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Responder a este mensaje
Asunto:[nuevaconsciencia] FW: Visión Global /La Energía
Fecha:Jueves, 5 de Abril, 2001  00:07:51 (-0700)
Autor:Ricardo Ocampo-Anahuak Networks <chicanos @...........mx>

FW: Visión Global /La Energía



----------
From: "Mauricio Bernadez M." <mauricio@planet.com.mx>
Date: Wed, 4 Apr 2001 23:45:59 -0500
To: "Ricardo Ocampo" <anahuak@webtelmex.net.mx>
Subject: Visión Global /La Energía


Si estas de acuerdo con el contenido de este comunicado, agrega nombre (vinculado a tu email) a este mensaje y reenvíalo.               

Energía

Si bien no existe un grupo de negociación ALCA dedicado exclusivamente a
temas de energía, hay un consenso para llegar a un "acuerdo anticipado"
sobre este asunto en la cumbre de la Ciudad de Quebec del mes de abril.
Efectivamente, es muy probable que el ALCA haga eco de las disposiciones
sobre energía que forman parte integral del TLC.

En este acuerdo, los negociadores crearon una política energética
continental liberalizada, antiambiental y anticonservación, fundamentada en
exportaciones generadoras de grandes ganancias a corto plazo y de alto
costo, controlada por las empresas de energía transnacionales, con poco
interés en el aumento de precios o en las consecuencias ambientales se sus
acciones. Si se extiende al resto del hemisferio este régimen energético
desregulado, tendrá consecuencias devastadoras en la lucha contra el uso
excesivo de combustibles fósiles en los países de las Américas.

Sería útil para los países latinoamericanos productores de energía como
Venezuela y Bolivia saber qué fue lo que pasó con las reservas energéticas
de Canadá bajo estas reglas, ya que éstas serán aplicables a todos los
países de Latinoamérica bajo el ALCA.

En Canadá, para cumplir con dichas disposiciones del TLC, se invalidaron
los poderes de la entidad reguladora National Energy Board y se desmanteló
la "garantía de suministro vital" que exigía que Canadá mantuviese un
superávit de gas natural suficiente para 25 años. Actualmente, no hay
ninguna entidad gubernamental ni ley que garantice que los canadienses
contemos con un suministro adecuado de energía propia en el futuro. (No
obstante, Estados Unidos ha declarado que su propia reserva de 25 años sí
es necesaria por razones de seguridad nacional y, en consecuencia,
actualmente la conserva.)

Los solicitantes de permisos de exportación, ya sean canadienses o
estadounidenses, ya no tienen que aducir evaluaciones de impacto de
exportación, y el sistema de distribución de gas íntegramente canadiense
fue abandonado, lo que generó la frenética construcción de gasoductos
norte-sur. Se prohibió la aplicación de impuestos al suministro canadiense
de energía y así los gobiernos perdieron una fuente de ingresos
tributarios, además de beneficiar a clientes estadounidenses con lo que era
un fijación de precios preferencial para clientes nacionales.

Más importante todavía, el acuerdo comercial impuso un sistema de
"repartición proporcional" mediante el cual el suministro canadiense de
energía a Estados Unidos está garantizado en perpetuidad. En lo que se
puede denominar una sorprendente renuncia de soberanía, el gobierno de
Canadá acordó que ya no tiene el derecho de "rechazar una solicitud de
licencia o revocar o cambiar una licencia de exportación de energía a
Estados Unidos", mismo si fuese por razones relativas a prácticas
ambientales o conservación.

Esto conllevó un aumento espectacular en la venta de gas natural a los
mercados estadounidenses; en una década, las exportaciones se han
cuadruplicado, ascendiendo a 8,5 mil millones de pies cúbicos (240 millones
m3) por día. Aproximadamente el 55% de la producción total canadiense de
gas se exporta a Estados Unidos, donde las empresas de distribución de ese
país-que proveen a una población mucho más grande-han logrado firmar
contratos a largo plazo al menor precio posible. Los consumidores
canadienses deben ahora competir por sus propios recursos energéticos
contra una economía diez veces más grande con reservas que decrecen
permanentemente y una demanda que va en aumento. La situación del sector
petrolero es la misma. Canadá produce actualmente 2,3 millones de barriles
por día y envía 1,3 de éstos a Estados Unidos.

