La Justicia entrerriana parece empecinada en impedir
que la adolescente MFC, que sufre una discapacidad mental severa y fue violada,
pueda acceder a un aborto no punible, un derecho contemplado en el Código Penal.
En una medida insólita, la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón le asignó
la guarda provisoria del feto en gestación al Consejo Provincial del Menor y le
ordenó que acompañe a la joven y al “por nacer” en “acciones positivas”. La
resolución fue dictada a partir de un pedido de la defensora oficial del “no
nacido”, Marcela Piterson, para quien la muchachita de 19 años, que apenas
balbucea y tiene dificultades para controlar esfínteres, no es más que una
incubadora. “Ella cree que va a tener un hermanito. ¿Por qué la vamos a privar
de tener ese bebé? Si no sufre. Y además, al bebé lo pueden criar entre sus
hermanas y hermanos”, consideró Piterson ante Página/12. Mientras tanto, la
Iglesia Católica puso en marcha sus mecanismos de seducción para que la mamá de
la adolescente desista del aborto: en los últimos días un cura fue hasta la
humilde casa de la familia, en el barrio Humito, para ofrecerle comida y tratar
de convencerla de que dé en adopción a la criatura. “Yo no vendo a mi hija por
mercadería. Yo recorrí cielo y tierra porque quiero justicia”, le espetó la
madre, Marta Gauna, y le devolvió los comestibles. Ayer, organizaciones de todo
el país de mujeres, de derechos humanos y académicas respaldaron al reclamo del
aborto y exigieron que la Justicia levante la prohibición de practicarlo que
rige para todos los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos, bajo
advertencia de iniciarle jury a los funcionarios judiciales que están
obstaculizando la práctica médica. “Por cada hora que la Justicia demora en
resolver un error, en el que ha incurrido, se expone a la joven a un mayor
riesgo de vida”, señalaron en una conferencia de prensa convocada en la Cámara
de Diputados provincial (ver aparte).
Hace semanas que MCF no se ríe. “Anda con la cabeza para abajo”, cuenta su
mamá, de 42 años. Y así se la veía ayer por los pasillos del Hospital San Roque,
con la mirada clavada en el piso. Afuera, el cielo diáfano auguraba un día
primaveral. La muchachita habla con monosílabos que cuesta entender a quienes no
la tratan habitualmente. Se la ve nerviosa: no deja de comerse las uñas. “Ya ni
quiere escuchar música y bailar, que es lo que más le gusta”, dice Marta, con
tristeza. MCF es la cuarta de sus once hijos. Sospechan que abusó de ella un
familiar cercano, que vive enfrente de su casa, en el humilde barrio Humito, en
las afueras de la ciudad.
Ayer MCF y su mamá amanecieron en Hospital Materno Infantil San Roque, de la
ciudad de Paraná. La jovencita quedó internada el lunes en una sala de “Alto
Riesgo” del servicio de Obstetricia, donde pasó la noche con otras siete
embarazadas, de panzas prominentes y cuadros diversos, muy distintos al suyo. El
Consejo Provincial del Menor, que tiene la guarda provisoria de MCF y del “por
nacer”, dispuso que le realicen una serie de estudios médicos. Ayer le hicieron
dos ecografías que establecieron que la edad gestacional del embarazo es de
entre 16 semanas y media y 17, confirmó a Página/12 la presidenta del Consejo
del Menor, Dora Jávega.
“Quiero que se vaya de acá con el aborto hecho porque a ella la abusaron. Mi
hija no lo buscó. El que le hizo esto es un degenerado”, decía Marta. Hoy se
cumplen tres semanas desde que el 15 de agosto pidió en ese mismo hospital la
interrupción del embarazo, no punible según el artículo 86 inciso 2º del Código
Penal para casos como el de MCF, es decir, cuando la gestación “proviene de una
violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. El mismo planteo
lo repitió ese día, cuando denunció el abuso sexual que sufrió su hija ante la
fiscal Nº 2 de Paraná, Cecilia Bértora, porque el jefe de Obstetricia Hugo
Armando Catti le exigió la denuncia para practicarle el aborto a su hija. Pero
el día que tenía el turno asignado para la intervención, el 27 de agosto, llegó
la orden de la jueza Salomón que prohibió el aborto no sólo en el San Roque sino
en todo el territorio provincial: en su resolución la magistrada ordenó
notificar a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y al Círculo Médico de Paraná
para que todos los “nosocomios privados” sean informados de la medida que impide
interrumpir el embarazo de MCF.
Resulta llamativo que entre el jueves y el viernes anterior a que llegue el
oficio al hospital con la notificación de la resolución judicial, la defensora
Piterson se comunicara personalmente con Catti para advertirle que la
prohibición era inminente, según informó el propio jefe de Obstetricia a
Página/12. “La doctora Piterson me llama y me avisa que me va a llegar el
oficio”, reveló el médico. Mañana es probable que el Comité de Bioética del San
Roque analice el caso: entre sus integrantes hay un cura. Pero Catti dijo que
“cada día que pasa se torna más improbable el aborto”.
