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Asunto:[InfoApdha] 2013-01-25
Fecha: 25 de Enero, 2013  13:12:28 (+0100)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 25 de enero de 2013, 10.909 suscriptores
 

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APDHA presenta su Balance Migratorio en la frontera sur 2012

 

 

Balance Migratorio en la frontera sur 2012, que elaboramos anualmente en la APDHA y que posteriormente incluimos en nuestro informe Derechos Humanos en la Frontera Sur.

Aborda la evolución de los flujos en las diferentes zonas, los métodos de entrada, la composición de las personas que llegan o intentan llegar y las personas que han perdido la vida en el intento en 2012.

>> El balance completo puede descargarse aquí

Comunicado Área Inmigración. Andalucía, 23/01/2013

Como cada año, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado su Balance de los flujos migratorios que se dirigen a España, en esta ocasión referidos a 2012. 

En la rueda de prensa celebrada hoy en Cádiz, han intervenido Rafael Lara y Mathilde Legborne, miembros del área de Inmigración de APDHA. 

Rafael Lara ha comenzado su intervención constatando que el volumen de personas que han logrado atravesar la frontera sur y entrar en nuestro país, si bien han sido luego detenidas, se mantiene en niveles similares a los del año pasado, alcanzando casi las 7.000 personas, tan sólo 150 personas más que durante el año 2011. No obstante, a eso habría que sumarle al menos el 20 o el 30% de personas que han logrado burlar todos los sistemas de vigilancia y lograron cruzar sin ser detectadas.

Si el volumen global es similar, no su sucede así con el destino. En Andalucía se incrementa notablemente la llegada de inmigrantes a la provincia de Cádiz, mientras que desciende de forma ostensible la llegada a la provincia de Granada. Ello es debido a la dificultad de encontrar neumáticas o pateras de cierta envergadura al margen de los pasadores. Pese a ser muchísimo más peligrosas e inestables, los migrantes atrapados en la zona de Tánger pueden acceder con más facilidad a balsas hinchables casi de juguetes, aunque para ello tengan que pagar precios desorbitados que pueden llegar a los 600 euros.


Precisamente en el norte de Marruecos también se ha producido un cambio importante, ya que se han duplicado los migrantes que han logrado entrar en Melilla (2105 este año frente a los 1039 el año pasado) al tiempo que disminuían las entradas a la ciudad de Ceuta (756 este año frente a los 1258 el año pasado). Estos cambios en Ceuta y Melilla están motivados por diferentes circunstancias. Una de ellas es la proximidad de Melilla a la frontera argelina, donde, según organizaciones marroquíes han sido expulsadas al desierto más de 2.000 personas; otra es la creciente dificultad para circular por Marruecos y, en el caso de Ceuta, el blindaje del paso del Tarajal por parte de Marruecos, que el año pasado contempló a centenares de inmigrantes subsaharianos entrar a nado en Ceuta.


Estas entradas han provocado una importante saturación del CETI en Melilla, preparado para 480 plazas, y  que termina el año con más de 900 plazas, por lo que es preciso recurrir a tiendas de campaña del ejército. Durante todo el año se han sucedido las protestas de los residentes en este Centro motivadas, como ha denunciado PRODEIN, por el tiempo muy elevado que algunos inmigrantes pasan en el mismo, a veces hasta de tres años. El trato discriminatorio en las salidas a la península, que afecta de forma especial a los argelinos, es motivo también de frecuentes protestas.

 

Con relación al origen de los migrantes que llegan a nuestro país, también se ha producido un incremento de las personas de origen argelino, que han entrado tanto en Ceuta como, sobre todo, en Melilla o se han dirigido a las costas de Almería o Levante. El número de personas argelinas, mientras que el global se mantiene estable, significa ya un 20% del total, frente al 10% que representó durante el año 2011.

Rafael Lara ha señalado que “la respuesta de la UE y de España sigue siendo la de enrocarse en sus miedos, haciendo más altos e inaccesibles los muros de la Europa fortaleza, externalizando la gestión de los flujos y haciendo del internamiento de inmigrantes el pivote la política migratoria”

Ejemplo de esto es el presupuesto de 2013 que, en plena vorágine de los recortes por la crisis, contempla una importante partida de 50 millones de euros para hacer frente a la llegada de inmigrantes irregulares.

Entre ellas:

- 1,4 millones en infraestructura de vigilancia exterior (SIVE)
- 9,1 millones para la Guardia Civil también en vigilancia exterior
- 400.000 euros para mantenimiento de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros)
- 25 millones para repatriaciones forzosas
- 4 millones para el reforzamiento (aún más) de las fronteras de Ceuta y Melilla

Ignacio Ulloa, secretario de estado de seguridad, ha tenido la indecente osadía de explicar estos gastos en razón a que “no podemos dejar a los inmigrantes en la estacada”.


Por otra parte, Mathilde Legborne se ha centrado en las víctimas de estas políticas migratorias. “Las fronteras cerradas matan. Llegando a nuestras costas, en otras fronteras europeas o atravesando el desierto del Sáhara”.


Por tercer año consecutivo han vuelto a aumentar el número de personas muertas o desaparecidas cuando intentaban llegar a España, según los datos del seguimiento de la APDHA. “Hemos pasado de los 138 muertos o desaparecidos en 2010, a 198 en 2011, alcanzando los 225 en 2012. Y se trata tan sólo de los datos que desde la APDHA hemos podido contrastar. No es ocioso el señalar, que aunque sea una coletilla, que la verdad de esta demencial escalada de personas que pierden la vida nunca se sabrá y será con toda seguridad mucho más elevada que los datos que proporcionamos”, ha apuntado Matilde Legborne.

 

 

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La intervención armada de Francia en Malí incumple la resolución 2085 de Naciones Unidas y provoca el recrudecimiento del yihadismo en África

Comunicado de APDHA y R.A.N.A. Andalucía, 24/01/2013 

La APDHA y las organizaciones que componen la R.A.N.A. piden al Gobierno español que no apoye la ocupación francesa y facilite la protección y la seguridad alimentaria de la población civil. También piden el cese inmediato de las deportaciones de inmigrantes subsaharianos a Malí y otros países en conflicto en la zona.


La Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) observan con mucha preocupación el belicismo del Gobierno socialista de François Hollande. Ambas organizaciones lamentan que la socialdemocracia europea persista en exacerbar el horror del yihadismo en África. En este caso, al margen de un mandato de Naciones Unidas. La resolución 2085, del 20 de diciembre de 2012, indica que la intervención militar tendría dos fases. La primera, en el primer trimestre de 2013, debía servir para adiestrar al Ejército de Malí. En la segunda fase se desplegaría una misión internacional contra los grupos yihadistas, la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA), previa aprobación de la ONU. Nada de esto se ha cumplido.


A diferencia de lo resuelto por Naciones Unidas, muy condicionado por la negociación de Francia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, Hollande ha emprendido la segunda guerra francesa en África en menos de dos años. La ofensiva de París ha llegado a los combates cuerpo a cuerpo, alejada del dictamen de Naciones Unidas que debían liderar los países africanos (CEDEAO). Así se desprende del artículo del analista Jesús Díez Alcalde, del Instituto Español de Estudios Estratégicos [1].


La primera guerra fue contra Libia, liderada por el conservador Sarkozy. Acabó con Gadafi, viejo aliado de la Unión Europea, y dejó ese país en manos de un gobierno de transición y unas milicias que imponen violentamente la sharia por encima de un marco constitucional democrático. Paradójicamente estos combatientes libios, que recibieron la cobertura militar de Francia, Gran Bretaña o España en la guerra contra Gadafi, defienden tesis cercanas al yihadismo que Hollande enarbola como excusa para el envío de tropas a Malí.


Además, ha supuesto la extensión del conflicto a Argelia, con la reciente masacre en una planta de gas, o represalias en Somalia del grupo integrista Al Shabab. Como señala la periodista Olga Rodríguez, no hay que olvidar que algunos combatientes de hoy en Malí tienen sus orígenes en la guerrilla de muyaidines afganos que Estados Unidos apoyó en la guerra contra la extinta URSS. La periodista también denuncia la instrumentalización de nuevo de la violencia contra las mujeres en este conflicto [2].


