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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-11-29
Fecha: 30 de Noviembre, 2012  10:23:33 (+0100)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 29 de octubre de 2012, 10.909 suscriptores
 

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El Tribunal Constitucional considera adecuado que las personas presas enfermas y sin recursos paguen por comer en prisión

Andalucía, 29 de noviembre de 2012 

Muchas de las personas presas con pensión no contributiva, reconocida por padecer VIH/SIDA, se ven afectadas por esta decisión

La APDHA, entidad promotora que brindó el acompañamiento jurídico a un preso afectado por la deducción en su prestación para el pago de la comida, recurrirá esta resolución al Comité de Derechos Humanos o de la Tortura de las Naciones Unidas. Éste último ya consideró que los presos no deben pagar gastos por su estancia en prisión.

Con motivo del día 1 de diciembre, Día mundial del SIDA, la APDHA expone a la opinión pública que el trato dispensado a estos enfermos en prisión es inhumano. Una media de 30 presos con VIH/SIDA fallecen al año en prisión, pese a que la legislación impone su libertad por motivos humanitarios. Este año queremos denunciar, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que además del trato inhumano que padecen en prisión, padecen la minoración de sus escasos ingresos por PNC (pensión no contributiva) por conceptos como la comida, cuando son un colectivo especialmente vulnerable, deteriorado,  abandonado y pobre.

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), acompañando a un número importante de presos, logró que algunos Juzgados de lo Social de Córdoba y Málaga declararan ilegal el cobro a los que percibían una prestación no contributiva (por carecer de renta y padecer discapacidad superior al 65%) a través de su descuento en sus prestaciones, de su manutención. El Pleno del Tribunal Supremo dictó Sentencia el 29 de septiembre de 2010 en la que consideró legal la decisión de pagar por la manutención; en un debate reñido en la que se impusieron siete magistrados frente a los otros seis, que emitieron un voto particular que consideraba ilegal dicho cobro. El Ministerio Fiscal también consideraba ilegal dicho cobro.

Recurrida al Tribunal Constitucional al no estar conformes con la misma, la Sentencia de 29 de octubre de 2012, publicada el día 28 de noviembre en el BOE, entiende que pese a descontarse la comida de su prestación, ello no es cobrar por la comida. Afirmación extraña a cualquier lógica jurídica o humana, en que las cosas son lo que son.

Por otro lado, entendió la resolución que debió acreditarse la afirmación de esta Asociación de que no se trataba con desigualdad al preso respecto a la persona libre, que al acudir a una institución pública o privada como un hospital o benéfica para obtener la comida (comedor social, de sin hogar…) no se le descontaba de su prestación. Prueba diabólica porque ningún organismo puede certificar dicha realidad y porque no es necesario dotar de prueba lo que la lógica nos afirma, que es que no se comunica a la comunidad autónoma quien ha comido y en que sitio para descontarle su prestación.

Esta sentencia tampoco atendió al criterio de la desigualdad de que un preso sin recursos económicos y enfermo, con minusvalía superior al 65%, pague por su comida en prisión y no lo hagan los presos con alta capacidad económica.

A entender de la APDHA resultaba absurdo e injusto que los importes de manutención de entonces se hacían de acuerdo con la siguiente escala: Centros de menos de 200 internos: interno sano 3,56; interno joven 4,76 y ración de enfermería 6,10. Centros de 200 a 500 internos: interno sano 3,14; joven 4,17; enfermería 5,92. Centros de más de 500 internos: sano 3,09; joven 3,10; enfermería 5,71 (Resolución de 25-03-08 BOE 77)

 Tras interponer quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, éste recomendó a la Junta de Andalucía que dejara de cobrar por la alimentación. El 16 de junio de 2008 la Junta decidió acoger dicho criterio. De tal modo, que hoy en día en función de la Comunidad Autónoma en que se cumpla la pena el preso debe pagar o no por su manutención.

Trato inadecuado e inhumano a presos con VIH/SIDA

En torno al 6,3% de la población penitenciaria (6.300 presos) padecen la infección del VIH al ingresar según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), que integra a la mayoría del personal sanitario de prisión, de los cuales sólo el 66 por ciento están siendo tratados actualmente. Además de soportar las condiciones de la enfermedad, deben hacerlo en un ambiente hostil, y con la agravante de la alta incidencia de enfermedades infecciosas que pueden empeorar su situación.

La prisión no garantiza una atención sanitaria equivalente a la que recibe la población libre, principalmente debido a que el personal sanitario no depende del servicio público de sanidad sino del Ministerio del Interior. Por ello es precisa la integración de la sanidad penitenciaria en las competencias de la comunidad autónoma, en lugar de en sede del Ministerio del Interior. Esta pretensión ha sido compartida por la SESP. El Ministerio del Interior es el responsable de que estas personas carezcan del adecuado acompañamiento médico especializado, y comparte responsabilidad con las Consejerías de Salud en la falta de tratamiento médico.

En el año 2005 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobó dicha integración. Pese a ello, salvo el País Vasco desde el año 2011, ninguna otra comunidad cuenta con las competencias en materia sanitaria. Sólo con la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud se superarán dichas deficiencias y desigualdades en el trato del enfermo libre y preso.

Por otro lado, debemos seguir denunciando que no se llevan a cabo todas las excarcelaciones a aquellas personas con esta enfermedad, lo que provoca que sigan falleciendo presos y presas en las cárceles. Según los últimos datos oficiales conocidos por esta asociación, una media de 30 personas fallecen por VIH/sida, pese a que dicho fallecimiento en el interior de prisión podía haberse evitado. 

 

 

 

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APDHA celebra la alta participación en la Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda, muestra su apoyo a la Corrala

 

Sevilla, 26 de Noviembre de 2012 

 

“Porque las personas son lo primero”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla celebra la alta participación en la Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda que se ha celebrado en Sevilla el pasado 24 de noviembre y de la que ha formado parte. La situación de emergencia habitacional que estamos viviendo en Andalucía es sangrante (desahucios por hipoteca y alquiler, familias hacinadas o en casas con necesidad de rehabilitación, chabolistas, personas sin hogar, jóvenes que no han tenido aún la posibilidad de emanciparse…). Entendemos que la vivienda es una necesidad básica para el ser humano, es un derecho que no se puede mendigar sino exigir de forma imperativa.   

Esta Jornada ha sido un paso más en el camino para el cumplimiento de este derecho. Una sociedad que se empodera es capaz de ver sus potencialidades para que los derechos no sean papel mojado.

En este sentido mostramos nuestro apoyo a la Corrala “La Ilusión”, en la que 18 familias, con unas necesidades de vivienda que claman al cielo, se organizan dejando atrás el miedo, para que se cumpla el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”.   Entendemos por tanto, que este realojo es totalmente justificable desde el punto de vista de la defensa activa de los derechos humanos.

 

Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla condena enérgicamente la actuación llevada a cabo por una parte de la Policía Nacional que cargó de forma violenta, en una manifestación, totalmente pacífica, en la que había familias enteras, personas mayores, niños y niñas. Rechaza y repudia las cinco detenciones y los cargos que  se le imputan: desobediencia y atentado a la autoridad, lesiones, altercados y ocupación. Tenemos la certeza de que la Policía ha faltado a la verdad porque varios miembros de la APDHA estábamos allí cuando sucedieron las detenciones y las cargas, y como testigos de los hechos, podemos asegurar que en ningún momento vimos lanzamientos de piedras, de botellas o de palos. La  libertad de expresión y de comunicación no puede ser violentada por la arbitrariedad de algunos agentes. Exigimos que se depuren responsabilidades y se aclaren los hechos.

