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Amigos:
           En este tema tendríamos que tener una
 opinión más clara porque más allá del análisis político 
coyuntural y la necesidad de legitimidad popular hay cues
tiones técnicas que hacen necesario saber como responder 
a las inquietudes de la gente y antes que la agenda de go
bierno se nos venga encima.
           Por eso aporto es
te material:
Ley de acefalía: http://www1.hcdn.gov.ar/de
pendencias/dip/textos%20actualizados/20972-acefalia.pd


LEY DE ACEFALÍA: UN TEMA DE ACTUALIDAD (http://www.aadcn
et.org/Boletin_pdf/Bolet180.pdf)
por JORGE REINALDO A. V
ANOSSI
 El artículo 80 de la Constitución Nacional dispo
ne:
 “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, mue
rte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejec
utivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación.

 En caso de destitución muerte, dimisión o inhabilidad de
l Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Congreso d
eterminará qué funcionario público ha de desempeñar la Pr
esidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilida
d o un nuevo Presidente sea electo”.
 La facultad del Co
ngreso Nacional de determinar qué funcionario público ha 
de desempeñar la Presidencia, fue interpretada en el sigl
o pasado por el propio Congreso en el sentido de que el a
rtículo 28 lo facultaba para legislar anticipadamente sob
re la materia de acefalía. En consecuencia, sancionó la l
ey 252, el 19 de setiembre de 1868,
que preestableció el
 orden sucesorio de los funcionarios que habrían de ser l
lamados a ocupar el Poder Ejecutivo en ausencia del Presi
dente y Vicepresidente de la Nación,
recayendo esa funci
ón en el presidente provisorio del Senado, en el presiden
te de la Cámara de Diputados y en el presidente de la Cor
te suprema sucesivamente
(artículo 1º ley 252). Se la co
noce como la “Ley Mitre” .
 Un sector de nuestra doctrin
a constitucional, entendió que la ley 252 era inconstituc
ional, por cuanto no se ajustaba al artículo 88 de la Con
stitución Nacional, según el cual, en caso de acefalía el
 Congreso determinará el funcionario que ha de ocupar la 
función o el cargo: no se habla de dictar una ley (como s
ugiere, en cambio, la Constitución de los Estados Unidos 
de Norte América), ni de crear un orden previo y abstract
o. La ley 252 habría resignado la función electora o elec
tiva de nuestro Congreso, que debería ejercitarla ante ca
da caso concreto de acefalía del Poder Ejecutivo ( vid. V
anossi, Jorge Reinaldo: “Tres cuestiones opinables en tor
no a la acefalía presidencial”, Revista del Colegio de Ab
ogados de Buenos Aires, 1982, Tomo XLII, Nº 2 pág. 90).

