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Asunto:[geodisio] Rv: Oyón y la maldición minera (Varios)
Fecha:Martes, 7 de Octubre, 2008  08:33:31 (-0700)
Autor:Geodisio Castillo <geodisio @.....com>



----- Mensaje reenviado ----
De: Amilcar Castañeda <amilcarcastaneda@racsa.co.cr>
Para: Red Indígena de Derechos Territoriales y Biodiversidad <red.territorioybiodiversidad@gmail.com>
Enviado: sábado, 4 de octubre, 2008 2:19:59
Asunto: Oyón y la maldición minera (Varios)

 
 
Perú: Aquicito nomás. Oyón y la maldición minera

Roberto Ochoa B.

La República On Line, Sábado, 04 de Octubre 2008

 Image
En los últimos meses, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo viene financiando una millonaria campaña publicitaria en sus medios de comunicación afines para demostrar los beneficios logrados por las poblaciones vecinas a los grandes yacimientos mineros.

El spot consiste en el "testimonio" de un agricultor o de un pastor de puna que se ha visto beneficiado por el apoyo económico desinteresado de la empresa encargada de explotar el yacimiento local. Uno de esos millonarios spots fue grabado en Oyón, en la sierra norte del departamento de Lima, y punto de paso obligatorio para las minas de la compañía Buenaventura en la Cordillera de Raura.

Y es precisamente en Oyón donde la ira de la población se desbordó contra una gestión edil corrupta e íntimamente vinculada con la vecina explotación minera.

Hasta hace unos años, cuando el precio internacional de los minerales asomaba convertirse en el actual boom del sector minero, Oyón formaba parte de un proyecto turístico vinculado con el circuito Huacho, Huaura, Sayán, Churín (y sus célebres baños termales-medicinales) y el anexo de Rapaz, célebre también por su enorme quipu "vivo" y por las pinturas murales de origen colonial que adornan su capilla.

Naturaleza, medicina natural, cultura viva, gastronomía y la hospitalidad de su gente eran las fortalezas de este circuito, que se vislumbraba como una alternativa de desarrollo económico local. Su debilidad, empero, radicaba en su difícil acceso, a la pésima carretera y a la inseguridad de la ruta.

Recuerdo que la empresa minera se comprometió a mejorar la vía. Y cumplió su promesa, pero no era por amor al chancho sino a los chicharrones: la carretera renovada (porque nunca fue asfaltada) solo sirvió para que sus enormes camiones repletos de minerales trasladaran su carga hasta el puerto... Y el turismo, ay, siguió muriendo.

Hoy en día, los pobladores decidieron acabar, por las malas, con la gestión de un alcalde que se vendió a la minería. Ojalá vuelvan sus ojos al turismo y se olviden de las minas.

 
 
Ecuador: Un suspiro del Pueblo Shuar por su tierra

SIEC. Actualidad Étnica. Bogotá, 30 de septiembre.- La Cordillera del Cóndor, cuna ancestral sagrada para las comunidades indígenas Shuar, Ashuar, Awajún y Wampis, entre otras, hoy se ve seriamente amenazada por la exploración y posible explotación minera.

“Si se hace la explotación de minas a gran escala para explotación de cobre y oro, simple y llanamente se sellaría el final del Pueblo Shuar, estaríamos en la víspera de su fin”, dijo a Actualidad Étnica Salvador Quishpe, líder indígena del Pueblo Saraguro del Ecuador.

Quishpe visitó a Colombia la semana pasada y asistió al Foro sobre el impacto minero en América Latina: efectos del Proyecto de Infraestructura IRRSA, realizado, en Bogotá, por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y la Alianza Social Continental.

El Pueblo Shuar, como otras etnias que habitan esta zona de la Amazonia ha basado su vida y su cultura en los conocimientos tradicionales; éstos le han permitido el desarrollo de métodos sostenibles de pesca, caza, agricultura y extracción de productos de sus grandes bosques.

Los Shuar se han aferrado a su territorio porque -sostiene Quishpe- allí está su legado histórico, su sentido colectivo de la vida, allí están sus formas sociales y culturales de vida. La estrecha relación cosmogónica con su entorno da cuenta del aprecio que sienten por esta cordillera que es su vida misma; allí se encuentran las cascadas -tunas-, en estas áreas realizan sus prácticas ancestrales.

Las aguas puras tienen para los Shuar e indígenas de la Amazonia un significado sagrado; son la fuente que proporciona la vida a todo su entorno vital y son la esencia de su cosmovisión. Quishpe aseguró que la explotación minera sería la destrucción de estas corrientes diáfanas de agua.

»»La tierra que defienden los Shuar.- La Cordillera del Cóndor, es una cadena montañosa oriental de la Cordillera de los Andes ubicada entre la frontera de Ecuador y Perú. Su máxima elevación es de unos 2.900 msnm aproximadamente. Se extiende unos 150 Km. de norte a sur. El Cóndor es considerado un territorio de alta diversidad biológica.

Esta región ubicada en los Andes Tropicales, considerado como uno de los Hotspots (zona de cobertura: punto caliente) de mayor riqueza y diversidad del planeta. Algunos estudios evidencian que allí se encuentra una de las comunidades florísticas más diversas conocidas por la ciencia, cuyo factor principal parece ser la abundancia de agua durante todo el año.

Frecuentemente sus mesetas -ubicadas en sus cumbres- se hallan cubiertas de nubes bajas y húmedas. En le Cóndor se produce una gran formación vegetal única en el mundo, ubicada sobre mesetas de areniscas; orquídeas, bromelias y palmeras enanas entre otras conforman su gran diversidad de flora. Esta cordillera posee la flora más rica de los Andes con una gran concentración en especies de plantas vasculares desconocidas, hasta ahora, para la ciencia.

Este ecosistema que para muchos científicos es considerado un ecosistema poco explorado, es para los Shuar la razón de ser y por él emiten un suspiro de angustia para su preservación. “Allí existen en forma de laguna varios Centros Shuar que son territorios colectivos donde ellos hacen su vida cultural, social, política”, indicó Quishpe.

»»Los Shuar y su relación con la naturaleza y el cosmos.- Los Shuar están estrechamente relacionados con la naturaleza y las leyes de Universo, su mitología se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos como la creación del mundo, la vida y la muerte, y las enfermedades.