La APDHA recuerda que el derecho a la vivienda es un derecho universal reconocido en nuestra Constitución, en el Estatuto de Andalucía y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

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Por primera vez, colectivos andaluces por el derecho a la vivienda se unen en una jornada de protesta

Andalucía, 22 de noviembre de 2012

 Sevilla acoge el 24 de noviembre un encuentro de afectados y una manifestación

Convocan 15M Vivienda (a la que pertenece APDHA), STOP Desahucios, PAH y Asamblea por una Vivienda Digna de toda Andalucía

 

La Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla ha presentado esta mañana en rueda de prensa la Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda, que tendrá lugar este sábado 24 de noviembre en Sevilla. Uno de sus portavoces, Pablo María Fernández, miembro de la Intercomisión, ha destacado que “es una jornada histórica porque es la primera vez que una movilización cubre las ocho provincias andaluzas con la cuestión de la vivienda como bandera”. Entre las organizaciones convocantes se encuentran 15M, STOP Desahucios, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asamblea por una Vivienda Digna en Andalucía.

La Jornada arrancará a las 12 de la mañana con un encuentro de personas afectadas por el problema de la vivienda de toda Andalucía, en la casa vecinal Pumarejo. Según Pablo María Fernández, “conoceremos experiencias muy distintas, porque la agresión al derecho a la vivienda tiene muchas caras, no sólo los desahucios hipotecarios”. Como ejemplo ha mencionado “los desalojos por impago de alquiler, las familias que viven hacinadas, barriadas enteras con urgente necesidad de rehabilitación, chabolismo o la gente que duerme desde hace años en la calle, como en torno al río en Sevilla, donde permanecen entre 2.500 y 3.000 personas”. A las tres de la tarde, se celebrará una comida popular, en la misma Plaza del Pumarejo, preparada por los “yayoflautas” del 15M Sevilla. A las cinco de la tarde, una manifestación partirá desde el Parlamento de Andalucía, recorriendo las calles de Resolana, Feria, Relator, Paseo de la Alameda de Hércules, Trajano, plaza del Duque, Campana y Laraña. La marcha culminará con varios actos en la Plaza de la Encarnación. 

Según Antonio Buenavida, miembro de 15M Vivienda, “Ante esta catástrofe, que no está provocada ni por un huracán ni por un terremoto, sino que tiene sus orígenes en la codicia de financieros y banqueros, sobran los motivos para salir a la calle”. Según los datos proporcionados por el 15M, que denominan “las cifras de la vergüenza”, cada día son desahuciadas 87 familias en Andalucía y 10 en Sevilla, provincia en la que se han incrementado en un 27% los lanzamientos entre el primer y segundo trimestre de 2012. Buenavida considera que “la situación de la vivienda en Andalucía es de verdadera emergencia social”.

Según la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla, el Real Decreto Ley del gobierno sobre desahucios “es tan eficaz como una tirita en una hemorragia y no va a solucionar ni un 5% de los casos de gente amenazada por los desahucios”. También se han dirigido a la Junta de Andalucía, “lo único que han hecho es abrir ocho oficinas en toda Andalucía sin presupuesto, y para asesorar fundamentalmente como decían en su declaración, a los nuevos hipotecantes, a ver quién se va a hipotecar ahora”, y al Ayuntamiento de Sevilla, porque “las viviendas de alquiler de la empresa municipal de la vivienda están prácticamente a los precios de mercado, y no sólo eso sino que lleva desalojando muchos meses de una manera injusta a familias de EMVISESA”. Según Buenavida, “Esto es lo que hacen las tres administraciones, darle la espalda al problema de la vivienda, proteger los intereses de los bancos y sumarse al disparate”.

También ha intervenido en rueda de prensa Aguasanta Quero, vecina de la Corrala La Utopía, que ha realizado un llamamiento “a las familias que sufren por la vivienda a que no se sientan solas y a que se organicen, en la Utopía somos 36 familias que hemos decidido luchar juntas después de que ninguna administración nos ayudara”. Y ha animado a “llenar las calles este sábado 24 de noviembre, que seamos muchas personas, que nos escuchen gritar bien alto que la vivienda es un derecho, no un negocio”.

Entre las reivindicaciones que sacarán a la calle el 24 de noviembre, se encuentran “parar todos los desahucios provocados por la crisis que no hemos generado las clases populares”, “la puesta en uso de las viviendas vacías, despenalizar la ocupación de las mismas y  gravar la especulación inmobiliaria y financiera” y “la creación de un parque público de alquileres sociales y un programa efectivo de rehabilitación de viviendas”. Según el 15M Vivienda, “la Constitución recoge que la propiedad privada no se puede tocar, pero también recoge la función pública de la propiedad privada, pueden ser dueños de esos pisos, pero la función de las viviendas es vivirlas, y las administraciones no sólo no están persiguiendo la especulación, sino que la están fomentando. El país de Europa con más pisos vacíos es el que más gente tiene en la calle”. También exigen “la recuperación del suministro de agua y luz para la Corrala La Utopía de Sevilla”, así como “establecer con carácter retroactivo el derecho a la dación en pago propiciando soluciones que permitan a las familias permanecer en sus viviendas”.

 

 

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Andalucía Acoge, APDHA, Federación SOS Racismo y Red Acoge critican el utilitarismo con el que este Gobierno trata a las personas

21 de Noviembre de 2012 

Frente a una política inicial que primaba el conocimiento de la lengua y la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad como vía para la regularización de éstas;  en los últimos meses hemos asistido a la creciente dificultad para mantener la situación administrativa de las personas inmigrantes con menos recursos; ahora, en una nueva vuelta de tuerca se pretende facilitar la residencia legal a personas cuya única relación con nuestro país sea su capacidad adquisitiva para comprar una vivienda de más de 160.000€.

El simple hecho de que se esté estudiando unilateralmente la posibilidad de conceder permisos de residencia a personas que compren viviendas por un precio mínimo, es una situación absolutamente discriminatoria.

Las organizaciones firmantes lamentan profundamente los cambios unilaterales en la política migratoria que se han llevado a cabo en los últimos meses, basados en una concepción utilitarista de las personas y que han ido dirigidos a identificar a las personas inmigrantes con los causantes de la crisis, y exige una vez más a las autoridades competentes a retomar el diálogo social y el respeto por los Derechos Humanos y con los Tratados Internacionales  suscritos por España, como bases para la implantación de políticas públicas.

Entendemos que  la integración social de las personas inmigrantes se debe promover a través de la integración y la construcción conjunta de un modelo de sociedad intercultural  y no sólo desde un punto de vista económico. Ligar el concepto de ciudadanía a la capacidad económica y a la propiedad es algo totalmente inaceptable, discriminatorio que genera brechas sociales y que puede tener consecuencias negativas para la correcta convivencia intercultural en nuestras ciudades, en la medida que categoriza a las personas en función de su estatus económico, exigiendo a unas personas trabajar, cotizar en nuestro país para mantener su situación administrativa y a otras únicamente se les exige la compra de un bien inmueble.

En este sentido, cabe recordar que en la situación de crisis actual, muchas personas inmigrantes  que llevan viviendo en nuestros barrios, pueblos y ciudades desde hace muchos años están siendo desahuciadas, que muchas están perdiendo su estatus jurídico por incumplir los criterios previstos en la legislación de extranjería, por lo que resulta una absoluta paradoja que se apueste como medida para solucionar los problemas de nuestro país la sustitución de estas personas, por otras que se hagan cargo de esas viviendas.

Con esta medida, y con otras adoptadas en los últimos meses, como la reforma sanitaria,  queda suficientemente claro que al Gobierno central no le interesa la convivencia intercultural, el arraigo social o el sentimiento de pertenencia a nuestro país, sino que la única cuestión que le interesa es la monetaria y la visión utilitarista de las personas.

