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Responder a este mensaje
Asunto:[LEA-Venezuela] Correspondencias de Survival y el MARN
Fecha:Viernes, 15 de Junio, 2001  08:15:16 (-0400)
Autor:anna ponte <annasp @.....net>

Mis comentarios a la carta de la Minsitro el Ambiente: 
 
-El soldado fue herido por balas de perdigones por sus mismos compañeros.... 
-No se ha hecho absolutamente nada en relación a las demarcaciones de los 
territorios indígenas 
-Nadie del gobierno ha hecho ningún contacto con los grupos ambientalistas 
que se oponen al tendido 
-Las minas son minas de humo y han causado incendio, y son siempre minas..... 
-Esas torrecitas son bien caras! Será que son de oro? De todas formas el 
presupuesto inicial total del Tendido era de 170 millones (aunque las 
cifras de EDELCA son "muy variables", y ya van por más de 400, no son 
justamente las torres tumbadas las que incrementaron esos costos. 
-Los expedientes penales en el Estado Bolívar no tienen ningún éxito, dicho 
por la misma Guardia Nacional. Hace poco levantaron uno en El Paují (cuenca 
alta del Caroní, fuente de agua de Gurim, etc.) de una mina cuyo 
propietario real es un brasilero y aún no ha pasado nada. 
-La electricidad SOLO va a Santa Elena, el resto de las "poblaciones de 
frontera" no van a  recibir nu un kilovatio. Todo se va a Brasil. El 
Tendido no fue construido para darle electricidad a las poblaciones que así 
lo había solicitado, sino para Placer Dome y BoaVista, y las poblaciones de 
El Callao, Tumeremo, Las Claritas (donde está Placer Dome) 
 
Saludos 
Anna 
 
 
Dra. Ana Elisa Osorio 
Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
MARNR 
CSB Torre Sur, piso 25 
El Silencio 
Caracas 
1010-A 
 
 
Londres, 6 de junio de 2001 
 
 
Estimada Dra. Osorio: 
 
Le agradezco su carta de fecha 10 de mayo. Por supuesto recibimos muy  
gratamente las disposiciones en la nueva Constitución relativas a los  
pueblos indígenas, que suponen una mejora respecto a las  
disposiciones constitucionales anteriores. 
 
En cartas recientes a Ud y al Presidente Chávez, los pemón que se  
oponen al tendido eléctrico han expresado claramente sus motivos para  
rechazarlo y citan las diversas leyes que consideran que el Estado ha  
violado, en concreto los artículos 120 y 121. Nadie que haya seguido  
el progreso del tendido, bien bajo el el último gobierno o el actual,  
podría manifestar que los pueblos indígenas han sido consultados  
debidamente. Ud afirma que va a llevarse a cabo un estudio de impacto  
socio-cultural sobre los pueblos indígenas ["un estudio de impacto  
sociocultural con las comunidades que están cercanas a la línea por  
donde pasa la conexión eléctrica, para tomar las medidas de  
protección al futuro, que protejan su cultura y relaciones  
sociales"]. Nos preguntamos qué valor puede tener esto si será  
completado cuando el daño esté ya hecho. ¿No debería ser el objetivo  
de un estudio de impacto socio-cultural identificar impactos con  
anterioridad a la realización de cualquier proyecto, y asesorar  
acerca de la forma de evitar o minimizar éstos? Si la consulta  
adecuada a los pueblos indígenas es una de las preocupaciones reales  
del gobierno, este estudio debería haber sido llevado a cabo y  
ampliamente discutido con los pemón antes de que comenzase cualquier  
obra en el tendido. 
 
Creemos que gran parte de los problemas que el gobierno experimenta  
actualmente surgen de la falta de una consulta previa con las  
comunidades afectadas, lo que se ha visto agravado por la creciente  
intimidación de los líderes pemón. El hecho de que el tendido se siga  
construyendo a través de su tierra y de que algunas comunidades se  
hayan convertido en zonas efectivamente militarizadas demuestra que  
el gobierno está decidido a imponer el tendido por encima de  
cualquier consecuencia o recomendación que revele el estudio de  
impacto socio-cultural. Las comunidades pemón albergan preocupaciones  
graves y legítimas que será imposible resolver mientras el proyecto  
continúe y afecte a sus vidas cotidianas. A no ser que participen  
plenamente en el estudio, sólo se conseguirá aumentar su sentimiento  
de exclusión. 
 