Para sus cultivos de huerta daban el poder del crecimiento de las plantas a Nunkui, quien enseñaba a la mujer shuar a sembrar. Para concretar el poder de Nunkui es preciso realizar varios ritos; por medio de éstos se traen al presente las fuerzas creadoras, para que la chacra rinda sus frutos. Los Shuar creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o a las orillas de los ríos.

Su legado espiritual se funda en lo eterno; el ser humano no tiene un final. Una de sus creencias radica en que luego de nacer y cumplir su ciclo de vida no llegan a un estado permanente con la muerte, sino que su espíritu, Arútam, es recibido por otro ser humano; pueden ser sus hijos o nietos, quienes cumplen nuevamente otro ciclo vital. Este proceso, según los Shuar es indefinido.

El Arútam les da a los hombres más potencia y fuerza, desde muy temprana edad (a los seis años) los niños comienzan a buscar este espíritu en la selva. Los shuar creen que quien posee un Arútam, es menos propenso a la muerte; si muere es por causa de enfermedades contagiosas. En la cultura de la selva, los elementos de la naturaleza guían la vida de sus habitantes.

Ante la amenaza de las empresas mineras por entrar en sus territorios a explotar sus recursos los Shuar expresan: ¡oh! Sagrada selva, si por defenderte me condenan moriré luchando como guerrero de la selva… ¡Oh! Sagrada selva si me persiguen, lucharé sin parar porque en ti nace el agua para curar a los enfermos de la tierra… ¡Oh! Sagrada selva, si defenderte es injusticia lucharé bajo tu cobija porque tu sombra verde justifica la vida de la nación humana”.

»»Los Shuar se oponen a la explotación minera.- Frecuentemente esta etnia ha denunciado la violación de sus derechos colectivos establecidos en el artículo 84 de la Constitución Política ecuatoriana, particularmente rechazan el ingreso de empresas petroleras y mineras a su territorio.

En conversación con Actualidad Étnica Salvador Quishpe, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, analizó la problemática minera en su país y el inminente riesgo de desaparición del Pueblo Shuar en caso de darse la explotación minera.

Señaló que el gobierno de Rafael Correa no defiende a los pueblos indígenas y por lo tanto éstos deben buscar alianzas entre pueblos andinos. Hizo un llamado a la unidad de los pueblos como único camino para fortalecer su resistencia y frenar el auge minero.

Actualidad Étnica, AE. ¿Cuál es la problemática minera en Ecuador?
Salvador Quishpe, SQ. En el Ecuador y particularmente en el sur hemos tenido que enfrentar la presencia de un gran número de empresas multinacionales, algunas de ellas Corriente Rcsourses y Kinross Mineral y otras que desde los años 90 concesionan montañas enteras en la Cordillera del Cóndor y en toda la parte Andina del Ecuador.

Pero de repente y fue una sorpresa para nosotros saber que nuestros territorios ya no eran nuestros; eran de propiedad de estas empresas multinacionales.

AE. ¿Qué acciones se hicieron al respecto?
SQ. Iniciamos una lucha permanente demandando la salida de estas empresas; hemos encontrado enormes dificultades, pues estas empresas además de ser dueñas de las concesiones son las que dictan qué deben hacer los gobiernos de turno para precautelar esos intereses.

Estas empresas tienen forma de corromper a la misma gente, al mismo pueblo ofreciendo dádivas: computadoras, discomóvil para fiestas, galones de trago, ofrecen construir infraestructura para las necesidades sociales, ofreciendo “trabajo”, un salario. Cuando eso no les funciona, porque si bien los pueblos algunos caen en esa trampa las grandes mayorías no, entonces utilizan mecanismos de persecución.

Los pueblos nos hemos organizado y empezamos a luchar, entonces se dan los juicios por terrorismo, por sabotaje en contra de los dirigentes quienes estamos en esta lucha, y si eso no les funciona, entonces empiezan a armar al mismo pueblo que está a favor de ellos para que esa personas vayan y disparen contra sus hermanos y terminan asesinando a los dirigentes. A eso nos hemos enfrentado.

AE. ¿De dónde provienen esas amenazas y persecuciones que usted señala y cómo las han sorteado?

SQ. Esta lucha no es fácil, es muy compleja, muy difícil; tenemos una sola fortaleza que es la unidad en nuestros pueblos, todos los demás son nuestros adversarios: las instituciones del Estado, los gobiernos, la justicia –jueces fiscales-, el ejército, la policía, la política extranjera internacional… quienes sirven de escudo para esos intereses de las multinacionales.

En este contexto lo único que nos queda es la unidad de nuestros pueblos: hemos venido a este foro para decir que por un lado nosotros también estamos enfrentando estos problemas, así como en Bolivia, Argentina, Perú, Colombia. Nuestro planteamiento es ver cómo vamos a unirnos y cómo vamos a enfrentar este problema de actualidad, ojala de este foro podamos lograr que salgan conclusiones que sean aplicables.

Nuestra búsqueda es cómo podemos hacer la minga (en lengua kiwchua un trabajo conjunto) entre los pueblos de América del sur porque los problemas son comunes y si las empresas tienen sus aliados: a los gobiernos y sus instituciones, nosotros también debemos tener aliados que son los pueblos.

AE. Como mecanismo de defensa frente a las estrategias de represión, persecución que usted señaló y para frenar el auge de las empresas…

SQ. Así es. Así es, las empresas han logrado controlar el poder político y económico, también controlan la administración de justicia de nuestra nación y nuestros países.

Nosotros tenemos que luchar para que en el marco de nuestra soberanía y de nuestros pueblos la administración de justicia esté precisamente al servicio de nuestros pueblos y no de las multinacionales, que los ministerios de energía y minas cualquiera que sea el nombre en cada país estén al servicio de sus pueblos y no de las multinacionales, lo mismo que los gobiernos.

AE. ¿Cómo es la relación de los pueblos indígenas y el gobierno de Rafael Correa?

SQ. En el Ecuador es paradójico; aparentemente, ante a los ojos de la comunidad internacional, existiría un gobierno de izquierda identificado con las luchas populares, pero es absolutamente lo contrario. Si el gobierno de Rafael Correa fuera un gobierno en defensa de nuestros pueblos, no tuviéramos que estar pidiendo auxilios en estos espacios internacionales.

