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Derechos Humanos de Andalucia
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Asunto:[InfoApdha] 2013-04-18
Fecha: 18 de Abril, 2013  13:09:47 (+0200)
Autor:infoapdha <infoapdha @.....org>

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 InfoAPDHA, Boletín Digital de la APDHA - 18 de abril de 2013, 10.940 suscriptores
 

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  • Los presos cordobeses y andaluces llevan un año sin abogados de oficio  +info

  • La APDHA rechaza la propuesta del Gobierno de modificación del acceso a la nacionalidad española +info

  • Comunicado de APDHA-Málaga ante los intentos de la empresa municipal de aguas de restringir el derecho a la misma a los habitantes del barrio de la Palmilla +info

  • Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia +info

  • Crónica del Foro Social Mundial en Túnez, marzo de 2013 +info

  • AEDH: Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia +info 

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APDHA-Cádiz: 3610 firmas exigen que se establezca servicio de transporte público a las prisiones

Delegación de Cádiz, 16/04/2013

 

Esta mañana se han entregado 3.610 firmas en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pidiendo que se habilite servicio de transporte público urbano a las tres cárceles existentes en esa localidad.

 

Desde hace varios meses la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, junto a la Pastoral Penitenciaria, venimos reclamando que se habiliten líneas de transporte público a las prisiones de nuestra comunidad en general y a las cárceles de El Puerto en particular.

Aproximadamente tres mil personas cumplen condena entre las tres cárceles portuenses. Unas cárceles que, como casi todas, están alejadas del núcleo urbano y no llega ningún servicio público de transporte. Las personas con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de El Puerto de Santa María deben abonar cantidades elevadas en taxis (entre 60 y 100 €) para poder visitar a sus familiares porque no existe otra manera de llegar. 

Por ello, esas familias con menos recursos económicos, que son la mayoría de las de las personas presas, no pueden visitar a sus familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica. Esta situación provoca no solamente grandes quebrantos en las precarias economías sino un sufrimiento añadido por la falta de relación con el familiar preso. Se produce una ruptura de las relaciones familiares y además se dificulta la reinserción de la persona presa, aislándola de su entorno, separándola de sus hijos y familias, y convirtiéndola en una extraña, lo que le hará mucho más difícil integrarse en la sociedad una vez en libertad. 

Además de ello, en Andalucía la ley 2/2003 dispone que la Consejería de Obras públicas y Vivienda y los Ayuntamientos, en colaboración con el Ministerio de Justicia, “deben facilitar el uso del transporte público, especialmente en el caso de personas con menos recursos”.

A lo largo de estos meses, nos hemos entrevistado con el Delegado de Fomento y con la Gerencia del Consorcio de Transporte, estando en vías de establecerse un servicio mínimo de transporte, al menos los fines de semana, aprovechando que pasan líneas relativamente cercanas que se dirigen a Rota o Sanlúcar, posiblemente a partir del 1º de mayo.

Sin embargo, estas paradas interurbanas debieran ser complementadas con algunos servicios al menos durante el fin de semana por parte de los autobuses urbanos, para cubrir de un modo mínimamente eficaz el servicio y el acceso al mismo por los visitantes de las prisiones. No se ha conseguido hasta el momento una entrevista formal con los responsables municipales para discutir esta posibilidad. Simplemente se ha contestado por carta que no es rentable el servicio.

La APDHA espera que estas firmas hagan reflexionar al gobierno municipal de El Puerto, para poner un servicio de alta rentabilidad social, que por otra parte no resulta especialmente gravoso para las arcas municipales. Y ha reiterado la petición de mantener una reunión al respecto con la concejalía responsable de este tema, que confía en que sea atendido con prontitud.

 

 

 

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Los presos cordobeses y andaluces llevan un año sin abogados de oficio 

Delegación de Córdoba, 13/04/2013

 

 

  • 15.775 personas presas afectadas por una guerra entre administraciones
  • El Consejero de Justicia ha dado excusas distintas para no reanudar el Servicio

    La APDHA se concentra en la Prisión de Córdoba exigiendo la inmediata reinstauración de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica (SOAJP). Se informa a los familiares y amigos de los presos de la situación animando a que éstos se movilicen en prisión.

    Las personas privadas de libertad en los 20 establecimientos penitenciarios andaluces, trece centros penitenciarios ordinarios y siete centros de inserción social, están desatendidos jurídicamente por la falta de voluntad de la Consejería de Justicia en la financiación del Servicio. En el último año de funcionamiento del servicio fue utilizado por más de la mitad de los presos, en concreto se realizaron 9.000 asistencias.


 

Los objetivos y funciones del servicio se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Las personas presas que pueblan las prisiones andaluzas provienen en sus ¾ partes de las barriadas más excluidas de las ciudades,  la gran mayoría carecen de recursos económicos (son pobres), sobre el 80% son drogodependientes, el 8% padecen enfermedades mentales graves y el 40%  trastornos mentales y de personalidad, el 1% son analfabetos y el 10% analfabetos funcionales.

La Consejería de Justicia adoptó el 17 de abril de 2012 la decisión de notificar a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración que se había elaborado en el año 2008 entre Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados. Desde el 2001 hasta el 2008 se había funcionado sin la participación del Ministerio.

La APDHA presentó contra dicha decisión una queja con más de 1.000 firmas de presos ante el Defensor del Pueblo Andaluz, así como queja ante el Estatal. Se organizó una campaña con otros colectivos sociales, realizándose concentración en el Parlamento Andaluz, preguntas parlamentarias y petición de comparecencia del Consejero de Justicia,… (Más información en www.reanudacionsoajp.es)

La primera excusa de la Consejería fue pues la necesidad de firma del Convenio por el Ministerio del Convenio. Reunidos con el Consejero de Justicia se comprometió con la APDHA que si el Ministerio comunicaba que el servicio se podía seguir prestando sin su firma del Convenio, éste sería renovado con los Colegios. Dicho documento se consiguió y le consta a la Consejería. Con posterioridad, una vez que esta excusa fue desmontada, han venido otras: que era imprescindible dicha firma para coordinarse mejor, que  si el servicio no era necesario porque los presos estaban atendidos por juristas funcionarios de prisión, defensor del pueblo, fiscales y jueces de vigilancia… De manera incoherente se afirmaba por el Consejero la buena valoración del servicio y su deseo de renovarlo.

A modo de conclusión, el Defensor del Pueblo Andaluz, en fecha 10 de diciembre de 2012, comunicó que las excusas manifestadas no eran suficientes para la suspensión del SOAJP, acogiendo nuestra petición. Señaló que:

“A esta Institución le parece el SOAJP un Servicio esencial para que la población penitenciaria esté debidamente atendida desde el punto de vista de la información y asistencia jurídica, a lo largo de todas las fases de la ejecución de sus penas privativas de libertad.
Por nuestra experiencia de años atendiendo quejas de prisiones, sabemos de las enormes carencias informativas que padece esta población, sin que los juristas penitenciarios puedan resolver las consultas y peticiones que les pudieran presentar los internos, no sólo porque la mayor parte de sus funciones sean las de asesoramiento jurídico en general para la Dirección de los establecimientos penitenciarios y sus órganos colegiados, sino por el muy escaso número que representan en la plantilla de funcionarios de prisiones.
Por todo ello creemos que las propuestas que se nos ha formulado deben ser debidamente consideradas y estudiadas ante la eventualidad de un bloqueo indefinido del Convenio Tripartito por parte de la Administración Central y deben buscarse fórmulas alternativas para la reanudación del Servicio.
Conviene recordar que bajo la vigencia y aplicación de dichos convenios bilaterales, el S.O.A.J.P. ha funcionado durante 6 u 8 años, según los casos, a plena satisfacción y con el patrocinio y financiación de esa Consejería”.


