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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2012-12-26
Fecha: 26 de Diciembre, 2012  14:16:54 (+0100)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

 

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 26 de diciembre de 2012, 10.909 suscriptores
 

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Día de los DDHH: Las políticas frente a la crisis están quebrando los Derechos Humanos

Comunicado 10/12/2012

 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado hoy en rueda las principales situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ha detectado en 2012 en nuestra comunidad autónoma y que afectan, tanto a colectivos ya excluidos socialmente, de forma aún más severa, como a un espectro cada vez mayor de población andaluza.

Pablo Mª Fernández, Vicecoordinador de la APDHA y coordinador del área de Marginación, ha comenzado su intervención apuntando que desde hace 4 años las referencias a la situación de crisis social y económica que sufrimos han presidido la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo nunca como este año, cuando se cumplen 64 años de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal, se ha podido hablar con más sentido de que vivimos una auténtica emergencia social.

La APDHA lanza una voz de alerta: los derechos humanos están en peligro, están siendo desmantelados por las políticas de los gobiernos frente a la crisis, políticas basadas en la austeridad a ultranza, drásticos recortes sociales para contener el gasto público y la limitación del déficit a niveles casi imposibles de cumplir.

Estas políticas no persiguen sacar al país de la crisis y apoyar a la ciudadanía en sus graves problemas originados por el capitalismo más depredador. Están marcadas por la prioridad en el pago de la deuda a los bancos y el rescate de los mismos cuando lo necesiten con presupuesto público.

Las consecuencias de los recortes sociales que implican estas políticas están a la vista de todos y todas. Desde las clases medias a los sectores más desfavorecidos de la sociedad lo están padeciendo. Las consecuencias son aún más graves: los recortes sociales matan. Tienen víctimas reales, de carne y hueso.

Las cifras de paro resultan absolutamente alarmantes: casi seis millones de parados en España y un porcentaje  de paro del 36% en Andalucía, con un millón de personas paradas, marcan una realidad insoportable para muchas familias. El derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, se ha convertido en una auténtica quimera. En este marco se explica el aumento de la pobreza, con un casi un 35% de la población andaluza en riesgo de sufrirla, la exclusión social, la pobreza infantil, la actividad de los comedores sociales, de los bancos de alimentos o las asistencias de Cáritas, en un cuadro social demoledor.

La dependencia, la sanidad, la educación, el funcionariado, las políticas de igualdad, la drástica reducción del gasto social, la ausencia de políticas de reactivación… Una lista de despropósitos y de violaciones de derechos humanos.

Despropósitos que ni siquiera van acompañados de una sola medida para recaudar a los más ricos. Ni una sola. Y ello porque creemos que no se trata sólo de recortes sino que expresa un proyecto político de mayor alcance: con la excusa de la crisis se trata de poner en marcha un cambio de modelos social, político y económico al servicio de los más ricos y marcado por unos valores ideológicos profundamente reaccionarios; valores que se sitúan muy lejos de los que inspiraron nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

APDHA quiere destacar algunas de las vulneraciones de derechos fundamentales que durante este año que termina, y en el presente contexto de emergencia social, se han convertido en nuestras principales líneas de trabajo y denuncia dentro de algunos de los habituales ámbitos de actuación de nuestra asociación.

Inmigración

Carlos Arce, Coordinador del área de Inmigración, ha comentado las principales situaciones que han menoscabado los derechos de las personas migrantes:

1.-Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en Andalucía. Lamentamos que se mantenga en funcionamiento el CIE de Algeciras, donde, en un contexto de condiciones materiales deplorables, se siguen vulnerando derechos básicos de los internos. Sin embargo, durante el año 2012 hemos recibido una buena noticia: el cierre de CIE de Capuchinos en Málaga. También valoramos positivamente el hecho de que ya haya fecha para el juicio de los policías nacionales que presuntamente abusaron sexualmente de internas de este centro.

2.-Muertes y vulneración de DDHH en las fronteras andaluzas. De nuevo este año más muertes de migrantes y de vulneración de los derechos humanos en las fronteras. Especialmente trágicos fueron los casos de Isla de Tierra, donde el Gobierno español desatendió sus obligaciones humanitarias y expulsó ilegalmente a Marruecos a 70 personas que fueron maltratadas por las fuerzas policiales marroquíes y el de la muerte/desaparición de más de 50 personas en el naufragio de una patera el pasado mes de octubre ante la inacción del dispositivo de Frontex desplegado en Andalucía.

3.-Derecho de acceso a la sanidad de las personas extranjeras. El RDL 16/2012 excluye de la cobertura sanitaria normalizada a las personas extranjeras en situación irregular. El Gobierno andaluz ha afirmado públicamente que esta exclusión no será efectiva en nuestra CA, aunque se niega a aprobar un instrumento normativo que respalde esa voluntad política y ya se han documentado incidencias desde la entrada en vigor del RDL el mes de septiembre.

Marginación

Pablo Mª Fernández ha proseguido indicando las principales vulneraciones de derechos en temas de marginación y vivienda:

4.- Aún no se ha aprobado en Andalucía la tantas veces prometida Ley de Inclusión. Y ello a pesar de casi el 35% de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un 29,3% de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, 308.800 menores en Andalucía son pobres y  una tasa de paro del 35,42%, 55% de ellos jóvenes. La renta básica que contempla nuestro Estatuto sigue sin ponerse en marcha.

5.- Derecho a la vivienda digna. No sólo no se ha erradicado el chabolismo en Andalucía, sino que no paran de surgir nuevos asentamientos poblados por personas que están en la más absoluta miseria y a los que las administraciones dan la espalda, cuando no los violentan con las crecientes intervenciones policiales. La Junta debe afrontar el problema de la vivienda y declarar el estado de emergencia habitacional habilitando espacios dignos para alojar a familias afectadas hasta alcanzar una solución definitiva. En este sentido reivindicamos el derecho al uso de una vivienda digna para toda la ciudadanía, la promoción de la vivienda pública, la rehabilitación de barriadas deterioradas, una mejor gestión del hábitat y el cese de desalojos por motivos económicos. Se debe poner a disposición de la ciudadanía las más de 550.000 viviendas vacías existentes, despenalizar la ocupación y garantizar los suministros de agua y luz para todos los hogares.

6.- Dependencia. Lo que se concibió como otro pilar del estado del bienestar, la Ley de Dependencia, está siendo desmantelada. Cada vez se cobrará menos, cobrará menos gente, se extenderá el copago y será imposible cobrar lo atrasado. Lo normal será morirse antes de alcanzar la prestación.

Cárceles, sistema penal, derechos y libertades

En cuanto al ámbito de prisiones y sistema penal, Carlos Arce ha expuesto las vulneraciones de mayor relevancia:

7.- Malos tratos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía. En los últimos ocho años 971 ciudadanos andaluces han denunciado haber sido víctimas de este tipo de actos. Andalucía aparece como una de las comunidades con más denuncias acumuladas. Esta situación tiene relación con la impunidad con actúan sus autores, favorecida por el amparo de los poderes del Estado. Valga como ejemplo la falta de identificación policial en sus actuaciones en manifestaciones. O el incalificable indulto a los cuatro Mossos de Esquadra tras haber sometido a tortura, uno de los peores crímenes que puede cometer un funcionario, a un ciudadano, sin que ni siquiera llegaran a entrar en prisión.

8.- Supresión de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. La Consejería de Justicia e Interior decidió suspender la asistencia a presos/as en mayo del 2012. Se trata de un inadmisible recorte de recursos que afecta a los derechos de las personas más desfavorecidas. Este servicio permitía atender a todas las necesidades jurídicas de estas personas una vez que habían ingresado en prisión, quedando en la actualidad en el más absoluto desamparo.