Lamentablemente una cosa es lo que se dice en el discurso por parte del gobierno ecuatoriano actual, otra muy diferente es lo que pone en práctica.

El gobierno de Correa ha abierto las puertas a estas empresas multinacionales; cuando los pueblos salimos a reclamar el respeto a nuestros territorios a nuestras montañas a nuestros bosques, a nuestros ríos y aguas entonces sale él presidente Correa y su gobierno a decir que somos cuatro ecologistas infantiles, románticos y que no va a permitir que nosotros salgamos a protestar frente a estos fenómenos.

No entendemos, no somos ecologistas infantiles, somos pueblos que pedimos el respeto a nuestra madre tierra, que es la que nos permite vivir. Lo único que queremos es vivir; que se respete la vida, la cultura, la sociedad, pero lamentablemente así es como se ha descalificado la lucha de nuestros pueblos.

AE. Entonces el gobierno ecuatoriano no les apoya…

SQ. No contamos con apoyo del actual gobierno. Denunciamos ante los demás pueblos que la actitud del actual gobierno es de apariencia; en la etiqueta y en las denominaciones un gobierno calificado como el gobierno de la revolución ciudadana. En la práctica, en la vida real es un gobierno que atropella precisamente a los pueblos y entonces nosotros hemos tenido que salir a buscar protección a buscar auxilio a buscar aliados para defendernos.

Si el gobierno no nos defiende, tenemos que hacerlo nosotros, si el gobierno no hace respetar la soberanía del Ecuador, nosotros lo haremos y en eso estamos.

AE. ¿Qué hacer ante esto y cómo ven ustedes a las empresas transnacionales?

SQ. Ojalá juntos -los pueblos- podamos encontrar mecanismos reales para detener esta ambición que como ya se ha dicho ni los mismos gobiernos saben de donde vienen. Los indígenas vemos a las multinacionales como fenómenos raros, con muchas cabezas y patas que se introducen en mucha partes del mundo y que van matando los pueblos simplemente para satisfacer sus ambiciones económicas.

Son monstruos que no hacen otra cosa que generar muerte. Por eso consideramos que nuestra lucha es una lucha muy difícil, ojala que entre juntos podamos destruir al menos unas cuantas cabezas y patas de estos moustros que inundan el mundo entero.

AE. ¿Cuáles serían las afectaciones para los pueblos indígenas en caso de llegar a explotar las minas ubicadas en la Cordillera del Cóndor?

SQ. Hay muchos casos. En la provincia de donde vengo al sur de la Amazonía, Zamora Chinchipe, está la Cordillera del Cóndor, al pie de ésta hay un pueblo ancestral: el Pueblo Shuar y está el Pueblo Saraguro, nuestro pueblo mi pueblo, están también nuestros hermanos mestizos.

Particularmente el Pueblo Shuar es un pueblo que vivió allí por milenios, en esa parte del Sur de lo que hoy es el Ecuador, pero con el pasar del tiempo la colonización, los finqueros los han ido arrinconando hacia el límite con el Perú; de repente los shuar tienen hoy una área donde ellos sobreviven, es precisamente en los bajos de la Cordillera del Cóndor, quedarán alrededor de unas 500.000 hectáreas.

Allí existen en forma de laguna Centros shuar que son territorios colectivos donde ellos hacen su vida cultural, social y política. De ese territorio, donde vive el Pueblo Shuar, se han entregado unas 400.000 hectáreas para las Ecua-corrientes; que son subsidiarias de Corriente Rcsourses y para la Kinross, empresa de origen estadounidense, entre otras que están en esa zona.

Si se hace la explotación de minas a gran escala para explotación de cobre –se dice que han encontrado los mejores yacimientos de cobre del mundo en esa zona- y de oro que también está en la Cordillera del Cóndor; simple y llanamente se estaría sellando el final del pueblo Shuar, estaríamos en la víspera del fin de este pueblo.

Porque es precisamente allí donde el Pueblo Shuar, hoy, sobrevive frente a toda la amenaza de la globalidad, e incluso de las políticas internas del Estado ecuatoriano.

Si se hace minería allí significaría el exterminio, el genocidio de parte del Estado ecuatoriano, de parte de las multinacionales mineras: Corriente Rcsourses y Kinross a ese Pueblo Shuar. Con eso obviamente se termina la cultura del Pueblo Shuar, su vida, sus quehaceres sociales, eso en el contexto interno.

AE. Se prevén daños ambientales

SQ. No podemos olvidar -y mucho se ha dicho- que la Amazonía es el pulmón del mundo, esa zona (Cordillera el Cóndor) es parte de la Amazonía; entonces la Corriente Rcsourse, la Kinross y todas estas empresas que son muchas, simplemente estarían poniendo el puñal, atravesando el pulmón del mundo.

No es solo el fin del Pueblos Shuar, sino que lentamente se daría muerte a la humanidad entera, porque es allí donde se genera el oxigeno, el aire para respirar.

En la Amazonía y particularmente en esta región están las mejores fuentes de agua dulce; de esos recursos es que ellos (multinacionales) quieren adueñarse, pero no se dan cuenta que con eso están, también, terminado la vida, no solamente de quienes vivimos allí, sino en el mediano y largo plazo de ellos mismos y de la humanidad.

Aquí estamos frente a verdaderos asesinos, a verdaderos exterminadores de la vida de nuestros pueblos y de la humanidad entera. Los efectos son a esa dimensión, por eso donde vamos, queremos llamar la atención con respeto al papel de las instancias internacionales de derechos humanos.

¿Dónde están las Naciones Unidas?, ¿dónde están las instancias internacionales de la defensa de los derechos humanos?, ¿dónde está la OEA, que se suponen son espacios de defensa de la vida de los pueblos de América?; vemos que no están sintonizados con la vida de los pueblos. Viven otros momentos, otras circunstancias ajenas a nuestros pueblos.

AE. ¿Si estas instancias internacionales no actúan qué camino tomar?

SQ. Necesitamos alianzas. Creo que lo nuestro no deben ser una alianza informal, ha llegado el momento de que los pueblos formemos verdaderas instituciones y que esas instituciones actúen; no solamente los foros y se termina el foro y hasta luego muchas gracias. Eso ya se ha visto; las mismas políticas neoliberales y multinacionales hacen y financian foros o eventos de esta naturaleza para que los pueblos estemos entretenidos.