Toda la información sobre la campaña en: www.reanudacionsoajp.es

 

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La APDHA rechaza la propuesta del Gobierno de modificación del acceso a la nacionalidad española

Andalucía, 01/04/2013

 

Imagen de www.amodominicana.com 

Desde hace unos días circula un borrador del Gobierno español del anteproyecto de reforma de los registros en el que se incluyen unas modificaciones en el procedimiento de acceso y pérdida de la nacionalidad española. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera rechazables esas reformas en base a las siguientes consideraciones:

-Establecimiento de un examen oficial de “lengua e integración en la sociedad española” para los solicitantes. Teniendo en cuenta la dudosa efectividad de este tipo de instrumentos para acreditar la integración demostrada en los países que ya están implantados, entendemos que la medida es más un impedimento administrativo que dificulta el acceso a la nacionalidad basado en una visión ideológica de la misma, vinculada a lo identitario y alejada de una perspectiva democrática e inclusiva. 

-Asunción de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por parte de las notarías en detrimento de de los juzgados encargados del Registro Civil. Esta circunstancia supone una suerte de privatización parcial del procedimiento, que por una parte seguramente representará un incremento de los costes para los solicitantes y por otra la desaparición de las garantías que supone la supervisión judicial de un proceso con un impacto de gran calado en los derechos fundamentales de las personas extranjeras.

-Introducción de “razones imperativas de orden público, de seguridad o interés nacional” como causa de pérdida de la nacionalidad española no de origen. Al grado de discrecionalidad y subjetividad que otorga una causa explicitada con unos términos tan ambiguos se suma la utilización como medio de control político de las personas nacionalizadas que esa misma literalidad podría facilitar al Gobierno español.

Por lo expuesto, desde la APDHA entendemos imprescindible la retirada de esas propuestas del citado borrador. En caso de que se plantee una reforma del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española, ésta debería estar encaminada a incluir esa visión democrática e inclusiva que facilite el acceso a la misma a las personas extranjeras establecidas en España si así lo desean, para lo que podrían reducirse los plazos de residencia exigidos o dar un mayor peso al hecho de nacer en suelo español, entre otras medidas. Y, dando un paso más allá, consideramos necesario avanzar en la desvinculación del reconocimiento pleno de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos fundamentales de la nacionalidad, potenciando el criterio de la residencia estable independientemente de la nacionalidad que se ostente.

 

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Comunicado de APDHA-Málaga ante los intentos de la empresa municipal de aguas de restringir el derecho a la misma a los habitantes del barrio de la Palmilla

Delegación de Málaga, 22/03/2013

 

EL AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El agua es un derecho fundamental de las personas. Así lo expresa la Declaración de la Asamblea del Agua tras el Foro Social Mundial de Belém (Brasil) el 6 de marzo de 2009:

El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable de todos seres vivos. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad y de la naturaleza: no es mercancía.

Rechazamos las formas antiguas y nueva de privatización del agua, inclusive la asociación pública-privada, la privatización del servicio de saneamiento y el manejo con lógicas privadas de las empresas publicas.

Exigimos que cualquier ser humano tenga acceso y derecho al agua de buena calidad y en cantidad suficiente para la higiene y la alimentación.

La gestión del agua debe permanecer en el ámbito público y comunitario, con participación, equidad, control social, sin fin de lucro y no debe generar violencia a los territorios preservando el ciclo del agua.

Creemos que la cosa esta clara: el agua, al igual que el aire, son bienes inalienables al ser nesarios para la vida.

El CASO DE LA PALMILLA EN MÁLAGA

Durante años, décadas, ha habido un número indeterminado, pero sin duda numeroso, de enganches ilegales a la red de suministro en barrios como La Palmilla, debido a la situación de pobreza en que se encuentran sus habitantes.

La empresa municipal de aguas, EMASA, no ha sabido o no ha podido solventar esta situación irregular generalizada. Cuando se ha querido actuar se ha hecho con empresas intermedirias de cobros de morosos, reclamando deudas donde no hay contadores y a quienes no son, en muchos casos, los titulares originales.

EMASA acude a través de la empresa cobradora TRACASA casa por casa, amenazando a los vecinos con penas de cárcel a aquellos que no firman un ‘reconocimiento de deuda’ que en muchos casos corresponde a anteriores propietarios. Ancianos, personas con discapacidad, analfabetos y otras personas que no podían comprender el significado de los reconocimientos, han sido engañados y coaccionados a firmar estos documentos, en una conducta claramente fraudulenta por parte de la empresa municipal.

Asimismo denunciamos las falsedades manifestadas por EMASA, puesto que no ha aceptado los documentos que prueban su mala praxis en el cobro del agua y exige cantidades desproporcionadas a miles de vecinos cuyo único ‘delito’ consiste en haber comprado su casa sin escritura pública, dada la imposibilidad de inscribir los inmuebles de La Palmilla en el Registro de la Propiedad.

Se habla de la marginalidad y exclusion social de la Palmilla, pero es la propia EMASA con estos actos la que empuja a la marginalidad a los vecinos, cortándoles el agua y querellándose contra ellos, solicitando de
forma inmisericorde penas de cárcel para los mismos.

En consecuencia, la Delegación de Málaga de la Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucia se une a la campaña de desobediencia civil por parte de las organizaciones vecinales del barrio de la Palmilla, con accionnes como recogida de firmas, defensa de los vecinos, manifestaciones en el barrio, incluyendo una eventual huelga general del mismo.

Asimismo, la Asociacion Pro Derechos Humanos de Andalucia exige la suspensión de los procesos judiciales abiertos, la nulidad de las deudas falsas y el establecimiento de una tarifa social de suministro hídrico para hogares sin recursos.

 

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Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia

Andalucía, 21/03/2013

 

 

El 21 de marzo se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la ONU en 1966. Ese día, un 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. 

Si los siempre execrables sentimientos y actitudes racistas van acompañados de prácticas o incluso de violencia racistas, no solo crea enorme sufrimientos en quienes los padecen, sino que es la sociedad en su conjunto la que se envilece y se denigra.


Lamentablemente, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), tenemos que mostrar de nuevo nuestra preocupación porque las prácticas discriminatorias y el racismo siguen estando presentes en nuestra sociedad e incluso se están incrementando como consecuencia de la situación de crisis que padecemos.

Buena parte de la responsabilidad en esta situación tenemos que achacarla a lo que ya es frecuente denominar “racismo institucional”. Se trata de una discriminación hacia las personas migrantes o simplemente de otra raza, de carácter sistemático y estructural. Se trata de todo un conjunto normativo y legislativo que limita los derechos de las personas según su lugar de nacimiento. Que convierten a una parte de nuestra sociedad en personas de segunda categoría, con menos derechos que la mayoría.

Pero se trata también de otro tipo de actuaciones institucionales muchas veces no reguladas, que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas y las discriminan.

Queremos manifestar, por ejemplo, nuestra preocupación por la proliferación de “ordenanzas” municipales, que limitan el uso del espacio público con la excusa de la convivencia y que son utilizados para la persecución de quienes lo usan (vendedores ambulantes, top manta, personas que ejercen la prostitución, mendigos…etc…).

Señalar también las redadas de inmigrantes y las identificaciones policiales de personas que simplemente tienen caracteres faciales diferentes. Una práctica condenada por la Justicia Europea, pero que se sigue practicando de forma frecuente por parte de la policía.