 

 

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Impunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones en la huelga general del 14N en Andalucía

Andalucía, 17 de noviembre de 2012 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha constatado como las unidades de intervención de la Policía Nacional ha incumplido de manera generalizada su obligación de portar su número de identificación de manera visible para el ciudadano en las distintas intervenciones de la huelga y manifestaciones.

Por ello, han sido muchos ciudadanos los que han tenido que pedir expresamente a los agentes que se identificaran, por incidentes o percances, obteniendo en un importante número de casos la negativa como respuesta y/o una exigencia inversa de identificación del ciudadano bajo amenaza de ser llevado a Comisaría.

No parece que el incumplimiento de la norma haya sido decidido por cada uno de los agentes, cuando ha sido tan generalizado, por lo que todo parece apuntar a órdenes superiores de los citados cuerpos. Por ello, la APDHA requerirá a las Jefaturas superiores de la Policía en Andalucía Occidental y Oriental, ejerciendo el derecho de petición, a fin de mostrar su queja y solicitar el fin de esta práctica, solicitando que identifiquen quién ha sido la autoridad que ha dado las órdenes para el incumplimiento de la legislación vigente y, de no existir éstas, cuáles han sido las medidas adoptadas frente al incumplimiento de la citada norma.

Una vez que obtenga la debida respuesta, la APDHA se planteará denunciar estos hechos en vía penal, al considerar que pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, que establece penas para el que a sabiendas de su injusticia, dictare una decisión arbitraria. La decisión arbitraria sería instar no portar la identificación, pese a existir normas de obligado cumplimiento.

En este sentido, la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, establece la obligatoriedad de llevar un “Distintivo de identificación personal. Este distintivo consistirá en un soporte en el qu e irá grabado el número de identidad personal correspondiente al del carné profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con unas dimensiones de 30 × 10 mm, siendo incompatible su uso con la utilización de la placa-emblema, al llevar ya ésta el número de identificación grabado. Su exhibición será obligatoria para todos los funcionarios que vistan uniforme, equipo de trabajo o ambos, y estará colocado en la prenda de vestir correspondiente, centrado e inmediatamente debajo del lugar de ubicación del emblema del Cuerpo Nacional de Policía”. Continúa en la línea iniciada por la Instrucción 13/2007, de 14 de septiembre que establecía la obligatoriedad de su exhibición en las prendas de uniformidad en lugar bien visible, así como el RD 1484/87 (art. 18 y 19).

> Descargar Escrito de Petición


 

 

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El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recibe un preocupante informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el estado español

16 de noviembre de 2012

 

El nuevo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras una ronda de consultas con defensores de derechos humanos, requirió un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el Estado español. La red Migreurop le ha remitido un informe señalando las principales preocupaciones en materia de vulneración de derechos fundamentales.

El todavía recientemente nombrado Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha iniciado su mandato celebrando diversas rondas de consultas con defensores de derechos humanos. En lo referido a la protección de las personas migrantes en Europa, el Comisario convocó una reunión en las oficinas del Consejo de Europa el pasado 5 de octubre en París con 17 defensores de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania. El objetivo del Comisario y su equipo era conocer desde la experiencia de las organizaciones que trabajan en este campo, aquellos aspectos más preocupantes en materia de garantías y derechos fundamentales, centrándose en los Estados más preocupantes, y en especial a la llamada Frontera Sur de Europa. 

Quienes participaron en la reunión tuvieron la oportunidad de describir la situación en materia de detención e internamiento de personas migrantes, control de fronteras, las dificultades en la integración y la reagrupación familiar, la situación de las mujeres migrantes, y las dificultades de los propios defensores de derechos humanos en su trabajo.

Ante la preocupante situación descrita en lo que concierne al estado español, el Comisario requirió la remisión de un informe por escrito, que las organizaciones españolas de Migreurop han elaborado y remitido a la Comisión. En este informe, las organizaciones insisten especialmente en las principales preocupaciones en cuanto a las graves violaciones de derechos fundamentales registradas en los últimos años en los centros de internamiento de extranjeros y en el control de la Frontera Sur.

En lo relativo a los CIE, el informe señala irregularidades en materia de defensa jurídica efectiva, en el acceso al procedimiento de asilo, la presencia de menores, la desprotección de las víctimas de trata por explotación sexual, deficiencias en la atención médica, entre otras; describiendo además casos concretos de malos tratos policiales a personas internas en distintos centros, que siempre terminan en la impunidad.

Respecto a la crítica situación en materia de externalización y control en la Frontera Sur, el informe denuncia “las desgraciadamente habituales ocasiones donde el estado español obvia sus propios procedimientos legales de la normativa española de control de fronteras, utilizando ‘vías de hecho’ vulneradoras de los derechos más básicos de las personas extranjeras que tratan de entrar por vías irregulares en España”, y centra su atención en las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla; en el caso “Marine 1” y la repatriación irregular de todos los pasajeros, personas inmigrantes a Mauritania; y el reciente suceso de Isla de Tierra, con la expulsión colectiva de 73 personas a Marruecos.

El informe también hace constar más hechos preocupantes como las a menudo insalvables dificultades de las personas migrantes para ver reconocido su derecho a reagrupar a sus familias, la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, en especial la de aquellas que son víctimas de explotación sexual, y hace mención a los obstáculos que las propias organizaciones de defensa de los derechos humanos tienen en su trabajo, terminando con propuestas de soluciones en términos de fortalecimiento asociativo, fiscalización del cumplimiento de los Derechos Humanos y la adopción de medidas más garantistas.

 

> Descargar informe


Más información:

Migreurop es una red euroafricana de organizaciones formada por 38 asociaciones de 13 países y por militantes e investigadores cuyo objetivo es dar a conocer la generalización del encierro de personas extranjeras desprovistas permiso de residencia y la multiplicación de los centros de internamiento, tanto dentro de la UE como en los países que las personas migrantes atraviesan para llegar a ella.

En el estado español, Migreurop está formado por las organizaciones ACSUR Las Segovias, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Asociación Elín y la Federación SOS Racismo. www.migreurop.org

 

 

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El Consejero de Justicia afirma que las personas presas no necesitan abogados
Andalucía, 15 de noviembre de 2012 
 

Hoy a las 11 horas ha tenido lugar una Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en la que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas nos hemos reunido al mismo tiempo que el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno, relativa a la suspensión de la defensa gratuita en las prisiones andaluzas (el llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria – SOAJP) desde el pasado mes de mayo. 

Los colectivos promotores (1) de la “Campaña por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica  Penitenciaria YA” nos sentimos completamente defraudados. El Consejero le falta al respeto a los abogados, colectivos sociales y personas presas al afirmar que éstas últimas ya cuentan para ser defendidas con el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, El Juez de Vigilancia y el Defensor del Pueblo, que en Andalucía, por cierto, no tiene competencias sobre las prisiones.

Sentimos que se nos falta al respeto en cuanto que lo afirmado es lo mismo que decir que un detenido no necesita asistencia de un abogado porque ya cuanta con el Fiscal, el Juez de Instrucción o el Defensor del Pueblo para que le asistan.

Más sorprendente ha sido la manifestación de un integrante de un Gobierno de izquierdas afirmando que “las personas presas no son las más desfavorecidas que existen en Andalucía”. ¿Tenemos que hacer una guerra entre excluidos para que quien gane sea quien merezca tener asistencia del Gobierno? No podemos dejar de sentir preocupación por un Consejero de Justicia que desconoce quiénes están en las prisiones andaluzas:  Más de 16.200 personas de las que ¾ partes provienen de barriadas marginales y de exclusión, entre el 80 y el 90% son pobres, 75% drogodependientes, 1% analfabetos totales y un 10% analfabetos funcionales, 8% enfermemos mentales graves, 40% personas con trastornos mentales y de la personalidad… ¿Es necesario estar más desfavorecido para tener la asistencia del Gobierno Andaluz?