Nosotros tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos en el simple análisis, tenemos que irnos a la acción; cómo institucionalizar verdaderas formas de cooperación y de defensa de nuestros territorios y de la vida de nuestros pueblos. Ese es el verdadero reto que tenemos.

Si la ONU, la OEA y toda esa red de instituciones de defensa de los DDHH no actúan, nosotros tenemos que construir alternativas validas para eso. Los indígenas del Ecuador y de la región Andina del continente vamos a contribuir para eso.

»»El Suspiro de los Shuar por su pervivencia.- Los Shuar y la Cordillera el Cóndor deben permanecer hasta el infinito, esa es la premisa de esta etnia ancestral; defender y proteger la naturaleza no es sólo deber de los indígenas, sostuvo Quishpe.

En este sentido la etnia Shuar clama por su existencia y su inmortalidad; el camino a recorrer no es fácil ferente a tamaños "Mostruos" como son las multinacionales, advierte Quishpe, pero los espíritus que cuidan la selva también lo harán con los Shuar y los pueblos andinos.

En la selva y ante la amenaza de la minería que se cierne sobre la Cordillera el Cóndor los Shuar han dicho que por su sagrada selva y su cultura resistirán y si es preciso morirán por la preservación de éstas.

¡Oh! Sagrada selva, si por defenderte me condenan moriré luchando como guerrero tuyo… Lucharé sin parar porque en ti nace el agua para curar a los enfermos de la tierra… ¡Oh! Sagrada selva, si defenderte es injusticia lucharé bajo tu manto... tu sombra verde justifica la vida de la humanidad”•

 

Chile: Convenio 169 OIT: Ratificación plena e implementación inmediata
 
Observatorio Ciudadano
Santiago-Temuco, 2 de octubre 2008
 
Tras diecisiete años de tramitación legislativa y más de seis meses desde que el Senado aprobó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la OIT publicó con fecha 15 de septiembre 2008 la ratificación de dicho texto por parte del ejecutivo chileno y confirmó su depósito efectivo.  Chile es el vigésimo estado que ratifica el Convenio 169 y el decimotercero en América Latina.
 
Valoramos la ratificación de este Convenio internacional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, y establece en su favor un conjunto de derechos políticos (participación, consulta, autogestión y administración), territoriales (derechos a la tierra, reconocimiento de los territorios indígenas y derechos sobre los recursos naturales), culturales y sociales.   Con su ratificación se establece un nuevo escenario jurídico institucional para abordar las relaciones - así como también los conflictos -  entre pueblos indígenas y estado, en particular en el contexto de una economía globalizada que se expande hacia los territorios indígenas.
Cabe recordar que de acuerdo al artículo 5 inciso 2do de la Constitución Política , que establece el deber de los órganos del estado de respetar y promover los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se puede sostener, como lo ha interpretado mayoritariamente la doctrina, que los derechos establecidos en el Convenio 169 en favor de los pueblos indígenas pasan a tener un rango constitucional.
Como todo tratado internacional, su ratificación obliga al estado a modificar la legislación interna que es contradictoria con sus disposiciones.  Por lo mismo, los órganos del estado, sus funcionarios, los tribunales y sus jueces, además del sector privado, tendrán que adecuarse a la nueva normativa establecida por el Convenio 169.
No podemos, sin embargo, dejar de lamentar el prolongado tiempo que el estado chileno, incluyendo no solo el poder legislativo, sino también el poder ejecutivo, han tomado en la aprobación de este instrumento internacional tan anhelado por los pueblos indígenas.   Para un estado que se precia de su democracia, y que hoy integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, resulta inexplicable el haber tomado casi dos décadas para hacer suyo un instrumento internacional que pudo contribuir al nuevo trato con los pueblos indígenas del que tanto se ha hablado en el últimos años, pero en el que tan poco se ha avanzado.
 
Por otro lado, queremos instar a las autoridades a evitar cualquiera redacción  del decreto promulgatorio de este Convenio internacional - anunciado para los próximos días - que venga a establecer una declaración interpretativa de sus contenidos, declaración que fuera promovida por sectores contrarios a los intereses de los pueblos indígenas, y que por lo mismo, ha sido enérgicamente cuestionada por sus organizaciones representativas, así como por entidades de derechos humanos, por constituir una forma encubierta de reserva orientada a limitar los alcances del Convenio.
 
Cabe recordar aquí que el Senado aprobó en marzo pasado, por la casi unanimidad de sus integrantes, el Convenio 169 señalando textualmente:
 
Artículo único.- Apruébese el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , adoptado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989. .
 
El texto aprobado, por tanto, no impone ninguna restricción a la vigencia de este Convenio, cuestión que no puede ser alterada por el decreto promulgatorio, si es que el ejecutivo quiere respetar la voluntad exteriorizada públicamente por el Senado, así como lo han exigido los pueblos indígenas.
 
Cabe señalar, por último, que al ratificar este convenio internacional, el estado chileno se compromete a implementarlo con un espíritu de cooperación y buena fe.   Ello adquiere mayor sentido toda vez que el compromiso de ratificarlo fue establecido por los gobiernos de la Concertación desde comienzos de la década de los noventa e incluso antes.  Es por ello que aunque el Convenio 169 entre en vigencia a los doce meses de su ratificación, y el estado chileno deba informar sobre su implementación a la OIT a los 24 meses desde la fecha de su depósito en esta entidad, éste desde ya debe orientar en forma efectiva la política pública que se implemente en relación con los pueblos indígenas.
 
Entre las acciones que el gobierno debería impulsar en forma inmediata con miras a hacer posible la implementación de este Convenio cabe destacar: la revisión de la legislación interna, en particular la legislación sectorial referida a materias tales como derechos de aguas, minería, recursos naturales en general, justicia, legislación electoral, entre otras, con miras a  adecuarla a la normativa del Convenio 169; el desarrollo de un diálogo constructivo con los pueblos indígenas, a través de un proceso de consulta permanente, con miras a rediseñar las políticas publicas que se les aplican, incluyendo la política Re-conocer: Pacto social por la multiculturalidad elaborada por el gobierno, sin un adecuado proceso de consulta a los pueblos indígenas como lo exige el Convenio 169; y la revisión de los proyectos de inversión que hoy se impulsan en los territorios indígenas, con grave violación de los derechos territoriales que el mismo Convenio les reconoce.
 
Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el dilema para la Presidenta Bachelet en esta ocasión vuelve a ser el escuchar a los pueblos indígenas, o a quienes por largo tiempo se han opuesto al reconocimiento de sus derechos. Esperamos que en esta ocasión su opción sea coherente con su discurso.
 

Costa Rica: SUSPENDIDO PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE TALAMANCA BRIBRI

El pasado 14 de mayo del 2008, el señor Jorgeli Rodríguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Talamanca Bribri firmó un permiso de exploración minera en la zona de Talamanca. 

Sus compañeros de Junta Directiva conocieron del hecho hasta el viernes 1 de agosto del 2008. Es decir, el permiso fue una decisión individual.

El pasado viernes 19 de setiembre, la Junta Directiva convocó a los señores Jorgeli Rodríguez y Abelardo Torres, Director Eejcutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), para que explicasen en detalle tal autorización. Convocaron al señor Torres porque la Junta considera que ha participado muy de cerca en el proceso, junto a otros funcionarios de esa entidad.

A la cita solo acudió el señor Jorgeli Rodríguez, acompañado del abogado Marlon Medina (ligado a la CONAI).

Las pruebas de descargo  no fueron satisfactorias para los miembros de la Junta Directiva de la ADI Talamanca-Bribri.

Ante ello, por unanimidad la Junta Directiva de Talamanca Bribri tomó la decisión de SUSPENDER POR UN MES, al señor Jorgeli Rodríguez como Presidente de la ADI Talamanca-Bribri.

Inmediatamente, tomaron el acuerdo de convocar a una Asamblea General Extraordinaria a todos los afiliados de la asociación, para el próximo sábado 18 de octubre del 2008. Los asambleístas tomarán la decisión final con el señor Rodríguez.

Información preparada con datos suministrados por el señor Oscar Almengor, Fiscal de la ADI Talamanca-Bribri.

BOLIVIA:  Hermeneútica de un proceso: el cambio de estructuras en Bolivia


La Paz, martes, 30 de septiembre de 2008 (ALC) -

Por Farit L. Rojas Tudela, especial para ALC

Las luchas sociales en el territorio que hoy conocemos como Bolivia se remontan a muchos años antes del nacimiento de la República. Se encuentran las luchas criollas y mestizas que se recuerdan en los gritos libertarios de Chuquisaca y La Paz, y las luchas y levantamientos indígenas como el de Tupac Katari.

Estas luchas podrían ser consideradas como luchas por el reconocimiento, por la reivindicación, por la participación y/o incluso por la conquista y hegemonía política de manejo territorial del poder.  La demanda de ser considerados sujetos de derecho y no sólo objetos de derecho caracterizan todas estas luchas y momentos de insurrección en busca de constituir en muchos casos determinados espacios de libertad y de autogobierno.

Lo que llama la atención del imaginario de estas luchas, y específicamente de los levantamientos indígenas, es la noción de cambio de temporalidad, de tiempo, de cambio del estado de cosas aseguradas por el tiempo en tanto temporalidad. Así las temporalidades son comprendidas como estructuras "estructurantes" que definen las relaciones de poder de una sociedad concreta, y que en el caso de nuestro territorio se refiere a las estructuras del imaginario de superioridad e inferioridad entre el blanco y el indígena, entre el varón y la mujer, entre el español y el no español, entre la cultura de raigambre europea y la cultura indígena.  Mencionadas estructuras estructurantes se manifiestan en los procesos de dominación y violencia simbólica que caracterizan la constitución subalterna de subjetividades como la indígena.

El nacimiento de la República Boliviana no modificó esta temporalidad en tanto estructuras estructurantes de las relaciones de poder, durante todo el siglo XIX el indígena, sea este varón, mujer, niño o adulto, carecía de una participación activa en la configuración del Estado y de la política, y era muy limitado el reconocimiento jurídico como sujeto de derecho, es más, la mirada sobre su condición indígena era una mirada que lo constituía como objeto y no así como un sujeto. Conjuntamente con el indígena, la mujer, los niños y niñas, así como otros grupos desaventajados no encontraban en el Estado ninguna posibilidad de reconocimiento o de participación, su condición cosificada prevalecía a momento de la toma de desiciones sobre ellos. La violencia epistémica se encontraba en su caracterización como objeto de estudio y objeto de cuidado, se trató de justificar de muchas maneras esta condición subalterna y esta escritura de violencia en el cuerpo de los subalternos. 

Durante el siglo XX se suscitaron una serie de cambios durante y después de la guerra del Chaco, así como con la reforma constitucional de 1938, que trajo consigo el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos sociales, que serían el preámbulo de la Revolución de 1952, en la que se produce una serie de reformas que cambian diametralmente la condición de los indígenas en el Estado boliviano. La mencionada revolución (1952) abre un proceso muy largo que logra la inclusión no sólo del indígena, sino también de la mujer en la configuración política del Estado Boliviano. La ciudadanía universal y todo el abánico de derechos que ésta supone son un gran avance en el reconocimiento formal para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y también, en virtud de la serie de reformas (agraria, educativa, minera), para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del territorio boliviano. Sin embargo muchas de estas reformas se realizaron aun bajo estas estructuras estructurantes, es decir si bien en la norma se hacía un amplio reconocimiento, en la práctica los indígenas, las mujeres y otros grupos desaventajados y desfavorecidos accedían precariamente al ejercicio, goce y disfrute de estos derechos. Es más la Revolución del 1952 tuvo un impacto muy débil en el oriente boliviano, donde las reformas, o no llegaron, o llegaron muy debilitadas. La violencia simbólica se caracterizó por la precaria participación de la mujer y del indígena en el espacio político boliviano, si bien la discriminación dejó de ser legal se mantuvieron las prácticas de ejercicio de poder y en consecuencia de violencia simbólica a partir de la segregación y el racismo en las prácticas cotidianas.
 