Racismo institucional y social se retroalimentan puesto que el primero legitima y abriga al segundo y éste alimenta y justifica el primero. Existe un binomio entre el racismo perpetrado desde las estructuras institucionales a través de leyes, discursos y otras iniciativas políticas y el crecimiento de los sentimientos y actitudes racistas en la sociedad.

La crisis no ha ve nido sino a convertirse en un propicio caldo de cultivo para todo tipo de discursos discriminatorios y xenófobos hacia la población inmigrante. Lamentablemente la mirada de muchas personas se dirige hacia nuestros nuevos vecinos como presuntos responsables de la situación que vivimos. La frustración, la angustia ante un futuro cada vez más incierto, la pagamos con los más débiles, y la competencia por el acceso al trabajo y a los servicios básicos se ha recrudecido.

Pese a que la mayor parte de los extranjeros que residen en nuestro país tienen ya un largo período de residencia en España, y por tanto más que inmigrantes deben ser considerados por todos como ciudadanos, se les siguen recortando derechos, entre ellos, por ejemplo, el del derecho al voto.

En este contexto insistimos: Una sociedad no puede ser integradora e inclusiva  sin el reconocimiento efectivo de derechos, y en este punto, el balance es negativo: se aprecia un claro retroceso en el acceso a los derechos más básicos para la población inmigrante: en el acceso a la vivienda, la sanidad, la vida en familia o las prestaciones sociales.

La crisis y las medidas que se han aplicado utilizándola como excusa, han significado un retroceso en la integración de nuestra población inmigrante. En primer lugar por el incremento de las pérdidas de permiso de residencia, lo que se denomina irregularidad sobrevenida.

El acceso a la salud es también un claro ejemplo de este retroceso. La discriminación en general y en el acceso a los servicios sanitarios en particular es objetiva y subjetiva. Y ello se ha incrementado tras la entrada en vigor el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril  en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular.

Los recortes educativos también han afectado de manera sensible a la población inmigrante. Especialmente por la eliminación de recursos de apoyo a hijos de familias inmigrantes, con la previsible consecuencia de la disminución del rendimiento y el fracaso escolar.

Desde la APDHA, en el Día contra el Racismo, no podemos sino mostrar nuestra preocupación y reclamar de las instituciones y de los partidos un discurso antirracista y no discriminatorio. Una política integradora. Y una batería legislativa para avanzar en la igualdad de derechos, que es primer paso imprescindible para la ciudadanía inclusiva.

Y ante la sociedad la APDHA quiere plantear que las políticas de recortes de derechos nos afectan a todos y todas, a migrantes y a quienes no lo son. A personas de una etnia o de otra, a los nacidos en España o en otro país, a los de un color de la piel o de otro color… De esta crisis salimos todos juntos o no salimos.

La sociedad debe saber que quienes de verdad nos arruinan no son las personas que vienen en una patera. Los responsables de esta crisis y los que nos están hundiendo en ella aún más, viajan en yates y se sientan en cómodos despachos de las altas finanzas, de la corrupción, de los bancos o de la política.

Es imprescindible la consideración de los inmigrantes, o de las personas gitanas por ejemplo, como parte de nuestra sociedad a todos los efectos, con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos. La desigualdad social y jurídica, y más en tiempos de crisis, genera fracturas sociales y fenómenos racistas.

No será posible avanzar en este sentido desde el abismo entre las intenciones declaradas y las políticas o el discurso con tintes racistas que no pocas veces se practica desde el gobierno y otras administraciones, o determinados partidos políticos.

En suma, sin la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía (civiles y políticos, sociales, económicos y culturales) a todas las personas de nuestra sociedad sin discriminación por razón de etnia, raza u origen nacional no hay integración y es imposible cercar al racismo y construir una convivencia en paz.

 

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Crónica del Foro Social Mundial en Túnez, marzo de 2013


Mathilde Leborgne, Delegación de Cádiz, 12/04/2013

Si tuviéramos algo que concluir es que el Foro Social Mundial sigue atravesado por algunas de la contradicciones que viene arrastrando desde hace varias ediciones, pero que al tiempo sigue siendo un impresionante espacio de discusión, debate, reflexión, proposiciones, intercambios de experiencias y articulación de movimientos diferentes.

 Del 26 al 30 de marzo la APDHA ha participado en la décimo segunda edición del Foro Social Mundial que se ha celebrado en Túnez. Por tercera vez este acontecimiento tiene lugar en el continente Africano (las anteriores fueron Nairobi y Dakar, en las que también estuvo presente la APDHA). Como se sabe, el FSM es un foro internacional cuyo objetivo es el encuentro de organizaciones y movimientos sociales procedentes del mundo entero y sensibles a la causa altermundialista. Nace precisamente como una alternativa social al Foro Económico Mundial que tiene lugar, cada año, en Davos (Suiza).

En Túnez han participado miles de personas. Se estima en torno a 50.000 personas que vinieron representando a casi 5.000 organizaciones de 128 países diferentes. Hay que subrayar la gran participación de personas procedentes la zona Magreb/Mashreq (Palestina, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia…).

A pesar de algunos problemas de organización, los participantes y algunas personas ajenas al foro están de acuerdo para poner de relieve lo interesante, pero también lo complejo que resulta organizar un acontecimiento tan importante en esta región del mundo y en esos momentos en los que se vive un intenso proceso de construcción y transición democrática.

Representando a la APDHA hemos podido comprobar que nuestra Asociación es ampliamente conocida y respetada entre los movimientos sociales presentes, especialmente las organizaciones procedentes del Magreb. Para nosotros la experiencia ha sido inigualable. Talleres, seminarios, entrevistas, asambleas, pero sobre todo, la vida misma del Foro, el ambiente, la movilización, y también las contradicciones y conflictos visibles, los forcejeos y las rivalidades, se quedan como parte de esa experiencia.

Entre esa vida, las manifestaciones o el mercado de ofertas miles de asociaciones, de gobiernos incluso, pero sobre todo de la artesanía local, en buena parte al margen de las grandes cadenas del mercado capitalista, nos ha dado la impresión de que el Foro está perdiendo en alguna su carácter “Social”. Lo demuestran las tensiones, no sólo entre delegaciones de países diferentes, sino también entre delegaciones de un mismo país, atravesados por conflictos gravísimos, caso de Siria. Lo demuestra la participación de delegaciones casi directa de los gobiernos, especialmente de la zona como Libia, Argelia o Marruecos. Esta última con notoria intención de romper la presencia del movimiento saharaui en el Foro.

Notamos también muy poca participación por parte de África subsahariana, salvo en algunos talleres adonde se habló de los migrantes subsaharianos en Marruecos y también en la Asamblea Mundial de los Migrantes. A parte de esto, muy pocas delegaciones de esta parte del continente asistieron. Nos ha dado la impresión de que ha existido poca intromisión por parte del Gobierno Tunecino en la organización del foro, salvo por la seguridad. Pero si se notaba que estamos ante una situación en Túnez en la que tras la revolución existen enormes sinergias para construir algo nuevo para el país.

Las dificultades que nos han parecido apreciar para construir elementos de conjunto han sido grandes. Pocos elementos de unidad del conjunto del Foro atravesado por las contradicciones que se viven en el Magreb. Excepto quizás la fuerte movilización a favor de Palestina, capaz de unir a todos los sectores. Desde los banderas negras salafistas, difícilmente incluibles en los principios del Foros Social Mundial, hasta la gente más revolucionaria de América Latina o la más moderada de algunas ONGs. Un acuerdo pro palestina que fue ampliamente visible en la movilización final que clausuraba el Foro.

