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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-10-31
Fecha: 2 de Noviembre, 2012  19:04:28 (+0400)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 31 de octubre de 2012, 10.909 suscriptores
 

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Nueva tragedia ante la inacción de Frontex

Comunicado Migreurop, 26/10/2012

Varias decenas de inmigrantes perecieron ahogados en el día de ayer cuando trataban de alcanzar la costa española. Pese a que fueron localizados y fotografiados, antes de naufragar, por un avión de Frontex que participaba en la Operación Indalo, esta agencia no procedió a movilizarse para su salvamento. Éste corrió  a cargo de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil, una vez que habían perecido ahogados decenas de los tripulantes de la patera, rescatando a 18 personas y recuperando los cuerpos de 14 de los ahogados, permaneciendo desaparecidos unos 40.

Denunciamos la pasividad de Frontex, por no acudir al rescate de estas personas.

Denunciamos el intento de la Guardia Civil de entregarlas a Marruecos, a donde fueron llevadas de inmediato, lo que no lograron al no aceptar ese país hacerse cargo de los náufragos.

Responsabilizamos de estas muertes, que se suman a varios miles más acaecidas en estos años en la costa africana y del Mediterráneo, a las políticas de control de fronteras en el mar que impulsa la UE y el estado español.

Reclamamos que el Gobierno español no castigue aún más a los supervivientes de esta tragedia, expulsándolos hacia sus países de origen y que permita su estancia legal en nuestro país por razones humanitarias. Las organizaciones abajo firmantes, ante la posibilidad de que estas personas sean conducidas a un Centro de Internamiento, nos movilizaremos para que sean respetados todos sus derechos.

Exigimos el fin de esta política de cierre de fronteras que está convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común.

Firman: Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ELIN y Federación estatal de SOS Racismo, organizaciones miembros, en el estado español, de la red euro-africana Migreurop.

 

 

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Ante las recientes entradas de inmigrantes por la valla de Melilla, urge un cambio de política de fronteras

Comunicado Migreurop, 25/10/2012

Las organizaciones firmantes, miembros de la red euro africana Migreurop, rechazamos la actuación policial y llamamos la atención sobre la responsabilidad del gobierno español en esta situación. Las personas migrantes que vienen protagonizando estos acontecimientos se ven abocadas a esta dramática situación ante la completa imposibilidad de acceder a territorio español por cualquier vía legal. El Gobierno español ha establecido la necesidad de visado a todos los nacionales que provengan de cualquier país africano. Y la inmensa mayoría de solicitudes de visado son denegadas.


En estas condiciones, cualquier discurso sobre gestionar los flujos migratorios no es sino una forma de desviar la atención sobre lo que ocurre en la realidad. Y la realidad es muy testaruda: la política de cierre de fronteras es un fracaso. Siguen y seguirán llegando más migrantes porque se les cierra cualquier otra puerta. Se violan sistemáticamente sus derechos por parte de las autoridades y cuerpos policiales marroquíes, que no sólo cometen con ellos todo tipo de abusos sino que, en muchos casos, son arrojados al desierto en la frontera marroquí quedando expuestos a todo tipo de penurias, a merced de delincuentes y con riesgo de perecer. El gobierno español es cómplice de esta situación cuando impide el acceso de estas personas a nuestro país y cuando las entrega a Marruecos, como ocurrió recientemente en la isla Tierra.


Defendemos el derecho de toda persona a migrar o buscar asilo en cualquier país y exigimos al Gobierno español que respete escrupulosamente los derechos de las personas que estos días han accedido a Melilla logrando superar las vallas.


Firman:

ACSUR-Las Segovias, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Federación estatal de SOS Racismo, organizaciones miembros, en el estado español, de la red euro-africana Migreurop.


 

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Los derechos de las personas presas, rehenes de los intereses políticos del Consejero de Justicia e Interior

23/10/2012

 

El Consejero de Justicia e Interior incumple su compromiso de restaurar los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica a las personas privadas de libertad (SOAJP) y mantiene desde hace seis meses a más de 16.000 personas presas sin asistencia jurídica.

imagen

El pasado mes de junio la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la firma de 1.000 personas presas denunciando la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones andaluzas, que afecta a 16.000 personas, la mayoría de escasos recursos, y con imposibilidad de acceder al derecho de defensa de manera privada. El Defensor del Pueblo Andaluz se comprometió públicamente a realizar cuantos trámites fueran precisos para solucionar este problema que menoscaba este derecho fundamental de uno de los sectores más desfavorecidos de Andalucía.  

Tras dicha queja mantuvimos una la reunión el 15 de junio de 2012 entre el Consejero de Justicia, la portavoz del grupo parlamentario de IU en la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, Alba Doblas y la APDHA. En ella, el Consejero se comprometió a reanudar el pago del servicio siempre que el Ministerio autorizara la prestación del mismo, sin necesidad de la firma de un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia e Interior, el Ministerio del Interior y  el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA).


Desde el año 2001 este servicio se prestaba por pago directo a los Colegios y las prisiones sin convenio tripartito. Fue a partir del 3 de abril de 2008 cuando se hizo bajo el amparo de éste. El 17 de abril de 2012 la Junta ordenaba la suspensión del SOAJP ante el retraso en la firma de la renovación del Convenio por parte del Ministerio dejando a 16.000 personas presas sin asistencia jurídica desde entonces. 

Aunque este trámite podría alargarse, ya que el Ministerio culpa a la Consejería y ésta a aquel, es responsabilidad del financiador -Junta de Andalucía- proceder a la búsqueda de soluciones para evitar su paralización. Éste fue el compromiso adquirido por el Consejero en la reunión citada, que ha sido incumplido en la práctica y que además se plasma por escrito en la respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz a la queja planteada por la APDHA.

En la citada reunión el Consejero:

1.- Reconoció que era consciente de que la probabilidad de que el Ministerio firmara el Convenio era nula. Por tanto, cualquier búsqueda de solución pasaría por cualquier otro sistema alternativo de convenio ajeno al tripartito.

2.- Por ello, reafirmando que no era una cuestión de falta de voluntad política, en prueba de la misma aceptó modificar su posición inicial de convenio tripartito a otra de financiación directa a Colegios o Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), siempre que se consiguiera, comisionándose para ello a la APDHA, que el Ministerio del Interior no pusiera obstáculo a la prestación del SOAJP.

Por tanto, la APDHA en cumplimiento de lo acordado, contactó con el CADECA a fin de que obtuviera autorización por parte del Ministerio para seguir prestando el SOAJP en los Centros Penitenciarios sin Convenio Tripartito. El Ministerio contestó afirmando que los Convenios bilaterales entre los Colegios y el Ministerio seguían vigentes por lo que no habría obstáculo para la prestación del SOAJP. 

 

La posición descrita en el escrito de la Consejería fue la mantenida en el momento inicial de la reunión, de la necesidad de existencia de cobertura normativa mediante un convenio tripartito, que posteriormente fue modificada, tras las razones aportadas por IU y la APDHA, a saber:

-No existe razón alguna para exigir un marco normativo, pues el mismo no es necesario. De todos los SOAJP existentes en España, ninguno goza de Convenio Tripartito.

-En ningún otro servicio similar de Andalucía, de asistencia a detenidos, práctica de diligencias o extranjería en Comisarías de Policía Nacional, Autonómica, Local o en los propios Centros Penitenciarios andaluces, existe convenio tripartito, pues no es preciso. ¿Por qué para prestar el SOAJP en prisión hace falta un Convenio tripartito y no lo sería para prestar en el mismo centro penitenciario el servicio de extranjería por un procedimiento de expulsión?