La revolución de 1952 y la Reforma Agraria de 1953 que le siguió, los indígenas tuvieron un cambio de su identidad (en la medida en que esta identidad estaba dada por el sujeto que los nombraba), para poder convertirse en sujetos de derecho y ciudadanos para, entre otras cosas, adquirir el derecho a sufragio pasivo; Víctor Paz Estensoro el año 1953 en un discurso ante un cuarto de millón de indígenas, dijo: “Ustedes desde hoy en adelante no son más indios… sino campesinos.”

Nótese la manera en la que un discurso sustituye al sujeto al nombrarlo como objeto sobre el cual recae una nueva organización social y en consecuencia una nueva organización de las relaciones de producción. 

Como señala el estudio del Defensor del Pueblo sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas: “Este es el punto de partida de uno de los mayores efectos de dominación lingüística sobre un sector de la población, que podríamos denominar campesinización, ya que esta calificación de campesino quedará tan marcada en la subjetividad de los pueblos de occidente que hasta hoy se definen como pueblos indígenas y campesinos y sus mayores instrumentos de asociación política serán los sindicatos campesinos” (García Tornel, estudio sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas, CEDH – Defensor del Pueblo, 2007).

“En mágico acto, el indígena de tierras altas, se convirtió en campesino, categoría económica que lo modernizaba al extremo de negar sus raíces culturales. La reforma educativa del mismo año, apuntalaba el proceso de ‘civilización’ de los indígenas de tierras altas. No ocurrió lo mismo en las tierras bajas, donde las reformas del 52 no llegaron. Este hecho marcó sustancialmente la identidad de los pueblos de tierras altas y de tierras bajas, que en auto referencia de sí se nombran como campesinos y colonizadores en tierras altas e indígenas en tierras bajas” Bustos, Sincal, Grisales, Ardito y Rodríguez  (2007: 63).
  
El proceso inaugurado por la Revolución de 1952 estableció las bases de la construcción social boliviana, aun con fuertes estructuras estructurantes que configuraban las relaciones de poder inscriptas en la sociedad boliviana. La discriminación, el racismo, el sexismo serán los resultados del imaginario normativo en nuestra sociedad, y si bien la presencia indígena en política es autorizada e incluso necesaria para el gobierno, la democracia es suspendida e incluso amenazada desde mediados de los años 60 hasta incluso comienzos de los años 80 del siglo XX por la presencia de la dictadura militar. Es en este periodo que las organizaciones de derechos humanos empiezan a hacerse presentes en el escenario boliviano, los activistas de DDHH sufren las consecuencias de la dictadura y tienden a asociarse con las corrientes de pensamiento de izquierda.

La resistencia a la dictadura es compartida por una parte de las clases medias en Bolivia, por algunas organizaciones indígenas y por algunos sectores de la Iglesia Católica que ven en los derechos humanos un discurso legitimante y abierto al reclamo y la resistencia. La impronta de la Asamblea Permanente de derechos humanos fundada por un sacerdote católico coincide con el conjunto de reflexiones de finales de los años 60 y de la década de los años 70 de la teología de la liberación en Sudamérica.

El retorno a la democracia en los comienzos de los años 80’s abre la posibilidad de participación política, sin embargo los problemas sociales y económicos heredados de la etapa dictatorial llevan al Estado boliviano a concentrarse en una serie de reformas modernizantes en materia económica finales de los años 80 y durante toda la década de los años 90 que se denominaron popularmente como neoliberalismo pero que en última instancia privilegiaban el papel del capitalismo transnacional bajo la figura de la nacionalización y la capitalización. Sin embargo conjuntamente se llevaron a cabo una serie de reformas en materia de derechos y justicia que tienen su punto más alto en la reforma constitucional del año 1994 en la que se introduce el reconocimiento del Estado como pluricultural y multiétnico; se reconoce a la Justicia Comunitaria como resolución alternativa de conflictos; se crean instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional y con la participación de este último comienza a llevarse a cabo una reflexión mediante la jurisprudencia del alcance y necesidad de introducir en el bloque de constitucionalidad las Declaraciones, Convenios y Tratados de derechos humanos.

Cabe destacar también que la caída del muro de Berlín supuso en el mundo un triunfo del liberalismo y de su carta de navegación ética denominada Declaración Universal de Derechos Humanos.

El avance en materia de derechos civiles y políticos es considerable en comparación a las etapas históricas anteriores  pues se realizan avances en materia penal, en materia comercial y se desarrolla una adecuación de la Cosntitución Política del Estado celebrando el multiculturalismo liberal; sin embargo el resquebrajamiento social y económico lleva al Estado a una serie de conflictos sociales que estallan con mucha fuerza a comienzos del siglo XXI y que también tienen impactos muy serios en la praxis de los derechos humanos.

Es necesario señalar que las reformas modernizantes de la década de los años 90 abrieron las posibilidades de creación y potenciamiento de las organizaciones sociales que hacen su impronta en los primeros años del siglo XXI, reformas como la Ley INRA, la Participación Popular, la Reforma Educativa, la reforma a la Constitución de 1994, la municipalización del territorio boliviano y el proceso de descentralización administrativa fueron el impulso para la indagación de las estructuras estructurantes de las relaciones de poder a comienzos del siglo XXI.

Los amplios procesos de migración interna debido al desempleo y al cierre de las minas a finales de los años 80’s, además de la gran explosión de comerciantes minoristas y nuevas zonas de cultivos de coca, develaron la constitución de nuevas formas de asociación colectiva en busca de efectivizar sus reclamos mediante la praxis de la conflictividad social. Los movimientos sociales comienzan a desarrollar un saber de polemología del campo social como método y repertorio de lucha. El Defensor del pueblo, que comienza sus actividades el año 1998, consideró necesario la promoción de los derechos humanos a través de mesas defensoriales, una de ellas situada en el Chapare, una zona de cultivos de hojas de coca en la que constantemente se llevaron a cabo enfrentamientos entre militares y cocaleros.

A partir de una serie de conflictos sociales y la presencia de nuevas formas de organización colectiva, los primeros años del siglo XXI en Bolivia se caracterizaron por una serie de luchas sociales en contra de las reformas económicas y sociales que datan de 1985 y que se sucedieron durante la década de los 90’s. Uno de los comienzos fue la denominada guerra del Agua llevada a cabo en Cochabamba, en la que una parte mayoritaria de la población cochabambina expulsó mediante un extenso e intenso conflicto social a la empresa transnacional “Aguas del Tunari”, por los altos precios del servicio de agua. Paralela a la denominada guerra del Agua una serie de movilizaciones se hicieron presentes en el occidente boliviano bajo peticiones de mayor atención a las poblaciones indígenas pero contribuyendo a una demanda de descolonización y de reforma de las estructuras estructurantes de las relaciones de poder bajo el imaginario de una nación aymara primero, y bajo la movilización de los distintos pueblos indígenas después, estas manifestaciones tendrán su punto más alto en la conformación de las mesas del Diálogo en el año 2006.