El trabajo que nos marcamos como APDHA no consistió tan sólo en participar en actividades y talleres, sino en ir al encuentro de los participantes para escucharles y entender mejor sus reivindicaciones. La APDHA presentó su último informe “Derechos Humanos en la frontera sur 2013” durante el taller “De México al Mediterráneo: “¡MIGRAR PARA VIVIR! ¡Por el derecho a la libertad de circulación!”. El objetivo de este taller era de “Elaborar propuestas, que puedan transformarse en campañas, que permitan a las personas partir de sus países sin tener que arriesgar sus vidas y de esta forma evitar que las fronteras continúen a estar manchadas de sangre”. Participó también la asociación italiana ARCI comentándonos el caso de Lampedusa, apoyados por los testimonios de los padres de los desaparecidos.

En lo que atañe a lo que llamaremos nuestro “trabajo de campo”, puede dividirse en dos temas principales. El primero se dedicó a la esfera de migración. Así tuvimos la oportunidad de entrevistar a refugiados procedentes del campo de Choucha, cerca de Túnez, que nos contaron su terrible situación, por la que han comenzado una huelga de hambre tras años sin esperanza malviviendo en este campo. También hemos hablado con la abogada de Camara Laye, Coordinador del Consejo de migrantes subsaharianos en Marruecos que fue detenido y se volvió a ser “el símbolo de la represión en contra de los migrantes”. Finalmente pudimos entrevistar a Pierre Delagrange, presidente del Colectivo de las Comunidades Subsaharianas en Marruecos, que nos dio su punto de vista sobre esta realidad. Además, toda la semana hemos participado en las reuniones preparatorias y en la propia Asamblea de convergencia “Asamblea Mundial de los Migrantes”.

En cuanto al segundo tema, hemos intentado acercarnos a la situación de lo que podríamos definir como “post-revolución” en Túnez. Pudimos hablar con sindicatos estudiantiles diferentes, con personas que reivindicaban el derecho al nicab en clase y quienes lo veían de forma contraria. Especialmente interesante fue la entrevista a un colega muy cercano del defensor de los derechos humanos Chokri Belaid, que fue asesinado precisamente por sectores fundamentalista por su labor de oposición democrática y consecuente.

Hemos podido asimismo entrevistarnos con miembros presentes de Siria, tanto los defensores de la Siria de Bachar el Asad, como de la Siria revolucionaria…

Si tuviéramos algo que concluir es que el Foro Social Mundial sigue atravesado por algunas de la contradicciones que viene arrastrando desde hace varias ediciones, pero que al tiempo sigue siendo un impresionante espacio de discusión, debate, reflexión, proposiciones, intercambios de experiencias y articulación de movimientos diferentes.

 

*Mathilde Leborgne, del Instituto de EStudios Políticos de Lille (Francia), realiza prácticas en la delegación de Cádiz de la APDHA y ha asistido al Foro Social Mundial celebrado en Túnez del 26 al 30 de marzo.

  

 

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AEDH: Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia

AEDH, Bruselas 09/04/2013 - La APDHA forma parte la Asociación Europea de Derechos Humanos.

 

Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia – 1er trimestre 2013

En el informe « Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia », Philippe Goossens, miembro del Bureau de la AEDH encargado del tema/expediente Romas, ha compilado las cifras de expulsiones de Roms en Francia para el primer trimestre 2013. Entre todas las regiones francesas, más de 4000 personas han sido expulsadas de su lugar de vida sin solución de realojamiento. La AEDH y la LDH denuncian esta situación y llaman al gobierno francés a cambiar su política con los Roms.


Este estudio ofrece las cifras de las evacuaciones forzadas de Roms extranjeros y de las destrucciones de sus lugares de vida en Francia. Durante el primer trimestre 2013, 4.152 personas tuvieron que dejar sus asentamientos. Esto corresponde a una quinta parte de los 20.000 Roms, principalmente originarios de Rumania o Bulgaria, que viven en Francia.
 
Con respecto al primer semestre de 2012, el número de personas evacuadas durante el primer trimestre de 2013 ha sufrido un fuerte incremento tanto para las personas evacuadas por la fuerza por las autoridades (2873 contra 2153) como para las personas repatriadas (272 contra 70) o forzadas de abandonar su lugar de vida tras un incendio o una agresión (1007 contra 777). Igualmente, el número de OQTF [1] es de 642, en comparación con 347 en 2012.

La aplicación de la circular interministerial del 26 de agosto de 2012 permanece oscura y arbitraria. La afirmación del ministro del Interior según la cual “los Roms tienen vocación a permanecer en Rumania, o a volver allí” [2] es falsa, porque la mayoría de los Roms en Franca quieren vivir e integrarse en este país.

Además de una presencia policial incrementada y de la multiplicación de los OQTF, el informe denuncia la ausencia de solución de realojamiento: las propuestas de alojamiento de urgencia sólo son de dos a tres días. En general están dispersos y alejados de los lugares de escolarización de los niños, y sólo se dirigen a una parte de la población del lugar de vida concernido.

"Quiero que, cuando un campamento insalubre sea desmantelado, sean propuestas soluciones alternativas. No se puede continuar aceptando que familias sean expulsadas de un sitio si solución”  [3]. Un año después de las promesas de François Hollande, el informe muestra que la situación en relación a las evacuaciones se degradó fuertemente con la nueva mayoría. Las autoridades francesas siguen practicando una política de rechazo que provoca graves y profundos prejuicios a una población que ya vive en gran precariedad. Siguen violando los Derechos Fundamentales de estas personas.

En efecto estas acciones y el discurso que las sustenta, alimenta reacciones de intolerancia con más frecuencia cada vez y que se reflejan en el incremento de la violencia por parte de los vecinos y la radicalización del rechazo.

La AEDH y la LDH consideran que esta situación no puede continuar:
- El gobierno francés debe respetar los compromisos tomados durante la campaña presidencial: parar de expulsar a los Roms de sus sitios de vida sin otra alternativa: tiene que promover y respetar los derechos fundamentales de todas las poblaciones.
- La Comisión europea tiene que recordar a Francia los compromisos tomados durante la adopción de los tratados europeos, sobre todo la directiva europea de libre circulación.
- Si las estrategias nacionales de inserción son loables, tienen que ser fundadas en el respeto de todos los derechos de esas poblaciones, para oponerse con eficacia a la discriminación y a la violencia que sufren en Francia las poblaciones Roms.

El informe de este primer trimestre 2013 es disponible en la página web de la AEDH [4].

Bruselas, el 9  de abril de 2013

Contacto :
aedh@...

L'Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH) reagrupa ligas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de los países de la Union Europea. Es miembro asociado de la Federación internacional para la defensa de los derechos humanos (FIDH).
www.aedh.eu

Ligue des droits de l’Homme (LDH)
www.ldh-france.org

 

Notas

1. Obligación de abandonar el territorio francés.
2. Valls : «Les démantèlements de camps Roms se poursuivront», Le Parisien, 14 de marzo de 2013
3. Lettre de François Hollande à Romeurope, 27 mars 2012.
4. Recensement des évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms étrangers en France – 1er trimestre 2013

 

 

 

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FRONT(EXIT). Europa está en guerra contra un enemigo que se inventa 

Migreurop, 20/03/2013 - APDHA forma parte de Migreurop

 

 

Lanzamiento de la campaña FRONTEXIT.- El miércoles 20 de marzo ha sido el día del lanzamiento de la campaña FRONTEXIT, en Bruselas, corazón de Europa. Una campaña sostenida por numerosas asociaciones de defensa de derechos humanos del Sur y del Norte del Mediterráneo. Objetivos: reclamar la transparencia en el funcionamiento de FRONTEX, la agencia de la Unión Europea para el control de las fronteras exteriores, y exigir el respeto de los derechos de los migrantes en las fronteras.