Los acuerdos de libre comercio obligaron a Canadá a comprometerse a una
política energética controlada por exportaciones masivas y garantizadas a
Estados Unidos, al control empresarial de las provisiones y a una política
económica que depende más que nunca de la explotación de recursos
primarios. Debido a que, en relación con impugnaciones comerciales, se
eximió a los subsidios gubernamentales canadienses para la exploración de
petróleo y gas, los fondos públicos del país seguirán siendo utilizados
para la exploración no controlada de combustibles fósiles ambientalmente
destructivos, proceso que ya ha destruido los hábitats del norte y amenaza
los delicados desovaderos de la costa de Cabo Bretón y Terranova, todo para
el beneficio de las empresas transnacionales.

En el ALCA, estas disposiciones se extenderán a los demás países de las
Américas, naciones que deben tomar conciencia de la pérdida de soberanía en
el suministro de energía y en la responsabilidad ambiental que acompaña a
esos recursos.

Agua

De igual manera, es improbable que, bajo el ALCA, Estados Unidos no
extienda a los demás países del hemisferio las disposiciones del TLC con
respecto a recursos hídricos. Estas disposiciones establecen un mercado
continental de agua en caso de que se inicien las exportaciones comerciales
de agua; este es un asunto que exige la atención inmediata de aquellos
países preocupados por los planes de privatización del suministro de agua.

El Capítulo 3 del TLC establece obligaciones, incluso derechos de
tratamiento nacional, con respecto al acceso a mercados para el comercio de
bienes. Utiliza la definición de "bienes" del Acuerdo general sobre
aranceles aduaneros y comercio (GATT) que claramente incluye "aguas,
incluso aguas naturales o artificiales, y aguas aireadas".

Cuando se estaba negociando el TLC, sus opositores exigían que se eximiese
expresamente al agua. Los gobiernos argüían que en ese momento el agua no
se comercializaba en ninguno de los países del TLC; por lo tanto, el agua
en su estado "natural" gozaba de seguridad. Los detractores argüían que
toda protección de esta índole sería, en el mejor de los casos, sólo
temporaria y que en cuanto cualquier jurisdicción comenzase a vender agua
con fines comerciales, las disposiciones clave del TLC entrarían en efecto,
lo que socavaría el control público del agua.

Existen tres disposiciones clave del TLC que ponen en peligro al agua una
vez que ésta se comercializa. La primera es la relativa a tratamiento
nacional, según la cual ningún país puede discriminar a favor de su propio
sector privado en cuanto al uso comercial de los recursos hídricos. Una vez
que se expide a una empresa una licencia para la exportación de agua, los
"inversionistas" (i.e. las empresas) de otros países del TLC tienen el
mismo "derecho de establecimiento" que las empresas nacionales con respecto
al uso comercial del agua.

La segunda disposición consta en el Capítulo 11, en la cláusula
inversionista-estado. Es aplicable al agua de dos maneras. En primer lugar,
si cualquier país, estado o provincia del TLC intenta autorizar únicamente
a empresas nacionales para exportar agua, las empresas de los demás países
del TLC tendrán derecho a indemnizaciones financieras. Segundo, si
cualquier gobierno del TLC promulgase legislación para prohibir la venta de
agua en grandes cantidades, en virtud de ese mismo acto el agua se
convertiría en un "bien" comercial; los derechos del inversionista que
constan en el Capítulo 11 entrarían en vigor gracias a la misma ley que los
excluye, posibilitando la demanda de indemnización financiera por
oportunidades perdidas.

La tercera disposición clave consta en el Artículo 315, "repartición
proporcional", la misma disposición que creó un mercado continental de
energía. Según los artículos 315 y 309, ningún país puede reducir o
restringir la exportación de un recurso una vez establecida su
comercialización. Además, ningún gobierno puede imponer un impuesto a la
exportación o cobrar más a los clientes de otro país del TLC que a los
clientes nacionales. Las exportaciones de agua estarían garantizadas al
nivel adquirido durante los 36 meses precedentes; cuanto más agua se
exporte, más será el caudal que se deberá exportar. Mismo si se determinase
que el movimiento masivo de agua daña el medio ambiente, dichos requisitos
continuarían en vigor.

El tratado ALCA que se ha propuesto contiene otra amenaza adicional contra
la soberanía y conservación del agua. La lista de servicios del GATS cuya
negociación se encuentra actualmente en curso, incluye "servicios
ambientales". Es muy probable que los servicios ambientales, que incluyen
servicios hídricos, se incorporen de manera similar al ALCA. Esto significa
que los servicios públicos de agua podrían ser impugnados según las
disposiciones de tratamiento nacional del acuerdo propuesto, lo que
ocasionaría que servicios tales como el suministro de agua o tratamiento de
aguas residuales sean privatizados y subcontratados a empresas hídricas
transnacionales como Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi. Si cualquier
gobierno intentase mantener los servicios de agua en manos del estado,
estas empresas tendrían enormes derechos de indemnización según el Capítulo
11.