No podemos comprender cómo afirma nuevamente que los juristas de las prisiones (3 o 4 funcionarios de media para unas 1.800 personas presas en cada centro penitenciario en Andalucía) ya cubren la información a los presos, así como otros turnos de oficio.

Nos sentimos completamente defraudados y preocupados de que un Consejero de Justicia desconozca completamente las funciones de los SOAJP, que son un servicio del Colegio de Abogados que asesora, asiste y se persona defendiendo a la persona presa en los procedimientos penitenciarios que se inicien por él o contra él por parte de la prisión, incluyendo los recursos pertinentes al Juzgado de Vigilancia y Audiencia Provincial y la defensa de derechos fundamentales vulnerados dentro de las prisiones. Procedimientos que no son competencia de ningún otro turno de oficio (ni contencioso, ni penal, ni laboral). Y los juristas  de Instituciones Penitenciarias no tienen la función de asistir ni defender a personas presas sino de asistir a las propias prisiones (lo único que pueden hacer es informar sobre cuantas causas pendientes puede tener el preso o en qué Juzgado están… nunca asistirlos ni defenderlos en materia penitenciaria). A quien asisten los juristas es a la propia prisión.  El Sr. Consejero, en un alarde de cinismo, le inquirió a la parlamentaria que realizaba la pregunta que se leyera el Reglamento Penitenciario. Nos sentimos estafados con afirmaciones como ésta, ya que en el Reglamento Penitenciario ninguna de las funciones de asistencia y defensa al preso/a existen reguladas como funciones de los juristas de Instituciones Penitenciarias.

Nos parece indignamente que un Gobierno de izquierdas permita intervenciones como la realizada por el Consejero, despreciando a los colectivos excluidos de Andalucía,  considerándolos poco desfavorecidos como para tener que prestarles asistencia desde el Gobierno;  despreciando a los abogados de la Comunidad Autónoma y su labor profesional; y despreciando a los colectivos sociales, de juristas y de derechos humanos que solamente solicitan dignidad para los más necesitados de Andalucía.

La semana próxima los colectivos promotores de esta campaña nos reuniremos para organizar nuevas acciones y exigir que un gobierno de izquierdas no suprima derechos fundamentales a ninguna persona en Andalucía.


Toda la información sobre la campaña en: www.reanudacionsoajp.es

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1. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla

 

 

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Colectivos de abogados y entidades sociales presentan una campaña de presión política para exigir la reanudación de la asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas 
Andalucía, 13 de noviembre de 2012

 

 

Hoy martes ha tenido lugar una rueda de prensa con motivo de la presentación oficial de la CAMPAÑA promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla, que pretende alertar a Parlamentarios Andaluces, gobernantes y la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz

 

La situación de las personas privadas de libertad en las cárceles andaluzas

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas presas, unas 16.200 de un total de 76.000. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a  delinquir. “Concretamente – ha explicado María Luisa Díaz, Coordinadora del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla -  alrededor del 80% está en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40% padecen algún trastorno metal y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves”.

María Luisa Díaz ha continuado diciendo que “una inmensa mayoría de los presos y las presas son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social: escasos o nulos recursos económicos, infravivienda, procedencia de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en prisión… Con este perfil socio-económico, son pocas las que se pueden costear un/a abogada/o mientras están en prisión”.

 

Origen, funcionamiento y consecuencias de la suspensión del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP)

Posteriormente, la Coordinadora del SOAJP del Colegio de Abogados de Sevilla, ha informado que “en Andalucía, este servicio público comienza en Sevilla en Junio de 2001. A día de hoy, los ocho Colegios que se ubican en las capitales de provincia andaluzas disponen de estos Servicios. Los SOAJP gozan de una gran acogida por parte de la población reclusa, desde el inicio de su andadura hasta el momento de su suspensión, y cada año se ha ido aumentando considerablemente la demanda del servicio.  Sólo en el año 2011 se llevaron a cabo en nuestra comunidad unas 9.000 asistencias”.

Las consultas mayoritarias se refieren a permisos y refundiciones, acumulaciones y limitaciones de condena, aunque también se atienden otras muchas consultas sobre revisión de grado, traslados y sanciones, malos tratos, información sobre causas penales y derivaciones a otros turnos.

“Esta situación – prosigue María Luisa Díaz-  supone en la práctica que no se puedan atender y reclamar ante los Juzgados casos dramáticos y reales como la pérdida de 12 citas médicas en un año por falta de conducción policial padeciendo cirrosis hepática sin poder, por tanto, ser asistido por un especialista; no poder ser operado de litiasis renal en 7 años por continuos traslados de centro penitenciario; sufrir cacheos con desnudo integral sin tener relación alguna con el mundo de las drogas, o simplemente poder defenderse ante la retirada de custodia de los hijos”.

E.L.B., usuario del servicio en libertad condicional, ha detallado en la rueda de prensa “cómo no era conducido a sus citas medicas especializadas en el exterior, provocando que las perdiera una y otra vez, y retrasando el diagnostico o tratamiento de su enfermedad” Asimismo, ha informado sobre la situación de otras personas presas: madres que no conocían donde se encontraban sus hijos inmersos en un procedimiento de retirada de custodia; no poder actuar ante un traslado a otros centros penitenciarios a cientos de kilómetros del lugar de residencia de sus familiares; no poder tramitar recursos ante sanciones,  denunciar situaciones de malos tratos, etc.

 

Antecedentes

Por su parte, Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA, ha intervenido para explicar cómo se ha desarrollado el servicio en los últimos años y  cómo se ha paralizado desde que surgió la falta de acuerdo entre las administraciones.

El pasado 17 de abril, la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración. Aunque el Consejero comunicó que existe una partida presupuestaria de 397.600 euros para los SOAJP de toda Andalucía para el año 2012. El citado Convenio de 11 de marzo de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente en marzo de 2011, el Servicio continuó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes, al igual que se trabajó sin convenio tripartito alguno desde el 2001 hasta el 2008, donde solamente existía un convenio del Ministerio del Interior con los colegios de Abogados para permitir su entrada.

Por tanto – apunta Maribel Mora -  “la suspensión del servicio es completamente ilógica y en mayo en junio de 2012  la APDHA presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la firma de 1.000 personas presas denunciando la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones andaluzas. El Defensor del Pueblo Andaluz se comprometió  públicamente a realizar cuantos trámites fueran precisos para hacer posible nuevamente el servicio público mediante los convenios bilaterales como se funcionaba antes del 2008”.

La APDHA mantuvo una la reunión el 15 de junio de 2012 entre el Consejero de Justicia y  la portavoz del grupo parlamentario de IU en la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, Alba Doblas. En ella, el Consejero se comprometió a reanudar el pago del servicio siempre que el Ministerio autorizara la prestación del mismo, sin necesidad de la firma de un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia e Interior, el Ministerio del Interior y  el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA). El Ministerio contestó afirmando que los Convenios bilaterales entre los Colegios y el Ministerio seguían vigentes por lo que no habría obstáculo para la prestación del SOAJP.

Al mantener silencio el Consejero durante varios meses, los letrados del Colegio de Abogados de Sevilla realizaron una concentración el pasado 18 de octubre ante las puertas de la Consejería, y sumaron otras mil firmas de personas presas a la queja,  tras lo que el Consejero respondió desdiciéndose completamente de lo comprometido, ante los medios y por escrito en la queja tramitada en el Defensor, aduciendo que “es imposible reanudar el servicio porque no puede actuar sin cobertura normativa del convenio tripartito siendo necesaria la firma de la prórroga del Ministerio”.