Para luchar contra una pretendida «invasión» de migrantes, la Unión Europea (UE) invierte millones de euros en un dispositivo cuasi militar para vigilar sus fronteras exteriores: FRONTEX. Esta agencia interviene para interceptar a los migrantes en las fronteras y expulsarlos vía aérea. Símbolo de la política securitaria en materia migratoria y brazo armado de los Estados miembros de la UE, FRONTEX plantea una cuestión que concierte directamente a la violación de derechos cuando se intercepta y expulsa a migrantes. ¿Qué pasa realmente en las fronteras? ¿Y quién es responsable de lo que allí pasa? 

En el transcurso de estas operaciones, el respeto de los derechos humanos es puesto en peligro, particularmente el derecho de asilo, el derecho a un trato digno y al respeto a la integridad física. La opacidad de las operaciones –marítimas, aéreas y terrestres- comandadas por FRONTEX y la dilución de responsabilidades que les caracterizan atentan a principios fundamentales reconocidos por la UE, sus Estados miembros y los terceros Estados socios de la agencia.

Por medio de la campaña FRONTEXIT, un movimiento interasociativo internacional pide cuentas a FRONTEX, a la UE, a los Estados miembros y a los Estados socios. Hay que acabar con la impunidad en las fronteras y la UE debe respetar sus compromisos y obligaciones hacia las personas migrantes, vengan de donde vengan y sean cuales sean las razones que les conducen a Europa.
¿FRONTEXIT?

Una campaña a iniciativa de Migreurop*, llevada por numerosas asociaciones del Sur y del Norte del Mediterráneo, para reclamar la transparencia en el funcionamiento de FRONTEX y el respeto de los derechos de los migrantes en las fronteras.

Un lanzamiento en Bruselas (Bélgica) y Nouakchott (Mauritania) el 20 de marzo, así como en el Foro social mundial de Túnez el 28 de marzo de 2013. Una página web, un teaser, herramientas de sensibilización, un flyer, una octavilla…

Más información en http://www.frontexit.org/
Página Facebook : www.facebook.com/frontexit - Twitter : #frontexit

Contacto de prensa: contact@migreurop.org


*APDHA forma parte de Migreurop

 

 

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"Ninguna mayoría absoluta puede legitimar violaciones sistemáticas de derechos humanos"

Marcos Pérez Pena, eldiario.es 14/04/2013

  • Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, participó en Vigo en las primeras Xornadas da Vivenda, organizadas por la PAH Vigo-Tui

Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, participó en Vigo en las primeras Xornadas da Vivenda, organizadas por la PAH Vigo-Tui y la asociación Enrique Ruano. Las jornadas también contaron con las intervenciones de representantes de Avogados Novos y de AGE, BNG y PSdeG-PSOE. Carlota Pérez, de la plataforma local, denunció que los desahuciados se sienten "culpables cuando en realidad son las víctimas de esta estafa".

Parece que en los últimos días se está queriendo convertir a las víctimas en verdugos. Me refiero a las criticas desde el PP a los escraches...

Lo importante ahora mismo non es eso. Son las propuestas que la PAH está poniendo encima de la mesa. Está solicitándoles a los responsables políticos que tomen decisiones y que apoyen las propuestas que están recogidas en la ilp. Y está solicitándoles que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se están perpetrando por medio de desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas futuras, derivadas de procesos de ejecución hipotecaria que fueron declarados ilegales por el tribunal de justicia de la UE. No se pide nada extraño y lo extraño es que a día de hoy no se haya dado una respuesta a estas demandas. Ninguna mayoría absoluta puede legitimar violaciones sistemáticas de derechos humanos.

¿Creéis que el PP va a modificar su postura?

Los contenidos de la ilp son de mínimos y lo que planteamos es que acaben esas deudas perpetuas y una inmediata moratoria de los desahucios. Para nosotros no hay ninguna duda de que más tarde o más temprano esas medidas se van a adoptar. Pueden aprovechar este trámite parlamentario o pueden hacerlo después. Y después habrá que ir hacia muchos otros objetivos. Esta es una propuesta de mínimos, pero lo que hace falta es avanzar y caminar como sociedad hacia la reconstrucción del derecho a la vivienda. Y eso significa que las seis millones de viviendas vacías que hay en España se tienen que poner en manos de la población.

¿Qué os parece el decreto aprobado en Andalucía esta semana?

Es un decreto razonable, bastante moderado, pero que va en el buen sentido: en el sentido de que las viviendas sirvan para que las use la gente y no que estén siendo acaparadas por entidades financieras que no las usan.

Resulta al menos llamativo que la primera inmobiliaria de España sea la banca y una banca en parte quebrada y nacionalizada además...

El Código Penal deja claro que el acaparamiento de bienes de primera necesidad con el objetivo de alterar de manera artificial el precio de las cosas es un delito. El derecho a la propiedad está circunscrito a su función social y la vivienda es una necesidad de la gente. Por lo tanto ese acaparamiento no es entendible. Pero si además ese acaparamiento lo realizan unas entidades financieras que han recibido miles de millones de euros públicos, sin que se hayan abierto investigaciones por parte del Estado sobre por qué esas ayudas fueron necesarias, pues estamos en una situación completamente kafkiana. Porque las declaraciones que se están haciendo desde el Ministerio del interior son estrambóticas. Toda esta persecución que están haciendo contra la PAH la tenían que hacer contra los consejos de administración de los bancos.

¿Se va a producir un agravamiento de la situación por culpa de la prolongación de la crisis?

Creo que es una evidencia a ojos de todo el mundo. Hay seis millones de personas en paro y la situación se está agravando en todas los órdenes. Hay un serio problema con la vivienda, pero hay otros movimientos que alertan de los graves problemas que se comienzan a producir también en lo referente a la alimentación. Son situaciones insostenibles que se vienen produciendo en primer término por culpa del sistema financiero y de las grandes empresas y quienes están pagando la factura son los sectores populares.

¿Que ayuda legal prestáis? ¿Hay muchos resquicios legales por los que se puede cambiar la situación de una familia o al menos aplazar el problema?

La PAH es un espacio de autoorganización y de ayuda mutua. Y dentro de este espacio colaboran abogados al igual que colaboran otro tipo de activistas. Es un proceso de empoderamiento de las personas afectadas para colectivamente enfrentar su situación con las entidades financieras. Es una cuestión de organización de la sociedad civil y de los sectores populares. En cualquier momento si las propias entidades quieren solucionar el problema pueden hacerlo.

Lo primero que hay que tener claro es que hay una situación de absoluta impunidad. Aquí hubo una estafa generalizada con hipotecas y productos financieros tóxicos que deberían ser investigados por las fuerzas del orden pública, la judicatura y la fiscalía. Y no lo están haciendo. Y después en cada proceso hay muchos resquicios porque hay violación del derecho a la defensa, violación del derecho a la vivienda, violación de los derechos de los menores, violación del derecho a la integridad física y moral y del derecho a la vida. Pero no hay que olvidar que la solución sólo va a llegar por medio de la movilización popular y por la organización de la sociedad civil. No hay una solución mágica que vaya a llegar en los juzgados, sino que todas las acciones legales deben ir acompañadas en la presión en las calles.

¿En Galicia hay factores diferenciales con respecto al resto de España?

En Galicia se da el problema de que hay mucha gente doblemente afectada. Familias en las que hay personas afectadas por las preferentes y otras personas afectadas por las hipotecas. Y en cuyo caso, por ejemplo, los padres no pueden apoyar a sus hijos amenazados de desalojo, porque los bancos se han quedado con su dinero. Lo que está habiendo de fondo es un saqueo por parte de las entidades financieras a los sectores populares.