La APDHA y las organizaciones de la R.A.N.A. piden que España no sea cómplice al usar la guerra contra el terrorismo como coartada para invadir los países musulmanes y controlar sus recursos (oro, petróleo, piedras preciosas). Hollande ha negado que el motivo de la intervención sea garantizar los recursos energéticos, como el uranio procedente de Malí y Níger, vital para las centrales nucleares francesas. Entre el 30 y el 40 por ciento de las importaciones francesas de este mineral proceden de Níger. Igualmente el ataque a la planta argelina de gas pone de relieve esta clave de la real politik en las ocupaciones de Afganistán, Irak, Libia o Malí.


Occidente recoloniza y utiliza el terrorismo islámico como parapeto de sus intereses económicos. Francia dice que vela por la seguridad de sus nacionales, pero la inseguridad se incrementa en todo el mundo. La pobreza es el gran caldo de cultivo de estas milicias, entre otros factores. Se trata de un fenómeno brutal y complejo, uno de cuyos elementos es la venta de tierras fértiles a orillas tanto del Níger como del río Senegal a países y multinacionales. La última década ha demostrado el fracaso de las guerras emprendidas por Occidente en los países citados anteriormente. Es urgente abordar la realidad de estos países desde la paz, el desarrollo y la negociación, resolviendo los inmensos problemas políticos (como la marginación del pueblo tuareg), económicos y culturales que se perpetúan en el continente africano. Incluso en los peores escenarios, como sucedió en el caso de Malí el pasado otoño. En menos de un mes el Consejo de Seguridad aprobó una resolución (2071), el 12 de octubre de 2012, que llamaba a negociar con los grupos rebeldes para lograr su desmovilización. Francia podría haber seguido esta vía en lugar de la guerra, que seguirá provocando muertes y desplazamientos en los países de la zona.


Reiteramos la petición de la coordinadora andaluza de ONGD, que ha exigido que se proteja a la población civil de Malí, y apoyamos la petición de compromiso internacional de solidaridad lanzado por los grupos feministas de Malí [3]. Los medios de comunicación ya hablan de una posible cifra de 1 millón de personas desplazadas, fuera y dentro del país, en buena parte mujeres y niños, según Naciones Unidas. La ONU solicitó 123 millones de euros el año pasado para afrontar la grave crisis alimentaria que azota la región y sólo se han recaudado 77 millones. Es una muestra de la falta de interés internacional en los programas de paz y desarrollo.


Por último pedimos al Gobierno español y a los gobiernos de la UE, especialmente a Francia, el cese de las expulsiones y deportaciones de inmigrantes subsaharianos a Malí y otros países del entorno en esta situación de violencia y riesgo para las poblaciones.

 

Andalucía, 24 de enero de 2013


Entidades firmantes:


ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA (APDHA)

RED ANTIMILITARISTA Y NOVIOLENTA DE ANDALUCÍA:
Ecologistas en Acción-Andalucía; Confederación General del Trabajo-Andalucía; Mujeres de Negro (Sevilla); Alternativa Antimilitarista-MOC (Sevilla y Puerto de Sta. María); Madres contra las drogas ANDAD (Pto. Sta. María); RANA-Algeciras; Ahimsa (Málaga)


Nota 1:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI77-2012_IntervencionMali_Res_2085_JDA_x3x.pdf
Nota 2:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Preguntas-torno-Mali_6_92450755.html
Nota 3:
http://www.lacasadelapaz.org/spip.php?article333

 

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Un funcionario de prisiones, jefe de servicio, condenado por dos delitos de abusos sexuales a dos presos andaluces

Comunicado Área Cárceles. Andalucía, 22/01/2013

 

Desde el año 2003 había sido denunciado por al menos otros nueve presos

 

 

El juzgado de lo Penal Número Dos de Almería ha condenado a dos años y veinte meses de multa a un funcionario de prisiones, jefe de servicio, que había sido denunciado en numerosas ocasiones sin resultado judicial.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Liberación, por hechos de los que tenían conocimiento por denuncias de las personas presas desde el año 2003, se personaron como acusación popular en un procedimiento judicial seguido en Sevilla contra dicho funcionario, y como acusación particular uno de los internos víctima de dicho funcionario, que finalizó en junio del 2008.

En dicho procedimiento el Ministerio Fiscal formuló escrito de calificación en el que solicitó 3 años de prisión por cada uno de los delitos contra la integridad moral y la inhabilitación por el mismo período de tiempo (total 6 años) y las costas del juicio. El escrito señalaba que:  

a) El Jefe de Servicios del Centro Penitenciario Sevilla xxx el día 24 de marzo de 2004, sobre las 18.30 h, tras volver el interno 1 de una comunicación especial vis a vis, ordenó su cacheo con desnudo integral […] ordenó nuevamente que fuese conducido a la celda de aislamiento donde fue amenazado y coaccionado en repetidas ocasiones para que expulsara los objetos descubiertos en una papelera. Que ante la presión ejercida, el interno 1 intentó defecar sin obtener resultado alguno por lo que el Jefe de Servicios le dijo que tenía un remedio para ello. Que el propio xxx le obligó a que se bajara los pantalones y se tendiera boca abajo, introduciéndole por el ano el tubo de la lavativa e introduciéndole líquido por el mismo, en presencia de varios funcionarios. Que como consecuencia de la lavativa el interno defecó en varias ocasiones en la papelera siendo obligado a buscar entre sus heces los objetos expulsados, sin guantes ni ninguna otra medida higiénica. Que durante el desarrollo de estos hechos J.A.C no cesó de humillar al interno así como de utilizar expresiones jocosas dirigidas hacia él en voz alta y en presencia de otros funcionarios tales como “éste se va a cagar, se está cagando….”. Que tanto la práctica de la radiografía como de la lavativa fue realizada bajo la presión y coacción de J.A.C., sintiendo el interno gran humillación y vergüenza por las mismas así como por el trato dispensado por éste a fin de conseguir su objetivo y abusando de su cargo. b) Que el día 2 de mayo de 2004, tras la intervención de un objeto punzante artesanal, el Jefe de Servicios xxx ordenó el traslado del interno 2 a un despacho, donde encontrándose solos y utilizando la superioridad de su cargo ordenó al interno que se desnudara, que realizara flexiones y que se sujetara sus órganos genitales en determinadas posiciones sin ningún tipo de justificación para ello”.


El funcionario fue absuelto y el sindicato CSIF anunció que denunciaría "a todos los que han vilipendiado, insultado y vejado", exigiendo a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ejerció la acusación popular junto con la Federación Liberación, que rectificara públicamente, ya que tildó al funcionario de "torturador sádico que disfrutaba abusando de los internos".

No obstante, hemos tenido que esperar más de 4 años hasta que un Juzgado ha declarado como probados que en el mes de julio de 2008, ya en su puesto en Almería, al mes siguiente de ser absuelto en el otro procedimiento de Sevilla, el condenado procedió a ordenar sin motivo aparente cacheos con desnudo integral a varios presos, entre ellos uno de los denunciantes en el presente procedimiento, cacheos que realizó personal y directamente sin utilizar guantes y, en el curso de los mismos con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso procedió a realizar tocamientos en pene y testículos. Igualmente en la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo del 2012 se introdujo "silenciosamente" en la celda de un preso que se encontraba acostado en el módulo de enfermería, procediendo a acariciarle los genitales por encima de la ropa.

El citado sindicato nunca realizó la denuncia contra las asociaciones que se personaron como acusación popular, pues entre otras razones nunca se efectuó la afirmación mantenida por el sindicato.

Ahora más que nunca entendemos que es el momento de que los funcionarios y los sindicatos se decidan a luchar contra estas prácticas en lugar de defenderlas. Ninguna de estas prácticas se produciría si existiera menos corporativismo profesional, no sólo en esta profesión.

Han pasado más de ocho años desde que varios presos pusieron en nuestro conocimiento actos, que de ser ciertos, eran constitutivos de abusos sexuales o contra la integridad moral. Durante estos años el funcionario ha estado trabajando sin ningún tipo de control por parte de la Administración, que se negó a decretar la suspensión de sus funciones. Es imposible saber cuántas personas han podido denunciar hechos similares desde entonces contra el citado funcionario. La Administración hizo un ejercicio de dejadez con daños irreparables para terceros.

