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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-07-09
Fecha: 9 de Julio, 2012  15:35:56 (+0400)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 09 de julio de 2012, 10.921 suscriptores
 

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Informe sobre la situación de las trabajadoras domésticas inmigrantes en la provincia de Cádiz

 

En la labor que se realiza de atención a inmigrantes, la APDHA de Cádiz se enfrenta diariamente a la realidad del fenómeno de la inmigración y muchas de las personas que vienen a la asociación son mujeres que trabajan en el servicio doméstico, y que exponen a veces las dificultades laborales, sociales, económicas vinculadas a la actividad que ejercen.

Ante la falta de conocimiento sobre esta realidad de las trabajadoras domésticas en la Bahía de Cádiz, la APDHA decidió realizar un trabajo de investigación sobre este tema, para recoger testimonios, historias personales e intentar dar una cara más humana a una faceta de la inmigración siempre presentada como un fenómeno de masas. 

> Descargar resumen-presentación del informe

> Informe completo:


 

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Droits de l'Homme à la Frontière Sud 2012

 

Ya está disponible nuestro informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2012 en francés.

Rapport en Français:


 

La versión en español la puedes descargar aquí

 

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Exclusión en nuestros barrios

Natalia García Caballos, Delegación de Granada - Publicado en www.ideal.es - 28/06/2012

Recientemente hemos sido testigos de las reacciones contra la apertura de un centro social de atención y acogida de personas sin hogar en un barrio de Granada. Bajo el eslogan de 'No al deterioro del barrio' se están manifestando públicamente utilizando argumentaciones de todo tipo que hacen referencia al instinto más básico del ser humano: el miedo.

Las actitudes solidarias que vemos a menudo en nuestra sociedad son más fáciles cuando el excluido se encuentra lejos y es desconocido. Pero la exclusión no tiene fronteras. Siempre ha estado cerca y cada vez es mayor y más visible. Especialmente en los tiempos en los que vivimos, en los que mensualmente decenas de personas pierden sus hogares en la provincia y, muchas de ellas, se ven forzadas a sobrevivir en las calles al margen de la sociedad, que las rechaza y excluye. En estas ocasiones aparecen los peores sentimientos que pueda albergar el ser humano en forma de miedos.

Es la cuarta vez, en diferentes ubicaciones, que se niega la apertura de este centro. En todos estos años la preocupación no ha sido la de encontrar una alternativa digna para los usuarios del mismo ni la de crear dinámicas solidarias para que las duras realidades de las personas que acuden puedan cambiar. Simplemente, algunos vecinos se limitan a manifestarse en contra cuando parece que han encontrado un nuevo local.

El argumento principal utilizado para oponerse a su apertura son los problemas que puedan plantear. Sin embargo existen centros similares en varias zonas de la ciudad sin que se produzcan conflictos sociales. Además, si surgiera algún tipo de dificultad, la solución no sería la de cerrar el centro sino, al contrario, la de generar las herramientas y recursos necesarios para solucionarlos. En muchas otras ocasiones se producen situaciones parecidas en nuestra sociedad, e incluso más graves, y se intenta hacerles frente de un modo democrático y sensato, con la experiencia de que es posible.

Se está olvidando el problema principal que subyace a esta situación: la propia existencia de personas sin hogar ni recursos (más de 200 en Granada). Esta realidad es inadmisible y atenta contra la dignidad de los seres humanos. La criminalización de la pobreza intentando alejarla de uno mismo sólo muestra la fractura social que está teniendo lugar. Especialmente cuando todos ellos, antes de encontrarse en la situación en la que viven ahora, tenían una vida como la nuestra: con familia y trabajo. Cualquiera de nosotros, o alguien cercano, podemos vernos en su lugar muy fácilmente.

Es necesario alzar la voz contra la injusticia que está sufriendo este colectivo. Injusticia por parte de algunas personas que dificultan la creación de un local de acogida que puede ofrecerles una mínima calidad de vida (un lugar donde tomar algo caliente, ducharse y cambiarse de ropa). Injusticia por parte de la administración de nuestra ciudad que no dispone de albergues públicos suficientemente dotados que permitan ofrecerles alternativas dignas. Injusticia por parte del Gobierno andaluz que aún no ha aprobado un proyecto de Ley de Inclusión que debería impedir estas situaciones.

Algunas personas, al leer estas líneas, dirán que ese centro de acogida lo coloquen cerca de nuestra casa. Pues adelante, no vamos a ser nosotros quienes se opongan. Al contrario, insistiremos en nuestro esfuerzo para comentar con nuestros vecinos estas reflexiones y construir una realidad diferente.

Trasladar los problemas para no verlos no sirve para nada. Es necesario hacerles frente y luchar para que los poderes públicos y la sociedad apuesten por una solución, basada en la solidaridad y la justicia, única vía para conseguir ese otro mundo mejor en el que nosotros, y con seguridad mucha otra gente, creemos.

 

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APDHA-Cádiz denuncia la persecución de las personas que intentaron dar un uso social al edificio "Valcárcel"

Comunicado Delegación de Cádiz, 06/07/2012 

Mientras el edificio histórico y público de “valcárcel” sigue vacío y deteriorándose, la persecución de la personas que intentaron darle un uso social, es cada vez mayor y mas cuestionable democráticamente.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz, cuyo titular es Jorge I. Bartolomé Moriano, ha dado una vuelta de tuerca verdaderamente inadmisible en la persecución a que se está sometiendo a las personas que hicieron uso el pasado verano del edificio público del “Valcárcel”.

En un auto de 25 de mayo, el juez de instrucción ha exigido a las empresas proveedoras de Servicios, sitas en EE.UU., Facebook, Yahoo y Google, que faciliten a la UDYCO todos los datos de las personas que han podido acceder o usar las cuentas de correos y perfiles de Facebook asociados a las actividades sociales y culturales que de forma pacífica y pública se desarrollaron en el Valcárcel en el período señalado.

El Juez ha exigido los IP de las personas que han accedido a dichas cuentas, las conexiones realizadas detallando fecha y hora, la vista expandida de los perfiles de usuario, los datos de registro proporcionados para abrir las cuentas,  etc…

Creemos que una medida de este tipo, que supone una especie de búsqueda indiscriminada y aleatoria de personas, no puede ser más injusta, viola probablemente derechos fundamentales y en todo caso es claramente desproporcionada.

Este auto puede constituir una violación del artículo 18.3 de la Constitución Española que garantiza el secreto de las comunicaciones. Como ha manifestado el Tribunal Constitucional “en una sociedad tecnológicamente avanzada como la actual, el secreto de las comunicaciones constituye no sólo garantía de libertad individual, sino instrumento de desarrollo cultural, científico y tecnológico colectivo” (STC 132/2002, de 20 de mayo).

Además la lista de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a este respecto es bastante numerosa. En una de ellas precisamente alerta en el sentido de que si las autoridades han de ser precavidas a la hora de proceder a intervenir comunicaciones de presuntos delincuentes, mayor protección se necesitará para garantizar el secreto de terceras personas. Y en otra, el TEDH subraya el hecho, que con frecuencia se olvida, de que las vulneraciones podrían reportar consecuencias perjudiciales no sólo para las personas directamente afectadas sino para la sociedad democrática entera.

 Tanto el constitucional como el TEDH o incluso el TS, han señalado que la medida de violentar o bordear la privacidad de las comunicaciones de las personas, sólo puede hacerse de forma proporcional y en casos de especial gravedad, donde el bien a proteger (la comisión de un grave delito) sea superior al derecho constitucional a que no sean intervenidas las comunicaciones de los afectados.

No es el caso presente. Consciente de ello el juez intenta justificar en su auto lo injustificable, citando textualmente párrafos que cualquiera puede entender que no son aplicables a este supuesto;  es el caso la Sentencia del TS de 6 de octubre de 1995, que dice que se aplicarán medidas como las tomadas en caso de seguridad nacional, defensa del orden y protección de los derechos y las libertades… cualquiera puede preguntarse si por defensa de derechos y libertades se puede entender el derecho de Diputación y Zaragoza Urbana a especular y dejar en el abandono un bien  público. O puede preguntarse si los hechos producidos (insistimos uso de un edifico público abandonado) son suficientemente graves para asimilarlos a problemas de seguridad nacional y pedir datos en los que pueden estar afectados centenares de personas.

