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Asunto:[nuevaconsciencia] RV: [p-e] RV: Cpi/Usa - 1/2 Informe de la FIDH sobre la ofensiva de los EE.UU. contra la CPI y estado de la campana de acuerdos bilaterales.
Fecha:Jueves, 19 de Diciembre, 2002  20:24:37 (-0500)
Autor:Alfredo Jaramillo <alfedo @...........co>

Dónde está la democracia de la que estados Unidos se jacta tanto defender?

¿Donde,..donde,...donde?


Alfredo Jaramillo


----- Original Message -----
From: Alfredo Jaramillo <alfedo@...>
To: Punto-encuentro <punto-encuentro@...>
Sent: Thursday, December 19, 2002 7:22 PM
Subject: [p-e] RV: Cpi/Usa - 1/2 Informe de la FIDH sobre la ofensiva de los
EE.UU. contra la CPI y estado de la campana de acuerdos bilaterales.


>
> ----- Original Message -----
> From: Editor Equipo Nizkor <nizkor@...>
> To: Equipo Nizkor <nizkor@...>
> Sent: Thursday, December 19, 2002 3:10 PM
> Subject: Cpi/Usa - 1/2 Informe de la FIDH sobre la ofensiva de los EE.UU.
> contra la CPI y estado de la campana de acuerdos bilaterales.
>
>
> > Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
> > Información  - 19dic02
> >
> > CON EL PRETEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LOS ESTADOS UNIDOS
> > EMPRENDEN UNA OFENSIVA CONTRA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
> >
> > Extractos del American Service Members' Protection Act (ASPA) H.R. 4775
> > del 2 de agosto de 2002.
> > [ver texto completo en [ENG/ING]:
> > http://www.derechos.org/nizkor/icc/ASPA24Jul02.html ]
> >
> > (5) Las fuerzas de mantenimiento de la paz que operen en un país que
> > haya ratificado el Tratado (de la Corte Penal Internacional) pueden ser
> > sometidas a la competencia de la Corte aunque el país de nacionalidad
> > del individuo que pertenezca a dicha fuerza no forme parte del Estatuto.
> > Así, el Tratado crea una situación en la que las fuerzas armadas
> > americanas podrían ser perseguidas por la Corte Internacional, aunque
> > los Estados Unidos no han aceptado la vinculación a este tratado. No
> > sólo ello es contrario a los principios más fundamentales del derecho de
> > los tratados, sino que podría impedir que los Estados Unidos tuviesen
> > recurso a la fuerza militar para cumplir con sus obligaciones de
> > alianza, o que participasen en las operaciones multinacionales,
> > incluyendo las intervenciones humanitarias con el fin de salvar vidas
> > civiles. Otras contribuciones a las operaciones de mantenimiento de la
> > paz podrían verse de igual manera expuestas.
> >
> > (8) Los miembros de las fuerzas armadas americanas deberían verse libres
> > de todo riesgo de persecución por parte de la Corte Penal Internacional,
> > en especial cuando se hallan destinados o desplegados en todo el mundo
> > para proteger intereses vitales de los Estados Unidos. El gobierno
> > americano tiene la obligación de proteger al máximo a los miembros de
> > sus fuerzas armadas contra cualquier persecución penal por parte de la
> > Corte Penal Internacional.
> >
> > (9) Además de exponer a los miembros de las fuerzas armadas americanas
> > al riesgo de una persecución penal internacional, el Estatuto de Roma
> > crea un riesgo de que el Presidente y otros oficiales de alto rango
> > elegidos o nombrados por el gobierno de los Estados Unidos sean
> > perseguidos por la Corte Penal Internacional. Si la Comisión
> > preparatoria de pone de acuerdo
> > sobre una definición del crimen de agresión sin tener en cuenta las
> > objeciones americanas, los oficiales americanos podrían ser amenazados
> > con persecuciones penales por las decisiones de seguridad nacional que
> > implican cuestiones tales como la respuesta a los actos de terrorismo,
> > la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva y
> > la prevención de las agresiones. Como mínimo sería necesario que los
> > miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, los altos
> > oficiales del gobierno americano, se vean libres de cualquier riesgo de
> > persecución por parte de la Corte Penal Internacional, en especial en el
> > ejercicio de sus funciones de protección de los intereses nacionales de
> > los Estados Unidos (1).
