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Asunto:[LEA-Venezuela] Email de solo texto (sin atachments) del asunto de Elias Santana
Fecha:Sabado, 16 de Junio, 2001  08:29:04 (-0400)
Autor:INTERFAZ AMAZONICA <interfaz @.....net>

Email de solo texto (sin atachments y sin formato HTML) del asunto de Elias
Santana
-------------------------------------------------------------------


Un saludo a Elias Santana, con quien trabaje muy cercanamente cuando yo
tenia 14 años de edad en el M.I.C. (Movimiento de Integracion de la
Comunidad)  salvando las cuevas de El Cafetal en Caracas. Elias era el lider
de aquel movimiento vecinal que entre otras cosas nos propusimos salvar ese
sitio natural.

Sinceramente te deseo, Elias, que recuerdes aquel liderazgo de actvismo
ambiental tuyo que fue exitoso y que sigas con esos preceptos en tu vida
politica actual.  Nosotros llenabamos las paredes de las calles de El
cafetal con unos murcielaguitos (habitantes de las cuevas) dibujados con
graffittis. Hoy en dia las cuevas son un parque municipal, no fueron
destruidas.

A esa edad yo escribi la letra de la cancion "himno" de nuestra actividad, y
otro compañero de lucha le puso musica, la letra decia asi:

Salvemos las cuevas , oh yeah!
Salvemos las cuevas , oh Yeah!

Ese lugar lo quieren destruir
vamos a impedir que lo puedan conseguir

Salvemos las cuevas, oh Yeah!
Salvemos las cuevas, oh Yeah!

(Las cuevas del cafetal las querian convertir en una cantera)
(La musica rockera es porque la poblacion juvenil del Cafetal en aquella
epoca "llenaba mucho su cabeza de rock")

Jose Rafael Leal


Setencia de la sala Constitucional del TSJ en relación
con la libertad de Expresión e información
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero


El 9 de octubre de 2000, el ciudadano Elías Santana, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. 4.349.290,
actuando en su propio nombre y en su carácter de Coordinador General de la
Asociación Civil Queremos Elegir, asistido por el abogado Alonso Domínguez
Torres, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. 10.800.878,
interpuso acción de amparo constitucional "[...] frente a la negativa de los
ciudadanos Presidente de la República, Hugo Chávez Frías y Teresa Maniglia,
Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, de permitirnos
el ejercicio del derecho de réplica respecto de los planteamientos hechos
por el conductor del programa radial 'Aló, Presidente' en sus emisiones del
domingo 27 de agosto y del domingo 3 de septiembre de 2000, cuyo origen de
transmisión fue Radio Nacional de Venezuela, y retransmitida por diferentes
medios de comunicación radial y televisivo".



En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al
Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Efectuado el
análisis del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones
siguientes:



De la Acción de Amparo


En el escrito contentivo de la acción, el presunto agraviado fundamentó su
pretensión de amparo constitucional en los siguientes argumentos de hecho y
de derecho:



1. Que el 27 de agosto de 2000, el Presidente de la República, actuando como
conductor del programa radial informativo "Alo, Presidente", emitió
información inexacta y agraviante respecto del ciudadano Elías Santana, hoy
accionante, y la asociación civil Queremos Elegir, la cual se encuentra
parcialmente transcrita en el escrito libelar, de la siguiente manera:



"...aquí hay un llamado: 'Sociedad civil dispuesta a desobedecer' -dice
alguien- ah, Elías Santana. Ese es otro representante de un sector
pequeñísimo de la sociedad civil...".

"...Bueno aquí según el diario El Nacional de hoy, dice el señor Elías
Santana, a nombre de 'Queremos Elegir' una agrupación, pequeña agrupación,
tiene derecho a participar y siempre ha participado, pero no crean que ahora
están esponjados y representan a la sociedad civil...".

"...'Sociedad civil dispuesta a desobedecer' -dice el diario El Nacional
atribuyéndole a Elías Santana- 'si es excluida de la designación de
autoridades del Poder Ciudadano'. Esto es como una amenaza, suena así como
una amenaza, voy a leer textualmente porque esto hay que puntualizar, esto
es muy importante, esto es parte del proceso revolucionario y de transición
que estamos viviendo: 'Si la Asamblea da un paso -dice Elías Santana- para
escoger a dedo al nuevo Fiscal General, al Defensor del Pueblo y a los
miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estaremos esperando para
enfrentarla y ahora si sabrán cómo se come la sociedad civil' ...".

"...Resulta Señor Santana, que la sociedad civil, ya lo he dicho, se ha
pronunciado aquí en siete repetidas cargas de caballería: 8 de noviembre , 6
de diciembre, 25 de abril, 25 de julio, 15 de diciembre, seis veces y 30 de
julio. ¿Quién votó aquí? ¿qué sociedad votó? ¿no fue la sociedad civil? ..."
.

"...la sociedad civil es la inmensa mayoría de los venezolanos y está con
este proceso...".