9.- Cobrar por la comida en prisión de un preso andaluz. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional declaró en Sentencia de 29 de octubre de 2012 que las personas presas perceptoras de prestaciones no contributivas deben pagar por su comida si así lo decide la comunidad autónoma. Esto atenta contra el principio de igualdad respecto al resto de presos/as con capacidad económica que no tienen que pagar por su manutención y con respecto al ciudadano en general.

10.- El sistema penal se endurece y el acceso a la justicia es más caro y con menos garantías. España, siendo el país con menos delitos de la UE, es el que más personas tiene en las cárceles. El sistema penal en España es uno de los más duros de Europa, e incrementa las penas hasta límites difícilmente constitucionales, especialmente con la puesta en marcha de la cadena perpetua, fruto de impulsos legislativos de populismo punitivo. Las tasas alejan de la justicia a los ciudadanos más débiles, y socaba la tutela judicial efectiva que el Estado debe garantizar.

11.- Retroceden los derechos y libertades ciudadanas. La comprensible indignación social ante los recortes y destrucción de derechos sociales y su expresión democrática en la calle está además siendo criminalizada y reprimida, e incluso amenazada la libertad de expresión, uno de los pilares básicos de la democracia. El Gobierno sólo parece tener una respuesta: el recurso a la represión descarnada y el recorte de los derechos y libertades.

Educación

12.- Los recortes en materia educativa ponen en cuestión la calidad, la equidad y la cohesión social en el sistema de educación pública. Estas políticas hacen prácticamente imposible la sostenibilidad de los centros públicos; sus plantillas se ven reducidas y precarizados sus derechos laborales, lo que unido al aumento de la ratio en primaria y secundaria, desemboca en la masificación de las aulas y en la pérdida de calidad de la enseñanza. El incremento del precio de las matriculas universitarias y la disminución de las becas, el cobro de  tasas de los ciclos formativos de FP que hasta ahora eran gratuitos o la eliminación o reducción de programas educativos dirigidos al alumnado con mayor dificultades, quiebran la equidad y la cohesión del sistema.

13.- Un proyecto de reforma educativa que potencia la enseñanza privada y camina hacia una escuela elitista y clasista. La reforma educativa que pretende llevar a cabo el Gobierno viene a confirmar la dirección política de los descritos recortes presupuestarios: un continuo socavamiento de las bases del sistema educativa público en favor de la enseñanza privada. Pero además se trata de un proyecto que desanda los avances conseguidos en los últimos decenios. Defender el derecho humano a la educación –un derecho básico establecido en nuestra Constitución y en la DUDH- es defender una educación de calidad y en condiciones iguales para todos, y para ello es esencial una buena educación pública.

El derecho a la salud

14.- La salud recibe un golpe mortal entre recortes y el desmantelamiento de los pilares básicos del sistema sanitario público: El derecho a la salud, la universalidad de la atención sanitaria, la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo de la Sanidad Pública. Se buscan dos modelos sanitarios (una sanidad para ricos y otra para el resto) en el que la sanidad para pobres será de poca calidad y menos prestaciones. Y, por otro lado, pretende sin ningún tapujo promover y apoyar desde el Estado el desarrollo de la sanidad privada y de los seguros privados, los cuales conciben la salud, no como un derecho, sino como un negocio. Ello va a afectar de forma discriminatoria especialmente a los colectivos más vulnerables en este contexto de crisis, como son los estudiantes y jóvenes mayores de 26 años; o a personas en situación más precaria que han vivido en la irregularidad laboral o que no han podido trabajar; sin duda a personas jubiladas y pensionistas más vulnerables; y también y de forma destacada a las personas inmigrantes.

 

 

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APDHA organiza el V Torneo de Fútbol Sala Intercultural en El Puerto de Santa María

Comunicado Delegación de Cádiz, 20/12/2012

 

Con motivo del día de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias conmemorado el 18 de diciembre, la Delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía organiza el V Torneo de Fútbol Sala Intercultural, que se celebrará el próximo sábado 22 de diciembre en El Puerto de Santa María, a partir de las 10 de la mañana en el Pabellón de Jóvenes Portuenses y el IES TEJADA. Tras la entrega de premios, se celebrará una convivencia y almuerzo compartido.  

Con esta actuación pretendemos seguir haciendo una llamada de atención a favor de la igualdad y de la no discriminación de este colectivo y del reconocimiento de su contribución a la sociedad a la pertenecen.  

La situación económica y social se ha convertido en un excelente caldo de cultivo para mensajes racistas y xenófobos. La reducción en la capacidad pública para afrontar las necesidades sociales precisamente en unos momentos en que las mismas se incrementan, hace que los colectivos más vulnerables, como la población inmigrante, sean colocados en una “segunda categoría”, limitando o negando su acceso a los servicios y derechos, como por ejemplo la normativa sanitaria que excluye a la población inmigrante irregular de la atención sanitaria.

Aun así se reciben noticias esperanzadoras, como el espaldarazo por parte del Tribunal Constitucional dado a tesis de organizaciones de defensa de los derechos humanos como la nuestra. El pasado 17 de diciembre el TC publicó un auto reconociendo que limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos, como la población inmigrante en situación irregular, puede afectar a la salud de toda la sociedad. Por ello avala la atención sanitaria universal y el derecho a la salud consagrado en la constitución y sentencia que estos deben prevalecer sobre el beneficio económico. Los poderes públicos deben garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y el argumento del ahorro no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud.

Seguimos denunciando que los derechos humanos de los migrantes siguen siendo ampliamente vulnerados en todo el mundo, en primer lugar por las leyes y normativas de los propios gobiernos, como el de España.

Por esto, el 22 de Diciembre volverá a ser una jornada de denuncia y de reivindicación así como de convivencia intercultural en la que la APDHA, organizaciones de  inmigrantes, vecinos inmigrantes y no inmigrantes seguiremos enriqueciéndonos y construyendo la sociedad que queremos.


V TORNEO DE FUTBOL SALA "DÍA DEL/A TRABAJADOR/A INMIGRANTE"
SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE DE 2012 A PARTIR DE LAS 10.00 H.
PABELLÓN "JÓVENES PORTUENSES". Barriada el Tejar.
IES "JOSÉ LUIS TEJADA"

Participan: YANAPAKUNA; BALLET BOLIVIANO INTEGRACION SIN FRONTERAS; COLECTIVO DE MARROQUÍES, COLECTIVO DE SENEGALESES, ASOCIACIÓN AMAZONAS,  ASOCIACIÓN AYLA DE JEREZ DE LA FRONTERA, GRUPO DE MÚSICA BOLIVIANA ASÍ ES MI TIERRA  DE JEREZ DE LA FRONTERA,  APDHA.

 


 

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Corrala de Vecinas "La Utopía": Premio Derechos Humanos 2012 de la Delegación de Sevilla de APDHA

Comunicado Delegación de Sevilla, 12/12/2012

 

Imagen: Aurora Villaviejas 

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entregará este viernes 14 de diciembre, a las 19.30 horas, el Premio Derechos Humanos 2012 a LA CORRALA DE VECINAS “LA UTOPÍA”, dentro de las actividades que viene realizando esta semana para conmemorar el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde la APDHA entendemos que los derechos no son algo abstracto, “papel mojado”, sino que nos sirven, como guía, para caminar hacia un mundo más humano, fraternal y justo. En este sentido entendemos que LA CORRALA DE VECINAS “LA UTOPÍA”, está haciendo una defensa activa del DERECHO A LA VIVIENDA (Artículo 25.1), de una forma valiente, original, consciente y organizada que está sirviendo para poner en evidencia la contradicción, tantas veces denunciada, de CASAS SIN GENTE Y GENTE SIN CASA. 

Con este Premio reconocemos a una parte de la sociedad que se organiza para exigir un derecho básico que se le niega a tanta gente. Para nuestra Asociación LA CORRALA DE VECINAS “LA UTOPÍA” significa:

DIGNIDAD: la de aquellas personas que no se resignan y se organizan para buscar el cumplimiento de un derecho básico como es el de la vivienda.