Durante los años 2001 y 2002 las movilizaciones y los conflictos sociales dejaban ver la necesidad de una reforma estructural del Estado boliviano, que en el año 2003 y después de la guerra del Gas se plasmó en la petición de nacionalización de los hidrocarburos, convocatoria a una Asamblea Constituyente y una amplia demanda de participación política.

La última etapa del proceso de reforma y reestructuración del Estado boliviano iniciada en los años 90 casi no pudo realizarse y se refería a una reforma en materia tributaria que fue frenada en los conflictos sociales protagonizados por la Policía boliviana el mes de febrero de 2003, con un saldo de muertos y heridos. 

La guerra del Gas llevada a cabo en los meses de septiembre y octubre del año 2003 tuvo como resultado 67 personas muertas y cientos de heridos, que acompañado de movilizaciones sociales de magnitud llevaron al presidente Gonzalo Sanchez de Lozada a renunciar, sin embargo la estructura del Estado estaba intacta y la suplencia legal del presidente en manos del Vicepresidente Carlos Mesa no dieron las soluciones al escenario de conflictividad que había comenzado. El Gobierno de Mesa realizó una reforma constitucional en medio de presiones sociales y políticas para hacer posible la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la realización de un referendum sobre la situación del gas. Mesa no pudo concretizar la Asamblea Constituyente, sin embargo llevó a cabo el Referendum sobre el gas que culminó en una nueva ley de hidrocarburos aprobada por el Presidente del Congreso debido al rechazo del presidente Mesa para aprobar mencionada ley.

En el oriente de Bolivia, específicamente en la ciudad de Santa Cruz, las movilizaciones cívicas pusieron en la agenda política el tema de las autonomías departamentales, una lucha en busca de mayor descentralización que data del siglo XIX se convirtió en una de las banderas políticas que luego abrazarían otros departamentos conformando en el imaginario popular la denominada “media luna” en virtud de la continuidad geográfica de los departamentos que se plegaron a la petición de reforma. Lograron casi arrancar una ley interpretativa de la Constitución que posibilitaba la convocatoria a elecciones de Prefectos en los Departamentos, aunque sin la necesaria reforma institucional, puesto que en la configuración legal del Estado las Prefecturas continuan siendo una representación del Poder Ejecutivo en los Departamentos.

Luego de la renuncia de Carlos Mesa, la sucesión constitucional problemática recae en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, en cuyo gobierno de transición se convocó a elecciones generales para el mes de diciembre del año 2005, logrando el triunfo en los comicios electorales el candidato Evo Morales Ayma y del partido político denominado MAS (Movimiento al Socialismo) con un 54% que le permitió arribar al gobierno sin la necesidad de pactos políticos. Sin embargo, y de manera inédita, también se llevaron a cabo elecciones de Prefectos en los Departamentos generando un escenario político conflictivo y con muchas carencias de hegemonía y de debilidades de gobernabilidad.

El gobierno de Morales, que comenzó formalmente el año 2006, ha develado conflictivamente la existencia de las denominadas estructuras estructurantes que reproducen las relaciones de poder que configuran la compleja sociedad boliviana. El develamiento de las relaciones de poder y de la violencia simbólica fue tomado como un desacato al orden social establecido, y en consecuencia comenzaron a manifestarse una serie de grupos y prácticas de características fascistas, en particular en Departamentos como Santa Cruz, Tarija y Sucre.  El discurso de descolonización fue reiterativo y tuvo un pequeño altercado con la Iglesia Católica, pues se pretendió reformar la currícula escolar dejando de lado la materia de religión, proyecto que fue luego desestimado; sin embargo el planteamiento de Bolivia como un país laico persiste. En contraste se comenzó a construir la demanda de autonomías departamentales de los departamentos alineados a la denominada “media luna”, que aglutinan a los prefectos opositores al gobierno de Morales.

Con un escenario de alta conflictividad social y política el gobierno de Morales emprendió un proceso sui generis de nacionalización de los hidrocarburos y se convocó a la elección de constituyentes para la conformación de una Asamblea Constituyente; paralelamente se llevó a cabo un referendum vinculante a la Asamblea Constituyente en busca de condicionar la realización efectiva de las Autonomías departamentales en la redacción de una nueva Constitución. Una nueva división de poderes fácticos se hacía presente en Bolivia, pues los Prefectos no poseen una relación directa con el partido de oposición PODEMOS, y en consecuencia la oposición fáctica no se encontrará en el Congreso, sino en los Departamentos, los cuales finales del año 2007 conformarán el denominado CONALDE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) en el cual no participa de manera oficial la oposición del partido PODEMOS.

El develamiento de la violencia simbólica generadas por las estructuras estructurantes en el Estado boliviano ha desarrollado una conflictividad social que se expresó en múltiples enfrentamientos que se sucitaron en el seno mismo de la sociedad boliviana.

La crisis de los partidos políticos tradicionales supuso también la crisis de los espacios formales en los que se llevaba a cabo la praxis política. Se podría decir que hubo un desplazamiento de los actores políticos por la aparición de nuevos actores (Prefecturas con proyectos sólo locales y no nacionales), pero además hubo el desplazamiento de los lugares de la praxis política del Parlamento a la calle, derivando la conflictividad hacia el seno mismo de la sociedad. Los actores políticos empezaron territorializando y desterritorializando los espacios de la producción del debate político, y en muchos casos lamentablemente la política ha cedido el espacio a la violencia desatando la violencia simbólica incorporada en una sociedad boliviana conservadora y con sentimientos de discriminación y racismo, llegando a la praxis de una violencia fáctica y de hecho. Desde el año 2000, pero con mayor énfasis desde el año 2006 la pugna política se ha trasladado hacia la sociedad, hacia las calles, las regiones, los caminos, las provincias, etc. Se ha sucedido un descentramiento de la política. Ni siquiera la Asamblea Constituyente posibilitó el reencauzamiento institucional de la discusión política, pues en la Asamblea el conflicto y el debate se lo llevó a la calle, a las movilizaciones, a los conflictos sociales.