"...Si la Asamblea Nacional decidiera mañana o pasado mañana que hay que
sustituir al Fiscal General de la República o al Contralor General de la
República o al Consejo Nacional Electoral, pues la Asamblea Nacional tiene
la potestad y para eso se lo dio el proceso Constituyente y la soberanía
popular para hacerlo. El que no esté de acuerdo tiene derecho a expresar su
voluntad, como lo han hecho, pero nosotros, los que defendemos el proceso,
los que lo impulsamos también estamos, no con el derecho, con la obligación
de salir a aclararle a nuestro pueblo cómo son las cosas y poner las cosas
en su lugar. Así que señor Santana, también le respondo a usted, lo estoy
llamando a la batalla, señor Santana. A mí me gusta llamar a la batalla,
venga, venga, a mí me gusta. Esto de... esta amenaza de que usted va... si
sabrán y va a enfrentarla con la sociedad civil, bueno, señor Santana vamos
a hacer una cosa, llame usted a la sociedad civil suya a una esquina y yo
llamo a la mía a la otra. Esa no es la idea, porque yo creo que ya basta de
estos enfrentamientos, pero yo no estoy dispuesto a abandonar el
enfrentamiento si ustedes siguen buscando el enfrentamiento y amenazando con
enfrentamiento...".



2. Que en esa misma oportunidad y, de forma simultánea a la trasmisión de
las informaciones que la parte accionante denunció como agraviantes, éste
procedió a comunicarse vía telefónica con la estación Radio Nacional de
Venezuela, a los fines de solicitar la participación directa en el programa
y, dada la imposibilidad de comunicarse por esta vía, remitió a la referida
estación radial una comunicación escrita vía fax, la cual tampoco obtuvo
respuesta; en virtud de lo cual el accionante envió una nueva comunicación
solicitando formalmente el ejercicio del derecho a réplica.



3. Que, el 29 de agosto de 2000, el solicitante del amparo, actuando en su
propio nombre y en representación de Queremos Elegir, dirigió una
comunicación a la ciudadana Teresa Maniglia, Directora del Instituto
Autónomo Radio Nacional de Venezuela, solicitando nuevamente el ejercicio
del derecho a réplica "[...] a fin de responder los calificativos y las
informaciones emitidas por el conductor del programa 'Aló, Presidente', en
paridad de condiciones; es decir, en similar situación de horario y de
cobertura, lo cual sólo es posible en el espacio radial referido". Narró el
actor que en esa misma oportunidad, la Directora de la mencionada emisora
radial le manifestó verbalmente que la decisión sobre el ejercicio del
derecho a réplica quedaría en manos del conductor del programa "Aló,
Presidente" en su carácter de Presidente de la República.



4. En vista de lo anterior, el accionante procedió a enviar una comunicación
escrita al Presidente de la República ratificando su solicitud de ejercicio
del derecho a réplica, siendo que el 3 de septiembre del año 2000, durante
su alocución en el tantas veces referido programa radial, el presunto
agraviante manifestó su negativa a conceder el derecho a réplica y
rectificación solicitado por el accionante.



5. Posteriormente, dado que en la mencionada emisión del programa "Aló,
Presidente" se produjeron nuevas informaciones que considera agraviantes, el
accionante solicitó mediante comunicación dirigida a la ciudadana Teresa
Maniglia, el ejercicio del derecho a réplica, "[...] en vista que el propio
ciudadano Presidente estableció que ella era la responsable de otorgar o no
el derecho a réplica".



6. Que el 11 de septiembre de 2000, la prenombrada ciudadana respondió a su
solicitud, indicándole que la réplica sería trasmitida el día que a tales
efectos fije Radio Nacional de Venezuela, a través de sus tres emisoras:
Antena Informativa 1050 AM, Antena Popular 630 AM y Canal Clásico 91.1 FM;
lo cual, según alega el actor, "no constituye cumplimiento fiel al mandato
constitucional, por dos razones: 1) El programa radial 'Aló, Presidente' es
transmitido no solamente por las tres estaciones de radio referidas, sino
por Venezolana de Televisión; eventualmente por Globovision, y además genera
gran expectativa y concentra la atención de la mayoría de los medios de
comunicación social en sus diferentes formatos [...] 2) El programa radial
'Aló, Presidente' goza de un altísimo rating o índice de audiencia, tal como
lo señalara el propio conductor del programa en su emisión de fecha 3 de
septiembre de 2000 [...]".



7. A su vez, alegó el actor que "[...] si bien la ciudadana Teresa Maniglia
en su calidad de directora de Radio Nacional de Venezuela es a quien
corresponde, en principio, garantizar el ejercicio del derecho a réplica, de
conformidad con la usanza internacional que establece en cabeza de los
directores de los medios tal responsabilidad, no menos cierto es que ha
quedado plenamente demostrado que la ciudadana Teresa Maniglia recibió
órdenes directas del Presidente de la República el día 3 de septiembre,
fijándole en cuáles condiciones debía otorgarse la réplica [...]". Ello lo
colige el actor de las afirmaciones esgrimidas por el Presidente de la
República, durante la emisión del mencionado programa "Aló, Presidente",
según las cuales no corresponde a éste espacio radial otorgar el derecho a
réplica.



