas a título individual para la creación de una Mesa de trabajo en Defensa de la Sanidad Pública.

Para más información haz clic aquí o contacta con la delegación: granaha.apdha.org

  
 

Delegación de Sevilla

Velá por los Derechos Humanos

El pasado viernes 15 de junio la Delegación de Sevilla celebró la "Velá por los DDHH". Pasamos, junto a muchos amigos y amigas, una noche muy agradable. Gracias a todas las personas que asistieron.

> Ver fotos del evento aquí

  
 

Delegación de Sevilla

La Delegación de Sevillla de APDHA, junto con otros colectivos, forman la PLATAFORMA MULTICULTURAL POR UNA SANIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS. Esta plataforma surge como rechazo al Real Decreto Ley 16/2012.

Una de las actividades llevadas a cabo el pasado 14 de junio ha consistido en la donación de sangre de personas inmigrantes y autóctonas como símbolo de solidaridad.

> Ver imágenes del evento aquí

 

  

 

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Propuestas

 

Día Mundial del Refugiado: 20 de junio. Lista de refugiados y migrantes que han muerto en su intento de entrar en la "Europa Fortaleza", o como resultado de las políticas de inmigración europeas. En inglés.

Ver información aquí

  

Vídeo de CEAR que muestra por qué las personas refugiadas no entran en Europa. Participan Carmen Machi, Almudena Grandes, Donat Mbuyi, Tristán Ulloa, Nuria Espert, Baltasar Garzón e Iñigo Lamarca. 

http://cear.es/noentran/
  

Manifiesto lanzado por la Fundació per la Pau, Intermon Oxfam y Amnistía Internacional «NI UN ARMA PARA ATROCIDADES, ES HORA DE UN TRATADO A PRUEBA DE BALAS» 

Adhiérete al Manifiesto aquí
Más información sobre la campaña aquí
  

Postgrado Derechos Humanos en un Mundo Global, edición 2012-2013. De la Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza, en colaboración con la UPV-EHU Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea) 

Para más información sobre el curso:  http://dh.asmoz.org/
Secretaría del postgrado: 943 21 23 69  (Att. Itziar Carro)
  

Recogida de firmas para la Dación en Pago. Firmas para llevar al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que modifique la ley hipotecaria y garantice el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía. 

http://www.quenotehipotequenlavida.org/ 
  
XI VELADA MUSICAL EN GIBRALFARO (Málaga) EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA
6 de julio de 2012 

Más información aquí

  
La problemática de los derechos humanos en tiempos de crisis arrancan. V Cursos de Verano de la UMA. Más información aquí 
  

 

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