Inicio > Mis eListas > apdha > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 91 al 120 
AsuntoAutor
2011-10-13 Infoapdh
2011-10-13 Infoapdh
2011-10-24 Infoapdh
2011-11-07 Infoapdh
2011-11-07 Infoapdh
2011-11-22 InfoAPDH
2011-12-07 InfoAPDH
2011-12-21 InfoAPDH
2012-01-19 InfoAPDH
2012-02-10 InfoAPDH
2012-02-24 InfoAPDH
2012-03-09 InfoAPDH
2012-03-23 InfoAPDH
2012-03-23 InfoAPDH
2012-04-13 InfoAPDH
2012-04-26 InfoAPDH
2012-05-14 webmaste
2012-06-01 InfoAPDH
2011-06-11 infoapdh
2012-06-22 infoapdh
2012-07-09 infoapdh
2012-09-20 InfoAPDH
2012-10-11 infoapdh
2012-10-31 infoapdh
2012-11-29 infoapdh
2012-12-26 infoapdh
2013-01-25 infoapdh
2013-02-15 infoapdh
2013-03-20 infoapdh
2013-04-18 infoapdh
 << 30 ant. | 30 sig. >>
 
Derechos Humanos de Andalucia
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 1264     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[InfoApdha] 2012-09-20
Fecha:Jueves, 20 de Septiembre, 2012  11:38:12 (+0200)
Autor:InfoAPDHA <infoapdha @.....org>

Si no ves correctamente este mensaje, haz clic aquí

cabecera InfoApdha
 

 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 20 de septiembre de 2012, 10.909 suscriptores
 

 Síguenos en:

 facebook    twitter
   

Colabora con la APDHA en la defensa de los Derechos Humanos 

 Hazte socio/a
 
 
 

Aprovechamos este primer número después del parón veraniego para hacer un balance del trabajo de la Asociación en estos meses de verano.

Damos la bienvenida a todos los suscriptores y os agradecemos que estéis ahí para informaros y luchar por la defensa de los Derechos Humanos. 

 
sumario 
   

 

 

ÁREA DE CÁRCELES

 

ÁREA DE MARGINACIÓN

 

ÁREA DE INMIGRACIÓN

OTROS

 

CAMPAÑA

 

PROPUESTAS DE INTERÉS

   

 

 

 

 

 La APDHA pide una reflexión sobre el alcance que supone implantar la cadena perpetua revisable

15 de septiembre de 2012 
 Nota de prensa de la APDHA ante el anuncio de implantación de cadena perpetua revisable

Las entrañas se nos estremecen cuando conocemos hechos tan difícilmente asumibles por la ciudadanía como los del caso Bretón. Son acontecimientos que nos unen de manera especial con quienes padecieron y están padeciendo en primera persona la violencia y la perversión de la que es capaz el ser humano. La empatía se antoja fácil, y todos, a una, reclamamos esa justicia, que se convierte casi en la única medicina posible para seguir viviendo, sobre todo para los más allegados. Y teóricamente todos reconocemos que por más que se castigue al que infringió el daño, nada puede hacer que se devuelva a la vida a dos seres inocentes. Pero aún así, vemos como la única salida que calma el profundo dolor, cargar lo más duramente posible contra el infractor, llegando incluso a pedir el mismo final para el victimario de su víctima. De ahí que, a primera vista, la cadena perpetua revisable sea el siguiente paso lógico a dar para endurecer una ley penal que parece no disuadir a aquellos que deciden actuar monstruosamente.

Parece que la cadena perpetua revisable va a dotar al preso de un seguimiento, que va a importar y preocupar su evolución. Pero lejos de ello, la realidad se impone, y podemos afirmar que, una vez condenado, al preso deja de prestársele atención, por varios motivos difícilmente resumibles aquí, y pasa de ser el punto de mira a convertirse poco más que en escoria para la sociedad y de hecho los índices de reincidencia en España son bastante elevados.

Habría que hacer un enorme esfuerzo y definir claramente qué objetivos perseguimos con este tipo de peticiones: objetivos básicamente vengativos, u objetivos de reparación del daño, de reinserción… Las peticiones se hacen bajo el paraguas de estos últimos objetivos, pero en realidad más tienen que ver con los primeros de carácter más vengativo. Y ello es así, porque los muchos años de pena privativa de libertad para una persona no se acompañan con la transformación personal, la reparación del daño, la restitución moral,…y en último caso, la reinserción de esa persona de nuevo en la sociedad, tal y como proclama nuestra Constitución Española en su art. 25. Sino que más bien, las largas estancias en prisión cumpliendo una pena privativa de liberad de muchos años traen consigo la destrucción personal, en lo físico y en lo psíquico, tal y como demuestran muchos estudios psicológicos, algunos coincidiendo en el límite de los 15 años como la no vuelta atrás de esta destrucción personal.