8. Finalmente, y en virtud de los hechos narrados, el accionante denunció
infringidos sus derechos constitucionales a la réplica y a la rectificación
de informaciones inexactas o agraviantes, así como los de la Asociación
Civil que representa y, a fin de hacer cesar tal infracción constitucional,
solicitó que se le ordene a los presuntos agraviantes la concesión de un
lapso de diez minutos de duración en el programa radial "Aló, Presidente",
con el objeto de que el accionante ejerza el derecho de réplica sobre las
informaciones que a él y a la asociación civil Queremos Elegir conciernan.
Asimismo, el accionante expresó que ejercía la presente acción "[...] para
hacer valer el derecho que tiene la sociedad toda a la información
imparcial, y en definitiva, a formularse una opinión soberana y
autónomamente, a partir del conocimiento de las distintas perspectivas que
puedan haber sobre un tema determinado [...]".



De la competencia de esta Sala


Corresponde a esta Sala -en primer término- determinar su competencia para
conocer el caso de autos, y al efecto observa que, mediante sentencias de 20
de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta
Sala Constitucional determinó el régimen competencial aplicable en materia
de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo en dichos fallos que
corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones
de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:



Artículo 8. "La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y
mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley,
(...omissis...) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión
emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo
Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal
General de la República, del Procurador General de la República o del
Contralor General de la República".



Así las cosas, siendo que la presente acción ha sido incoada, por una parte,
en contra del Presidente de la República, de conformidad con el artículo
transcrito y reiterando el criterio expuesto en los fallos señalados ut
supra, esta Sala es competente para conocer de la presente acción de amparo
constitucional. Así se declara.



Por otra parte, observa esta Sala que en el presente caso también ha sido
denunciada como agraviante la ciudadana Teresa Maniglia, como Directora del
Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela. A este respecto, debe la
Sala aclarar que, si bien tal autoridad no se encuentra incluida dentro de
la enumeración de órganos a que se refiere el artículo ut supra transcrito,
y que por su naturaleza y atribuciones no puede asemejarse a ellas, en el
presente caso es necesario establecer un fuero atrayente a favor del órgano
de mayor jerarquía, ello con el fin de evitar decisiones que pudieran ser
contradictorias por ser tramitadas en distintas oportunidades y ante órganos
jurisdiccionales diferentes, salvaguardando así los principios de economía
procesal y seguridad jurídica; en virtud de lo cual esta Sala es a su vez
competente para conocer las presuntas violaciones constitucionales imputadas
a la Directora del mencionado Instituto Autónomo. Así se declara.



Finalmente, visto que el accionante pretende hacer valer a su vez el derecho
a la información imparcial, previsto en el artículo 58 de la Carta
Fundamental, a favor del colectivo nacional, debe esta Sala ratificar el
criterio asentado en sentencia del 30 de junio de 2000 (caso: Defensoría del
Pueblo), según el cual esta Sala es competente para conocer de las acciones
destinadas a ventilar los derechos e intereses difusos y colectivos, motivo
por el cual esta Sala ratifica su competencia. Así se declara.



Consideraciones para decidir


A continuación pasa la Sala a decidir, lo que será doctrina vinculante en la
interpretación de los artículos 57 y 58 de la Carta Fundamental.



La vigente Constitución separa el Derecho a la libre expresión del
pensamiento (artículo 57), del Derecho a la información oportuna, veraz e
imparcial, sin censura, el cual involucra el derecho a la réplica y
rectificación por aquellos que se vean afectados por informaciones inexactas
o agraviantes (artículo 58).



Se trata de dos derechos diferentes, uno dirigido a garantizar la expresión
de las ideas u opiniones, y otro, en beneficio de los ciudadanos,
constituido por el derecho de ser informados de manera oportuna, veraz e
imparcial y sin censura, por los medios de comunicación, ya que el artículo
58 se refiere a la comunicación. Es en relación con la información
comunicacional que surge el derecho a la réplica y a la rectificación, como
un derecho de los ciudadanos ante los medios de comunicación en general.



El Derecho a la libre expresión del pensamiento, permite a toda persona
expresar libremente su pensamiento, sus ideas u opiniones, bien en forma
oral (de viva voz), en lugares públicos o privados; bien por escrito o por
cualquier otra forma de expresión (como la artística, o la musical, por
ejemplo).



El artículo 57 mencionado, reza:



"Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma
de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y
difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho
asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el
anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni
los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas
para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades".



La norma constitucional autoriza que esa expresión del pensamiento se haga
oralmente en círculos privados, en lugares públicos, en mítines, en la
docencia, charlas callejeras, mediante altoparlantes, etc; y que igualmente
pueda realizarse por escrito mediante hojas volantes, cartas privadas,
vallas publicitarias y otras formas de comunicación escrita, artística,
científica o técnica (cuadros, esculturas, imágenes, etc).



Además, sea oral, escrita o artística, la libertad de expresión puede
realizarse utilizando los medios de comunicación social, escritos,
radiofónicos, audiovisuales o de cualquiera otra naturaleza que existan o
surjan en el futuro.