 La ley de acefalía Nº 252, fue constitucional por cuanto
 el artículo 88 de la Constitución Nacional, encierra un 
marco de posibilidades que es susceptible de interpretaci
ón y de definición por la autoridad de aplicación, que es
 el Congreso Nacional.
 Debe destacarse que la solución 
dada al problema por el Congreso al dictar la citada ley 
252, escapa a cualquier posibilidad de control judicial d
e constitucionalidad.
 Esta afirmación ha quedado demost
rada en todas las ocasiones en que ha tenido lugar la apl
icación de esta ley. Por lo tanto, el sistema de la ley 2
52 no puede atacarse desde el punto de vista constitucion
al; sólo cabe discutir el acierto o la conveniencia de la
s
previsiones contenidas en ella (por ejemplo, el orden 
de prelación establecido).
 La interpretación armónica d
el texto de la ley 252 con el artículo 88 de la Constituc
ión Nacional, nos permite sostener que si la acefalía se 
produce durante el receso del Congreso, cabe aplicar la l
ey 252 y el funcionario indicado por ella deberá prestar 
juramente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 Si la acefalía se produce durante los períodos de sesion
es del Congreso, éste puede optar entre el juego de la le
y 252 (en cuyo caso el juramento debe prestarse ante el p
ropio Congreso) o la reasunción del poder elector que le 
concede el artículo 88 de la Constitución Nacional, en cu
yo caso habrá de proceder a la elección del “funcionario”
 que ha de ocupar el Poder Ejecutivo.
 Con relación al t
érmino funcionario y al margen de la amplitud que tiene e
l Congreso para elegir, entendemos que tal calidad o cond
ición de “funcionario” también puede reunirse por equipar
ación o por investir dignidades que conservan y mantienen
 el estatus aun después de la jubilación, o el retiro, o 
el término del mandato popular. Aun los presidentes de lo
s partidos políticos pueden estar incluidos en esa condic
ión, habida cuenta del reconocimiento a la función públic
a que esas agrupaciones cumplen en nuestro ordenamiento i
nstitucional según las últimas leyes en la materia.
 Cab
e recordarse que en idéntico rol institucional se encuent
ran los jefes parlamentarios de Gran Bretaña, y en los Es
tados Unidos la Corte Suprema ha llegado a equiparar a lo
s partidos reconocidos con órganos del Estado a los efect
os del establecimiento de ciertos deberes u obligaciones 
y de ciertos derechos y prerrogativas.
 En julio de 1975
 el Honorable Congreso Nacional sancionó la ley 20.972, p
or la que se derogó el régimen de la histórica ley 252. S
e estableció un nuevo sistema de cobertura
en caso de va
cancia del Poder Ejecutivo, consistente en el desempeño t
ransitorio por el presidente provisorio del Senado, por e
l presidente de la Cámara de Diputados y, a
falta de ést
os, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (en
 ese orden) hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea “
haga la elección a que se refiere el artículo 88
de la C
onstitución Nacional” (artículo 1º). Por otra cláusula de
 la misma ley se dispuso que cuando la vacancia no fuera 
transitoria, la elección por la Asamblea Legislativa
“de
berá recaer en un funcionario que reúna los requisitos de
l artículo 89 de la Constitución Nacional y desempeñe alg
unos de los siguientes mandatos populares electivos: Sena
dor Nacional, Diputado de provincia” (artículo 4 º). Se l
a conoce como Ley Isabelita-López Rega ( sic).
 Si bien 
ambos regímenes, tanto el de la ley 252 como el de la ley
 20.972, son perfectamente constitucionales en cuanto sig
nifican aplicaciones y reglamentaciones razonables dentro
 del marco trazado por el artículo 88 de la Constitución 
Nacional, la sanción de la ley 20.972 obedeció a una situ
ación de coyuntura y fue centro de críticas fundadas por 
parte de la doctrina. En efecto, de su texto no surge el 
plazo de duración de mandato del funcionario elegido. Asi
mismo, fue objetado el procedimiento a
través de un Cole
gio Electoral ad hoc que no tiene tradición en nuestro si
stema.  También es objetable que los gobernadores de prov
incia figuren entre los funcionarios
que pueden ser desi
gnados, puesto que se trata de funcionarios provinciales 
(para un cargo nacional), con lo que lejos de afirmar el 
federalismo, se fomenta el caudillismo localista.
 Por l
o expuesto, proponemos la derogación de la ley 20.972 y l
a puesta en vigencia de la ley 252, con algunos agregados
 tales como establecer que el acto electoral se celebrará
 dentro del término de noventa días a partir de la fecha 
de la convocatoria y que en el supuesto de que el funcion
ario no cumpla con ese deber, dicha atribución (la convoc
atoria) podrá ser ejercida por el Presidente de la Cámara
 de Diputados.
 El tema reviste interés institucional, p
or cuanto está en juego la elección del mejor régimen que
 resulte apto para asegurar la continuidad del Poder Ejec
utivo, sin provocar al mismo tiempo lesión al principio r
epresentativo y a la legitimidad del título democrático d
e quien ejerce esa jefatura."