-Hasta la firma del Convenio Tripartito, en 3 de abril de 2008, el SOAJP se venía prestando desde el año 2001 sin la necesidad de la misma, a través de financiación directa de la Consejería. No ha existido ninguna modificación legal que exija dicha modificación.

-Los Colegios de Abogados de Andalucía tenían desde 2001 convenios idénticos firmados con el Ministerio del Interior por el que se autorizaba la prestación del SOAJP. Dichos convenios siguen vigentes.

-Prueba de la vigencia de los Convenios es que los SOAJP siguieron funcionado durante un año, desde abril de 2011 hasta abril del 2012, una vez finalizada la vigencia del Convenio, sin que existiera la necesidad del marco normativo tripartito. Dicho de otro modo, la Administración Penitenciaria no había puesto obstáculo a la prestación de los SOAJP ni la Junta de Andalucía a funcionar sin el citado modelo.

-El motivo de la firma del convenio tripartito fue la mera coincidencia de color político entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, que una vez desaparecida, está sirviendo para de forma irresponsable jugar -lanzándose unos a otros la responsabilidad- con los derechos de las personas privadas de libertad.

Esta cerrazón de la Consejería de Justicia parece más bien un intento político, a través de la suspensión del servicio  a todos los presos andaluces, de presionar al Ministerio a fin de que respalde a posteriori  y con carácter retroactivo los meses en los que funcionó el servicio en 2011 y 2012 sin la firma correspondiente en el documento de renovación del acuerdo tripartito por retraso en su envío por parte de la Junta de Andalucía y dilación por parte del Ministerio en firmarlo después,  lo que podría acarralarle problemas de fiscalización. 

Los derechos de las personas privadas de libertad se convierten así en meros rehenes de intereses políticos ajenos y contrarios a la función de protección y garantes de los derechos fundamentales que todas Administraciones deben cumplir con las personas más vulnerables de la ciudadanía.

Ante el incumplimiento de lo acordado por el Consejero de Justicia se ha presentado petición al Defensor del Pueblo Andaluz para que de manera urgente inste y recomiende a la Consejería la reinstauración del SOAJP sin firma de convenio tripartito así como una campaña en el Parlamento Andaluz, adjuntando la petición de más de 1.000 presos andaluces pidiendo la reinstauración del servicio.

> Más información en el siguiente enlace

 

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APDHA considera que la Unión Europea no es digna del Premio Nobel de la Paz

16/10/2012

 

 

"…una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la
fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los
ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz"

Testamento de Alfred Nobel 

(Versón en francés aquí) 

La concesión del premio Nobel de la Paz a la Unión Europea ha causado estupor entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones pacifistas y otras muchas de la sociedad civil. Entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA.

El jurado que otorga el premio Nobel de la Paz tenía muchas y variadas posibilidades de reconocer la labor a favor de la paz, en el espíritu del testamento de Alfred Nobel, a activistas y organizaciones que llevan decenas de años comprometidas por un mundo mejor y por una sociedad mas justa y en paz. Y ha tomado la peor de las opciones: reconocer a la UE como un actor de paz en el mundo que nos ha tocado vivir.

En todo caso la sorpresa es relativa, ya que no es la primera vez que el Jurado de Oslo toma decisiones muy controvertidas o que directamente hieren el sentido común. Es cierto que muchas veces han sido Premios de la Paz a trayectorias personales o colectivas impresionantemente comprometidas con la paz y los derechos humanos. Pero han sido otros muchos los casos, que denigran el nombre de la Paz y desprestigian tan alto galardón. El premio a la UE se suma al oprobio de haberlos concedido a presidentes de EE.UU. como Wilson, Roosevelt u Obama; o a personajes de trayectoria infame como Henry Kissinguer, Isaac Rabin, Simon Peres..., por citar algunos.

Ciertamente es preciso reconocer  que algunas políticas desarrolladas por la UE han conseguido avances en igualdad y no discriminación en búsqueda de una mayor fraternidad entre naciones. Pero sin embargo, los esfuerzos para llevar a la práctica estos valores universales, que presentan sus luces, arrojan un saldo de oscuras e inquietantes sombras, como ha reconocido incluso la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Se concede el premio Nobel por la acción europea en la ex-Yugoslavia en los años 90? ¿O tal vez se concede el Premio Nobel de la Paz a la acción en Libia, la inoperancia en Siria, los acuerdos con Israel y la dejación de responsabilidades con el pueblo palestino? ¿O realmente el premio Nobel va destinado a una acción exterior inoperante, deslavazada, sujeta a intereses económicos o de cada país y que no prioriza el respeto de los derechos humanos y olvida con frecuencia el deber de la paz? ¿O quizás el Nobel hay que destinarlo a países como Francia, Alemania, España o Inglaterra que se sitúan a la cabeza de la venta de armas en el mundo? ¿Estaba pensando el jurado de Oslo en la inacción en 2008 ante el sangriento bombardeo de Gaza por parte de Israel? ¿Es posible que se quiera premiar la complicidad de muchos estados europeos en la “guerra contra el terror” de EE.UU. y la complicidad mas o menos activa con el secuestro y asesinato extrajudicial de presuntos terroristas? No es difícil imaginar tampoco que se quiera premiar la extraordinaria labor de la UE en el encarcelamiento de inmigrantes en siniestros CIEs, o por políticas de control de fronteras que han causado decenas de miles de muertos en los últimos años.

Por otra parte, este inoportuno e inmerecido Premio Nobel de la Paz viene justo cuando se está desmantelando aceleradamente el estado social, cuando las políticas inhumanas de ajuste están incrementando el paro y la pobreza en la mayor parte de Europa, cuando los dirigentes europeos se han inclinado reverencialmente ante el dios mercado, ante los bancos y ante especuladores de todo tipo. Sin importarles para nada el sufrimiento y la desesperación de millones de personas que ven como sus derechos quedan finalmente reducidos a polvo.

Viene este premio en un momento en el que la ciudadanía se aleja cada vez de las instituciones europeas, cuando la propia democracia se ve cuarteada y enajenada y crece la indignación y el rechazo.

En definitiva, para la APDHA, la concesión de este premio Nobel de la Paz no va a ayudar a que Europa camine en un sentido solidario y social, inclusivo e integrador, en un sentido de paz y de derechos humanos; sino que va a reforzar a los miles de burócratas que están llevando el proyecto europeo al abismo del capitalismo salvaje.

Este Premio es un insulto a la ciudadanía postergada y a las personas que ven vulnerados los derechos humanos precisamente por la acción o inacción de la Unión Europea premiada.

 

 

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APDHA Sevilla: Saludamos las negociaciones hacia una paz con democracia y justicia social en Colombia

15/10/2012

 

Desde Sevilla, Andalucía, saludamos el inicio este 15 de octubre de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. El conflicto armado interno en Colombia se ha prolongado por más de medio siglo llenando el país de dolores y de muertes. Es la hora de cambiar los caminos de la guerra por los de la paz.

Exhortamos a las partes a no levantarse de la mesa hasta que no haya un acuerdo definitivo y a pactar inmediatamente un cese al fuego y de hostilidades para que las conversaciones no se realicen en medio de la confrontación que afecta mayoritariamente a la población civil. El pleno respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario es una angustiosa necesidad en el marco de la crisis humanitaria que vive Colombia. Igualmente exhortamos a que se vincule a este proceso al Ejército de Liberación Nacional –ELN-para que la búsqueda de la paz sea integral y duradera.  