De todas formas, vale recordar que a LMR, la joven de Guernica, en la
provincia de Buenos Aires, con una historia muy similar a la de MCF –que obtuvo
la venia de la Corte bonaerense para abortar poco más de un año atrás–, la
intervención se la hicieron en la semana 22 aproximadamente, luego de enfrentar
una batalla legal parecida a la que hoy le toca a la joven entrerriana. Y el
aborto terapéutico que autorizó en 2005 el máximo tribunal bonaerense a una
mujer con una cardiopatía severa se realizó en un hospital de Lanús, en la
semana 23.
La prohibición del aborto a MFC y la decisión de asignarle su guarda
provisoria y la del feto al Consejo Provincial del Menor fueron apeladas el
viernes por el defensor asignado a Marta, Pablo Barbirotto. Parece la apelación
más lenta de la historia jurídica. Hasta anoche no lo habían notificado a
Barbirotto de que hubiese llegado efectivamente el expediente a la Cámara de
Apelaciones en lo Civil. “Te están durmiendo al nene, como dicen los paisanos en
el baile”, le advirtió a Barbirotto delante de esta cronista su jefe, Arsenio
Mendoza, defensor general ante el Superior Tribunal de Entre Ríos. “Si esta
mujer (por la madre de MCF) tuviera 1000 pesos no estamos discutiendo este
caso”, sinceró el debate Mendoza. Sin embargo, a pesar de la disposición que
muestra Mendoza ante la prensa de garantizar que la adolescente acceda al
derecho que le asiste de interrumpir ese embarazo producto de una violación,
llama la atención que haya designado para un caso tan complejo y polémico a un
defensor suplente con menos de un mes en el cargo: cuando tomó la representación
de Gauna, Barbirotto recién había cumplido una semana como defensor oficial.
“Si el aborto se hace o no es una cuestión de la vida privada y una decisión
de su madre que es la representante legal de la incapaz. Acá lo que se está
discutiendo con la prohibición de interrumpir el embarazo, que es una práctica
médica, es la violación del artículo 19 de la Constitución Nacional que
resguarda las acciones privadas de las personas”, explicó los fundamentos de su
apelación Barbirotto, quien a pesar de su corta experiencia ha mostrado
compromiso con el drama que atraviesa MFC y su familia (ver aparte).
La historia clínica de MCF debería estar archivada en el mismo hospital San
Roque. Allí, cuando tenía apenas tres meses de vida, la atendieron con un cuadro
de insuficiencia respiratoria, que habría afectado su desarrollo neurológico,
cuenta Marta. “Estuvo internada tres meses. No podía estar sin oxígeno, se
quedaba negra, cianótica, se asfixiaba sola. Si hasta la tuvimos que llevar a
Buenos Aires, al hospital Ricardo Gutiérrez”, recuerda la mujer en el pasillo
del San Roque. Es bajita, de pelo corto, le faltan algunos dientes. La vida
sufrida que ha llevado la tiene marcada en el rostro.
MCF caminó recién a los tres años. “A mi hija la crié sin la ayuda del
Consejo del Menor, que no vengan ahora a querer hacerse cargo de ella, si nunca
me dieron nada”, se enoja Marta. A su hija mayor la tuvo a los 16 años. Después
tuvo una seguidilla de diez pibes, los últimos, una pareja de mellizos, una nena
y un nene, que ahora tienen cinco años.
MCF y sus tres hermanos mayores son hijos del mismo padre, un hombre de quien
Marta se separó al poco tiempo de nacer MCF y a quien no ve hace años, dice. A
los demás chicos, Marta los tuvo con su actual pareja, Ricardo “Lito” Quiroga,
con quien vive en una casa muy precaria en el barrio el Humito, a unos diez
minutos en auto del centro de la ciudad.
Ayer, la defensora oficial Piterson sumó un nuevo elemento para trabar el
aborto: en diálogo con Página/12 advirtió que si llegara la autorización
judicial para practicar la interrupción del embarazo exigirá el consentimiento
del padre de MFC para la intervención como progenitor de la jovencita
discapacitada. Anoche, según pudo saber este diario, el hombre se presentó ante
una citación del juzgado de menores. “El padre no había aparecido en 16 años ni
se observa que tenga vínculo frecuente ni esporádico con la joven”, confirmó la
presidenta del Consejo Provincial del Menor. “Ella cree que va a tener un
hermanito. ¿Por qué la vamos a privar de tener ese bebé? Si no sufre. Y además,
al bebé lo pueden criar entre sus hermanas y hermanos”, consideró Piterson.
Cuenta Marta que a MFC la mandó a una escuela especial municipal “hasta que
se hizo señorita, por miedo a que alguien se abusara de ella”. El destino quiso
que el abuso lo encontrara en su casa, según sospecha la mamá y quedó asentado
en la denuncia. Marta contó que cuando se dieron cuenta de que MFC no había
menstruado en la fecha prevista, el primer mes no le dieron importancia, al
segundo empezó a preocuparse. “Yo no podía creer que estuviera embarazada, si
siempre está en casa, y a lo sumo va a la de su hermana que vive en el terreno
de al lado. Le empezamos a preguntar si alguien la había tocado y no decía
nada”, recuerda. Al final, la chica, en su media lengua, habría acusado a un
familiar. Con esa información, Marta hizo la denuncia. Hasta ahora no hay ningún
detenido.
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