ACEFALIA DEL PODER EJECU
TIVO NACIONAL PROYECTO DE LEY (http://www.proyectonacion.
entupc.com/proyectosart/acefalia_poder_ejecutivo_nacional
.htm)
Diputado Di Cola
Artículo 
              1 - En 
caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente
 
              de la Nación, el Poder Ejecutivo Naciona
l será desempeñado 
              en primer lugar por el
 presidente del Senado, en segundo lugar por 
          
    el presidente provisorio de la Cámara de Diputados y 
a falta 
              de éstos, por el presidente de la
 Corte Suprema.
Artículo 
              2 - Treinta día
s antes de terminar el período de las 
              ses
iones ordinarias, cada Cámara nombrará su presidente 
  
            para los efectos de ésta ley.
Artículo 
   
           3 - El funcionario llamado a ejercer el Poder 
Ejecutivo Nacional 
              en los casos del art. 
1°, convocará al pueblo de la República 
              a
 nueva elección de Presidente y Vicepresidente dentro de 

              los treinta días siguientes a su instalac
ión en el 
              mando, siempre que la inhabilid
ad de aquéllos sea perpetua.
Artículo 
              4 
- El funcionario que haya de ejercer el Poder Ejecutivo e
n los 
              casos del art. 1° de ésta ley, al t
omar posesión 
              del cargo, ante el Congreso
, y en su ausencia ante la Corte Suprema 
              
de Justicia, prestará el juramento que prescribe la Const
itución 
              Nacional.
Artículo 
           
   5 - Para el caso de acefalía total del Poder Ejecutivo
 de 
              la Nación, establécese por única vez 
y como 
              salida institucional de la emergen
cia, el sistema electoral de "doble 
              voto 
simultáneo", denominado también como sistema 
          
    "de lemas".
Artículo 
              6 - A los fines
 de la presente Ley, considérase "lema" 
              a
 los partidos políticos reconocidos para su actuación 
 
             a nivel nacional y a las alianzas entre ello
s concertadas; y "sublemas" 
              a las agrupac
iones o corrientes internas de un mismo lema dispuestas 

              a presentar listas comunes de candidatos p
ara una elección 
              de Presidente y Vicepres
idente de la Nación y que contaren 
              con el
 reconocimiento de la Autoridad Electoral Nacional compet
ente 
              y conforme se reglamenta por esta Le
y.
Artículo 
              7 - El lema pertenece al par
tido político o alianza que lo 
              haya regis
trado. Es obligatorio para los sublemas el uso del nombre
 
              del lema al que tributan.
Artículo 
  
            8 - La elección de Presidente y Vicepresident
e; se efectuará 
              en forma directa, y a sim
ple pluralidad de sufragios, acreditando 
              
al sublema que hubiere obtenido mayor cantidad de sufragi
os, el 
              total de votos emitidos en favor d
e su mismo lema.
Artículo 
              9 - A los fine
s de que un Sublema pueda ser tenido como tal para 
    
          todos los actos y efectos electorales, deberá s
olicitar su 
              reconocimiento ante el Tribun
al Electoral Nacional, mediante la 
              presen
tación de su acta constitutiva, la que deberá 
         
     estar rubricada, en calidad de promotores, por no me
nos de veinte 
              (20) afiliados al Lema al q
ue pretende tributar o a los Partidos que lo integren y e
xpresar además:
a. Nombre adoptado por el Sublema, para 
cuyo posterior reconocimiento 
              el Tribunal
 Electoral, respetará el criterio de prioridad 
        
      temporal;
b. Domicilio legal en la Sede del Tribun
al Electoral;
c. Designación de apoderados, en número no
 mayor de 
              tres (3), y para la representac
ión legal del Sublema en todas 
              las cuesti
ones electorales de su interés.
Artículo 
             
