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Asunto:[nuevaconsciencia] Cpi/Usa - 1/2 Informe de la FIDH sobre la ofensiva de los EE.UU. contra la CPI y estado de la campana de acuerdos bilaterales.
Fecha:Jueves, 19 de Diciembre, 2002  18:31:32 (-0500)
Autor:Alfredo Jaramillo <alfedo @...........co>

Compartido por Alfredo Jaramillo
----- Original Message -----
From: Editor Equipo Nizkor <nizkor@...>



> Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
> Información  - 19dic02
>
> CON EL PRETEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LOS ESTADOS UNIDOS
> EMPRENDEN UNA OFENSIVA CONTRA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
>
> Extractos del American Service Members' Protection Act (ASPA) H.R. 4775
> del 2 de agosto de 2002.
> [ver texto completo en [ENG/ING]:
> http://www.derechos.org/nizkor/icc/ASPA24Jul02.html ]
>
> (5) Las fuerzas de mantenimiento de la paz que operen en un país que
> haya ratificado el Tratado (de la Corte Penal Internacional) pueden ser
> sometidas a la competencia de la Corte aunque el país de nacionalidad
> del individuo que pertenezca a dicha fuerza no forme parte del Estatuto.
> Así, el Tratado crea una situación en la que las fuerzas armadas
> americanas podrían ser perseguidas por la Corte Internacional, aunque
> los Estados Unidos no han aceptado la vinculación a este tratado. No
> sólo ello es contrario a los principios más fundamentales del derecho de
> los tratados, sino que podría impedir que los Estados Unidos tuviesen
> recurso a la fuerza militar para cumplir con sus obligaciones de
> alianza, o que participasen en las operaciones multinacionales,
> incluyendo las intervenciones humanitarias con el fin de salvar vidas
> civiles. Otras contribuciones a las operaciones de mantenimiento de la
> paz podrían verse de igual manera expuestas.
>
> (8) Los miembros de las fuerzas armadas americanas deberían verse libres
> de todo riesgo de persecución por parte de la Corte Penal Internacional,
> en especial cuando se hallan destinados o desplegados en todo el mundo
> para proteger intereses vitales de los Estados Unidos. El gobierno
> americano tiene la obligación de proteger al máximo a los miembros de
> sus fuerzas armadas contra cualquier persecución penal por parte de la
> Corte Penal Internacional.
>
> (9) Además de exponer a los miembros de las fuerzas armadas americanas
> al riesgo de una persecución penal internacional, el Estatuto de Roma
> crea un riesgo de que el Presidente y otros oficiales de alto rango
> elegidos o nombrados por el gobierno de los Estados Unidos sean
> perseguidos por la Corte Penal Internacional. Si la Comisión
> preparatoria de pone de acuerdo
> sobre una definición del crimen de agresión sin tener en cuenta las
> objeciones americanas, los oficiales americanos podrían ser amenazados
> con persecuciones penales por las decisiones de seguridad nacional que
> implican cuestiones tales como la respuesta a los actos de terrorismo,
> la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva y
> la prevención de las agresiones. Como mínimo sería necesario que los
> miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, los altos
> oficiales del gobierno americano, se vean libres de cualquier riesgo de
> persecución por parte de la Corte Penal Internacional, en especial en el
> ejercicio de sus funciones de protección de los intereses nacionales de
> los Estados Unidos (1).
> [Extracto de la Sección 2002 del American Service Members' Protection
> Act H.R. 4775 del 2 de agosto de 2002 . (1) Traducción no oficial de la
> FIDH.]
>
> I - EL GOBIERNO AMERICANO AFIRMA TEMER LAS DENUNCIAS INFUNDADAS Y CON
> INTENCIÓN POLÍTICA DIRIGIDAS CONTRA SUS NACIONALES
>
> 1. ¿Es necesario recordar que la CPI no tiene competencias retroactivas,
> y que por lo tanto sólo podrá tratar los crímenes cometidos tras su
> entrada en vigor el 1 de julio de 2002?
>
> Es difícil no concebir las gestiones americanas como intentos de dar
> "carta blanca" a los dirigentes, militares y civiles americanos
> implicados en el contraterrorismo y otras operaciones militares en el
> exterior, concediéndoles así la garantía - en el futuro - de que todo
> "desbordamiento" o "daño colateral" estará cubierto por una inmunidad
> absoluta que impide todo
> enjuiciamiento penal fuera de los tribunales americanos.