En el presente caso acudimos a las Naciones Unidas (Relator Especial de las Naciones Unidas para la cuestión de la tortura).

En la Asamblea General de la ONU, celebrada el 18 de febrero de 2008 [1], se nos dio la razón recogiendo frente a lo afirmado por el Ministerio que “El Relator insta al Gobierno a que garantice que todas las denuncias e informes de tortura y malos tratos serán investigados con prontitud y eficacia, y que los funcionarios públicos implicados serán suspendidos de sus funciones hasta conocerse el resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posteriores”.

La ONU ya ha señalado que los malos tratos son más que esporádicos, entre otras razones, porque el sistema permite la ocurrencia de torturas o malos tratos (Informe del Relator contra la Tortura, Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 2004 sobre España E/CN/2004/56Add.2). En concreto, la prolongada dilación de la investigación judicial, la abstención de la Administración en la adopción de medidas en procedimientos disciplinarios internos y el acceso al médico son elementos que impiden su erradicación (Comité contra la Tortura de la ONU 2002 CAT/C/XXIX/Misc3). El Consejo de Europa por su parte, en el Informe 22 (2003) invitó al Consejo General del Poder Judicial para que anime a los jueces a que adopte una posición más activa en relación a la función de supervisión. Asimismo El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o Castigo Inhumano o Degradante (CPT) en el informe sobre España del año 2007 (CPT/inf/(2007)31) concluyó que en ninguno de los casos examinados por su delegación durante la visita se podían describir objeto de investigaciones eficaces de acuerdo con la Ley del procedimiento legal. Y en su conclusión 48 afirmó, que “….no hay garantía que llevarán a tal persona físicamente a presencia del juez competente. Si él o ella ve p rorrogada su privación de libertad, las lesiones sufridas como resultado de malos tratos, esas lesiones pueden ser detectadas por el personal médico de la prisión en la que ingrese. Sin embargo, aunque tal primera evidencia de los malos tratos se comunique por escrito a un juez competente, no se seguiría de ello necesariamente una investigación eficaz.”

En definitiva, los organismos internacionales ONU y Consejo de Europa, y el mundo asociativo (organizado en la Coordinadora para la Prevención y Documentación de la Tortura- CPDT , de la que ambos colectivos formamos parte), entienden que los jueces deben ser más activos y no deben quitar credibilidad a las denuncias de las personas presas por dicha condición. No es extraño encontrar resoluciones en la que expresamente se cuestiona su fiabilidad. Por ello, no sorprende que en esa misma provincia, Almería, tras un juicio celebrado el pasado mes de diciembre, se condenara a un preso por haber denunciado prácticas sustancialmente idénticas: según el juzgado “actuó con absoluto desprecio de la verdad, puso de manifiesto de forma mendaz que había sido objeto de tocamientos libidinosos en sus órganos genitales por parte del funcionario número mientras se le realizaba un cacheo”.

Las torturas y malos tratos en el Estado español, lejos de ser combatidos como una de las lacras más incompatibles con la democracia y el estado de derecho siguen siendo negadas por el Gobierno quien, por otro lado, utiliza la figura predemocrática del indulto para bular la acción de la Justicia en los escasos casos en los que estos actos llegan a ser Juzgados. El pasado año la CPDT, en su último informe de 2011, documentó 280 casos en que se produjeron agresiones y/o malos tratos, siendo 48 en Andalucía. Algunos casos afectaban a varias personas a la vez, llegando a resultar 853 víctimas, de las que 105 lo fueron en Andalucía.

Andalucía, 22 de enero de 2013 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA
Federación Liberación

 

1. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.2.pdf

 

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Medio centenar de ONGs llevan al Gobierno ante el Consejo de Europa por la supresión de Educación para la Ciudadanía

Comunicado. 15/01/2013

 

Medio centenar de organizaciones, entre ellas la APDHA, denuncian ante el Consejo de Europa la supresión de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos en el currículo escolar español.

Las ongs llevarán al Gobierno ante el Consejo de Europa por su proyecto de supresión de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Medio centenar de organizaciones presentaron ayer un Memorándum que será llevado al Consejo de Europa,  sobre el proyecto del Gobierno de suprimir la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos en el currículo escolar.

Un acto en el que las organizaciones firmantes han querido recordar que la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos es imprescindibles para el impulso de la ciudadanía activa y crítica. 

“Debe ser un objetivo para nosotros, que el Consejo de Europa recuerde al gobierno español que esta educación democrática es prioritaria y debe existir en todos los niveles educativos. Queremos poner en conocimiento de los más altos órganos representativos del Consejo de Europa este grave incumplimiento proyectado por el Gobierno Español. Incumplimientos reflejados a través de unos cambios que nos dan que pensar de la calidad de nuestro sistema democrático. Cuando más falta hace desarrollar las herramientas para fortalecer la convivencia entre nosotros, cuando más necesario es el desarrollo de una educación cívica, se presenta por este Gobierno una amenaza contra la Educación para la Ciudadanía que pretende suprimirla. Hecho que además solo está ocurriendo en España. […]

[…] Una reforma que constituye una contrarreforma, un test importante para ver cómo se asume la democracia en nuestro país. Así nuestros alumnos se verán privados de poder adquirir una cultura política que les permita conocer nuestro sistema de convivencia y desarrollar un pensamiento critico y unas aptitudes y unos valores democráticos.”, señaló Victorino Mayoral, Presidente de la Fundación CIVES.

En la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes se dieron cita  mas de un centenar de personas para apoyar un acto en el que medio centenar de organizaciones presentaron este documento que será llevado antes los principales órganos del Consejo de Europa.

“El proyecto de Ley vulnera un compromiso de futuro para una sociedad mejor y una sociedad más equitativa y más justa. Posterga los criterios de igualdad de oportunidades frente a los meros resultados académicos, y evita un tratamiento crítico de cuestiones como la pobreza, la desigualdad y el desarrollo. Nos aboca a un modelo educativo más elitista y segregador y menos inclusivo”, comenta Jaime Atienza, director del departamento de Campañas y Ciudadanía de Intermón Oxfam.

El Consejo de Europa recomienda claramente la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos

El Consejo de Europa lleva desde 1997 promoviendo y recomendando a los países de la Unión la inclusión de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos en sus políticas educativas. Este organismo ha insistido en esta idea a través de numerosas recomendaciones, conferencias y declaraciones, entre las que destacan la Recomendación de Comité de Ministros relativa a la Educación para la Ciudadanía Democrática Rec(2002)12 y la Carta del Consejo de Europa sobre Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos CM/Rec(2010)7.

España no sólo ha firmado e impulsado dichos acuerdos, sino que en 2004, el mismo Partido Popular, también suscribió el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos.

La propuesta de ley nos aleja de Europa

La nueva propuesta presentada por el Gobierno nos situaría años luz de Europa, donde la mayoría de países sí incluyen en sus currículos educativos contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Según el último informe ‘Citizenship Education in Europe’ publicado por Eurydice en mayo 2012, la Educación para la Ciudadanía Democrática se ha incorporado todos los sistema educativos europeos en todas las etapas. Por su parte, los contenidos de derechos humanos están presentes en los currículos de más de 20 países europeos como Alemania, Dinamarca, Holanda, Portugal o Francia.

Petición al Consejo de Europa

Ante esta situación las organizaciones firmantes se dirigen ante el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, D. Jean-Claude MIGNON, el presidente de Conferencia de OING del Consejo de Europa, Jean-Marie Heydt, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, D. Nils Muižnieks y la Subcomisión de Educación Juventud y Deporte del Consejo de Europa para expresar su preocupación ante la desaparición de los contenidos explícitos en ciudadanía democrática y derechos humanos en la nueva ley.

“Un gobierno serio no puede ir firmando acuerdos internacionales para luego no cumplirlos. Hablaron de introducir recomendaciones en las que se mencionan la necesidad de introducir conceptos de derechos humanos en los contenidos curriculares para luego hacer lo contrario, sin ningún tipo de justificación. Con esta denuncia esperamos del Consejo de Europa que se preocupe, que sea motivo de estudio y que se dirijan directamente al Gobierno español para modificar esta ley”, señaló Carlos Sanguino, Director de Amnistía Internacional.