> > [Extracto de la Sección 2002 del American Service Members' Protection
> > Act H.R. 4775 del 2 de agosto de 2002 . (1) Traducción no oficial de la
> > FIDH.]
> >
> > I - EL GOBIERNO AMERICANO AFIRMA TEMER LAS DENUNCIAS INFUNDADAS Y CON
> > INTENCIÓN POLÍTICA DIRIGIDAS CONTRA SUS NACIONALES
> >
> > 1. ¿Es necesario recordar que la CPI no tiene competencias retroactivas,
> > y que por lo tanto sólo podrá tratar los crímenes cometidos tras su
> > entrada en vigor el 1 de julio de 2002?
> >
> > Es difícil no concebir las gestiones americanas como intentos de dar
> > "carta blanca" a los dirigentes, militares y civiles americanos
> > implicados en el contraterrorismo y otras operaciones militares en el
> > exterior, concediéndoles así la garantía - en el futuro - de que todo
> > "desbordamiento" o "daño colateral" estará cubierto por una inmunidad
> > absoluta que impide todo
> > enjuiciamiento penal fuera de los tribunales americanos.
> >
> > 2. ¿Es necesario recordar que la CPI estará guiada por el principio de
> > complementariedad que otorga a las jurisdicciones nacionales la
> > prioridad de enjuiciamiento y juicio de los crímenes competencia de la
> > Corte, es decir el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los
> > crímenes de guerra?
> >
> > El principio de complementariedad de la CPI con las jurisdicciones
> > nacionales concede a los Estados Unidos un refugio frente al juicio de
> > criminales americanos por parte de la CPI. La Corte es competente sólo
> > cuando los Estados Unidos se niegan o son incapaces de llevar a los
> > criminales ante la justicia, cuando el orden judicial nacional no
> > funciona. En efecto, en virtud del artículo 17, un caso se considera
> > inadmisible por la CPI cuando "el asunto sea objeto de una investigación
> > o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que
> > éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el
> > enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo", o cuando "el asunto haya
> > sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre
> > él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que
> > se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a
> > llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo".
> >
> > Por lo tanto no es necesario que el Estado que no quiere que sus
> > ciudadanos comparezcan ante la CPI entre en acuerdos bilaterales sobre
> > el fundamento del artículo 98 del Estatuto. Basta que, cada vez que uno
> > de sus ciudadanos sea acusado, lo haga comparecer ante su propio sistema
> > judicial, y la CPI, tras constatar que se cursa un procedimiento, o que
> > tras el procedimiento se ha tomado la decisión de no juzgar, o que ya se
> > ha juzgado, declarará, según el principio de complementariedad, que no
> > puede tratar el caso.
> >
> > Por otra parte, el Estatuto incluye garantías eficaces contra denuncias
> > abusivas. En especial:
> >
> > - la Sala de Cuestiones Preliminares "asumirá desde la fase de
> > instrucción el control de las actas del Fiscal". La Sala de Cuestiones
> > Preliminares debe, obligatoriamente, dar su autorización previa a la
> > apertura de un procedimiento a iniciativa del fiscal. También controla
> > la recopilación de pruebas por parte del fiscal y controla el respeto de
> > las garantías reconocidas en el Estatuto para las personas detenidas.
> > - mecanismos de protección de las informaciones relativas a la seguridad
> > nacional de los Estados.
> > - medidas generales de protección de los testigos que permiten
> > garantizar la confidencialidad de ciertos testimonios, y que se pueden
> > aplicar a los testigos particulares y a personal de las operaciones de
> > mantenimiento de la paz.
> > - garantías judiciales para los sospechosos y los acusados en todas las
> > fases del procedimiento.
> > - procedimiento previsto para el examen por parte de la Corte de la
> > denuncia.
> >
> > En este contexto, ¿Cómo no poner en duda la voluntad americana de
> > enjuiciar a los nacionales americanos ante sus propios tribunales?