 

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Escrache y Espacio Público

Rafael Lara, de APDHA-Cádiz - El Independiente de Cádiz, 03/04/2013

Aprovechamos para desear los mayores éxitos a esta empresa pionera, basada en el trabajo colectivo, que enriquece la democracia y puede ser un revulsivo en el “espeso” panorama informativo en nuestra provincia. El origen de la democracia está íntimamente ligado al ágora, a la plaza pública. La democracia que significa el gobierno del pueblo se ejercía desde el ágora con la participación directa de la gente en la calle. Vivimos hoy en sociedades enormemente complejas en las que la delegación de la representación de los intereses ciudadanos es insoslayable. El problema surge cuando la delegación de la representación deja de estar al servicio de los representados y adquiere dinámicas autónomas al servicio de castas políticas que se constituyen con intereses propios y de determinados grupos de poder.

El desprecio a la ciudadanía se convierte en regla de conducta, la corrupción está servida, las personas dejan de ser importantes, la idolatría al mercado es la nueva religión y la subordinación a grandes intereses ideológicos, culturales y, sobre todo económicos, dominantes en la sociedad, marca la agenda de quienes recibieron en delegación la representación del pueblo.

Una delegación a través del voto, como única forma de ejercicio de la democracia, que queda cuestionada. La democracia pierde su legitimidad de origen, se desvirtúa y en suma resulta secuestrada.

La vuelta al ágora, a la plaza pública, adquiere una nueva vida, una nueva dimensión. Las fórmulas de participación directa devienen en indispensables. Fórmulas que no cuestionan la democracia, sino que la sirven. Fórmulas siempre necesarias para una democracia no solo representativa sino además participativa, de urgencia imprescindible, que además está en las conciencias y en la calle. Se trata de salvar la democracia y no de enterrarla.

Pero la calle, el ágora pública, también pretenden quitárnosla. Ya lo dijo Fraga en la prehistoria: ¡la calle es mía!
Y se multiplican las voces que siguen esa estela para enajenar la calle. Lo proclamó Cifuentes, la nueva lideresa del palo y tente tieso, pregonando la necesidad de “modular” el derecho a la manifestación. Lo anunció Gallardón, a la sazón Ministro de las Injusticias, que ya incluía en el Código Penal conductas participativas de rebeldía. Lo reflejan el intento de aplicación de reglamentos u ordenanzas, que no son sino regulaciones, y que no pueden estar por encima ni conducir a cercenar derechos fundamentales.

No hay que irse muy lejos. Ordenanzas que limitan los derechos ciudadanos al uso del espacio público como la de El Puerto de Santa María, que parten de un concepto de convivencia que es sinónimo de perseguir, criminalizar, invisibilizar a quienes molestan. Exigencias de regulación para expulsar de la vía pública a quienes intentan buscarse la vida en tiempos de crisis, como en Puerto Real. Identificaciones policiales a personas de rasgos faciales diferentes, condenadas por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, pero aplicadas con amplitud indiscriminada en nuestra provincia. Actuaciones policiales bochornosas como las del carnaval chiquito en Cádiz.

Pero, claro, nuestro Subdelegado del Gobierno, Javier el prohibidor, fiel reflejo de esta corriente autoritaria y represiva que pretende criminalizar la disidencia, considera que autoriza demasiadas manifestaciones. Y nos proporciona datos de las protestas que, nos informa, se han incrementado sensiblemente, con lo que al fin y al cabo lo único que nos viene a demostrar es el desapego democrático ante tanta injusticia como sufre la gente.

La limitación de libertades, la prohibición de actividades, la restricción del uso de los espacios públicos y la criminalización de la disidencia a las que aquí nos estamos refiriendo, tratan de ocultar los problemas reales, dinamitar la protesta social y desprestigiar toda forma de participación democrática que vaya más allá del voto cada cuatro años.

Es de rigor preguntarse cuáles son las alternativas que han dejado para poder reclamar justicia y dignidad a personas condenadas a la exclusión más sangrante. Las grandes movilizaciones, pese a nuestro Javier prohibidor, son un factor esencial de participación y recuperación del protagonismo ciudadano que se intenta enterrar. El “escrache”, la información y exigencia de responsabilidad a quienes teóricamente nos representan, ante sus sordos oídos y sus comportamientos autistas, no son sino una sana acción democrática, porque les recuerda pacíficamente el sufrimiento que causan a muchísima gente con las políticas que votan alegre y disciplinadamente en el Parlamento. El “escrache” se convierte así no sólo en un medio para reivindicar justicia, sino en un actor de recuperación de la democracia originaria: el ágora, la plaza pública, la gente en la calle, que plantea, que exige y que remueve conciencias.

Finalmente, en la defensa de los derechos y la dignidad, ante la corrupción y el secuestro de la vida pública, a todos y a todas nos han obligado a ser “escrachistas”.

 

 

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Sin derecho a comer

Esther Vivas, blogs.publico.es 04/04/2013

Nos dicen que quieren acabar con el hambre en el mundo, que si no ha sido posible en el 2015 lo será más adelante. Ahora cuando caducan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin por cierto haber conseguido nada, se inventan nuevos conceptos como la Agenda para el Desarrollo Post-2015 y nos dicen que esperemos y confiemos, que lo dejemos en sus manos, que ésta es la definitiva. Y la historia, o la mentira, se repite de nuevo.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsados por las Naciones Unidas en el año 2000, han acabado en papel mojado, como acabará, se lo garantizo, la Agenda para el Desarrollo Post-2015 o lo que siga. Porque poner fin al hambre no depende de declaraciones de buenas intenciones, ni de acuerdos signados, ni de firmes liderazgos en las altas esferas… depende única y exclusivamente de voluntad política. Y ésta no existe.

De dichos temas trata la Consulta de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición que se celebra hoy en Madrid, en el marco de una serie de diálogos internacionales promovidos por la ONU, y que reúne desde su secretario general, Ban Ki-moon, al presidente Mariano Rajoy, a la flor y nata de la ONU y a representantes del mundo empresarial, académico… Su objetivo: discutir sobre cómo enfrentar el hambre a partir del 2015, fecha en que concluyen los ODM. Aunque si gobiernos que nos han conducido a la presente situación de bancarrota tienen que liderar este proceso, mal vamos.

Los artífices de lo recortable, que han disparado las cifras del hambre acá y a escala internacional, poco, o más bien nada, tienen que aportar al respecto. En el Estado español, y según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2010, se calcula que al menos un millón cien mil personas pasan hambre y no ingieren las calorías y proteínas mínimas necesarias. Una cifra que en el actual contexto de crisis económica, social, paro y precariedad seguro es mayor. Y no sólo esto. El Gobierno español, anfitrión de la Consulta de la ONU, es el mismo que ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida a la mínima expresión, situándola a niveles de 1990 y a la cola de la Unión Europea. Esta es la solidaridad del Gobierno con los países del Sur, cero.

Las Naciones Unidas nos dicen que para poner fin al hambre tenemos que confiar en el crecimiento. Lo señala en su informe El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012: “Los pobres deben participar en el proceso de crecimiento y sus beneficios. El crecimiento debe lograrse con la participación de los pobres y extenderse a estos”. Y añade: “El crecimiento agrícola es particularmente eficaz para reducir el hambre y la malnutrición”. Pero ahí no está el problema. No se trata de querer arrancar de nuevo la maquinaria del crecimiento económico como fórmula mágica. Lo que necesitamos es redistribución y justicia. Especialmente en las políticas agrícolas y alimentarias, donde toneladas de alimentos acaban diariamente en la basura, entretanto 870 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. No más riqueza concentrada en pocas manos, sino más democracia.