Por su parte Jesús Salido, vicepresidente de CEAPA, ha querido señalar la calidad de motor indispensable de Educación para la Ciudadanía como fomento del espíritu democrático entre nuestros más jóvenes “formar en valores es forma ciudadanos. Nuestros hijos deben tener la oportunidad de generar pensamiento crítico”.

Una serie de intervenciones entre las que también destacaron también Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia, Rafael Feito del Proyecto Atlántida, Manuel Dios Diz de la Fundación Cultura de Paz y Luis Acebal dela Asociación pro Derechos Humanos de España.

 

Las organizaciones firmantes son:

Fundación Cives, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Fundación Cultura de Paz, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Proyecto Atlántida. Educación y Cultura Democráticas, Movimiento Contra la Intolerancia (MCI), Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Movimiento por la Paz (MPDL), Federación de Mujeres Progresistas, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Periódico Escuela, Seminario Galego de Educación para la Paz, Hegoa -Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional-, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Educación Sin Fronteras, Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Instituto de la Víctima de Odio, Discriminación e Intolerancia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Sección de Educación del Ateneo de Madrid, Fundación IPADE, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –España (Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE), Asociación para la Defensa de la Libertad Religiosa (ADLR),Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Justicia y Paz, Liga Española Pro Derechos Humanos, Paz y Cooperación, Mundubat, UNESCO Etxea, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara), Federación de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza (FETE – UGT), ISI Argonauta – Derechos Humanos y Desarrollo, Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID), Fundación Alternativas, Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), Consejo de la Juventud de España (CJE), Fundación Internacional Baltasar Garzón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, transexuales y bisexuales…

Organizaciones europeas que se han adherido al memorándum:

Red Europea Contra los Crímenes de Odio, Citizens for Europe (197 organizaciones europeas), Foro Cívico Europeo (más de 100 organizaciones de 27 países)

 

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APDHA pide un tratamiento igualitario para todas las personas presas

Comunicado área Cárceles. 12/01/2013

 

Nota de prensa de APDHA ante la concesión del tercer grado penitenciario a Carromero

El traslado a España de Carromero desde Cuba cinco meses después de la comisión de los hechos por los que fue condenado, el 22 de julio de 2012, y la concesión del tercer grado penitenciario en sólo 13 días en el sistema penitenciario español, es algo inaudito.

La media de espera para traslados internacionales se demora años, siendo anormal que baje de los dos o tres años desde la comisión de los hechos. El otro preso español trasladado a España junto a Carromero esperaba su momento desde el año 2008. Actualmente hay más de 2.400 ciudadanos españoles presos en cárceles extranjeras.

Una vez que una persona interna entra en un centro penitenciario, su clasificación inicial se demora normalmente hasta los dos meses (plazo máximo inicial que suele agotarse, pero que puede ampliarse otros dos meses más). El promedio de tiempo desde el ingreso en prisión hasta el disfrute del tercer grado es según algunos estudios de 121 días [1]. Según los datos oficiales correspondientes al mes de noviembre de 2012, de los 56.511 privados de libertad en el territorio español (exceptuando Cataluña, que tiene las competencias transferidas), 5.274 están sin clasificar, es decir, pendientes de clasificación. Del tercer grado disfrutan 9.088 personas, siendo excepcionales los concedidos con carácter inicial.

Personas privadas de libertad que ingresan por primera vez en prisión por delitos inferiores a cuatro años, pena impuesta a Carromero, con trabajo estable, no son excepciones; sin embargo, sí es excepcional que se conceda el tercer grado directo.  En el año 2011 se impusieron 135.713 penas de prisión: el 90,2% de ellas con una duración de cero a dos años; el 7,9% con una duración de entre dos y cinco años; y el 1,9% con una duración de más de cinco años [2]. Alrededor del 30% de la población reclusa es primaria, es decir, que entra por primera vez en la cárcel.

Por tanto, es claro que con esta concesión de tercer grado se consagra la existencia de presos de primera y de segunda.

La APDHA no critica que se le conceda el tercer grado al dirigente de Nuevas Generaciones ni los esfuerzos diplomáticos por  agilizar el traslado. Lo que exigimos es que se mantenga el mismo tratamiento con todos los/as presos/as. Este tipo de prácticas discriminatorias deben cesar, extendiéndose las buenas prácticas a todos las personas presas.

Se recuerda que ésta no es la única discriminación entre personas privadas de libertad. Otras recientes que se deben apuntar son:

- Los presos y las presas que perciben prestaciones no contributivas por razones de enfermedad y pobreza, pagan por la comida en prisión. La Asociación acudió al Tribunal Constitucional, que resolvió en 29 de octubre de 2012 que dicha situación era legal [3], lo que supone un agravio comparativo con aquellas otras personas presas que, pese a su mayor capacidad económica personal o familiar, no sufragan su manutención en prisión. Es más, el abono o no depende de la comunidad autónoma en la que cumpla pena el preso o presa, pues algunas como Andalucía no hacen dicho cobro a ninguno, tal y como debe ser, al igual que no se paga por la manutención en el supuesto de un ingreso hospitalario.

- El 29 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros indultó a Hokman Joma, ciudadano kurdo, a falta de dos meses para el cumplimiento íntegro de los tres años a los que fue condenado por lanzar un zapato al primer ministro turco, Erdogan, que no le impactó. La semana anterior, 23 de noviembre, el mismo Consejo de Ministros indultó a cuatro mossos d’esquadra que sumaban condenas de hasta cuatro años de prisión por torturas y que no llegaron a pisar el centro penitenciario. 180 jueces firmaron un manifiesto contrario a esta concesión.

 

 

 

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Cartografía de un encierro

Xabier Ferrer, elfarodigital.es - 18/01/2013  

La tarde del 5 de enero de 2012, el joven senegalés Gamou Dieng se vistió de Baltasar, y participó en la cabalgata de los Reyes Magos del barrio madrileño de Carabanchel. Un año después, el 5 de enero de 2013, mientras la cabalgata volvía a recorrer las calles del barrio, Dieng estaba encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. No había cometido ningún delito. Pero sus papeles no estaban en regla.

Hoy, dos semanas más tarde, Dieng está de vuelta en Senegal. Expulsado. Extramuros. De nada sirvió su arraigo en el barrio. He aquí un contundente y meridiano aviso a navegantes. La puesta en escena de la pretendida inquebrantabilidad del régimen fronterizo de la Unión Europea. Ejemplarizante repatriación.

“Baltasar en el CIE”; “El rey Baltasar tiene orden de expulsión”. Como era previsible, y habida cuenta de la carga estrambótica de los hechos, el caso de Gamou Dieng fue pasto de titular. Aunque sólo durante un breve lapso de tiempo, la historia de Dieng suscitó un interés mediático significativo. Y dicho interés arrojó luz sobre las prácticas y espacios de detención de extranjeros en la UE. Contribuyó, de este modo, a amplificar la voz de colectivos y plataformas que, como “Tanquem els CIEs” o “Ferrocarril Clandestino”, denuncian la existencia de los centros de internamiento, critican su modelo de gestión y revindican su desaparición.

Hace más de un lustro que la red Migreurop (formada por asociaciones, militantes e investigadores originarios de varios países de la UE, África Subsahariana, Magreb y Oriente Próximo) trata de contrarrestar la opacidad que caracteriza a las dinámicas de encierro de inmigrantes implícitas en el régimen fronterizo de la UE. El cartografiado de la telaraña de centros de internamiento de extranjeros, como el de Aluche (donde Gamou Dieng durmió la pasada noche de reyes), es una de las herramientas fundamentales de sus campañas de sensibilización.

El mes pasado Migreurop presentaba la quinta edición del mapa de los llamados “lugares invisibles de confinamiento de migrantes”. El trabajo muestra cómo, año tras año, a medida que el régimen fronterizo de la UE se afianza, el número de espacios de reclusión de migrantes crece. Elaborado con datos de 2012, el mapa identifica los 473 campos de detención (149 más que en el año 2000) que salpican el suelo de la Unión y el de su vecindad. Útil y necesaria actualización anual de las cartografías del encierro en Europa.