> >
> > 3. ¿Es necesario recordar que el Estatuto de Roma se dirige a todos
> > equitativamente, sin distinción fundada sobre su calidad  oficial?
> >
> > El artículo 27 del Estatuto prevé que no se reconocerá inmunidad alguna,
> > incluso para los Jefes de Estado o de Gobierno. Consiguientemente, una
> > excepción en la competencia de la Corte parece una contradicción total
> > con el texto y el espíritu del Estatuto.
> >
> > 4. Finalmente, ¿es necesario recordar que la competencia de un Estado
> > para enjuiciar a una persona, sea cual sea su nacionalidad, por un
> > crimen cometido sobre su territorio, es una competencia tradicional,
> > reconocida por el conjunto de los sistemas jurídicos del mundo?
> >
> > La Corte Penal Internacional tiene una competencia limitada a los
> > crímenes cometidos por el nacional o sobre el territorio de un Estado
> > parte del Estatuto de la CPI. Así, como lo señala el gobierno americano,
> > un ciudadano americano que comete un crimen sobre el territorio de un
> > Estado parte, es competencia de la CPI, hayan o no aceptado los Estados
> > Unidos el Estatuto de Roma. En virtud del principio de
> > complementariedad, el Estado parte en cuestión puede, además, pedir que
> > el ciudadano americano sea juzgado ante sus tribunales internos. Como lo
> > explicó la delegación suiza en su intervención del 14 de octubre de 2002
> > en la Asamblea General de las Naciones Unidas, "la Corte no ataca los
> > derechos de los Estados no parte. Por lo tanto, es erróneo reprocharle
> > un poder extraterritorial. Cuando juzgue al autor, sea cual sea su
> > nacionalidad, de un crimen cometido sobre el territorio de un Estado
> > parte, ejercerá una competencia territorial ordinaria, clásica. Todos
> > los códigos penales nacionales contemporáneos registran este tipo de
> > competencia. Deseamos resaltar, por lo tanto, una vez más, que una
> > proliferación de inmunidades y de cláusulas de excepción pondría de
> > nuevo en entredicho el buen funcionamiento de la Corte".
> >
> > II - UN ARSENAL POLÍTICO-JURÍDICO COMPLEJO QUE PRETENDE LA IMPUNIDAD DE
> > LOS NACIONALES AMERICANOS
> >
> > Analizado en su totalidad, el arsenal construido no se diferencia de los
> > medios aplicados por los americanos para luchar contra el terrorismo.
> > Estas gestiones se efectúan paralelamente en el plano de la política
> > interior, la diplomacia internacional y las negociaciones bilaterales:
> >
> > - La Ley ASPA (American Service Protection Act), iniciada bajo la
> > administración Clinton por los conservadores del Senado americano,
> > define lo principal de este objetivo, afirmando el rechazo de los
> > Estados Unidos a cooperar con la CPI y criticando las fundaciones
> > jurídicas de la Corte. La Ley omite el derecho internacional y es prueba
> > del unilateralismo americano en la escena internacional, ya que intenta
> > imponer a otros países su punto de vista sobre la Corte, utilizando
> > presiones resultado de su superioridad económica, política y militar.
