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Derechos Humanos de Andalucia |
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| Asunto: | [InfoApdha] 2012-09-20 | | Fecha: | Jueves, 20 de Septiembre, 2012 11:38:12 (+0200) | | Autor: | InfoAPDHA <infoapdha @.....org>
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| InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 20
de septiembre de 2012, 10.909 suscriptores |
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Aprovechamos este primer número después
del parón veraniego para hacer un balance del trabajo de
la Asociación en estos meses de verano.
Damos la bienvenida a todos los
suscriptores y os agradecemos que estéis ahí para
informaros y luchar por la defensa de los Derechos
Humanos.
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La APDHA pide una reflexión sobre el alcance que
supone implantar la cadena perpetua revisable
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15 de septiembre de 2012
Nota de
prensa de la APDHA ante el anuncio de implantación de
cadena perpetua revisable
Las entrañas se nos estremecen cuando conocemos hechos tan
difícilmente asumibles por la ciudadanía como los del caso
Bretón. Son acontecimientos que nos unen de manera
especial con quienes padecieron y están padeciendo en
primera persona la violencia y la perversión de la que es
capaz el ser humano. La empatía se antoja fácil, y todos,
a una, reclamamos esa justicia, que se convierte casi en
la única medicina posible para seguir viviendo, sobre todo
para los más allegados. Y teóricamente todos reconocemos
que por más que se castigue al que infringió el daño, nada
puede hacer que se devuelva a la vida a dos seres
inocentes. Pero aún así, vemos como la única salida que
calma el profundo dolor, cargar lo más duramente posible
contra el infractor, llegando incluso a pedir el mismo
final para el victimario de su víctima. De ahí que, a
primera vista, la cadena perpetua revisable sea el
siguiente paso lógico a dar para endurecer una ley penal
que parece no disuadir a aquellos que deciden actuar
monstruosamente.
Parece que la cadena perpetua revisable va a dotar al
preso de un seguimiento, que va a importar y preocupar su
evolución. Pero lejos de ello, la realidad se impone, y
podemos afirmar que, una vez condenado, al preso deja de
prestársele atención, por varios motivos difícilmente
resumibles aquí, y pasa de ser el punto de mira a
convertirse poco más que en escoria para la sociedad y de
hecho los índices de reincidencia en España son bastante
elevados.
Habría que hacer un enorme esfuerzo y definir claramente
qué objetivos perseguimos con este tipo de peticiones:
objetivos básicamente vengativos, u objetivos de
reparación del daño, de reinserción… Las peticiones se
hacen bajo el paraguas de estos últimos objetivos, pero en
realidad más tienen que ver con los primeros de carácter
más vengativo. Y ello es así, porque los muchos años de
pena privativa de libertad para una persona no se
acompañan con la transformación personal, la reparación
del daño, la restitución moral,…y en último caso, la
reinserción de esa persona de nuevo en la sociedad, tal y
como proclama nuestra Constitución Española en su art. 25.
Sino que más bien, las largas estancias en prisión
cumpliendo una pena privativa de liberad de muchos años
traen consigo la destrucción personal, en lo físico y en
lo psíquico, tal y como demuestran muchos estudios
psicológicos, algunos coincidiendo en el límite de los 15
años como la no vuelta atrás de esta destrucción personal.
Y pese a nuestro art. 25 de la C.E., en España
existe ya, lamentablemente, la cadena
perpetua, a pesar de no existir reconocimiento
legal de la misma. Por un lado, el límite de 40 años no es
absoluto, algunas personas acumulan varias condenas
elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica
dicho límite. En las prisiones españolas en 2.010 cumplían
condenas superiores a 30 años en torno a 345 personas,
sin contar con las condenas por delitos de terrorismo. Es
quizás el momento de hablar con claridad sobre esta
realidad y ponerle límites adecuados con la constitución,
en vez de crear nuevas figuras orientadas a aplicar,
además, la cadena perpetua para la comisión dedeterminados
delitos. Para los casos en los que las personas suelen
estar condenadas de hecho y en la práctica a penas que
suponen la cadena perpetua no va a existir posibilidad de
revisión alguna. En muchos casos se trata de personas en
situación de exclusión que comenten delitos que nada
tienen que ver con los previstos por el Ministerio para
aplicarles la llamada “condena permanente revisable”. No
deja de ser una medida populista e inconstitucional a
nuestro entener.
Por otro lado, todos los Estados en los que existe
reconocida legalmente la cadena perpetua aplican
revisiones, que hacen más cortas las condenas que en
España, donde no existe ese reconocimiento legal. En
países como Inglaterra o Alemania la media de cumplimiento
real es de 15 y 19,9 años a pesar de disponer de cadena
perpetua. España tiene ya, sin reconocimiento de la cadena
perpetua, un sistema mucho más estricto y duro que esos
países.
Las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el
Código Penal de 1995, reformado en el 2003, así como la
reforma de la ley de responsabilidad penal del menor en
2006, han llevado a duplicar la duración efectiva de las
penas. España ha aumentado las tasas de población
penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa,
pese a que era y sigue siendo uno de los países más
seguros del entorno. Por tanto, dichos
endurecimientos no provocaron reducción de criminalidad
alguna, los países con cadena perpetua o pena
de muerte no reducen la delincuencia, no disuaden futuras
infracciones.
No hay que olvidar que en España, con una tasa de
criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por
debajo de la media del resto de países, los
endurecimientos generales del 2003 o de violencia de
género no han servido para nada en la reducción de las
infracciones penales.
