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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2013-03-20
Fecha: 20 de Marzo, 2013  14:47:38 (+0200)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

cabecera InfoApdha
 

 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 20 de marzo de 2013, 10.932 suscriptores
 

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ÁREA DE INMIGRACIÓN

  • INFORME "DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR 2013" +info

  • El Tribunal Supremo resuelve la demanda presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA contra el reglamento de extranjería    +info

  • El Gobierno español vuelve a expulsar a migrantes subsaharianos a Marruecos de forma irregular +info

  • En relación al vídeo que desmonta la versión oficial de una patera arrollada por la patrullera "Río Cabaleiro" +info

  • Organizaciones de todo el país lanzan la campaña "Salvemos la hospitalidad" contra la criminalización de la solidaridad +info

  • La Delegación de córdoba de APDHA presenta una propuesta de moción al ayuntamiento en el marco de la campaña "Salvemos la hospitalidad" +info 

  • Por el cierre definitivo del CIE de la Piñera y por el uso social del edificio de la antigua cárcel      +info

  • La Delegación de Cádiz de APDHA denuncia la nueva tragedia en el Estrecho +info

  • Comunicado de APDHA-Almería ante la aparición del cuerpo de Maguette Fall +info

ÁREA PROSTITUCIÓN

  • Sorpresa y rechazo por la prevista aprobación en el pleno de las llamadas “Ordenanzas Municipales para la Convivencia” de El Puerto de Santa María +info

 

ÁREA DE MARGINACIÓN

  • APDHA se suma la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía +info

  • Unas reflexiones de APDHA-Cádiz con relación al Decálogo de "APRECO" sobre la venta ambulante en Puerto Real +info

  • La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su apoyo a las familias de la Corrala “Conde-Quintana” ante su desalojo +info

 

ÁREA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

  • APDHA condena el asesinato del joven palestino Arafat Jaradat en un centro de interrogatorios en la cárcel israelí de Megiddo +info 

  • Posicionamiento de APDHA sobre la situación de los presos políticos palestinos en huelga de hambre +info 

 

OTROS

  • La crisis vulnera aún más los derechos fundamentales de la mujer +info  

  • La Delegación de Campo de Gibraltar de APDHA expresa su apoyo a la manifestación que la Marea Ciudadana ha convocado el 23F en Algeciras +info

 

ACTIVIDADES

  • ACTIVIDADES DEL 21 DE MARZO: DÍA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA +info

 
 
 
 

Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013 

Andalucía, 12/03/2013

 

Como cada año, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA dirigimos nuestra mirada a los flujos migratorios de personas que se dirigen a nuestro país desde el continente africano.

El informe de 2013 analiza las políticas migratorias desde una perspectiva europea e internacional.  Contiene el balance del año 2012, con un análisis de los flujos migratorios; dentro del ámbito nacional trata de cerca los casos concretos de Isla de Tierra y Melilla, y dentro el panorama europeo/internacional aborda las políticas de asilo de la Unión Europea y la situación migratoria en Marruecos y Grecia.

> Nota de prensa de presentación del informe 12/03/2013

> Descargar informe

* Para poder hacer informes como éste necesitamos tu colaboración, hazte socio/a o colabora con la APDHA con una donación

 

 

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El Tribunal Supremo resuelve la demanda presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA contra el reglamento de extranjería

19/03/2013

 

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia estimando parte de los argumentos presentados por ANDALUCÍA ACOGE, SOS RACISMO y APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) contra el Reglamento de Extranjería.

Estas entidades valoran positivamente esta sentencia del Tribunal Supremo, en tanto que supone no sólo avalar las reivindicaciones de estos colectivos en el proceso de redacción de este Reglamento, sino también una mejora en el acceso y salvaguarda de los derechos de las personas inmigrantes que residen o tratan de regularizar su situación en nuestro país.

En este sentido, la  doctrina sentada por el Tribunal en su sentencia supone que:

1. Los consulados y embajadas españoles no podrán inadmitir las solicitudes presentadas en el extranjero para varios tipos de autorizaciones (para estudios, voluntariado, cuenta propia, residencia no lucrativa, entre otras). Este apartado implica en la práctica una mayor seguridad para los extranjeros solicitantes dado que sus solicitudes se resolverán únicamente por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, evitando posibles  arbitrariedades.

2. Se reconoce la ilegalidad de exigir la comparecencia personal de la persona extranjera que solicite una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Este posicionamiento del Tribunal supone que no se imponga una carga burocrática e innecesaria a los solicitantes de este tipo de autorización (y de cualquier otro).

3. El Supremo establece que es necesario comunicar (notificar) a la persona extranjera la denegación de la solicitud de autorización, en lugar de hacerse efectiva sólo al  empleador/empresario.

4. El Tribunal reconoce expresamente que se podrán dejar sin efecto (revocar) las órdenes de expulsión ya ejecutadas, y no solo las todavía no ejecutadas que menciona el Reglamento. Revocaciones que las entidades promotoras de este recurso reclaman que, como indica la propia sentencia, se realice de oficio por la propia Administración, cuando se cumplan los requisitos para obtener una autorización por circunstancias excepcionales.


Por otro lado, las entidades promotoras lamentan que el Tribunal haya desestimado otras peticiones que hubiesen tenido un gran impacto en la vida de muchas personas extranjeras, como la referida a la ilegalidad del requisito de cotización mínima exigible para las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena; o al cómputo de la prescripción de las prohibiciones de entrada impuestas junto con las Devoluciones, asunto éste que afecta a todas aquellas personas que entraron en cayucos y pateras.

Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA se congratulan del contenido de esta sentencia que ratifica parte de las tesis de estas entidades en su esfuerzo por defender los derechos de las personas extranjeras, en especial de las que se encuentran en situación administrativa irregular o que pueden devenir a dicho estado, reforzando las garantías jurídicas que deben regir los procedimientos de Extranjería. Y emplazan al Gobierno español a la aplicación inmediata de esta sentencia.

 

> Descargar Texto de la sentencia del Tribunal Supremo

 

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El Gobierno español vuelve a expulsar a migrantes subsaharianos a Marruecos de forma irregular

18/03/2013

La asociación melillense Prodein ha dado cuenta de que el pasado viernes 15 de marzo efectivos de la Guardia Civil interceptaron una patera con 12 migrantes subsaharianos en aguas de Melilla y, sin seguir el procedimiento para la devolución/rechazo en frontera establecido por el propio ordenamiento jurídico español, los transfirieron a fuerzas marroquíes realizando la entrega en el mismo mar, tras trasladar a estas personas a aguas de Marruecos. La gravedad de esta situación se acentúa por el hecho de que entre los ocupantes de la patera se encontraba al menos un menor de edad, Mohamed Namara, que ya fue objeto de una deportación ilegal desde Melilla a Marruecos a finales del pasado año. El incidente quedó registrado en varias grabaciones de vídeo que están disponibles en el medio digital Periodismo Humano.