Esta pérdida de control público del agua es de suma urgencia para los
países latinoamericanos, donde la privatización, promovida en gran medida
por el Banco Mundial, se está extendiendo rápidamente.

Combinados con los acuerdos TBT y SPS de la OMC y los planes de acuerdos
"anticipados" en las áreas de silvicultura y pesca, el tratado ALCA promete
ser desastroso para la administración de las Américas.

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los agricultores de las Américas ya han sentido el impacto total de la
competencia mundial según los mandatos onerosos de los programas de ajuste
estructural del Banco Mundial y del FMI, como también el de las
disposiciones sobre agricultura de la OMC. Se ha retirado de la voz inglesa
"agriculture" (agricultura) el elemento "culture" (cultura),
reemplazándoselo con "business" (empresa). Bajo el nuevo sistema
alimentario mundial, la agricultura, mediante la cual los agricultores
cultivaban alimentos para el pueblo y las comunidades, ha sido reemplazada
por un sistema "agroempresarial", industria agroalimentaria en la cual las
empresas transnacionales producen alimentos con fines de lucro sin que
importen las normas de seguridad alimentaria o los derechos de los
agricultores.

Debido a que la OMC prohíbe los controles de exportación e importación,
sólo los agricultores sumamente grandes, los grandes países y las grandes
empresas podrán sobrevivir. En consecuencia, el acuerdo sobre agricultura
de la OMC ha beneficiado casi exclusivamente a las grandes empresas
agroalimentarias del mundo, sin que importe su país de origen. Al elegir
los acuerdos sobre agricultura (AOA) y las normas (SPS) de la OMC, los
negociadores tienen la intención de otorgar nuevos poderes mediante este
pacto para restringir los derechos tradicionales de los agricultores y
bajar el nivel de la legislación alimentaria. Según las disciplinas de la
OMC, los agricultores ya no pueden negociar colectivamente los precios de
los productos con compradores nacionales, por una parte, y extranjeros, por
la otra. La eliminación del soporte de precios nacionales para proteger a
los agricultores los ha dejado a la merced de los precios internacionales.

Por otra parte, el acoso de los acuerdos AOA de la OMC contra las medidas
no arancelarias, tales como las normas ambientales y los programas de
gestión de suministro, ha sido utilizado para rebajar las garantías de
salud pública y protección de agricultores. Por ejemplo, mediante la OMC,
Estados Unidos ha impugnado exitosamente los requisitos impuestos por Japón
a las importaciones agrícolas en materia de pruebas de residuos de
plaguicidas en relación con la salud. Los países ya no pueden mantener
reservas alimentarias de emergencia en caso de sequía o cosecha
deficitaria; actualmente, deben comprar lo que necesitan en el mercado
abierto. "Autosuficiencia alimentaria" significa ahora contar con el dinero
suficiente para comprar comida, a diferencia de la habilidad para
producirla.

El acuerdo SPS de la OMC ha tenido un impacto terrible en el derecho de los
pueblos del mundo a contar con alimentos seguros. Canadá y Estados Unidos
han utilizado exitosamente el acuerdo SPS para revocar una prohibición
europea de la carne vacuna norteamericana que contiene hormonas dañinas y
posiblemente cancerígenas. La UE, sumamente sensible a la preocupación por
el trastorno de la vaca loca, puso en vigor una interdicción del uso no
terapéutico de hormonas en su sector alimentario, citando diversos estudios
que establecían un nexo entre éstas y la enfermedad. El panel de la OMC
exigió "certeza científica" de que estas hormonas causan cáncer u otros
efectos adversos para la salud, eviscerando así el principio de precaución
como base de los reglamentos de seguridad alimentaria.

El ALCA parece estar dispuesto a promover un modelo de agricultura en el
hemisferio; los resultados serán devastadores para los agricultores de
Latinoamérica.

¿Qué depara el futuro para una América Latina bajo el ALCA?

Se está prometiendo todo tipo de cosas a los países de Centroamérica,
Suramérica y el Caribe con respecto al ALCA: se les dice que el comercio y
las inversiones más liberalizadas crearán la potencia comercial más grande
de la historia, ofreciendo prosperidad a los millones de habitantes de la
región que actualmente no tienen ni trabajo ni esperanza.

Los latinoamericanos deben analizar estas promesas detenidamente antes de
firmar impulsivamente este pacto.