Los límites temporales a la condena son una exigencia del
Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al
trato humano, que debe tratar al infractor de las normas
de convivencia de una forma distinta a la que él actuó,
única forma de dar ejemplo. Encerrar de por vida a alguien
supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y
como miembro de la sociedad. Se trata de una tortura
psicológica, ninguna persona puede asimilar la pérdida de
su futuro.
En definitiva si el incremento de la pena no sirve para
disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el
riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más
ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor
del momento, el Estado no puede tolerar. Hay que apostar
por la prevención y la cultura de la no violencia, buscar
otra forma de resolución de los conflictos sociales,
trabajar las causas de los conflictos, apostar por
políticas sociales serias, por la prevención y por la
creación de oportunidades y derechos humanos para lo cual
se requiere un adecuado presupuesto económico. Los
delitos no ponen sino de manifiesto el gran fracaso
social del estado y los altos índices de reincidencia el
fracaso de la función que constitucionalmente cumplen
las penas privativas de libertad.
El dolor requiere de un abordaje emocional que el derecho
penal no puede dar, por más que se eleven las condenas. El
derecho Penal no es el único, ni siquiera el más eficaz de
los medios de prevención de los delitos, pero tampoco es
el más apropiado para proteger y reparar realmente a las
víctimas. Tiene un enorme coste económico y de sufrimiento
para las personas con un beneficio muy escaso para la
sociedad y para las víctimas.
Por último, seguimos llamando a la reflexión a los
medios de comunicación, que cada vez completan
más su tiempo con hechos aislados provocando sensación de
generalidad, rompiendo el duelo necesario de los
familiares de las víctimas y sacando tajada del dolor. La
responsabilidad social impone otras medidas distintas a
invitar a tertulianos que hablan de realidades
desconocidas.
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Más
de la mitad de los casos de fallecimiento dentro de
prisión son por enfermedad
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16 de septiembre de 2012
Según los
últimos datos oficiales, la cifra fue del 63,3% en 2010
[1], aunque la APDHA considera que actualmente
puede ser superior por la situación de crisis
Desde la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA) exigimos la excarcelación
de los enfermos graves, reivindicando el cumplimiento de
la legalidad y los Derechos Humanos. Un sistema
democrático y de derecho, como debía ser el del Estado
español, debe proteger estos principios para cualquier
ser humano, independientemente de a quien vayan
dirigidos. La APDHA ve inadmisible que nuestro sistema
penitenciario condene por la vía de hecho con la muerte.
La APDHA ha denunciado
en muchas ocasiones que en las prisiones deben erradicarse
los malos tratos y tortura y que no es posible que
en nuestro sistema alberguemos a personas que vayan a
ser penadas, formalmente o por la vía de hecho, con la
muerte.
Estas normas mínimas son las que
separan la civilización de la barbarie y en
muchos países aún no se cumplen. Entre estos países no
sólo encontramos dictaduras perversas sino también
democracias que se tienen a sí mismas como ejemplo de
progreso y cultura. Si España no quiere situarse en ese
grupo debe cambiar de rumbo en su política penitenciaria.
Un sistema democrático y
de derecho, como debía ser el nuestro, debe proteger estos
principios, independientemente de a quien vayan dirigidos.
Son principios básicos inherentes al ser humano y no
solamente a determinados seres humanos.
La altura ética de una
sociedad se puede medir por el trato humano que procura a
su población reclusa. Desde hace casi 20 años, la
APDHA lleva denunciando reiteradamente su
preocupación por el hecho de que personas que se
encuentran bajo custodia de las Administraciones
Públicas pierdan la vida y pasen sus últimas horas en el
interior de sus dependencias, alejados de sus
familias, amigos y, en definitiva, su entorno social.
Según los datos que nos constan en la
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura
(CPDT), de la que formamos parte, en 2011
tuvimos conocimiento de la muerte de 51 personas
cuando se encontraban bajo la custodia [2] de
miembros de las FCSE, funcionarios de prisiones o personal
de centros de menores. Según los datos que nos constan desde
el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2011,
465 de las 722 muertes conocidas por la CPDT (es decir,
un 65% del total) ocurrieron en cárceles. Y según
los datos oficiales del Ministerio del Interior desde el
año 2005 al 2010 murieron 1.255 personas en el interior
de las prisiones del Estado español, de las que el 63,3%
son muertes por enfermedad. Desde entonces no
existen datos oficiales que desvelen esta realidad, por lo
que es imposible determinar el incremento de dichas
cifras.
El Código Penal en su art. 92
establece la excarcelación para enfermos muy graves
cuando venga acreditado por informe médico. En
el mismo sentido se pronuncia también el artículo 196 del
Reglamento Penitenciario, y además existe reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta que
estos artículos no van referidos únicamente a sacar de
prisión a los internos para que mueran fuera de la cárcel,
sino que pudiesen estar en libertad una temporada
suficiente anterior al fallecimiento. Tristemente la
realidad nos ha demostrado que en muchas
ocasiones los enfermos mueren a las pocas horas de
concederle la excarcelación.
De esta forma no consta que los
presos y las presas, que también son personas,
hayan muerto en prisión sino que
efectivamente se les puso en libertad (unas horas antes),
y así no entran a formar parte de las estadísticas
negativas de muertes en la cárcel. El abandono
por parte de la Administración Penitenciaria parece
evidente, desde el momento en que se constata la no
excarcelación de enfermos terminales, que podría alargar
la vida o incluso evitar la muerte.
La cárcel no es el “control
institucional adecuado” que necesita la persona presa.