(*) Xabier Ferrer es miembro del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

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Más cárcel, menos reinserción

Héctor Juanatey Ferreiro, eldiario.es - 17/01/2013

  • En la última década las reformas penales se encaminaron hacia la disminución de las posibilidades de acceso a los aspectos más basicos de la reinserción: el tercer grado y la libertad condicional
  • La criminalidad desciende de forma paulatina pero la población reclusa aumenta debido a que la duración de las penas son más largas y muchas de cumplimiento íntegro
  • Los porcentajes de reinserción sin reincidencia son de los más bajos de la Unión Europea por la falta de programas de reinserción


El Consejo de Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de la reforma del Código Penal del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, debido, entre otras cosas, a que mucho de lo que propone no es conciliable con la reinserción a la que obliga la Constitución en su artículo 25 y el conjunto de normas clave reguladoras del sistema penitenciario en España.

En los últimos diez años, todas las reformas penales emprendidas por los diferentes gobiernos se encaminaron hacia la disminución de las posibilidades de acceso a los aspectos más básicos de la reinserción: el tercer grado y la libertad condicional. "Las reformas recientes lo que han hecho es ir subiendo el número de años que deben cumplirse en la cárcel y eso es un error, no tiene ningún efecto en la reinserción", señala Jacobo Dopico, profesor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, que se pregunta de qué modo analizarán que una persona está preparada para reinsertarse si ha pasado, por ejemplo, 30 años encerrado en una prisión.

Dopico se refiere especialmente a la última reforma de Gallardón: "Lo que pide es la cadena perpetua, aunque quiera evitar el término. Es decir, el internamiento hasta la muerte a menos que a partir de los 25 o 30 años de algún modo pueda probarse que la persona ha dejado de ser peligrosa. Esta reforma prohíbe otorgar el tercer grado a los condenados a perpetua e incluye además lo que llaman custodia de seguridad, que consiste en que un preso reincidente, tras cumplir la condena, pasaría a una custodia en un centro orientado hacia la reinserción. ¿Cuál es el problema? Que este centro podría ser la propia cárcel, lo que supone que un reincidente tendría una propina de años de cárcel, que podrían ser hasta diez más".

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, opina lo mismo: "La reforma de Gallardón es contraria a la Constitución". Acerca de la custodia de seguridad, entiende que "vulnera el principio de legalidad y atenta contra la seguridad jurídica. Presupone que una persona va a volver a delinquir, por lo que vulnera la presunción de inocencia y el principio de culpablidad".


Todas estas reformas resultan en un fenómeno curioso: en los últimos años la población reclusa ha aumentado de forma considerable sin que aumente el número de ingresos en prisión. ¿Cómo se explica? Por la duración de las penas, cada vez más largas y muchas de ellas además de cumplimiento íntegro. Todo ello a pesar de que la criminalidad en el país haya descendido de un modo paulatino desde la época de la heroína.

Este efecto lo explicaron Dopico y Laura Pozuelo, profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo en este medio:

"España se encuentra hoy a la cabeza del encarcelamiento en Europa: somos actualmente los campeones penitenciarios de la Unión Europea con 159 presos por 100.000 habitantes. Y todo ello con una delincuencia en descenso desde los últimos 20 años. En efecto, entre 1991 y 2011 nuestra población penitenciaria se ha multiplicado por 2,25 fundamentalmente a causa de los sucesivos endurecimientos del sistema penal. Estas cifras revelan que el legislador hace oídos sordos a los datos reales, a las estadísticas y solo parece escuchar los gritos mediáticamente amplificados de quienes entienden que la panacea de la política criminal es endurecer las leyes una y otra vez por el mero hecho de endurecerlas, sin siquiera haber detectado fallos en su funcionamiento y sin análisis criminológicos de ningún tipo. En el caso más extremo, la Ley del Menor de 2000 fue reformada para endurecer sus penas... Antes siquiera de que entrase en vigor".
Bosch continúa la comparación y recuerda que en España los porcentajes de reinserción sin reincidencia son de los más bajos de la Unión Europea.


Según Dopico, es un error pensar que el hecho de subir la duración de las penas sea un factor fundamental para evitar la reincidencia. "Cuando alguien va a delinquir no piensa en el número de años que le pueden caer, pero el Gobierno sigue pensando en la política de la cabeza de turco", explica el profesor. En este sentido sí hay que reconocer que la duración de las penas relacionadas con drogas han experimentado una rebaja para los casos de pequeños vendedores, que antes tenían que afrontar penas desproporcionadas.

La libertad condicional y el tercer grado son, sin embargo, los aspectos iniciales básicos que debe potenciar el Estado para favorecer el retorno de las personas reclusas, pero no vale con contar solo con ellos; se necesitan programas. En las décadas de los 70 y los 80 se expandió el concepto nothing works (nada funciona) respecto a los programas de reinserción. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que hay muchos que sí funcionan. El problema es que no se llevan a cabo. "Son caros y no se apuesta por ellos. Ahora no se apuesta por nada público, pero es que en la reinserción tampoco se hacía en época de bonanza", cuenta Dopico.

Si no se cumplen ni los aspectos iniciales básicos, la ayuda postpenitenciaria es tan solo una teoría. Para Dopico, aunque se trata de una política criminal interesante, "la ayuda debe producirse durante el cumplimiento de las penas. Que nadie piense que si alguien sale en tercer grado o en libertad condicional no está cumpliendo su pena. Pero sí es verdad que no puedes dejar en la calle a una persona sin oficio ni beneficio. Si no lo has estado ayudando mientras cumplía la pena, una vez que salga tendrá casi imposible conseguir trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la situación laboral actual española. Si ya es difícil para cualquiera, para un exrecluso lo es mucho más".

María Yela, psicóloga de Instituciones Penitenciarias, publicó hace años un informe en el que apuntaba además la idea de la ayuda prepenitenciaria: "¿No sería más sensato y útil dedicar el enorme esfuerzo (económico...) que se utiliza en prisiones a colegios, hospitales y otras áreas dedicadas más específicamente a la prevención? [...] La ley además señala unos derechos reconocidos a todo individuo: educación, trabajo, etc, y la sociedad está obligad a proporcionar estos derechos". Si no lo hace, defendía Yela, tendrá que hacerlo entonces cuando la persona entre en prisión.

Diferentes estudios alertan además del peligro que supone para su reinserción que una persona pase encerrada en una prisión un número elevado de años sin poder salir de forma escalonada. El encierro y el aislamiento desembocan muchas veces en problemas psicológicos como miedo al rechazo, ansiedad y un largo etcétera. En varias ocasiones, además, una persona puede ser víctima de malos tratos en el interior de una prisión. Todo ello suele llevar a vías de escape como el consumo de drogas para evitar el sufrimiento o, incluso, la tentativa de suicidio.

Recortes en política penitenciaria

Los presupuestos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo han descendido respecto a los del año pasado un 4,50%. Son de 1.142,5 millones de euros. Pese a todo, desde el Ministerio del Interior insisten en que "la reinserción social y la custodia de detenidos y presos constituirán los objetivos prioritarios de estas cuentas" y en que se mantendrán "los pr ogramas educativos, los planes de cumplimientos de penas alternativas y la colaboración con otras instituciones".

Desde hace varios meses, funcionarios y presos, aunque por separado, han comenzado a quejarse de los recortes. Las protestas de los segundos se dirigen sobre todo al tijeretazo en los servicios médicos en prisión -los gastos sanitarios y farmacéuticos han caído en el último año un 6,90%-.


Los pocos esfuerzos del Gobierno en política penitenciaria, por otra parte, se centran más en la seguridad y la vigilancia que en lo referido a la reinserción. Actualmente, en España (los datos a continuación incluyen a Cataluña, que tiene transferidas las competencias en prisiones) hay 82 cárceles y tan solo 29 Centros de Inserción Social -en Cataluña existe el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)-.

Según el último informe realizado por Instituciones Penitenciarias, en estas cárceles hay actualmente 24.868 empleados públicos penitenciarios: 366 en áreas directivas, 1.373 en tratamiento, 971 en sanitaria, 4.497 en administración, 15.592 en vigilancia y 2.069 son laborales.