Las organizaciones de MIGREUROP en España* denuncian que las devoluciones de personas migrantes por “vías de hecho” por parte de la autoridades españolas hacia Marruecos y los malos tratos sufridos por los migrantes en territorio marroquí no son casos aislados, tal como documentan diversos colectivos de la sociedad civil y entidades públicas como el Defensor del Pueblo español [1]. Casos como los acontecidos en la Isla de Tierra en septiembre de 2012, la señalada deportación de dos menores de edad bajo la guarda de los servicios de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla y el que nos ocupa, aúnan diversas vulneraciones del Derecho internacional y español: en materia de asilo, no observancia del interés superior del menor, principio de no devolución a países donde haya constancia de violación de Derechos Humanos de las personas migrantes…

Exigimos al Gobierno español que respete los requisitos y garantías, ya de por sí escasas, establecidas por la Ley de Extranjería y su reglamento en los procedimientos de devolución/rechazo en frontera. Recordamos que el acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, que hace pocas fechas entró formalmente en vigor, no exime a las autoridades españolas del cumplimiento de dichas garantías. Solicitamos también que se requiera a las autoridades marroquíes el respeto de los derechos fundamentales de las personas migrantes en su territorio y que, hasta que se constante el mismo, se suspendan las repatriaciones hacia Marruecos. Y por supuesto, dadas las evidencias tan meridianas que se desprenden de las imágenes grabadas del incidente de Melilla del día 15 de marzo, se abra de inmediato una investigación oficial para depurar las responsabilidades oportunas y se hagan las gestiones necesarias para retornar a España a las personas que fueron ilegalmente entregadas a Marruecos.

 

*Las entidades que forman parte de la red Migreurop en España son:  APDHA - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SOS Racismo, Andalucía Acoge, ACSUR y Asociación Elín.

--------------
NOTA:
1.  Ver los recientes informes de APDHA “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013” (http://www.apdha.org/media/fronterasur_2013_web.pdf), de Médicos sin Fronteras “Violencia, vulnerabilidad y migración: atrapados a las puertas de Europa” (http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/InformeMarruecos2013_CAST.pdf) y del Defensor del Pueblo español “Informe anual a la Cortes Generales 2012” (http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/informe_2012.pdf )

 

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En relación al vídeo que desmonta la versión oficial de una patera arrollada por la patrullera "Río Cabaleiro"

11/03/2013

 

El pasado día 13 de diciembre de 2012 una patrullera de la Guardia Civil embistió a una patera con el resultado de un inmigrante ahogado, otros siete desaparecidos y 17 rescatados del agua que fueron posteriormente detenidos. En relación a este suceso, la Cadena SER ha difundido un video del Sistema de Vigilancia SIVE que aporta más confusión si cabe a las distintas versiones contradictorias sobre estos hechos. Las imágenes mostradas en el vídeo resultan de una gravedad extrema y merecen ser explicadas de manera urgente por los responsables de la Patrullera Río Cabaleiro. A la vista de este video, que obra en poder del Ministerio de Interior desde el primer día, entendemos que sus versiones contradictorias solo se entienden como maniobras de dilación y ocultamiento de los hechos. Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes:

1º  Denunciamos una vez más las expulsiones de las personas que fueron rescatadas tras este incidente con el único motivo (tras visionar el video) de evitar testigos de estos hechos.

2º Exigimos la comparecencia urgente del Ministro del Interior ante el Congreso para que explique estos hechos.

3º A expensas del resultado de la instrucción judicial que se está llevando a cabo y de las explicaciones que deban darse sobre lo ocurrido, las organizaciones firmantes responsabilizamos al Ministerio del Interior de la muerte y desaparición de ocho personas en aguas de la costa canaria. 


Firman este comunicado: Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Elin y la Federación estatal de SOS Racismo.

Las organizaciones firmantes forman parte de Migreurop.

 

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Organizaciones de todo el país lanzan la campaña "Salvemos la hospitalidad" contra la criminalización de la solidaridad

15/02/2013

 

 

Dieciocho entidades sociales de todo el país, entre ellas la APDHA, han puesto en marcha la iniciativa www.salvemoslahospitalidad.org que centralizará las acciones que rechazan la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular, como se incluye en el borrador de reforma del Código Penal promovida por el Gobierno. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden perseguir en ningún caso cuando son movidas por la hospitalidad y el altruismo.

En su concepción, el artículo 318 bis del Código Penal nació como garante de la protección de las personas afectadas por ciertas actividades derivadas de los flujos migratorios, como trata de seres humanos o tráfico de inmigrantes. Sin embargo, con la modificación de dicho artículo que pretende llevar a cabo el Gobierno actuar de forma humanitaria puede pasar a convertirse en causas de perseguibilidad (o de no perseguibilidad), en función del criterio del Ministerio Público.   

Se equiparan así a aquellas personas que se lucran explotando a colectivos en riesgo de exclusión o con el tráfico de personas (acciones que, por supuesto, censuramos rotundamente), con aquellos que llevan a cabo actos de solidaridad con las personas en situación administrativa irregular. La consecuencia es bien grave: en lo sucesivo, si el Fiscal decide acusar, aún concurriendo móviles altruistas en la acción solidaria, será muy difícil obtener una resolución judicial favorable a quien ha practicado la solidaridad. El borrador del Código Penal es claro y deja en manos del Ministerio Fiscal acusar o no. 

Por estos motivos, todas las asociaciones que lanzamos esta campaña buscamos la rectificación de la reforma del Código Penal. Y, para ello, hemos puesto en marcha una serie de acciones que sirvan de impulso a las iniciada por la plataforma Salvemos la hospitalidad y la recogida de firmas a través de change.org. La primera de estas acciones ha sido la creación de la pagina web www.salvemoslahospitalidad.org se ha puesto a disposición de los ciudadanos y las organizaciones interesadas diversos materiales que podrán consultar y utilizar si desean unirse a la solicitud de modificación de la redacción propuesta del artículo 318 bis en el borrador del Código Penal que esta elaborando el Gobierno.

Para llevar a cabo el objetivo de esta campaña, las organizaciones promotoras hemos decidido promover en todo el Estado, junto con todas aquellas personas y organizaciones sociales que quieran adherirse a la campaña, mociones institucionales en Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Regionales que muestren la necesidad de modificar la redacción de este artículo.

Mociones que ayuntamientos como los de Málaga o Vélez-Málaga ya han aprobado a instancia de diferentes entidades sociales. El documento de la moción se encuentra disposición de todas las personas y organizaciones que quieran impulsar su aprobación en municipios de toda España. A este respecto, se ha puesto en marcha el denominado mapa y galería de la solidaridad, al que se irán añadiendo aquellos municipios en los que se presente y apruebe el texto.

En la página web que hemos abierto se ofrecen, además, diversos informes sobre el tema, así como materiales para apoyar esta campaña y buscar nuevos sustentos: carteles, banners, documentos e incluso insignias para colocarlas en Facebook a modo de cover, imagen de perfil, etcétera. Asimismo, en la propia web se irán publicando diferentes noticias, eventos o actividades que se vayan realizando en torno a la campaña Salvemos la solidaridad.

Animamos a todas las personas a sumarse a esta campaña para tratar de promover un modelo de convivencia basado la diversidad y la interculturalidad y que ponga en valor de forma clara los valores de la convivencia y solidaridad con todos nuestros vecinos. 

Las entidades promotoras inicialmente de esta campaña son:

Andalucía Acoge
Asociación por la convivencia intercultural en Almería
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA
CEAR
Asociación Apoyo
Pueblos Unidos
Campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIEs NO)
Convivir sin Racismo
Foro de Inmigración Grupo Inmigración y Sistema Penal
Médicos del Mundo
Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants
Mugak
Plataforma ‘Salvemos la hospitalidad’
Red Acoge
OSPDH
SOS Racismo
Federación de Mujeres progresistas

 

 

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La Delegación de córdoba de APDHA presenta una propuesta de moción al ayuntamiento en el marco de la campaña "Salvemos la hospitalidad"

Córdoba, 14/03/2013

 

Los colectivos cordobeses de defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de las personas migrantes APDHA, APIC-Andalucía Acoge y Córdoba Acoge han pedido al consistorio cordobés que solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, ya que su actual literalidad puede conllevar al castigo penal de comportamientos de carácter solidario y humanitario con las personas extranjeras en situación documental irregular. 