Así lo establece la Ley, en primer lugar, por razones
eminentemente humanitarias y, en segundo, porque en los
Centros Penitenciarios, los servicios médicos están
diseñados como equipos de atención primaria,
formados por médicos de atención primaria, enfermeros/ATS
y auxiliares de enfermería; no habiendo médicos
especialistas, ni farmacéuticos, ni técnicos de
radiodiagnóstico. Mantener a un enfermo grave en la
cárcel, bajo unas condiciones duras y poco saludables,
solamente puede acarrear su agravamiento y acelerar su
muerte.
Exigimos por tanto el
cumplimiento de la ley para todas las personas:
1- La excarcelación inmediata de
los presos enfermos con padecimientos incurables.
2- El estado debe asumir que el
incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias
–al igual que lo tuvo para las personas presas- y por
tanto debe indemnizar a través de responsabilidad
patrimonial, prevista también en la ley, a
los familiares de las personas presas
fallecidas dentro de prisión.
Cuando los políticos tergiversan el
cumplimiento de los Derechos Humanos con razones y
argumentos espurios se convierten en indignos e ilegítimos
representantes de los ciudadanos.
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| Expulsión de inmigrantes
de Isla de Tierra. Queja colectiva a la Defensora del
Pueblo. |
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11 de septiembre de 2012
Como continuación de las acciones que
venimos desarrollando las organizaciones del estado
español integrantes de la red euroafricana Migreurop, para
no dejar impunes las violaciones de derechos cometidas por
el gobierno español con la expulsión masiva de las
personas inmigrantes que accedieron a Isla de Tierra,
hemos presentado, el pasado día 7 de septiembre, una queja
colectiva a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
En dicha queja, además de documentar los
hechos, alegamos las normativas violadas por el gobierno
español en relación a la propia legislación de
extranjería, así como del derecho internacional que
incluye el principio de “no devolución” que impide las
expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias
individuales de cada persona y sus opciones al asilo.
Solicitamos a la Defensora que proceda
a:
-Requerir al Ministerio del Interior, a
la Dirección General de la Guardia Civil y a la Delegación
del Gobierno en Melilla y a cualesquiera administraciones
competentes en este caso toda la información referente a
estos hechos.
-A requerir que estas Administraciones
tomen, de forma inmediata, las medidas oportunas para que
estas personas tengan garantizado (de forma fehaciente) el
cumplimiento de sus Derechos en el proceso bajo tutela del
Gobierno marroquí.
-A instar a los citados organismos para
que abran la correspondiente investigación con el objeto
de determinar las causas que hayan podido llevar a que se
produzca esta situación, depurando en su caso las posibles
responsabilidades, administrativas o de otra índole, que
se pudieran derivar de ella.
A esta queja colectiva seguirán otras
actuaciones de índole judicial así como ante organismos de
defensa de derechos, en el ámbito europeo e internacional.
Organizaciones de Migreurop firmantes:
Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía-APDHA
Andalucía Acoge
Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR
Asociación ELIN
Federación de asociaciones de SOS Racismo
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| El
gobierno ha violado la legislación española al entregar a
los inmigrantes de Isla de Tierra a Marruecos |
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4 de septiembre de 2012
No se ha respetado el
procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni
se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas
puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a
un país que viola sistemáticamente los derechos humanos
de las personas inmigrantes.
El dilema planteado por el Gobierno
español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según
palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por
los derechos de las personas llegadas a nuestro
territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta
situación. La entrega de 73, de las 83 personas
inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las
autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de
Extranjería y la consiguiente violación de los derechos
reconocidos en la mismas.
La legislación obliga a estudiar de forma
individual si cada una de las personas inmigrantes reunía
los requisitos establecidos en la ley para acceder a
territorio español, hecho que no se ha producido al
resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las
diversas garantías que establece la ley se contempla la
posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a
la tutela judicial, así como a la identificación de
perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por
cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de
potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más
allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas
y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia
subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las
autoridades españolas deberían haber constatado, caso por
caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde
se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.
En el mismo momento de la entrega de los
inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las
autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses
que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes
subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde
son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas
de seguridad marroquíes han sido denunciadas
reiteradamente por las palizas y malos tratos que
dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría
haberse producido esta misma noche según la crónica del
diario El País.
Las políticas de control de flujos
migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden
imponer sobre los derechos humanos de las personas
inmigrantes, las principales víctimas de esta situación.
El gobierno español está obligado a respetar la Ley de
Extranjería y sus compromisos internacionales con la
protección de los derechos humanos y el derecho de asilo,
y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un
cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una
concepción de mano dura contra la inmigración irregular
que ocasionó que en los primeros días de estancia en el
islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia
humanitaria que necesitaban.
Por esos motivos, las organizaciones
firmantes están valorando la posibilidad de poner en
conocimiento de los organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos el asunto.
Firman este comunicado:
Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS
Racismo.
Las organizaciones firmantes forman parte
de Migreurop.
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| APDHA muestra
su total rechazo a una reforma sanitaria que excluye a las
personas inmigrantes sin documentación |
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30 de agosto de 2012
La Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía - APDHA considera
que la exclusión de las personas en situación
irregular de la atención sanitaria es moralmente
intolerable, y condiciona la calidad democrática
y los valores humanitarios de nuestra sociedad.
Además, estima que esta reforma no va a tener un
impacto significativo en la reducción del gasto,
ya que las personas inmigrantes no son las
responsables del déficit sanitario.