Y pese a nuestro art. 25 de la C.E., en España existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal de la misma. Por un lado, el límite de 40 años no es absoluto, algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite. En las prisiones españolas en 2.010 cumplían condenas superiores a 30 años  en torno a 345 personas, sin contar con las condenas por delitos de terrorismo.  Es quizás el momento de hablar con claridad sobre esta realidad  y ponerle límites adecuados con la constitución, en vez de crear nuevas figuras orientadas a aplicar, además, la cadena perpetua para la comisión dedeterminados delitos. Para los casos en los que las personas suelen estar condenadas de hecho y en la práctica a penas que suponen la cadena perpetua no va a existir posibilidad de revisión alguna. En muchos casos se trata de personas en situación de exclusión que comenten delitos que nada tienen que ver con los previstos por el Ministerio para  aplicarles la  llamada “condena permanente revisable”. No deja de ser una medida populista e inconstitucional a nuestro entener.

Por otro lado, todos los Estados en los que existe reconocida legalmente la cadena perpetua aplican revisiones, que hacen más cortas las condenas que en España, donde no existe ese reconocimiento legal. En países como Inglaterra o Alemania la media de cumplimiento real es de 15 y 19,9 años a pesar de disponer de cadena perpetua. España tiene ya, sin reconocimiento de la cadena perpetua, un sistema mucho más estricto y duro que esos países.
Las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el Código Penal  de 1995, reformado en el 2003, así como la reforma de la ley de responsabilidad penal del menor en 2006, han llevado a duplicar la duración efectiva de las penas. España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno. Por tanto, dichos endurecimientos no provocaron reducción de criminalidad alguna, los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia, no disuaden futuras infracciones.

No hay que olvidar que en España, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países, los endurecimientos generales del 2003 o de violencia de género no han servido para nada en la reducción de las infracciones penales.

Los límites temporales a la condena son una exigencia del Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo. Encerrar de por vida a alguien supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y como miembro de la sociedad. Se trata de una tortura psicológica, ninguna persona puede asimilar la pérdida de su futuro.

En definitiva si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el Estado no puede tolerar. Hay que apostar por la prevención y  la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de los conflictos, apostar por políticas sociales serias,  por la prevención y por la creación de oportunidades y derechos humanos para lo cual se requiere un adecuado presupuesto económico. Los delitos no ponen sino de manifiesto el gran fracaso social del estado y los altos índices de reincidencia el fracaso de la función que constitucionalmente cumplen las penas privativas de libertad.

El dolor requiere de un abordaje emocional que el derecho penal no puede dar, por más que se eleven las condenas. El derecho Penal no es el único, ni siquiera el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, pero tampoco es el más apropiado para proteger y reparar realmente a las víctimas. Tiene un enorme coste económico y de sufrimiento para las personas con un beneficio muy escaso para la sociedad y para las víctimas.

Por último, seguimos llamando a la reflexión a los medios de comunicación, que cada vez completan más su tiempo con hechos aislados provocando sensación de generalidad, rompiendo el duelo necesario de los familiares de las víctimas y sacando tajada del dolor. La responsabilidad social impone otras medidas distintas a invitar a tertulianos que hablan de realidades desconocidas.

 

 volver al sumario

 

 

Más de la mitad de los casos de fallecimiento dentro de prisión son por enfermedad

16 de septiembre de 2012

Según los últimos datos oficiales, la cifra fue del 63,3% en 2010 [1], aunque la APDHA considera que actualmente puede ser superior por la situación de crisis 

 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigimos la excarcelación de los enfermos graves, reivindicando el cumplimiento de la legalidad y los Derechos Humanos. Un sistema democrático y de derecho, como debía ser el del Estado español, debe proteger estos principios para cualquier ser humano, independientemente de a quien vayan dirigidos. La APDHA ve inadmisible que nuestro sistema penitenciario condene por la vía de hecho con la muerte. 

 

La APDHA ha denunciado en muchas ocasiones que en las prisiones deben erradicarse los malos tratos y tortura y que no es posible que en nuestro sistema alberguemos a personas que vayan a ser penadas, formalmente o por la vía de hecho, con la muerte

Estas normas mínimas son las que separan la civilización de la barbarie y en muchos países aún no se cumplen. Entre estos países no sólo encontramos dictaduras perversas sino también democracias que se tienen a sí mismas como ejemplo de progreso y cultura. Si España no quiere situarse en ese grupo debe cambiar de rumbo en su política penitenciaria.  

Un sistema democrático y de derecho, como debía ser el nuestro, debe proteger estos principios, independientemente de a quien vayan dirigidos. Son principios básicos inherentes al ser humano y no solamente a determinados seres humanos. 

La altura ética de una sociedad se puede medir por el trato humano que procura a su población reclusa. Desde hace casi 20 años, la APDHA lleva denunciando reiteradamente su preocupación por el hecho de que personas que se encuentran bajo custodia de las Administraciones Públicas pierdan la vida y pasen sus últimas horas en el interior de sus dependencias, alejados de sus familias, amigos y, en definitiva, su entorno social.

 Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), de la que formamos parte, en 2011 tuvimos  conocimiento de la muerte de 51 personas cuando se encontraban bajo la custodia [2] de miembros de las FCSE, funcionarios de prisiones o personal de centros de menores. Según los datos que nos constan desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2011, 465 de las 722 muertes conocidas por la CPDT (es decir, un 65% del total) ocurrieron en cárceles. Y según los datos oficiales del Ministerio del Interior desde el año 2005 al 2010 murieron 1.255 personas en el interior de las prisiones del Estado español, de las que el 63,3% son muertes por enfermedad. Desde entonces no existen datos oficiales que desvelen esta realidad, por lo que es imposible determinar el incremento de dichas cifras.

El Código Penal en su art. 92 establece la excarcelación para enfermos muy graves cuando venga acreditado por informe médico. En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 196 del Reglamento Penitenciario, y además existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta que estos artículos no van referidos únicamente a sacar de prisión a los internos para que mueran fuera de la cárcel, sino que pudiesen estar en libertad una temporada suficiente anterior al fallecimiento. Tristemente la realidad nos ha demostrado que en muchas ocasiones los enfermos mueren a las pocas horas de concederle la excarcelación.

De esta forma no consta que los presos y las presas, que también son personas, hayan muerto en prisión sino que efectivamente se les puso en libertad (unas horas antes), y así no entran a formar parte de las estadísticas negativas de muertes en la cárcel. El abandono por parte de la Administración Penitenciaria parece evidente, desde el momento en que se constata la no excarcelación de enfermos terminales, que podría alargar la vida o incluso evitar la muerte.

La cárcel no es el “control institucional adecuado” que necesita la persona presa. Así lo establece la Ley, en primer lugar, por razones eminentemente humanitarias y, en segundo, porque en los Centros Penitenciarios, los servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por médicos de atención primaria, enfermeros/ATS y auxiliares de enfermería; no habiendo médicos especialistas, ni farmacéuticos, ni técnicos de radiodiagnóstico. Mantener a un enfermo grave en la cárcel, bajo unas condiciones duras y poco saludables, solamente puede acarrear su agravamiento y acelerar su muerte.

Exigimos por tanto el cumplimiento de la ley para todas las personas:

1- La excarcelación inmediata de los presos enfermos con padecimientos incurables.

2- El estado debe asumir que el incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias –al igual que lo tuvo para las personas presas- y por tanto debe indemnizar a través de responsabilidad patrimonial, prevista también en la ley, a los familiares de las personas presas fallecidas dentro de prisión.

Cuando los políticos tergiversan el cumplimiento de los Derechos Humanos con razones y argumentos espurios se convierten en indignos e ilegítimos representantes de los ciudadanos.


1. Informe General de Instituciones Penitenciarias, año 2010.

2. Los datos de la CPDT pueden consultarse en los distintos informes anuales, publicados en la web: http://www.prevenciontortura.org/documentos/

 

volver al sumario 

 

 

Expulsión de inmigrantes de Isla de Tierra. Queja colectiva a la Defensora del Pueblo.

11 de septiembre de 2012

migreurop

Como continuación de las acciones que venimos desarrollando las organizaciones del estado español integrantes de la red euroafricana Migreurop, para no dejar impunes las violaciones de derechos cometidas por el gobierno español con la expulsión masiva de las personas inmigrantes que accedieron a Isla de Tierra, hemos presentado, el pasado día 7 de septiembre, una queja colectiva a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

En dicha queja, además de documentar los hechos, alegamos las normativas violadas por el gobierno español en relación a la propia legislación de extranjería, así como del derecho internacional que incluye el principio de “no devolución” que impide las expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada persona y sus opciones al asilo.

Solicitamos a la Defensora  que proceda a:

-Requerir al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno en Melilla y a cualesquiera administraciones competentes en este caso toda la información referente a estos hechos.

-A requerir que estas Administraciones tomen, de forma inmediata, las medidas oportunas para que estas personas tengan garantizado (de forma fehaciente) el cumplimiento de sus Derechos en el proceso bajo tutela del Gobierno marroquí.

-A instar a los citados organismos para que abran la correspondiente investigación con el objeto de determinar las causas que hayan podido llevar a que se produzca esta situación, depurando en su caso las posibles responsabilidades, administrativas o de otra índole, que se pudieran derivar de ella.

A esta queja colectiva seguirán otras actuaciones de índole judicial así como ante organismos de defensa de derechos, en el ámbito europeo e internacional.

Organizaciones de Migreurop firmantes:

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA
Andalucía Acoge
Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR
Asociación ELIN
Federación de asociaciones de SOS Racismo

 

 

volver al sumario

 

 

El gobierno ha violado la legislación española al entregar a los inmigrantes de Isla de Tierra a Marruecos

4 de septiembre de 2012

No se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes.

El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas.

La legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.

En el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría haberse producido esta misma noche según la crónica del diario El País.

Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una concepción de mano dura contra la inmigración irregular que ocasionó que en los primeros días de estancia en el islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban.

Por esos motivos, las organizaciones firmantes están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.


Firman este comunicado:

Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo.

Las organizaciones firmantes forman parte de Migreurop.