En un estudio de Joaquina Castillo y Marta Ruiz, Políticas penitenciarias para la inclusión de los prisioneros en España: tratamiento y rehabilitación social, ya se advertía del insuficiente número de funcionarios y educadores en las prisiones españolas. "Cierto es que todo personal de Instituciones Penitenciarias, por prescripción legal, debe colaborar y participar en las tareas de reeducación y reinserción social de los internos; pero nos referimos a la parte de ellos que, de un modo exclusivo o principal, tienen atribuidas las tareas de tratamiento: especialistas integrantes de los Equipos de Observación y Tratamiento, educadores y asistentes sociales. Pese al importante incremento de estos, el espectacular aumento de la población reclusa, los hace claramente insuficiente".

Esa misma línea sigue Bosch, que considera que los recursos penitenciarios son "tan pobres que es difícil atender a la población reclusa de manera individualizada". El portavoz de Jueces para la Democracia opina también que los trabajadores sociales son escasos no solo dentro de las prisiones, sino también fuera, donde es observa realmente que las redes sociales fallan, más en un momento como el actual". "Una vez cumplida la condena, las personas que sí han sido bien atentidas y orientadas durante el cumplimiento de su pena no encuentran ninguna ayuda", zanja.

 

 

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Nota crítica sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal español

Ramón Campderrich Bravo, mientrastanto.org - 27/12/2012

El equipo del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene preparado desde verano de 2012 un anteproyecto de reforma del Código Penal coherente con la tendencia experimentada por buena parte del derecho comparado, especialmente del derecho anglosajón, y del derecho español mismo durante las últimas dos décadas, aproximadamente. Esa tendencia viene definida, como es sabido, por un constante incremento de la represión penal y la correlativa reducción de las garantías de los ciudadanos frente a ella. En definitiva, se está sustituyendo un modelo relativamente garantista y de aplicación limitada del derecho penal por un derecho penal maximalista destinado a combatir las reacciones políticas y sociales, individuales y colectivas, generadas por la globalización neoliberal y por su crisis, y a suscitar pánico o resentimiento encubridores de las responsabilidades sociales, políticas y jurídicas de los líderes del capitalismo neoliberal. El propósito de las siguientes líneas es tan solo dar noticia de los aspectos más perversos del anteproyecto, que, si nada ni nadie lo impide, será pronto ley en vigor, dada la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados.

Los escasos medios de comunicación 'progresistas' aún subsistentes en España han criticado casi en exclusiva la previsión que se hace en el anteproyecto de una pena de prisión permanente revisable judicialmente (una vez pasados, como mínimo, 35 años en la cárcel) a imponer a los sujetos condenados por delitos de homicidio o asesinato terrorista. Ciertamente, esta medida es incompatible con el artículo 15 de la Constitución española, el cual prohíbe la imposición no sólo de la pena de muerte en tiempos de paz, sino también las penas inhumanas o degradantes –y, en mi opinión, una pena de duración de varias décadas o a perpetuidad es una pena inhumana o degradante-. Pero no es esa, ni mucho menos, la única novedad cuestionable introducida por el anteproyecto. Quizás ni siquiera es la más decisiva o bárbara. La reforma del Código Penal propuesta por Gallardón y los suyos gira en torno a dos ejes, incompatibles con un estado y una sociedad civilizados: (1) la idea de neutralización o 'inocuización' de los sujetos catalogados como peligrosos en detrimento de la idea de culpabilidad por el hecho con independencia de la personalidad del autor del delito, por un lado, y (2) la extensión cualitativa y cuantitativa de la represión penal de los “desórdenes públicos”, por otro lado. La aprobación del anteproyecto implicaría una peligrosa deriva autoritaria, totalitaria incluso, si se me permite la expresión, del derecho penal español.

(1) El sistema tradicional penal en España y en los países de su entorno hasta no hace mucho tiempo distinguía con toda claridad entre penas, esto es, castigos impuestos a los autores de los delitos considerados responsables de sus actos, y medidas de seguridad, es decir, medidas de limitación o privación de la libertad impuestas a personas que habían cometido materialmente delitos, pero que eran juzgadas 'inimputables', o sea, no responsables de sus actos por razones de edad, psicológicas o patológicas. Las penas y las medidas de seguridad eran alternativas, no cumulativas. El criterio que guiaba esta dicotomía era el de culpabilidad por el hecho: sólo los sujetos que pudieran ser considerados razonablemente responsables de sus actos merecían ser condenados a una pena (de prisión o de otro tipo), merecían ser castigados. Aquellos que no podían ser responsabilizados de lo que hacían, por edad o enfermedad o incapacidad, pero podían volver a manifestar comportamientos antisociales graves, debían ser privados o limitados en su libertad para protegerse de sí mismos y proteger a sus conciudadanos. Este principio liberal de culpabilidad por el hecho (al cual se añadiría más adelante con el llamado “welfarismo penal” el principio de resocialización o reinserción social, hoy  olvidado a efectos prácticos) tenía muchos problemas de fondo en cuanto a su fundamentación, y su respeto siempre dejó mucho que desear, pero, al menos, informaba el núcleo de las leyes penales en los regímenes no autoritarios e, insisto, separaba con nitidez penas a imponer a sujetos cuya culpabilidad había sido probada en un proceso judicial y medidas de seguridad a las cuales debían ser sometidos sujetos menores de edad, enfermos o trastornados a quienes no se les podía dejar en libertad sin más.

El anteproyecto rompe definitivamente con esta tradicional distinción entre penas y medidas de seguridad y con el principio subyacente de culpabilidad por el hecho, que ya había comenzado a debilitar la reforma del Código Penal impulsada por el partido socialista en 2010. En efecto, si el anteproyecto llega a aprobarse tal y como está en estos momentos redactado, las penas y las medidas de seguridad ya no serán alternativas, sino cumulativas. El anteproyecto prevé la posibilidad –que se deja a la discreción del juez, por no decir a su decisión puramente arbitraria- de imponer a los sujetos juzgados culpables de la comisión de delitos una pena –por ejemplo, una pena de prisión- y, además, una medida de seguridad, modulada en función de la valoración de la “peligrosidad social” del condenado. Éste, por consiguiente, podrá ser sometido a una medida de seguridad, una vez haya cumplido ya su condena (su pena de prisión, pongamos por caso). Las dos medidas de seguridad de los condenados por la comisión de un delito contempladas en el anteproyecto más intrusivas en su libertad son la libertad vigilada y la “custodia de seguridad” (sí, sí: “custodia de seguridad”, una de las posibles traducciones al español de la palabra alemana Schutzhaft en el uso nazi de la misma, origen de los campos de concentración del Tercer Reich). La primera fue introducida por la reforma de 2010 e incluye medidas como: la obligación de “mantener su [del condenado] lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo sin autorización del Servicio Social Penitenciario”; la “prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos”; la obligación de “inscribirse en las oficinas de empleo” (¿?); o la obligación de “llevar consigo y mantener en adecuado estado de conservación los dispositivos electrónicos que hubieran sido dispuestos para controlar los horarios en que acude a su lugar de residencia o, cuando resulte necesario, a los lugares en que se encuentra en determinados momentos (…)” –se trata del llamado 'panóptico electrónico'-. La duración de la medida de libertad vigilada será de entre tres y cinco años, renovables sin límite por períodos sucesivos de cinco años. A diferencia de la libertad vigilada, la infame “custodia de seguridad” consiste en la reclusión en un “establecimiento especial” (¿qué querrán decir Gallardón y los suyos con la oscura y siniestra expresión “establecimiento especial”?) o un establecimiento penitenciario incluso de quien ya ha sido condenado a una pena de prisión por la comisión de alguno de los delitos enumerados en el proyecto de artículo 101 de C.P. y la ha cumplido en la cárcel. La medida de custodia de seguridad puede imponerse nada menos que por un plazo máximo de 10 años. Pero no se crea que terminado el período de custodia de seguridad abandona el convicto, por fin, el sistema de control penal: el proyectado nuevo artículo 101.6 prescribe que el juez deberá imponerle una medida de libertad vigilada. Por tanto, no sólo los terroristas pueden pasarse toda su vida en prisión o bajo el control del sistema penal, sino también otros muchos autores de delitos. Eso sí, quedan excluidos de esta punición draconiana los dirigentes políticos y económicos cuyas prácticas, muchas veces gravemente delictivas, han conducido a nuestro país al marasmo en cual nos encontramos hoy.