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El próximo día 1 de
septiembre entra en vigor el Real Decreto
Ley 16/2012, de 20 de abril en el que,
junto a otras medidas, se retira el acceso
a la sanidad pública a los inmigrantes que
residan en España de manera irregular.
El conjunto de
medidas que está tomando el gobierno,
prácticamente desde su misma toma de
posesión, supone un ataque en
toda regla al conjunto de derechos
sociales en este país y está
teniendo ya un impacto terrible en los
sectores más desfavorecidos y vulnerables
de nuestra sociedad. Es indigno que estas
medidas se estén tomando para salvar a la
banca y garantizar los beneficios de todos
los especuladores que se han enriquecido
indecentemente y se siguen enriqueciendo a
costa de la mayoría de la población.
Entre esos
sectores más desprotegidos y vulnerables
se encuentran precisamente las
personas residentes en nuestro país que
no tienen la documentación regularizada,
que a partir de ahora se van ver excluidos
de forma inhumana del derecho a la salud,
violentando cualquier ética o solidaridad
que debieran formar parte de sociedades
llamadas democráticas.
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Se trata de una medida que tiene
un claro sesgo ideológico, cuando se han atrevido
a decir que son las personas inmigrantes los
responsables del déficit sanitario, cuando
realmente todos los estudios y las estadísticas de
las propias Comunidades Autónomas indican que los
inmigrantes en general y en particular los
indocumentados, hacen un uso de los servicios
públicos sanitarios en un porcentaje muy
inferior que los nacionales. Por ello
no es un despropósito afirmar que se trata de una
disposición que tiene un marcado carácter
discriminatorio y segregacionista.
De hecho, esta exclusión
totalmente inadmisible, atenta contra el
principio de no discriminación que
hasta ahora ha venido inspirando las políticas
sanitarios, vulnerando el Derecho Humano
a la Salud, recogido en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y
en los numerosos tratados internacionales
firmados por España. De forma más
específica el Art. 3 de la Ley 16/2003 de 28 de
Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud, reconocía con claridad que el derecho a
la salud es un Derecho Fundamental del que no se
podía privar a ningún colectivo por “razones
culturales, lingüísticas, religiosas o sociales.”
Esta filosofía discriminatoria no
es sino reflejo del cambio de modelo del
sistema de sanidad pública que quiere
instaurar el Gobierno del PP, cuyos primeros pasos
se dan en este Real Decreto-ley 16/2012. Porque
efectivamente el derecho a la salud pasa
de tener un carácter universal a tener un
carácter retributivo; esto es, se
concibe la atención sanitaria como una
contraprestación a la que sólo van a tener
inicialmente acceso aquellos que han cotizado a
la Seguridad Social.
Pero ello es una falsedad en toda
regla como tantas otras con las que quieren
confundirnos en relación a los derechos con los
que quieren acabar. Y es que actualmente
son los impuestos que pagamos todos los
ciudadanos, y no las cotizaciones a la Seguridad
Social, la fuente de financiación del Sistema de
Salud, representando éstos más del 90%
de sus recursos y estando incluida en la
financiación general de cada CC.AA. Por tanto
también las personas inmigrantes (a través de
impuestos directos o indirectos) contribuyen al
mantenimiento de la Sanidad.
Esta reforma,
además de injusta y arbitraria, no va a
tener un impacto significativo en la reducción
del gasto sanitario. Primero porque se
trata de un colectivo porcentualmente reducido; se
calcula en unas 150.000 personas en toda España y
entre 25 y 30.000 personas en Andalucía. Y,
segundo, por la ya señalada reducida utilización
del sistema por parte de los inmigrantes.
En cambio sí puede tener
graves repercusiones negativas para el
sistema, como una mayor saturación de los
servicios de urgencia, y sobre todo
para la salud pública, porque este tipo de medidas
segregacionistas puede provocar que
determinadas enfermedades infecciosas se
propaguen a toda la población, al no
ser tratadas ni controladas. Pero sobre todo
padecerán las propias personas
inmigrantes que sufrirán un agravamiento en su
estado de salud por enfermedades fácilmente
curables en su estadio inicial, o
simplemente verán comprometida su
supervivencia cuando estén afectados de
enfermedades graves, crónicas o que
requieran un tratamiento prolongado en el tiempo
(diálisis, insulinoterapia, tratamientos
oncológicos, retrovirales en caso de VIH…).
En la comunidad andaluza, tanto
el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas,
como la Consejera de Salud, María Jesús Montero,
han indicado que Andalucía va a
garantizar el acceso a la salud por parte de las
personas inmigrantes sin documentación.
Sin embargo, a dos días de que
entre en vigor el Decreto Ley, no se han
dado instrucciones claras de cómo esto se va a
llevar a cabo de forma efectiva. Muchos
centros de salud han tenido que ponerse en
contacto con sus Distritos Sanitarios, sin que
éstos estén dando instrucciones precisas sobre
cómo proceder. Ante esta situación, la APDHA aboga
por que todos los usuarios puedan obtener la
tarjeta sanitaria como hasta ahora, para que la
atención que reciban no quede a merced de la
persona que los atienda en el centro de salud.