 

 

volver al sumario

 

 

APDHA muestra su total rechazo a una reforma sanitaria que excluye a las personas inmigrantes sin documentación

30 de agosto de 2012

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA considera que la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria es moralmente intolerable, y condiciona la calidad democrática y los valores humanitarios de nuestra sociedad. Además, estima que esta reforma no va a tener un impacto significativo en la reducción del gasto, ya que las personas inmigrantes no son las responsables del déficit sanitario.

 

imagen
 

 El próximo día 1 de septiembre entra en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril  en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular.

El conjunto de medidas que está tomando el gobierno, prácticamente desde su misma toma de posesión, supone un ataque en toda regla al conjunto de derechos sociales en este país y está teniendo ya un impacto terrible en los sectores más desfavorecidos y vulnerables de nuestra sociedad. Es indigno que estas medidas se estén tomando para salvar a la banca y garantizar los beneficios de todos los especuladores que se han enriquecido indecentemente y se siguen enriqueciendo a costa de la mayoría de la población.

Entre esos sectores más desprotegidos y vulnerables se encuentran precisamente las personas residentes en nuestro país que no tienen la documentación regularizada, que a partir de ahora se van ver excluidos de forma inhumana del derecho a la salud, violentando cualquier ética o solidaridad que debieran formar parte de sociedades llamadas democráticas.

Se trata de una medida que tiene un claro sesgo ideológico, cuando se han atrevido a decir que son las personas inmigrantes los responsables del déficit sanitario, cuando realmente todos los estudios y las estadísticas de las propias Comunidades Autónomas indican que los inmigrantes en general y en particular los indocumentados, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Por ello no es un despropósito afirmar que se trata de una disposición que tiene un marcado carácter discriminatorio y segregacionista.

De hecho, esta exclusión totalmente inadmisible, atenta contra el principio de no discriminación que hasta ahora ha venido inspirando las políticas sanitarios, vulnerando el Derecho Humano a la Salud, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en los numerosos tratados internacionales firmados por España.  De forma más específica el Art. 3 de la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reconocía con claridad que el derecho a la salud es un Derecho Fundamental del que no se podía privar a ningún colectivo por “razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales.”

Esta filosofía discriminatoria no es sino reflejo del cambio de modelo del sistema de sanidad pública que quiere instaurar el Gobierno del PP, cuyos primeros pasos se dan en este Real Decreto-ley 16/2012. Porque efectivamente el derecho a la salud pasa de tener un carácter universal a tener un carácter retributivo; esto es, se concibe la atención sanitaria como una  contraprestación a la que sólo van a tener inicialmente acceso aquellos que han cotizado a la Seguridad Social.

Pero ello es una falsedad en toda regla como tantas otras con las que quieren confundirnos en relación a los derechos con los que quieren acabar. Y es que actualmente son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y no las cotizaciones a la Seguridad Social, la fuente de financiación del Sistema de Salud, representando éstos más del 90% de sus recursos y estando incluida en la financiación general de cada CC.AA. Por tanto también las personas inmigrantes (a través de impuestos directos o indirectos) contribuyen al mantenimiento de la Sanidad.

Esta reforma, además de injusta y arbitraria, no  va a tener un impacto significativo en la reducción del gasto sanitario. Primero porque se trata de un colectivo porcentualmente reducido; se calcula en unas 150.000 personas en toda España y entre 25 y 30.000 personas en Andalucía. Y, segundo, por la ya señalada reducida utilización del sistema por parte de los inmigrantes.

En cambio sí puede tener graves repercusiones negativas para el sistema, como una mayor saturación de los servicios de urgencia, y sobre todo para la salud pública, porque este tipo de medidas segregacionistas puede provocar que determinadas enfermedades infecciosas se propaguen a toda la población, al no ser tratadas ni controladas. Pero sobre todo padecerán las propias personas inmigrantes que  sufrirán un agravamiento en su estado de salud por enfermedades fácilmente curables en su estadio inicial, o simplemente verán comprometida su supervivencia cuando estén afectados de enfermedades graves, crónicas o que requieran un tratamiento prolongado en el tiempo (diálisis, insulinoterapia, tratamientos oncológicos, retrovirales en caso de VIH…).

En la comunidad andaluza, tanto el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como la Consejera de Salud, María Jesús Montero, han indicado que Andalucía va a garantizar el acceso a la salud por parte de las personas inmigrantes sin documentación. Sin embargo, a dos días de que entre en vigor el Decreto Ley, no se han dado instrucciones claras de cómo esto se va a llevar a cabo de forma efectiva. Muchos centros de salud han tenido que ponerse en contacto con sus Distritos Sanitarios, sin que éstos estén dando instrucciones precisas sobre cómo proceder. Ante esta situación, la APDHA aboga por que todos los usuarios puedan obtener la tarjeta sanitaria como hasta ahora, para que la atención que reciban no quede a merced de la persona que los atienda en el centro de salud.