 10 - Sin perjuicio de los requisitos formales del artícu
lo 
              anterior, el reconocimiento de un Subl
ema quedará subordinado 
              a la acreditación
 de cantidad suficiente de avales, la que 
             
 se hará simultáneamente a la presentación mediante 
   
           planillas con individualización del nombre, ma
trícula, domicilio y rúbrica de los avalistas.
Para los 
Sublemas, se requerirá un aval mínimo del 
             
 tres por ciento (3%) del padrón de afiliados al Lema en 
todo 
              el territorio nacional, el que deber
á asimismo incluir, necesariamente, 
              el tr
es por ciento (3%) del padrón de afiliados de catorce 
 
             (14) distritos territoriales.
Artículo 
  
            11 - Verificados los extremos de ley, el Trib
unal Electoral Nacional 
              procederá mediant
e auto fundado y dentro de los cinco (5) 
              
días corridos siguientes a la presentación, a reconocer 

              o denegar la personalidad solicitada por e
l Sublema, lo que se notificará 
              a sus apo
derados y al del lema al que perteneciere.
Artículo 
  
            12 - Desde la publicación de la convocatoria 
y hasta cuarenta 
              (40) días antes del acto
 eleccionario, los Sublemas presentarán 
              a
nte el Tribunal Electoral Nacional sus nóminas de candida
tos, 
              los que deberán reunir los requisito
s constitucionales para 
              el cargo de presi
dente y no estar comprendidos en las inhabilidades 
    
          de ley. Conjuntamente con el pedido de oficiali
zación, deberá 
              especificarse la matrícula
, clase y domicilio electoral de 
              cada can
didato, sirviendo su rúbrica de constancia de aceptación 

              de la postulación.
Artículo 
          
    13 - El Tribunal Electoral Nacional verificará de ofi
cio 
              el cumplimiento de los extremos legal
es y, en su caso, correrá 
              vista por cuare
nta y ocho horas hábiles al apoderado del 
             
 Sublema a fin de que practique los saneamientos, sustitu
ciones o 
              integraciones a que hubiere luga
r.
Producida la oficialización de las candidaturas, los 
Sublemas 
              someterán a la aprobación del Tr
ibunal con una antelación 
              no inferior a l
os treinta (30) días de la fecha del comicio, 
         
     modelo de las boletas del sufragio que habrán de ser
 utilizadas, 
              las que deberán ser confecci
onadas en papel diario común 
              y adecuarse 
a las dimensiones y características tipográficas 
      
        establecidas en el Código Electoral Nacional.
Ar
tículo 
              14 - Las Boletas incluirán en su p
arte superior la designación 
              del Lema a q
ue pertenecen. Los Sublemas se distinguirán añadiendo 
 
             bajo aquellos datos identificatorios, su pro
pia denominación 
              distintiva y el número q
ue les fuere adjudicado por el Tribunal 
              s
egún el orden temporal del reconocimiento.
Producida la 
oficialización del modelo de boleta, cada Sublema 
     
         deberá suministrar al Tribunal dos ejemplares po
r cada mesa 
              receptora dentro del término 
de cinco (5) días corridos.
Artículo 
              15 
- Los Sublemas podrán designar fiscales generales y de 

              mesa para el acto comicial, los que acredit
arán su carácter 
              mediante un poder extend
ido por los respectivos apoderados.
Artículo 
         
     16 - Derógase la ley 20.972 del 22 de Julio de 1975.

Artículo 
              17 - En cuanto no se oponga a 
la presente, será de aplicación 
              el Código
 Electoral Nacional.
Artículo 
              18 - Comun
íquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Sr. 
 