Sin embargo, la posibilidad de acudir a los medios de comunicación para
expresarse, no es un derecho irrestricto que tiene todo ciudadano para
transmitir su pensamiento, ya que cada medio tiene limitaciones de tiempo y
espacio, por lo que es el director del mismo quien, en vista de las
limitantes señaladas, escoge cuáles ideas, pensamientos u opiniones son
comunicables masivamente, lo que restringe el acceso de la libertad de
expresión de las personas a través de los medios de comunicación masivos.



Si bien es cierto que la libertad de expresión es irrestricta en el sentido
que se puede expresar cualquier pensamiento, concepto, idea u opinión y que,
en consecuencia, no puede su emisión ser censurada previamente, impidiendo
la divulgación de las manifestaciones generales del pensamiento, de hecho
(en la práctica) ella sufre una restricción cuando se pretende utilizar para
divulgarla los medios de comunicación masiva, por las razones antes
señaladas, al igual que la situación económica de quien quiere expresarse
con proyección hacia el público, impide a alguien editar libros, panfletos,
hojas volantes y cualquier medio de comunicación de ideas que implique un
gasto. De allí que el artículo 4 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, que
establece que todos los ciudadanos nacionales o extranjeros puedan
expresarse libremente a través de los medios de comunicación social, sin más
limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes, resulta
una norma que no puede interpretarse literalmente.



Surge así una diferencia entre la libertad de expresión, que es en principio
irrestricta, y la libertad de comunicación de esa expresión, cuando se hace
necesario acudir a vías a las cuales no tiene acceso quien se expresa, sin
que le nazca un derecho -derivado de la libertad de expresión- de utilizar
coercitivamente la forma de comunicación y difusión que crea más
conveniente. Luego, el derecho al "uso de cualquier medio de comunicación o
difusión", que otorga a las personas el artículo 57 constitucional, es un
derecho relativo, dependiente de la posibilidad real de acceso que se tenga
a los medios de comunicación o difusión. Lo que se interpreta de dicha norma
es que, en principio, los medios no pueden vetar a nadie para expresarse en
ellos, pero que tal actividad depende del tiempo, oportunidad, espacio,
etc., que puedan brindarle a las personas para emitir sus pensamientos. Sin
embargo, apunta la Sala, que aquellos medios que utilizan servicios, bienes,
o derechos concedidos por el Estado, deben prestar una mayor colaboración
hacia la sociedad, en beneficio de la libertad de expresión de los
ciudadanos.



Por otra parte, si bien es cierto que la libertad de expresión es
irrestricta en el sentido que no puede ser impedida por la censura previa
oficial (ya que de hecho los medios de comunicación masiva, públicos o
privados, limitan lo que se ha de difundir mediante ellos), una vez emitido
el pensamiento, la idea o la opinión, el emisor asume plena responsabilidad
por todo lo expresado, tal como lo señala el artículo 57 constitucional, y
surge así, conforme a la ley, responsabilidad civil, penal, disciplinaria, o
de otra índole legal, conforme al daño que cause a los demás la libertad de
expresión utilizada ilegalmente.



Puede suceder que, con lo expresado se difame o injurie a alguien (artículos
444 y 446 del Código Penal); o se vilipendie a funcionarios o cuerpos
públicos (artículos 223 y 226 del Código Penal); o se ataque la reputación o
el honor de las personas, lo que puede constituir un hecho ilícito que
origine la reparación de daños materiales y morales, conforme al artículo
1196 del Código Civil; o puede formar parte de una conspiración nacional o
internacional, tipificada como delito en el artículo 144 del Código Penal; o
puede ser parte de una campaña destinada a fomentar la competencia desleal,
o simplemente a causar daños económicos a personas, empresas o
instituciones. Éstos y muchos otros delitos y hechos ilícitos pueden
producir la "libertad de expresión"; de allí que el artículo 57
constitucional señale que quien ejerce dicho derecho, asume plena
responsabilidad por todo lo expresado, responsabilidad, que al menos en
materia civil, puede ser compartida, en los casos de comunicación masiva,
por el que pudiendo impedir la difusión del hecho dañoso, la permite,
convirtiéndose en coautor del hecho ilícito, conforme a lo previsto en el
artículo 1.195 del Código Civil. En otras palabras, la libertad de
expresión, aunque no está sujeta a censura previa, tiene que respetar los
derechos de las demás personas, por lo que su emisión genera
responsabilidades ulteriores para el emisor, en muchos casos compartidas con
el vehículo de difusión, sobre todo cuando éste se presta a un terrorismo
comunicacional, que busca someter al desprecio público a personas o a
instituciones, máxime cuando lo difundido no contiene sino denuestos,
insultos y agresiones que no se compaginan con la discusión de ideas o
conceptos.



De todas maneras, apunta la Sala, que el criterio del animus injuriandi,
para enjuiciar delitos, debe ponderarlo el juzgador, en concordancia con el
derecho a la libertad de expresión, para determinar si la actitud de quien
expone sus pensamientos, realmente persigue dañar (como cuando se insulta o
arremete sin motivo alguno, o por uno baladí), o es parte de la crítica que
se ejerce sobre ciertas situaciones, que por lo regular, involucra políticas
públicas y sus protagonistas, tal como lo resaltó sentencia de la Sala de
Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29 de febrero
de 2000 (caso: Procter & Gamble de Venezuela C.A.).