Se trata pues de una medida judicial injusta, que roza la inconstitucionalidad, que vulnera derechos de centenares de personas y que es manifiestamente desproporcionada.

En Valcárcel no ha habido una ocupación. Lo que ha habido es un abandono y un deterioro consentido conscientemente, en función de peleas políticas, intereses económicos no declarados o simplemente la más absoluta desidia. Es curioso que la fiscalía se haya negado a investigar esta desidia, solicitada por más de mil personas con su firma, que puede constituir malversación de caudales público, aunque fuere por omisión que también está recogida en el Código Penal.

Para quienes hemos estado en Valcárcel durante los siete meses que duró su uso social por un grupo de ciudadanos, hemos podido comprobar que con escasos medios se iba reparando el desperfecto ocasionado por años de abandono. Y se pudo ver que habían desaparecido vigas y puertas de maderas nobles que habían ocurrido por el descontrol o  directamente el expolio.

Quienes durante 7 meses dieron vida a un edificio público abandonado para que miles de personas lo usaran para aprender, convivir y convertirlo en uso colectivo, son tratados como peligrosos delincuentes. Por el contrario lo especuladores, los responsables del abandono del Valcárcel como los políticos de la Diputación o la empresa Zaragoza Urbana, probablemente siguen cobrando suculentos emolumentos y burlándose el pueblo de Cádiz, sin hacer nada por el Valcárcel.

Desde la Delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, queremos además manifestar nuestra profunda preocupación por el creciente deterioro que se viene produciendo de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pensamos que esta actuación policial y judicial en el caso Valcárcel se enmarca en los crecientes recortes democráticos para dichas libertades ciudadanas.

La prevista modificación del Código Penal pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II Título XXII que regula los delitos de orden público. La resistencia pacífica, será considerada atentado a la autoridad; se agravará el tipo de desobediencia a la autoridad en caso de manifestación o concentración; los que sean acusados de atentado a la autoridad (una figura común por parte de policías y jueces casi por cualquier cosa) podrían ir a prisión provisional; multas por variar el itinerario de una manifestación; lo que hoy es una falta (no comunicar una manifestación) será considerado delito; etc…

Desde la APDHA consideramos que con estas medidas y las actuaciones policiales y judiciales que se están produciendo en toda España contra los movimientos sociales, se pretende actuar “preventivamente” y sobre todo se intenta criminalizar la disidencia y a quienes se opongan a los recortes sociales y a las políticas económicas que nos están imponiendo.

Como decía la Asamblea Popular de Valcárcel Recuperado, esta vuelta de tuerca del juzgado de Instrucción nº 1, y las multas y la represión violenta de personas que defienden su derecho al trabajo o a una vivienda digna o hacia quienes denuncian la corrupción y la injusticia generalizada, se produce por contraste en un contexto en que la impunidad es total para quienes arruinan este país y se van de los consejos de administración de los bancos con sueldos millonarios, para quienes dilapidan los bienes públicos, o para uienes permiten que se arruine el patrimonio de nuestro país.

Desde la APDHA creemos imprescindible la participación ciudadana, de forma consciente y democrática, para oponerse a medidas que coartan nuestras libertades y deterioran nuestros derechos, tal vez de forma irreversible.

 

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APDHA-Sevilla: Entidades sociales y ciudadanas exigen la restitución del suministro de agua en la Corrala "La Utopía"

Comunicado Delegación de Sevilla APDHA, ISF-Andalucía, Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, Facua Sevilla - 05/07/2012

Un grupo de entidades sociales y ciudadanas de la ciudad de Sevilla entre las que se encuentran Ingeniería Sin Fronteras-Andalucía, Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, FACUA Sevilla y la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han firmado un manifiesto de apoyo a la Corrala “La Utopía” en el que exigen el restablecimiento inmediato del suministro de agua por parte de EMASESA, haciendo responsables a técnicos directivos y autoridades políticas, de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar del corte del suministro.

Días después de que las familias hicieran pública su voluntad de abonar un alquiler social, así como de hacerse cargo del coste del suministro de luz y agua que utilizaban, tanto Endesa como la Empresa Metropolitana de Agua (EMASESA), cortaron los suministros. La justificación que esgrimió el Ayuntamiento para actuar de este modo a través del Alcalde de Sevilla J.I.Zoido, fue la pretensión de no infringir el ‘principio de igualdad entre usuarios’, basándose en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, que exige para ello la cédula de primera ocupación, imposible de tramitar careciendo de los títulos de propiedad del inmueble.

No obstante, las entidades firmantes exigen el restablecimiento del suministro argumentando que “el agua es un elemento indispensable para la vida, la dignidad de las personas y el desarrollo humano”, entendiendo que su carácter vital y esencial es también lo que ha conducido a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar, en julio de 2010, que el derecho al abastecimiento y saneamiento básico sea “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". Esto significaría que España, que votó a favor de esta iniciativa y por tanto está obligada a trasladar este derecho a su Constitución y a su legislación positiva, y su gobierno, deben garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a todos sus ciudadanos, y hacerlo bajo principios de universalidad, accesibilidad, continuidad, transparencia y participación.

Para ellos, el caso de “La Corrala” muestra que el reconocimiento de estos derechos es una tarea pendiente en la ciudad de Sevilla, que no acaba de ser entendida ni por el Ayuntamiento de Sevilla, ni por Emasesa, ni por la Junta de Andalucía, que conforme a la ley andaluza del agua y a la legislación sanitaria deben garantizar este acceso.

El manifiesto, al que a partir de hoy podrán adherirse otras entidades y ciudadanos, concluye afirmando que “el principio de igualdad entre usuarios en el que se basa el razonamiento del Ayuntamiento de Sevilla, viola el principio de justicia, de seguridad y de garantía al acceso al agua potable y al saneamiento (universalidad y no discriminación) de estas familias”.

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento de Sevilla, a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento (EMASESA), al distrito sanitario competente y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, “la reanudación inmediata del suministro de agua potable y saneamiento al bloque de San Lázaro”, para acabar así con una situación que consideran “atenta contra los derechos humanos y constitucionales de las 36 familias afectadas”, haciendo responsables “a técnicos directivos y autoridades políticas” de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar de esta medida, que creen “injusta, coercitiva y cruel.”

> Lee el Manifiesto

> Os invitamos a que, individualmente o desde vuestra organización, os adhiráis al manifiesto, que encontraréis en el siguiente enlace: Manifiesto de apoyo a La Corrala

Si decidís hacerlo, incorporad el nombre de vuestra entidad en el listado que aparece al final, junto con un correo electrónico. Enviad también una confirmación de vuestra adhesión:
Para: coropia@...@gmail.cAsunto: "adhesión Manifiesto" 

 

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APDHA-Sevilla: Organizaciones exigen el cese del trato violento a las personas inmigrantes por parte de las instituciones policiales e interponen una nueva denuncia ante los tribunales

Comunicado de la Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes, a la que pertenece la Delegación de Sevilla - 21/06/2012

La Plataforma contra la violencia institucional hacia los inmigrantes - de la que forma parte la Delegación de Sevilla de APDHA - exige que cese el acoso que se lleva a cabo hacia las personas inmigrantes desde diferentes instituciones públicas. Mañana viernes volverá a interponer una denuncia ante una desmedida acción policial contra cuatro solicitantes de asilo subsaharianos. La plataforma se mostró esperanzada debido a que recientemente los tribunales le han dado la razón dictando sentencia favorable en un caso apoyado recientemente por la misma.