 

En la citada moción se solicita al consistorio de nuestra ciudad que, como ya lo han hecho ayuntamientos como los de Málaga y Sevilla, solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, ya que su actual literalidad puede conllevar al castigo penal de comportamientos de carácter solidario y humanitario con las personas extranjeras en situación documental irregular. Acusar o no a una persona que ay uda a entrar o transitar en España o en el espacio Schengen por motivos puramente altruistas quedaría al criterio subjetivo de la fiscalía. También actuaciones tales como alquilar una vivienda a una persona inmigrante sin documentación podrían castigarse con hasta 2 años de prisión.

Dado que consideramos que la solidaridad nunca puede ser calificada como un delito y que normas de este tipo tan sólo consiguen criminalizar a nuestros/as vecinos/as de origen inmigrante, desde la campaña “Salvemos la Hospitalidad” hacemos un llamamiento a los ayuntamientos como las administraciones más cercanas a la realidad social, a los colectivos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general que hagan llegar al Gobierno central su rechazo a este nuevo art. 318 bis del Código Penal y le exijan la modificación del texto actual.

 

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Por el cierre definitivo del CIE de la Piñera y por el uso social del edificio de la antigua cárcel

Algeciras, 09/03/2013

 

 

El martes de esta misma semana tenía lugar en la Plaza Alta una concentración para protestar por la muerte de cuatro personas por motivo de la emigración, con el lema “No más muertes en el Estrecho”.

Hoy sábado, cuatro días más tarde, nos reunimos aquí, en una nueva concentración, para protestar por la existencia de este CIE, el único de Andalucía.

Dos concentraciones de protesta y de indignación ante la suerte que  les depara el destino a la mayoría de las personas inmigrantes que tratan de llegar a nuestras costas procedentes del continente africano. 

Y debemos  hacernos dos preguntas: 

La primera ¿ Es justo que personas de otros lugares, a las que las estamos negando la posibilidad de venir de forma segura, tengan que arriesgar su vida, y en ocasiones acaben perdiéndola? 

La segunda ¿ Es justo que a las personas que logran llegar- por supuesto sin documentación- las estemos esperando para encerrarlas como delincuentes, en sitios como este?

Desde luego estamos convencidos, de que, desde la óptica de los más elementales derechos de las personas, debemos decir NO.

Todos formamos parte de este mundo en el que vivimos y las “fronteras” que hemos ido creando nunca pueden servir de excusa para privar de libertad a personas que proceden de otra parte de este mundo, que es el mismo que el nuestro.  EMIGRAR NO ES UN DELITO, y,  sin embargo,  hoy nos hemos inventado cárceles para los inmigrantes.

No queremos ni este CIE, que no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, ni ninguno en esta ciudad. Y que estas instalaciones reviertan en beneficio de la comunidad.

Y nos permitimos  lanzar una pregunta al Alcalde de esta ciudad que, al parecer, está empeñado en que tengamos un CIE : Nos gustaría saber por que se obsesiona por ofrecer terrenos para la construcción de un nuevo CIE, sabiendo que pasaría a la historia como el único Alcalde de Andalucía que  deseaba para su ciudad una “cárcel” para personas que no son delincuentes, solo personas que intentan mejorar la calidad de sus vidas.

También queremos denunciar la reforma del Código Penal,  con la cual el Gobierno pretende penalizar la solidaridad con los inmigrantes indocumentados.

 

Algeciras Acoge
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - Campo de Gibraltar
Izquierda Unida
Sindicato Unificado de Policías
CGT (Confederación General de Trabajadores)
Republicanos Federados
EQUO
Partido Comunista de Andalucía
Frente Cívico “Somos Mayoría”

 

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La Delegación de Cádiz de APDHA denuncia la nueva tragedia en el Estrecho

Cádiz, 04/03/2013

 

  • APDHA-Cádiz quiere expresar su homenaje al tripulante del ferry que también murió
  • Protestará mañana martes, día 5, a las 11 de la mañana en la Subdelegación del Gobierno
  • Entregará un escrito al Gobierno y hará una valoración para los medios

La tragedia se ceba de nuevo sobre los inmigrantes en El Estrecho. Una tragedia que acompaña de forma constante a la inmigración africana desde que hace más de 20 años empezaron a lanzarse a cruzar el estrecho muchas personas que buscaban un futuro de dignidad. Pero sus esperanzas se hundieron con ellos en aguas cuyos fondos deben acoger centenares si no miles de cadáveres.

La muerte de cuatro personas (dos desaparecidos), una de ellas tripulante del ferry que quiso socorrerles, nos muestra de nuevo las dos caras de la inmigración clandestina.

Por un lado la cara de una España y una Europa cerrada a cal y canto, enrocada en sus miedos, que eleva una fortaleza en sus fronteras y subcontrata a países violadores de los derechos humanos para controlarlas. Una España y una Europa que, con sus países gendarmes como Marruecos, son responsables de todas estas muertes.

Su política ha provocado que durante el año 2012 murieran 225 personas intentado llegar a nuestro país, a los que habrá que sumar cuantos perdieran la vida en el anonimato, sin que nadie fuera testigo de ello.

La otra cara la muestra el gesto solidario de ese tripulante marroquí que no dudó en socorrer a las víctimas. Y que perdió la vida en el intento. Queremos rendir desde aquí un homenaje a esta persona profundamente humanitaria.

Y queremos rendirle ese homenaje y reconocimiento precisamente cuando el gobierno de España quiere modificar la Ley Penal para castigar la hospitalidad y la solidaridad de cuantos ayudamos a los inmigrantes sin papeles. Otro despropósito más en una cadena de inhumanidad y destrucción de los principios más elementales de justicia y solidaridad.

 

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Comunicado de APDHA-Almería ante la aparición del cuerpo de Maguette Fall

Almería, 25/02/2013

 

 

Desde la Delegación de Almería de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) nos vemos en la necesidad de expresar nuestro dolor e indignación ante la muerte de Maguette Fall y las circunstancias que la rodean. En la noche del 10 al 11 de febrero, Max volvía a su casa tras acompañar a una amiga cuando la Policía Nacional le paró en la Avda. Cabo de Gata para pedir que se identificara. Por lo que sabemos, ante el temor a ser detenido huyó en dirección a la playa y ya nadie más le volvió a ver. Ayer, 22 de febrero, alrededor de las 14.00h. apareció su cuerpo sin vida en la playa de El Zapillo, en Almería.
 

Durante los 13 días que ha durado su búsqueda, amigos y familiares de Max, senegaleses y españoles, han reclamado apoyo, ayuda y solidaridad por parte de la sociedad almeriense. Han realizado batidas ciudadanas para encontrarle, han estado en contacto con todos los servicios públicos que podían proporcionar medios e información, han tocado a las puertas de las ONGs pidiendo ayuda y organizaron una concentración reclamando la intensificación de la búsqueda. Con todo ello, han demostrado que son parte de esta sociedad y así quieren y deben ser considerados.