Sin embargo, los Colegios de Abogados de Andalucía tienen desde el año 2001 convenios bilaterales vigentes firmados con el Ministerio del Interior. Prueba de la vigencia de los Convenios es que los SOAJP siguieron funcionado durante un año, desde abril de 2011 hasta abril del 2012, una vez finalizada la vigencia del Convenio tripartito, sin que existiera la necesidad de ese concreto marco normativo. Incluso con fecha 15-03-2011, es decir rebasada ya la vigencia inicial del Convenio tripartito, la citada Consejería dictó una Orden (BOJA nº62 de 29 de marzo) por la que se establecían el número de Guardias para los SOAJP de toda Andalucía para el ejercicio 2011.  ¿Cómo se explica que sin la “cobertura normativa” del Convenio tripartito, de la que solamente habla el Consejero de Justicia e Interior, se dictara esa Orden por parte de su antecesor? ¿Acaso los anteriores Consejeros de Justicia cometieron alguna irregularidad o ilegalidad al permitir, durante nada menos que 7 años, que se prestara el SOAJP sin Convenio tripartito? ¿O al dictar la Orden de 15-03-2011, cuando se encontraba en la misma situación que ahora, de espera de firma de la prórroga? Y si así se cree por parte de la Consejería de Justicia e Interior actual  ¿no habría que presentar una Querella por prevaricación contra sus antecesores?

Maribel Mora también ha comentado que “nos sentimos defraudados y estafados por un Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que nos ha faltado a la consideración debida de quienes piden lo justo dentro de la legalidad, dando explicaciones y promesas vanas que solamente ocultaban un recorte a los derechos fundamentales de los más excluidos. El Consejero ha estado “mareando la perdiz” con tal de no reconocer que un gobierno, que se vanagloria de ser de izquierdas, está dispuesto a suprimir un servicio público para uno de los sectores más excluidos y pobres en Andalucía”.

 

La campaña: próximas acciones y movilizaciones

Estos colectivos hacen pública en el día de hoy esta campaña, que ha recibido el apoyo de más de 70 colectivos sociales en menos de una semana y más de 1.300 firmas.  Incluso fuera de España, la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH), en la reunión de su Bureau del pasado fin de semana, mostró su apoyo a esta reivindicación y  su preocupación ante el recorte de las libertades auspiciadas por la crisis, en esta ocasión por parte de la Junta de Andalucía.

Dentro de esta primera fase los colectivos promotores se concentrarán, junto con personas presas y sus familiares, en las puertas del Parlamento el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana, mientras el Consejero de Justicia responde ante el pleno por la “suspensión” de los SOAJP.
 
Maribel Mora también ha anunciado que “Se remitirá a todos los Parlamentarios de la cámara un informe sobre la realidad del recorte del servicio, sus consecuencias y los fariseos argumentos del Consejero para su “suspensión”. Y si el jueves en el pleno el Sr. Consejero continúa manteniendo que la “cobertura legal” del convenio tripartito es imprescindible para financiar el servicio, le instaremos a que ponga en conocimiento de la Justicia la actuación de los Consejeros que le antecedieron, que financiaron un servicio, a su juicio,  sin respaldo legal alguno. Ésa sería su obligación si entiende que se ha cometido algún tipo de corrupción o delito”.

Por último, ha finalizado su intervención diciendo que “somos colectivos ciudadanos, de Derechos Humanos  y de juristas muy diversos. Pero estamos dispuestos a luchar, a sumar todos los apoyos cívicos precisos y a exigir justicia social en nuestra comunidad autónoma.  Si el gobierno de la Junta de Andalucía da la espalda a los más desfavorecidos, estamos dispuestos a encerrarnos con grupos de familiares de presos que necesiten asistencia letrada para asuntos graves, hasta que  el consejero les designe un abogado especialista en derecho penitenciario. Estamos reivindicando  vivir con  dignidad como derecho humano”.

 

Relación de colectivos que han suscrito el manifiesto e información de la campaña en www.reanudacionsoajp.es

 

 

 

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Memoria de Actividades 2011 

  

 

Resumen de las principales líneas de trabajo, de los documentos e informes publicados y de las actividades desarrolladas a lo largo del año 2011.


Se puede descargar de nuestra web en el siguiente enlace.

 

 

 

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“El sistema penitenciario no ha funcionado nunca”

Periódico Diagonal, 5 de noviembre de 2012

La reeducación y la reinserción abanderan el sistema penal español, uno de los más duros de Europa occidental, que se reforzará con la reforma del Código Penal.


En poco más de 30 años el Estado ha pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 70.695 en junio de 2012, según fuentes del Ministerio del Interior. El Estado español es el segundo de la UE con la proporciónmás alta de población reclusa. Aunque 2011 ha sido el año con la tasa de criminalidad más baja de la última década, el número de personas encarceladas no ha parado de aumentar en el Estado.

Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, argumenta cómo esta situación paradójica se debe a opciones políticas. “En nuestro país se ha optado por un sistema penal duro, con condenas superiores a la media de países europeos, y por tanto con tasas de encarcelamiento superiores a cualquier otro país de Europa occidental aunque las tasas de delincuencia son más bajas”. Y prosigue, “la opinión pública pide más cárcel porque tiene la visión de que la prisión es blanda, y luego los políticos anuncian medidas penales duras para conquistar votos”. Ibáñez se refiere a la utilización populista del derecho penal por parte del grueso de los partidos políticos. Se caracteriza por una inmediata y permanente llamada a la penalización para hacer frente a determinadas problemáticas sociales caracterizadas por su repercusión mediática.

Como afirma Ibáñez, el derecho penal se convierte, pues, en un arma política que genera a corto y medio plazo fructíferos réditos políticos y electorales. Según Eduard Ibáñez, las políticas sociales públicas no se diseñan para incidir en las verdaderas causas que provocan algunas manifestaciones delictivas, sino que dejan intactas las estructuras que se irán nutriendo de nuevos candidatos empujados por situaciones de marginalidad y exclusión social.

“La prisión debe ser una escuela de libertad”, declaraba meses atrás Mercedes Gallizo, ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. La Constitución española, en el artículo 25.2 le da la razón. “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”. Pero la realidad dista mucho de leyes y declaraciones. Según Eduard Ibáñez, la función rehabilitadora es la misión secundaria de un sistema que lo que quiere es castigar, “si realmente se quisiera rehabilitar, tendríamos escuelas, no cárceles”.

Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, va más allá: “El sistema penitenciario no ha funcionado nunca, no es un problema concreto actual, es un problema estructural histórico; parte de la contradicción de pretender enseñar a vivir en libertad privando justamente de la misma”. Según Rivera, la pena privativa de libertad cumple otras funciones. La actividad y tratamiento penitenciario y el conceder o denegar permisos y castigos, fomenta la aparición de actitudes individuales en los presos en detrimento de actitudes colectivas o solidarias. Sirve de eficaz instrumento de gobierno disciplinario de la institución. Rivera asegura que así se ha conformado una cárcel quieta, sumisa, que no estalla y da una supuesta benignidad al sistema penitenciario. El preso debe tragarse todo, no puede exigir sus derechos porque sabe que si lo hace se encontrará con muchas dificultades a la hora de conseguir permisos.

En la cárcel, la disciplina se mantiene con la promesa de posibles beneficios o permisos que forman parte de todo el laberinto del tratamiento penitenciario. Contradicciones, versiones oficiales que chocan contra crudas realidades intramuros, y todo acentuado por los primeros apuntes del anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurecerá las condiciones de vida en prisión y la nutrirá demás “clientes”.