La plataforma manifestó que considera inaceptable e injustificable los constantes controles de identidad, redadas y detenciones a los que son sometidas las personas inmigrantes. Estas prácticas se llevan a cabo en muchos casos, según la información suministrada  por los afectados,  sin cobertura legal y utilizando como criterio de selección el perfil étnico de las personas en lugar de la presunción de la comisión de un delito. La plataforma denunció que las identificaciones van acompañadas, muchas veces, de actitudes que atentan contra la dignidad de cualquier persona.

Asimismo, la plataforma respalda sus afirmaciones en la sentencia del tribunal nº2 de lo penal por la que se absuelve a un inmigrante, Birahim, acusado de agredir a la policía, habiendo sido él agredido (denuncia interpuesta por la policía por resistirse en la detención). La plataforma respaldó con asistencia letrada a las víctimas que se han personado como acusación particular contra la policía.

Por otro lado, la plataforma hizo público que ha ofrecido asistencia jurídica para interponer una nueva denuncia mañana viernes 22 de junio, así como, asistencia para la defensa en un caso en el que la Policía Nacional insultó, agredió, detuvo y denunció a cinco jóvenes subsaharianos solicitantes de asilo. Estos resultaron contusionados, uno de ellos incluso con labio partido y tres dientes rotos. Otro de ellos, minusválido, terminó tendido en el suelo sin ropa, sin sus prótesis y sin su muleta.

Finalmente, la plataforma denunció que la violencia institucional contra los solicitantes de asilo no se limita a lo policial ni a la actuación del CAR. El número de solicitantes de asilo desciende cada año en España debido a las negociaciones con Marruecos para que sea este quien no deje pasar a las personas en busca de refugio dificultando la posibilidad de solicitarlo. La pla taforma denunció que España está  a la cabeza de Europa en vulneración del derecho de protección y de asilo.


http://plataformaderechosinmigrantes.blogspot.com/ 

La Plataforma contra la violencia institucional se constituyó en 2010 aglutinando a asociaciones de inmigrantes, de apoyo a inmigrantes y de defensa de derechos ante la constatación manifiesta de que se estaba ejerciendo prácticas racistas y discriminatorias desde las instituciones públicas.

Actualmente forman la plataforma: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, Voluntariado Claver, Mesa Cristiana de Migraciones, Fundación Sevilla Acoge, MAD África, Grupo de abogados 17 de Marzo.

 

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Vídeos de presentación del Informe sobre la Tortura 2011: general, Andalucía, Catalunya, Euskal Herria  

 El pasado mes de junio tuvo lugar en Sevilla una rueda de prensa de presentación del Informe sobre la Tortura y Malos Tratos en el Estado español en 2011, que anualmente publica la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, con la intervención de  representantes de la CPDT.

En este artículo te dejamos el enlace a los vídeos de la rueda de prensa:

Carlos Hernández, de Salakheta-Bizkaia, realiza la presentación general y expone la sección de Euskal Herria.
Lluisa Domingo, de Coordinadora Catalana Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, nos habla sobre la sección catalana.
Pastora Filigrana, de la Cordinadora para la Prevención de la Tortura-Andalucía, explica los datos del informe sobre Andalucía.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, www.prevenciontortura.org es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos; en Andalucía está  constituida por la APDHA, la Federación Enlace y el Grupo de Juristas 17 de marzo.

> Ver vídeos de la rueda de prensa en nuestro canal de youtube

 

 

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La Asamblea de Ceuta se "solidariza" y reprueba las condiciones de trabajo de las porteadoras marroquíes en la frontera

www.lainformacion.com - 27/06/2012

La Cámara autonómica de Ceuta ha aprobado en su Sesión Plenaria Ordinaria del mes de junio por unanimidad un "reconocimiento explícito en defensa de la dignidad humana y en solidaridad con la tragedia de las porteadoras marroquíes".

La Cámara autonómica de Ceuta ha aprobado en su Sesión Plenaria Ordinaria del mes de junio por unanimidad un "reconocimiento explícito en defensa de la dignidad humana y en solidaridad con la tragedia de las porteadoras marroquíes".

Los tres grupos con representación institucional (PP, Caballas y PSOE) han secundado la iniciativa planteada por la coalición localista para dejar claro que "resulta imprescindible apostar por un desarrollo sostenible que tenga como prioridad las personas y el empleo digno en toda la zona" porque "ello evitaría que miles de mujeres se vean obligadas a un trabajo tan cruel e inhumano como el porteo de mercancías en las frontera".

El diputado Juan Luis Aróstegui (Caballas) ha sido el encargado de pedir a la Asamblea que demuestre una "sensibilidad especial" para con este colectivo, que por millares cruza el paso fronterizo del Tarajal varias veces al día para llevar al Reino alauita bultos de todo tipo que pesan hasta 100 kilos y por los que obtienen un máximo de 5 euros, "una realidad muy desagradable con la que nos vemos obligados a convivir pero a la que no podemos darle la espalda".

"A veces he sentido vergüenza ajena cuando medios de comunicación nacionales han hecho reportajes de lo que allí sucede y al ver de manera distante qué sucede junto a nuestra vida más o menos acomodada", ha confesado el portavoz de Caballas, quien ha resaltado que "esto no puede estar supeditado a cuestiones de legislación, procedimientos, económicos o de jurisdicción porque es un valor universal y lo que allí sucede, la situación por la que pasan mujeres y ancianos no es soportable: no podemos permanecer ajenos poniéndonos una venda y esperando a que nos lo retransmitan en directo".

Aróstegui ha reclamado del Pleno que se "haga eco" del movimiento que impulsa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en defensa de una mejora de las condiciones en que trabajan las porteadoras y que lance un mensaje de "que nos preocupan y nos importan todas las personas". "Creemos importante que nuestra ciudad haga un ejercicio de reconocimiento de esta situación tan poco agradable y que acabemos de una vez por todas con una situación calificada por muchos de infierno", ha remachado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, sólo ha matizado la propuesta original para recordar que "no se puede responsabilizar a los ceutíes" ni "asumir un sentimiento de culpabilidad excesivo" por esa situación, "fruto de las diferencias de poder económico y adquisitivo que se producen a ambos lados de la frontera".

"A nosotros lo que nos gustaría es que ahí hubiese una aduana comercial, una frontera moderna, y a ello nos deberíamos sumar todos", ha recordado el consejero, quien ha querido dejar patente su alabanza al trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, así como "al interés del Estado, ahora y antes, porque ese paso sea acorde con un país de la UE como España en el que se siga velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional".

"Desde el Gobierno de España se hace todo lo posible desde el punto de vista técnico y diplomático para mejorar la frontera, pero esto no depende sólo de nosotros", ha concluido Martínez, quien ha señalado a la Mesa por la Economía como un espacio idóneo para "reestructurar" los polígonos anexos a la frontera "y que ello redunde en regularizar el comercio de la zona y acabar con esta situación".

 

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El mal de las guerras humanitarias

Jonathan Cook www.rebelion.org - 30/06/2012

En una película tradicional de vaqueros, sabemos qué hacer: buscamos al sujeto que lleva el sombrero blanco para saber a quién aplaudir, y al que lleva el sombrero negro para saber quién merece morir, de preferencia horriblemente, antes de que empiecen a mostrar los créditos. Si Hollywood aprendió temprano a abusar de esas emociones tribales, ¿dudamos de que los autores de los guiones políticos en Washington sean menos sofisticados?

Desde el 11-S, EE.UU. y sus aliados de  Europa nos han persuadido de que libran una serie de guerras “de sombrero blanco” contra regímenes de “sombrero negro” en Medio Oriente. Cada una nos ha sido presentada engañosamente como una “intervención humanitaria”. El ciclo de ese tipo de guerras todavía está lejos de llegar a su fin.

Pero durante el curso de la última década, la presentación de esas guerras tuvo que cambiar. Como lo comprende bien Hollywood, los espectadores se cansan rápidamente del mismo argumento fingido.

Dejando a un lado las declaraciones del primer ministro israelí Binyamin Netanyahu, hay un límite para las veces en las que se nos pueda convencer de que hay un nuevo Hitler en Medio Oriente y de que se acerca rápidamente el momento en el cual ese maligno cerebro logre desarrollar un arma apocalíptica para eliminar a Israel, EE.UU. o tal vez el planeta.