Diversas convenciones internacionales que son leyes vigentes en el país, con
jerarquía constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la
vigente Constitución, señalan responsabilidades derivadas de la libertad de
expresión, las cuales deben ser fijadas por la ley.



El artículo 19 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, reza:



"1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede esta
sujeto a ciertas restricciones, que deberán sin embargo, estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas".



Una norma similar, con igual texto, ha sido recogida en el artículo 13-2-b
de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño.



Por otra parte, el artículo 13 de la Ley Aprobatoria de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, es aún más acabado en
todos los sentidos, y es del tenor siguiente:



"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral pública.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones
a la violencia o cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional".



Consecuencia de las normas citadas, todas de rango constitucional, es que la
libertad de expresión genera responsabilidades, que deben ser expresamente
fijadas por la ley, y que deben asegurar:



1. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás (artículos 444 y
446 del Código Penal, 1196 del Código Civil, por ejemplo).



2. La protección de la seguridad nacional (artículo 144 del Código Penal),
el orden público, o la salud o la moral pública.



3. La protección moral de la infancia y la adolescencia (ver Ley Orgánica de
Protección del Niño y del Adolescente).



Una serie de delitos y hechos ilícitos que pudieran cometerse mediante la
libertad de expresión, irrespetando los derechos de los demás, originarían
por tanto responsabilidades ulteriores a quienes se expresan, y los
perjuicios a las personas derivadas de la libertad de expresión, no dependen
de su difusión, sino del hecho de la expresión irrespetuosa.



Son muchos los casos de personas absueltas de un delito, a quienes se les
sigue calificando de homicidas, narcotraficantes, corruptos y otros epítetos
semejantes, sometiéndolos al escarnio público en franca violación de sus
derechos humanos, creando tensiones y daños familiares (que a veces atentan
contra el interés del niño y el adolescente, o contra la mujer y la familia,
tipificados estos últimos, como violencia psicológica, en el artículo 6 de
la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia).



En relación con dicha libertad de expresión y sus efectos, no está previsto
en ninguna de las normas comentadas, el derecho de réplica o de
rectificación por parte de quien se considere perjudicado, ya que quien
emite una opinión se hace responsable de ella, y los daños que cause o los
delitos que cometa por lo expresado (en público o en privado) darán lugar a
las acciones penales, civiles o de otra naturaleza a que haya lugar.



Lo que sí sostienen las normas transcritas es que el derecho previsto en el
artículo 57 constitucional no puede estar sujeto a censura previa (ni
directa ni indirecta); pero hay materias donde, a pesar de dicha
prohibición, antes de su publicación puede impedirse la difusión de ideas,
conceptos, etc., si ocurre una infracción del citado artículo 57
constitucional, ya que éste prohíbe el anonimato, la propaganda de guerra,
los mensajes discriminatorios y los que promueven la intolerancia religiosa;
prohibición también recogida en el numeral 5 del artículo 13 de la Ley
Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San
José) y en el artículo 20 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Para que estos mensajes dañosos y expresiones
anónimas puedan llevarse adelante, se necesita de la utilización de sistemas
de difusión escritos, sonoros (altoparlantes, por ejemplo), radiofónicos,
visuales o audiovisuales y, ante la infracción del artículo 57 aludido así
como de las otras normas citadas, es el amparo constitucional la vía para
que dichas disposiciones se cumplan, y se restablezca la situación jurídica
lesionada o amenazada por estas transgresiones.



Igualmente, será el amparo constitucional la vía para impedir la censura
previa tanto oficial como privada (boicots); o cuando, como resultado de
ella, se mutilen antes de publicarlas, expresiones del pensamiento, o se les
tergiverse haciéndolas perder el sentido (lo que igualmente se logra
mediante la edición de unas declaraciones, que las tergiversa o mutila), por
lo que la situación jurídica del emisor del pensamiento se restablece
ordenando su publicación tal como fue expresado.



Apunta la Sala que la Ley puede ordenar y crear mecanismos tendientes a
impedir que sean difundidos anónimos, propaganda de guerra, mensajes
discriminatorios o que promuevan la intolerancia religiosa, y que ello no
constituiría censura, sino cumplimiento de la prohibición contenida en el
artículo 57 constitucional. Igualmente, la ley puede prohibir la circulación
de expresiones del pensamiento que atenten contra otros derechos
constitucionales, como son, por ejemplo, los relativos al interés superior
del niño (artículo 75 de la vigente Constitución), previstos en el artículo
13 de la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño y en
el artículo 67 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente.



No constituyen formas indirectas de censura, las tasas impositivas que se
impongan -en igualdad de condiciones- a las empresas editoriales, ni las
normas sobre concesiones de bienes del dominio público (espacio
radioeléctrico), ni las disposiciones legales que permitan medidas
preventivas sobre programas comunicacionales, obras contentivas de
expresiones del pensamiento, etc, tal como las previstas en la Ley sobre el
Derecho de Autor, ni las limitaciones al principio de publicidad del
proceso; estas últimas más cónsonas con el derecho a la información.



El artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
desarrolla otro concepto distinto al anterior, el del Derecho a la
Información, el cual está íntimamente ligado al de la libertad de expresión,
ya que las ideas, pensamientos y opiniones a emitirse se forman con base en
la información. El derecho a la información es un derecho de las personas
que se adelanta, entre otras formas de adquirirlo, por los medios de
comunicación; de allí que, en el choque de este derecho con otros de raíz
constitucional, el juez debe ponderar el conflicto de intereses entre el
derecho de las personas a estar informados y los otros derechos que pudieran
transgredirse, utilizando para ello criterios de proporcionalidad y
razonabilidad para determinar cual debe prevalecer.



Pero este último derecho no está referido únicamente a la transmisión de
expresiones del pensamiento como conceptos, ideas u opiniones, sino a la
propagación de noticias del acontecer diario en el mundo, en el país o en
una región del mismo; a la entrevista periodística, al reportaje, a la
ilustración fotográfica o visual, tal como lo previene el artículo 3 de la
Ley de Ejercicio del Periodismo.



Es la información del suceso y de sus consecuencias una función básicamente
periodística, que se ejerce, no en forma clandestina sino pública, por los
medios de comunicación social de circulación diaria o periódica, sean ellos
escritos, radiales, visuales, audiovisuales o de otra clase.



El artículo 58 citado preferentemente trata la noticia periodística,
realizada mediante imágenes, sonidos o escritos, y que trata las
informaciones de todo tipo.



El artículo 58 eiusdem no se refiere a las obras sujetas a los derechos de
autor en sentido lato (libros, cuadros, etc), que se corresponden con el
ejercicio de la libertad de expresión, sino a la información de noticias,
que no es otra cosa que el suceso (actual o pasado, o sus proyecciones
futuras) transmitido a la colectividad por los medios de comunicación social
(lo que hasta podría realizarse mediante pantallas públicas de información,
por ejemplo), que también incluye a los anuncios que la ley ordena se
difundan y a la publicidad en general, la cual no es per se una información
de noticias, pero sí sobre la existencia y cualidades de bienes y servicios
de toda clase al alcance del público, las cuales no deben ser engañosas a
tenor del artículo 117 constitucional.



El manejo masivo de la noticia, que permite a la persona ejercer el derecho
a la información oportuna, puede efectuarse por instituciones públicas o
privadas, siendo por lo regular estas últimas empresas mercantiles, con
fines de lucro, que realizan actos de comercio a tenor del artículo 2° del
Código de Comercio, las cuales escogen a dedo, conforme a sus conveniencias,
a sus periodistas y colaboradores, y que presentan, junto con las noticias y
la publicidad, artículos de opinión, emanados o no de periodistas, entre los
que se encuentran los editoriales de la prensa de todo tipo, siendo -por lo
tanto- las empresas o instituciones de comunicación masiva, un medio para
difundir noticias (informaciones) y opiniones, muchas de las cuales se
insertan más en los cánones publicitarios que en el ejercicio de la libertad
de expresión strictu sensu, ya que lo que buscan es vender bienes o
servicios de manera interesada, más que expresar ideas, conceptos o
pensamientos con fines no comerciales. Muchas veces estas opiniones que
difunden los medios se basan en sucesos (hechos) a los cuales se remiten, y
no es raro que tales opiniones (incluso adversas) estén destinadas a dar
publicidad a un personaje, y sean parte de una trama para ese fin.



La información es un derivado de la libertad de expresión, pero por su
especificidad y autonomía, la trató aparte el Constituyente, sobre todo al
tomar en cuenta la existencia de los medios de comunicación, ya que la
información se comunica y, de no ser así, prácticamente no existiría. La
información clandestina no pasa de ser el chisme, el rumor o la intriga, a
nivel personal y no masivo.



Esta autonomía de la libertad de información, con respecto a la libertad de
expresión, ya la había reconocido el Tribunal Constitucional Español en el
caso Vinader (105/83).



Sin embargo, la información (la noticia o la publicidad), efectuada por los
medios capaces de difundirla a nivel constitucional, debe ser oportuna,
veraz, imparcial, sin censura y ceñida a los principios constitucionales
(artículo 58 eiusdem), y la violación de esos mandatos que rigen la noticia
y la publicidad, hace nacer derechos en toda persona para obrar en su propio
nombre si la noticia no se amoldó a dichos principios. Igualmente la
comunicación (pública) comporta tanto en el comunicador como en el director
o editor del medio, las responsabilidades que indique la ley, como lo señala
expresamente el artículo 58 constitucional, y el artículo 14 de la Ley
Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San
José.



Ello tiene que ser así, desde el momento que las fuentes de información de
los periodistas son secretas por mandato constitucional (artículo 28 de la
Carta Fundamental) y legal (artículo 8 de la Ley de Ejercicio del
Periodismo). En consecuencia, los dislates periodísticos que atentan contra
el derecho de los demás y contra el artículo 58 constitucional, generan
responsabilidades legales de los editores o de quienes los publican, al no
tener la víctima acceso a la fuente de la noticia que lo agravia. Pero
además de estas acciones, y sin que sean excluyentes, las personas tienen el
derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados por
informaciones inexactas o agraviantes.



