La política de un Gobierno progresista y de izquierdas debe tener uno de sus puntos fuertes en la defensa y en el apoyo material e intelectual de la enseñanza pública. La Francia de la Tercera República ha sido un ejemplo en esa materia, y ha ayudado a la formación de ciudadanos, entendidos éstos como seres capaces de autodeterminarse y con un estatuto de igualdad política. Con ese esfuerzo se ha acelerado en ese país la disminución de los perfiles comunitarios parciales procedentes del antiguo régimen, así como la convergencia de la identidad constitucional e individualista fundadora de la modernidad. En España, la Constitución de 1978 parte de ese espíritu de la modernidad, del hombre centro del mundo y centrado en el mundo. La laicidad propia de una sociedad secularizada, y la idea de dignidad humana como punto de partida y como objetivo al mismo tiempo, enmarcan la meta de la enseñanza pública, que se establece en el artículo 27.2 de la Constitución: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Para nuestro país, éste es el ideario de la enseñanza pública, y también de toda la enseñanza privada y religiosa que reconoce la Constitución, aunque esta última puede tener además carácter propio o ideario particular, que coincide con los fines y los objetivos de sus fundadores. De hecho, es una realidad constatable que ante los dos idearios concurrentes la enseñanza privada opta por desarrollar el propio y dejar en segundo lugar el general, que es sin embargo obligatorio para todos. Un ejemplo frecuente sirve para ilustrar el tema: me refiero a la separación de sexos impuesta en muchos colegios católicos, especialmente vinculados al Opus Dei o a otras organizaciones similares. En esos casos se rompe el principio de no discriminación, y se frustra con ello un objetivo central de nuestra sociedad democrática, la educación en igualdad. Lo mismo podemos decir de mensajes vinculados a posiciones de la Iglesia católica con relación a los anticonceptivos, los homosexuales, el divorcio o el aborto, que se debe divulgar desde los centros de esa confesión y que en algunos casos contradicen principios constitucionales, como la no discriminación o la libertad ideológica o de conciencia.