Inicio > Mis eListas > ari > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 31 al 60 
AsuntoAutor
=?us-ascii?Q?hist= Juan
De ñoquis y otras Juan
Charla sobre prost Juan
Todavía no lleg{o Juan
=?us-ascii?Q?golpe Juan
Muertes anunciadas Juan
Pensamiento económ Juan
CUERPO TEORICO-HIS Juan
Elisa Carrió 17/18 Juan
Lo Vuolo, reportaj Juan
El técnico y el po Juan
REPUDIO A LA REPRE Juan
Liilata en Rosario Juan
Sobre infoBAE Juan
Carrió convoca a u Juan
PARA CARRIO, LA MA Juan
Muy cerca de la ab Juan
Chat el 13-7-02 (s Juan
Carta a Reutemann Juan
Carrió piensa que Juan
Lilita en Jujuy Juan
Plan en Página /12 Juan
El plan según Carr Juan
Poco serio (crític Juan
Principales puntos Juan
Lilita en Resisten Juan
20 máximas de gobi Juan
20 máximas de gobi Juan
Lo Vuolo vs. Krueg Juan
Lo Vuolo en Rosari Juan
 << 30 ant. | 8 sig. >>
 
Argentinos República Iguales
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 36     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[ari] Muertes anunciadas
Fecha:Domingo, 17 de Marzo, 2002  09:55:25 (-0300)
Autor:Juan <igualdad @............ar>

http://pagina12.feedback.net.ar/suplementos/las12/vernota
.php?id_nota=114&sec=12
 Desde que tomó estado público l
a matanza de niños y adolescentes, que permiten dar cuent
a de la existencia de un plan sistemático y continuo de e
xterminio de estos niños y adolescentes bonaerenses habit
antes de barrios marginados, a la vez que seleccionados p
or el sistema penal (y de ejecución extrajudicial), se to
rna preciso reflexionar no sólo acerca de las condiciones
 materiales de exclusión que han vivido estos niños y ado
lescentes sino también su condición jurídica, ya que en a
lgún punto estas muertes estaban anunciadas. Porque, adem
ás de las condiciones materiales de los sujetos vulnerabl
es al sistema –y ejecutados–, la propia legalidad de las 
normas de la infancia determina la ilegalidad de las prác
ticas respecto de un grupo de la infancia, los “menores”.


 Niños muertos, niños torturados, niños privados ileg
ítimamente de su libertad... Hoy, todos estos niños tiene
n en común que por un momento comparten el mismo status n
ormativo, todos ellos son los “menores” que las instituci
ones de control duro –formal o informal– quieren atrapar,
 ya sea a través de la tutela institucional o a través de
 las ejecuciones extrajudiciales (que operan con la misma
 lógica, aunque desde el exterminio).

 A esta altura, 
y aunque increíble, cabe recordar que todos los niños y a
dolescentes son sujetos de derecho. Esto quiere decir que
, más allá de que se diferencien por tener menos edad que
 los adultos, deben poseer los mismos derechos que ellos,
 más algunos especiales precisamente por ser personas que
 están en desarrollo. Esto significa que, por ejemplo, si
 existe una denuncia contra un adolescente por la comisió
n de un delito, éste debe estar protegido por las garantí
as fundamentales: contar con un abogado defensor, estar e
n libertad hasta que exista una sentencia condenatoria qu
e le ordene la privación de la libertad, la garantía del 
recurso, que su opinión sea debidamente tenida en cuenta,
 entre otras. El sistema normativo existente en la actual
idad impide el cabal cumplimiento de estos derechos y gar
antías constitucionales para las personas menores de edad
.

 La Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó
 en 1989 en sede internacional. Este instrumento afirma y
 promueve que los niños y adolescentes son sujetos de der
echo, y la protección en forma integral de todos sus dere
chos. Nuestro país incorporó la Convención a su normativa
 interna en 1990 como ley nacional, y luego, junto con la
 reforma constitucional del año 1994, le dio jerarquía co
nstitucional. Por lo tanto, en este sentido, los derechos
 de los niños, niñas y adolescentes gozan de la máxima pr
otección normativa en nuestro sistema jurídico.

 Sin e
mbargo, los niños y adolescentes no son ni visualizados n
i reconocidos como sujetos plenos de derecho, y la Conven
ción sobre los Derechos del Niño aun no es plenamente apl
icada. En su lugar se aplican las leyes nacionales 10.903
 de “Patronato de Menores”, las leyes 22.278 y 22.803 sob
re “Régimen Penal de la Minoridad”, y la ley provincial 1
0.067 que se oponen a la idea central del niño y niña com
o sujetos de derecho, y por ende, a los principios consti
tucionales.

 Estas normas infraconstitucionales que se
 aplican en la cotidianidad de los casos segregan y divid
en el universo de la infancia, y definen a los “menores” 
como objetos de control por parte de las autoridades enca
rgadas de su “tutela”. Estos “menores” no son todos los n
iños y adolescentes menores de edad sino aquellos que por
 sus circunstancias particulares, personales o familiares
 (desfavorables) se hallan más vulnerables de sercaptados
 por las agencias de control formal, utilizando los instr
umentos y mecanismos propios del sistema penal, bajo el p
retexto de la protección.

 La ley de Patronato de Meno
res establece que los menores que se encuentren en “aband
ono material o moral o peligro moral” (expresiones vagas 
y confusas que pueden ser llenadas arbitrariamente para c
ualquier situación “peligrosa” y de la que se considere q
ue “hay que defenderse”) a la vez que aquellos acusados p
or la comisión de delitos, quedan a disposición de las au
toridades encargadas del Patronato de Menores, esto es ba
jo la tutela de los jueces de menores, con el auxilio de 
los órganos del Poder Ejecutivo. De esta forma, se judici
alizan los conflictos sociales, y claramente se termina p
or criminalizar situaciones de pobreza o marginalidad.


 Estas normas no sólo definen la grave situación present
e de las personas menores de edad sino que predicen el fu
turo de estos chicos. La situación actual, con su crudeza
 y tragedia, ha logrado quitar el velo de ingenuidad que 
poseían todas las prácticas “proteccionistas” de los “men
ores en riesgo” y salen a la luz como la antesala de las 
prácticas que acabarán con el exterminio de estos chicos,
 seleccionados de antemano por el sistema, y para la desg
racia.

 Es, entonces, responsabilidad de todos los act
ores sociales tomar cartas en el tema, reclamar el esclar
ecimiento de los hechos, el cese de la impunidad, la dero
gación de estas normas que permiten el actuar cómplice de
 las instituciones con estas situaciones y la promoción d
e aquellas que planteen el pleno respeto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, no ya como una cuesti
ón de futuro sino como una cuestión de presente, más nece
sario que nunca.

Por Laura Musa *
* Diputada nacional
, bloque ARI.