             Presidente:
Este proyecto podría ser consid
erado de innecesario o poco conveniente si no se insertar
a en un contexto político institucional excepcional como 
el que atraviesa el país y el mundo.
En el orden mundial
, desde los atentados terroristas que iniciaron  el 11 de
 setiembre la comunidad internacional vive un estado de v
olatilidad política tan delicado que torna evidente la ex
istencia de un alto grado de incertidumbre.
En el plano 
nacional muchos datos objetivos se suman a este contexto 
general. Entre ellos sobresalen:
· La inexistencia de un
 vicepresidente en el orden sucesorio.
· Los resultados 
de las recientes elecciones legislativas constituyeron el
 revés político más drástico que haya sufrido un gobierno
 nacional a tan poco tiempo de haber asumido.
· Como res
ultado de tales elecciones la oposición política obtuvo l
a mayoría en ambas cámaras legislativas, cuya autoridades
 forman parte de los eslabones inmediatos de la cadena su
cesoria.
· La base de apoyo político del gobierno está d
eteriorada hasta el límite de la extinción, como lo evide
ncia el crítico documento hacia el accionar de la adminis
tración que hoy difundieron, en unanimidad, la Unión Cívi
ca Radical y el Frepaso, integrantes y fundadores de la A
lianza que impulsó electoralmente este gobierno.
· La ec
onomía general del país atraviesa uno de los peores momen
tos de la historia: la cesación de pagos 
 está continua
mente mencionada por importantes referentes internacional
es y -como síntoma interno- la caída de la recaudación y 
la imposibilidad de cumplir compromisos elementales son s
olo alguno de los síntomas del elevado índice de deterior
o y desconfianza que padece la administración.
· La grav
edad económica se traduce también graves conflictos insti
tucionales como el que ahora mismo se está  desarrollando
 por la falta de pago de la coparticipación federal a las
 provincias -que genera el desborde de comprometidas situ
aciones sociales en la mayoría de los distritos- y que ha
 devenido en un planteo ante la Corte Suprema de Justicia
. lo que implica un conflicto entre distintos niveles de 
gobierno.
Lejos de pretender un cuestionamiento político
, el enunciado de estas realidades viene corroborar la ex
istencia de un conjunto de circunstancias concurrentes qu
e tornan posible la necesidad de una renovación anticipad
a del gobierno Nacional.
El reemplazo anticipado de cual
quier gobierno resulta ser una pérdida política lamentabl
e, pero como acordaremos existen circunstancias que lo ha
cen posible aunque para nada deseable, y de producirse, 

con el orden legislativo vigente, debería iniciarse un e
xtendido proceso durante el cual el país estaría bajo el 
mando de una autoridad legal, pero profundamente deslegit
imada, tanto si su origen fuera un oficialismo por entonc
es mucho más debilitado o más aún si correspondiera a la 
oposición política.
Todos comprendemos cabalmente los ri
esgos que tal situación generaría para nuestra Nación.
E
s de esperar que este gobierno termine su mandato constit
ucional con el mejor desempeño posible, pero para esta Cá
mara, como cuerpo representante de los ciudadanos argenti
nos resulta en una responsabilidad ineludible implementar
 previsiones que aseguren el sustento del sistema democrá
tico de representación ante crisis que puedan abrir pelig
rosos senderos hacia la desorganización. 
              
Tal es el sentido de la presentación de este proyecto.
C
onsideramos que en caso de producirse una acefalía bajo e
stas particulares circunstancias, esta ley que proponemos
 se podría convertir en un recurso de última instancia pa
ra acotar los riesgos que pueden afectar profundamente a 
nuestra comunidad y sus habitantes.
Debe quedar expresad
o que este recurso se considera una herramienta de uso ex
cepcional para situaciones límites. De ninguna manera pro
movemos la conveniencia de una ley de lemas permanente. M
ás aún, afirmamos su inconveniencia para el sistema democ
rático. 
              En resumen: Esta modificación ext
raordinaria de la Ley de Acefalía es una responsabilidad 
indeclinable del Poder Legislativo para prever una salida
 institucional de emergencia que facilite un rápido trasp
aso de los máximos poderes democráticos de la Nación desd
e una autoridad legítima a otra igualmente 
legítima, ad
ecuando los mecanismos institucionales de recambio para r
educir al mínimo el período de transición ante la existen
cia de circunstancias políticas y económicas que, en una 
eventual acefalía, generarían graves riesgos para la Naci
ón.

Saludos

Juan Muñoz

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