|
Hace un par de
días, El País publicó dos artículos imperdibles sobre un tema
sociopolítico central: la pobreza en España, la pobreza de... ocho
millones de españoles, un 20% de la población, de los cuales
1,7 millones padecen pobreza
severa.
... ... ...
(silencio traumático ) ... ... ...
Ante esta incesante
vergüenza nacional, ¿qué decir? ¿Qué exigir a un gobierno teóricamente
"socialista" (y tras otra anterior década y media de "socialismo" que sólo
parcheó imperceptiblemente tal desastre)?
Dentro de esta
irresponsabilidad política de los dos partidos de gobierno, no se puede
dejar de hacer hincapié en lo que señala el secretario de Cáritas: la ligera
tendencia descendente de la pobreza se quebró "en la segunda mitad de
los 90 y primeros años del este siglo", precisamente de gran auge
económico... y absolutamente coincidentes con los gobiernos del PP.
Pero la dejación y
el cinismo de unos y otros es desesperante: por lo pronto, y pese a la
continuación de la bonanza económica, el equipo Zapatero ¡¡baja los
impuestos a los ricos y las empresas!!... Y nadie
sale a la calle, nadie grita en los medios, los sindicatos se "decepcionan" en
silencio, la vida agacha la cabeza y prosigue, y los votantes
socialistas vuelven a desertar en lento y continuo goteo de un partido que por
segunda oportunidad histórica vuelve a renunciar defender a sus
electores.
Impávido Zapatero:
dijiste "no os fallaré", y aquella misma noche muchos sabíamos que, por
anticipado, mentías. Sois todos políticos, casta de poder, rostro de
piedra, carne de fraude.
Salud y Rabia
Juan
Blanco
(copio a
continuación los dos artículos aludidos, previo comentario de un
blogista)
·······························
Pobreza, estatutos e impuestos
BLOG La Pizarra
El Debate de ayer de El País, bajo el encabezado: «¿Disminuye la pobreza
en España?». Los dos artículos merecían la pena: el de José Antonio Alonso, «El
paraíso, en la otra esquina», y el de Silverio Agea Rodríguez, «Lo
que no queremos ver». Las conclusiones resultaban claras: el porcentaje de
la población que vive en condiciones de pobreza relativa ha dejado de disminuir
desde mediados de la década pasada, es decir, durante todo el último período de
bonanza económica; esa pobreza relativa y las desigualdades en el interior de la
sociedad española son de las más altas de Europa; y las transferencias sociales
que permitirían atemperarlas, de las menores del continente.
Con el panorama descrito, pocas dudas caben de cuál debería ser la primera
prioridad de un gobierno de izquierdas en este país. No ha sido así: «José Luis
Rodríguez Zapatero anunció a los dirigentes del PSOE una nueva etapa en su
mandato para esta segunda parte de la legislatura, centrada en políticas
sociales, una vez que se supere la etapa crucial del proceso estatutario».
Efectivamente, la primera prioridad, el problema territorial.
¿Se superará con rapidez el proceso estatutario para dejar paso a las
políticas sociales? Carod ya declaraba ayer que el Estatuto catalán dista de
estar cerrado. Muy optimista hay que ser para no vislumbrar los conflictos
territoriales que aguardan a la resolución del catalán: el primero será el
alentado por la pareja Ibarretxe-López, el segundo llegará de la mano de Touriño
y Quintana, y después… todos los demás. Porque son unas cuantas las reformas
estatutarias en marcha y, una vez levantada la veda en Cataluña, nadie querrá
quedarse atrás.
Hasta ahora, y pese a las esperanzas que despierta la Ley de Dependencia,
casi todo son palabras en el terreno de la política social —y ninguna dedicada
específicamente al problema de la pobreza—. Pero en este terreno poco se
consigue con palabras; hacen falta fondos públicos, y no los hay, porque España
es uno de los países de la Unión Europea con menor recaudación fiscal y, por
consiguiente, con menos gasto social.
Y el Gobierno ha tomado ya su decisión: bajar los impuestos, esto es,
continuar con la política fiscal del Gobierno de Aznar. Razón tiene el
responsable del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García, al calificar
como «decepcionante el proyecto de reforma fiscal presentado el viernes por el
Gobierno. Según García, estas propuestas mantienen una estructura similar a las
de gobiernos anteriores y, además, transmiten un mensaje perverso de que se
pueden conseguir buenos servicios públicos con continuas rebajas en los
impuestos directos».