>
> 2. ¿Es necesario recordar que la CPI estará guiada por el principio de
> complementariedad que otorga a las jurisdicciones nacionales la
> prioridad de enjuiciamiento y juicio de los crímenes competencia de la
> Corte, es decir el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los
> crímenes de guerra?
>
> El principio de complementariedad de la CPI con las jurisdicciones
> nacionales concede a los Estados Unidos un refugio frente al juicio de
> criminales americanos por parte de la CPI. La Corte es competente sólo
> cuando los Estados Unidos se niegan o son incapaces de llevar a los
> criminales ante la justicia, cuando el orden judicial nacional no
> funciona. En efecto, en virtud del artículo 17, un caso se considera
> inadmisible por la CPI cuando "el asunto sea objeto de una investigación
> o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que
> éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el
> enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo", o cuando "el asunto haya
> sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre
> él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que
> se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a
> llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo".
>
> Por lo tanto no es necesario que el Estado que no quiere que sus
> ciudadanos comparezcan ante la CPI entre en acuerdos bilaterales sobre
> el fundamento del artículo 98 del Estatuto. Basta que, cada vez que uno
> de sus ciudadanos sea acusado, lo haga comparecer ante su propio sistema
> judicial, y la CPI, tras constatar que se cursa un procedimiento, o que
> tras el procedimiento se ha tomado la decisión de no juzgar, o que ya se
> ha juzgado, declarará, según el principio de complementariedad, que no
> puede tratar el caso.
>
> Por otra parte, el Estatuto incluye garantías eficaces contra denuncias
> abusivas. En especial:
>
> - la Sala de Cuestiones Preliminares "asumirá desde la fase de
> instrucción el control de las actas del Fiscal". La Sala de Cuestiones
> Preliminares debe, obligatoriamente, dar su autorización previa a la
> apertura de un procedimiento a iniciativa del fiscal. También controla
> la recopilación de pruebas por parte del fiscal y controla el respeto de
> las garantías reconocidas en el Estatuto para las personas detenidas.
> - mecanismos de protección de las informaciones relativas a la seguridad
> nacional de los Estados.
> - medidas generales de protección de los testigos que permiten
> garantizar la confidencialidad de ciertos testimonios, y que se pueden
> aplicar a los testigos particulares y a personal de las operaciones de
> mantenimiento de la paz.
> - garantías judiciales para los sospechosos y los acusados en todas las
> fases del procedimiento.
> - procedimiento previsto para el examen por parte de la Corte de la
> denuncia.
>
> En este contexto, ¿Cómo no poner en duda la voluntad americana de
> enjuiciar a los nacionales americanos ante sus propios tribunales?
>
> 3. ¿Es necesario recordar que el Estatuto de Roma se dirige a todos
> equitativamente, sin distinción fundada sobre su calidad  oficial?
>
> El artículo 27 del Estatuto prevé que no se reconocerá inmunidad alguna,
> incluso para los Jefes de Estado o de Gobierno. Consiguientemente, una
> excepción en la competencia de la Corte parece una contradicción total
> con el texto y el espíritu del Estatuto.
>
> 4. Finalmente, ¿es necesario recordar que la competencia de un Estado
> para enjuiciar a una persona, sea cual sea su nacionalidad, por un
> crimen cometido sobre su territorio, es una competencia tradicional,
> reconocida por el conjunto de los sistemas jurídicos del mundo?
>
> La Corte Penal Internacional tiene una competencia limitada a los
> crímenes cometidos por el nacional o sobre el territorio de un Estado
> parte del Estatuto de la CPI. Así, como lo señala el gobierno americano,
> un ciudadano americano que comete un crimen sobre el territorio de un
> Estado parte, es competencia de la CPI, hayan o no aceptado los Estados
> Unidos el Estatuto de Roma. En virtud del principio de
> complementariedad, el Estado parte en cuestión puede, además, pedir que
> el ciudadano americano sea juzgado ante sus tribunales internos. Como lo
> explicó la delegación suiza en su intervención del 14 de octubre de 2002
> en la Asamblea General de las Naciones Unidas, "la Corte no ataca los
> derechos de los Estados no parte. Por lo tanto, es erróneo reprocharle
> un poder extraterritorial. Cuando juzgue al autor, sea cual sea su
> nacionalidad, de un crimen cometido sobre el territorio de un Estado
> parte, ejercerá una competencia territorial ordinaria, clásica. Todos
> los códigos penales nacionales contemporáneos registran este tipo de
> competencia. Deseamos resaltar, por lo tanto, una vez más, que una
> proliferación de inmunidades y de cláusulas de excepción pondría de
> nuevo en entredicho el buen funcionamiento de la Corte".