La paradoja penitenciaria vuelve a flotar hacia la superficie cuando preguntamos a la subdirectora de Tratamiento de una de las cárceles más nuevas del Estado y responde: “Avanzamos hacia un modelo de prisiones resocializador, una prisión de oportunidades“.

 

48,4 infracciones por cada mil habitantes>

La tasa de delincuencia del Estado español no llega a 50 infracciones por cada mil habitantes, una cifra inferior a la media europea de 64,9. Los índices más altos están en Ceuta, Melilla y Baleares, los más bajos, en Extremadura y Asturias.

Sólo el 6% ve la delincuencia como problema>

El 11% de ciudadanos de la UE percibe la delincuencia como uno de los dos principales problemas del país. Entre la población española esto se reduce al 6%. Los datos recogidos forman parte del Balance de criminalidad 2011 del Ministerio de Interior.

Menos infracciones penales que en la UE>

La cifra de infracciones penales se redujo un 0,6% con respecto a 2010. España está entre los países con menos criminalidad de la UE, junto a Italia, Portugal y Grecia (datos de 2009).

 

 

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¿Primero los de casa?

Aïda Guillén Lanzarote, eldiario.es 07/11/2012

Una de las políticas públicas que está sufriendo más recortes en los últimos años es la política de cooperación al desarrollo. Contrariamente a lo que se cree, estos recortes no han empezado con el actual gobierno central, sino que ya se iniciaron con el anterior gobierno socialista. No en vano, desde 2009 los presupuestos dedicados a cooperación han disminuido en un 73%, según la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España  . El presupuesto presentado estos últimos días para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es el órgano gubernamental principal encargado de canalizar esta ayuda, la deja a la altura de una ONG grande (poco más de 200 millones de euros).

Estos recortes a penas generan contestación en la calle y, de hecho, las organizaciones de desarrollo se enfrentan a la realidad de la desmovilización social para reivindicar el mantenimiento de estas políticas. La justificación de esta falta de apoyo popular está tan manida como manipulada desde los estratos políticos y comunicativos: “en tiempos de crisis, primero los de casa. Si no hay para nosotros, no vamos encima a dar a los de fuera”.

Este argumento utiliza el miedo y las situaciones de incertidumbre para fomentar los prejuicios y difundir falsedades. Veamos por qué.

La ayuda oficial al desarrollo son todos aquellos recursos (económicos, humanos, materiales…) que un país pone a disposición de otros estados para colaborar en su desarrollo. Esta cooperación es una obligación de los estados según la Carta de Naciones Unidas de 1945 y se encuentra recogida en el artículo 1.3 de la misma que recoge los propósitos de la organización. Nada menos.

Sin embargo, el concepto de desarrollo no es unívoco y de hecho ha ido variando a lo largo de los años y la práctica de la cooperación. Durante años, este desarrollo se identificó con el únicamente económico y su éxito se medía con los aumentos del PIB y otros indicadores económicos. Con la introducción del concepto de desarrollo humano en los años 90 del siglo pasado se dio un paso en la concepción de este desarrollo y se empezaron a valorar aspectos como el nivel educativo, las condiciones sanitarias o el acceso a la justicia.

En este sentido, las políticas de cooperación han ido también variando y el entramado internacional de agencias donantes, programas y actores involucrados se ha ido complicando y agrandando, con lo que las diferentes agendas de cooperación se han visto ampliadas.

En este camino, también hemos observado cómo las políticas de cooperación se han visto muy influenciadas por otros intereses estatales, como los comerciales, los geoestratégicos o los puramente políticos, lo cual ha desvirtuado y desdibujado en numerosas ocasiones las intervenciones con objetivos de desarrollo.

Por tanto, ¿qué cooperación se ha hecho hasta el momento? ¿En qué se invierte la ayuda oficial al desarrollo? No es este el lugar ni es nuestra pretensión hacer un análisis exhaustivo de estas políticas, pero sí que nos resulta útil destacar que las políticas de cooperación se han ido configurando como un vehículo de exportación de nuestro propio modelo, tanto económico como político y social.

Así, la ayuda oficial al desarrollo se ha utilizado para fomentar cambios y reformas democráticas, para colaborar en la provisión de derechos y servicios básicos como la salud y la educación, para reforzar las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil… Es decir, entre otros objetivos, la cooperación al desarrollo ha pretendido hacer partícipes a otras sociedades de nuestro modelo de estado social y democrático.

En el momento en que este modelo, básicamente occidental, entra en crisis y deja de ser apoyado por las clases dirigentes (políticas, económicas, financieras…), se ven afectados todos sus componentes, entre ellos las políticas de cooperación al desarrollo. Los recortes en cooperación obedecen a la misma lógica que los recortes en sanidad o educación: la voluntad ideológica firme de querer acabar con el estado del bienestar, amparándose en justificaciones y argumentos economicistas supuestamente absolutos e irrenunciables (estabilidad presupuestaria, pago de deuda, adelgazamiento del sector público…)

La diferencia entre los recortes en cooperación y los recortes en otros sectores sociales, es que los primeros son más “baratos” políticamente y por eso se han llevado a cabo con mayor contundencia y rapidez. Y la culpa, entre otros, es del propio sector de la cooperación. No hemos sido capaces de consolidar una verdadera base social.

Se ha utilizado, erróneamente desde nuestro punto de vista, la justificación de la cooperación como las “políticas buenas” encaminadas a impedir que gentes de otros lugares decidan emigrar a nuestro país. El argumento es simple: “ayudémosles a mejorar su calidad de vida y así no vendrán aquí y harán peligrar nuestro sistema”. Como ocurría con el argumento anterior, éste también es falso y además no educa.

No hemos sabido explicar el mensaje básico de que la solidaridad internacional es una obligación. Nuestro modelo y ritmo de consumo está basado en la explotación de otros lugares y otras sociedades. Aplicar el 0,7% de nuestro presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo no es caridad de buenos samaritanos ni tampoco es una jugada calculadora donde se entremezclan otros intereses, es pura justicia social, recogida, además, en instrumentos internacionales.

Defender las políticas de cooperación es defender el estado del bienestar, aquí y allá. Porque las fronteras son cada vez más permeables, porque el sistema internacional basado en el Estado-nación hace décadas que se encuentra en la picota, porque luchar por mis derechos sin luchar por los de los demás es reclamar privilegios.


Resulta imprescindible renovar el papel de la cooperación al desarrollo, repensar el papel de las organizaciones no gubernamentales, rehacer la agenda política internacional y basarla en estándares comúnmente aceptados, como algunos tratados de derechos humanos, por ejemplo. Pero sobretodo, necesitamos hacer llegar nuestro mensaje más allá del sector de la cooperación: “el pobre del sur no es nuestro competidor ni nuestro rival en la distribución de los bienes y servicios recortados ideológicamente y, por tanto, artificialmente. Es un compañero de lucha, es un damnificado más de este sistema que nos ahoga”.

¿Primero lo de casa? Sí, por supuesto, primero los ciudadanos y ciudadanas del mundo.

 

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El negocio de la xenofobia

Xavier Ferrer y Henk Van Houtum, elfarodigital.es - 31 de Octubre de 2012

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 asigna cerca de 4 millones de euros al mantenimiento de los perímetros de seguridad de Ceuta y Melilla (esto es: unos 2 millones a cada valla fronteriza). En paralelo, en el marco de estas mismas cuentas, la partida dedicada a Ayuda Oficial al Desarrollo sigue cayendo en picado. 

El orden de prioridades que guía la acción del ejecutivo es diáfano: la España quebrada cercena el gasto en cooperación, y, de forma simultánea, sigue musculando el aparato securitario erigido en sus fronteras norteafricanas. 