En mi opinión, transmiten un mensaje claro: las políticas sociales
continuarán siendo en gran parte buenas palabras, y volvemos a alejarnos del
modelo al que Zapatero y Solbes decían querer aproximarse, el de los países
nórdicos: una elevada presión fiscal que permite al Estado prestar buenos
servicios públicos a los ciudadanos. Servicios que, visto lo visto, difícilmente
se prestarán aquí al casi 20% de la población que «vive en riesgo de pobreza»,
que parece que tendrá que apañárselas con la ración de talante.
--------------
El País
22 Enero 2006
DEBATE: ¿DISMINUYE LA
POBREZA EN ESPAÑA?
Lo que no queremos
ver
Silverio Agea
Rodríguez
Secretario general de CÁRITAS Española
La reciente publicación del avance de resultados de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE)
ha desvelado una cruda realidad: en nuestra sociedad del crecimiento económico,
de la riqueza e, incluso, del lujo, la pobreza existe. Y no en pequeña
proporción: un 19,9 % de la población española, o sea, al menos
ocho millones de personas, viven en condiciones de precariedad.
La reacción de muchos puede haber sido de sorpresa: ¿cómo es posible? Y es que
no estamos acostumbramos a entender que pobreza no es sinónimo de extrema
necesidad y que se dan muchas situaciones personales -casi un 20%- en las que no
se pueden satisfacer las necesidades humanas "de una manera digna".
Acostumbrados a identificar pobreza con sin techo, o mendicidad, o desamparo
total, la encuesta del INE nos dice que hay pobres con techo, y que son
muchos.
Pero en Cáritas, que venimos llamando la atención desde hace tiempo
sobre estas situaciones, vemos ahora cómo la información obtenida a través de
nuestras propias investigaciones sociológicas -los conocidos Informes Foessa-
coincide con los datos del propio INE e, incluso, con las estimaciones del Plan
Nacional de Acción por la Inclusión Social del Gobierno aprobado el pasado
julio. No podemos ocultar, sin embargo, una seria preocupación ante la
confirmación de que existe una situación de grave precariedad social que se
viene manteniendo desde hace más de una década, casi sin variación. Y resulta
alarmante saber que ese indicador persiste sin bajar desde mediados de los años
90, "a pesar del intenso crecimiento económico" de España en la última década.
Es especialmente inquietante que se produzca una situación semejante en la
España moderna. Durante las décadas de los 70, 80 y primeros 90 se mantenía una
tendencia a la baja de la tasa de umbral de pobreza. Pero es precisamente en la
segunda mitad de los noventa y primeros años de este siglo, de gran auge
económico, cuando esa tendencia se rompe. ¿Qué está pasando con el crecimiento?
¿Por qué no va acompañado de distribución? Si muchas veces se nos pide que
"primero crezcamos para luego distribuir", ¿por qué no se ha hecho?
Los datos del INE nos dicen que persisten las situaciones de pobreza
que Cáritas desveló en su informe sobre Condiciones de vida de la población
pobre en España publicado en 1998 por la Fundación Foessa. Descubríamos entonces
lo que ahora se rubrica: que con la actual distribución de renta y de otros
bienes se está consolidando un rejuvenecimiento de la pobreza y un sector social
de personas a quienes la Unión Europea denomina "trabajadores pobres". O sea,
ciudadanos que aun con trabajo "legal" están bajo el umbral de la pobreza. Se
trata de algo especialmente grave, pues demuestra que la vulnerabilidad de
muchas familias, la precariedad laboral y el riesgo de pobreza están muy
vinculadas. Y afecta tanto a trabajadores autóctonos como a inmigrantes.
Igualmente, se confirma que las personas de mucha edad, aquellas cuya situación
depende de la protección social, siguen siendo un grupo de riesgo, al igual que
los preceptores -mayoritariamente mujeres- de los denominados salarios sociales
o Rentas Mínimas de Inserción, cuyo nivel de cobertura y protección son muy
bajos. Son grandes grupos sociales que indican cómo la distribución de rentas y
de otros bienes no ha ido de la mano del crecimiento económico, pues la
distribución de la riqueza a través de la remuneración del empleo o de la
protección social no se está trasladando a muchas familias.
Hay otro fenómeno sobre el que Cáritas debe llamar la atención. Se
trata de los hogares bajo el umbral de pobreza con niños y adolescentes a su
cargo, de los que siempre se ha dicho que se encontraban en peor situación que
el conjunto de hogares pobres. La situación empeoraba en hogares con menores
cuyo sustentador principal era un solo adulto y mujer. Los datos del INE alertan
sobre el agravamiento de esa tendencia y suponen una acuciante llamada de alerta
en un país como España, con uno de los menores niveles de protección familiar de
la UE.