¿Qué significa todo esto que se acaba de decir acerca de las medidas de seguridad y su carácter acumulativo en relación con las penas? Pues que, con independencia de las profesiones de fe invocadas en la exposición de motivos del anteproyecto, la idea de 'neutralización' o 'inocuización' del sujeto catalogado como socialmente peligroso tiende a predominar sobre la idea de culpabilidad por el hecho y, por consiguiente, el modelo de derecho penal por el hecho se ve desplazado, a nivel legislativo incluso, por un derecho penal de autor, al menos por lo que se refiere a un número importante de delitos. Al delincuente no se le priva ya de su libertad, no se le castiga, por haber cometido un hecho legalmente definido como delito a causa de su carácter lesivo de bienes fundamentales merecedores de una protección especial, sino que se le castiga por su personalidad, por su modo de ser, por su inherente peligrosidad para la sociedad. El hecho delictivo deja de ser el verdadero motivo y razón de ser de la represión penal –hasta en el plano legal- y se convierte en manifestación o exteriorización de una personalidad peligrosa, cuyo portador, el autor de delito, debe ser 'neutralizado', convertido en inocuo, excluido de la sociedad, 'eliminado' durante el mayor tiempo posible. Se rinde tributo retórico a las ideas de culpabilidad por el hecho y resocialización/reinserción social, pero ya no se cree en que los delincuentes sean recuperables para la sociedad ni se está dispuesto a desarrollar políticas que incidan sobre las causas sociales de la criminalidad. En consecuencia, lo único que se puede hacer es mantener encerrados o bajo control penal a los delincuentes, apartarlos de la sociedad hasta que se hagan inofensivos por la edad, por miedo (¡qué ilusos!), por enfermedad o por cualquier otro motivo similar. De ahí la elevación de las penas (el anteproyecto, entre otras vías adoptadas para intensificar la represión penal eleva un buen número de faltas a delito y encubre la maniobra con la supresión de la tradicional distinción en el derecho penal español entre  delitos y faltas), el endurecimiento del acceso a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión o a la libertad condicional (cuyo tiempo de duración efectiva, por otra parte, no computa a efectos de cumplimiento de la pena), la constante referencia al “pronóstico” sobre la “peligrosidad social” a lo largo del texto del anteproyecto (la cual, por otra parte, sirve para encubrir el excesivo poder discrecional no reglado atribuido a los jueces a la hora de determinar el tipo y extensión material y temporal de la medida de seguridad a adoptar), la indeterminación y falta de precisión intencionada en la descripción de los tipos penales o la dureza del tratamiento represivo del inmigrante  irregular delincuente (las penas de prisión cortas deberán ser sustituidas por la expulsión del país, con la prohibición añadida de regresar a España durante un período de tiempo de entre cinco y diez años: una verdadera 'liquidación' física mediante su deportación del territorio español del inmigrante irregular 'peligroso').

En 1943 el destacado penalista y criminólogo pronazi Edmund Mezger, colaborador en la redacción de un proyecto de ley sobre el tratamiento de los Völksfremde (“extraños a la comunidad”) escribió a propósito de dicho proyecto: “En el futuro habrá dos (o más) 'Derechos penales': -un Derecho penal para la generalidad (en el que en esencia seguirán vigentes los principios que han regido hasta ahora), y -un Derecho penal (completamente diferente) para grupos especiales de determinadas personas, como, por ejemplo, los delincuentes por tendencia. Lo decisivo es en qué grupo debe incluirse a la persona en cuestión. (…) Una vez que se realice la inclusión, el 'Derecho especial' (es decir, la reclusión por tiempo indefinido) deberá aplicarse sin límites. Y desde ese momento carecen de objeto todas las diferenciaciones jurídicas. (…) Esta separación entre diversos grupos de personas me parece realmente novedosa (estar en el nuevo Orden, en él radica un 'nuevo comienzo').” ¿Llegará el día en que el estado español y los de su entorno lleguen a suscribir, casi sin darse cuenta de ello, planteamientos como los de Mezger? Desde luego, el anteproyecto comentado a grandes trazos en estas líneas es un paso en esa dirección.

(2) El otro eje del anteproyecto aquí criticado es el endurecimiento de la represión penal de los “desórdenes públicos”, como se indicó anteriormente. Este eje puede ser descrito en muy pocas palabras. Los “desórdenes públicos” son una categoría de delitos relacionados con la alteración del orden público, entendido éste en el sentido de perturbación de la “tranquilidad de las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana” (F. Muñoz Conde) o, dicho más llanamente, como perturbación del 'orden de la calle'. En suma, se trata de comportamientos, no necesariamente, violentos, que se producen con ocasión de huelgas, manifestaciones, reuniones, concentraciones u otros actos públicos de disconformidad o reivindicativos considerados por el estado una amenaza para la convivencia pacífica (y, también, todo sea dicho, para el status quo). La definición de los tipos penales en este campo debería ser muy cuidadosa, si se quiere evitar que esta clase de delitos sean una mera tapadera para la represión política pura y dura. Pero, desde una perspectiva histórica, su configuración ha sido, por lo general, bastante abierta porque es difícil que el estado renuncie a un instrumento utilizable en el momento oportuno con fines de criminalización de la protesta social o política, especialmente cuando la ira popular se desmanda y se vuelve incontrolable.

El anteproyecto del ministro de in-Justicia y sus asesores modifica el artículo 557, el cual contiene el tipo básico de desórdenes públicos, que queda redactado como sigue: “Quienes actuando en grupo o individualmente pero acaparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo”. A continuación, el documento analizado efectúa tres modificaciones esenciales en el texto del código penal en relación con este asunto, reveladoras de sus aviesas intenciones. En primer lugar, introduce un artículo 557 bis, inexistente en el actual Código Penal, cuya consecuencia es elevar la pena de prisión por desórdenes públicos hasta un máximo de seis años (frente al máximo de tres años previsto por el hoy vigente artículo 557), cuando se den ciertas circunstancias vagamente delimitadas (a saber: “cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada”; “cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves [nótese: no es preciso que sea efectivamente peligroso o cause lesiones]. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio o la utilización de explosivos.”; “Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas”; “Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje”). Se trata de comportamientos que nos pueden parecer moralmente poco aceptables y hasta merecedores de sanción. Pero eso no es lo importante en nuestro análisis: lo importante es subrayar que son conductas esperables de una parte quizás nada desdeñable de la población, a medida que la desesperación y la exasperación provocadas  por las inmisericordes políticas de ajuste estructural y el deplorable espectáculo de la desigualdad vayan calando en la gente [*]. Gallardón y los suyos lo saben y preparan la maquinaria del estado para el día de mañana.

En segundo lugar, se cambia por completo la redacción del artículo 559 (el anteproyecto habla falsamente de modificar cuando, de hecho, es un artículo nuevo). El texto del anteproyecto reza así: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración del orden público del artículo 558, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.” [**]. Creo que sobran comentarios respecto a los peligros liberticidas escondidos detrás de este artículo. Su uso abusivo puede llegar a ser un nuevo instrumento dirigido a coartar la libertad de expresión. En cualquier caso, este precepto roza, desde mi punto de vista, la previsión de un delito de opinión, un tipo de delito absolutamente inadmisible (como lo es también buena parte de los delitos previstos en los artículos 578, 579.1, 2º párrafo o 510.2 a, b y c, según su nuevo redactado en el anteproyecto, por muy abyectas que nos parezcan cierta clase de opiniones).