En el Hollywood de los años cincuenta, la solución para el aburrimiento del público era simple: A la hora señalada [Solo ante el peligro en España] puso un sombrero negro al noble sheriff, Gary Cooper y uno blanco al malvado pistolero. Ofreció un barniz de complejidad, pero en realidad la misma fórmula del bueno y el malo siguió las líneas familiares.

Si Washington necesitó una nueva trama después de las invasiones de Iraq y Afganistán, no tuvo que trabajar demasiado para encontrar una. Le ayudaron los rápidos cambios que estaban ocurriendo en el entorno político de Medio Oriente: la denominada Primavera Árabe. Washington no puede haber pasado por alto las vicisitudes emocionalmente gratas presentadas por el despertar de fuerzas populares contra la mano amortiguadora de regímenes autocráticos, muchos de ellos instalados hace décadas por Occidente.

La realidad, claro está, es que EE.UU. y sus aliados tienen los mismos planes que antes de la Primavera Árabe: es decir, que tratan de preservar sus intereses geopolíticos. Al respecto, tratan de contener y revertir peligrosas manifestaciones del despertar, especialmente en Egipto, el más populoso e influyente de los Estados árabes, y en el Golfo, nuestro oleoducto de las reservas más abundantes de petróleo del mundo.

Pero para Washington, la Primavera Árabe planteó oportunidades así como amenazas, y estas últimas están siendo explotadas en gran medida.

Afganistán e Iraq siguieron un modelo de “intervención” que ahora ha sido ampliamente desacreditado y que probablemente ya no es viable para Occidente enfrentado a la decadencia económica. Ya no es fácil convencer a los públicos occidentales de que nuestros ejércitos deberían invadir, ocupar y “asegurar” por sí solos Estados de Medio Oriente, especialmente en vista de lo mal agradecidos que han resultado ser los objetos de nuestra generosidad.

Las guerras humanitarias podrían haber caído en saco roto si la Primavera Árabe no hubiera abierto nuevas posibilidades de “intervención”.

El despertar árabe creó una nueva dinámica en Medio Oriente que se opuso a la dominación de las elites militares y políticas tradicionales: fuerzas democráticas e islamistas fueron alentadas por una nueva confianza; elites empresariales vieron oportunidades económicas interiores mediante la colaboración con Occidente; y grupos étnicos, religiosos y tribales oprimidos vieron una posibilidad de saldar viejas cuentas.

No es sorprendente que Washington haya mostrado más interés en cultivar a los últimos dos grupos que al primero.

En Libia, EE.UU. y sus aliados de la OTAN se sacaron el sombrero blanco y se lo entregaron a los denominados rebeldes, incluyendo sobre todo a tribus caídas en desgracia con Gadafi. Occidente asumió un papel visible, especialmente en sus bombardeos, pero se aseguró de que los protagonistas locales fueran presentados como los conductores. Occidente se mostró muy satisfecho con un rol menor: apoyar a los ‘buenos’.

Después de que el paria libio, Muamar Gadafi, fue asesinado por los rebeldes el año pasado, presentaron los créditos. La película había terminado para los públicos occidentales. Pero para los libios comenzó una nueva cinta, en un lenguaje extraño para nosotros y sin subtítulos. La limitada información que se ha filtrado desde entonces sugiere que Libia está sumida en la ilegalidad, nada mejor que los páramos políticos que hemos creado en Iraq y Afganistán. Cientos de milicias regionales dominan el país, extorsionando, torturando y asesinando a los que se les oponen.

Pocos pueden dudar de que el próximo en la lista de Occidente sea Siria. Y esta vez, los guionistas de Washington parecen creer que la tarea de convertir un Estado en funcionamiento, aunque altamente represivo, en un caso perdido, puede ser lograda sin que la mano de Occidente sea visible en absoluto. Esta vez el sombrero blanco ha sido asignado a nuestros aliados, Arabia Saudí y los Estados del Golfo, quienes, según los últimos informes, están avivando una incipiente guerra civil no solo al armar a algunos de los rebeldes sino también al prepararse a pagarles salarios, en petrodólares.

La importancia para los gobiernos occidentales de desarrollar narrativas más “complejas” de la intervención ha sido impulsada por la necesidad de debilitar la oposición interior a las continuas guerras en Medio Oriente. La impresión de que estas guerras están siendo inspiradas y dirigidas exclusivamente desde el “interior”, aunque sea por una oposición heterogénea cuya composición sigue siendo tenebrosa para los extraños, agrega un grado de legitimidad adicional; y adicionalmente, sugiere a los públicos occidentales que el coste en dinero y víctimas no será soportado por nosotros.

En tanto que hubo un amplio consenso a favor del ataque a Afganistán, la opinión occidental se dividió, especialmente en Europa, sobre el problema de invadir Iraq de la misma manera. En el mundo posterior al 11-S, el malvado de Afganistán, Osama bin Laden, parecía una amenaza más verosímil para los intereses occidentales que Sadam Hussein. Los críticos de la Operación Conmoción y Pavor han demostrado estruendosamente que tenían razón.

Los despertares árabes, sin embargo, suministraron una trama diferente para una subsiguiente intervención occidental, del tipo que Washington había tratado débilmente de utilizar también en Iraq, después de que no pudo encontrar las armas de destrucción masiva de Sadam. Ya no se trataba de encontrar a una persona o un arma apocalíptica, sino de una misión civilizadora para llevar la democracia a los pueblos oprimidos.

En la era antes de la Primavera Árabe, existía el peligro de que esto se interpretara como otro ardid para promover intereses occidentales. Pero después pareció mucho más plausible. Importaba poco si los protagonistas locales eran elementos democráticos que buscaban una nueva política o grupos étnicos en querellas que buscaban el control de la antigua política para sus propios objetivos de venganza. El objetico de Occidente era apropiarse de ellos, quisieran o no, para la nueva narrativa.

Esta acción erosionó efectivamente la oposición popular a la próxima guerra humanitaria, en Libia, y parece que ya está logrando el mismo fin en Siria.

Por cierto, ha debilitado fatalmente el disenso efectivo de la izquierda, que ha reñido y se ha dividido respecto en cada una de estas guerras humanitarias. Una serie de importantes intelectuales de izquierdas se alineó con el proyecto de derrocar a Gadafi, y más de ellos ya aplauden la misma suerte frente a Basher el-Asad de Siria. Ahora queda solo un resto de opinión crítica de izquierdas que se mantiene firme en su oposición a otro intento de Occidente de crear una implosión de un Estado árabe.

Si se tratara simplemente de una película de vaqueros, nada de esto tendría más que un interés incidental. Gadafi fue y paria y Asad es otro. Pero la política internacional es mucho más compleja que un guión de Hollywood, lo que debería ser obvio si nos detenemos un momento a reflexionar sobre el tipo de sheriffs que hemos elegido y reelegido en Occidente. George Bush, Tony Blair y Barack Obama tienen probablemente más sangre en sus manos que cualquier autócrata árabe.

Muchos en la izquierda tienen dificultades para analizar el nuevo Medio Oriente con algo que se aproxime a la sofisticación de los planificadores militares de Washington. Esta falla deriva en gran parte de su disposición a permitir que los mercaderes de la guerra confundan los temas significativos –sobre los regímenes, los grupos opositores y la cobertura mediática– relacionados con cada “intervención humanitaria”.

Sí, los regímenes seleccionados para ser destruidos son uniformemente brutales y desagradables para su propio pueblo. Sí, la naturaleza de su régimen debe ser denunciada. Sí, al mundo le iría mejor sin ellos. Pero eso no justifica que Occidente libre guerras contra ellos, por lo menos no mientras el mundo siga configurado del modo actual entre naciones Estado en competencia y egoístas.