Los medios de comunicación, al permitir a las personas estar informados,
satisfaciéndoles su derecho, en cuanto a esa información o noticia actúan en
dos planos: uno general, donde deben emitir información veraz, oportuna e
imparcial, donde se evita la difusión de la noticia falsa, o manipulada con
medias verdades; de la desinformación que niega la oportunidad de conocer la
realidad de la noticia; o de la conjetura o información parcializada para
lograr un fin específico contra algo o alguien. Este derecho constitucional,
a favor de toda persona, crea en los medios la obligación de información
veraz, oportuna e imparcial, que da derecho a réplica o rectificación, el
cual puede ejercerse mediante un amparo, si la situación jurídica de la
persona se ve afectada por la información inexacta (así no esté referido a
ella), que le impide recibir y difundir informaciones o ideas que le
permitan ejercer correctamente su derecho a la libertad de pensamiento o
expresión.



Se trata, según el artículo 58 constitucional, de un derecho individual (la
norma prevé que la persona se vea afectado directamente), y no colectivo.
Sin embargo, y conforme a lo expuesto por esta Sala en sentencia del 31 de
agosto de 2000 (caso: William Ojeda Orozco), será posible incoar acciones
para ejercer derechos e intereses difusos, cuando la publicidad atente
contra la calidad de la vida, cuando la comunicación deja de ser plural, o
cuando no contribuyan a la formación ciudadana (artículo 108
constitucional).



En este plano como lo señalara el Tribunal Constitucional Español en fallo
del 19 de abril de 1993, "el requisito de la veracidad condiciona el
ejercicio de la libertad de información, imponiendo al comunicador un
específico deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad,
aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores
circunstanciales, que no se cumple con la simple afirmación de que lo
comunicado es cierto o con alusiones indeterminadas a fuentes anónimas o
genéricas, como las policiales, y sin que ello suponga que el informador
venga obligado a revelar sus fuentes de conocimiento, sino tan sólo
acreditar que ha hecho algo más que menospreciar la veracidad o falsedad de
su información, dejándola reducida a un conjunto de rumores deshonrosos e
insinuaciones vejatorias o meras opiniones gratuitas que no merecen
protección constitucional".



La doctrina transcrita, que hace suya esta Sala, que ha sido tomado de la
obra Jurisprudencia Constitucional 1981-1995, de Tomás Gui Mori (Edit.
Civitas S.A Madrid 1957 p. 1976), es clave para el manejo del alcance de la
libertad de información y las responsabilidades que el abuso de la misma
puede generar, así como para delinear los derechos y acciones que tienen las
personas.



Resulta un abuso de los medios, que contraría la libertad de información,
emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios,
sentencias, etc., sin señalar en qué consiste lo criticado, impidiéndole a
las personas que tienen el derecho a informarse, enterarse de qué es lo
deleznable. De igual entidad abusiva es acuñar frases con lugares comunes,
tales como que una actitud es funesta, una idea un exabrupto o una locura,
sin exponer cuál es la actitud o la idea criticada, o aislando de un
contexto un sector y comentarlo, sin tomar en cuenta el todo donde se
insertó lo resaltado, lo que cambia el sentido de lo aislado.



También es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número
mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica, a menos que el
medio en sus editoriales o por sus voceros, mantenga y se identifique con
una línea de opinión congruente con la de los columnistas y colaboradores.



Tales actitudes permiten, a quien se sienta minimizado en su derecho a estar
informado correctamente, incoar las acciones tendientes a que se le informe
debidamente, lo que, en puridad de principios, no corresponde ni a un
derecho de réplica ni de rectificación, sino más bien a un amparo, por
transgresión directa de los derechos que le atribuye a las personas, el
artículo 58 constitucional.



El Tribunal Constitucional Federal Alemán, al respecto ha señalado: "una
información inexacta no constituye un objeto digno de protección, porque no
puede servir a la correcta formación de la opinión postulada por el Derecho
Constitucional" (Tomado de la obra "Tribunales Constitucionales Europeos y
Derechos Fundamentales." Centro Estudios Constitucionales. Madrid. 1984).



El otro plano es particular. Está referido a las personas que se ven
afectadas por informaciones inexactas o agraviantes o que atentan contra sus
derechos humanos, contra su dignidad o contra derechos constitucionales que
les corresponden, quienes, hasta ahora, no reciben ningún apoyo de las
organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos, cuando
su dignidad, el desenvolvimiento de la personalidad, el honor, la
reputación, la vida privada, la intimidad, la presunción de inocencia y
otros valores constitucionales se ven vulnerados por los medios de
comunicación social.