>> Ver también
comunicado Doce entidades de todo
el país exigen una sanidad pública, universal
y gratuita a todas las personas
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|
| La reforma del
Gobierno para facilitar desahucios fomenta la seguridad
jurídica de propietarios y sector financiero y da la
espalda a la exclusión social de miles de familias |
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24 de agosto de 2012
La APDHA muestra su más absoluta
decepción ante la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios
Según datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo
46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012,
185.145 desde 2007 (Andalucía se sitúa a la cabeza con
72.900). Miles de familias sin hogar viven en
la más absoluta precariedad, con el 35% de
pobreza en Andalucía, siendo la media española
del 22%. En este contexto, el Gobierno,
con el objeto de solucionar el problema del derecho a la
vivienda, ha modificado hoy la Ley de
Enjuiciamiento Civil para favorecer la seguridad
jurídica de los propietarios y crear más desprotección
para los inquilinos.
En nuestro país siempre ha prevalecido, y
se ha fomentado desde las Instituciones Públicas, la
cultura de la propiedad. Según datos de 2010 de Eurostat,
un 83% de la ciudadanía reside en una vivienda de su
propiedad, frente al 17% restante que alquila
principalmente (porcentaje algo más elevado en Barcelona,
que ronda el 25%).
Sin embargo, a finales de 2010
había 687.523 viviendas vacías que no hallaban
comprador. Pero ese número era sólo de viviendas de
nueva construcción, a él debemos añadir los
miles de desahucios que se están produciendo al mes
durante los últimos dos años. El Censo de Población y Viviendas de 2001
del INE estaba ya en más de tres millones
en las casas vacías.
La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía - APDHA considera que esta reforma
se ha realizado para atender las demandas del sector
financiero, que necesita alquilar viviendas a
corto plazo y facilitar al máximo los desahucios para
acelerar los procesos.
¿Es ésa la solución que se le da a las
miles de familias avocadas a vivir hacinadas, en
condiciones insalubres o directamente en la calle? ¿Cuántos
ciudadanos en situaciones de vida indignas, a
causa de una crisis que no provocaron, hacen
falta en España para que el gobierno garantice el
derecho universal a la vivienda?
El derecho al uso y disfrute de
una vivienda digna es hoy en día un lujo, cuando
debería estar garantizado para toda la ciudadanía
y no solamente para beneficiar a quienes se enriquecen y
especulan con este derecho básico. Los ciudadanos y
ciudadanas debemos levantar la voz y exigir a los
gobiernos nacionales y autonómicos que legislen ya para
que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades
básicas, se cumplan los derechos constitucionales y los
derechos humanos. Debemos levantarnos y exigir un cambio
de rumbo. Debemos obligar a quienes gobiernan a que lo
hagan para la ciudadanía y no para los mercados, los
especuladores y el capital.
Reivindicamos algunas medidas
que se podrían haber aprobado en el día de hoy, y que
muchos movimientos sociales están exigiendo ya:
1. Cese inmediato de la
privatización del parque público de vivienda de
todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la
administración de todas las existentes.
2. Cese inmediato de la venta del
patrimonio público de suelo.
3. Reorientar toda la actividad
de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia
la vivienda pública en alquiler y hacia la
rehabilitación (en este caso, con
contraprestaciones sociales por parte de los propietarios
que se beneficien de tales ayudas).
4. Creación de un Banco Público
que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública
de vivienda.
5. Erradicación de la
infravivienda satisfaciendo la necesidad de una
vivienda digna.
6. Expropiación de la facultad de
uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad
privada que permanezcan desocupadas de manera
habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento,
incluyendo
el enorme parque de viviendas de las
entidades bancarias, así como expropiación de las
viviendas de protección oficial en manos de los bancos
tras ejecuciones hipotecarias, para que
retornen a su función de uso social.
7. Expropiación de las viviendas
cuyos propietarios desatiendan su deber legal de
conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad,
ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su
rehabilitación, cederlas en arrendamiento
8. Despenalización por
el Parlamento de la nación española de la
ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
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| Comunicado
de APDHA-Sevilla ante las actuaciones del Ayuntamiento de
Sevilla con relación a los asentamientos chabolistas |
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Sevilla, 13 de julio de 2012
La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía, ante los desalojos que se están llevando a cabo
en Sevilla por el Ayuntamiento quiere expresar lo
siguiente:
1. Nuestra repulsa a la
actuación del Ayuntamiento que está vendiendo
una lucha por erradicar el chabolismo, cuando en realidad
lo que está haciendo es una campaña de marketing propia de
países poco democráticos sin importarle las personas que
dejan sin chabola.
2. El Ayuntamiento sabe,
porque tiene personas técnicas, que la forma de
actuar en este tipo de asentamientos no es la que está
llevando a cabo. Enfocar la solución del chabolismo
desde la Delegación de Seguridad y no desde la
Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de
Especial Actuación es no querer abordar el
problema desde la complejidad que este tiene.
No es con policía, criminalizando y estigmatizando a la
población que allí reside, como se solucionan estos
conflictos.
3. El Ayuntamiento sabe que los asentamientos
chabolistas están habitados por personas de diferentes
orígenes que comparten una situación de exclusión
injustificable e intolerable en un estado social y de
derecho. Etiquetar a sus habitantes
relacionándolos con un único grupo étnico o con una
nacionalidad sólo refuerza la estigmatización de
estas personas excluidas, el racismo y la xenofobia y no
contribuye a la construcción de soluciones.
4. Exigimos la voluntad política
de las administraciones y la necesidad de una
coordinación para ejercer su función de garantizar los
derechos a la vivienda, a la alimentación y a
la salud de todas las personas, además de los derechos de
los menores, independientemente de su país de origen y que
pongan en práctica medidas sociales que respeten
los Derechos Humanos. Es necesario construir
alternativas consensuadas entre todos:
habitantes de los asentamientos, vecindario, todas las
administraciones coordinadas y movimientos sociales.