Expresamos nuestras congratulaciones a los colombianos y colombianas que han trabajado para abrir el camino de la solución política al conflicto aún en medio de la macartización y la criminalización de sus actividades que han significado para muchos y muchas cárcel, campañas de desprestigio, perdida de investiduras parlamentarias, exilio o desplazamiento forzado. Es por eso que consideramos que debería existir una Agenda Social en las conversaciones, en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales y el exilio colombiano que tanto han padecido el conflicto y sus causas.

Convocamos a los partidos, organizaciones sociales y movimientos de solidaridad del estado español a vincularse a las acciones, jornadas y actividades de apoyo a este proceso de paz. Instamos al gobierno español y a la Unión Europea a apoyar de forma efectiva estas negociaciones suspendiendo la venta de armas a Colombia y el llamado “tratado de libre comercio” por cuanto es atentatorio de la soberanía y derechos de los trabajadores y no tienen en cuenta la situación de violaciones a los derechos humanos. Llamamos a garantizar el derecho de asilo y de protección a las victimas de la violencia política en Colombia.

Invitamos al pueblo sevillano a acompañar solidariamente al pueblo colombiano en esta andadura hacia la paz.

Plataforma de Solidaridad Con Colombia

Integrada por la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Mujeres de Negro de Sevilla, Asoc. Entrepueblos, Paz con Dignidad, Instituto de estudios de África y América latina IEPALA, Comité de solidaridad internacionalista, Colectivo Colombia, PCA-Sevilla.

Adhieren

Isaac Rosa, Escritor
Juan José Téllez, Escritor
Ezequiel Martínez, Periodista
Pablo Palenzuela, Director Departamento de Antropologia Social de la Universidad de Sevilla
Isidoro Moreno, director del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla
Marina Segura. Diputada IU Parlamento Andalucía
Félix Talego Vázquez, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
Ángel del Río Sánchez, Profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla
Nuria Cordero Ramos, Dpto de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad Pablo de Olavide
María Huelva Salas, Pedagoga
Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA
Asamblea 15M de Triana
Marco Flecha Torres. Paraguayo, Comunicador y Artista (Colectivo La Cháchara)
Asociación de Solidaridad con Cuba Bartolomé de las Casas
Asociación de cubanos en Andalucía-TOCORORO
Partido Comunista Colombiano en Andalucía [...]

 

 

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APDHA reclama que España y la UE asuman su responsabilidad por las últimas muertes y desapariciones de migrantes en las costas de Melilla

12/10/2012

 

Esta semana las aguas de nuestro país se han vuelto a teñir de tragedia y muerte. En apenas tres días han fallecido un bebé y una niña de 4 años y han desaparecido unas cinco personas (entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas) cuando trataban de alcanzar la ciudad de Melilla en patera. Una vez más desde la APDHA nos queremos unir al dolor de las familias de esas personas con nombre y rostro concreto que han perdido la vida por el único delito de ser pobres, algo especialmente lacerante cuando se trata de niños. 

Pero junto a nuestras condolencias a sus familiares, queremos poner de relieve nuestro rechazo a las valoraciones sobre estos hechos realizadas por el Delegado del Gobierno en Melilla. En dichas declaraciones el delegado responsabilizaba en exclusiva a las “mafias” de esas muertes a las que acusó de una “utilización negligente y arriesgada de mujeres embarazadas y niños para conseguir su objetivo” reclamando que “la Unión Europea intervenga ya para poner freno a esta situación”.

Partiendo del absoluto rechazo de la APDHA al tráfico de personas, nos parece imprescindible poner de relieve que son las políticas migratorias y de control de fronteras españolas y europeas, restrictivas y vulneradoras de los Derechos Humanos, las principales responsables de esta situación. Es la imposibilidad material de acceder de una forma regular al continente europeo la que empuja a miles de migrantes a realizar penosos viajes a través del conteniente africano que en muchas ocasiones se prologan durante años, a lanzarse al mar en precarias embarcaciones y a acudir a esas “mafias” como único recurso. Son las citadas políticas las que alientan la creación de organizaciones que trafican con personas; nadie pondría su vida y las de sus hijos en manos de traficantes de seres humanos si tuviera una opción mínimamente viable de llevara a cabo su proyecto migratorio por cauces legales.

Por lo expuesto, la APDHA reclama a España y a la UE que no se escuden en la acción de las mafias para eludir su responsabilidad respecto a estas muertes. Mientras no se produzcan un profundo cambio en sus políticas migratorias no cesará la pérdida de vidas en el mar, los traficantes de personas seguirán haciendo negocio de la desesperación, en Marruecos se seguirá vulnerando los derechos de los migrantes bajo los auspicios de la UE y del Estado español… La ciudadanía española y europea debemos dejar claro al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión que somos conscientes de donde residen las responsabilidades últimas en estas situaciones, y que por tanto exigimos que cumplan con el deber de identificación de las personas fallecidas y desaparecidas y la reparación a sus familias, así como que se tomen las decisiones necesarias para la radical modificación del marco jurídico-político vigente en materia de control de fronteras y gestión de las migraciones.

 

 

 

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Al menos medio centenar de personas inmigrantes sufren incidencias en la atención sanitaria en Andalucía desde la aplicación de la reforma

Comunicado ACOGE, 19/10/2012

Facturación de la prestación médica, imposibilidad de solicitar consulta médica en atención primaria o la negativa a la expedición de la tarjeta sanitaria son los casos más comunes. Los casos, que afectan también a menores o embarazadas, han sido recogidos por diversas entidades sociales de toda la comunidad. Andalucía Acoge también destaca el esfuerzo realizado por la comunidad autónoma para tratar de garantizar la sanidad a todas las personas y por rechazar la reforma sanitaria del Gobierno central.

Desde el pasado 1 de septiembre, Málaga Acoge puso a disposición de todas las entidades un formulario electrónico a través del que registrar las diversas incidencias en la atención sanitaria de las que tuvieran conocimiento dichas organizaciones. Hasta el 15 de octubre, en toda Andalucía se han detectado 14 incidencias, 13 de las cuales son individuales y una colectiva. En total, han afectado a un total de 46 personas. Para la presidenta de Andalucía Acoge, Manmen Castellano, las cifras son "muy importantes" ya que muestran "tan sólo una mínima parte de los problemas ocurridos por las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en la atención sanitaria, ya que son sólo los detectados por las entidades sociales y seguro que hay otros muchos casos más que no llegamos a conocer por diferentes circunstancias".

Los problemas se han localizado en una veintena de centros de salud de cinco provincias andaluzas -Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Granada- tanto en las capitales como en ciudades como Algeciras, Jerez, Coín o Vélez-Málaga. Fundamentalmente, en ellas ha intervenido el "Personal administrativo / Atención al público" de estos centros. Las situaciones más frecuentes han sido la "Facturación de la prestación medica realizada", la "Negativa a la solicitud de consulta médica (atención primaria)" y la "Negativa a la expedición de nueva tarjeta sanitaria (o documento análogo)".