Casi todos los Estados de Medio Oriente tienen espantosos antecedentes de derechos humanos, algunos de ellos con características aún menos compensatorias que la Libia de Gadafi o la Siria de Asad. Pero esos Estados, como Arabia Saudí, son cercanos aliados de Occidente. Solo los incurablemente ingenuos o deshonestos arguyen que los Estados a los que ha apuntado Occidente han sido escogidos en beneficio de sus sufridos ciudadanos. Más bien, han sido elegidos porque son vistos como implacablemente opuestos a los intereses estadounidenses e israelíes en la región.

Incluso en el caso de Libia, donde la amenaza de Gadafi a Occidente estaba lejos de estar clara para muchos observadores, los intereses geopolíticos occidentales fueron, en los hechos, el factor dominante. Dan Glazebrook, periodista especializado en política exterior occidental, ha señalado que poco antes de que Occidente volviera su mirada hacia Libia, Gadafi había comenzado a solidificar la oposición africana a Africom, el comando para África establecido por los militares de EE.UU. en 2008.

El papel de Africom es organizar y dirigir tropas africanas de combate con el fin de asegurar, en boca de un vicealmirante estadounidense: “el libre flujo de recursos naturales de África al mercado mundial”. Al derrocar a Gadafi, Africom eliminó al principal desafío a su plan y puso en efecto su declaración de intenciones: ni un solo soldado estadounidense o europeo murió en la operación de derribo de Gadafi.

La tarea de destacar la hipocresía en el centro de la agenda intervencionista no debería descartarse como una simple recriminación mutua basada en hechos del pasado. La mendacidad occidental debilita fatalmente la justificación de una intervención, despojándola de toda apariencia de legitimidad. También asegura que los que son nuestros aliados en esas aventuras militares, com Arabia Saudí, son los que terminarán por conformar los regímenes que emerjan de los escombros.

Y también es un hecho que los pueblos del mundo árabe tienen derecho a vivir en libertad y con dignidad. Tienen derecho a levantarse contra sus dictadores. Tienen derecho a nuestro apoyo moral, a nuestros consejos y a nuestros mejores esfuerzos para utilizar la diplomacia a favor de su causa. Pero no tienen derecho a esperar que vayamos a la guerra por su cuenta, que los armemos o que derribemos a los gobiernos por su cuenta.

Este principio debe mantenerse porque, tal como está configurado actualmente el mundo, la intervención humanitaria no garantiza un nuevo orden mundial sino más bien la ley de la selva. Incluso si se pudiera confiar en Occidente para librar guerras justas, en lugar de las realizadas para promover los intereses de sus elites, ¿cómo podríamos llegar a adivinar qué acción es necesaria para lograr un resultado justo, tanto más en las sociedades aún profundamente divididas de Medio Oriente?

¿Está más seguro el libio promedio porque pulverizamos su país con bombas, porque aplastamos sus instituciones, buenas y malas por igual, porque lo dejamos política y socialmente a la deriva y porque entregamos armas y poder a grupos tribales para que pudieran vengarse de sus predecesores? Es dudoso. Pero incluso si la respuesta no es clara, ante la ausencia de certeza debemos seguir la máxima médica: “Primero, no hagas daño”.

Es el colmo de la arrogancia –no, más bien un complejo de Dios– estar tan seguros como algunos de nuestros políticos y expertos de que merecemos la gratitud de los iraquíes por derrocar a Sadam Hussein al precio probable de más de un millón de vidas iraquíes y de millones de personas más que fueron obligadas al exilio.

Es imposible imponer a las sociedades la democracia desde afuera, como si fuera un ítem que pueda pedirse del menú de un almuerzo. Las democracias occidentales, por imperfectas que sean, se lograron a gran precio por las luchas centenarias de sus pueblos, incluyendo terribles guerras. Cada Estado desarrolló sus propios sistemas de limitaciones y chequeos para encarar las singulares condiciones políticas, sociales y económicas prevalecientes en su caso. Esas libertades, duramente conseguidas, están constantemente amenazadas, entre otros por las mismas elites políticas y económicas que hacen campaña con tanta virulencia para llevar a cabo intervenciones humanitarias en el extranjero.

La realidad es que las libertades no son otorgadas por benefactores exteriores; los pueblos tienen que luchar y conquistarlas. Ninguna sociedad moderna logró la democracia si no fue mediante una lucha gradual y dolorosa, en la que se aprendieron lecciones, a menudo mediante errores, en la que reveses y contratiempos fueron numerosos y en la cual éxitos duraderos se lograron mediante la comprensión de todas las partes de que la legitimidad no se puede conseguir mediante la violencia. Si debemos alguna cosa a otras sociedades que luchan por la libertad, es nuestra solidaridad, no el acceso a los arsenales de nuestros gobiernos.

De hecho, el deber de Occidente no es intervenir más sino intervenir mucho menos. Ya armamos masivamente tiranías como las del Golfo para que puedan proteger el petróleo que consideramos nuestro patrimonio; ofrecemos cobertura militar, financiera y diplomática a la continua opresión de millones de palestinos por parte de Israel, una causa importante de inestabilidad política en Medio Oriente; y apoyamos silenciosamente a los militares egipcios, que tratan actualmente de revertir las conquistas revolucionarias del año pasado.

El apoyo popular a las guerras humanitarias no podría mantenerse sin la difusión de propaganda enmascarada como noticias por nuestros medios corporativos. Durante la última década han mercadeado fielmente las agendas para Medio Oriente de nuestros gobiernos belicistas. Cuando se pone al descubierto el pretexto extravagante de cada guerra, los generales en sus poltronas nos aseguran que han aprendido las lecciones para la próxima vez. Pero cuando revisan el guión –y el sombrero blanco se ha entregado a otro representante de la ley– los mismos eruditos desacreditados de los medios vuelven a justificar la guerra desde la seguridad de sus estudios.

Es otro motivo para avanzar con cuidado. En el caso de Siria, la fuente de la certeza expresada por nuestras salas de redacción no es a menudo otra cosa que un ente unipersonal en la ciudad británica de Coventry, conocido como Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Si Rami Abdulrahman no existiera, nuestros gobiernos intervencionistas y sus cortesanos de los medios habrían tenido que inventarlo. El Observatorio produce las noticias necesarias contra el régimen para justificar otra guerra.

Eso no quiere decir que afirmemos que el régimen de Asad no ha cometido crímenes de guerra. Más bien es que, incluso si las “intervenciones humanitarias” fueran una empresa legítima, no tenemos información permanentemente fiable para evaluar cómo podemos intervenir mejor, sobre la base de “noticias” colocadas en nuestros medios por grupos parciales del conflicto. Todo lo que está claro es que una vez más nos están manipulando con un fin conocido.

Son motivos suficientes para oponerse a otra guerra humanitaria. Pero hay otro motivo por el cual es extremadamente temerario que las personas de la izquierda acompañen los actuales planes de Occidente en Siria, incluso si creen genuinamente que los beneficiarios serán los sirios comunes y corrientes.

Si Occidente tiene éxito en su intervención a cámara lenta, mediante testaferros, en Siria e incapacita a otro Estado árabe por haberse negado a acatar sus órdenes, se habrá preparado la escena para la próxima guerra contra el próximo objetivo: Irán.

Este no es un argumento que excuse la continuación del régimen de Asad. Esa decisión la deben tomar los sirios.

Pero es una advertencia para los que justifican la interminable interferencia en Medio Oriente al servicio de los planes occidentales. Es una advertencia contra guerras cuyo poder destructivo se dirige sobre todo contra civiles. Es una advertencia de que ninguna de estas guerras humanitarias constituye una solución a un problema; solo son un preludio para más guerras. Y es un recuerdo de que no tenemos derecho a actuar como si fuésemos Dios.