Y una última reflexión. Cáritas había observado que las personas bajo
el umbral de pobreza cuya situación era "severa o extrema" había descendido.
Pero con los datos del INE vemos que el nivel de pobreza severa también ha
dejado de descender. Y esto, en unas condiciones económicas como las de España,
¡clama al cielo! A pesar de que estamos hablando de situaciones que afectan a
casi un millón y medio de personas, y que es un sector sobre el que es posible
incidir positivamente, siguen sin darse los pasos necesarios, como son: afrontar
la distribución y las transferencias presupuestarias necesarias, dotar al empleo
de integración social de la suficiente relevancia en la negociación colectiva y
en los planes de empleo, y dotar a la protección familiar los niveles
adecuados.
A la vista de estas reflexiones, deberíamos tomar plena conciencia de
cómo factores como la precariedad, la educación, los jóvenes y menores, los
hogares sin recursos, las viviendas y barrios deteriorados o sin futuro, se
retroalimentan, se recrean y se potencian unos a otros. Por ello, urgen medidas
de transferencias y distribución de empleo, de vivienda y de otros bienes. Pero
también son imprescindibles iniciativas de desarrollo social y de actuaciones
integrales e integradas que hagan frente a estas situaciones en toda su
complejidad. Son imprescindibles políticas de promoción y desarrollo social si
queremos hacer frente a la agresividad y a la ruptura de la cohesión social que
la precariedad, la exclusión y la marginalidad generan.
Para Cáritas, sin embargo, la responsabilidad en la lucha
contra la pobreza no se limita sólo a los poderes públicos y a los
representantes políticos. Los obstáculos a los que se enfrentan las personas
pobres para vivir con plenitud su dignidad humana son una cuestión que atañe al
conjunto de la sociedad civil. Y como Cáritas no quiere limitar su voz a la mera
denuncia de las injusticias, una y otra vez insiste en convocar a cada ciudadano
a la tarea inaplazable de combatir la desigualdad, tanto la exclusión que se
oculta en los entresijos de nuestra sociedad de consumo como la que se ve
continuamente alimentada en regiones enteras del planeta por el avance salvaje
de la globalización económica. Por todo eso, el aldabonazo que el informe del
INE acaba de dar a nuestras conciencias debería actuar como reactivo para poner
en marcha cambios personales en nuestros estilos de vida, un paso imprescindible
si deseamos transformar las estructuras sociales y conseguir que otro mundo sea
posible.
-----------
DEBATE: ¿DISMINUYE LA POBREZA EN
ESPAÑA?
El paraíso, en la otra
esquina
José Antonio Alonso
Catedrático de Economía y director del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI)
Para muchos fue una sorpresa los resultados del último
Informe Foessa, en el que se dejaba constancia de la existencia
de algo más de dos millones de hogares (ocho millones y medio de personas) en
condiciones de pobreza en España. Bajo esa caracterización se encontraban los
hogares que no llegaban a percibir por persona la mitad de la renta media
disponible española. Aproximadamente 1,7 millones de esas personas padecían
pobreza severa, por no alcanzar el 25% de la media nacional. Acostumbrados a
identificar la pobreza con las situaciones de extrema carencia que registra la
ONU en los países en desarrollo, podía sorprender la magnitud de esas cifras
¿era posible que en España viviesen ocho millones de personas en esas
condiciones?
Claramente no. El concepto que utiliza Naciones Unidas es el
de pobreza absoluta: es decir, aquella población que no tiene capacidad de gasto
suficiente como para atender necesidades vitales que se consideran básicas. El
Banco Mundial estimó ese umbral, en su versión más extrema, en un dólar diario.
En esas condiciones se encuentran cerca de un 1.100.000 personas. Es claro que
en España, como en buena parte del mundo desarrollado, no existe como hecho
sociológico este fenómeno. Los datos antes referidos hacen alusión a un concepto
de pobreza relativa, relacionado más con la distribución del ingreso (y la
desigualdad, por tanto) que con la dimensión absoluta del ingreso percibido. Por
ello, la línea de pobreza se expresa en función del ingreso medio (o mediano)
existente en un país.