>
> II - UN ARSENAL POLÍTICO-JURÍDICO COMPLEJO QUE PRETENDE LA IMPUNIDAD DE
> LOS NACIONALES AMERICANOS
>
> Analizado en su totalidad, el arsenal construido no se diferencia de los
> medios aplicados por los americanos para luchar contra el terrorismo.
> Estas gestiones se efectúan paralelamente en el plano de la política
> interior, la diplomacia internacional y las negociaciones bilaterales:
>
> - La Ley ASPA (American Service Protection Act), iniciada bajo la
> administración Clinton por los conservadores del Senado americano,
> define lo principal de este objetivo, afirmando el rechazo de los
> Estados Unidos a cooperar con la CPI y criticando las fundaciones
> jurídicas de la Corte. La Ley omite el derecho internacional y es prueba
> del unilateralismo americano en la escena internacional, ya que intenta
> imponer a otros países su punto de vista sobre la Corte, utilizando
> presiones resultado de su superioridad económica, política y militar.
> (A)
>
> - Al margen de su postura en el plano de la política interior, los
> Estados Unidos continúan intentando boicotear la competencia de la Corte
> en el marco de la diplomacia internacional. Habiendo fracasado en la
> negociación de una justicia penal internacional "aceptable" en Roma y
> después en las sesiones de la Comisión preparatoria para la CPI, los
> Estados Unidos han decidido
> utilizar el Consejo de Seguridad para garantizar un control político de
> la competencia y del ejercicio de la competencia de la Corte. A pesar de
> la fuerte movilización de los Estados, de las ONG y de la toma de
> posición del Secretario General de las Naciones Unidas contra las
> propuestas americanas, la resolución 1422 ha pasado a la unanimidad,
> ofreciendo así una inmunidad total e ilimitada ante la CPI para los
> responsables o el personal en actividad (o antiguos
> responsables o personal) de un Estado contribuyente que no forma parte
> del Estatuto de Roma por actos u omisiones vinculadas a operaciones
> establecidas o autorizadas por la ONU. (B)
>
> - La presión americana también se ejerce individualmente sobre otros
> países. Los Estados Unidos intentan maniobrar por medio de acuerdos
> bilaterales fundados falaciosamente en el artículo 98 del Estatuto de
> Roma, para prevenir la entrega a la corte de un nacional americano. (C)
>
> A. El American Service Members' Protection Act (ASPA) o la doctrina
> americana contra la CPI:
>
> La ley HR 4775 "American Service Members' Protection Act" (ASPA),
> aprobada en el contexto legislativo de la ley de finanzas, en respuesta
> a los ataques terroristas contra los Estados Unidos, constituye la
> doctrina pública de los Estados Unidos con respecto a la CPI.
>
> Recordando en el preámbulo las razones de su oposición a la Corte,
> insiste incorrectamente en el hecho que "un tratado internacional no
> puede crear obligaciones hacia un Estado no parte" y por lo tanto, "los
> Estados Unidos rechazan cualquier competencia de la Corte para con sus
> nacionales". En sustancia, esta ley, presentada por primera vez el 8 de
> mayo de 2001 ante la Cámara por el republicano M. Delay y firmada por el
> Presidente Bush el 2 de agosto de 2002:
>
> 1. Prohíbe cualquier cooperación americana con la CPI (Sección 2004):
>
> Esta prohibición general de cooperación con la Corte se aplica a los
> tribunales americanos, a los gobiernos locales y al gobierno federal.
> Incluye la prohibición de transferir ante la Corte a cualquier persona,
> ciudadano americano o extranjero residente en los Estados Unidos,
> presente en el territorio; la prohibición de cualquier investigación de
> la Corte en el territorio de los Estados Unidos; la prohibición de
> asignar fondos del gobierno americano para las detenciones, arrestos,
> extradiciones o el enjuiciamiento de un ciudadano americano o un
> extranjero residente permanentemente en los Estados Unidos por la Corte;
> la prohibición de aplicar en el territorio de los Estados Unidos
> cualquier medida de instrucción relacionada con una denuncia preliminar,
> una
> investigación, un enjuiciamiento o cualquier otro procedimiento de la
> Corte.