Jonathan Cook es escritor y periodista residente en Nazaret, Israel. Su página web es www.jkcook.net

 

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La trama golpista en Paraguay

Luismi Ugarte www.gara.net - 03/07/2012

El arraigo sociológico del bipartidismo oligárquico de colorados y liberales es la clave para comprender la facilidad con la que el Congreso ha dado el golpe. Su objetivo, cerrar un proceso de cambio que había abierto espacios de democratización y acumulación de fuerzas populares. La destitución «exprés» del presidente paraguayo, Fernando Lugo, por parte del Congreso el pasado 22 de junio, mostró de manera descarnada la soberbia y la prepotencia de los que nunca dejaron de mandar en el país. Después de más de una veintena de amenazas de juicio político a lo largo de estos cuatro años de mandato, finalmente terminaron consumando el golpe parlamentario.

El golpismo y la prepotencia quedan en evidencia cuando revisamos los «motivos de la destitución» del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ya que una de las cinco razones para defenestrarlo fue haber firmado el Protocolo de Ushuaia en el año 2011, que es un instrumento jurídico del Mercosur a favor de la democracia y contra los golpes de Estado, para evitar golpes como el de Honduras de 2009. Es decir, el Congreso destituye a Lugo, entre otras razones, por firmar protocolos contra los golpes de Estado en la región. La diferencia con Honduras, como muy sarcásticamente confesó el exvicepresidente Federico Franco, hoy presidente de facto, es que «a Zelaya se lo llevaron de su casa, por la noche y en pijama».

¿Cómo es posible que en 24 horas expulsen a un Gobierno electo? En primer lugar, hay que recordar que el Gobierno de Lugo era una anomalía en la estructura del poder realmente existente en Paraguay y por lo tanto un elemento indeseable para los poderes fácticos, a pesar de su perfil moderado. Un Ejecutivo excesivamente heterogéneo (desde la izquierda marxista hasta la derecha liberal) se enfrentaba a una estructura de poder sólida y estable en el tiempo.

El arraigo sociológi co del bipartidismo oligárquico de colorados y liberales es uno de los elementos claves para comprender la facilidad con la que el Congreso ha consumado el golpe. Los dos partidos que se han repartido el poder político durante 130 años (1880-2008) continúan siendo los dos partidos mayoritarios, con alrededor del 75% de los congresistas. Si a esto sumamos, los representantes de los otros dos partidos de derecha, UNACE (escisión colorada por la derecha) y Patria Querida (derecha «moderna»), llegamos a un 95%, con lo que la izquierda aparece como un mero accidente porcentual.

Las viejas redes clientelares rurales y urbano-marginales siguen siendo sumamente efectivas a la hora de movilizar electoralmente a las masas, para asegurar la dominación política de los partidos de la oligarquía. Las últimas elecciones departamentales y municipales de 2010 (2 años y medio después de la victoria de Lugo) lo corroboran, ya que el bipartidismo copó 16 de las 17 gobernaciones y más de un 95% de las alcaldías. En este contexto, la victoria de Lugo en abril de 2008, que sin duda era reflejo de un deseo de cambio, choca frontalmente contra una estructura política oligárquica todavía muy enraizada.

Este control absoluto del Poder Legislativo por parte de los grupos de la derecha durante tantos años, ha posibilitado realidades tan inauditas como que todavía no se pague impuesto sobre la renta y que redujeran hace unos años el impuesto empresarial del 30% al 10%. Todo un plantel funcional para los auténticos detentadores del poder, la red empresarial que inspiró, alentó y posteriormente justificó la expulsión de Lugo.

¿Quiénes son? Los diversos grupos de poder económico en Paraguay han jugado un papel central en el golpe y son, en consecuencia, los grandes beneficiados. Por una parte, tenemos a la rancia oligarquía terrateniente, que se enriqueció en gran medida gracias al expolio de tierras que se produjo en la dictadura stronista (Alfredo Stroessner, 1954-1989) y que se articula con el pujante agronegocio de exportación de soja y de carne de vacuno.

En alianza con estos, la presencia del oligopolio transnacional de agrotóxicos y semillas transgénicas es cada vez más fuerte, principalmente de Monsanto y Cargill. Diversos analistas, apuntan a estas dos corporaciones como partes integran- tes de la trama golpista. A su vez, hay que señalar la importancia de los «brasiguayos», más de 350.000 colonizadores de tierras de origen brasileño (más de un 5% de los habitantes de Paraguay) que tienen el control de facto de una parte de las tierras fronterizas con Brasil y que hoy día son nuevos terratenientes con un gran poder de influencia, tanto en Asunción como en Brasilia.

Los gremios empresariales que los defienden, fundamentalmente la retrógrada Asociación Rural del Paraguay (ARP), junto al representante de la proto-burguesía industrial parasitaria del país, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), rápidamente emitieron declaraciones favorables a la destitución de Lugo y a la imposición de Franco. Sin ningún tipo de filtro discursivo se jactaron de que el nuevo administrador del Estado, Federico Franco, sería mucho más obediente a los dictados del capital.

A esta maraña de poderes fácticos hay que sumar a los narcotraficantes, a los que el difunto Tomas Palau les otorgaba una relevancia creciente. De hecho, el precandidato más importante del Partido Colorado, Horacio Cartés, está acusado de ser miembro del narco y en estos días ha sido señalado como uno de los principales arquitectos del golpe contra Lugo. El círculo se cierra con los grandes medios de comunicación empresarial, que en la última semana han ejercido de voceros del golpismo. Entre ellos, el director del reaccionario periódico «ABC Color», Aldo Zucolillo, un personaje oscuro que sigue utilizando el clásico discurso anticomunista de hace 50 años, ha jugado un papel central. Su diario ha instigado repetidamente al golpe de Estado durante los cuatro años de mandato de Lugo, con absoluta impunidad, delito que en otros países le hubiera supuesto una visita prolongada a la cárcel.

¿Pará qué? El golpe cumple varios objetivos. Por una parte, deja al Frente Guasu, coalición de partidos de izquierda que acompañaba Lugo, fuera de las fuentes de financiación principal: las arcas del Estado. Hay que tener en cuenta que las presidenciales serán en abril de 2013. Por otra parte, se deshace de un Ejecutivo que aunque era notablemente tibio, no representaba cabalmente sus intereses. Y lo más importante, intenta cerrar por la vía autoritaria un proceso de cambio que trasciende al Gobierno y que había abierto espacios de democratización y acumulación de fuerzas populares, nunca vistos en Paraguay.

Mensaje continental. Los golpistas, premeditadamente o no, han enviado también un mensaje a la región, al incluir la firma del Protocolo de Ushuaia como un motivo para la destitución de Lugo. Se convierte en una provocación a las instituciones de integración como Mercosur y Unasur, que pretendían blindar la región de más golpes, después de lo ocurrido en Honduras.

A pesar de la dureza inicial que manifestaron casi todos los países, según avanzaban los días solo el eje bolivariano se ha mantenido firme, planteando la expulsión e incluso el bloqueo económico si no se reinstauraba el Gobierno democrático. Si no logran consensuar medidas drásticas, la oligarquía paraguaya terminará burlándose de todo el continente y evidenciará la fragilidad de la actual arquitectura de integración latinoamericana.

Luismi Ugarte es sociólogo.

 

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Río+20: sumisión al poder financiero

Alejandro Nadal www.SinPermiso.info - 03/07/2012


La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (CNSD), mejor conocida como Río+20, vino y se fue. Pudo haber sido un acto importante. En lugar de ello, estableció un nuevo estándar en cómo hacerse irrelevante. La receta es sencilla: pretenda usted que nunca ha oído hablar de la crisis global.

El documento final de la UNCSD no menciona ni una sola vez la crisis económica y financiera global. Poco importa que la crisis ya se ha convertido en la Segunda Gran Depresión. De alguna manera, los funcionarios del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) consideraron que ese tema no era relevante en una conferencia sobre sustentabilidad.

El PNUMA buscó sacar adelante su iniciativa sobre la economía verde. En el informe presentado en Río se le define como una economía en la que aumenta el bienestar, disminuye la pobreza y mejora el medio ambiente. Se trataría de una economía socialmente incluyente, con bajas emisiones de gases invernadero y gran eficiencia en el uso y manejo de recursos.