5. Las expresiones xenófobas
que han aparecido en prensa no deben nunca reflejar el
sentir general de la población sevillana. Todas aquellas
actitudes racistas y violentas que atentan contra los
derechos de las personas asentadas, y que se
explican también desde las malas prácticas llevadas a
cabo por el Ayuntamiento, serán objeto de nuestra
repulsa y denuncia ante los tribunales.
6. El Ayuntamiento sabe que la
erradicación del chabolismo es un proceso largo,
donde tiene que haber objetivos a corto y medio plazo para
que ver avances. Hay que acordar entre las partes para que
se produzcan compromisos concretos que irán en la vía de
solución del conflicto.
7. El desalojo y las
repatriaciones no son soluciones. En el primer
caso, que es el que mayoritariamente está llevando a cabo
el Ayuntamiento de Sevilla, sólo traslada la
situación de exclusión a otro lugar de la ciudad,
no plantea ninguna solución ni aborda las causas del
conflicto. En cuanto a las repatriaciones, queremos
recordar que sólo se debe ayudar a una persona a regresar
a su país o ciudad cuando ésta lo pide. Y nunca
promoviendo que cierta minoría étnica vuelva a su país por
el simple hecho de pertenecer a dicho grupo: esto sería
una deportación. Permaneceremos atentos a las situaciones
que se produzcan relacionadas con este ámbito.
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| Delegación de Sevilla: Rechazo al desalojo forzoso y
levantamiento del asentamiento de población rumana gitana
en San Jerónimo (Sevilla) |
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Sevilla, 11 de Julio de 2012
La Delegación de Sevilla de la APDHA, la
Oficina de Derechos Sociales de Sevilla (ODS), el Grupo 17
de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de
los Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Gitanas
Universitarias de Andalucía (Amuradi) y la Federación
Andaluza de de Mujeres Gitanas (Fakali):
Queremos manifestar nuestro más
profundo rechazo al desalojo forzoso y levantamiento del
asentamiento de población rumana gitana en el barrio de
San Jerónimo, realizado por orden del
Ayuntamiento de Sevilla a través de la Policía Local en
martes 9 julio del 2012.
Esta medida se ha llevado a cabo
por la propia presión ciudadana liderada por una
organización vecinal, en concreto la Asociación de
vecinos El Alamillo y vecinos organizados en la
plataforma Basta ya de Asentamientos, una
organización con dudosos fines que en su blogs hace
claramente una incitación y apología a la violencia y al
racismo contra las personas por el hecho de ser
diferentes, en este caso inmigrantes o pertenecientes a
minorías étnicas, en su mayoría en una situación de
pobreza y de vulnerabilidad social y que está calando cada
vez más un sentimiento de rechazo social hacia la
comunidad rumana gitana.
Detrás de estas conductas hay
unas ideologías claramente fascistas, porque no reclaman
que se adopten medidas integrales de inclusión social,
sino que lo que están reivindicando y para lo que están
presionando a las instituciones públicas es para que
expulsen a los rumanos gitanos de toda la ciudad de
Sevilla.
Este nuevo desmantelamiento chabolista es
uno más de los que se vienen produciendo en la ciudad
desde hace tiempo sin que las instituciones públicas
ofrezcan una alternativa más allá del hecho consumado y la
represión ejercida contra la población rumana que reside
en los asentamientos.
No hay ni una sola medida social
tras cada desmantelamiento chabolista que ayude
a mejorar las condiciones sociales de estas personas. El
Ayuntamiento y el resto de las administraciones públicas
muestran una incapacidad absoluta para solucionar este
problema.
La exclusión no se combate
negando su existencia ni enviando a la policía, sino con
medidas sociales serias, valientes,
comprometidas y continuadas en el tiempo, es decir, con
seguimiento.
Exigimos:
1. El cese de la violencia
institucional.
2. Medidas urgentes para paliar la
situación de exclusión que viven estas familias (espacios
donde las familias puedan quedarse hasta que se les de una
solución definitiva).
3. La aplicación de los diversos planes de
erradicación del chabolismo tanto a nivel local
como andaluz.
4. Facilitar el acceso a la vivienda como un
derecho equiparable al derecho a la educación,
la sanidad, etc.
5. Una ley de inclusión social para Andalucía
que tenga en cuenta a las personas que ya viven en
situación de exclusión.
6. Que las administraciones públicas asuman su
responsabilidad plena en las situaciones de
desigualdad y exclusión que generan el modelo económico
neoliberal vigente que está llevando a las personas a un
callejón sin salida.
Por otra parte la APDHA, la ODS y el
Grupo 17 de Marzo, están estudiando la
interposición de una denuncia a la Fiscalía de la
Audiencia de Sevilla a fin de que investigue la posible
comisión de un delito de coacciones por parte de quien
ordenara a la Policía Local el desalojó del grupo
asentado en unos terrenos privados sin que existiera
denuncia alguna por parte de su propietario.
Por otra parte, aportarán a la misma denuncia material
gráfico (vídeos) de las concentraciones de los vecinos
donde pudieran observase comportamientos que pudieran
constituir delitos de amenazas y fomento del odio racial y
violencia.
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| La APDHA apoya a la Marcha Obrera del SAT: los
derechos hay que defenderlos |
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27 de agosto de 2012
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Imagen de
sindicatoandaluz.org
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La Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía - APDHA
quiere expresar públicamente que comparte
en esencia los motivos de la
Marcha Obrera organizada
por el Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT), en la medida que está
siendo capaz de denunciar ante los
gobernantes la terrible situación que
están atravesando los sectores más
pobres y desfavorecidos de nuestra
sociedad, manifestando que
existen alternativas a las políticas que
se están llevando a cabo por parte del
gobierno español.