Ahora, ya sabemos dónde está Max. Conocemos el final de su historia. Y no nos queda más remedio que volver a llamar la atención sobre lo injusto que es que las personas extranjeras en situación irregular y que están entre nosotros desde hace tres, cuatro, cinco o siete años, como era su caso, vivan con miedo a la deportación. Un miedo que les lleva a temer a nuestras instituciones, en lugar de sentirlas como suyas. Estas personas viven, trabajan y encuentran sus relaciones sociales y afectivas entre nosotros. Son parte de nuestra comunidad y no podemos tolerar que la presión que se ejerce sobre ellos tenga este tipo de consecuencias.

Por todo ello, transmitimos nuestra solidaridad a los familiares y amigos de Max, compartimos con ellos la congoja y la pena y reclamamos una modificación de la Ley de Extranjería que rebaje los requisitos de acceso al permiso de residencia y el fin de la presión policial sobre quienes carecen de él. Prácticas como exigir la documentación a personas en la vía pública, basándose únicamente en el aspecto físico, sin fundamento, ni indicio alguno de peligrosidad son tan cotidianas y peligrosas como ilegales y deben desaparecer.

 

 

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Sorpresa y rechazo por la prevista aprobación en el pleno de las llamadas “Ordenanzas Municipales para la Convivencia” de El Puerto de Santa María 

El Puerto de Santa María (Cádiz), 07/03/2012

 

Comunicado enviado a los medios de comunicación y leído por Marisol Gómez, miembro de APDHA, en el pleno municipal del ayuntamiento de El Puerto de Santa María el día 8 de marzo de 2012

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha expresado de forma reiterada su oposición a la propuesta de “Ordenanzas Municipales” teóricamente destinadas a fomentar y garantizar la convivencia ciudadana.

Como hemos tenido ocasión de exponer en las alegaciones presentadas, así como en multitud de ocasiones a los representantes municipales, nuestro rechazo se basa entre otras cuestiones que a través de dichas ordenanzas se pretende afrontar los problemas sociales existentes en nuestra ciudad desde la invisibilización de los sectores que padecen situaciones de exclusión cada vez más numerosos por los efectos de las políticas ante la crisis.

Asimismo hemos señalado la voluntad de control del espacio público vulnerando derechos ciudadanos, y a través de la acción policial que es la que enjuicia apariencias o intenciones en su inevitable subjetividad o prejuicios.

Nos preocupa de forma particular cómo podrán hacer frente los servicios sociales de emergencia a los recursos “prometidos” aunque no especificados por esta ordenanza destinados para las personas afectadas por la misma (personas que hasta ahora ganaban su sustento a través del trabajo realizado en la calle). Es de sobra conocido  que los servicios de emergencia social existentes en la actualidad no bastan para una sociedad en la que una buena parte de sus miembros están viviendo ya en situaciones de exclusión o están al borde de la misma. El Ayuntamiento no tiene ni capacidad para responder a la gestión diaria de servicios esenciales para la comunidad… El resultado de la ordenanza será tan solo la estigmatización y criminalización de numerosos sociales.

En relación al colectivo de personas que trabajan voluntariamente ejerciendo la prostitución, la APDHA llevamos años trabajando en proyectos que pretenden acercar a las mujeres al sistema sanitario, a la sociedad, a los derechos; proyectos mediante los cuales nos acercamos a las mujeres que ejercen la prostitución para fomentar que sean parte de la ciudadanía, de sus deberes y sus derechos, luchando contra su estigmatización y exclusión social. Y ahora si estas personas tienen que esconderse para continuar ganándose la vida, ¿Cómo vamos a acercarnos a ellas, cómo vamos a fomentar su acceso a un sistema sanitario, educativo, social…en una sociedad que las ve como delincuentes? De nuevo incremento de la estigmatización y de la exclusión social

.//….

Cuestiones como las señaladas fueron incluidas de forma concreta en las alegaciones y expresadas a los responsables municipales, que quedaron comprometidos a estudiar y en su caso aceptar algunas de ellas, a establecer un proceso de diálogo y, en todo caso, a informarnos a nosotros y otros colectivos, del resultado final que se iba a presentar a aprobación en el pleno municipal.
Nada de ello ha sucedido. De forma oscurantista, vulnerando compromisos adquiridos y pasando por encima de la cacareada transparencia y participación ciudadana, mañana se presenta en pleno una Ordenanza en la que “suponemos” apenas se habrán tenido en cuentas las propuestas presentadas.

Unas ordenanzas por cierto que solo cuenta con el apoyo del 25% de la población (según encuesta publicada por La Voz antes de las elecciones generales del año 2011) y que la mayoría de colectivos sociales han rechazado.

Queda poco pues que decir, sino seguir reiterando nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y por tanto nuestro rechazo a esta Ordenanza que, una vez estudiada y analizada por nuestros servicios jurídicos, no dudaríamos de recurrir en su caso.

 

 

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APDHA se suma la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía

Andalucía, 14/03/2013

 

 

“Las administraciones deben estar a la altura de las necesidades reales de la población”

 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental, por lo que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Estamos viviendo una verdadera situación de Emergencia Habitacional en Andalucía: chabolismo (los tradicionales y los nuevos asentamientos), personas sin hogar, jóvenes que no pueden acceder a este bien básico, hacinamiento, infravivienda, desahucios continuados…  En 2011, Andalucía fue la región donde se produjo el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y la segunda comunidad autónoma con mayor número de lanzamientos, un total de 9.864. En contraste con estos datos, en Andalucía se han estimado más de 500.000 viviendas vacías (informe de LDC 2011).

 

Ante esta situación insostenible entendemos que la Junta de Andalucía debe declarar el Estado de Emergencia habitacional y poder tomar medidas adecuadas y proporcionales al drama que estamos viviendo y que tantas personas están padeciendo de forma injusta. 

La sociedad se está organizando de diferentes maneras para abordar esta situación de emergencia: presentando una ILP, parando desahucios, negociando colectivamente, realojándose en viviendas desocupadas, etc. El movimiento por el derecho a la vivienda, del que la APDHA forma parte, está haciendo un trabajo muy importante y necesario en la defensa efectiva del derecho a la vivienda.

La APDHA entiende que las personas no se pueden sentir en desamparo, en una lucha que entiende desigual, con unas leyes que defienden a una parte y dejan a su suerte a una mayoría de personas. La Declaración del Estado de Emergencia Habitacional es un paso necesario para la defensa activa del derecho a la vivienda y abrirá una posibilidad real de abordar una situación que es insostenible.

Estamos ante una situación de emergencia habitacional y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:

1- Paralización de todos los desahucios y desalojos de primeras viviendas, acordando la permanencia en los domicilios en espera de una situación válida que garantice el derecho a la vivienda.

2-  Erradicación de la infravivienda, satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

3- Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

4- Despenalización  de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

Y las respuestas deben darse hoy, poniendo al servicio de las personas las casas que están deshabitadas.  Cada día que pasa es un día perdido para solucionar lo que aún es posible y que no se solventará mirando para otro lado o desalojando y desahuciando de espaldas a la sociedad.

 

 

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Unas reflexiones de APDHA-Cádiz con relación al Decálogo de "APRECO" sobre la venta ambulante en Puerto Real

Cádiz, 13/03/2013

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere expresar su preocupación por la campaña que ha puesto en marcha APRECO, Asociación de Empresarios y Comerciantes de Puerto Real.