 

>> Ver también comunicado Doce entidades de todo el país exigen una sanidad pública, universal y gratuita a todas las personas

 

 

volver al sumario

 

 

La reforma del Gobierno para facilitar desahucios fomenta la seguridad jurídica de propietarios y sector financiero y da la espalda a la exclusión social de miles de familias

24 de agosto de 2012 

La APDHA muestra su más absoluta decepción ante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios

 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 (Andalucía se sitúa a la cabeza con 72.900). Miles de familias sin hogar viven en la más absoluta precariedad, con el 35% de pobreza en Andalucía, siendo la media española del 22%. En este contexto, el Gobierno, con el objeto de solucionar el problema del derecho a la vivienda, ha modificado hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil para favorecer la seguridad jurídica de los propietarios y crear más desprotección para los inquilinos.

En nuestro país siempre ha prevalecido, y se ha fomentado desde las Instituciones Públicas, la cultura de la propiedad. Según datos de 2010 de Eurostat, un 83% de la ciudadanía reside en una vivienda de su propiedad, frente al 17% restante que alquila principalmente (porcentaje algo más elevado en Barcelona, que ronda el 25%).

Sin embargo, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero ese número era sólo de viviendas de nueva construcción, a él debemos añadir los miles de desahucios que se están produciendo al mes durante los últimos dos años. El Censo de Población y Viviendas de 2001 del INE estaba ya en más de tres millones en las casas vacías.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA considera que esta reforma se ha realizado para atender las demandas del sector financiero, que necesita alquilar viviendas a corto plazo y facilitar al máximo los desahucios para acelerar los procesos.

¿Es ésa la solución que se le da a las miles de familias avocadas a vivir hacinadas, en condiciones insalubres o directamente en la calle? ¿Cuántos ciudadanos en situaciones de vida indignas, a causa de una crisis que no provocaron, hacen falta en España para que el gobierno garantice el derecho universal a la vivienda?

El derecho al uso y disfrute de una vivienda digna es hoy en día un lujo, cuando debería estar garantizado para toda la ciudadanía y no solamente para beneficiar a quienes se enriquecen y especulan con este derecho básico. Los ciudadanos y ciudadanas debemos levantar la voz y exigir a los gobiernos nacionales y autonómicos que legislen ya para que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, se cumplan los derechos constitucionales y los derechos humanos. Debemos levantarnos y exigir un cambio de rumbo. Debemos obligar a quienes gobiernan a que lo hagan para la ciudadanía y no para los mercados, los especuladores y el capital.

Reivindicamos algunas medidas que se podrían haber aprobado en el día de hoy, y que muchos movimientos sociales están exigiendo ya:

1. Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la administración de todas las existentes.

2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo.

3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con contraprestaciones sociales por parte de los propietarios que se beneficien de tales ayudas).

4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda.

5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento

8. Despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

 

 

volver al sumario 

 

 

Comunicado de APDHA-Sevilla ante las actuaciones del Ayuntamiento de Sevilla con relación a los asentamientos chabolistas

Sevilla, 13 de julio de 2012 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ante los desalojos que se están llevando a cabo en Sevilla por el Ayuntamiento quiere expresar lo siguiente:

1. Nuestra repulsa a la actuación del Ayuntamiento que está vendiendo una lucha por erradicar el chabolismo, cuando en realidad lo que está haciendo es una campaña de marketing propia de países poco democráticos sin importarle las personas que dejan sin chabola.

2. El Ayuntamiento sabe, porque tiene personas técnicas, que la forma de actuar en este tipo de asentamientos no es la que está llevando a cabo. Enfocar la solución del chabolismo desde la Delegación de Seguridad y no desde la Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación es no querer abordar el problema desde la complejidad que este tiene. No es con policía, criminalizando y estigmatizando a la población que allí reside, como se solucionan estos conflictos.

3. El Ayuntamiento sabe que los asentamientos chabolistas están habitados por personas de diferentes orígenes que comparten una situación de exclusión injustificable e intolerable en un estado social y de derecho. Etiquetar a sus habitantes relacionándolos con un único grupo étnico o con una nacionalidad sólo refuerza la estigmatización de estas personas excluidas, el racismo y la xenofobia y no contribuye a la construcción de soluciones.

4. Exigimos la voluntad política de las administraciones y la necesidad de una coordinación para ejercer su función de garantizar los derechos a la vivienda, a la alimentación y a la salud de todas las personas, además de los derechos de los menores, independientemente de su país de origen y que pongan en práctica medidas sociales que respeten los Derechos Humanos. Es necesario construir alternativas consensuadas entre todos: habitantes de los asentamientos, vecindario, todas las administraciones coordinadas y movimientos sociales.

5. Las expresiones xenófobas que han aparecido en prensa no deben nunca reflejar el sentir general de la población sevillana. Todas aquellas actitudes racistas y violentas que atentan contra los derechos de las personas asentadas, y que se explican también desde las malas prácticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, serán objeto de nuestra repulsa y denuncia ante los tribunales.

6. El Ayuntamiento sabe que la erradicación del chabolismo es un proceso largo, donde tiene que haber objetivos a corto y medio plazo para que ver avances. Hay que acordar entre las partes para que se produzcan compromisos concretos que irán en la vía de solución del conflicto.