>
> 2. Restringe la participación americana en ciertas operaciones de
> mantenimiento de la paz de la ONU (sección 2005):
>
> Se espera que el Presidente utilice la voz y el voto americano dentro
> del Consejo de Seguridad para garantizar que todas las resoluciones
> tomadas en el marco del capítulo VI o VII de la Carta de las Naciones
> Unidas que autorizan respectivamente la puesta en marcha de operaciones
> de mantenimiento de la paz y de reestablecimiento de la paz consideren
> una exención permanente, para los miembros del ejercito americano. Se
> trata de un enjuiciamiento penal ante la CPI de los nacionales
> americanos en lo que se refiere a las acciones desarrolladas en conexión
> con la operación. La participación del ejercito americano sólo sería
> posible si ocurriese en el territorio de un Estado no parte del
> Estatuto. El Presidente de los Estados Unidos puede permitir la
> participación de las tropas americanas en tales operaciones si se
> respeta una de las tres condiciones siguientes: el Consejo de Seguridad
> garantiza por resolución la inmunidad de las fuerzas armadas americanas;
> la CPI no puede ejercer sus competencias en el campo de las operaciones
> militares o si hay un acuerdo del tipo "artículo 98" entre los Estados
> Unidos y el país en donde se desarrollen las operaciones militares o si
> el interés nacional justifica tal operación.
>
> 3. Evita la transferencia ante la Corte de los documento relativos a la
> seguridad nacional (Sección 2006)
>
> 4. Prohíbe cualquier ayuda militar aunque la mayoría de Estados
> ratifiquen el Estatuto de Roma (Sección 2007) El principio general de
> este artículo dispone que, un año después de la entrada en vigor de la
> Corte, no se proporcionará ninguna ayuda militar americana a un Estado
> parte de la CPI. Sin embargo la ley prevé que ciertos Estados se pueden
> eximir de acuerdo con el interés nacional americano. Así, la cláusula de
> la no-ayuda no es aplicable a los Estados miembros de la
> OTAN, los aliados esenciales, aunque no miembros, de la OTAN (incluyendo
> Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina, República de
> Corea, Nueva Zelanda) y Taiwán. De la misma manera, el Presidente puede
> reexaminar la prohibición si el Estado en cuestión tuviera un acuerdo
> con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 98 del Estatuto,
> que prohibiría explícitamente la entrega de un americano a la CPI.
>
> 5. Presentación de informes ante el Congreso (Sección 2009)
>
> Prevé que el Presidente debe proporcionar al Congreso un informe que
> detalle cada alianza militar en la que los Estados Unidos participe, y
> especifica hasta qué punto podrían los miembros de las fuerzas armadas
> americanas, en el contexto de una operación militar dirigida por esta
> alianza, ser colocados bajo el control operacional de oficiales
> extranjeros sometidos a la CPI (por ser nacionales de un Estado parte de
> la Corte) y evaluar su riesgo para las fuerzas armadas americanas
> (Sección 2009).
>
> 6. ASPA o el "Hague Invasion Act" (Sección 2008) Autoriza al Presidente
> a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados" para liberar a un
> ciudadano americano retenido por la CPI, de donde viene el apodo de
> "Hague Invasion Act" (Sección 2008).
>
> El ASPA contiene igualmente toda una serie de mecanismos que permiten
> que el Presidente americano anule dichas prohibiciones.
>
> Durante el verano de 2001 y hasta los acontecimientos del 11 de
> septiembre, los miembros del parlamento que impulsaron esta ley
> decidieron vincular la autorización del Senado sobre el pago de los
> atrasos que los EE.UU. debían a la ONU a la ley anti-CPI. El 13 de
> septiembre, dos días después de los ataques terroristas contra Nueva
> York y Washington, el diputado Tom DeLay finalmente decidió renunciar a
> oponerse al pago de los atrasos y los diputados aceptaron así el pago
> sin ningún tipo de condicionamiento. El 10 de septiembre, la ley
> anti-CPI estaba revisada para incluir las prerrogativas presidenciales,
> que permiten eliminar algunas de las prohibiciones consideradas por la
> ley ASPA. El 25 de septiembre, una carta del Departamento del Estado
> informó a Jesse Helms sobre el apoyo del gobierno a la ley revisada.
>
> El 28 de noviembre el Senador republicano Henry Hyde hace aprobar en el
> último momento una enmienda a la ley de finanzas para defensa de 2002,
> que prohíbe cualquier cooperación con la CPI. Después de muchas
> enmiendas, la versión final de la ley otorga al Presidente un amplio
> margen de maniobra para levantar las prohibiciones previstas en el ASPA,
> e insiste en el hecho
> de que ninguna de sus disposiciones puede interferir con la autoridad
> constitucional del Presidente para decidir sobre la política extranjera.