Por último, se introduce otro artículo antes inexistente, el artículo 560 bis, cuyo texto es el siguiente: “Quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio, serán castigados con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.” Se está pensando sin duda alguna en huelgas más o menos 'salvajes' u otros actos de protesta que afecten al funcionamiento de las telecomunicaciones y el transporte público, vitales para el mantenimiento sin alteraciones de la vida económica. La ambigüedad del precepto (¿qué es una “alteración grave de la prestación normal del servicio”?) ofrece un amplio margen de maniobra al gobierno, a través del ministerio público, y a jueces socialmente insensibles para enjuiciar y condenar a huelguistas irritados y angustiados por la caída de salarios, la pérdida de puestos de trabajo, las jornadas ampliadas, la precariedad laboral, la subida de impuestos escasamente progresivos que no son utilizados para financiar los servicios públicos, la desaparición de prestaciones sociales y cosas por el estilo.

En resumidas cuentas, el anteproyecto Gallardón, visto en su conjunto, es una primera puesta a punto de la 'artillería pesada' encaminada a combatir una creciente conflictividad social y política, individual y colectiva. Una conflictividad tal vez cada vez más violenta, probable producto de la pobreza y la desesperanza. El origen de esa previsible conflictividad está en las dos o tres décadas de globalización neoliberal y su inevitable colapso a partir de 2008, con las particularidades propias de cada país. El régimen político establecido –me refiero a las mal llamadas democracias europeas- es incapaz de transformar, por una mezcla de impotencia, intereses crematísticos y conformidad ideológica, un modelo socioeconómico a todas luces fracasado, agotado. Por tanto, la única vía que le queda es armarse y prepararse para hacer la guerra, dicho esto de un modo metafórico, pero muy expresivo.

[*] A veces, esas desesperación y exasperación se revestirán, por desgracia, de los ropajes del nacionalismo étnico: un modo de esquivar las propias responsabilidades muy socorrido entre las elites políticas, regionales o estatales, dispuestas a jugar con fuego.

[**] Artículo 558: “Serán castigados con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o un juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en el colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales (…).”

 

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Davos amurallada, una crisis sin solución…

Sergio Ferrari, alainet.org - 22/01/2013


Comienza la 43 edición Foro Económico Mundial

Suiza.- Una media de 3.300 soldados movilizados durante cada día del Foro Económico Mundial para proteger los 12 mil habitantes fijos y los cerca de 3 mil invitados.
 
En torno de 30 millones de dólares estadounidenses destinados para la seguridad del evento que se inicia este miércoles 23 de enero y concluye el domingo 27 en la coqueta ciudad alpina de Davos.
 
Espacio aéreo totalmente cerrado y controlado militarmente sobre la región del evento, en tanto más de mil vuelos extraordinarios –aviones y helicópteros- se esperan en el cercano aeropuerto de Zúrich-Kloten, transportando los 40 jefes de Estado o de Gobierno así como los principales responsables de organismos internacionales y de las más importantes empresas multinacionales que confirmaron, como cada año, su presencia en esta capital momentánea del poder económico mundial.
 
El evento se abrirá con el discurso del ex primer ministro italiano Mario Monti, recibiendo luego a la canciller alemana Angela Merkel, a David Cameron, Dimitri Medvedev –cuyo país, Rusia, asegurará la presidencia del Grupo de los 20 en el año en curso-, al Secretario General de las Naciones Unidas, los directores del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio…por citar algunas de las vedetes davosianas.
Un carrusel de personalidades, que según los organizadores del Foro, tratarán de buscar “la manera de resistir y recuperarse” ante la crisis económica, tocando una paleta de temas tan diversos que van desde la “salud en el mundo”-punto toral de esta 43 edición-, hasta la situación africana. Pasando por mesas redondas sobre el empleo, la música, la zona euro, la religión o la guerra contra la obesidad.
 
Variedad temática en cierta manera irrelevante en una realidad mundial marcada por conflictos irresueltos – Siria, Somalia, Colombia, etc-; por el desgaste acelerado del medio ambiente debido al calentamiento global irreversible; y por un desgaste social creciente de cada vez más importantes sectores de la población mundial. Entre la cual la del sur del Europa –España, Portugal, Grecia, Italia- parece ser de la más victimizada por las nuevas olas de la crisis actual sin respuesta, con nuevos ajustes estructurales, más desempleo y la reducción del Estado social.
 
Davos, con centenar de debates paralelos y repleto de retórica oficial, no parece , nuevamente, ofrecer respuestas claras ni alternativas viables a la crisis planetaria creciente que anticipa, para 2013, otro año de crecimiento cero en los países centrales y que sigue amenazando la sobrevivencia misma del planeta.
 
En el campo de la denuncia, las movilizaciones ciudadanas “anti-Davos” en Suiza misma no dejan de multiplicarse. El mismo día de la apertura del Foro la Campaña Derecho sin Fronteras, que exige a las empresas helvéticas respetar en el exterior (especialmente en el Sur y el Este) los derechos humanos y ambientales con las mismas exigencias y cánones que en Suiza misma, se moviliza para denunciar la inercia de las autoridades nacionales. A pesar que la iniciativa obtuvo el año pasado 135 mil firmas exigiendo cambiando radicales de la actitud de las multinacionales.
 
Horas más tardes, el “Ojo Público sobre Davos”, promovido por las organizaciones no gubernamentales Declaración de Berna y Greenpeace, concederá en la misma ciudad alpina el premio a la “Peor empresa del año”, sanción de condena moral a la multinacional más violadora de derechos fundamentales.
En esta ocasión compiten la “Repower”, la “G4S”, la “Lonmin, junto con la “Alstom”, la “Goldam Sachs”, la “Coal India” y la “Shell”. Más de 40 mil votos por Internet provenientes de todo el mundo apuntaban condenatoriamente a la Shell – hasta el 22 de enero con 15 mil votos- por su política agresiva de explotación petrolera en el Ártico con riesgos ambientales enormes.
 
Este año Davos no se confronta, sin embargo, a un Foro Social Mundial como en algunas de las ediciones pasadas. El espacio altermundialista más importante de la sociedad civil mundial calienta los motores para su edición de fines de marzo próximo en Túnez, donde se esperan entre 30 mil y 50 mil representantes de ONG, redes, campañas y movimientos sociales del mundo entero.

 

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Actividades de la APDHA

 
 
 

Fecha: domingo 10 de febrero de 2013

Lugar: Escuela universitaria de Osuna (Sevilla)

El poder político ha claudicado ante el gran capital financiero internacional. Los bancos y las grandes corporaciones han terminado por adueñarse del mundo, estamos asistiendo a un secuestro de la soberanía popular llevada a cabo por los mercados financieros, ejecutado con el consentimiento y la complicidad de la mayoría de los partidos políticos.

Y si realmente quienes mandan ya son los mercados, si los gobiernos, influidos por intereses ocultos y no transparentes, acatan las condiciones impuestas por ellos bajo la amenaza de hundir las economías nacionales, ¿podemos llamar a esto democracia? ¿cómo va a ser democracia aquello que nos viene impuesto por quienes no hemos elegido?

 

> Para más información y consultar el programa, descargar folleto informativo

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Delegación de Sevilla

Vídeo-Memoria de Actividades año 2012. Ver aquí.

Vídeo resumen de las actividades realizadas por la Delegación de Sevilla de APDHA durante el año 2012.

 
 
 
cartel

Delegación de Bahía de Cádiz

Sede de Chiclana

- Martes 29 enero, a las 7 tarde, proyección de la película "Retratos en un mar de mentiras", que presentará la compañera del Área de Solidaridad de la APDHA, Abigail Villena
- Miércoles 30 enero, también a las 7 de la tarde, Día de la Paz y la no Violencia: la Situación en Colombia y el proceso de Paz, con Jaime Cedano, periodista colombiano, defensor de los derechos humanos y representante en Europa del Foro de Sao Paulo.

Más info aquí

  
  

 

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Propuestas

 
"Más allá del disenso: los derechos humanos de las mujeres en los contextos de prostitución." Artículo de Daniela Heim. Revista Derechos y Libertades. Número 26. Época II, enero 2012Descargar documento aquí
  
Exportaciones españolas de armamento 2002-2011. Cuando la venta de armas es una prioridad política. Centro de Estudios por la Paz JM Delàs. Para descargar el informe haz clic aquí
  
UNDOCUMENTARY. Documental web sobre la realidad de los/as inmigrantes irregulares en Europa. http://www.undocumentary.org/
  

 

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