VALENTÍA: la que han demostrado saliendo de su anonimato para defender la dignidad humana a pesar de todos los acosos malintencionados que han tenido que sufrir: corte de luz, de agua, amenazas…

ESPERANZA: en otro mundo posible, donde las personas estén por encima de los intereses de una minoría.

EJEMPLO: el que están dando a la ciudadanía, a las administraciones, a los poderes financieros, a todas las personas que quieran ver lo que hacen y por qué lo hacen.

SOLIDARIDAD: han estado y están, no sólo en su lucha, sino en la de todas las personas que sufren el problema de la vivienda.

UTOPÍA: la que sirve para avanzar un poco más, la que no es una quimera, la que es posible para quienes creen en ella, para las personas que la construyen día a día.

UNIDAD: la que han conseguido, en torno a sus reivindicaciones, a una parte muy importante personas y colectivos sociales.

La APDHA entiende que la sociedad tiene el derecho y el deber ético de organizarse y de buscar soluciones para defenderse cuando las administraciones públicas le dan sistemáticamente la espalda.

Premiamos el valor y el coraje de aquellas personas que viviendo en una sociedad con una situación de emergencia habitacional, han optado por defender sus derechos y por realojarse en unas viviendas vacías desde hace más de dos años y con ello mostrar que sí se puede.

Nunca compartiremos que las leyes protejan el derecho de la propiedad por encima de los derechos básicos de las personas, ni compartiremos el sistema capitalista en el que se sustenta. Esta pequeña gran lucha señala a los culpables de un sistema injusto y demuestra que entre todos podemos aspirar y construir un sistema diferente.

Por ello, la APDHA  seguiremos mostrando nuestro apoyo incondicional a quienes defienden los derechos humanos frente a intereses económicos y financieros, porque, entendemos que, lo más importante son las personas.

 

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Grupo 17 de Marzo y APDHA-Sevilla denuncian ante la Fiscalía la actuación del Grupo Hércules de la Comisaria Centro

Comunicado Delegación de Sevilla, 03/12/2012

 

Ambas asociaciones han solicitado a la Fiscalía una investigación de oficio ante las denuncias acumuladas por este grupo en los últimos años para comprobar si sus actuaciones se aj ustaron al Derecho

 

El Grupo 17 de Marzo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado este lunes ante la Fiscalía las diferentes denuncias interpuestas  contra el Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía, con el objetivo de que la Fiscalía abra una investigación de oficio sobre dichas actuaciones.

Ambas asociaciones han recopilado desde 2007 nueve denuncias presentadas por 15 denunciantes por delitos contra la integridad moral, lesiones, agresiones y detención ilegal contra 20 agentes de dicha unidad, 3 de los cuales han sido denunciados en más de una ocasión. La Comisaria Centro a la que pertenece este grupo es la que acumula mayor número de denuncias por maltrato, según el Informe de la Coordinadora contra la Tortura.

El Grupo Hércules fue creado para atender las zonas turísticas y se compone de unos 70 policías que patrullan en motos de pequeña cilindrada, con las que pueden adentrarse en las estrechas calles del Casco Histórico. Dicho grupo está especializado en  pequeños hurtos, tirones y otros delitos asociados al turismo, así como los actos vandálicos contra el patrimonio monumental.

Sin embargo, en los últimos años varias asociaciones vinculadas a los movimientos sociales y a los derechos humanos han denunciado actuaciones irregulares del Grupo Hércules en actos organizados por los movimientos sociales, como la reciente manifestación por el Derecho a la Vivienda que se saldó con cinco detenidos, siendo especialmente mediática la detención de una cámara de La Sexta.

Esta última intervención impulsó al Grupo 17 de Marzo a presentar el informe ante la Fiscalía, aunque afirman que se trata de un asunto “que llevamos trabajando durante bastante tiempo y que hubiéramos presentado a Fiscalía antes o después”.  Dicha asociación indica que es “muy difícil” denunciar a la policía. A veces, por problemas de identificación ya que no siempre es sencillo identificar a los agentes. Afirman que el 95% de estas denuncias son sobreseídas según en Informe de la Coordinadora contra la Tortura, y del 5% que llegan a juicio la mayoría acaban en la absolución de los agentes. Los pocos casos que resultan en condena suelen ser finalmente resueltos por un indulto como en el reciente caso de los mossos acusados de agresiones e indultados ante las protestas de numerosos jueces.

El Grupo 17 de marzo indica además que existen otros hechos no recogidos en denuncias interpuestas ante los tribunales donde han participado agentes de policía nacional de la Comisaría Centro de Sevilla y que se han saldado con ciudadanos lesionados por estos agentes como las cargas policiales en el interior del recinto universitario durante la huelga general de 2010 o las diversas cargas que se produjeron en las protestas contra el desalojo del centro social Casas Viejas.


Asimismo, la Oficina de Derechos Sociales también ha denunciado reiteradamente el acoso de este grupo policial a colectivos vulnerables como los inmigrantes o indigentes con numerosas redadas e identificaciones en zonas sensibles como el albergue o el comedor social. Esta denuncia queda recogida en el “Informe sobre Redadas, controles de identidad y vulneración de derechos” realizado por este colectivo y presentado en 2010 al Defensor del Pueblo y al entonces Alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El Grupo 17 de Marzo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía consideran por tanto que existen indicios más que razonables en estas causas, así como material audiovisual de las actuaciones policiales y partes médicos de los lesionados, para motivar una investigación de oficio por parte del Ministerio Fiscal sobre si se ajustaron a Derecho
las actuaciones de los agentes de policía nacional participantes.

Por su parte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha indicado que la denuncia “recoge el sentir de la ciudadanía de que la policía no está ahí para defenderlos sino para reprimir” y han afirmado que no se puede actuar “con porras y palos cuando las armas de la gente son las voces y los cánticos”.

 

 

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2012, un año en el CIE de Algeciras. Informe sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras

Delegación de Campo de Gibraltar, 12/12/2012

 

 

En la Comarca del Campo de Gibraltar hay legalmente un CIE, el que se sitúa en la antigua cárcel de la Piñera, Algeciras, y otro en la Isla de las Palomas en Tarifa, que es una prolongación del de Algeciras, pues depende a todos los efectos del Director de este.

El CIE de Algeciras se constituyó legalmente por la Orden PRE/3483/2006, de 13 de noviembre, en la cual el Ministerio de la Presidencia crea los Centros de Internamiento de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, Algeciras y Fuerteventura (BOE nº 273 de 15 de noviembre de 2.006)], las autoridades competentes consideran las instalaciones de Tarifa como una extensión del CIE de Algeciras, no siendo considerado en ningún momento como una entidad independiente, sino, a todos los efectos, como parte del de Algeciras.

El CIE de Algeciras tiene una capacidad de 190 personas y el de Tarifa de 160. Lo cual nos lleva a que la comarca tiene un total de 350 plazas, siendo en la actualidad el único de Andalucía, pues el otro, el de Capuchinos en Málaga, ha sido cerrado este año por amenaza de ruina del edificio. Hay que señalar que de acuerdo con el Art. 62.bis de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjera) “Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada." 

 >> DESCARGAR INFORME

 

 

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Informe sobre los Derechos Humanos en Córdoba 2012
10/12/2012

 

Con ocasión del Día mundial de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, APDHA-Córdoba ha elaborado un informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Córdoba, que se edita en formato resumido y ampliado.

Desde hace cuatro años el inicio de este informe ha pasado obligadamente por una referencia a la situación de crisis social y económica que golpea con una fuerza inusitada a la población cordobesa en situación de exclusión o riesgo de exclusión. 