>
> Finalmente, una enmienda a la ley ("Enmienda Dodd", Sección 2015) hace
> posible que los Estados Unidos cooperen con los esfuerzos
> internacionales, incluyendo la CPI, para llevar ante la justicia a
> nacionales extranjeros acusados de genocidio, de crímenes de la guerra o
> de crímenes contra humanidad, como Sadam Hussein, Slobodan Milosevic,
> Bin Laden u otros miembros de Al Queda o la Jihad islámica. Entre la
> inmunidad para sus nacionales y la lucha antiterrorista, el "interés
> nacional" permite todas las contradicciones...
>
> El 2 de agosto de 2002, George W. Bush firma el ASPA. La doctrina
> americana relativa a la Corte se inscribe así en el derecho interno.
> Pero los Estados Unidos deben también cerciorarse de que ninguno de sus
> nacionales, civil, diplomático o militar, que esté fuera del territorio
> americano, podrá ser "molestado" por la Corte. Esta es la razón por la
> que se ha negociado una resolución del Consejo de Seguridad para limitar
> la competencia de la CPI y por la que se promueve el establecimiento de
> acuerdos bilaterales para evitar que se entregue a la Corte a nacionales
> americanos. De este modo, se materializa un ASPA en el ámbito
> internacional.
>
> B - La lucha de los Estados Unidos contra la CPI en el Consejo de
> Seguridad: la resolución 1422
>
> Como se ha indicado arriba, la ley americana ASPA prevé que "a partir de
> la fecha en la que el Estatuto de Roma entre en vigor de conformidad con
> el artículo 126 del Estatuto de Roma, el Presidente deberá utilizar su
> voz y su voto en el Consejo de Seguridad para garantizar que toda
> resolución del Consejo de Seguridad que autorice operaciones de
> mantenimiento de la paz en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
> Naciones Unidas excluya, como mínimo, a los miembros de las fuerzas
> armadas americanas que participen en dichas operaciones, de cualquier
> persecución penal por parte de la Corte Penal Internacional por sus
> acciones emprendidas en conexión con la operación"
>
> El Estatuto fue ratificado por más de 60 Estados el 11 de abril y entró
> en vigor el 1 de julio de 2002. Como era de esperar, a partir de
> mediados de junio de 2002, Washington intentó introducir ante el Consejo
> de Seguridad diversas disposiciones con el objetivo de excluir de la
> competencia de la CPI a toda persona, ciudadano de un Estado no parte
> del Estatuto, contratado para operaciones de mantenimiento de la paz de
> las Naciones Unidas y, en primer lugar, a los nacionales americanos.
>
> Para hacer frente a la opacidad de los procedimientos del Consejo de
> Seguridad, Canadá solicitó tres veces que se organizase una reunión
> abierta. Después de haber recibido dos rechazos, esta sesión finalmente
> fue llevada a cabo el pasado 10 de julio.
>
> Aunque la mayoría de los Estados se había pronunciado antes, en sesión
> plenaria, contra la propuesta americana y contra la posibilidad de que
> el Consejo de Seguridad abriese de nuevo el Estatuto de la CPI, los
> Estados votaron el 12 de julio de 2002 una resolución que pretende ser
> un compromiso. Llamado "compromiso histórico" o "victoria" por algunos,
> esta resolución equivale realmente a normalizar una justicia a la carta
> y a conceder la inmunidad absoluta por un período de un año, a partir
> del 1 de julio de 2002, a los nacionales de Estados no parte del
> Estatuto, en el marco de operaciones del mantenimiento de la paz. Por
> otra parte, esta decisión es renovable cada año el 1 de julio,
> aniversario de la fecha de la creación de la CPI.
>
> Así, la resolución 1422 altera la competencia de la Corte y viola el
> artículo 16 del Estatuto de Roma, que permite al Consejo de Seguridad
> posponer una investigación o el enjuiciamiento de una persona, pero sólo
> individualmente y de manera limitada.
>
> El artículo 16 del Estatuto de Roma prevé, efectivamente, que "En caso
> de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución
> aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de
> las Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce
> meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte
> procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el
> Consejo de Seguridad en las mismas condiciones". De conformidad con
> dicho artículo, la Corte sólo podrá suspender la investigación si
> ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad opone
> un veto a la petición.
> [Fin de la parte 1/2 del informe de la FIDH]
> -----------------------------------------------------------------------
> MAS INFORMACION SOBRE LA CPI:
> http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/
> ---------------------------------------------------------------------
> ---------------------------------------------------------------------
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