Habrá quien piense que ese modo de determinar la pobreza
resta severidad al fenómeno en el caso de los países desarrollados. No obstante,
conviene recordar que la percepción de la pobreza -como señaló Adam Smith- está
asociada a las carencias de quien la padece respecto a su entorno social de
referencia, que le impide acceder a las condiciones de lo que se considera una
vida digna. Es ese criterio relativo, de posición comparada, el que fundamenta
el concepto de justicia que la ciudadanía reclama del orden social e
institucional vigente.
La UE viene realizando un esfuerzo notable por dotar de una
medida comparable de pobreza relativa (denominada riesgo de pobreza) al conjunto
de los países miembros. En este caso, el umbral que se suele adoptar es el 60%
de la renta mediana del país en cuestión. Pues bien, cerca del 16% de la
población comunitaria vive en riesgo de pobreza, lo que supone un total de 72
millones de personas. Los países que presentan registros más bajos, con tasas
cercanas al 10%, son algunas economías anteriormente socialistas (como República
Checa, Hungría o Eslovenia) y ciertos países nórdicos (como Finlandia o Suecia).
En el otro extremo, con tasas del 21%, se encuentran Eslovaquia, Irlanda y
Grecia. En la escala inmediatamente anterior a ese extremo superior, se
encuentra España, con una tasa (19%), superior a la media comunitaria.
Este nivel de pobreza es conforme con los niveles de
desigualdad que rigen en la distribución de la renta en España. Tanto si se
acude a la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre (el primero tiene
5,3 veces la renta del segundo) como si se apela a un indicador tradicional de
la desigualdad, el índice Gini (32%), se observa que España se encuentra en el
grupo de países con mayor desigualdad de la UE, con tasas superiores a la media
comunitaria.
La morfología de la población con riesgo de pobreza presenta
algunos rasgos fácilmente interpretables. El riesgo de pobreza es mayor en los
segmentos de población que se encuentran fuera de la edad laboral (menores de 16
años y mayores de 65); en los hogares monoparentales con hijos o en parejas con
abundante descendencia; en las mujeres, especialmente las mayores de 65 años; en
la población sin estudios o con sólo estudios primarios; y en las personas
activas que se encuentran desempleadas.
¿Qué factores están detrás de estos resultados? Cuatro
emergen como principales elementos explicativos. En primer lugar, la existencia
de un mercado laboral altamente segmentado, que permite la existencia de
sectores con desempleo crónico o con condiciones altamente inestables de empleo.
Llama la atención, por ejemplo, la elevada proporción de jóvenes, menores de 25
años, que pertenecen al colectivo de pobres.
Un segundo factor tiene que ver con la diferenciación
salarial, en función de niveles de formación de las personas, que deriva de los
nuevos modos de competencia en un mercado más abierto. Lo que sitúa a las
poblaciones no formadas en condiciones altamente vulnerables. No es extraño que
la población sin estudios, o sólo con estudios primarios, tenga una tasa de
pobreza cerca de 10 puntos porcentuales por encima de la media.
Un tercer factor está asociado a la debilidad de la política
social española. Los datos son manifiestos: el nivel de pobreza en España antes
de las transferencias sociales (sin contar las pensiones) se situaría en el 22%.
Las transferencias sociales apenas logran reducir la tasa de pobreza al 19% (es
decir tres puntos porcentuales). En el caso comunitario promedio esa reducción
es de casi nueve puntos porcentuales (del 25% al 16%); y en países con potente
política social, como Suecia, ese impacto llega a 18 puntos porcentuales. Es
esta misma debilidad la que explica el incremento de los niveles de pobreza en
las mujeres mayores de 65 años, en los hogares monoparentales o con muchos hijos
y en los segmentos de población en edad no activa.
Por último, un factor adicional que no cabe olvidar es el
relacionado con el fenómeno migratorio. Está debidamente probado que la
inmigración tiende a ampliar el arco de la distribución de la renta, al dilatar
la gama de empleos en condiciones precarias. Aunque las estadísticas no lo
capten todavía, constituye un fenómeno que, sin duda, está operando también en
nuestro país. En suma, la realidad española está muy alejada de la propia de un
país subdesarrollado, pero todavía para demasiadas personas el bienestar
constituye un paraíso distante. Del crecimiento económico con empleo de calidad,
por un lado, y de una política social más activa, por el otro, depende que se
mejoren los niveles de cohesión social y se sitúe a España en un puesto más
confortable en la escala internacional de la equidad.
------------
|
¿Disminuye la pobr
Responder a este mensaje