Sin embargo, durante al año 2012, a las dramáticas cifras de desempleo y a los brutales recortes presupuestarios iniciados en mayo 2010, se han sumado una serie de decisiones políticas y normativas que cuestionan directamente las bases del ya de por sí exiguo Estado del bienestar español. En este sentido podemos destacar el RDL 16/2012, por el que se dinamita el sistema de salud universal y gratuito y excluye a las personas extranjeras en situación documental irregular. O la supresión del “turno de oficio” penitenciario en Andalucía, que deja a las personas presas sin un servicio de asistencia jurídica básico para que puedan afrontar de una forma adecuada la defensa de sus derechos fundamentales en un marco de privación de libertad.

En este contexto, en el presente informe hemos querido contar con el punto de vista de distintos colectivos sociales de la provincia respecto a la materia objeto de su trabajo diario. Cooperación al desarrollo, protección de menores, lucha contra la exclusión en nuestros barrios, unas condiciones laborales dignas o un acceso adecuado a la justicia son pilares básicos del citado Estado social, y están siendo duramente atacados en los últimos tiempos. Los colectivos que han participado en el informe analizan la situación actual en estos ámbitos y realizan sus propuestas alternativas. En la edición impresa se incluye un breve resumen de estas aportaciones, encontrándose desarrolladas de una forma más extensa en un blog creado al efecto http://apdhacordoba.blogspot.com.es/

 

>> Descargar informe resumido

>> Descargar informe completo 

 

 

 

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Partenariado para la movilidad UE-Túnez ¿Movilidad reducida y sin derechos?

Asociación Europea para la defensa de los Derechos Humanos (AEDH), Bruselas 05/12/2012 

Mientras que la UE y Túnez inician conversaciones sobre un “pacto de movilidad” el 6 de diciembre en Túnez, la Red euro-mediterránea de derechos humanos (REMDH), la Federación internacional de las ligas de derechos humanos (FIDH), el Fórum tunecino de derechos económicos y sociales (FTDES), la Asociación europea de defensa de derechos humanos (AEDH), la organización MIGREUROP y el Centro tunecino para la migración y el asilo (CeTuMA) llaman a la Unión Europea y a las autoridades tunecinas a asegurarse de que todos los acuerdos relativos al partenariado sobre las migraciones se hagan únicamente sobre la base previa de una garantía absoluta del respeto de los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.


Nuestras organizaciones se inquietan por la voluntad declarada de concluir lo antes posible un acuerdo sobre las migraciones en tanto que los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo no son actualmente respetados en Túnez debido a la ausencia total de un sistema de asilo y de garantía de non-refoulement así como de un sistema que garantice los derechos de los extranjeros en territorio tunecino.


En este sentido REMDH, FIDH, FTDES, AEDH, MIGREUROP y CeTuMA exigen a la UE traducir en hechos concretos el papel atribuido a la promoción y al respeto de los derechos humanos en su nueva política de vecindad en materia de migración y su voluntad expresa de favorecer la libre circulación de nacionales de los países signatarios. Ahora, más que nunca, la UE debe revisar su política migratoria. Esta puede convertirse en un instrumento de apoyo a las transiciones democráticas en curso. Así mismo, es urgente favorecer, realmente y sin condiciones previas, la libertad de circulación de todos.


Finalmente, y de cara a los temas a negociar sobre la movilidad, nuestras organizaciones llaman a las autoridades europeas y tunecinas a adoptar una posición transparente y participativa y a consultar a la sociedad civil europea y tunecina en el marco de estas negociaciones. Las dos autoridades deben mostrar, así mismo, un compromiso real por la promoción y el respeto de los derechos humanos y no firmar acuerdo alguno antes de que sea revisado de cara a garantizar una “movilidad” real para las poblaciones del sur y garantías concretas de respeto a los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.


Contexto


A partir de octubre de 2011, la Unión Europea se ha implicado en negociaciones de un “partenariado para la movilidad” con Túnez. Este partenariado exigiría por parte de Túnez un compromiso real sobre la “gestión integral” de las fronteras, de los flujos migratorios y la readmisión de migrantes en situación irregular provenientes y/o presumibles de haber transitado por Túnez –incluyendo los de terceros países.

Esto pese al hecho de que la emigración irregular esté penalizada en Túnez, en contradicción con el Pacto internacional de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, lo que expone a los nacionales tunecinos y los de terceros países al riesgo de ser criminalizados, penalizados o expulsados una vez readmitidos. En contrapartida, la Unión Europea propondría a Túnez beneficiarse de una eventual relajación de las formalidades de concesión de visados de corta estancia y del acceso a nuevos canales de migración laboral respondiendo a las necesidades identificadas por los Estados miembros.


REMDH, FIDH, FTDES, AEDH, MIGREUROP y CeTuMA señalan que la llamada «movilidad» que ofrecería la UE, en el marco de este nuevo acuerdo, resulta extremadamente limitada dado que las facilidades en los procedimientos de obtención de visado y las posibilidades de empleo en Europa, de las que se beneficiaría eventualmente Túnez, no afectarían más que a una parte limitada de la población tunecina y no representa en ningún caso una apertura real por parte europea susceptible de responder a las demandas tunecinas, en particular en materia de reagrupación familiar.


De hecho, la movilidad no representa más que una parte accesoria de este acuerdo que pone el acento en una visión securitaria y la colaboración de Túnez con la agencia Frontex en el control de fronteras y la migración clandestina sin ninguna consideración de las causas de estos flujos, ni de los derechos de los migrantes.


En este contexto y con ocasión de su última visita a Túnez, del 3 al 8 de junio de 2012, el Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, a instado a la Unión Europea  a “ir más allá de las cuestiones de seguridad y de su discurso de control de fronteras y desarrollar el partenariado sobre migraciones y movilidad, actualmente en negociación con Túnez, concentrándose más en el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de los migrantes”.


En consecuencia, nuestras organizaciones reclaman:


A Túnez:


• La apertura de una consulta de electos y de la sociedad civil tunecina en relación a la política migratoria de Túnez y sus acuerdos internacionales al respecto.
• La aprobación de una ley de asilo y de legislaciones sobre la migración que garanticen, de acuerdo a las convenciones internacionales ratificadas por Túnez, los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
• Una moratoria sobre todas las negociaciones y sobre la aplicación de todos los acuerdos migratorios con la Unión Europea que contribuyen a violaciones de derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y que están en contradicción con los convenios internacionales ratificados por Túnez y los Estados miembros de la Unión Europea.
• El rechazo de las expulsiones desde Europa hacia su territorio y la oposición al encierro de migrantes en la Unión Europea y en Túnez.
• La derogación de la ley de 2004 que criminaliza a los migrantes en contradicción con las convenciones internacionales.
• La ratificación de la Convención internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de su familia.
• La despenalización de la entrada y la estancia no autorizadas.

A la Unión Europea y a sus Estados miembros:


• Poner fin a su política de externalización de fronteras y una reforma de su visión securitaria de la gestión de los flujos migratorios.
• La suspensión de las negociaciones relativas a la migración con Túnez hasta que este país se dote de una legislación sobre la migración plenamente respetuosa de las normas planteadas por las convenciones internacionales sobre derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
• La exclusión de la cláusula de readmisión de todo partenariado y acuerdo firmado con Túnez dadas las múltiples violaciones de derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que ocurren en la puesta en práctica del procedimiento de readmisión, la penalización de la entrada y salida irregular en Túnez y el riesgo de expulsión en cadena o de expulsiones para los ciudadanos de terceros países. El desarrollo de una cooperación basada en una puesta en práctica del principio “dar más para recibir más” de cara a sostener el progreso democrático y reforzar el respeto de los derechos humanos y, en particular, los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en terceros Estados.
• Una auténtica movilidad para los ciudadanos tunecinos que no quede reservada a personas altamente cualificadas.
• La ratificación de la Convención internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de su familia.

 

Asociación Europea para la defensa de los Derechos Humanos (AEDH) www.aedh.eu  

La APDHA forma parte de la AEDH y de Migreurop.