Ello, por supuesto, no ayuda a reducir la desigualdad global. Al contrario. Conduce a una mayor disparidad en el bienestar y apuntala la discriminación entre quienes pueden disfrutar de la libertad de movimiento y quienes se ven privados de ella. En consecuencia, el número de inmigrantes irregulares que desean cruzar los perímetros terrestres de las Ciudades Autónomas no se reducirá. Es previsible que crezca.

Pero pongamos las cifras en perspectiva. Lo cierto es que, contemplados a escala comunitaria, esos “2 millones por valla” proyectados por el gobierno no representan una suma tan abultada. Representan, más bien, la punta del iceberg del ascendente montante que los veintisiete destinan a la securización de su contorno exterior.

En otras palabras, los 4 millones de gasto proyectados para los perímetros de Ceuta y Melilla son el chocolate del loro del coste total (económico, humano y moral) generado, en conjunto, por los dispositivos de control y vigilancia de la arquitectura fronteriza de la Unión.

Pasan los años y las entradas irregulares de inmigrantes no cesan. Así, sorprende constatar cómo la Unión Europea obvia el efecto contraproducente de la gran inversión realizada en nuevas barreras y dispositivos de control. Cuanto más se invierte, más necesario parece seguir invirtiendo en el sector del fortificado.
Ello revela que el régimen de fronterización exterior de la UE está atrapado en una lógica cuyo coste abominable no resuelve el problema de fondo. Sin embargo, esta misma lógica cae como agua de mayo en la contabilidad de algunas empresas que labran en el campo de la seguridad y la defensa.

Sea cual sea la altura y grosor de las vallas, si la desigualdad persiste, los inmigrantes seguirán llegando. Habida cuenta de la cada vez mayor dificultad en el acceso por vías legales, éstos se ven obligados a buscar canales de entrada irregular. Ello sólo acarrea más fobia y más criminalización del fenómeno. Y la respuesta política suele ser un nuevo endurecimiento de las vías legales de acceso. Este círculo vicioso beneficia de forma clara a dos actores: al complejo empresarial de seguridad -a quien de manera progresiva se subcontratan las tareas de control fronterizo-, y a los políticos ultra-nacionalistas.

Claire Rodier, autora del libro “Xénophobie Business”, recién publicado por Editions La Découverte, ahonda en esta idea. ¿Para qué sirven realmente los controles fronterizos? En su trabajo, la jurista francesa responde a esta pregunta. Y, con claridad y contundencia, denuncia el rol de la llamada “industria comercial securitaria” en el mantenimiento de unas políticas de (in)movilidad caras e ineficaces.

En su libro, Rodier pone el foco sobre el pozo sin fondo que representa la sísifa tarea de poner puertas al campo, en la que se ha embarcado la UE. A ello ha contribuido la labor de los grupos de presión de la industria de la seguridad –para quienes, curiosamente, la no siempre evidente naturaleza sísifa de la tarea es miel sobre hojuelas.

El libro escudriña las interesantes conexiones entre, por un lado, las prácticas de control migratorio, detención y expulsión, y, por otro, el nada desdeñable rédito económico (y electoral) en el que, para algunos, dichas prácticas se traducen. Así, ilustra la complementariedad entre la retórica del miedo que recorre la UE y el ascendente dispendio realizado por los veintisiete en el floreciente mercado de la seguridad. La autora sostiene que “en lugar de aportar la seguridad prometida, cada nuevo dispositivo de control puesto en marcha en las fronteras tiene como principal utilidad revelar los fallos y lagunas de los precedentes, así como la finalidad primordial de justificar los que le sucederán”.

Nuevas entradas en Melilla

Así las cosas, hace dos semanas, los medios de comunicación informaron de un nuevo franqueo irregular de la valla de Melilla. Los protagonistas fueron más de un centenar de personas procedentes de países del África subsahariana. La acción fue calificada por la delegación del gobierno en esa ciudad como “una invasión en toda regla”: una expresión que revela la militarización del discurso en relación a la inmigración irregular (en gran medida creada por la misma UE mediante un regimen de movilidad restrictivo y discriminatorio).
Poco antes, este periódico había dado cuenta de la inminente adjudicación de un suculento contrato para la instalación de nuevas cámaras de seguridad en esa misma valla.

La desigualdad global se enquista y los flujos de inmigración irregularizada hacia las fronteras de la UE persisten. En esta tesitura, el pasado viernes tuvo lugar otra entrada irregular a través del vallado de Melilla. Se produjo mientras la lúgubre lista de muertos en las fronteras de la UE sumaba a los 23 inmigrantes fallecidos esta última semana en aguas del estrecho.

Las medidas de fortificación del perímetro exterior comunitario complican el recorrido y ponen en peligro la vida del inmigrante. Además, se muestran no sólo moralmente injustas, sino también ineficaces. Esta ineficacia, qué duda cabe, es un filón para quienes venden la ilusión, la zanahoria de la posibilidad de un blindaje perfecto en tiempos de mundialización. Y también, sin duda, para quienes la compran a fin de mostrarla en la plaza pública y recabar votos.

Los hechos indican que la UE parece obstinada en la vana tarea de perseguir su propia cola. Si las cosas no cambian, puede que, en el futuro cercano, los 4 millones proyectados para reforzar los perímetros de Ceuta y Melilla parezcan una cantidad insignificante: pura calderilla frente al creciente caudal de dinero público gastado dolorosa e infructuosamente en la fortificación comunitaria.

Xavier Ferrer Gallardo es Investigador, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona y Henk Van Houtum es Investigador, Nijmegen  Centre for Border Research, Radboud University Nijmegen & University of Bergamo.

 

 

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La historia se repite mientras la comunidad internacional da la espalda a Gaza

Raji Sourani, 18 de Noviembre de 2012

Hoy en Gaza estamos sentados esperando la próxima fase de la ofensiva israelí. Los ataques se han mantenido sin descanso durante más de tres días. Las calles están desiertas porque la gente está demasiado asustada como para moverse. Y sin embargo, hay civiles que están siendo asesinados y heridos. En estos momentos, a nuestros trabajadores de campo les resulta imposible saber las cifras exactas pues aún están luchando para documentar los ataques anteriores y los actuales.

Fuera de las fronteras de la Franja de Gaza, el mundo observa sus pantallas de televisión. Y espera.

Ya hemos pasado por esto antes. Hace casi cuatro años, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido, una ofensiva de 23 días contra la Franja de Gaza que situó inalterablemente a la población civil en el ojo del huracán. En esa ofensiva, el 82% de los muertos fueron civiles, 1.179 de las denominadas por el Derecho Internacional “personas protegidas” fueron asesinadas mientras el mundo miraba.

Como consecuencia del cierre ilegal de la Franja de Gaza por parte de Israel "impuesto desde hace ahora cinco inimaginables años" la destrucción causada durante la Operación Plomo Fundido aún no ha sido totalmente reparada. Según van cayendo las bombas hoy, los escombros se añaden a los escombros; otra generación de destrucción. Una ya deteriorada infraestructura, en particular la de los hospitales, hace que a la gente le sea muy difícil salir adelante.

Después de la Operación Plomo Fundido creímos que el mundo respondería. Tenía que hacerlo. El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), y otras organizaciones prepararon un sinnúmero de casos bien documentados que contenían alegaciones concretas de crímenes de guerra generalizados cometidos por las fuerzas israelíes. Las presentamos, entre otros, ante la Misión de Investigación de Naciones Unidos sobre el Conflicto de Gaza que concluyó que la Operación Plomo Fundido estuvo dirigida contra "el pueblo de Gaza en su conjunto". Declaró que la acción de Israel se basó en una "política deliberada de fuerza desproporcionada" cuyo objetivo no era el enemigo sino la "infraestructura de apoyo". En la práctica, ello parece que se refería a la población civil. Sobre la base de esas conclusiones, la Misión de Investigación recomendó que el Consejo de Seguridad remitiera la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional para que todos los presuntos criminales de guerra pudieran ser investigados y, si se consideraba, juzgados y procesados.