7. El desalojo y las repatriaciones no son soluciones. En el primer caso, que es el que mayoritariamente está llevando a cabo el Ayuntamiento de Sevilla, sólo traslada la situación de exclusión a otro lugar de la ciudad, no plantea ninguna solución ni aborda las causas del conflicto. En cuanto a las repatriaciones, queremos recordar que sólo se debe ayudar a una persona a regresar a su país o ciudad cuando ésta lo pide. Y nunca promoviendo que cierta minoría étnica vuelva a su país por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo: esto sería una deportación. Permaneceremos atentos a las situaciones que se produzcan relacionadas con este ámbito.


 

 

volver al sumario

 

 

Delegación de Sevilla: Rechazo al desalojo forzoso y levantamiento del asentamiento de población rumana gitana en San Jerónimo (Sevilla)

Sevilla, 11 de Julio de 2012

La Delegación de Sevilla de la APDHA, la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) y la Federación Andaluza de de Mujeres Gitanas (Fakali):

Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al desalojo forzoso y levantamiento del asentamiento de población rumana gitana en el barrio de San Jerónimo, realizado por orden del Ayuntamiento de Sevilla a través de la Policía Local en martes 9 julio del 2012.

Esta medida se ha llevado a cabo por la propia presión ciudadana liderada por una organización vecinal, en concreto la Asociación de vecinos El Alamillo y vecinos organizados en la plataforma Basta ya de Asentamientos, una organización con dudosos fines que en su blogs hace claramente una incitación y apología a la violencia y al racismo contra las personas por el hecho de ser diferentes, en este caso inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, en su mayoría en una situación de pobreza y de vulnerabilidad social y que está calando cada vez más un sentimiento de rechazo social hacia la comunidad rumana gitana.

Detrás de estas conductas hay unas ideologías claramente fascistas, porque no reclaman que se adopten medidas integrales de inclusión social, sino que lo que están reivindicando y para lo que están presionando a las instituciones públicas es para que expulsen a los rumanos gitanos de toda la ciudad de Sevilla.

Este nuevo desmantelamiento chabolista es uno más de los que se vienen produciendo en la ciudad desde hace tiempo sin que las instituciones públicas ofrezcan una alternativa más allá del hecho consumado y la represión ejercida contra la población rumana que reside en los asentamientos.

No hay ni una sola medida social tras cada desmantelamiento chabolista que ayude a mejorar las condiciones sociales de estas personas. El Ayuntamiento y el resto de las administraciones públicas muestran una incapacidad absoluta para solucionar este problema.

La exclusión no se combate negando su existencia ni enviando a la policía, sino con medidas sociales serias, valientes, comprometidas y continuadas en el tiempo, es decir, con seguimiento.

Exigimos:

1. El cese de la violencia institucional.
2. Medidas urgentes para paliar la situación de exclusión que viven estas familias (espacios donde las familias puedan quedarse hasta que se les de una solución definitiva).
3. La aplicación de los diversos planes de erradicación del chabolismo tanto a nivel local como andaluz.
4. Facilitar el acceso a la vivienda como un derecho equiparable al derecho a la educación, la sanidad, etc.
5. Una ley de inclusión social para Andalucía que tenga en cuenta a las personas que ya viven en situación de exclusión.
6. Que las administraciones públicas asuman su responsabilidad plena en las situaciones de desigualdad y exclusión que generan el modelo económico neoliberal vigente que está llevando a las personas a un callejón sin salida.

Por otra parte la APDHA, la ODS y el Grupo 17 de Marzo, están estudiando la interposición de una denuncia a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla a fin de que investigue la posible comisión de un delito de coacciones por parte de quien ordenara a la Policía Local el desalojó del grupo asentado en unos terrenos privados sin que existiera denuncia alguna por parte de su propietario. Por otra parte, aportarán a la misma denuncia material gráfico (vídeos) de las concentraciones de los vecinos donde pudieran observase comportamientos que pudieran constituir delitos de amenazas y fomento del odio racial y violencia.

 

 

volver al sumario

 

 

La APDHA apoya a la Marcha Obrera del SAT: los derechos hay que defenderlos

27 de agosto de 2012

 

Imagen de sindicatoandaluz.org

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA quiere expresar públicamente que comparte en esencia los motivos de la Marcha Obrera organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en la medida que está siendo capaz de denunciar ante los gobernantes la terrible situación que están atravesando los sectores más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad, manifestando que existen alternativas a las políticas que se están llevando a cabo por parte del gobierno español.  

Para la APDHA, es una oportunidad de reclamar medidas de acción política que estén guiadas por criterios de humanidad y justicia social, no centradas en garantizar el beneficio privado ni dictadas por los mismos organismos financieros que dieron lugar a la enorme estafa social y económica a la que llaman crisis.

Estimamos que la defensa de la sanidad y la educación pública como derechos fundamentales iguales para todos y todas, el acceso al uso de una vivienda como derecho garantizado a todas las personas que lo necesiten, una distribución más equitativa de los bienes y servicios, la reivindicación de la función social de las riquezas disponibles y, en definitiva, el situar las necesidades del ser humano en el centro de la acción social y política, constituyen una llamada para poner en marcha nuestras conciencias ciudadanas.