Uno de los puntos clave del acuerdo firmado entre el gobierno y  
algunas comunidades pemón el pasado año se refería a la cuestión  
fundamental de los derechos territoriales. Se acordó el  
establecimiento de una Comisión Interinstitucional con representación  
paritaria entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas, que iniciaría el  
proceso de demarcación y otorgamiento de títulos de los territorios  
indígenas, comenzando con aquellos más directamente afectados. A  
nuestro saber, se ha producido poco o ningún avance en este sentido.  
Si, como dice Ud, el proceso de "reconocimiento de la propiedad  
colectiva de la tierra en nuestra nación, requiere de un proceso que  
está en ejecución", 
 
 
 
 
creemos que debería ponerse freno al tendido y que todas las  
industrias extractivas en territorio indígena o en sus inmediaciones  
deberían ser interrumpidas hasta que se complete dicho proceso y el  
subsiguiente otorgamiento de títulos. Cuanto mayor sea el retraso en  
la entrega de los títulos territoriales, mayor será el riesgo de que  
los territorios indígenas se vean tan afectados que el impacto de la  
minería y la tala será irreversible. Por citar un ejemplo, acabamos  
de recibir un informe acerca de la situación en la desembocadura del  
río Carrao donde mineros guyaneses están operando de forma ilegal y  
dragando el río. El impacto sobre los indígenas y sus recursos es  
claramente negativo y el capitán pemón de Playa Linda en el Caño  
Negro cerca de la desembocadura del Carrao informó hace dos semanas a  
las autoridades acerca de actividades mineras ilegales. Aún existe  
minería en el nacimiento del Caroní y científicos e ingenieros han  
planteado su gran preocupación por la esperanza de vida de la presa  
de Guri que se considera ahora considerablemente más corta debido a  
la creciente sedimentación del Caroní. 
 
La investigación de la UNESCO a la que Ud se refiere no respondía a  
las preocupaciones de los pueblos indígenas en profundidad, de hecho  
son mencionadas en apenas un párrafo. Además los autores en sus  
conclusiones afirman: "La misión de expertos considera que la  
existencia del tendido eléctrico no es compatible con los objetivos  
del Parque Nacional Canaima, y hubiera sido muy deseable la no  
construcción del mismo." 
 
El mes pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales de las Naciones Unidas publicó sus observaciones finales  
sobre Venezuela (Observaciones finales del Venezuela.  
11/05/2001.E/C.12/Add.56). Expresó una gran inquietud en torno a la  
discriminación de los pueblos indígenas, concretamente en relación  
con sus derechos de propiedad territorial y planteó explícitamente su  
preocupación por los "efectos adversos de las actividades económicas  
vinculadas con la explotación de los recursos naturales, como las  
explotaciones mineras en la Reserva Forestal de Imataca y las  
explotaciones carboníferas en la Sierra de Perijá". 
 
Una vez más, instamos a su gobierno a que respete las peticiones de  
los pemón y no continúe con el proyecto hasta que todas las  
comunidades pemón que se verán afectadas hayan dado su consentimiento  
pleno de manera libre e informada, y a hasta que se hayan reconocido  
plenamente todos los títulos territoriales. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Stephen Corry 
Director General 
 
 
cc:  Sr Alfredo Toro Hardy, embajador venezolano, Reino Unido 
 
 
 
 
 
Respuesta de la Ministra de Ambiente y los Recursos Naturales a  
nombre del Ejecutivo Nacional 
 
 
 
 
República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio  de Ambiente y los Recursos Naturales 
 
 
0000000358 
 
Caracas, 10-05-2001 
 
 
Ciudadano 
STEPHEN CORRY 
Director General 
Survival International 
Londres.- 
 
 
 
Tengo a bien dirigirme a Usted, en la oportunidad de dar respuesta a  
su comunicación del pasado 11 de abril, en la cual muestra su  
preocupación ante los informes que ha recibido sobre la situación de  
indígenas Pemón en la Gran Sabana (Estado Bolívar), y su relación con  
el personal militar adscrito a esa zona. 
 
En su carta usted hace referencia a puestos de vigilancia militar  
cerca de dos aldeas pemón. Si, hay vigilancia, debido a que en la  
zona donde están ubicadas esas dos comunidades algunos grupos han  
destruido más de 30 torres (al costo de Bs. 30 millones cada una =  
42.550 US $) de la conexión eléctrica al sur de Venezuela, bienes de  
la nación venezolana y que la Fuerza Armada debe resguardar. 
 
El acontecimiento del 22 de marzo pasado, al cual usted hace  
referencia no fue solo un bloqueo de caminos, sino la agresión a una  
instalación militar en la zona, donde resultó un militar herido y en  
su respuesta, hirió a un indígena. La investigación de estos hechos,  
produjo la retención de personas involucradas, es lo que ustedes  
llaman detención sin orden de arresto. Los indígenas no llegaron a  
estar retenidos más de 48 horas y se investiga cualquier violación de  
derechos que haya existido durante los acontecimientos. 
 