Debemos de entrada decir que nos sentimos solidarios y comprendemos la situación del comercio y de las empresas en nuestra localidad. Es una expresión de una crisis profunda y sobre todo de políticas nefastas que favorecen a los grandes, bancos y especuladores, perjudicando a la clase media, a la gente trabajadora y al pequeño comercio y pequeñas empresas.

Ante esta situación no cabe sino ponerse codo con codo, toda la ciudadanía, y rebelarse contra el recorte de los derechos que todos y todas estamos sufriendo.

Lo que nos preocupa y no parece de recibo es que se pretenda culpar de la situación de falta de competitividad y de los efectos de la crisis a otras personas que, además sufren todavía en mayor medida, las consecuencias de la misma. Reiteramos que comprendemos situaciones difíciles que vivimos toda la sociedad, también el pequeño comercio, autónomos y pequeña empresa, pero que no se puede señalar como responsables de la misma a quienes no tienen ninguna responsabilidad y además padecen las consecuencias todavía en mayor medida.

Que una asociación respetable como APRECO culpe a la gente que no tiene más remedio que buscarse la vida no parece propio de la seriedad de la misma y seguramente no se habrá meditado suficientemente. ¿Tal vez son culpables de la crisis del comercio local los que cogen y venden muergos en nuestra localidad? ¿O son responsables los que buscan caracoles y recogen tagarninas o espárragos? ¿O tal vez lo que venden cuatro CDs, dos bolsos y algún que otro paraguas en nuestras calles?

¿En serio se puede afirmar que la culpa de la destrucción de empleo y de empresas es de la venta ambulante?

Realmente no es serio. Creemos que es necesario superar la insolidaridad y el buscar chivos expiatorios de problemas que en parte son endógenos y en parte por la situación de crisis que vivimos y que nos hacen padecer a todos, clientes, vendedores ambulantes, pequeños empresario y pequeño comercio.

No creemos que el decálogo difundido por APRECO se sitúe en esa óptica de solidaridad y de ser capaces de contemplar los derechos que como seres humanos y ciudadanos de una misma ciudad que compartimos todos y todas.

Nos parece un decálogo de echar culpas a otros, de señalar a los más débiles –cuyas estrategias de supervivencia hemos de apoyar todos y todas, instituciones, asociaciones y ciudadanía- en vez de dinámicas de desarrollo, nuevas iniciativas y horizontes emprendedores en nuestra localidad.

Desde la APDHA apostamos por ese modelo: un modelo de ciudad que abra sus calles a la  a la diversidad, que brinde  oportunidades a toda la ciudadanía y que no esconda bajo sus alfombras las penurias de quienes quedan a los márgenes de lo legal. Por eso nos parece hiriente que se identifique el deterioro de la calidad de vida y del entorno de la ciudad con la presencia de personas en nuestras calles que no tienen los derechos o los recursos para “legalizar” su medio de subsistencia. ¿De verdad los ciudadanos en general consideramos que se deteriora la calidad y el entorno por que haya personas vendiendo en la calle? O se tratará más bien de una visión preconcebida, despreciativa e incluso hipócrita hacia de la gente sin recursos en nuestra ciudad.

Algunas afirmaciones nos resultan particularmente hirientes y esperamos que sea tan sólo por desconocimiento. Por ejemplo cuando se dice que los vendedores en la calle no pagan impuestos. Lo cierto es que las personas inmigrantes, por ejemplo deben pagar obligatoriamente sus impuestos aunque no hayan vendido ni un paraguas si no quieren quedarse sin permiso de residencia y verse con la amenaza de la expulsión.

¿De verdad creen en APRECO que la venta de las tagarninas, los bolsos, muergos, paraguas o CDs, contribuyen al empobrecimiento de la economía de nuestro país? ¿Será así o serán los defraudadores, grandes y menos grandes, los corruptos y especuladores los que nos están llevando a la ruina? ¿Por qué no se señala en su decálogo este problema que sí es real?

O cuando se habla de explotación laboral. Verdaderamente banalizar sobre este tema es totalmente inadmisible. En su inmensa mayoría estas personas que venden en las calles tagarninas o caracoles, paraguas o coquinas, no están sometidas a la explotación laboral. Sí están sometidas a condiciones de vida difíciles para las que tienen que encontrar formas de sobrevivir. Y además es preciso señalar una lógica perversa que identifica a un sector de la venta ambulante sin autorización, la de los inmigrantes, a un imaginario de fondo racista que siempre los identifica con redes criminales.

Por desgracia no es infrecuente encontrar condiciones leoninas de contratos en determinadas empresas de nuestra localidad, con trabajos de sol a sol y salarios de miseria… Que eso también existe y si es verdadera explotación laboral, cosa que en nuestro pueblo todo el mundo conoce por desgracia. Y calla porque de algo hay que vivir.

Del mismo modo nos resulta algo ofensivo que se identifique la venta no regulada o sin autorización con actividades delictivas. Ni es justo ni es cierto. El que se vendan copias de CDs., por ejemplo, está tipificado como delito menor… La venta de falsificaciones ya está penada... ¿le añadimos más penalidades en nuestro pueblo a la gente que intenta salir adelante mediante la persecución? Pero de verdad preferimos que algunas marcas pues se vean un poco afectadas ante las situaciones de vulnerabilidad y precariedad de quienes intentan ganarse la vida para sobrevivir. Cuando una sociedad no puede garantizar la vida digna de sus ciudadanos no puede además imponer condiciones que impidan la supervivencia.

La APDHA creemos que es necesario negociar los espacios y dejar atrás visiones particulares, interesadas y como en este caso prejuiciadas sobre la gente que tiene más necesidades y que busca estrategias de supervivencia que en la mayor parte de los casos no perjudican a nadie. En estos tiempos de crisis creemos que así piensa la mayoría de nuestro pueblo.

Desde la APDHA nos ofrecemos desde luego para trabajar en este sentido solidario, generoso e integrador, en el que nadie resulta perjudicado. Y dejarnos todos de demagogias populistas y discriminatorias para la gente de nuestro pueblo con más problemas.

La APDHA vamos a organizar una serie de actividades en nuestra localidad con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Racismo en nuestro pueblo el próximo 21 de marzo. En ese marco difundiremos ampliamente un decálogo de la solidaridad. Estamos convencidos del apoyo y colaboración de APRECO y las demás entidades ciudadanas.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su apoyo a las familias de la Corrala “Conde-Quintana” ante su desalojo

Sevilla, 06/03/2013

“Porque las personas son lo primero”

 

 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Cuando los poderes públicos dan la espalda a la ciudadanía ésta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de sus derechos básicos.

Cinco familias en situación de emergencia social decidieron, en junio de 2012, realojarse en un edificio que permanecía vacío desde hace años para poder  disfrutar del derecho a la vivienda. Convirtieron un edificio sin uso en un hogar hasta que una veintena de Policías Nacionales irrumpieron, sin notificación previa y los desalojaron. Ya tenemos en Sevilla otro edificio cerrado y cinco familias más en la calle. 

Cada vez más personas compartimos el lema: “Ni gente sin casa, ni casa sin gente”.  ¿Cuál es la respuesta de las administraciones para estas 5 nuevas familias desalojadas y “tiradas” en la calle con sus pocos enseres? ¿Les dirán,  como suelen hacer desde el Ayuntamiento, que deben acudir a los servicios sociales para esperar durante meses  la posibilidad de ser incluidos en una lista de espera para una vivienda social?  El que estas 5 familias, como otras miles en Andalucía, estén en la calle sin vivienda y en una situación de extrema necesidad es responsabilidad de las Administraciones públicas, que son las que deben velar por el cumplimiento de  los derechos humanos  antes que defender  cualquier otro interés, en este caso el de la propiedad privada.