> > (A)
> >
> > - Al margen de su postura en el plano de la política interior, los
> > Estados Unidos continúan intentando boicotear la competencia de la Corte
> > en el marco de la diplomacia internacional. Habiendo fracasado en la
> > negociación de una justicia penal internacional "aceptable" en Roma y
> > después en las sesiones de la Comisión preparatoria para la CPI, los
> > Estados Unidos han decidido
> > utilizar el Consejo de Seguridad para garantizar un control político de
> > la competencia y del ejercicio de la competencia de la Corte. A pesar de
> > la fuerte movilización de los Estados, de las ONG y de la toma de
> > posición del Secretario General de las Naciones Unidas contra las
> > propuestas americanas, la resolución 1422 ha pasado a la unanimidad,
> > ofreciendo así una inmunidad total e ilimitada ante la CPI para los
> > responsables o el personal en actividad (o antiguos
> > responsables o personal) de un Estado contribuyente que no forma parte
> > del Estatuto de Roma por actos u omisiones vinculadas a operaciones
> > establecidas o autorizadas por la ONU. (B)
> >
> > - La presión americana también se ejerce individualmente sobre otros
> > países. Los Estados Unidos intentan maniobrar por medio de acuerdos
> > bilaterales fundados falaciosamente en el artículo 98 del Estatuto de
> > Roma, para prevenir la entrega a la corte de un nacional americano. (C)
> >
> > A. El American Service Members' Protection Act (ASPA) o la doctrina
> > americana contra la CPI:
> >
> > La ley HR 4775 "American Service Members' Protection Act" (ASPA),
> > aprobada en el contexto legislativo de la ley de finanzas, en respuesta
> > a los ataques terroristas contra los Estados Unidos, constituye la
> > doctrina pública de los Estados Unidos con respecto a la CPI.
> >
> > Recordando en el preámbulo las razones de su oposición a la Corte,
> > insiste incorrectamente en el hecho que "un tratado internacional no
> > puede crear obligaciones hacia un Estado no parte" y por lo tanto, "los
> > Estados Unidos rechazan cualquier competencia de la Corte para con sus
> > nacionales". En sustancia, esta ley, presentada por primera vez el 8 de
> > mayo de 2001 ante la Cámara por el republicano M. Delay y firmada por el
> > Presidente Bush el 2 de agosto de 2002:
> >
> > 1. Prohíbe cualquier cooperación americana con la CPI (Sección 2004):
> >
> > Esta prohibición general de cooperación con la Corte se aplica a los
> > tribunales americanos, a los gobiernos locales y al gobierno federal.
> > Incluye la prohibición de transferir ante la Corte a cualquier persona,
> > ciudadano americano o extranjero residente en los Estados Unidos,
> > presente en el territorio; la prohibición de cualquier investigación de
> > la Corte en el territorio de los Estados Unidos; la prohibición de
> > asignar fondos del gobierno americano para las detenciones, arrestos,
> > extradiciones o el enjuiciamiento de un ciudadano americano o un
> > extranjero residente permanentemente en los Estados Unidos por la Corte;
> > la prohibición de aplicar en el territorio de los Estados Unidos
> > cualquier medida de instrucción relacionada con una denuncia preliminar,
> > una
> > investigación, un enjuiciamiento o cualquier otro procedimiento de la
> > Corte.
> >
> > 2. Restringe la participación americana en ciertas operaciones de
> > mantenimiento de la paz de la ONU (sección 2005):
> >
> > Se espera que el Presidente utilice la voz y el voto americano dentro
> > del Consejo de Seguridad para garantizar que todas las resoluciones
> > tomadas en el marco del capítulo VI o VII de la Carta de las Naciones
> > Unidas que autorizan respectivamente la puesta en marcha de operaciones
> > de mantenimiento de la paz y de reestablecimiento de la paz consideren
> > una exención permanente, para los miembros del ejercito americano. Se
> > trata de un enjuiciamiento penal ante la CPI de los nacionales
> > americanos en lo que se refiere a las acciones desarrolladas en conexión
> > con la operación. La participación del ejercito americano sólo sería
> > posible si ocurriese en el territorio de un Estado no parte del
> > Estatuto. El Presidente de los Estados Unidos puede permitir la
> > participación de las tropas americanas en tales operaciones si se
> > respeta una de las tres condiciones siguientes: el Consejo de Seguridad
> > garantiza por resolución la inmunidad de las fuerzas armadas americanas;
> > la CPI no puede ejercer sus competencias en el campo de las operaciones
> > militares o si hay un acuerdo del tipo "artículo 98" entre los Estados
> > Unidos y el país en donde se desarrollen las operaciones militares o si
> > el interés nacional justifica tal operación.