Llaman la atención especialmente dos casos que han afectado a menores de edad en situación administrativa irregular y uno a una mujer embarazada en situación regular. También destaca el hecho de que varios centros de salud, de distintos municipios, expidan las tarjetas sanitarias sin seguir los criterios comunes emanados de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Precisamente esa ha sido una de las peticiones que ha realizado Andalucía Acoge desde hace tiempo. La Federación ha solicitado a la Consejería unas instrucciones claras comunes a todos los centros de salud andaluces sobre el procedimiento para realizar la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.

De hecho, hay que reconocer que una buena parte de las incidencias se han solucionado después de la intervención de las entidades sociales gracias a una buena disposición y la colaboración de la Consejería de Salud. Sin embargo, tanto la tipología de las incidencias como la extensión de los centros de salud en los que suceden hacen necesaria un mayor esfuerzo de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en hacer llegar sus instrucciones a todos los centros de salud andaluces. "Un hecho que garantizará la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en las mismas condiciones a lo largo de toda la comunidad autónoma andaluza", según añade Manmen Castellano, presidenta de Andalucía Acoge.

Las incidencias recogidas en este informe, cuyo periodo es del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2012, han sido aportadas por distintas entidades sociales a través del formulario http://bit.ly/Incidencias_atencion_sanitaria. Dichas organizaciones son Andalucía Acoge (Algeciras Acoge, CEAIN, Málaga Acoge), Fundación de Solidaridad Amaranta, Médicos del Mundo y Mujeres en Zona de Conflicto.

Hay que recordar que la aprobación de los Reales Decretos Leyes 16/2012 y 1192/2012, promovidos por el Gobierno central y su entrada en vigor a partir del pasado 1 de septiembre, ha supuesto la exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria pública. Esta medida suscitó, además del rechazo de las entidades sociales, la oposición de varias comunidades autónomas – Andalucía entre ellas – que, en el ejercicio de sus competencias, aseguraron que iban a mantener la asistencia sanitaria para estas personas. Una iniciativa por la que Andalucía Acoge debe felicitar al gobierno de la comunidad autónoma. Sin embargo, en la práctica, no está ocurriendo así. Por eso, la Federación solicita más y mejores medidas para que la atención sanitaria a las personas en situación administrativa irregular sea un hecho, así como mayor difusión entre el sector sanitario, principalmente en los servicios de atención e información.

 

 

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Los juegos del hambre

Esther Vivas, 14/10/2012

La crisis alimentaria azota el mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas, que pasan hambre, según indica el informe ‘El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012‘, presentado esta semana [09/10] por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sofás. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad, pero, es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el Norte. Obviamente no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias, y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas.

Desde hace años nos llegan las terribles cifras del hambre en Estados Unidos: 49 millones de personas, un 16% de las familias, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que incluyen a más de 16 millones de niñas y niños. Números a los que el escritor y fotógrafo David Bacon pone rostro en su trabajo ‘Hungry By The Numbers‘ (Famélicos segun las estadísticas). Las caras del hambre en el país más rico del mundo.

En el Estado español, el hambre se ha convertido, también, en una realidad tangible. Sin trabajo, sin sueldo, sin casa y sin comida. Así se han encontrado muchísimas personas golpeadas por la crisis. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2009, se calculaba que más de millón de individuos tenían dificultades para consumir lo mínimo necesario. Hoy la situación, aún sin cifras, es mucho peor. Las entidades sociales están desbordadas, y en los últimos dos años se han duplicado las demandas de ayuda por falta de alimentos, compra de medicinas, etc. Y según informa la organización Save the Children, con cifras de un 25% de pobreza infantil, cada vez son más las niñas y niños que sólo realizan una comida al día, en el comedor escolar y gracias a becas, debido a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

Así no es de extrañar que incluso el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicara, en septiembre 2012, una galería fotográfica de Samuel Aranda, ganador del World Press Photo 2011, que bajo el título ‘In Spain, austerity and hunger‘ (En España, austeridad y hambre) retrataba las consecuencias dramáticas de la crisis para miles de personas: hambre, pobreza, deshaucios, paro… pero también lucha y movilización. Y es que el Estado español cuenta con las tasas de pobreza más elevadas de toda Europa, sólo por detrás de Rumanía y Letonia, según recoge un informe de la Fundación Foessa. Una realidad que se impone hacia a fuera a pesar de que algunos la quieren silenciar.

La crisis económica, por otro lado, está íntimamente ligada a la crisis alimentaria. Los mismos que nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, que dio lugar al estallido de la “gran crisis” allá en septiembre del 2008, son lo que ahora especulan con las materias primas alimentarias (arroz, maíz, trigo, soja…), generando un aumento muy importante de sus precios y convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur. Fondos de inversión, compañías de seguros, bancos… compran y venden dichos productos en los mercados de futuros con el único fin de especular con los mismos y hacer negocio. Qué hay más seguro que la comida para invertir, si todos, se supone, tenemos que comer cada día.

En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. El Barclays Bank ingresaba, en 2010 y 2011, casi 900 millones de dólares a costa de especular con la comida, según datos del World Development Movement. Y no tenemos porque ir tan lejos. Catalunya Caixa ofrecía a sus clientes jugosos beneficios económicos a costa de invertir en materias primas bajo el eslogan: “depósito 100% natural”. Y el Banco Sabadell contaba con un fondo especulativo que operaba con alimentos.

El hambre, a pesar de lo que nos digan, no tiene tanto que ver con sequías, conflictos bélicos, etc., sino con quienes controlan y dictan las políticas agrícolas y alimentarias y en manos de quienes están los recursos naturales (agua, tierra, semillas…). El monopolio del actual sistema agroalimentario, por parte de un puñado de multinacionales, con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, impone un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos al servicio de los intereses del capital. Se trata de un sistema que genera hambre, pérdida de agrodiversidad, empobrecimiento campesino, cambio climático… y donde se antepone el lucro económico de unos pocos a las necesidades alimentarias de una gran mayoría.

‘Los juegos del hambre’ era el título de una película de ficción dirigida por Gary Ross, basada en el best-seller de Suzanne Collins, donde unos jóvenes, en representación de sus comunidades, tenían que enfrentarse a vida o muerte para conseguir ganar y obtener, así, el triunfo: comida, bienes y regalos para el resto de su vida. A veces la realidad no dista tanto de la ficción. Hoy algunos “juegan” con el hambre para ganar dinero.

*Artículo en Público, 14/10/2012

 

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Amnistía denuncia que el desalojo de poblados gitanos continúa con Hollande

Público, 16/10/2012

El último desmantelamiento dejó este lunes a 150 personas de etnia rom sin lugar para cobijarse. Han pasado la noche acampados ante el ayuntamiento de Saint-Denis


Cerca de 150 personas de etnia gitana, entre las que había 60 menores, han perdido su hogar este lunes en el departamento de Seine-Sant-Denis, en las afueras de París, después de su desalojo forzoso y la demolición de sus viviendas, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI). Las excavadoras, precedidas por la policía, han convertido de la noche a la mañana sus hogares en escombros.

El desmantelamiento de campamentos gitanos en Francia fue iniciado por el anterior presidente galo, Nicolás Sarkozy, a finales de 2010. Dos años después, ya con el socialista François Hollande al frente del Elíseo, la política de derribo de viviendas gitanas continúa. Este mismo mes, el pasado día 9 de octubre, fue desalojado otro poblado en Marsella, al sur de Francia.

"Las autoridades locales no les han proporcionado alojamiento alternativo"

Esta operación es, por tanto, tal y como recuerda AI, una más de varias de este tipo realizadas los últimos meses. "En un escenario que ya es demasiado habitual para las comunidades gitanas de Francia, se ha vuelto a dejar sin hogar a decenas de familias con hijos de corta edad porque las autoridades locales no les han proporcionado alojamiento alternativo", ha señalado el director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, Marek Marczyński.