Para la APDHA, es una
oportunidad de reclamar medidas de
acción política que estén guiadas por
criterios de humanidad y justicia social,
no centradas en garantizar el beneficio
privado ni dictadas por los mismos
organismos financieros que dieron lugar a
la enorme estafa social y económica a la
que llaman crisis.
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Estimamos que la defensa de la
sanidad y la educación pública como derechos
fundamentales iguales para todos y todas, el
acceso al uso de una vivienda como derecho
garantizado a todas las personas que lo necesiten,
una distribución más equitativa de los bienes y
servicios, la reivindicación de la función social
de las riquezas disponibles y, en definitiva, el
situar las necesidades del ser humano en el centro
de la acción social y política, constituyen una
llamada para poner en marcha nuestras conciencias
ciudadanas.
Desde nuestra Asociación,
saludamos el paso de la Marcha Obrera por nuestros
pueblos y ciudades, respaldamos su carácter
pacífico y la necesidad de que la
ciudadanía reivindique y se movilice por un
sistema político diferente mediante acciones de
no violencia activa.
Del mismo modo denunciamos la campaña
de descrédito desatada por acciones que
por más que sean controvertidas no dejan de ser un
aldabonazo sobre una situación social cada vez más
desesperada. Parece que el Gobierno, en su
intento de criminalizar a colectivos que pretenden
ejercer como ciudadanos comprometidos la lucha
pacífica por la igualdad y justicia social,
intenta desviar la atención y evitar que no
señalen a los culpables de la situación que
padecemos, de la que ellos mismos son igualmente
responsables.
Por todo ello expresamos
nuestra solidaridad al esfuerzo colectivo que
caracteriza a la marcha y nuestro apoyo a las
principales reivindicaciones que la mueven,
animando a la ciudadanía a que se sume a ella.
Las próximas movilizaciones serán
en Granada el 30 y 31 de agosto (con salida a las
11h. del Ayuntamiento de Maracena), en Málaga el 3
y 4 de septiembre y en Sevilla, los días 5, 6 y 7
de septiembre.
Más información de las mismas en:
www.sindicatoandaluz.org
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| Delegación
de Granada: Comunicado de la Mesa de Trabajo en Defensa de
la Sanidad Pública de Granada ante los recortes de la
sanidad pública |
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Granada, 12 de julio de 2012
Motivados por una firme oposición a las
medidas que devalúan nuestro derecho a la salud, se ha
constituido en Granada la Mesa de Trabajo en
Defensa de la Sanidad Pública, compuesta por
profesionales de la sanidad, colectivos sociales y
personas que se van a ver especialmente afectadas por la
reforma y en general, por ciudadanos activos preocupados
por el mantenimiento de un sistema de sanidad público,
universal y equitativo.
Desde esta plataforma:
Consideramos irrenunciable
garantizar el derecho constitucional a la protección de
la salud, sin discriminación de ningún tipo,
sujeto exclusivamente a la condición de ciudadanía
(independientemente del lugar de procedencia o situación
administrativa) y recogido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en muchas otras normativas
nacionales e internacionales.
La Sanidad Pública universal y de calidad
ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado
del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la
solidaridad, la equidad, la redistribución y la justicia
social dentro de nuestra sociedad.
El Sistema Nacional de Salud ha hecho
gala de una notable capacidad para generar buenos
resultados: estado de salud de la población, cobertura,
accesibilidad y calidad. Estos logros nos han permitido
disfrutar de un sistema con una buena relación
coste-calidad (eficiencia).
En los últimos años existe una tendencia
de cambio de modelo que se concreta en una campaña
generalizada para desprestigiar y desmantelar los
sistemas públicos de salud,
estrategias que privatizan la sanidad pública y
que busca en ello una oportunidad de negocio para unos
pocos. Algunos intentan convertir el derecho a la salud en
un bien de consumo. Un modelo que ha fracasado allí donde
se ha implantado, resultando más caro a la larga y
disminuyendo la calidad en la atención a los ciudadanos.
Los continuos e injustificados
recortes en el gasto sanitario suponen una merma de
nuestro Estado de Bienestar. Junto a ellos el
Gobierno ha impuesto unilateralmente, sin debate
parlamentario ni ciudadano alguno, una reforma del Sistema
Nacional de Salud en la que los ciudadanos (antes
titulares del derecho a la protección de la salud) pasamos
a ser meros “asegurados”, concibiendo la atención
sanitaria como una contraprestación a la que sólo tendrán
acceso determinadas personas. La reforma establece un
ineficaz y discriminatorio sistema de copago de los
medicamentos y de determinados servicios sanitarios
(transporte sanitario no urgente, prestaciones
ortoprotésicas o productos dietéticos) necesarios para
garantizar la calidad de vida a las personas que requieren
de estos servicios. Igualmente supone un desproporcionado
recorte del personal sanitario y de los derechos laborales
y salariales de estos profesionales, lo que revertirá
negativamente en la atención a los pacientes.
Esta reforma sanitaria debilita las bases
éticas y democráticas en las que se ha de asentar nuestra
sociedad. Afecta a toda la ciudadanía y
especialmente a los colectivos en situación más
vulnerable, entre ellos las personas mayores y
con discapacidades, las personas en situación de
desventaja social, las que viven en zonas rurales,
aquellas que se encuentran en una situación laboral más
precaria y no han podido cotizar o los inmigrantes en
situación documental irregular (que se ven directamente
privados de la atención sanitaria normalizada). Las
mujeres se ven especialmente afectadas por estos recortes
en lo concerniente a los derechos a la salud sexual y
reproductiva.