Para transitar hacia una economía verde se necesita invertir el 2 por ciento del PIB mundial (anualmente entre 2010-2050) en 10 sectores clave. Es una cantidad importante. ¿Dónde se pueden encontrar esos recursos? El PNUMA responde sin rubor: en el sector financiero. Según esta agencia el sector financiero tiene a su disposición una montaña de recursos y cada vez está más interesado en una cartera de inversiones que minimiza el costo ambiental y social, al mismo tiempo que capitaliza con tecnologías verdes.

La amistad del PNUMA con el sector financiero se confirma cuando se mencionan los mercados e instrumentos que ahora estarían del lado de la justicia y la salud ambiental: bonos verdes, bonos de carbono, REDD+, y activos de propiedad verde, etc. Ahí está: la financiarización de la naturaleza. Nunca se les ocurrió a los funcionarios del PNUMA que el desarrollo de estos mercados novedosos proviene de la búsqueda de espacios de rentabilidad en un mundo en el que la economía real permanece estancada.

El PNUMA en Río ha buscado tapar el sol con un dedo. Ha querido ignorar el hecho de que el sector financiero es el epicentro de la crisis global. El colapso de la economía mundial se mantiene en buena porque la opacidad de las operaciones financieras aceleró el contagio al principio y ahora impide reactivar el mercado interbancario.

Tiene razón el PNUMA: el sector financiero ha crecido mucho en los últimos veinte años. Pero ¿no se les ocurre que eso es precisamente un signo de la patología de la economía global? El estancamiento de los salarios desde hace tres décadas explica el creciente endeudamiento de las familias. La demanda agregada estuvo impulsada por el endeudamiento y eso, a su vez, explica cómo se llevó a cabo un proceso de redistribución de la riqueza de los más pobres a los más ricos. Instrumentos como las tarjetas de crédito, los préstamos para estudiantes o para automóviles fueron verdaderas aspiradoras para succionar recursos de los hogares y llevarlos a los bancos.

Uno de los factores que explica la expansión del sector financiero es su inclinación a introducir innovaciones que hicieron las operaciones del sector más opacas, disfrazaron riesgos, aumentaron la propensión a la volatilidad e incrementaron los niveles de apalancamiento. La bursatilización convirtió a muchas operaciones en zona vedada para los reguladores y agencias de supervisión. La autorregulación sólo proporcionó la ilusión de que se estaba haciendo algo para frenar abusos.

Un punto fundamental que el PNUMA no puede entender: una proporción significativa de la montaña de recursos en manos del sector financiero es riqueza contable. Proviene de un típico proceso de inflación de activos, o si se prefiere, de una burbuja. La crisis es la forma en la que se destruye ese patrimonio que sólo existe en la contabilidad. Para analistas como Nouriel Roubini o Dean Baker, al proceso deflacionario aún le falta mucho para completar su tarea.

Es más, una parte de esos recursos financieros proviene de las operaciones de creación monetaria de los bancos. Por ejemplo, con sus préstamos los bancos de la Unión Europea han creado billones (castellanos) de euros de la nada, o como dicen, ex nihilo. Y sólo una fracción minúscula de esos créditos estuvo respaldada por depósitos. El globo gigante todavía está desinflándose.

El PNUMA debería estudiar con seriedad la relación entre los sectores financiero y real de la economía. Los canales de transmisión entre estos sectores son críticos para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. En nuestros tiempos las operaciones en el sector financiero han propagado y amplificado la turbulencia y han puesto de rodillas a la economía real. Caray, hasta una organización tan conservadora como el Comité de supervisión de bancos de Basilea (dependiente del Banco de pagos internacionales) se preocupa por estos temas. ¿Por qué los funcionarios del PNUMA no pueden hacer lo mismo?

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

 

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Sadismo económico 

Ignacio Ramonet www.monde-diplomatique.es - 03/07/2012


¿Sadismo? Sí, sadismo. ¿Cómo llamar de otro modo esa complacencia en causar dolor y humillación a personas? En estos años de crisis, hemos visto cómo –en Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España y en otros países de la Unión Europea (UE)– la inclemente aplicación del ceremonial de castigo exigido por Alemania (congelación de las pensiones; retraso de la edad de jubilación; reducción del gasto público; recortes en los servicios del Estado de bienestar; merma de los fondos para la prevención de la pobreza y de la exclusión social; reforma laboral, etc.) ha provocado un vertiginoso aumento del desempleo y de los desahucios. La mendicidad se ha disparado. Así como el número de suicidios.

A pesar de que el sufrimiento social alcanza niveles insoportables, Angela Merkel y sus seguidores (entre ellos Mariano Rajoy) continúan afirmando que sufrir es bueno y que ello no debe verse como un momento de suplicio sino de auténtico júbilo. Según ellos, cada nuevo día de castigo nos purifica y regenera y nos va acercando a la hora final del tormento. Semejante filosofía del dolor no se inspira en el Marqués de Sade sino en las teorías de Joseph Schumpeter, uno de los padres del neoliberalismo, quien pensaba que todo sufrimiento social cumple de algún modo un objetivo económico necesario y que sería una equivocación mitigar ese sufrimiento aunque sólo fuese ligeramente.


En eso estamos. Con una Angela Merkel en el rol de “Wanda, la dominadora”, alentada por un coro de ­fanáticas instituciones financieras (Bundesbank, Banco Central Europeo, ­Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc.) y por los eurócratas adictos de siempre (Durao Barroso, Van Rompuy, Ollie Rehn, Joaquín Almunia, etc.). Todos apuestan por un masoquismo popular que llevaría a los ciudadanos no sólo a la pasividad sino a reclamar más expiación y mayor martirio “ad maiorem gloria Europa”. Hasta sueñan con eso que los medios policiales denominan “sumisión química”, unos fármacos capaces de eliminar total o parcialmente la conciencia de las víctimas, convertidas sin quererlo en juguetes del agresor. Pero deberían ir con cuidado, porque la “masa” ruge.


En España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy está aplicando políticas salvajes de austeridad al límite precisamente del “sadismo” (1), las expresiones de descontento social se multiplican. Y eso en un contexto de enorme desconcierto, en el que, de repente, los ciudadanos constatan que a las crisis económica y financiera se suma una grave crisis de gobernación. Simultáneamente, varios pilares fundamentales del edificio del Estado se resquebrajan: la Corona (con el tétrico asunto de la caza del elefante en Bostwana), el Poder judicial (con el cochambroso caso Dívar), la Iglesia (que no paga el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI), el sistema bancario (del que nos afirmaban que era el “más sólido” de Europa y constatamos que se desmorona), el Banco de España (incapaz de alertar sobre Bankia y otras quiebras espectaculares), las Comunidades Autónomas (sumidas algunas de ellas en abismales escándalos de corrupción), los grandes medios de comunicación (excesivamente dependientes de la publicidad y que ocultaron las calamidades por venir)...


Sin hablar del propio Gobierno cuyo Presidente, en un momento en el que España (con Grecia) se ha convertido en el eje de los problemas del mundo, parece avanzar sin brújula. Y quien, frente a preguntas fundamentales, o da la callada por respuesta o contesta con expresiones surrealistas (“Vamos a hacer las cosas como Dios manda”), o sencillamente sostiene contraverdades (2). Mariano Rajoy y su equipo económico tienen una gran responsabilidad en el desastre actual. Han dirigido la crisis bancaria con evidente torpeza; han dejado descomponerse el caso de Bankia; han transformado una clara situación de quiebra en un pulso con Bruselas, el Banco Central Europeo y el FMI; han practicado el negacionismo más necio, pretendiendo hacer pasar un rescate de consecuencias gravísimas para la economía española como un crédito barato y sin condiciones (“Es un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate”, declaró Luis de Guindos; “Lo que hay es una línea de crédito que no afecta al déficit público”, afirmó Rajoy).


Todo esto da la penosa impresión de un país que naufraga. Y cuyos ciudadanos descubren de pronto que tras las apariencias del “éxito económico español”, pregonado durante lustros por los gobernantes del PSOE y del PP, se escondía un modelo (el de la “burbuja inmobiliaria”) carcomido por la incompetencia y la codicia.