"Las autoridades de Seine-Saint-Denis han incumplido totalmente sus obligaciones en materia de derechos humanos al concebir y ejecutar esta operación, que equivale a un desalojo forzoso", ha añadido.

Los desalojados acampan frente al Ayuntamiento

La organización de derechos humanos explica que las 150 personas desalojadas llevaban residiendo en barracones en Noisy-le-Grand desde hacía dos años. En abril de este año, un tribunal ordenó el desmantelamiento del asentamiento, y el 8 de octubre, la prefectura de Seine-Saint-Denis convocó una reunión para afrontar el desalojo a la que fueron invitadas ONGs locales, pero ningún representante de la comunidad gitana. Tampoco se fijó una fecha exacta para la operación.

Esta noche, cerca de 80 personas, entre desalojados y activistas, han dormido frente al ayuntamiento de Seine-Saint-Denis, según informa hoy el diario Le Monde, ya que no tienen sitio donde cobijarse. A lo largo del día de ayer, los residentes del campamento se concentraron frente al consistorio, quien se negó a reunirse con nadie para tratar sobre la operación.

"La actuación precipitada de las autoridades ha sumido a decenas de familias gitanas en esta situación tan trágica en Noisy-le-Grand; ahora deben trabajar con la comunidad para encontrar una solución aceptable de alojamiento alternativo que se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos" ha afirmado Marczyński.

 

> Ver también comunicado de la AEDH Expulsiones de Gitanos: ¡la Unión Europea no respeta sus compromisos hacia los derechos humanos! aquí

 

 

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Funeral por la cooperación española y los servicios sociales

Rebeca Mateos Herraiz - Periodismo Humano, 18/10/2012

Cientos de personas se manifiestan en Madrid y en más de treinta ciudades en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza contra los recortes en cooperación al desarrollo y en políticas públicas.
España se ha convertido por primera vez en el país de los Veintisiete de la UE con mayor distancia entre las rentas altas y las bajas.


Pretendían que fuera un funeral multitudinario en cuanto a participación, con plañideras de mantilla negra y peineta incluidas, y en el número de protagonistas. Lo primero se ha conseguido a medias, unas cientos de personas en total han acudido a la Puerta de Sol. Lo segundo, se ha hecho realidad: allí estaba el féretro de doña cooperación, educación, servicios sociales, sanidad, empleo, dependencia e igualdad. En definitiva, las partidas más castigadas por los recortes del gobierno del PP, según la Coordinadora ONG para el Desarrollo de España, la convocante, y que aglutina alrededor de mil colectivos sociales y organizaciones.

La convocatoria no es nueva, todos los años, desde 2005 coincidiendo con el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, la Coordinadora convoca a los colectivos y a la sociedad civil para recordar que la pobreza es causa y consecuencia de políticas puestas en marcha, que tiene responsables directos. La novedad de la convocatoria de este año ha sido hacer especial hincapié en el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social en España.

“No podemos hablar de una pobreza de aquí o de allá, las causas de la pobreza son globales como también lo son sus consecuencias. Actualmente España está pasando por planes de ajustes y recortes sociales por los que ya pasaron América Latina y África; las consecuencias en ambos continentes han sido nefastas para sus poblaciones, como también lo están siendo ahora aquí. Se trata de una gravísima violación de derechos humanos ante la que unimos fuerzas desde distintos lugares del mundo y distintos sectores sociales. Luchamos contra las causas de la pobreza en cualquier lugar”, señala a Periodismo Humano Mercedes Ruíz-Giménez, presidenta de la Coordinadora ONGD-España.

Aunque con la cabeza puesta en España, la Coordinadora no deja de mirar hacia los países más desfavoracidos por lo mal parados que salen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 que presenta una nueva reducción de 300 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo, que se suman a los 1.900 millones recortados en 2012. Como consecuencia la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) se sitúa en el 0,2% de la RNB, lejos del 0,7% deseable, colocando a España en niveles del año 1990. El proyecto de ley de presupuestos plantea un recorte del 11% en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que no toma en cuenta los recortes que la partida de cooperación de dicho Ministerio viene sufriendo desde 2010. En porcentaje, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, es el que experimenta una reducción acumulada entre 2009 y 2013 más alta, alcanzando la cifra del 63%.

La comparativa con el conjunto de donantes europeos muestra a España, como el país que se encuentra a la cola. Reino Unido, Alemania, Bélgica y Francia, entre otros, no sólo mantienen sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo sino que lo aumentan, y los países nórdicos siguen siendo líderes en la ayuda internacional. Merece la pena destacar el caso de Irlanda, con una grave crisis económica que ha implicado, entre otras cosas, un rescate financiero en 2010 y mantiene un volumen de AOD muy por encima del de España. Para casi todos los nuevos Estados miembros de la UE, el único presupuesto que contabiliza como AOD es la contribución obligatoria al presupuesto de la Unión. España parece tender claramente hacia esta línea, con la salvedad de que para nuestro país esto supone un retroceso con respecto a años anteriores.

“A lo largo de más de 30 años, la cooperación Española ha acompañado procesos de desarrollo en más de 120 países en el mundo”, comenta a Periodismo Humano Ruíz-Giménez, que continúa: “Hemos apoyado el fortalecimiento de sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales. Hemos denunciado violaciones de derechos humanos; apoyado a movimientos de la sociedad civil… También hemos estado presentes en contextos de emergencias humanitarias en los que hemos garantizado la atención inmediata tras una catástrofe y el posterior apoyo a largo plazo para las comunidades. España, por ejemplo, ha sido un referente internacional en materia de cooperación descentralizada” (…) “En concreto, la parte de esta política pública canalizada a través de las ONGD, consideramos que ha sido muy eficaz, ya que desde ellas intentamos asegurar la participación activa de las poblaciones beneficiarias, cuestión clave si queremos que la ayuda sea sostenible y no genere dependencia”.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) vuelve a ser este año una de las principales damnificadas por el recorte con una reducción acumulada del 70% desde 2011, sufriendo así, la mayor mutilación desde sus inicios. “Procesos de desarrollo que se quedarán a medias”, aseguran desde la Coordinadora ONGD-España. “Por ejemplo, los procesos educativos requieren de años de una ayuda constante y predecible. Con esta retirada, se interrumpen los procesos y se impide la obtención de resultados”.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) ve disminuido su presupuesto en 50 millones que corresponde a un 16,48% menos en 2013 y la Ayuda Humanitaria se ve drásticamente reducida en un 60% -corresponde a una rebaja del 38% en la gestionada a través de ONGD y de un 63% la bilateral- lo que implica su práctica desaparición si tenemos en cuenta que, desde 2011, el recorte acumulado es del 86%. En cifras absolutas, en 2013 se contará con 18 millones de euros menos que en este año y 76 millones menos que en 2011.