 

 

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La resurrección del 4-D

Isidoro Moreno, El correo de Andalucía - 09/12/2012

El Estatuto de 1981 fue un instrumento insuficiente para ejecutar los cambio que reclamaron miles de andaluces el 4-D.

A pesar de su importancia en la historia contemporánea andaluza, no tuvieron que pasar muchos años para que, desde las instituciones de la Junta, el 4-D fuera eliminado como Día de Andalucía. Esta eliminación formaba parte del planificado derribo de la conciencia política andalucista que comenzó cuando UCD, PSOE y PCE acordaron frenar el desarrollo autonómico, inventándose la LOAPA, “para calmar a las fuerzas fácticas”, alarmadas por el hecho de que Andalucía no fuera ya solamente el principal problema social de España sino también un problema político central y pudiera servir de ejemplo a otros pueblos del Estado. Actuaron entonces los partidos ejes del sistema de forma equivalente a como hacen hoy PP y PSOE (en Andalucía, este apoyado por IU) cuando recortan derechos, bajan salarios o despiden trabajadores para “calmar a los mercados”. De aquellos recortes, luego declarados en parte inconstitucionales, fue uno de los frutos el Estatuto de Autonomía de 1981, radicalmente insuficiente como instrumento con el que realizar las transformaciones necesarias por las que habían clamado en la calle, el 4-D, tantos cientos de miles de andaluces.

Durante muchos años, sólo grupos minoritarios recordaron la efemérides, algunos con melancolía y otros con voluntad reivindicativa. ¿Qué ha pasado ahora para que, desde las instituciones públicas andaluzas y los medios de comunicación de su órbita se resucite la celebración del 4-D y se evoque su espíritu?

Desde mi análisis, ello responde a dos razones relacionadas y tienen al Partido Socialista como sujeto. La primera es la inexistencia de una opción del PSOE que pueda presentarse como alternativa tanto al nacionalismo españolista del PP, centrado ahora en una recentralización antiautonómica con la excusa de la crisis, como a las reivindicaciones soberanistas de los nacionalismos periféricos, acentuadas también por las consecuencias de ésta. La alusión ambigua a un “estado federal”, del que cada sector del partido da una versión, ya se ha visto, por ejemplo en las elecciones catalanas, cómo es recibida.

Como (casi) último recurso, el decadente PSOE, apoyado en la muleta de IU, quiere agarrarse a Andalucía y a los símbolos andaluces, entre ellos el 4-D, como a un salvavidas, tratando de convertirlos en la trinchera “para defender el Estado de las Autonomías”, es decir, para que continúe lo que hay, que, al menos a ellos, les ha ido bastante bien. Pero, ¿podría afirmarse con rigor que le ha ido bien a Andalucía cuando ésta, 35 años después de aquel 4-D, sigue teniendo, con diferencia, los más altos índices de desempleo y pobreza del conjunto del Estado Español y vuelven a verse obligados a emigrar nuestros jóvenes?

Agarrarse a aquella fecha y tratar de envolverse en la bandera de Andalucía es el medio elegido por los socialistas para reafirmar su naturaleza de partido nacionalista español sin hacerlo explícito (entre otras cosas porque ese espacio se le reconoce como propio al PP). Pero ello les obliga a desnaturalizar la significación del 4-D y el 28-F, presentándolos como si hubieran sido dos momentos en los que Andalucía tomó el timón en nombre de España, poco menos que para salvar a ésta, cuando en realidad el pueblo andaluz se reafirmó como tal y luchó por sí y para sí.

La segunda razón es que estamos en una crisis no sólo financiera, económica y social sino también de una enorme envergadura política: asistimos a la quiebra del sistema partitocrático y bipartidista que ha caracterizado los treinta y cinco años de la Segunda Restauración Borbónica. Hay múltiples evidencias de ello. El PP, en el Gobierno, pierde velozmente apoyo ciudadano pero lo pierde aún más el PSOE en la oposición. Los líderes de esos dos partidos pilares del sistema cuentan, al día de hoy y según las encuestas más acreditadas, con poco más del 20% de confianza, sumando los apoyos de ambos.

La separación de poderes es sólo un mito, dado el sistema de cupos partidistas en todos los ámbitos y el intervencionismo constante del Gobierno de turno en la Justicia, por ejemplo a través de indultos vergonzosos como el reciente a cuatro policías condenados por torturas o el que concedió el Gobierno anterior al número dos del Banco de Santander. La corrupción política no es algo excepcional sino que afecta a todo el sistema como una carcoma. Las instituciones representativas se muestran irrelevantes, como en el caso de la comisión investigadora de los ERE. La Constitución se reforma sin referéndum popular ni debate parlamentario sino en una cena entre los secretarios generales de los dos partidos mayoritarios. Y todos recortan o reforman (que es lo mismo), sea por convicción o sea, como otros dicen cínicamente, por imperativo legal. Ante todo ello, la desafección al sistema es ya generalizada…

La recuperación oficial del 4-D hay que enmarcarla en este contexto y sólo puede entenderse dentro de la escenificación de la propuesta del Griñán presidente del PSOE de un “Pacto por Andalucía”, cuyo sentido real sería el de un pacto político-social “por España” y en defensa del sistema económico neoliberal vigente. Un pacto al que pretende incorporar no sólo a organizaciones políticas sino a la sociedad civil andaluza, llamando incluso a una movilización popular el próximo 28-F. Seguro que le dirán que sí, de forma entusiasta, su vicepresidente Valderas, los dos grandes sindicatos y la gran patronal. Para la Junta, CCOO, UGT y la CEA equivaldría al octavo Acuerdo de Concertación Social en menos de veinte años. ¿Sería mucho pedir que nos presentaran los resultados tangibles, en cuanto al empleo, las condiciones de trabajo, el modelo productivo, etc de los siete anteriores, más allá de la evidencia del trasvase de dinero público a las citadas organizaciones? Y se pretende, además, incorporar a asociaciones ciudadanas, ONGs, profesionales de la cultura, etc. Todos “por Andalucía”, o mejor, tras la pancarta con ese lema, vaciado de contenido, que llevarán Griñán, Valderas y otros personajes, muchos de ellos directos responsables de la dramática situación en la que se encuentra buena parte del pueblo andaluz. A ver quiénes pican, y quienes no, el anzuelo de este nuevo cuento.

 

Isidoro Moreno es Catedrático de Antropología de Universidad de Sevilla y miembro de APDHA.

 

 

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Tribunales y Justicia

JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL, laverdad.es - 10/12/2012


Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional en términos jurídicos sea salvable, pues la vulneración, principalmente, de la igualdad no queda probada por el demandante del amparo suficientemente, la impresión que queda al lector del fallo es de preocupación y desconcierto.


El Tribunal Constitucional, confirmando la apreciación primera del Tribunal Supremo, considera conforme a derecho que se le prive a un recluso preceptor de una pensión no contributiva del importe de su manutención en la cárcel, al considerar dicho coste como renta. El Tribunal Constitucional se desentiende cómodamente de la objeción del recurrente de que su situación le coloca en peor posición de la que tendría de encontrarse preso en otra comunidad autónoma, pu es no se aduce testimonio de lo que efectivamente sucede en otros territorios.

Tampoco se prueba, según el Tribunal Constitucional, la alegación de que las personas que reciben asistencia en hospitales y centros públicos no experimentan rebaja en sus pensiones no contributivas.


Una cosa es diríamos nosotros el mundo judicial o la corrección jurídica y otra cosa bien distinta es el plano de la realidad y la idea de la justicia que tenemos los ciudadanos. Y lo que vemos desde la calle es que la crisis económica fuerza a las administraciones a ahorros que imponen un duro peso sobre los hombros de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cuestionándose de paso el carácter de estado social de nuestra forma política. ¿Se mejoran las oportunidades de reinserción de este recluso cuando salga de la cárcel deduciendo de su magra pensión los devengos de su manutención en prisión? ¿En qué situación pueden quedar los familiares a su cargo mientras se encuentra en la cárcel?