> >
> > 3. Evita la transferencia ante la Corte de los documento relativos a la
> > seguridad nacional (Sección 2006)
> >
> > 4. Prohíbe cualquier ayuda militar aunque la mayoría de Estados
> > ratifiquen el Estatuto de Roma (Sección 2007) El principio general de
> > este artículo dispone que, un año después de la entrada en vigor de la
> > Corte, no se proporcionará ninguna ayuda militar americana a un Estado
> > parte de la CPI. Sin embargo la ley prevé que ciertos Estados se pueden
> > eximir de acuerdo con el interés nacional americano. Así, la cláusula de
> > la no-ayuda no es aplicable a los Estados miembros de la
> > OTAN, los aliados esenciales, aunque no miembros, de la OTAN (incluyendo
> > Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina, República de
> > Corea, Nueva Zelanda) y Taiwán. De la misma manera, el Presidente puede
> > reexaminar la prohibición si el Estado en cuestión tuviera un acuerdo
> > con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 98 del Estatuto,
> > que prohibiría explícitamente la entrega de un americano a la CPI.
> >
> > 5. Presentación de informes ante el Congreso (Sección 2009)
> >
> > Prevé que el Presidente debe proporcionar al Congreso un informe que
> > detalle cada alianza militar en la que los Estados Unidos participe, y
> > especifica hasta qué punto podrían los miembros de las fuerzas armadas
> > americanas, en el contexto de una operación militar dirigida por esta
> > alianza, ser colocados bajo el control operacional de oficiales
> > extranjeros sometidos a la CPI (por ser nacionales de un Estado parte de
> > la Corte) y evaluar su riesgo para las fuerzas armadas americanas
> > (Sección 2009).
> >
> > 6. ASPA o el "Hague Invasion Act" (Sección 2008) Autoriza al Presidente
> > a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados" para liberar a un
> > ciudadano americano retenido por la CPI, de donde viene el apodo de
> > "Hague Invasion Act" (Sección 2008).
> >
> > El ASPA contiene igualmente toda una serie de mecanismos que permiten
> > que el Presidente americano anule dichas prohibiciones.
> >
> > Durante el verano de 2001 y hasta los acontecimientos del 11 de
> > septiembre, los miembros del parlamento que impulsaron esta ley
> > decidieron vincular la autorización del Senado sobre el pago de los
> > atrasos que los EE.UU. debían a la ONU a la ley anti-CPI. El 13 de
> > septiembre, dos días después de los ataques terroristas contra Nueva
> > York y Washington, el diputado Tom DeLay finalmente decidió renunciar a
> > oponerse al pago de los atrasos y los diputados aceptaron así el pago
> > sin ningún tipo de condicionamiento. El 10 de septiembre, la ley
> > anti-CPI estaba revisada para incluir las prerrogativas presidenciales,
> > que permiten eliminar algunas de las prohibiciones consideradas por la
> > ley ASPA. El 25 de septiembre, una carta del Departamento del Estado
> > informó a Jesse Helms sobre el apoyo del gobierno a la ley revisada.
> >
> > El 28 de noviembre el Senador republicano Henry Hyde hace aprobar en el
> > último momento una enmienda a la ley de finanzas para defensa de 2002,
> > que prohíbe cualquier cooperación con la CPI. Después de muchas
> > enmiendas, la versión final de la ley otorga al Presidente un amplio
> > margen de maniobra para levantar las prohibiciones previstas en el ASPA,
> > e insiste en el hecho
> > de que ninguna de sus disposiciones puede interferir con la autoridad
> > constitucional del Presidente para decidir sobre la política extranjera.
> >
> > Finalmente, una enmienda a la ley ("Enmienda Dodd", Sección 2015) hace
> > posible que los Estados Unidos cooperen con los esfuerzos
> > internacionales, incluyendo la CPI, para llevar ante la justicia a
> > nacionales extranjeros acusados de genocidio, de crímenes de la guerra o
> > de crímenes contra humanidad, como Sadam Hussein, Slobodan Milosevic,
> > Bin Laden u otros miembros de Al Queda o la Jihad islámica. Entre la
> > inmunidad para sus nacionales y la lucha antiterrorista, el "interés
> > nacional" permite todas las contradicciones...
> >
> > El 2 de agosto de 2002, George W. Bush firma el ASPA. La doctrina
> > americana relativa a la Corte se inscribe así en el derecho interno.