Según lo expuesto en el análisis y la valoración de la Coordinadora ONG para el Desarrollo en España,”estos recortes son significativos y peligrosos en una partida que debe ser flexible y sobre todo estar bien dotada. Es imposible conocer a cuantas emergencias y desastres nos enfrentaremos cada año y mucho menos la magnitud e intensidad de los mismos. Más allá de los desastres olvidados, de las crisis crónicas y la

Mapa de las ciudades donde se han celebrado ‘funerales’

AH sostenida (Sahara, hambruna en Guatemala, etc.) los desastres repentinos y los conflictos necesitan una respuesta ágil y proporcional al daño sufrido, para ello una partida presupuestaria amplia en AH es clave”. Comenta Mercedes Ruíz-Giménez al respecto del informe: “sin duda nos encontramos ante un desmantelamiento del sistema de cooperación español, no sólo por el enorme recorte acumulado desde 2011 -más del 70%-, sino porque se está debilitando el papel de los actores principales de la cooperación (MAEC, AECID, ONGD)” (…) “Ahora bien, no queremos hablar de fin de la cooperación. Lo que queremos es despertar a la ciudadanía. Aún tenemos la esperanza de que la ciudadanía reclam ará un resurgimiento de la política pública de cooperación internacional como lo ha venido haciendo durante décadas”.

Además, cabe recordar que España ha adquirido compromisos internacionales en derechos humanos y lucha contra la pobreza con los que se ha comprometido, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que le obliga a: prestar asistencia y cooperación internacional, en especial económica y técnica, que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas; abstenerse de cualquier medida que interfiera directa o indirectamente en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que necesariamente implica un mayor compromiso con la coherencia de políticas para el desarrollo, es decir, con el fomento de políticas económicas, comerciales, migratorias… que contribuyan al desarrollo; el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito por el partido en el gobierno.
España también forma parte de la Declaración del Milenio sobre los ODM; y a nivel estatal en el Pacto de Estado contra la Pobreza.

La pobreza y la exclusión social en aumento en España

La política de cooperación se inserta en el conjunto de las políticas sociales que igualmente han experimentado un recorte muy sustantivo, poniendo en peligro el sistema público de protección social e impactando en el ejercicio de derechos tan básicos como la sanidad o la educación.

En España casi 13 millones de personas -el 26,7% de la población- viven en situación de pobreza y exclusión. Según los datos ofrecidos por el departamento de estudios de Cáritas, los servicios de acogida de esta organización identificaron un incremento del 104% en la demanda de ayuda entre 2007 y 2010. En los últimos años ha empeorado el panorama: las nuevas necesidades de alimentos se concentran en familias que no encajan en las categorías tradicionales de excluídos, y es que más de 1,7 millones de hogares españoles, según la última Encuesta de Población Activa, tiene a todos sus miembros en paro. Y solo el 67% de los registrados en las oficinas de empleo reciben alguna ayuda o prestación del Estado. Como resultado, España ocupa una de las posiciones más preocupantes en las estadísticas que miden la desigualdad social en Europa y se ha convertido, por primera vez, en el país de los Veintisiete con mayor distancia entre las rentas altas y las bajas. En España la brecha económica ha superado siempre la media de los socios del euro, al menos desde que arrancan las series estadísticas de Eurostat en 1995, pero se mantenía estable. Hasta la llegada de la crisis hace 5 años, la brecha comenzó a crecer. El llamado coeficiente Gini, que mide la diferencia de ingresos de un país, es una clara muestra de ese cambio. El cero, significa que en ese país hay una igualdad perfecta. El 100 que la desigualdad más absoluta. España sacó en 2011 un 34. El nivel más alto desde que hay registros. Una de sus consecuencias es que uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Las familias españolas han sufrido hasta mediados de 2012 una pérdida de riqueza del 18,4% respecto al año anterior, lo que representa la caída más acusada registrada entre las economías de la zona euro, especialmente perjudicadas por las adversas condiciones económicas producto de la crisis de la deuda soberana y la apreciación del dólar respecto al euro, según refleja un informe sobre la riqueza mundial elaborado por Credit Suisse publicado recientemente.

Por su parte, colectivos vulnerables como el de la infancia, necesita especial atención. UNICEF España estima que unos 2.267.000 niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza, a partir de los datos correspondientes a 2011 hechos públicos por Eurostat. Se trata de 80.000 niños más que en el año 2010, situando la tasa de pobreza infantil en el 27,2%.

Ante este contexto, la Coordinadora ONGD-España invita a los distintos grupos parlamentarios a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos y al Gobierno a replantear su estrategia de reducción del déficit por la vía del recorte del gasto y a estudiar medidas dirigidas a incrementar los ingresos a través, al menos, de las siguientes medidas:
- Compromiso firme en el ámbito internacional con la lucha contra los paraísos fiscales y contra la evasión fiscal en el ámbito doméstico.
- Aumentando la presión fiscal a las rentas más altas.
- Impulsando la adopción de una Tasa sobre las Transacciones Financieras con el doble objetivo de regular la especulación en los mercados financieros y recabar recursos para financiar la lucha contra la pobreza y los bienes públicos globales.

En palabras de Mercedes Ruíz-Giménez sobre el escenario al finalizar la concentración en Sol: “Podemos hacer mucho, podemos hacerlo mucho mejor. Pero tenemos que hacerlo ya”.

 

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Libia y el doble rasero de los Derechos Humanos 

Daniel Kovalick - Rebelión, 26/10/2012
Traducido para Rebelión por Enrique Prudencio


Durante algún tiempo Libia permanecerá como símbolo de la hipocresía occidental y de hecho también de la doble interpretación de la cuestión de los derechos humanos. Mientras que Occidente, y especialmente EE.UU., justifican el bombardeo aéreo de Libia del año pasado con el pretexto de salvar a los civiles de un posible ataque futuro (algo hipotético, no real aún) por parte de las fuerzas de Gadafi, Occidente permanece en silencio sobre el ataque real y actual que lleva a cabo el nuevo régimen libio sobre el pueblo de Bani Walid. De hecho, hay que escarbar mucho en la prensa aunque solo sea para enterarse de que este ataque se está produciendo.

El 5 de octubre de 2012 Amnistía Internacional (AI) informó sobre el asedio a Bani Walid por parte de las fuerzas gubernamentales. Tal como explicó AI entonces, “miembros del ejército libio, fuerzas del Escudo Libio y milicias armadas procedentes de diversos lugares del país, incluida Misatra, rodearon Bani Walid”, bajo el supuesto pretexto de intentar dar caza y arrestar a los sospechosos de la muerte de Omran Shaaban, “conocido como la persona que había capturado al coronel Muammar al Gadafi el 20 de octubre de 2011”.

En el informe se citaban las siguientes palabras textuales del portavoz de AI, Hassiba Hadj Sharaoui: “Es preocupante que lo que es encialmente debería ser una operación de arresto de sospechosos para hacer cumplir la ley, se convierta en el asedio de una ciudad y en una operación militar.” Efectivamente, tal como se explica en el informe, grupos de hombres armados no han permitido la entrada de medicamentos, oxígeno, personal sanitario, combustible ni alimentos en el pueblo. En el mismo informe, el señor Sharaoui expresa su preocupación por “la situación de miles de personas detenidas en toda Libia sin cargos ni juicio”, los “secuestros de personas por parte de las milicias armadas sin ningún tipo de garantías” y “los centros de detención clandestinos se proliferan por todo le país”.