La facilidad con que los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, se desentienden del problema de fondo y asumen su planteamiento exclusivamente formal, puede abrir la puerta a que la Administración pueda pensar, en estos tiempos de penurias económicas, en deducir del importe de las pensiones algunos servicios públicos, por ejemplo los referentes a la asistencia médica o derivados de ingresos hospitalarios.


Ello supondría una degeneración del Estado social claramente anticonstitucional y no sería tolerable. Lo que quizás muestra esta sentencia es que no hay que fiar a nuestra Justicia la protección de nuestras conquistas sociales, cuya suerte debe ser asegurada ante todo por una Administración respetuosa con la ley pero al servicio de los sectores de la población más necesitados.

JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ES CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

 

*Más información sobre este tema en nuestro comunicado El Tribunal Constitucional considera adecuado que las personas presas enfermas y sin recursos paguen por comer en prisión

 

 

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Carta abierta a los parlamentarios europeos: ¡No podéis liquidar los derechos de los solicitantes de asilo!

Asociación Europea para la defensa de los Derechos Humanos (AEDH), Bruselas 10/12/2012

El proyecto de régimen común en materia de asilo (RAEC) quería poner fin a la lotería, indigna de un Estado de derecho, a la que están sometidas las personas que buscan la protección de la Unión Europea. La AEDH había saludado el hecho de que, por una parte, la voluntad de reforma marcara innegables objetivos de avance para el respeto de los derechos y de la dignidad de los solicitantes de asilo y de los refugiados y que, por otra parte, la línea adoptada por la comisión tendía a situarse en una normalización fundada en bases minimalistas, tal como las que fueron retenidas para el primer paquete de asilo.

Desgraciadamente, después de cuatro años de discusiones interinstitucionales tenemos que constatar que los Estados miembros, al parecer, no desean este progreso. La justificación de este rechazo es que puede presentar gastos suplementarios, cargas administrativas y, sobre todo, que esto inducirá al engaño a los migrantes, engendrando un incremento de las solicitudes llamadas “abusivas”.

La AEDH observa, con consternación, que el espíritu de los textos susceptibles de formar la arquitectura del futuro régimen de asilo europeo común lleva la marca de la incapacidad de la Unión Europea para proyectarse en la realidad de un contexto internacional, donde los conflictos, las revueltas y las guerras solo pueden impulsar un número creciente de personas errantes, como testimonian especialmente las publicaciones regulares del ACNUR.

La AEDH quiere reafirmar con fuerza la necesidad de un sistema europeo y común de asilo, por cuanto actualmente las condiciones de acogida de las personas en búsqueda de protección y sus oportunidades de obtener el estatuto de refugiado difieren según los estados miembros. Además nuestra asociación considera que las discusiones desarrolladas durante los cuatros últimos años sólo tienen sentido si los cambios conducen a un progreso verdadero en materia de protección internacional, indicando así la voluntad de la Unión Europea de apostar por ello de manera fuerte y concreta.

Previsto para 2010, aplazado para 2012, el proyecto del RAEC ha sufrido tanto retraso que la urgencia ya no es tanta como para que deba formalizarse en detrimento de los derechos fundamentales.

La AEDH exhorta pues a los parlamentarios europeos a no someterse a la presión de un calendario imperativo que conduzca a liquidar los derechos y a la dignidad de los solicitantes de asilo, así como la integración de los refugiados en nuestros países. Les corresponde mostrar que serán capaces de negarse a avalar un RETROCESO con respecto a las primeras exigencias que su Asamblea había expresado.

En una nota de análisis hecha publica en este mismo día [1], nuestra asociación juzga especialmente preocupante que:


1 – El régimen de asilo europeo (RAEC) que se perfila tendrá mas geometría variable que « común ».
En su forma actual, avalada por la comisión LIBE del Parlamento, el texto de refundición de la directiva de “acogida” se sitúa ampliamente por debajo de las primeras propuestas de la Comisión (2008) y el margen de implementación en manos de los Estados miembros conduce al sistema a alejarse sensiblemente de las líneas directivas del programa de Estocolmo. De la misma forma, las discusiones sobre el proyecto de directiva de “procedimiento” muestran las discrepancias nacionales en cuanto a las garantías que deben tener los solicitantes de asilo, y el texto considerado censa un amplio panel de medidas derogatorias al derecho convencional, incluidas listas nacionales de país de origen seguros.

En efecto, los solicitantes de asilo serían sometidos así de manera explícita al riesgo de una doble discriminación según el país donde sea registrado y tratado su expediente. La AEDH llama urgentemente a los parlamentarios a no ceder a las presiones de los Estados miembros para mantener un sistema de asilo fundado en la cohabitación de particularismos nacionales, y por el contrario, a seguir actuando para garantizar la igualdad absoluta de los solicitantes de asilo, en cualquier lugar a la Unión Europea donde se encuentres, y esto en aplicación de un sistema normativo ambicioso.


2 – El reglamento Dublín II seguirá siendo un pretexto para permitir a los Estados exonerarse de sus obligaciones convencionales.
Sabemos que el reglamento Dublín II no tiene como objetivo el reparto equitativo de la “carga” entre los Estados miembros y aspira a evitar las solicitudes de asilo múltiples. También es una manera de sancionar la falta de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión Europea por parte de los Estados periféricos. Pero todos sabemos que estos países se encuentran en primera línea de la entrada de los flujos de exilados. También todos sabemos que estos países no siempre son los que ofrecen las mejores garantías de derecho y acogida, así como la perspectiva de un estatuto protector. De hecho, en vez de un sistema de garantía de derechos para los solicitantes de asilo – el derecho de tener seguridad de que su petición sea examinada – Dublín II esta siendo utilizado como un sistema para la defensa de sus fronteras nacionales. ¡Este reglamento les autoriza a exonerarse de sus obligaciones convencionales con la justificación de la legislación europea!

En la ausencia de una política de reinstalación ambiciosa y de un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros, la AEDH reafirma que cada solicitante de asilo debería poder requerir la protección del país que elige, para razones que son personales, familiares o culturales.

En cualquier caso, puesto que la revisión del reglamento Dublín II no conducirá a revisar su filosofía, la AEDH pide a los parlamentaros europeos que no renuncien al proyecto inicial de instaurar un mecanismo de suspensión temporal de las transferencias. La AEDH también anima a los parlamentarios a proseguir su trabajo para que sea, por fin, instaurada una forma de solidaridad entre los Estados miembros, única vía para desarrollar un sistema de asilo europeo y común, y condición esencial de un tratamiento equitativo de los solicitantes de asilo.

3 – Demasiadas derogaciones se opondrán a objetivos de normas de acogida y de garantías de procedimiento ambiciosas.
Con respecto a las condiciones de acogida, por ejemplo, el acuerdo tednría normas menos exigentes que las primeras propuestas de refundición de la directiva de 2003. Dos puntos son especialmente significativos de las posiciones restrictivas y claramente discriminatorias del Consejo: el nivel de las prestaciones para los solicitantes de asilo no sería similar a las de los nacionales, sino establecido en una base de un referencial específico; el acceso al trabajo sería abierto sólo después de nueve meses y ya no seis, como inicialmente se había propuesto.

Con respecto a los « procedimientos », a la AEDH le preocupa profundamente que las discusiones entre el Parlamento y el Consejo puedan concluirse con el mantenimiento de las disposiciones derogatorias de derecho más contestadas de la directiva de 2005, como el procedimiento acelerado y/o a la frontera, el concepto de solicitud manifiestamente infundada, listas nacionales de países de origen seguros. El uso que se hace de esto actualmente en muchos Estados de la Unión Europea deja planear unas perspectivas alarmantes sobre las garantías de derechos de los solicitantes de asilo, además de que los procedimientos de recursos no serán suspensivos.