La producción de alimentos desde los años 60 se ha multiplicado por tres, según indica la organización GRAIN, mientras que la población mundial, desde entonces, tan solo se ha duplicado. Hay una cantidad ingente de comida, mayor que en ningún otro período en la historia, pero si no tienes dinero para pagarla o acceso a la tierra, al agua, a las semillas… para producirla, no comes. No se trata de producir más alimentos, sino de repartir los que ya existen. Es todo el modelo agroalimentario, al servicio de unos pocos intereses privados, el que falla.

El hambre, señalan medios e instituciones internacionales, es fruto de fenómenos meteorológicos y conflictos bélicos. No sólo ni principalmente, añado. Las causas del hambre son políticas y tienen que ver con quienes controlan las políticas agrícolas y alimentarias, a quienes benefician, y en manos de quien están los medios de producción de alimentos. Sólo así se explica que países como Haití, que en los años 70 producía suficiente arroz para alimentar a su población, hoy sea uno de los países más afectados por el hambre. Desde los años 80 a la actualidad, las políticas de liberalización comercial, de invasión de sus mercados con productos subvencionados de multinacionales del Norte vendidos por debajo de su precio de coste, etc. han acabado con sus sistemas agrícolas, anulado su soberanía alimentaria y convertido el país en dependiente de la compra de comida a empresas extranjeras. No es el azar el que ha conducido a Haití, como tantos otros países, al hambre, sino la política.

En el contexto actual de crisis profunda del sistema, los bienes comunes se convierten en la nueva fuente de negocio del capital. Se intensifica el acaparamiento de tierras, la privatización del agua, la especulación con la comida. En otras palabras, lo que el geógrafo David Harvey llama la acumulación por desposesión. O como hacerse rico a costa de privatizar lo de la mayoría. Y dichos procesos no hacen sino aumentar las causas del hambre, dejando a muchos sin derecho a comer.

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El 15M Vivienda Sevilla valora positivamente el Decreto-Ley de Vivienda, pero insiste en la declaración del Estado de Emergencia Habitacional

15mviviendasevilla.blogspot.com.es, 12/04/2013

La Intercomisión de Vivienda 15M-Sevilla considera que el Decreto-Ley para cumplir la función social de la vivienda es un primer paso para determinadas situaciones de desahucio hipotecario, pero señala que hay miles de familias sin hogar o a punto de perderlo, a las que este Decreto no ampara, “por lo que seguiremos insistiendo en la necesidad de declarar el Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía”.

Aunque se valora positivamente la expropiación temporal del uso de la vivienda en procesos de desahucio hipotecario, “su verdadera dimensión se conocerá caso por caso, en función de la posibilidad de acogerse a los requisitos establecidos”, sin olvidar que no es aplicable a miles de familias desahuciadas judicialmente por impago de alquiler. También preocupa que dependa “de las disponibilidades presupuestarias”, tal y como establece el Decreto-Ley, porque corre el peligro de “una aplicación anecdótica si no hay recursos suficientes”.

Para el 15M Vivienda Sevilla, “esta medida es un primer paso decisivo aunque tímido que puede cambiar el rumbo de la política de vivienda si la asienta en la función social del derecho de propiedad privada y en un control riguroso de la vivienda deshabitada al servicio de las necesidades sociales a través de la pronta y eficiente constitución del Registro de viviendas deshabitadas con participación y acceso ciudadano”.

Según el 15M Vivienda-Sevilla, la declaración del Estado de Emergencia Habitacional permitiría ofrecer respuestas a “los miles de rostros del problema de acceso a una vivienda digna sin cabida en el Decreto-Ley, además de las familias desahuciadas judicialmente por impago de alquiler, aquellas que han abandonado sus hogares antes de dictarse la orden de lanzamiento, las que habitan hacinadas, hasta tres y cuatro generaciones, en una misma casa, las que viven en la calle o aquellas que sufren a causa de la crisis el corte de los suministros esenciales de agua y energía eléctrica”. Si la Consejería de Fomento y Vivienda justifica el sentido del Decreto-Ley en el actual contexto de “emergencia social y económica”, como refleja su texto, no puede dar de lado a estas realidades.

Por este motivo, insta a la Junta a desarrollar medidas que “aborden el sinsentido de una geografía andaluza salpicada de inmuebles terminados y vacíos en manos de bancos e inmobiliarias”, pues tal y como señala el propio Decreto-Ley, “la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, supone un grave incumplimiento de su función social”. Añade que “para muchas entidades financieras, inmobiliarias o entidades de gestión de activos, la eficacia de las sanciones dependerá del impacto que tengan sobre sus negocios o de su capacidad de dilatarlas legalmente, sin que ello signifique que esos inmuebles acaben siendo habitados”.

En este sentido, aluden a las corralas, “formadas por familias desahuciadas que se han realojado en inmuebles que, según lo establecido en la nueva norma, son a todos los efectos ‘viviendas deshabitadas’, como el caso de la Corrala La Ilusión, sobre la que pesa una orden judicial de desalojo a partir del 2 mayo”. Según la Intercomisión de Vivienda, “de esta forma se daría completo cumplimiento a una de las modificaciones más novedosas contenidas en el Decreto-Ley, la que establece que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”.

A mediados de marzo, 15M Vivienda, Stop Desahucios y Plataformas de Afectados por la Hipoteca de las ocho provincias andaluzas, constituidos como Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, presentaron en las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda la petición de declaración del Estado de Emergencia Habitacional. A raíz de la acción se celebró una reunión con responsables de la Consejería en Granada, el 6 de abril, en la que rechazaron esta propuesta.

Para el 15M Vivienda Sevilla, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene sobrada competencia para aprobar la petición de emergencia habitacional, tal y como establece la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, que en su definición de emergencia incluye “aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos”.

Concluye afirmando que "la profunda irritación que este Decreto-Ley ha causado en las élites económicas y sus portavoces mediáticos y políticos no puede amilanar a sus autores, sino animar a la población a empujar en el sentido de su mejora y profundización a la hora de su tramitación parlamentaria".

 

*La Delegación de Sevilla de la APDHA forma parte de la Intercomisión de Vivienda del 15M en Sevilla.

 

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Adiós a José Luis Sampedro

Rafel Silva, rebelion.org 11/04/2013

Aunque conocimos la noticia el martes 9, su fallecimiento se había producido el domingo anterior. De entrada, podemos afirmar sin lugar a dudas que se nos ha ido uno de los pensadores más ilustres de nuestro tiempo. Un auténtico sabio. Escritor, pensador, académico, humanista, filósoflo, economista, hábil e inteligente disertador, Sampedro, durante sus 96 años de vida, ha aportado a la cultura española un referente indiscutible. El Ayuntamiento de Tenerife le había nombrado Hijo Predilecto en el año 2005, y también tenía dicha distinción en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. El magistral autor de "Octubre, Octubre", "La vieja sirena" o "La Sonrisa Etrusca", escrita en 1985, y que se había representado incluso en teatro, nos deja después de habernos ilustrado en multitud de ocasiones sobre el pensamiento crítico, el inconformismo y la indignación. Sampedro era un lúcido genial de nuestro tiempo.