En cierta medida, comprendemos ahora –muy a expensas nuestras– uno de los grandes enigmas de la historia de España: ¿cómo fue posible que, a pesar de las montañas de oro y plata traídas de América por el Imperio colonizador y explotador, el país se viese convertido, a partir del siglo XVII, en una suerte de "corte de los milagros" llena de mendigos, desamparados y pordioseros? ¿Qué se hizo de tamaña riqueza? La respuesta a estas preguntas la tenemos hoy ante los ojos: incompetencia y miopía de los gobernantes, codicia infinita de los banqueros.

Y el castigo actual no ha terminado. Después de que la agencia Moody’s, el pasado junio, rebajara la nota de la deuda española en tres escalones, desde A3 hasta Baa3 (uno por encima del “bono basura”), la prima de riesgo llegó hasta límites insostenibles. La solvencia española está en la pendiente que conduce a un rescate. Y tanto el rescate de la banca como el rescate de la deuda pública tendrán un ­coste social terrorífico. En su informe anual sobre España, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ya está reclamando que el Gobierno suba el IVA y que apruebe lo antes posible una nueva disminución del sueldo de los funcionarios para reducir el déficit. Además, en un documento de trabajo, los expertos del Fondo recomiendan a España que rebaje aún más el despido, reclaman el contrato único y que se evite la actualización automática de los sueldos (3).


La Comisión Europea recomienda igualmente la subida del IVA, y la adopción de nuevas medidas “austeritarias”: el retraso de la edad de jubilación, el control del gasto en las Comunidades, el endurecimiento de las prestaciones por desempleo, la eliminación de la desgravación por vivienda y la reducción del volumen de la Administración Pública. Todo antes de 2013. Ya que no se puede devaluar el euro, se trata de devaluar a todo un país, rebajando su nivel de vida de un 20 a un 25%...


Por su parte, la canciller alemana exige que España continúe con las profundas reformas económicas y fiscales. A pesar de la canina fidelidad que le manifiesta Rajoy, Merkel se opone con uñas y dientes a cualquier medida del Gobierno que suponga para España ceder en el camino de la austeridad y de las reformas estructurales.


Berlín quiere aprovechar el “shock” creado por la crisis, y la posición dominante de Alemania para conseguir un viejo objetivo: la integración política de Europa a las condiciones germanas. “Nuestra tarea hoy –declaró Merkel en un discurso ante el Parlamento alemán– es compensar lo que no se hizo [cuando el euro fue creado] y acabar con el círculo vicioso de la deuda eterna y de no cumplir las normas. Sé que es arduo, que es doloroso. Es una tarea hercúlea, pero es inevitable”. Algunos comentaristas hablan ya del IV Reich...


Porque, si se produce el “salto federal” y se avanza hacia una unión política, eso significa que cada Estado miembro de la UE tendrá que renunciar a considerables partes de su soberanía ­nacional. Y que una instancia central podrá interferir directamente en los presupuestos y los impuestos de cada Estado para imponer el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuántos países están dispuestos a abandonar tanta soberanía nacional? Si ceder parte de la soberanía es inevitable en un proyecto de integración político como la Unión Europea, existe sin embargo una diferencia entre federalismo y neocolonialismo... (4).


En los Estados sometidos a rescates –España, entre otros– estas importantes pérdidas de soberanía ya son efectivas (5). Desmintiendo a Rajoy, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, afirmó que la troika (BCE, Comisión Europea y FMI) controlará la reestructuración de la banca en España (6). Esa troika gobernará la política fiscal y macroeconómica para ­seguir imponiendo reformas y recortes y para asegurar la prioridad del cobro de la deuda que los bancos españoles tienen con la banca europea, y principalmente alemana (7). España dispone pues, desde junio pasado, de menos libertad, menos soberanía de su sistema financiero y menos soberanía fiscal.


Todo ello sin ninguna garantía de salir de la crisis. Al contrario. Como lo recuerdan los economistas Niall Ferguson y Nouriel Rubini: “La estrategia actual de recapitalizar los bancos a base de que los Estados pidan prestado a los mercados nacionales de bonos –o al Instrumento Europeo de Estabilidad Financiera (IEEF) o a su sucesor, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)– ha resultado desastrosa en Irlanda y Grecia: ha provocado una explosión de deuda pública y ha hecho que el Estado sea todavía más insolvente, al tiempo que los bancos se convierten en un riesgo mayor en la medida en que más parte de la deuda pública está en sus manos” (8).


Pero entonces, si no funcionan ¿por qué se mantienen esas sádicas políticas de “austeridad hasta la muerte”? Porque el capitalismo se ha puesto de nuevo en marcha y se ha lanzado a la ofensiva con un objetivo claro: acabar con los programas sociales del Estado de bienestar implementados después del final de la Segunda Guerra Mundial y de los que Europa es el último santuario.


Pero, como decíamos más arriba, debería ir con cuidado. Porque las “masas” están rugiendo...


NOTAS:
1) Léase Conn Hallinan, “Spanish Austerity Savage to the Point of Sadism”, Foreign Policy in Focus , Washington DC, 15 de junio de 2012. http://www.fpif.org/ blog/the_pain_in_spain_falls_mainly_on_the_plain_folk

(2) Léase Ignacio Escolar, “Las siete grandes mentiras sobre el rescate español”, Escolar.net, 11 de junio de 2012. http://www.escolar.net/MT/archives/2012/06/las-siete-grandes-mentiras-sobre-el-rescate-espanol.html

(3) El País , Madrid, 15 de junio de 2012.

(4) Léase Niall Ferguson, Nouriel Roubini, El País , Madrid, 10 de junio de 2012. Léase también, Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español , marzo de 2012.

(5) Una prueba de la mentalidad de neocolonizados es el esperpéntico proyecto Eurovegas que se disputan las Comunidades de Madrid y de Cataluña, basado en la especulación urbanística y financiera, y asociado al “aumento del blanqueo de capitales, la prostitución, las ludopatías y las mafias”. Consúltese la plataforma Aturem Eurovegas: http://aturemeurovegas.wordpress.com

(6) El País , Madrid, 14 de junio de 2012.

(7) Vicenç Navarro, Juan Torres, “El rescate traerá más recortes y no sirve para salir de la crisis”, Rebelión , 15 de junio de 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151370

(8) Ver la nota 4.

 

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Actividades de la APDHA

 

Delegación de Bahía de Cádiz 

El lunes 9 de julio la Delegación celebra una Videoconferencia con la directora de la Asociación de Derechos Humanos y apoyo a los presos palestinos.

Más información en el blog de la Delegación de Cádiz.

  

Delegación de Córdoba 

El miércoles 11 de julio por la mañana se presenta, en rueda de prensa, el informe sobre la situación de la vivienda social en Córdoba, elaborado por la Delegación.

El documento estará disponible en nuestra web.

  
Delegación de Sevilla 

Apoyo a La Corrala de Vecinas "La Utopía"

> Manifiesto de Apoyo 

> Os invitamos a que, individualmente o desde vuestra organización, os adhiráis al manifiesto, que encontraréis en el siguiente enlace: Manifiesto de apoyo a La Corrala

Si decidís hacerlo, incorporad el nombre de vuestra entidad en el listado que aparece al final, junto con un correo electrónico. Enviad también una confirmación de vuestra adhesión:
Para: corralautopia@...
Asunto: "adhesión Manifiesto"

  

 

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Propuestas

 

Stop Israel Nuclear www.stopisraelnuclear.org
La petición puede firmarse aquí
  
Informe de Amnistía Internacional sobre Siria. En inglés.Puedes descargarlo aquí
  

Campaña de CGT Norte de Africa en apoyo a la lucha del pueblo de Ait Bouachah. Las fuerzas del orden público marroquíes reprimieron brutalmente a la población. Exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos por esta lucha, así como la de todos los presos políticos y de opinión en Marruecos, que se investigue realmente lo ocurrido y la depuración de responsabilidades. 

Podéis añadir vuestra firma en oiga.me
  

 

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