La AEDH se preocupa de que, derogaciones tras derogaciones, y tras de tanta “flexibilidad” respetuosa de los particularismos nacionales, el régimen de asilo común se aleja de manera crítica del objetivo de igualdad en el tratamiento de los solicitantes, fijado por el programa de Estocolmo. Con la justificación de querer enfrentarse con el riesgo de algunas solicitudes calificadas de “abusivas”, un número importante de solicitantes será afectado por estas medidas.

En consecuencia, la AEDH le pide encarecidamente a los parlamentarios europeos que rechacen toda forma de procedimiento derogatorio al principio de un examen individual, completo y equitativo de una solicitud de asilo; que impongan que cada recurso sea suspensivo, en particular de las medidas de expulsión fuera del territorio; que se nieguen a ratificar el concepto de país de origen seguro.

4 – El encarcelamiento de los solicitantes de asilo será trivializado.
Se trate de la directiva de acogida, de la directiva de procedimientos o del reglamento Dublin II, la AEDH constata con espanto que, a lo largo de los textos que tienen que precisar el nuevo RAEC, la detención de los solicitantes de asilo aparece como una situación “normal”, incluso para las personas vulnerables, incluso para los niños menores, incluso en cárceles. Las propuestas de la Comisión LIBE de circunscribir los casos de detención sólo representan un pálido recuerdo de las normas de la ONU y no el veto que teníamos el derecho de esperar. 

En la medida en que no parece posible de contar con los Estados miembros para poner fin a su práctica de encarcelamiento de los solicitantes de asilo, la AEDH pide a los parlamentarios europeos que exijan que la retención, la detención, o toda forma de encarcelamiento de los solicitantes de asilo, sea la denominación que sea, sea estrictamente prohibida, sea la circunstancia que sea, y en cualquier lugar del territorio de la Unión Europea.

*** 

El proyecto RAEC era un proyecto ambicioso. Era indispensable al respecto del principio de no-discriminación tan anclado en la construcción de una Europa de las libertades. Fijaba, además, un horizonte de progreso en la implicación de la Unión Europea en materia de protección internacional.

La AEDH está convencida de que los parlamentarios europeos han tenido en cuenta el objetivo de este proyecto de reforma, y saben que toda puesta en cuestión de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo sólo podría debilitar los de todos los ciudadanos europeos. En este espíritu, nuestra asociación pide a los elegidos europeos que asuman estas exigencias y se nieguen a aceptar que el régimen de asilo común sólo quede, de manera definitiva, como una simple petición de intenciones.

Notas:

1. AEDH : “Analysis of the forthcoming Common European Asylum System (CEAS) -- AEDH proposals for MEPs” - Notas de analisis, Bruselas, 6 de diciembre de 2012 –
http://www.aedh.eu/The-AEDH-publishes-an-analysis-of.html

 

APDHA es organización miembro de AEDH. La AEDH reagrupa ligas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de los países de Unión Europea. Es miembro asociado de la Federacion Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos (FIDH). Para más información, consultar la página www.aedh.eu

 

 

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Más consumo no nos sacará de la crisis 

Ecologistas en Acción, 18/12/2012

No cabe ninguna duda de que vivimos una aguda crisis económica. Tampoco está en cuestión que nos encontramos en una profunda crisis ambiental.

“Ecologismo o crisis”; ésta no es una crisis que podamos resolver como las del pasado ni con miradas parciales. Estamos en un momento histórico radicalmente distinto a todos los precedentes. Ya es físicamente insoslayable trascender el sistema de producción y consumo capitalista. Necesitamos resolver de una vez todo el problema: conseguir justicia social garantizando, al menos, la satisfacción universal de las necesidades humanas mediante un nuevo sistema económico que no explote el planeta sino que esté en paz con él.

Con esta reivindicación se pretende explicar que cada producto que compramos tiene su historia, su cadena de producción, sus efectos asociados y que su compra conlleva una serie de consecuencias sociales y ambientales en función de dónde y cómo haya sido producido y las condiciones de trabajo de las personas que los han fabricado, y que, de alguna manera, somos co-responsables de esas situaciones cuando elegimos comprar un producto y no otro (o ninguno). Estas consecuencias las hemos representado con una serie de “cajas” que están asociadas a cada una de nuestras compras, aunque normalmente no nos demos cuenta.

Esta economía ecológica y solidaria no hay que inventarla pues ya está en funcionamiento:

  • Es la que comprende que el transporte público, el reciclaje, las energías renovables, la agricultura y ganadería ecológica, la reconversión industrial verde, la conservación de la biodiversidad... necesitan más personas trabajando que la industria del automóvil, las incineradoras y vertederos, las energías sucias, el agronegocio, la industria contaminante, la deforestación...
  • Es la que pone en contacto directo a quienes producen en agroecológico o pescan artesanalmente, y quienes quieren consumir a un precio justo para ambas partes de la cadena. Todo ello mediante un comercio de cercanía.
  • Es la que sabe que apostar por la perdurabilidad es lo único que tiene sentido en un planeta exhausto: “reusar y reparar” frente a “usar y tirar”.
  • Es la que realiza una producción limpia, eliminando las sustancias tóxicas que dañan la salud y los ecosistemas.
  • Es la que considera los derechos sociales como irrenunciables, y apuesta por una educación y una sanidad públicas, universales y de calidad, por una cultura rica, creativa y plural al servicio del crecimiento espiritual de las personas, o por un acceso para todas las personas a una vivienda.
  • Es la que se articula con monedas sociales que permiten el comercio a millones de personas en todo el mundo sin generar deudas que obliguen a crecer continuamente.
  • Es la que reparte el trabajo socialmente necesario (también el de cuidados) mediante medidas como la reducción de las jornadas laborales.
  • Es la que crea instituciones financieras que solo prestan si hay criterios ambientales y sociales.
  • Es la que apuesta por la gestión colectiva y democrática de los sectores más importantes de la economía: energía (limpia), finanzas (éticas), agua (pública), tierra (comunal)...
  • Es la que entiende que la democracia también debe ser en la economía, y funciona articulando cooperativas donde las decisiones se toman horizontalmente a base de consensos.
  • Es la que pone los recursos colectivos al servicio de la reconversión socioambiental, no de los banqueros.
  • Es la que antepone el interés social y colectivo a la propiedad privada, es decir, la legitimidad a la legalidad.
  • Es la que entiende que hay que repartir la riqueza gravando más a quien más tiene e imponiendo rentas básicas y rentas máximas.

En definitiva, es la que prima “calidad” frente a “cantidad”, “compartir” frente a “competir”, “ser” frente a “poseer”. En último término, es la que fomenta la “felicidad” y no la “avaricia”. Es decir, la que ya existe en todos esos momentos de nuestra vida en los que no buscamos nuestro máximo beneficio, sino la satisfacción de las necesidades colectivas.

Un modelo que no nos sirve

Al igual que el sobreconsumo basado en un endeudamiento sistémico termina siempre generando crisis financieras, esta crisis presenta un factor adicional: el sobreconsumo se ha basado, además de en el endeudamiento monetario, en un endeudamiento con el planeta, que irremisiblemente nos pasará una factura mucho más alta que la monetaria.

Es por ello que debemos replantearnos si esta es la forma de salir de la crisis, una crisis que va más allá de lo monetario. Tenemos todas las certezas de que el olvido interesado de los límites (los recursos naturales finitos o la capacidad del aire, el agua y la tierra para ser contaminados) y la obsesión ideológica por el crecimiento económico constante, no han posibilitado una sociedad más satisfecha consigo misma, sino más bien todo lo contrario: la sociedad que ha dispuesto de los recursos más abundantes y de las tecnologías más avanzadas se encuentra aprisionada, en una espiral consumista que nos hace infelices, competitivos e individualistas, y pone en grave riesgo la subsistencia del entorno del que dependemos. Frente a este escenario, ¿qué hacemos? ¿seguimos consumiendo?