> > Pero los Estados Unidos deben también cerciorarse de que ninguno de sus
> > nacionales, civil, diplomático o militar, que esté fuera del territorio
> > americano, podrá ser "molestado" por la Corte. Esta es la razón por la
> > que se ha negociado una resolución del Consejo de Seguridad para limitar
> > la competencia de la CPI y por la que se promueve el establecimiento de
> > acuerdos bilaterales para evitar que se entregue a la Corte a nacionales
> > americanos. De este modo, se materializa un ASPA en el ámbito
> > internacional.
> >
> > B - La lucha de los Estados Unidos contra la CPI en el Consejo de
> > Seguridad: la resolución 1422
> >
> > Como se ha indicado arriba, la ley americana ASPA prevé que "a partir de
> > la fecha en la que el Estatuto de Roma entre en vigor de conformidad con
> > el artículo 126 del Estatuto de Roma, el Presidente deberá utilizar su
> > voz y su voto en el Consejo de Seguridad para garantizar que toda
> > resolución del Consejo de Seguridad que autorice operaciones de
> > mantenimiento de la paz en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
> > Naciones Unidas excluya, como mínimo, a los miembros de las fuerzas
> > armadas americanas que participen en dichas operaciones, de cualquier
> > persecución penal por parte de la Corte Penal Internacional por sus
> > acciones emprendidas en conexión con la operación"
> >
> > El Estatuto fue ratificado por más de 60 Estados el 11 de abril y entró
> > en vigor el 1 de julio de 2002. Como era de esperar, a partir de
> > mediados de junio de 2002, Washington intentó introducir ante el Consejo
> > de Seguridad diversas disposiciones con el objetivo de excluir de la
> > competencia de la CPI a toda persona, ciudadano de un Estado no parte
> > del Estatuto, contratado para operaciones de mantenimiento de la paz de
> > las Naciones Unidas y, en primer lugar, a los nacionales americanos.
> >
> > Para hacer frente a la opacidad de los procedimientos del Consejo de
> > Seguridad, Canadá solicitó tres veces que se organizase una reunión
> > abierta. Después de haber recibido dos rechazos, esta sesión finalmente
> > fue llevada a cabo el pasado 10 de julio.
> >
> > Aunque la mayoría de los Estados se había pronunciado antes, en sesión
> > plenaria, contra la propuesta americana y contra la posibilidad de que
> > el Consejo de Seguridad abriese de nuevo el Estatuto de la CPI, los
> > Estados votaron el 12 de julio de 2002 una resolución que pretende ser
> > un compromiso. Llamado "compromiso histórico" o "victoria" por algunos,
> > esta resolución equivale realmente a normalizar una justicia a la carta
> > y a conceder la inmunidad absoluta por un período de un año, a partir
> > del 1 de julio de 2002, a los nacionales de Estados no parte del
> > Estatuto, en el marco de operaciones del mantenimiento de la paz. Por
> > otra parte, esta decisión es renovable cada año el 1 de julio,
> > aniversario de la fecha de la creación de la CPI.
> >
> > Así, la resolución 1422 altera la competencia de la Corte y viola el
> > artículo 16 del Estatuto de Roma, que permite al Consejo de Seguridad
> > posponer una investigación o el enjuiciamiento de una persona, pero sólo
> > individualmente y de manera limitada.
> >
> > El artículo 16 del Estatuto de Roma prevé, efectivamente, que "En caso
> > de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución
> > aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de
> > las Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce
> > meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte
> > procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el
> > Consejo de Seguridad en las mismas condiciones". De conformidad con
> > dicho artículo, la Corte sólo podrá suspender la investigación si
> > ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad opone
> > un veto a la petición.
> > [Fin de la parte 1/2 del informe de la FIDH]
> > -----------------------------------------------------------------------
> > MAS INFORMACION SOBRE LA CPI:
> > http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/
> > ---------------------------------------------------------------------
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> > FIN DEL MENSAJE END OF MESAGGE EINDE BERICHT FIM DA MENSAGEM
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