Esta no fue una conclusión inusual. Fue una respuesta a las nítidas exigencias del Derecho Internacional.

Durante casi cuatro años, el CPDH ha luchado por que se cumpla tal recomendación. Como organización, representamos a más de 1.400 víctimas de la Operación Plomo Fundido. Estas personas han puesto su fe en el imperio de la ley y en la promesa de los derechos humanos universales.

Su fe se ha dado de bruces con la realpolitik y con una comunidad internacional que no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones internacionales. La comunidad internacional ha priorizado sistemáticamente las consideraciones políticas sobre los derechos humanos utilizando la paz y la seguridad como pretexto. Ha dado la espalda al imperio de la ley y a las víctimas.

Hoy, estas mismas víctimas junto a toda la población de Gaza, son una vez más el objetivo de un ataque implacable. Una vez más, Israel desprecia el Derecho Internacional mientras lanza oleada tras oleada de ataques contra la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nos dice que esto es sólo el principio.

Nuestra reclamación no es extravagante ni carente de razón. Simplemente queremos ser tratados como iguales. Pedimos que se respeten nuestros derechos, que los llamados derechos humanos universales se extiendan a la Franja de Gaza. Pedimos que el imperio de la ley sea respetado y que todos los responsables de las violaciones del Derecho Internacional rindan cuentas

Recordamos a la comunidad internacional el último ataque importante contra la Franja de Gaza, cuando los civiles se llevaron la peor parte de la inacción política. No debemos esperar a que las mismas atrocidades se cometan nuevamente.

Reclamamos justicia y responsabilidad. Soñamos con una vida normal en libertad y dignidad.


Raji Sourani es Director del Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza.

 

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Titulo E 
 

 

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Titulo F 
 

 

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Actividades de la APDHA

 
 

Delegación de Cádiz

 

Campaña para el Día de los Derechos Humanos

La campaña que comienza la delegación de Cádiz incluye la edición de postales para que miles de gaditanos hagan llegar su denuncia a Mariano Rajoy: postal 1 / postal 2 / postal 3 / postal 4 / Reverso postal

Asimismo se ha elaborado un material audivisual que se está usando en charlas en Centros y entidades. Se puede ver el vídeo en nuestro canal Youtube:  http://youtu.be/3BBpCNZzSWw

Finalmente, hemos elaborado un Manifiesto abierto (ver aquí) que animamos a los colectivos sociales y organizaciones a considerar, hacer aportacion es y finalmente asumirlo para participar unitariamente en una movilización el lunes 10 de diciembre, que para ir difundiendo hemos fijado su comienzo en la Plaza San Juan de Dios a las 6 de la tarde

ÚNETE Y PARTICIPA

> Más información aquí

Día mundial del SIDA: dignidad y derechos para las personas presas

Fecha y hora: sábado 1 de diciembre de 2012, a las 12:00
Lugar: Cárcel Puerto I y II. Puerto de Santa María

Conferencia: Informe y campaña sobre la privatización de las guerras. El caso de Irak.
Interviene: Leticia Armendáriz

Fecha y hora: jueves 29 de noviembre de 2012, 19 horas
Lugar: Asociación de la Prensa de Cádiz

> Más información aquí

  
 Delegación de Córdoba

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, el próximo 10 de Diciembre, la Delegación de Córdoba celebrará en horario de mañana una rueda de prensa para presentar su informe anual sobre la Situación de los DD.HH. en Córdoba y por la tarde, tendrá lugar el acto de entrega del Premio Derechos Humanos 2012 a un colectivo o entidad que se haya distinguido por la defensa de los derechos de los más desfavorecidos.

  
 

Delegación de Granada 

Acto de calle con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y encuentro/debate

Fecha y hora: 9 de diciembre de 2012 de 11:30h a 14:30h y 10 de diciembre de 2012, a partir de las 20h.
Lugar: Fuente de las Batallas y local de la APDHA Granada

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre, la delegación de la APDHA de Granada está organizando una actividad pública en la calle durante la mañana del domingo 9 diciembre, de 11:30h a 14:30h., en la Fuente de las Batallas.

Desde la APDHA Granada queremos recordar y darle visibilidad a los colectivos con los que trabajamos, denunciar la violación de sus derechos y hablar de las acciones que llevamos a cabo.

 

 

Este día tiene una particular importancia ahora, dada la grave situación de recortes y desmantelamiento de lo público que estamos viviendo y la vulnerabilidad a la que están expuestos muchos colectivos y muchas familias en España. Se trata de defender los derechos que con tanto esfuerzo se han conquistado para demostrar que no nos rendimos. Cada una de las áreas de la delegación, para tal fin, ha previsto realizar una acción de sensibilización y denuncia.

Por otra parte, el  lunes 10,  día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a realizar un encuentro/debate sobre el mismo tema, que finalizaremos compartiendo unos refrescos y alguna cosilla de picar, como solemos hacer. Para esto convocamos a las 20h en el local de la APDHA Granada.

  

 

Delegación de Huelva

Casitas de juguete, derechos de Verdad

Fecha y hora: miércoles 12 de diciembre, 18.00h
Lugar: Plaza de las monjas. Huelva


Acto de calle para la reivindicación del Derecho a la Vivienda y la celebración del día Internacional de los Derechos humanos.

Invitaremos a la población para que acuda con sus niños y niñas y sus casitas de juguete y simularemos un poblado.

Acompañaremos el acto con la lectura de un comunicado, el reparto de octavillas y una pancarta que refleje los derechos en materia de vivienda de la declaración universal de los derechos humanos y la constitución española en la que sumaremos las principales consecuencias del no cumplimiento.

¡Si hay derechos, que se cumplan!

Acude con tu casita de juguete a reivindicar derechos reales el MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE a las 18.00H en la Plaza de las Monjas. 

  
 

 Delegación de Málaga

Charla-coloquio: Las Libertades Civiles

JOSÉ CHAMIZO- Defensor del pueblo Andaluz

Fecha y hora: martes 18 de diciembre de 2012 a las 18 horas.
Lugar: Salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal. Paseo de Reding nº 1, Málaga

  
 

Delegación de Sevilla

Manifestación contra la impunidad de Israel

Fecha y hora: Viernes 30 de Noviembre de 2012 a las 19:00h
Lugar: Plaza de la Encarnación (hasta Plaza Nueva)


Numerosos colectivos sociales, sindicales y políticos, entre ellos APDHA-Sevilla, han convocado una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de la impunidad con la que Israel comete sus crímenes para recordar a las instituciones andaluzas la obligatoriedad, por ser firmante nuestro país de la IV Convención de Ginebra relativa a la población bajo ocupación, de tomar las medidas necesarias para evitar nuevas masacres como la causada por los recientes bombardeos sobre la ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños.

¡Basta ya de agresiones e impunidad! 

  
 

Día Intenacional de los Derechos Humanos 

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la Delegación de Sevilla organizará el jueves 13 de diciembre una mesa redonda sobre el Derecho al Uso de la Vivienda y el viernes 14 de diciembre tendrá lugar el acto de entrega del Premio Derechos Humanos 2012 a un colectivo o entidad que se haya distinguido por la reivindación de los derechos de los más desfavorecidos. Posteriormente se celebrará una fiesta. 

 

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La APDHA no se responsabiliza necesariamente de las opiniones vertidas por los autores de los artí­culos publicados