Estamos ante una situación de emergencia habitacional y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:

1- Paralización de todos los desahucios y desalojos de primeras viviendas, acordando la permanencia en los domicilios en espera de una situación válida que garantice el derecho a la vivienda.

2- Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

3- Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.

4- Despenalización  de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

Y las respuestas deben darse hoy, poniendo al servicio de las personas las casas que están deshabitadas.  Cada día que pasa es un día perdido para solucionar lo que aún es posible y que no se solucionará mirando para otro lado o desalojando y desahuciando de espaldas a la sociedad.

 

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APDHA condena el asesinato del joven palestino Arafat Jaradat en un centro de interrogatorios en la cárcel israelí de Megiddo 

Andalucía, 26/02/2013

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA) hace un llamamiento a las instituciones de nuestro país y a las de la Unión Europea, en virtud de las obligaciones que conllevan los Convenios Internacionales firmados, a condenar la muerte de Arafat Jaradat, palestino de treinta años, natural de Sair en Hebrón y padre de dos hijos de dos y cuatro años, que había sido arrestado por el Ejército ocupante bajo la acusación de tirar piedras a colonos israelíes, ilegalmente asentados en Cisjordania.

Aunque la policía política israelí, el ShinBet, ha declarado que Jaradat falleció de un paro cardiaco, la autopsia realizada demuestra la existencia de numerosos huesos rotos en cuello, columna vertebral, brazos y piernas, según ha declarado Issa Qarafe, ministro de Asuntos de los Presos de la Autoridad Palestina en rueda de prensa en el día de ayer.

Como denunciábamos días pasados en un comunicado conjunto con las asociaciones palestinas de defensa de los presos palestinos Addameer, y Al Haq, y la israelí Médicos para los Derechos Humanos, con motivo de la huelga de hambre de Samer Issawi, el ordenamiento jurídico, el sistema judicial y el aparato penitenciario israelíes favorecen, y amparan la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los detenidos palestinos, privándoles del derecho a una acusación, a un juicio justo, a hablar con su abogado o a comunicarse con su familia, y sometiéndolos  a condiciones de detención inhumanas, tratos degradantes y a tortura. 

Desde 2003 se han registrado setecientas quejas por torturas en las prisiones israelíes, y ninguna de ellas ha sido investigada. Ha habido cincuenta y tres muertes por negligencia médica y setenta y dos muertes a causa de la tortura en las prisiones de la ocupación desde 1967. La muerte de Arafat es la segunda de este año atribuida a detención israelí; Ashraf Abu Dra' fue objeto de una negligencia médica durante su detención y murió el 21 de enero de 2013 por un coma mortal poco después de su liberación.

La APDHA coincide con la asociación palestina Addameer en considerar la muerte en prisión de Arafat Jaradad como un crimen de guerra porque viola la IV Convención de Ginebra, relativa a la población civil bajo ocupación, que prohibe expresamente la tortura en sus artículos 31, 32, 146, y 147 y advierten que el silencio de la comunidad internacional favorece la impunidad con la que estos crímenes se realizan.

Hay en estos momentos cuatro mil ochocientos doce presos políticos, de los cuales doce son mujeres y doscientos diecinueve menores de edad, que han sido arrestados muchos de ellos de forma arbitraria, reducidos a régimen de aislamiento, incomunicados y sin derecho a recibir visitas. La mayoría de ellos se negó a comer el día de ayer en señal de luto por la muerte terrible del joven Jaradad y en solidaridad con su familia.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide a nuestras instituciones que se realice una investigación internacional, totalmente independiente del régimen de apartheid israelí, para esclarecer responsabilidades, perseguir a los culpables materiales de estos hechos e impedir la existencia de un limbo jurídico en aquel país.
              


Andalucía, 25 de febrero de 2013

 

Nota:
transcripción de los artículos de la IV Convención de Ginebra citados en el comunicado

Artículo 31 Prohibición de la coacción

No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones.

Artículo 32 Prohibición de castigos corporales, de tortura, etc.

Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresamente emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares.

Artículo 146 Sanciones penales. I. Generalidades

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el siguiente artículo.
Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad.[...]

Artículo 147 II. Infracciones graves

Las infracciones graves a las que se refiere el anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.

 

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Posicionamiento de APDHA sobre la situación de los presos políticos palestinos en huelga de hambre  

Andalucía, 22/02/2013

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha decidido adherirse en todos sus términos al comunicado conjunto de las asociaciones palestinas Addameer, y Al Haq, de defensa de los Derechos de los Presos Palestinos, y la israelí Médicos por los Derechos Humanos y recordar a las instituciones españolas y europeas, como representativas de naciones miembros de las Naciones Unidas y países firmantes de la IV Convención de Ginebra, relativa a la población civil bajo ocupación, de la obligatoriedad de atender el llamamiento urgente de La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y del relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina, Richard Falk, de utilizar todos los recursos que les confiere el Derecho Internacional para forzar a Israel a poner fin al trato ilegal e inhumano contra los presos palestinos, a respetar sus derechos, incluído el de recibir visitas, y a poner fin a las denominadas "detenciones administrativas" que permiten encarcelar durante años, por períodos renovables de seis meses, sin acusación pública, ni asistencia jurídica, a numerosos ciudadanos palestinos (en la actualidad 178). Y pedir la liberación inmediata de los cuatro presos en huelga de hambre cuyas vidas corren serio peligro: Samer Issawi, Tareq Qaadan y Jaafar Azidine, y Ayman Sharawna.

 

Declaración conjunta de Addameer, Al-Haq y PHR-I :
necesaria acción inmediata para asegurar que Israel respete los derechos de los huelguistas de hambre

Ramallah, Jaffa, 20 de febrero de 2013 - Addameer, Al-Haq y Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHR-Israel) expresan su grave preocupación por la salud de los cuatro palestinos en huelga de hambre y su indignación por el continuo uso de la detención administrativa por Israel como práctica generalizada para castigar y reprimir la disidencia palestina contra la ocupación israelí. Violando el derecho internacional, el Servicio de Prisiones de Israel (IPS) ha prohibido a los huelguistas de hambre las visitas familiares, y también les ha negado el acceso a los abogados de Addameer y a los médicos independientes. Debido al uso de la detención administrativa y la ausencia de un proceso legal para los palestinos en el sistema de tribunales militares, una huelga de hambre representa la única herramienta no violenta disponible para los detenidos administrativos y otros presos políticos que luchan por sus derechos humanos fundamentales.

Cada uno de los presos en cuestión ha sido puesto en aislamiento como medida punitiva en algún momento de su huelga de hambre, además de ser sometido a otras formas de malos tratos e intimidación. Estos incluyen palizas, cacheos y registros de las celdas casi diarios, y ser esposados a las camas del hospital. Además, el IPS ha confiscado todos los efectos personales de los prisioneros.

En la audiencia de ayer, a Samer Issawi, que está en peligro de muerte y pesa menos de 48 kilos por la huelga de hambre intermittente desde hace más de 200 días, se le negó la libertad bajo fianza por el Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén. Samer está protestando por su nueva detención arbitraria después de ser liberado en el intercambio de prisioneros el 18 de octubre de 2011. Utilizando el artículo 186 de la orden militar 1651, el fiscal militar pide que él cumpla los veinte años restantes de su sentencia anterior. Samer sufre varios problemas de salud, incluyendo la presión arterial y el ritmo cardiaco irregular, dolor en la región renal, dolores de cabeza constantes y dolor muscular.