No es verdad que las torres estén protegidas por minas. Se les han  
instalados dispositivos que avisan, con luces de bengalas u otras  
señales, la presencia de alguien en el pie de una torre, que no  
representa riesgos o peligro para las personas que pasen por allí. 
 
La Empresa ABB es sólo una de las empresas constructoras; pero la  
obra es de la Empresa Edelca, empresa del Estado Venezolano. No nos  
parece justo señalar a los representantes de la Fuerzas Armadas  
Venezolana como ejército privado de ABB. 
 
Usted señala su desaliento por no ver la concreción de los títulos de  
propiedad colectiva, a este respecto quisiera señalarle que el  
reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra en nuestra  
nación, requiere de un proceso que está en ejecución: 
 
En ese sentido debo informarle, que el problema no es solo de esas 3  
comunidades, sino de todo el pueblo Pemón y de las otras 31 étnias  
que habitan en el territorio venezolano. 
Ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial del 12 de Enero del 2001 la  
"Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos  
Indígenas". Está en vías de publicación el Reglamento de la Comisión  
Nacional de Demarcación del Hábitat y tierras de los Pueblos y  
comunidades Indígenas. 
Por primera vez en la Historia de la Nación y el Estado Venezolano  
existe la enunciación de derechos de las comunidades indígenas en la  
actual Constitución (1999). El derecho a la propiedad colectiva de la  
tierra hoy es un enunciado de la Constitución y no existe en la Ley  
la definición de propiedad colectiva de la tierra; este derecho debe  
ser legislado, la nueva Ley de tierras y la Ley de Pueblos y  
comunidades indígenas, aún en discusión, son las que darán marco  
legal al enunciado constitucional. 
Por lo tanto para el Estado Venezolano sólo existirá demarcación y  
propiedad de tierras indígenas cuando se haya cumplido este proceso.  
Cualquier declaración de propiedad de tierras, antes de esto, no es  
apegada a derecho. Y en todo caso, cualquier propiedad de tierras  
individual o colectiva dentro del territorio de la nación venezolana  
está sometido a los intereses supremos de la República, ahora y en el  
futuro, como garantía de la soberanía nacional. 
 
El proyecto no atraerá minería a la Gran Sabana, porque se trata del  
resguardo de un Parque Nacional y de la preservación de la Cuenca  
Alta del Río Caroní, que es la fuente de la hidroelectricidad del 80%  
del consumo del país, para la cual la minería es perjudicial. 
 
Una minoría de algunos grupos presentes en tres comunidades, que no  
representan ni el 1% del pueblo Pemón, apoyados por algunos  
activistas políticos y ambientalistas ha solicitado la paralización  
de la obra. Por diversas vías se ha intentado el diálogo con estos  
grupos. Como ciudadanos venezolanos tienen derecho a ser consultados.  
En ese sentido UNESCO hizo una investigación del impacto ambiental  
que incorporó algunas recomendaciones y certificó el mínimo impacto  
del proyecto. Actualmente, se realiza un estudio de impacto  
sociocultural con las comunidades que están cercanas a la línea por  
donde pasa la conexión eléctrica, para tomar las medidas de  
protección a futuro, que protejan su cultura y relaciones sociales. 
 
Así mismo, es necesario tomar en cuenta los derechos y el acceso a  
fuentes de energía eléctrica limpia de toda la población que habita  
Santa Elena, la frontera del país y de quienes habitan la ruta de las  
ciudades de Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, el Km. 88. Las  
Claritas y alrededor de 40 pequeños poblados, de población criolla y  
de diversas etnias que en este trayecto (zonas tradicionalmente  
mineras y con mal servicio eléctrico), que han demandado  
continuamente el servicio. 
 
Como Estado Venezolano que busca ser democrático, multiétnico y  
pluricultural respetamos las minorías, aún las radicalmente  
minoritarias; por eso siempre hemos buscado el diálogo. 
 
Reiteramos que continúa el proceso de construcción de las leyes que  
amparan los derechos indígenas declarados en la nueva Constitución  
Bolivariana, aprobada en 1999, impulsada por el gobierno del  
presidente Hugo Chávez y que contiene derechos nunca antes asumidos  
por gobierno alguno en la Historia de la Nación Venezolana. 
 