Desde nuestra Asociación, saludamos el paso de la Marcha Obrera por nuestros pueblos y ciudades, respaldamos su carácter pacífico y la necesidad de que la ciudadanía reivindique y se movilice por un sistema político diferente mediante acciones de no violencia activa.

Del mismo modo denunciamos la campaña de descrédito desatada por acciones que por más que sean controvertidas no dejan de ser un aldabonazo sobre una situación social cada vez más desesperada.  Parece que el Gobierno, en su intento de criminalizar a colectivos que pretenden ejercer como ciudadanos comprometidos la lucha pacífica por la igualdad y justicia social,  intenta desviar la atención y evitar que no señalen a los culpables de la situación que padecemos, de la que ellos mismos son igualmente responsables.

Por todo ello expresamos nuestra solidaridad al esfuerzo colectivo que caracteriza a la marcha y nuestro apoyo a las principales reivindicaciones que la mueven, animando a la ciudadanía a que se sume a ella.

Las próximas movilizaciones serán en Granada el 30 y 31 de agosto (con salida a las 11h. del Ayuntamiento de Maracena), en Málaga el 3 y 4 de septiembre y en Sevilla, los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Más información de las mismas en: www.sindicatoandaluz.org

 

 

volver al sumario

 

 

Delegación de Granada: Comunicado de la Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Granada ante los recortes de la sanidad pública 

Granada, 12 de julio de 2012 

Motivados por una  firme oposición a las medidas que devalúan nuestro derecho a la salud, se ha constituido en Granada la Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública, compuesta por profesionales de la sanidad, colectivos sociales y personas que se van a ver especialmente afectadas por la reforma y en general, por ciudadanos activos preocupados por el mantenimiento de un sistema de sanidad público, universal y equitativo. 

Desde esta plataforma:

Consideramos irrenunciable garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo, sujeto exclusivamente a la condición de ciudadanía (independientemente del lugar de procedencia o situación administrativa) y recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchas otras normativas nacionales e internacionales.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad, la equidad, la redistribución y la justicia social dentro de nuestra sociedad.

El Sistema Nacional de Salud ha hecho gala de una notable capacidad para generar buenos resultados: estado de salud de la población, cobertura, accesibilidad y calidad. Estos logros nos han permitido disfrutar de un sistema con una buena relación coste-calidad (eficiencia).

En los últimos años existe una tendencia de cambio de modelo que se concreta en una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud estrategias que privatizan la sanidad pública y que busca en ello una oportunidad de negocio para unos pocos. Algunos intentan convertir el derecho a la salud en un bien de consumo. Un modelo que ha fracasado allí donde se ha implantado, resultando más caro a la larga y  disminuyendo la calidad en la atención a los ciudadanos.

Los continuos e injustificados recortes en el gasto sanitario suponen una merma de nuestro Estado de Bienestar. Junto a ellos el Gobierno ha impuesto unilateralmente, sin debate parlamentario ni ciudadano alguno, una reforma del Sistema Nacional de Salud en la que los ciudadanos (antes titulares del derecho a la protección de la salud) pasamos a ser meros “asegurados”, concibiendo la atención sanitaria como una contraprestación a la que sólo tendrán acceso determinadas personas. La reforma establece un ineficaz y discriminatorio sistema de copago de los medicamentos y de determinados servicios sanitarios (transporte sanitario no urgente, prestaciones ortoprotésicas o productos dietéticos) necesarios para garantizar la calidad de vida a las personas que requieren de estos servicios. Igualmente supone un desproporcionado recorte del personal sanitario y de los derechos laborales y salariales de estos profesionales, lo que revertirá negativamente en la atención a los pacientes.

Esta reforma sanitaria debilita las bases éticas y democráticas en las que se ha de asentar nuestra sociedad. Afecta a toda la ciudadanía y especialmente a los colectivos en situación más vulnerable, entre ellos las personas mayores y con discapacidades, las personas en situación de desventaja social, las que viven en zonas rurales, aquellas que se encuentran en una situación laboral más precaria y no han podido cotizar o los inmigrantes en situación documental irregular (que se ven directamente privados de la atención sanitaria normalizada). Las mujeres se ven especialmente afectadas por estos recortes en lo concerniente a los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Estas medidas segregacionistas en lo sanitario, no sólo afectarán a la salud y  situación económica de pensionistas e inmigrantes, también repercutirán en el conjunto de toda la ciudadanía porque pueden provocar un aumento de la incidencia de enfermedades en toda la población. Esto último supondría un alto coste humano y económico.

Ante esta nueva situación:

- Llamamos a la oposición por parte de la ciudadanía, profesionales y del gobierno andaluz para que no se implanten ni acepten las medidas de limitación del acceso sanitario a una parte de la ciudadanía, recortes, copago y de privatización del sistema sanitario y que se opte por la defensa de la sanidad pública.