Tarek Qa'dan y Jafar y Azzidine están en huelga de hambre desde hace 86 días como protesta contra su detención sin cargos ni juicio. Ninguno de ellos conoce la información sobre la que se basa su detención, lo que les incapacita para impugnar eficazmente la orden de detención administrativa. El 12 de febrero, Tarek y Jafar dijeron al abogado de PHR-Israel que ya no estaban tomando ningun suplemento o vitaminas, añadiendo así otra grave amenaza para sus vidas. Tarek y Jafar fueron informados por el médico de la cárcel de que debido al rápido deterioro de su salud, ellos corren el riesgo de un ataque cardiaco inminente, a menos que reciban tratamiento médico adecuado. Ambos han expresado su deseo de recibir un reconocimiento médico imparcial de los médicos de PHR-Israel, sin embargo, esta petición ha sido ignorada por el IPS. Tarek y Jafar están bajo órdenes de detención administrativa que deben expirar el 22 febrero de 2013.

Ayman Sharawna está en huelga de hambre desde el 1 de julio de 2012, a excepción de un breve respiro en enero de 2013 cuando creyó que su caso iba en una dirección positiva. Él protesta contra el intento de la fiscalía israelí para que cumpla los 28 años restantes de su condena anterior. Ayman fue puesto en libertad en el intercambio de prisioneros el 18 de octubre 2011 pero fue detenido de nuevo el 31 de enero de 2012. Desde entonces, ha estado detenido sin cargos ni juicio, conforme a un "archivo secreto administrativo" que afirmaba que había violado los términos del acuerdo de intercambio. Ayman y su abogado no han tenido acceso a este archivo secreto ni se les ha permitido conocer la naturaleza de su supuesto incumplimiento del acuerdo. En la audiencia de hoy en el Tribunal Supremo para impugnar la legitimidad de su detención conforme a la orden militar 1651, artículo 186, el caso de Ayman fue remitido al Tribunal Militar, que verá su caso en una fecha posterior. Estando en el tribunal, Ayman dijo al abogado de Addameer que desde el 16 de enero sólo había tomado agua. Ayman también está bajo una continua presión del Servicio de Seguridad General israelí para que termine la huelga de hambre.

La práctica generalizada de la detención administrativa por parte de Israel constituye una violación grave del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Aunque la detención administrativa está permitida por la ley humanitaria internacional, debe ser utilizada sólo bajo circunstancias excepcionales, ya que viola los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a un juicio justo. En este momento hay 178 palestinos detenidos bajo órdenes de detención administrativa, entre ellos cinco miembros del Consejo Legislativo Palestino elegidos democráticamente. Los detenidos administrativos deben tener derecho en todo momento de habeas corpus, deben ser informados de los motivos de la detención y se les debe permitir recibir visitas familiares regulares. Esta forma de detención arbitraria también infringe los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En marzo del año pasado, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU instó a Israel a poner fin a su práctica actual de detención administrativa, lo que constituye detención arbitraria y discriminatoria en virtud de la ley internacional de derechos humanos. Del mismo modo, Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea, esta semana pidió a Israel el restablecimiento inmediato del derecho de los huelguistas de hambre a las visitas familiares y exhortó a Israel a presentar cargos formales contra los huelguistas con el fin de garantizarles un juicio justo y sin demora. También esta semana, el Secretario General Ban Ki-moon, reiteró el llamamiento a Israel para que los detenidos administrativos sean acusados y se les garantice un juicio justo, o sean liberados inmediatamente.

Estos llamamientos a Israel para que acate sus obligaciones con el derecho internacional son el eco de otros incontables que han sido emitidos por la comunidad internacional durante décadas. Nos preocupa que, al igual que antes, éstos van a ser ignorados por Israel hasta que los Estados miembros de Naciones Unidas empiecen a reforzar su retórica con acciones concretas para garantizar que Israel ya no pueda violar el derecho internacional con total impunidad.

Addameer, Al-Haq y PHR-Israel exigen que todos los presos en huelga de hambre sean trasladados a hospitales civiles inmediatamente, donde deberán recibir una atención médica adecuada sin ser esposados. El encadenamiento de los presos huelguistas en los hospitales civiles es una violación de la ética médica, así como de las directrices del Ministerio de Salud de Israel, de la Asociación Médica Israelí, y del IPS. Además, las visitas familiares y el acceso regular a la atención médica independiente y a los abogados deben ser plenamente restablecidas. En ausencia de cargos formales contra los huelguistas de hambre y los detenidos administrativos en general, y teniendo en cuenta que el sistema judicial israelí no ofrece un proceso judicial justo y transparente para los palestinos, --un punto que fue reiterado por la Misión de investigación sobre los Asentamientos de la ONU--, Addameer, Al-Haq y PHR-Israel, exigen también que los cuatro presos y los detenidos administrativos restantes sean liberados sin demora.

 

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La crisis vulnera aún más los derechos fundamentales de la mujer 

Andalucía, 07/03/2013

 

Manifiesto con motivo del 8 de marzo, día de la Mujer

Imagen: cartelesdelmundo-ppatt.blogspot.com

Dentro de un panorama en el que se impone el sistema financiero y mercantil sobre la dignidad de las personas, surgen políticas restrictivas y de recorte de derechos que hacen que las mujeres sean las grandes perdedoras. Se ponen en peligro cuestiones como el trabajo de las mujeres en apoyo a las personas dependientes; el acceso al derecho a interrumpir un embarazo no deseado, el derecho al uso de una vivienda digna… A esto sumamos la situación de las mujeres de los colectivos más vulnerables, que nunca han sido atendidas adecuadamente: las mujeres en prisión, en exclusión y marginación,  las mujeres mayores con pensiones mínimas, las mujeres explotadas laboralmente dentro de la economía sumergida, las inmigrantes sin papeles y, en especial, las trabajadoras del sexo.  

Hoy, la Europa de las “libertades” y la “Democracia” fustiga a los Estados con innumerables medidas de austeridad que repercuten en sus obligaciones sociales. En este paisaje, sentimos un miedo incontenible de perder los avances que se han conseguido en  cuestiones de Igualdad entre hombres y mujeres. Avances logrados tras acciones y luchas reivindicativas desembocadas en normativas y preocupaciones sociales y políticas que apostaban por la igualdad. La cuestión es que, cuando de la economía se trata, la situación de las mujeres  pasa a un segundo plano.

A pesar de la crisis que estamos viviendo, no ha habido cambios  en los sistemas  económicos  que los humanicen y adapten a las necesidades de las sociedades y las personas que las conforman. 

Las políticas restrictivas de las garantías sociales mínimas en Europa, y en España, afectan a los niveles de igualdad. Se impone el sistema financiero  y mercantil sobre todas las cosas. No importa que con él se retroceda décadas en la vida de muchas personas.

El desmantelamiento del sistema público de servicios básicos repercute más en la mujer

Con infinidad de cuestiones aún pendientes en asuntos de equidad y de justicia social, con  unas pocas políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación de la vida  familiar  y  laboral que tenemos asentadas, asistimos al desmantelamiento del sistema público de servicios básicos.