Los mecanismos de compatibilización de los derechos de todos los  
pueblos que conforman la nación venezolana es un ejercicio que  
hacemos soberanamente y que asumimos muy conscientemente. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
os Naturales 
 
 
 
 
Exmo Sr Hugo Rafael Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Palacio de Miraflores 
Esquina de Bolera 
Carmelitas 
Caracas 1010 
Venezuela 
 
 
11 abril 2001 
 
Su Excelencia: 
 
Survival International desea expresar su creciente preocupación ante  
los informes sobre el tratamiento de indígenas pemón por parte de  
personal militar en la Gran Sabana. El ejército ha construido puestos  
de vigilancia cerca de dos aldeas pemón y someten a los indígenas a  
una vigilancia y acoso constante, con el fin de impedir las protestas  
pacíficas y legales de los  indígenas en contra del tendido eléctrico  
que está siendo construido en sus tierras. 
 
El 22 de marzo indígenas pemón de la comunidad de San Rafael de  
Kamoiran bloquearon el camino para protestar en contra del tendido  
eléctrico. El bloqueo pacífico fue disuelto por el ejército con gas  
lacrimógeno y balas de goma. Varios indígenas fueron gravemente  
golpeados incluyendo Silviano Castro, el líder de la comunidad. A  
pesar de que el ejército no tenía una orden de arresto, arrestaron a  
Silviano Castro y otros siete pemón y los trasladaron a Ciudad  
Bolivar donde fueron interrogados durante dos días. 
 
También nos alarman las noticias que informan que las torres y los  
puestos están protegidos por minas. Obviamente esto es extremadamente  
peligroso pues pone en peligro la vida de cualquier persona que pase  
cerca de un pilón, especialmente niños. Otros informes también  
igualmente preocupantes hablan del uso regular por parte del ejército  
de vehículos pertenecientes a la empresa de ingeniería ABB. Pareciera  
que ABB está usando al ejército como si fuera un ejército privado  
para proteger sus propios intereses e intimidar a los pemón.  La  
conducta de esta empresa no es ética y totalmente inaceptable. 
 
Observamos con gran desaliento y consternación que a pesar de las  
declaraciones oficiales hechas por su gobierno sobre el  
reconocimiento urgente de los títulos de propiedad colectiva de los  
pueblos indígenas viviendo dentro de la zona afectada por el proyecto  
de electricidad en la Gran Sabana e Imataca, hasta ahora ningún  
título ha sido otorgado. El proyecto eléctrico atraerá la minería y  
otras industrias a la zona que causarán un impacto negativo tanto  
sobre la tierra como sobre la cultura indígena. Por esta razón es  
crucial que todos los títulos colectivos sean reconocidos de manera  
urgente, de acuerdo con la Constitución venezolana y la Convención  
107 de la Organización Internacional del Trabajo que fue ratificada  
por Venezuela, ambas reconocen explícitamente este derecho  
fundamental. 
 
Numerosos pemón han pedido que el proyecto eléctrico sea parado y que  
se lleve a cabo una evaluación independiente y completa del impacto  
social del proyecto. Como ciudadanos venezolanos tienen el derecho a  
ser consultados sobre el proyecto. Solicitamos que su Gobierno  
respete las peticiones de los pemón y que detenga el proyecto hasta  
que o a menos que todas las comunidades pemón afectadas hayan  
otorgado su aprobación libremente y con pleno conocimiento de todos  
los antecedentes. También le solicitamos que inicie una investigación  
independiente y completa sobre los numerosos ataques contra el pueblo  
pemón, incluyendo maltratos, arrestos arbitrarios, detenciones sin  
orden judicial, amenazas de muerte y la destrucción de tierras  
indígenas por parte del ejército y de la DISIP.  Asimismo, pedimos  
que su Gobierno investigue el rol de ABB en el proceso de  
militarización de la  Gran Sabana. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
Stephen Corry 
Director General 
 
cc:  Sr Luis Miquilena, Ministro del Interior 
       Sra Ana Elisa Osorio, Ministra del Medio Ambiente 
       Sr Alfredo Toro Hardy, Embajador de Venezuela en GB 
 
_________________________________ 
 
Survival is a worldwide organisation supporting tribal peoples. It  
stands for their right to decide their own future and helps them  
protect their lives, lands and human rights. 
 
Survival International 
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General enquiries: info@...-international.org 
 
Cara Ana 
 
 
Espero que te vaya bien? 
 
 
mando abajo la carta que recibimos de la minstra, y nuestra respuesta. 
Entiendo que ahora falta poco para terminar el tendido y que se va a 
inaugurarlo en el final de este mes?  Es increíble... 
 
 
La otra cosa que me dijó Audrey es que se habla de quitar el estatus de 
parque nacional de Canaima. Es verdad? 
 
 
un gran abrazo 
 
 
Fiona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<fontfamily><param>Times</param><bigger>Dra. Ana Elisa Osorio 
 
Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
MARNR 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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