- Apostamos por la mejora del sistema sanitario público teniendo como objetivo la calidad (en financiación, racionalización y gestión) sin cuestionar su existencia y su carácter universal, público y gratuito. Esto exige incluir la participación social en la toma de decisiones sobre el sistema sanitario.

- Creemos que la mejora del sistema sanitario pasa por la promoción de la salud, prevención, asistencia primaria, salud pública etc. y no por los recortes y la privatización. Por ello reclamamos un giro en la praxis de quien gobierna.

- Pedimos al gobierno andaluz que envíe un mensaje claro a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía sobre qué cambios se ponen en marcha a partir de ahora.

- Exigimos un esfuerzo por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y el derecho a la información veraz al pueblo.

 

Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, de la que forma parte la Delegación de Granada de APDHA.

 

 

volver al sumario 

 

 

Mujeres Porteadoras en las fronteras de Ceuta y Melilla: por los derechos y la dignidad

imagen

 

Hasta finales de septiembre está activa la campaña que surgió en abril de este año, bajo el lema "Mujeres que portan mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla: por los derechos y la dignidad". Si aún no os habéis adherido ¡¡todavía estáis a tiempo!!

INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA

Bajo el lema “Mujeres que portan mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla: por los derechos y la dignidad”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), inicia  una nueva campaña de incidencia política cuyo objetivo es llamar la atención de todas las instituciones españolas, europeas y marroquíes ante la situación “indignante, de abusos y de explotación que viven estas mujeres”.
 
La campaña parte de la declaración de intenciones y recomendaciones recogidas como conclusiones de las Jornadas “Porteadoras y Derechos Humanos en la Frontera de Ceuta” celebradas en Tetuán en el mes de abril.

Aquí podéis encontrar toda la información acerca de la campaña: Declaración de Tetuán, material informativo y formulario de recogida de firmas y adhesiones para colectivos y entidades.

Una vez finalizada la campaña, la “Declaración de Tetuán sobre las mujeres porteadoras en las fronteras de Ceuta y Melilla”, será trasladada, con las adhesiones recogidas, al Gobierno Español, a los diferentes grupos políticos, a las Autoridades de Ceuta, al Gobierno y Parlamento Marroquí, al Parlamento Europeo, al Defensor del Pueblo, y todos aquellos organismos cuya labor es determinante para evitar que esta situación perdure en el tiempo.

La APDHA, en nombre propio y en el de las organizaciones que suscribimos la Declaración de Tetuán, os pedimos vuestro apoyo y adhesión para que se respeten los derechos y la dignidad de las mujeres porteadoras.

Para más información, podéis poneros en contacto con nosotros a través del e-mail andalucia@... o porasceurasceutamelilla@... 

 

 

 volver al sumario

 

 

Propuestas

 

II ENCUENTREO ANDALUZ DE COLECTIVOS POR LA VIVIENDA en la Corrala de Vecinas "La Utopía" 

Sevilla, 22 y 23 de septiembre
organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios y por la Intercomisión de Vivienda del 15M, de la que forma parte la Delegación de Sevilla de APDHA.
Para asistir a este evento, podéis inscribiros a través de este correo: stopdesahucioscordoba@...
Más información:
http://www.facebook.com/events/356623454419511/

 

 

 

Médicos del Mundo lanza la campaña ‘Derecho a curar’ para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. 

www.derechoacurar.org

Vídeo online aquí

Descarga del vídeo aquí

Materiales de la campaña:
http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/kit-de-accion/

 

 

 
III edición Curso online: “Principios para una economía justa”
 

Del 1 de octubre al 17 de diciembre
Economistas sin Fronteras, Plataforma 2015 y Más, Attac y Ecologistas en Acción

Más información:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4046

   

 

volver al sumario

 

 

AVISO LEGAL
Le informamos de que la información contenida en este mensaje podría ser de uso interno o de naturaleza confidencial, por lo que, si usted no es su destinatario legítimo, no tiene autorización para copiarlo, almacenarlo o distribuirlo. Asimismo, cualquier información contenida en este e-mail no debe considerarse como emitida ni aprobada por la entidad titular del dominio desde el que le ha sido remitido. Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002,de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, este correo electrónico se envía en nombre de ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, con CIF G41502535. Si usted no quiere volver a recibir futuras comunicaciones nuestras, simplemente reenvíe este correo electrónico a la dirección de e-mail: infoapdha@..., escribiendo en el asunto del mismo la palabra "Baja" y su dirección de correo será excluida de nuestra base de datos. No obstante todo lo anterior, dado que no es voluntad de nuestra entidad realizar envíos deliberados de comunicaciones electrónicas no solicitadas, si ésta tuviera tal carácter, le agradeceríamos que así nos lo comunicara,utilizando para ello la siguiente dirección: infoapdha@..., a fin de excluir su dirección electrónica de nuestras bases de datos, de forma inmediata. 

La APDHA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones vertidas por los autores de los artí­culos publicados








[Adjunto no mostrado: icono-facebookpq.png (image/png) ]
[Adjunto no mostrado: icono-twitterpq.png (image/png) ]
[Adjunto no mostrado: logo-migreurop.png (image/png) ]