La realidad es que Latinoamérica ha estado viviendo bajo este modelo del
ALCA desde hace ya más de una década. Se fundamenta en los programas de
ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI que los latinoamericanos ya
conocen muy bien. En primer lugar, fueron los criterios imperativos de
liberalización y privatización del ajuste estructural los que ocasionaron
el desmantelamiento de sus infraestructuras públicas. A fin de cumplir con
los requisitos de alivio de la deuda, decenas de países de las Américas se
vieron obligados a abandonar los programas sociales públicos, lo que
permitió a empresas extranjeras con fines de lucro entrar y vender sus
"productos" de sanidad y educación a los "consumidores" que pudiesen pagar.

Actualmente, estos países tienen permiso para mantener dichos programas
únicamente para los más pobres. No obstante, estos servicios son tan
inadecuados que las empresas no tienen interés y, por ende, millones de
habitantes del hemisferio no cuentan con los elementos básicos de educación
y servicios de salud. No es de sorprenderse que los países latinoamericanos
estén sufriendo una invasión de empresas de salud estadounidenses, tales
como Aetna International y American International, firmas que tienen una
crecimiento anual de 20% en esa región.

Bajo el ALCA, el proceso se acelerará, lo que eliminará por completo la
medicina tradicional, la educación y la diversidad cultural. Efectivamente,
la meta es lograr una armonización mundial económica y cultural, según un
funcionario superior estadounidense de la OMC, quien agrega que
"básicamente, no se detendrá hasta que los extranjeros empiecen a pensar
como americanos, actuar como americanos y, sobre todo, comprar como
americanos".

La última década de liberalización de comercio e inversiones ha causado
mucho sufrimiento en Latinoamérica. Las tasa de interés sobre las deudas
han aumentado del 3% en 1980 a más de 20% en la actualidad. Latinoamérica,
como región tiene la tasa de distribución de ingresos no equitativa más
alta del mundo. Tras tomar la medicina del libre mercado, hay más pobreza
ahora que en 1980 y el poder adquisitivo del trabajador latinoamericano ha
decaído en un 27%. El 85% del crecimiento laboral ha ocurrido en el sector
precario, sin protección o beneficio alguno.

México, después de ocho años en el TLC, tiene un nivel de pobreza sin
precedentes de 70%. Durante esos años el salario mínimo perdió más de tres
cuartos de su poder adquisitivo. En la actualidad hay 90 millones de
latinoamericanos indigentes y 105 millones no tienen acceso a ningún tipo
de servicio médico. El número de niños que trabajan ha crecido
espectacularmente; hoy en día hay al menos 19 millones de niños que
trabajan en condiciones terribles. El movimiento desesperado que se
desencadenó para explotar los recursos naturales de la región ha causado
una degradación masiva del medio ambiente y el uso de plaguicidas y
fertilizantes se ha triplicado desde 1996; existen hoy 80.000 sustancias
químicas que se producen y utilizan en las Américas.

La explotación actual de los recursos naturales latinoamericanos por parte
de empresas canadienses y estadounidenses aumentaría considerablemente bajo
el nuevo pacto hemisférico. Las empresas transnacionales de minería,
energía, agua, ingeniería, silvicultura y pesca tendrían nuevo acceso a la
base de recursos invalorables de cada país y contarían además con el
derecho de impugnar a cualquier gobierno que tratase de limitar dicho
acceso, valiéndose de las disposiciones de inversionista-estado. La
habilidad de los gobiernos para proteger el medio ambiente o establecer
normas ambientales con respecto a la extracción de recursos naturales se
vería considerablemente reducida al igual que el derecho del garantizar que
las actividades de las empresas extranjeras generen empleos en el lugar.

La afiliación al ALCA bajo estas condiciones "equivaldrían a un suicidio",
afirma la coalición de sindicatos del Cono Sur. En diciembre de 2000, los
principales sindicatos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay celebraron
una cumbre sindical del MERCOSUR, donde exhortaron a los gobiernos para que
sometan al ALCA a un plebiscito nacional, en el cual, según creen, se
derrotaría al tratado. El proceso ALCA está aumentando un nivel de pobreza
en la región que ya va en aumento, según dijeron los líderes sindicales, y
está imponiendo "límites a las instituciones nacionales que deberían
decidir el futuro de cada país, dejando de lado los mecanismos que permiten
a la sociedad garantizar la administración democrática del estado".