Construyendo alternativas

Cada día son más numerosas las iniciativas colectivas que a escala global pretenden denunciar los excesos y defectos de este modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los impactos, construyendo alternativas y articulando iniciativas para un consumo consciente, crítico y responsable.

1. Infórmate de lo que compras. Sabemos poco sobre los productos que compramos y consumimos. Cuanto más local es nuestro consumo, más posibilidades de obtener información sobre el producto tenemos.

2. Defiende los derechos del consumidor. Podemos pedir que se cumplan las normas relativas a la transparencia informativa (sobre el producto en la publicidad, en el establecimiento y en el propio producto) o ante un abuso (engañoso etiquetado, cobros indebidos, letra pequeña abusiva).

3. Reduce para vivir mejor. De las famosas 3 erres (Reducir, Reutilizar, Reciclar) la que más se difunde es Reciclar y, sin embargo, es mucho menos importante que Reducir. Nuestro modelo de consumo despilfarrador se basa en la producción constante de nuevas “necesidades”, por ello la reducción del consumo es imprescindible para ir hacia una sociedad más sostenible.

4. Elige productos y servicios locales. Los productos locales evitan gastos innecesarios de transporte y, por lo tanto, sus impactos ambientales (emisión de contaminantes al aire, construcción de infraestructuras de transporte, despilfarro energético, etc.). Además generan empleo de mayor calidad y los circuitos cortos fomentan una mayor distribución de la riqueza.

5. Elige productos ecológicos. La producción ecológica intenta no impactar de forma negativa en el entorno durante todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta su eliminación. Así, ni su uso ni su eliminación tendrán impactos en el medioambiente o en la población.

6. Elige productos que disminuyan la injusta distribución de la riqueza. Los productos que se elaboran en condiciones laborales precarias fomentan una distribución injusta de la riqueza, sin embargo, hay producción y servicios con sueldos dignos, basados en la cooperación y el reparto horizontal de las tareas.

7. Cambia tus hábitos de consumo. La elección del tipo de comercio en el que compramos es clave. El pequeño comercio de barrio genera mayor riqueza social y mejor distribuida que los supermercados e hipermercados, y así reducimos los impactos negativos de los grupos multinacionales y del modelo de venta en grandes superficies.

8. Presiona a instituciones y empresas insostenibles. Nuestro modelo de consumo social y ambientalmente insostenible depende de las normativas neoliberales que rigen los mercados y los procesos de globalización. Denunciemos estas normativas, el papel que hacen las grandes instituciones multilaterales y boicoteemos los productos de una empresa cuando se lo merezca.

9. Colabora en proyectos de consumo crítico y responsable. Hay muchos proyectos de consumo crítico y responsable funcionando. Participar en ellos permite el cambio hacia otro modelo de consumo a la vez que tus propios hábitos de consumo son algo más críticos y sostenibles.

10. Construye alternativas de consumo. Si en tu localidad faltan estos proyectos de consumo crítico y responsable, es necesario dar un paso más y ponerlos en macha. Es importante que los proyectos se adapten a la realidad social de tu localidad y que generen un espacio de confluencia social.

Si quieres conocer alternativas colectivas y transformadoras en alimentación, textil, finanzas, vivienda, hogar, etc. puedes consultar el siguiente enlace de Ingenios de Producción Colectiva: www.ecologistasenaccion.org/IPC.

CONSUME LOCAL
CONSUME ECOLOGICO
CONSUME REUTILIZANDO
CONSUME LO NECESARIO 

 

 

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Actividades de la APDHA

 
 

Resumen de las actividades celebradas el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos 

 
 

Delegación de Cádiz

Campaña para el Día de los Derechos Humanos

La campaña que ha llevado a cabo la Delegación de Cádiz incluye la edición de postales para que miles de gaditanos hicieran llegar su denuncia a Mariano Rajoy: postal 1 / postal 2 / postal 3 / postal 4 / Reverso postal

Asimismo se ha elaborado un material audivisual que se está usando en charlas en Centros y entidades. Se puede ver el vídeo en nuestro canal Youtube:  http://youtu.be/3BBpCNZzSWw

Finalmente, se ha elaborado un Manifiesto abierto (ver aquí).

Movilización:

Fecha y hora: lunes 10 de noviembre de 2012, 18 horas
Lugar: Plaza de San Juan de Dios (comienzo)

> Ver imágenes de la manifestación en facebook

  
  

 

 

 

Delegación de Córdoba

Con ocasión del Día mundial de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, APDHA-Córdoba ha elaborado un informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Córdoba, que se edita en formato resumido y ampliado.

> Descargar informe resumido

> Descargar informe completo

 

El 10 de diciembre de 2012 tuvo lugar la entrega del premio Derechos Humanos 2012, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial a la Plataforma “Stop deshaucios”

También se ha elaborado un blog con toda la información:

http://apdhacordoba.blogspot.com.es/

 

Delegación de Granada 

Acto de calle con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y encuentro/debate

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre, la delegación de la APDHA de Granada organizó una actividad pública en la calle durante la mañana del domingo 9 diciembre, de 11:30h a 14:30h., en la Fuente de las Batallas.

Por otra parte, el  lunes 10,  día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó un encuentro/debate, que finalizó compartiendo unos refrescos y alguna cosilla de picar en el local de la APDHA Granada.

> Ver imágenes del acto en facebook

 

Delegación de Huelva

Casitas de juguete, derechos de Verdad

Fecha y hora: miércoles 12 de diciembre de 2012, 18.00h
Lugar: Plaza de las Monjas. Huelva


Acto de calle para la reivindicación del Derecho a la Vivienda y la celebración del día Internacional de los Derechos humanos. Se invitó a la ciudadanía a acudir con sus niños y niñas y sus casitas de juguete para simular un poblado y reivindicar el Derecho a la Vivienda.

> Puedes leer una noticia sobre este acto aquí

 

 

Delegación de Málaga

Charla-coloquio: Las Libertades Civiles

La Delegación de Málaga organizó esta charla ofrecida por JOSÉ CHAMIZO- Defensor del pueblo Andaluz, el pasado 18 de diciembre de 2012.

  
  
  
 

Delegación de Sevilla  

Día Intenacional de los Derechos Humanos 

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la Delegación de Sevilla organizó diversos actos:

Mesa redonda "El Derecho a la vivienda en Sevilla: pasado, presente y futuro" y Obra de teatro "Cosas que pasan (y cada día más)" por el Gallo Rojo.

Acto de entrega del Premio Derechos Humanos 2012 a la Corrala de Vecinas "La Utopía", en reconocimiento por su lucha pacífica en favor de la vivienda digna. Posteriormente se celebraró una fiesta con música en directo.

> Ver imágenes de los actos en facebook

> Ver vídeo sobre la Corrala de Vecinas "La Utopía" aquí

> Ver noticia sobre la entrega del premio en Canal Sur TV (15/12/2012) aquí

  
  
  

Próximas Actividades

 

Delegación de Granada

"Mariana sí, Toma no"

Fecha y hora: 2 de enero de 2013 a las 11h
Lugar: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Granada
 
La Plataforma Granada Abierta, de la que la APDHA Granada es miembro, organiza un acto alternativo a la celebración del aniversario de la toma de Granada, con la participación del Director General de la Memoria Democrática, Luis Naranjo. 

 

 

 

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Propuestas

 
Ministro de Justicia: Salvemos la Hospitalidad 

El nuevo art. 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan “sin papeles” por España.

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-justicia-salvemos-la-hospitalidad

  
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España: NO A LOS RECORTES EN DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES  Firma aquí
  
Informe Intermón Oxfam: Crisis, desigualdad y pobreza Descargar aquí 
  
Petición a Mariano Rajoy para que los Gastos Militares se inviertan en atender las Necesidades Sociales Firma aquí
  
Curso derechos humanos 2013 del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) Información aquí
  

 

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