Estas medidas segregacionistas en lo
sanitario, no sólo afectarán a la salud y situación
económica de pensionistas e inmigrantes, también
repercutirán en el conjunto de toda la ciudadanía porque
pueden provocar un aumento de la incidencia de
enfermedades en toda la población. Esto último supondría
un alto coste humano y económico.
Ante esta nueva situación:
- Llamamos a la oposición por parte de la
ciudadanía, profesionales y del gobierno andaluz para que
no se implanten ni acepten las medidas de limitación del
acceso sanitario a una parte de la ciudadanía, recortes,
copago y de privatización del sistema sanitario y que se
opte por la defensa de la sanidad pública.
- Apostamos por la mejora del
sistema sanitario público teniendo como objetivo la
calidad (en financiación, racionalización y
gestión) sin cuestionar su existencia y su carácter
universal, público y gratuito. Esto exige incluir la
participación social en la toma de decisiones sobre el
sistema sanitario.
- Creemos que la mejora del sistema
sanitario pasa por la promoción de la salud,
prevención, asistencia primaria, salud pública etc. y no
por los recortes y la privatización. Por ello reclamamos
un giro en la praxis de quien gobierna.
- Pedimos al gobierno andaluz que envíe
un mensaje claro a los profesionales
sanitarios y a la ciudadanía sobre qué cambios se ponen en
marcha a partir de ahora.
- Exigimos un esfuerzo por parte de las
autoridades para garantizar la transparencia y el
derecho a la información veraz al pueblo.
Mesa de Trabajo en Defensa de
la Sanidad Pública de Granada, de la que
forma parte la Delegación de Granada de APDHA.
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| Mujeres
Porteadoras en las fronteras de Ceuta y Melilla: por los
derechos y la dignidad |
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Hasta finales de septiembre está
activa la campaña que surgió en abril de este año, bajo
el lema "Mujeres que portan mercancías en las fronteras
de Ceuta y Melilla: por los derechos y la dignidad". Si
aún no os habéis adherido ¡¡todavía estáis a tiempo!!
INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA
Bajo el lema “Mujeres que portan
mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla: por los
derechos y la dignidad”, la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA), inicia una nueva campaña de
incidencia política cuyo objetivo es llamar la atención de
todas las instituciones españolas, europeas y marroquíes
ante la situación “indignante, de abusos y de explotación
que viven estas mujeres”.
La campaña parte de la declaración de intenciones y
recomendaciones recogidas como conclusiones de las
Jornadas “Porteadoras y Derechos Humanos en la Frontera de
Ceuta” celebradas en Tetuán en el mes de abril.
Aquí podéis encontrar
toda la información acerca de la campaña: Declaración de
Tetuán, material informativo y formulario de recogida de
firmas y adhesiones para colectivos y entidades.
Una vez finalizada la campaña, la
“Declaración de Tetuán sobre las mujeres porteadoras en
las fronteras de Ceuta y Melilla”, será trasladada, con
las adhesiones recogidas, al Gobierno Español, a los
diferentes grupos políticos, a las Autoridades de Ceuta,
al Gobierno y Parlamento Marroquí, al Parlamento Europeo,
al Defensor del Pueblo, y todos aquellos organismos cuya
labor es determinante para evitar que esta situación
perdure en el tiempo.
La APDHA, en nombre propio y en el de las
organizaciones que suscribimos la Declaración de Tetuán,
os pedimos vuestro apoyo y adhesión para que se respeten
los derechos y la dignidad de las mujeres porteadoras.
Para más información, podéis poneros en
contacto con nosotros a través del e-mail andalucia@...
o porasceurasceutamelilla@...
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Propuestas
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| II ENCUENTREO ANDALUZ DE
COLECTIVOS POR LA VIVIENDA en la Corrala de Vecinas "La
Utopía" |
Sevilla, 22 y 23 de septiembre
organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
Stop Desahucios y por la Intercomisión de Vivienda del
15M, de la que forma parte la Delegación de Sevilla de
APDHA.
Para asistir a este evento, podéis inscribiros a través de
este correo: stopdesahucioscordoba@...
Más información:
http://www.facebook.com/events/356623454419511/
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Médicos del Mundo lanza la campaña
‘Derecho a curar’ para sumar adhesiones de profesionales
sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión
sanitaria de las personas inmigrantes en situación
irregular.
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www.derechoacurar.org
Vídeo online aquí
Descarga del vídeo aquí
Materiales de la campaña:
http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/kit-de-accion/
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III edición Curso
online: “Principios para una economía justa”
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Del 1 de octubre al 17 de diciembre
Economistas sin Fronteras, Plataforma 2015 y Más, Attac y
Ecologistas en Acción
Más información:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4046
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aprobada por la entidad titular del dominio desde el que
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escribiendo en el asunto del mismo la palabra "Baja" y su
dirección de correo será excluida de nuestra base de
datos. No obstante todo lo anterior, dado que no es
voluntad de nuestra entidad realizar envíos deliberados de
comunicaciones electrónicas no solicitadas, si ésta
tuviera tal carácter, le agradeceríamos que así nos lo
comunicara,utilizando para ello la siguiente dirección: infoapdha@...,
a fin de excluir su dirección electrónica de nuestras
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2012-09-20
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