Había criticado hasta la saciedad la preeminencia de los "intereses" en detrimento de los "valores". Siempre había sostenido que vivimos en tiempos de barbarie, y que en los últimos 2.000 años, con todo lo que ha avanzado la ciencia, hemos avanzado muy poco en sabiduría. Retomo sus palabras: "El planeta sigue dividido en barreras, vallas y prejuicios, mientras que las ciencias sociales no han sido capaces de resolver los conflictos de manera pacífica". Y frente a esa barbarie, Sampedro afirmaba que el mejor arma es el pensamiento libre. El Catedrático de Estructura Económica por la Universidad Autónoma de Madrid, autor de obras como “Conciencia del Subdesarrollo” y “Mercado y Globalización”, había desarrollado esta reflexión: “Se habla mucho de la libertad de expresión, pero poco de la libertad de pensamiento, de pensar uno por sí mismo”. O bien, había sostenido que la globalización es la forma moderna de seguir haciendo capitalismo. O bien, por ejemplo, nos ilustraba con frases como la siguiente: “El poder es el gran enemigo de las personas libres, de aquéllos que piensan por su cuenta y viven la vida de acuerdo con sus principios, sin traicionarse”. Según este magnífico intelectual del pensamiento crítico, "la libertad hay que ejercerla dentro de los valores que conducen a la dignidad". Sencillamente genial.

Prologuista de la obra de Stephahe Hessel, "Indignaos", también recientemente fallecido, había dejado en dicho prólogo una buena dosis de sentido común, de implicación social y de humanidad. Acérrimo crítico al capitalismo, había afirmado muchas veces que es un auténtico cáncer para la sociedad, y que ésta debe buscar otros modos de organizarse, con el fin último de poder satisfacer las necesidades humanas, y de contribuir a la felicidad. Crítico con la escala actual de valores imperante en la sociedad, que prima los valores económicos y el dinero por encima de todo, nos había enseñado que debemos focalizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en otros objetivos y en otros valores. Nos demostró inteligentemente que la economía y el humanismo pueden conciliarse, dando valor a la palabra "NO" para enfrentarnos valientemente al sistema actual, tal cual está concebido. Por todo ello, José Luis Sampedro se convirtió en un referente intelectual de primer orden, sobre todo para el movimiento del 15-M, o de los indignados.

Un hombre que hizo de la humanidad y de la dignidad su propia tarjeta de presentación, y que había contribuido fielmente a la difusión del pensamiento inconformista, indignado, rebelde, transformador, revolucionario, altermundista. Y todo ello desde una vertiente razonada, suave, tranquila, solemne, intelectual, a la par que sencilla, cercana, asequible y directa, sin estridencias. El Director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, que había sido compañero suyo en la RAE, ha destacado su espíritu "joven, independiente, radical y enormemente coherente con sus ideas". Autores como Luis García Montero han declarado compartir con Sampedro el ideal de la literatura entendida como una manifestación y expresión de la propia rebeldía, y de que él fue claro ejemplo de que "la sabiduría no es una tecnocracia, sino un compromiso con la dignidad humana". Y por su parte, Almudena Grandes ha resaltado su especial conexión con la juventud. La novelista Rosa Regás ha destacado asímismo su categoría de "escritor comprometido como pocos".

Hacía pocas semanas que había sido galardonado con la "Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Economía", distinción que otorga el Consejo General de Colegios de Economistas de España, en reconocimiento por su tenacidad en el estudio de la realidad económica, y por tanto, de la realidad social, y por su destacada contribución a la economía crítica. Y es que con obras como la titulada "La inflación (al alcance de los Ministros)", escrita en colaboración con Carlos Berzosa, había puesto el dedo en la llaga de forma valiente, crítica y a la vez sencilla. Estamos de acuerdo con José Luis García Delgado, Rector de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que había recibido Sampedro la Medalla de Honor en 2004), quien afirmó de él que era "un maestro brillante, y un hombre profundo, honesto, independiente, y que trasmitía amor por la vida". En definitiva, una personalidad ejemplar, gigantesca, y uno de los mejores referentes para quienes, desde el activismo social, político, o literario, pretendemos convertir este mundo en un mundo mejor para todos. Gracias, José Luis, por ilustrarnos a todos con tu claridad, tu compromiso y tu sabiduría.

 

 

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Actividades de la APDHA

 
 

MARIBEL MORA, Coordinadora General de APDHA, participó en el programa "Pido la Palabra" de Canal Sur TV.

> Ver vídeo completo en youtube

Maribel Mora, Coordinadora General de APDHA, participó en el programa "Pido la Palabra" de Canal Sur TV el pasado 21 de marzo, donde respondió a preguntas sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía y el trabajo que desarrolla la APDHA para su luchar por su cumplimiento.

Las preguntas del público versaron sobre cárceles, inmigración, vivienda, prostitución, sanidad y vulneración de derechos básicos. Concretamente sobre la doctrina Parot, el estado de emergencia habitacional, la atención sanitaria a personas inmigrantes, la legalización de la prostitución, la cadena perpetua revisable, los indultos...

De su intervención destacamos esta frase "Imagino que España llegará adonde los españoles queramos que llegue, siempre y cuando ejerzamos la ciudadanía más allá de votar cada cuatro años y nos levantemos y digamos adónde queremos ir".

  
Delegación de Granada 

Barril solidario contra la criminalización de los movimientos sociales en Granada 

Fecha y hora: Viernes 19 de abril a partir de las 21h.
Lugar: Bar de Copas Entresuelo
 
¿Cómo puede ser un delito decir “basta ya” a las injusticias? ¿Cuántas multas pueden soportar una persona en paro por asistir a concentraciones? ¿Quién tiene la posibilidad de defenderse si para ello hay que pagar las nuevas tasas judiciales? +info

  
Delegación de Campo de Gibraltar 

Concentración "NO MÁS MUERTES EN EL ESTRECHO"

Fecha y hora: viernes 19 de abril, a las 7 de la tarde
Lugar: Plaza Alta de Algeciras

  
Delegación de Bahía de Cádiz 

Acción simbólica ante la nueva tragedia en aguas de Alborán

Fecha y hora: viernes día 19 de abril, a las 12:00
Lugar: Subdelegación del Gobierno, Cádiz

Diez cadáveres recuperados, veinticuatro personas rescatadas y trece desaparecidos es el balance provisional de otra nueva tragedia en aguas del Mediterráneo. La patera había partido de Alhucemas el lunes sobre las dos de la madrugada de una zona al Este de Alhucemas.

Delante de la Subdelegación estamparemos un rollo de papel blanco con manos rojas, para simbolizar que tienen la manos manchadas de las muertes de tantos inmigrantes en el Estrecho.

  
Delegación de Sevilla 

Lunes de #Pescrachito 

El pasado lunes 15, durante la noche de inauguración de la Feria de Abril, la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, de la que forma parte la Delegación de Sevilla de la APDHA, realizó la acción del "pescrachito", pasando por las casetas del PP y del PSOE.

> Imágenes del acto aquí

  

 

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Propuestas

 
Blog: Cárceles Racistas 

En España, hay cárceles especiales para migrantes. No están en ellas por haber cometido un delito. Están ahí porque no tienen “papeles”.

http://carcelesracistas.org/

  
Juristas por la ILP. DECLARACIÓN DEL MUNDO JURÍDICO ANTE LA REALIDAD DE LOS DESAHUCIOS http://juristasporlailp.wordpress.com/
  
XI Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria - IDEARIA (Córdoba) Fecha y Hora: Vie, 26/04/2013 - 18:00 - Dom, 28/04/2013 - 14:00
http://www.economiasolidaria.org/idearia2013
  
Amnistía Internacional: estadísticas mundiales sobre pena de muerte http://youtu.be/yCYkRQWGAac
  
Monsanto vs. la Madre Tierra Firma aquí la iniciativa para modificar la ley de patentes de la UE elimine los vacíos legales que permiten a las empresas patentar variedades de plantas y métodos de cultivo convencionales.
  

 

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