Incluso, aunque con ello se ponga en peligro cuestiones tan importantes como el apoyo a las personas dependientes y a las que emplean parte de sus vidas en cuidarlas; éstas últimas en su mayoría mujeres. 
Nos parece igualmente problemático que convicciones morales particulares puedan tirar por tierra años de lucha por normalizar la educación sexual y crear la libertad y las garantías sanitarias oportunas que permitan acceder al derecho a interrumpir un embarazo no deseado.

Tampoco se inmutan ni muestran un ápice de sensibilidad quiénes ordenan los desahucios. En muchos casos se trata de familias monoparentales, en las que a su cabeza hay una madre sola  enfrentando una situación de paro y pobreza.

Porque la pobreza iguala, sí, precisamente es lo que más iguala. Si a los recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales y tantos otros, sumamos el desinterés por observar cómo estos afectan a la situación de colectivos más vulnerables, entonces quizá podamos asegurar que durante un tiempo de espejismos embaucadores sólo se hacía y decía lo “políticamente correcto” y poco más en los temas relacionados con la situación de muchos colectivos de mujeres.

Porque si los avances y  los cambios  hubieran sido fuertes y sólidos, hoy nadie se atrevería a   tirar por tierra muchos logros pretendidamente conseguidos. Nos podemos preguntar ahora qué va a pasar en colectivos en contextos de pobreza cuando la universalización de los servicios sanitarios, o educativos no estén al alcance.

Y profundizando más en cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres, qué  va a pasar con lo nunca bien abordado, lo nunca atendido en su medida justa: las mujeres en prisión,  en exclusión y marginación,  las mujeres mayores con pensiones mínimas, las mujeres y la explotación laboral  de la economía sumergida, las inmigrantes sin papeles, y tantas y tantas cuestiones. 
En la mayoría  los casos de vulneración de los derechos fundamentales de mujeres hay detrás  una violencia estructural del sistema.

Las mujeres que ejercen la prostitución

En la fecha del 8 de marzo caben muchas reivindicaciones, quizá faltarán fechas y años  para poder recogerlas. En la de este año queremos  abordar el tema de la PROSTITUCIÓN,  y todo lo relacionado con la dignidad de las personas que la ejercen.

Es obvio que la PROSTITUCIÓN es un fenómeno muy complejo. Muchas y muy distintas son las circunstancias, las situaciones socio-económicas de quienes la ejercen y de quienes la demandan. Por ello, tendemos a posturas  radicales que generalizan demasiado y miden con el mismo rasero  cosas diferentes.

Sentimos el compromiso de avanzar en el conocimiento de las realidades que viven quienes trabajan en el contexto de la prostitución, y centrarnos en aquéllas situaciones que presentan mayores problemas de exclusión social.
Tenemos la firme convicción que la solución a muchos problemas relacionados con la prostitución está  en  las mejoras de las condiciones laborares y de vida de quiénes  se dedican al trabajo sexual.

Nuestra postura está comprometida con el reconocimiento de los derechos laborales,  el empoderamiento de las mujeres que libremente hayan optado por la realización de la actividad  como medio de conseguir su remuneración económica, con el acompañamiento y apoyo a quiénes se encuentran en situaciones de vulneración de sus derechos.

Queremos denunciar rotundamente como la proliferación de ordenanzas municipales  empeoran y  ponen en una mayor precariedad  el ejercicio de la prostitución en la calle, queriendo invisibilizar una realidad social   a la que no se va atender  y que, aunque se haya hecho constar en el momento de las sucesivas apariciones de las ordenanzas,  nunca llevan una contrapartida de acciones sociales   que  ayuden en alguna medida en la situación creada.

 

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La Delegación de Campo de Gibraltar de APDHA expresa su apoyo a la manifestación que la Marea Ciudadana ha convocado el 23F en Algeciras 

Algeciras, 19/02/2013

 

Vivimos una situación social insostenible en el marco de una pérdida de derechos sin precedentes. Con la excusa de la crisis están acabando con todas las co nquistas sociales y la corrupción está aflorando en todos los rincones del entramado institucional.

Por cada recorte que se nos impone surgen nuevos escándalos de corrupción en la clase política y empresarial, echando por tierra cualquier excusa en justificación de las medidas de “ajuste” adoptadas. Han perdido por completo la poca credibilidad que tenían y dejado al descubierto los verdaderos intereses que se ocultan tras cada reforma, que no son otros que el enriquecimiento de unos pocos (con nombres y apellidos), de los bancos, especuladores y capital financiero, a costa de la inmensa mayoría de la sociedad.

La corrupción que aflora en todos los rincones del entramado institucional al más alto nivel, está ahondando el distanciamiento  entre esas instituciones y la mayoría de la población. A través de un agotado modelo bipartidista (donde la democracia se diluye por la falta de representatividad, de posibilidades reales de participación o por el rodillo de las mayorías absolutas), han conseguido alejar al ciudadano de las decisiones y responsabilidades políticas, anteponiendo los intereses de los mercados y la banca al de las propias personas.

Y esto resulta totalmente intolerable. Entre todos seguimos pagando a los mismos que nos han hundido en la miseria y que siguen llenándose los bolsillos sin ningún control. El modelo actual está gripado. Y son cada vez más los que exigimos cambios radicales en el sistema democrático. Muchas voces están concretando ante la sordera y el autismo de la llamada “clase política”, los imprescindibles cambios necesarios.

No podemos sentirnos representados por personas o partidos que solo buscan su propio beneficio, haciendo alarde de hipocresía, mintiéndonos y asfixiando a la gran mayoría de la población con total descaro e impunidad.

Están desmantelando los sistemas públicos de sanidad y educación, considerándolos como un negocio y no como un derecho, y dificultando el acceso a los mismos en igualdad de condiciones.

La reforma laboral que cumple un año ha facilitado la destrucción de empleo y ha favorecido que el paro crezca hasta extremos pavorosos. Con más del 40% de la población activa en la provincia de Cádiz en situación de desempleo, el derecho al trabajo se ha convertido ya en una quimera. Además, asociaciones como Cáritas y Cruz Roja denuncian que ya son casi 70.000 las familias que tienen que acudir a los Bancos de Alimentos para subsistir, debido a que más del 40% del total de desempleados en la provincia no reciben prestación alguna.

La pobreza y exclusión aumentan escalofriantemente. A esta situación de pobreza hay que añadir en muchos casos la pérdida de la vivienda, otro derecho que, llega al Congreso a través de la ILP y que el desprestigiado parlamento ha tenido al menos que aceptar debatir ante el drama de los suicidios por la enorme presión social.

Todo ello para salir de una crisis que no es una crisis sino una estafa; para pagar una deuda que, además de odiosa, es ILEGÍTIMA, ya que se ha generado precisamente por los rescates bancarios y la rebaja o evasión de impuestos de las grandes empresas y fortunas. Se destinan todos los recursos del país a reducir el déficit y a pagar la deuda, sin dejar nada para la economía productiva o las necesidades de los ciudadanos, y sin tener en cuenta las alternativas que estos presentan.

Desde la Delegación de Campo de Gibraltar de APDHA consideramos imprescindible la movilización social en defensa de nuestros derechos y libertades. Por ello llamamos a la participación en la MANIFESTACION DEL SÁBADO DIA 23 DE FEBRERO, SOBRAS MOTIVOS.

 

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ACTIVIDADES DEL 21 DE MARZO: DÍA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
¡Participa en los actos de nuestras delegaciones!
 

 

Para consultar el listado completo de actividades, haz clic aquí 

 

 

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