El 12 de octubre AI dio a conocer un informe actualizado, expresando de nuevo su preocupación por el estado de sitio de Bani Walid y la muerte de tres civiles, entre ellos un niño de 9 años de nombre Mohamed Mustafa Mohamed Datallah, en un enfrentamiento armado a las afueras de la ciudad. AI detalló otros crímenes cometidos por el Estado y las fuerzas alineadas con el estado. AI explica:

Bani Walid fue una de las últimas ciudades que cayeron bajo el control de las fuerzas contrarias a Gadafi durante el conflicto interno (sic.) del año pasado. Las milicias armadas ha detenido a cientos de residentes de Bani Walid. Se sigue deteniendo a muchas personas sin cargos ni juicios y encarcelándolas en todas las prisiones y centros de detención a lo largo y ancho de toda Libia, incluida Misatrah. Muchas personas han sido torturadas o maltratadas de diversas formas. La entrada de las fuerzas contrarias a Gadafi en Bani Walid en octubre de 2011 fue acompañada de saqueos generalizados y otros abusos.

Miles de personas sospechosas de haber luchado o apoyado el gobierno de Muammar al-Gadafi continúan siendo detenidas por toda la extensa geografía del país. La gran mayoría de ellas todavía no ha sido acusada oficialmente o llevada a juicio. Desde la caída de Trípoli y la mayor parte del país bajo el control de las fuerzas contrarias a Gadafi en agosto de 2011 las violaciones de derechos humanos como arrestos y encarcelamientos arbitrarios por parte de las milicias armadas, la tortura u otros maltratos, además de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos siguen teniendo lugar en un clima de impunidad. Actualmente las milicias armadas detienen a las personas al margen de la ley y las mantienen incomunicadas en centros secretos de detención, donde impunemente pueden ser torturadas o sometidas a cualquier tipo de malos tratos.

Debo detenerme un momento aquí para manifestar que, aunque aplaudo sinceramente a AI por su franqueza al narrar la terrible situación de la población civil en Libia después de la caída del gobierno libio en agosto de 2011, la afirmación de AI de que esta caída fue resultado de un “conflicto interno” resulta sin duda una monstruosa tergiversación de la realidad. La realidad, como todos sabemos, es que el cambio de régimen que tuvo lugar hace más de un año se produjo como resultado directo e intencionado del bombardeo de Libia por parte de la OTAN, lo que la propia AI alentó con su profesado celo en la protección de los derechos humanos. Aunque AI pudiese haber sido honesta en sus intenciones y se hubiese creído que la acción militar de la OTAN iba a traer el florecimiento de los derechos humanos en Libia, resulta cuando menos ingenuo.

Mientras tanto, The New York Times se decidió a informar este domingo, 21 de octubre, en un artículo titulado “El pueblo libio en estado de sitio es un centro de resistencia al nuevo gobierno”.

El Times maneja la historia con sordina, afirmando que “(una) ciudad en estado de sitio, un creciente número de víctimas y los hospitales llenos de hombres heridos por armas de fuego indicaban sin lugar a dudas que la guerra había vuelto al pueblo libio de Bani Walid, poniendo en peligro la frágil transición política.” Continuaba el Times: “(al) menos 22 personas han muerto en la última semana y un centenar más han sido resultado alrededor del pueblo, en su día bastión del apoyo al coronel Muammar el-Gadafi, algo a lo que miembros del nuevo gobierno han restado importancia”.

Como han venido informando durante días un buen número de páginas web, el Times cita informaciones de “residentes en la ciudad (que) dicen que se ha cortado el suministro eléctrico y el gas, y que las milicias que sitian el pueblo, incluidas muchas de la ciudad costera de Misurata, los están bombardeando indiscriminadamente”. El Times reconoce que “en Trípoli, la capital de Libia, cientos de personas procedentes de Bani Walid invadieron el domingo el edificio del parlamento pidiendo que acabara la violencia….”

Lo que por descontado no van a reconocer ni el Times ni AI y lo que nunca se atreverá ni a tocar el candidato presidencial es que fueron los EE.UU. y la OTAN los que desataron esta plaga de violencia sobre el pueblo de Libia.

Después del asesinato del embajador norteamericano en Libia y de otros funcionarios de la embajada el pasado mes de septiembre, Hillary Clinton preguntó: “¿Cómo puede pasar esto en un país al que hemos ayudado a liberarse y en una ciudad (Bengasi) a la que salvamos de la destrucción?” Naturalmente, la pregunta de Hillary se responde a sí misma: muchos libios no consideran que han liberados o salvados de la destrucción. Por el contrario, consideran que los han arrojado a un abismo de caos y violencia. Y, objetivamente, esta es la verdad.

Y, sin embargo, en contra de la información sincera de AI sobre la situación posterior al cambio de régimen en Libia, con miles de detenciones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzosos y ahora el estado de sitio y el bombardeo continuo de una ciudad, ¿dónde están los gritos pidiendo una intervención humanitaria, militar o de otro tipo, para parar esto? Fuera de la propia Libia, uno se extraña de no oír tales voces. Y por supuesto, esto se debe a que, para empezar, el ataque de la OTAN contra Libia nunca tuvo nada que ver con los derechos humanos.

En realidad, la situación de pesadilla en la que se encuentran los derechos humanos en Libia indica que l a misión de la OTAN se ha cumplido con creces. Se ha derrocado a un gobierno nacionalista que controlaba el petróleo libio en gran medida para el beneficio del pueblo libio. Este caos que ahora reina, además de los crímenes contra la población, no tienen importancia para Occidente mientras continúe manteniendo un férreo control sobre el petróleo de Libia, el gran premio de su guerra humanitaria.

Y como ocurre con tanta frecuencia, es lo que no se no se dice lo que más revela los sentimientos de uno. En este caso, es la negativa de Amnistía Internacional a reconocer las causas externas de la fuente de los problemas de la Libia actual (esto es, el bombardeo de la OTAN) lo que revela su propia conciencia, y posiblemente incluso su culpa, por su fomento de una solución militar para solucionar problemas de los derechos humanos, una solución muy peligrosa y poco fiable en el mejor de los supuestos.

Ahora estamos siendo testigos de los frutos de esta solución en Libia y no es nada bonita.

Daniel Kodvalik es un abogado laboralista y de los derechos humanos que vive en Pittsburgh y actualmente enseña Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la universidad de Pittsburgh.

 

 

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De vidas hipotecadas a muertes a causa de las hipotecas 

15M Serranía de Ronda, Octubre 2012

El informe anual, hecho público en este mes, de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007.
 
El informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que “se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones finan-cieras” (pág. 12).

El informe concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que “los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad” a través de “viviendas sociales de alquiler… “.

Lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

Mientras que sucede todo esto, desde el año 2008 el suicidio es la principal causa de muerte externa -al margen de las enfermedades- en España, tras haber desbancado a los accidentes de tráfico. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que en 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, es decir, casi nueve al día.

El diario El Plural ofrecía oficiosamente un aumento signifi- cativo de la cifra de suicidios en 2011: 4.500 personas, es decir, más de 1.000 personas de incre-mento desde el inicio de la crisis. Estas muertes están directamente relacionadas con la actual deriva socioeconómica y con el aumento del paro por encima de los 5 millones de personas y acercán-dose a los seis.

"En el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao se reveló que los problemas económicos son el origen del 32% de los suicidios".

Hace unos días, con el ahorca-miento de un hombre de 53 años que estaba a punto de ser desahuciado en Granada, aparece la cara más cruel de la crisis.
Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente    fue    del    orden   de 822.000. Más de ocho millones en total.

“El Gobierno tiene la llave para parar los desahucios judiciales y sin embargo permite el terrorismo financiero”

Es un mecanismo que permite a la ciudadanía llevar una propuesta legislativa al Congreso de los Diputados para que se discuta, y para que esto ocurra hay que recoger un mínimo de 500.000 firmas en un período máximo de nueve meses. Se podrán entregar firmas hasta el 25 de enero de 2013. 