Uno de los conflictos cruciales en la Asamblea Constituyente se desató por el tema de la capitalía, se pretendía restaurar la presencia de la sede de los poderes que están en La Paz bajo la consigna de capitalía plena. La conflictividad en la Asamblea Constituyente llevó a que esta finalice sus actividades en el Liceo Militar de la Glorieta en Sucre, y luego en la ciudad de Oruro (debe mencionarse que en las sesiones de la Glorieta y de Oruro se incumplió con la normativa interna de la Asamblea, específicamente con el Reglamento de Debates de la Asamblea), generando en este proceso varios enfrentamientos entre la población civil y la policía que cobraron cerca de tres muertos en Sucre, además de la renuncia del Prefecto de Chuquisaca. El ambiente de polarización se expresó; en la ciudad de Sucre, en prácticas de discriminación y racismo que llevaron a hacer arrodillar (textualmente) a los indígenas el 24 de mayo de 2008. La Defensora del pueblo de Chuquisaca tuvo que declararse en la clandestinidad, y se tuvo que solicitar a los actores políticos dominantes el cese de la violencia. Un acercamiento a lo sucedido en Sucre se encuentra en el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de la Cordillera en la publicación denominada Observando el Racismo, editada el año 2008.

El tensionamiento continuó con las posiciones políticas asumidas por los departamentos de la denominada “media luna” que en el año 2008 llevaron a cabo, sin un sustento constitucional ni un sustento de realización práctica, una serie de referéndums en busca de la aprobación de estatutos autonómicos que se amenazaba serían puestos en vigencia de facto. Pese a la realización de los mencionados referendums en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los estatutos no pudieron aplicarse de manera de facto y sólo ayudaron a la polarización política y la generación de mayores enfrentamientos en la población. El prefecto del departamento de Cochabamba, también de la oposición al gobierno de Morales comenzó a alinearse con la denominada media luna, generando ya en enero del año 2007 una serie de enfrentamientos en la población del departamento que culminaron en la muerte de dos personas en el desarrollo del conflicto.

A mediados del año 2008 el Poder Legislativo con una importante participación de la oposición al gobierno de turno en el Congreso (el partido político PODEMOS en busca de protagonismo), aprobó la Ley de Convocatoria a Referendum Revocatorio para Presidente, Vicepresidente y Prefectos, en busca de lograr una reconfiguración política, la consulta se realizó, pese a que la misma no contaba de manera clara con un sustento constitucional, y para sorpresa de muchos analistas políticos la consulta arrojó la aprobación del gobierno de Morales con un 67% a nivel nacional, la revocatoria de dos Prefectos (La Paz y Cochabamba) y también la aprobación de las gestiones de los Prefectos opositores y afines al gobierno, siendo la más alta aprobación la del Prefecto de Potosí (afín al gobierno de turno). El partido de gobierno MAS, realizó una lectura de los resultados destacando que su presencia y preferencia política había aumentado en los departamentos de Santa Cruz, Beni, pero fundamentalmente en los departamentos de Pando y Tarija.

Culminado el Referendum Revocatorio, y en virtud de la lectura de los resultados realizada por el gobierno, se comenzó una serie de declaraciones y acciones en busca de llevar a consulta mediante referendum del Nuevo texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente en la ciudad de Oruro. La oposición política fáctica concentrada ya no en el parlamento sino en los departamentos y específicamente en las Prefecturas y Comités Cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija comenzaron una serie de huelgas, bloqueos, tomas de instituciones públicas y conflictos sociales, bajo varias consignas, entre ellas: “devolución del IDH” (es decir una mayor participación de la renta petrolera que fue cancelada por el Gobierno de Morales para llevar a cabo una medida social denominada Renta Dignidad) y “rechazo al Referendum Constitucional”. La última consigna se debilitó cuando la Corte Nacional Electoral manifestó que no administraría ningún comicio electoral que no sea establecido y convocado por Ley.

La conflictividad en los departamentos llegó a un punto de alta violencia en Santa Cruz y Tarija, pero los acontecimientos en Pando estremecieron a la población boliviana. En Pando se sucedió un enfrentamiento entre los pobladores rurales y urbanos, específicamente entre campesinos indígenas y presuntos funcionarios armados de la Prefectura de Pando, dejando cerca de una quincena de muertos, varios desaparecidos y cientos de heridos en su mayoría indígenas. El Defensor del Pueblo caracterizó lo acontecido como una masacre pues no hubo distinción entre hombres, mujeres y niños, se disparó sobre ellos y se los persiguió a tiros incluso hasta el río. El gobierno de Morales decretó el Estado de sitio, aprensando y confinando al Prefecto Leopoldo Fernández y otros dirigentes civicos y prefecturales durante los 90 días que legalmente dura el Estado de sitio de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política del Estado. La fiscalía de la República inició una querella contra el Prefecto, y el gobierno sustituyó al Prefecto de Pando y posesionó a una nueva autoridad interina en el departamento, que empezó a develar un conjunto de irregularidades en el manejo de la Prefectura pandina y la participación de algunos funcionarios en la denominada masacre del 11 de septiembre de 2008.

Lo sucedido llevó a los Prefectos opositores y al Gobierno de turno a aceptar concurrir a un Diálogo Nacional que se desarrolla en el Departamento de Cochabamba, el cual todavía no ha brindado la estabilidad social ni política que se busca, y ha llevado a un mayor develamiento de la violencia simbólica que se desarrolla en la sociedad.

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El autor es abogado, Magister en Gestión Gubernamental, Magister en Epistemología y candidato a PhD en Epistemología. Estudios de postgrado en Educación Superior, Filosofía, Historia y Gestión Pública.
Docente del Departamento de Derecho y del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana.
Responsable de la Unidad de Investigación y Postgrado en Derecho y Cs. Políticas.
Consultor del Defensor del Pueblo en temas de Asamblea Constituyente, Interculturalidad y Análisis Político.
Autor de "Tomar el Cielo Por Asalto", una mirada desde la postmodernidad a los derechos humanos.




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