Conclusión

Si las condiciones y recomendaciones de los grupos de negociación del ALCA
conforman la base sustantiva de un pacto de comercio hemisférico, el
proceso en su totalidad es inaceptable y los ciudadanos de las Américas
deben luchar para derrotarlo por completo. A pesar de que los gobiernos
declaran que estas nuevas reglas de comercio e inversión fueron negociadas
en colaboración con sus ciudadanos, el tratado propuesto para el ALCA no
refleja ninguna de las inquietudes expresadas por la sociedad civil y
contiene las disposiciones que los ambientalistas, grupos de derechos
humanos y justicia social, agricultores, pueblos indígenas, artistas,
trabajadores y muchos otros consideran más atroces. La integridad de todos
los programas sociales, reglamentos ambientales y recursos naturales
peligra bajo el ALCA. En su estado actual, no hay colaboración alguna que
pudiese convertir a este pacto comercial en un acuerdo aceptable.

Esto no quiere decir que los ciudadanos de las Américas se opongan a las
reglas que rigen al comercio y a los vínculos económicos entre nuestros
países; siempre y cuando se basen en un conjunto diferente de supuestos
fundamentales, tal como la Declaración de Derechos Humanos de Naciones
Unidas y reglas ambientales sólidas, los ciudadanos de las Américas
estarían preparados a iniciar un proceso tendente a desarrollar lazos
estrechos entre ellos mismos y con los pueblos del mundo. No obstante, éste
no puede comenzar con los supuestos y las metas del ALCA.

Dicho proceso debe comenzar con una revisión de los tratados comerciales
actuales como los de la OMC y el TLC; es hora de concebir un nuevo sistema
de comercio internacional con fundamento en la democracia, sostenibilidad,
diversidad y desarrollo, alternativas con respecto a las cuales se está
realizando una valiosa labor. Por encima de todo, el mundo del comercio
internacional deberá dejar de ser el reino exclusivo de las elites
protegidas, los burócratas comerciales y los negociadores del poder
empresarial. Cuando entiendan lo que está en juego en estas negociaciones
hemisféricas, los pueblos de las Américas se movilizarán para derrotarlas.
Ése es el destino que las tratativas se merecen.



Maude Barlow es presidenta nacional del Council of Canadians, el grupo de
propugnación pública más grande de Canadá, y una de las directoras del
International Forum on Globalization. Es autora y coautora de 12
bestsellers. Su nuevo libro, Global Showdown: How the New Activists are
Fighting Global Corporate Rule, escrito juntamente con Tony Clarke, será
publicado por la editora Stoddart en febrero de 2001.



FUENTES

The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the Millennium, ponencia
preparada para la conferencia "Trade and the Western Hemisphere,"
organizada por la Southern Methodist University, Dallas, Texas, 25 de marzo
de 2000, por Sherri M. Stephenson, Vicedirectora de Comercio, Organización
de los Estados Americanos

Report to the Trade Negotiations Committee, documento de acceso restringido
del grupo de negociación sobre servicios del ALCA, donde se delinea su
mandato, filtrado en octubre de 2000

Services and Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration
and Reform, colección compilada por Sherri. M. Stephenson, Brookings
Institute, Washington, 2000

Social Exclusion, Jobs, and Poverty in the Americas, escrito preparado para
el foro Americas Civil Society Forum, noviembre de 1999, Toronto, por
Hemispheric Social Alliance and Common Frontiers-Canada

Forgotten Promises and Forgotten Lessons: The OAS, the FTAA and
Environmental Protection, escrito preparado para el International Centre
for Democratic Development Workshop, Windsor, 5 de junio de 2000, por
Christine Elwell, miembro del Sierra Club of Canada

Navigating NAFTA, A Concise User's Guide to the North American Free Trade
Agreement, Barry Appleton, Carswell, Toronto, 1994

MAI, The Multilateral Agreement on Investment and the Threat to Canadian
Sovereignty, Tony Clarke y Maude Barlow, Stoddart, Toronto, 1997

Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the Erosion of
Democracy, Lori Wallach y Michelle Sforza, Public Citizen, Washington DC,
1999

GATS: How the World Trade Organization's New "Services" Negotiations
Threaten Democracy, Scott Sinclair, The Canadian Centre for Policy
Alternatives, Ottawa, Ontario, 2000

The World Trade Organization, A Citizens' Guide, Steven Shrybman, The
Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, Ontario, y James Lorimer
and Co. Ltd, Halifax, Nueva Escocia, 1999

Invisible Government, the World Trade Organization: Global Government for
the New Millennium?, Debi Barker y Jerry Mander, International Forum on
Globalization, San Francisco, 2000

Investigación sobre servicios: Ellen Gould, Vancouver Investigación sobre
comercio electrónico: Sarah Anderson of the Institute for Policy Studies,
Washington Investigación sobre Latinoamérica: Karen Hansen-Kuhn,
Development Gap, Washington

(end)


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FIRMANTES:

1. Mauricio Bernádez M.    <mauricio@planet.com.mx>