 

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Por la liberación del coordinador del CMSM y el fin de la represión dirigida contra miembros de las asociaciones de migrantes en Marruecos 

Comunicado Migreurop, 24/10/2012

Las organizaciones aquí firmantes (entre ellas está la APDHA) exigen la liberación del Coordinador del Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos y el abandono de las diligencias procesales llevadas a cabo contra él.

Estas organizaciones denuncian la represión que se cierne sobre los responsables de organizaciones de migrantes en Marruecos desde hace algunos días.

Camara Laye, fundador, antiguo presidente y actual coordinador del Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos (CMSM) ha sido arrestado en su domicilio a media noche, entre el sábado 20 y el domingo 21 de octubre y llevado a los calabozos de la comisaría del tercer distrito de Rabat. Se le ha denegado a su abogado la autorización para hablar con el detenido, violando así el código de procedimiento penal; y esto a pesar de haberle asegurado tal autorización el magistrado de permanencia del Tribunal de Primera Instancia del Ministerio Fiscal. Camara reside regularmente en Marruecos con documentación. Estamos inquietos por ello y tememos que esta detención tenga por objetivo impedirle continuar su compromiso en la defensa de los derechos de los migrantes en Marruecos, utilizando como pretexto algún asunto de derecho común ficticio como ya ha ocurrido en el pasado con numerosos militantes de derechos humanos y opositores

Esta detención es la continuación de una serie de incidentes graves y alarmantes:

-amenazas directas llevadas a cabo contra el futuro Secretario General de la ODT-Travailleurs Immigrés el 10 de junio pasado.

-El “robo” dos veces en quince días (incluyendo su ordenador), del apartamento de un militante del Colectivo de las comunidades Subsaharianas en Marruecos (CCSM)
-Intervención violenta de la policía acompañada de “matones” en un refugio donde se encontraban fundamentalmente miembros de la ALECMA el pasado miércoles 17 de octubre al mediodía en El Farah cerca de Taqadoum. Balance: 2 heridos, 3 interrpgatorios, robo de efectos personales (pasaportes, dinero, ordenadores, cámaras e incluso vestidos y mantas) y amenazas al salir (¡ hasta mañana¡).

-detención del secretario general de la ALECMA el pasado sábado 20 de octubre por la mañana en su domicilio. Este fue arrestado y metido en los calabozos de la Comisaria del tercer distrito y liberado el domingo.

Estas acciones tienen lugar en un contexto de represión creciente contra los migrantes desde hace un año (acoso, redadas y deportaciones acompañadas de exigencias de pago, violencia, extorsiones tanto en las grandes ciudades como en los alrededores de los antiguos presidios ocupados (1)…) legitimada por el discurso estigmatizante de los responsables políticos ( especialmente el diputad de la USFP Abdelhadi Khairate, y el ministro del PPS del empleo y de la formación profesional, Abdelouahed Souhail) (2) y de una parte de la prensa (Assabah, Almassae, ...) (3)

Pero también en un contexto marcado por la movilización, la organización y la visibilidad crecientes de los migrantes: CMSM, CCSM, ODT-TI, ALECMA. Por ejemplo:

- Participación en la manifestación del 1º de mayo y posteriormente la creación del primer sindicato de trabajadores de migrantes en el seno de una confederación sindical marroquí (ODT-TI)
- Organización de una manifestación en Taqadoum delante de la comisaria y posteriormente en las embajadas para denunciar el desarrollo de ataques racistas, la impunidad de los autores al no producirse ningún tipo de investigación y petición a las representaciones diplomáticas para que asuman su responsabilidad en la protección de la población emigrada de sus países y finalmente la creación de la asociación ALECMA en Taqadoum
-Numerosas acciones del CMSM y del CCSM, especialmente misión y posteriormente redacción de una nota conjunta CMSM-GADEM
- participación numerosa y activa de migrantes y de sus organizaciones en el Foro sobre migraciones organizado en Oujda por el FSMaghreb el 6 y 7 octubre de 2012.


Teniendo en cuenta estos elementos, resulta evidente que la detención de Camara Laye forma parte de un proceso continuo de intimidación y represión contra los migrantes que actúan en Marruecos desde hace varios meses. Pedimos el cese de esta represión y la liberación inmediata de Camara Laye.


(1) Se refiere a Ceuta y Melilla
(2) USFP: Unión Socialista de Fuerzas Populares, partido socialista marroquí. PPS: Partido por el Progreso y el Socialismo, antiguo partido comunista marroquí
(3) Ver especialmente los comunicados de GADEM de septiembre 2011 http://www.gadem-asso.org/Les-forces-de-l-ordre-marocaines,125  y noviermbre 2011 : http://www.gadem-asso.org/Les-forces-de-l-ordre-marocaines, los informes y comunicados de la AMDH, de la ABCDS y de MSF y la nota de análisis conjunta de CMSM-GADEM de septiembre de 2012]. : http://www.gadem-asso.org/Recrudescence-de-la-repression,142

 

 

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Campaña: Por la asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas

 
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Campaña promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Enlace y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla

Estas organizaciones quieren alertar a la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz.

¡Actúa!

  • Si quieres apoyar como persona individual puedes firmar aquí 
  

> Manifiesto: 

Las organizaciones abajo citadas queremos alertar a la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz.


La Consejería de Justicia e Interior decidió dejar de sufragar el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP) en las prisiones bajo la excusa de que el Ministerio de Interior no había renovado el convenio que existía desde 2008 a tres bandas (Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados Andaluces). Sin embargo, la Consejería puede respaldar económicamente este servicio público conveniando con los Colegios de Abogados directamente, o incluso sin convenio alguno,  tal como vino haciéndolo desde el 2001 al 2008.

16.219 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde el pasado mayo, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones.  El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presa tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida… 

Sus objetivos y funciones se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Las personas presas que pueblan las prisiones andaluzas provienen en sus ¾ partes de las barriadas más excluidas de las ciudades,  la gran mayoría carecen de recursos económicos (son pobres), sobre el 80% son drogodependientes, el 8% padecen enfermedades mentales graves y el 40%  trastornos mentales y de personalidad, el 1% son analfabetos y el 10% analfabetos funcionales.

En el año 2011 el SOAJP atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga 539.  Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas y cientos de peticiones de asistencia de personas sin alternativa a contratar abogados privados, están pendientes y sin respuesta desde mayo, quedándose sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia.

POR ELLO EXIGIMOS A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RESTITUYA LOS SOAJP EN ANDALUCÍA Y CONVENIE CON LOS COLEGIOS DE ABOGADOS LA PRESTACIÓN DEL MISMO DE MANERA INMEDIATA.

Resulta imprescindible apostar por políticas que tengan como prioridad las personas y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entidades Firmantes:

  • Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
  • Grupo 17 de Marzo - Sociedad Andaluza de Juristas
  • Federación Enlace
  • Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla
  • ...
 

 

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Propuestas

 

Proyecto Documental "Madres Invisibles" 

Madres Invisibles es un documental web participativo sobre un viaje sin retorno: la maternidad en soledad. Ser madre fuera del matrimonio en Marruecos es un delito y sus hijos e hijas heredarán el estigma de un apellido bastardo.

Más información aquí
  

Petición dirigida a las Jefaturas de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos ante la celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana: Defended a las personas, no a los mercados.

Firma la petición aquí
  

 

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