En este último plano nacen, para las personas agraviadas, varios derechos
distintos: uno, establecido en el artículo 58 constitucional, cual es el
derecho a réplica y rectificación; otro, que también dimana de dicha norma,
así como del artículo 14 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, cual es obtener reparación (responsabilidad civil)
por los perjuicios que le causaren, los cuales incluyen la obligación de
indemnizar integralmente a las víctimas, ya que si el Estado la tiene,
conforme al artículo 30 constitucional, los victimarios particulares también
tienen dicha obligación, aunque el juez siempre debe conciliar el derecho
que tienen las personas a estar informados, con los otros derechos humanos
que se infringen al reclamante.



Esto último lo resaltó la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo,
en fallo de 29 de febrero de 2000, donde analizó la responsabilidad penal de
los periodistas y editores (que sería otro derecho de los agraviados, el de
querellarse), y señaló: "En los Estados Unidos de América, donde la prensa y
los medios de comunicación en general han alcanzado la más elevada
potencialidad, la jurisprudencia ha establecido hace décadas la doctrina de
la "Real Malicia", en lo concerniente a la responsabilidad de dichos medios.
Consiste esa doctrina en no hallar responsabilidad penal o civil para los
periodistas, aunque lo que comuniquen sea incierto, con excepción de cuando
actúen a sabiendas de la falta de veracidad".



Hay falta de veracidad, cuando no se corresponden los hechos y
circunstancias difundidas, con los elementos esenciales (no totales) de la
realidad.



Cuando la información ha sido supuestamente contrastada por el medio antes
de su divulgación, aunque tenga errores o inexactitudes, la información
puede considerarse veraz, ya que tiene una correspondencia básica con la
realidad, y no puede exigirse a quien busca la información, que va a
beneficiar a las personas que tienen el derecho a ella, una meticulosidad y
exactitud que choca con la rapidez sobre la captura de la noticia, con la
dificultad de comprobar la fiabilidad de la fuente de la misma (la cual
muchas veces es oficial) o con las circunstancias -a veces oscuras- como
sucede con los hechos que interesan al público, etc.



Corresponde a la jurisprudencia, en cada caso, determinar si hubo o no una
investigación suficiente sobre la veracidad de lo publicado, como noticia, o
como base de una opinión. En este sentido, el Tribunal Constitucional
Español, en fallo de 1988, citado por Rubio Llorente en su obra Derechos
Fundamentales y Principios Constitucionales (Edit. Ariel Derecho, 1995, p.
208), sentó: "Cuando la Constitución requiere que la información sea 'veraz'
no está tanto privado de protección a las informaciones que pueden resultar
erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuando estableciendo un
específico deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y
debe exigir que lo que transmita como 'hechos' haya sido objeto de previo
contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía
constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información
actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El
ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de
quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o
insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información
rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea
controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en
un debate libre, de tal forma que, de imponerse la 'verdad' como condición
para el reconocimiento del derecho, la única garantía sería el silencio.
(STC6/1988, FJ 5.º). Véase también SSTC 171/1990, FJ 8.º, 143/1991, FJ 6.º,
15/1993, FJ.2º".



El mismo Tribunal en sentencia de 1990 (Rubio Llorente, ob. cit., p. 208),
expresó: "(...) la veracidad no actúa de manera uniforme en toda clase de
supuestos, puesto que su operatividad excluyente de la antijuricidad de las
intromisiones en el honor e intimidad de las personas es muy distinta, según
que se trate de hechos u opiniones o la intromisión afecte al derecho al
honor o a la intimidad (...) El deber de diligencia en la comprobación
razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y
genérica remisión a fuentes indeterminadas que, en ningún caso, liberan al
autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues, al asumir y
transmitir a opinión pública la noticia, también asume personalmente su
veracidad o inveracidad, en cuanto que la obligación de contrastar la
verosimilitud de la noticia es un deber propio y específico de cada
informador (...) Entendido así el requisito de la veracidad, es de especial
importancia distinguir entre pensamientos, ideas, opiniones y juicios de
valor, de un lado, y hechos, del otro, puesto que tal distinción delimita
teóricamente el respectivo contenido de los derechos de libre expresión e
información, siendo propio de este último la recepción y comunicación de
hechos (...). (Ahora bien, la) mezcla de descripción de hechos y opiniones,
que ordinariamente se produce en las informaciones, determina que la
veracidad despliegue sus efectos legitimadores en relación con los hechos,
pero no respecto de las opiniones que los acompañen o valoraciones que de
los mismos se hagan, puesto que las opiniones, creencias personales o
juicios de valor no son susceptibles de verificación y ello determina que el
ámbito de protección del derecho de información quede delimitado, respecto
de esos elementos valorativos, por la ausencia de expresiones injuriosas,
que resulten innecesarias para el juicio crítico, careciendo de sentido
alguno introducir, en tales supuestos, el elemento de veracidad, puesto que,
en todo caso, las expresiones literalmente vejatorias o insultantes quedan
siempre fuera del ámbito protector del derecho de información. También
merece distinto tratamiento el requisito de la veracidad, según se trate del
derecho al honor o del derecho a la intimidad, ya que mientras la veracidad
funciona, en principio, como causa legitimadora de las intromisiones en el
honor, si se trata del derecho a la intimidad actúa, en principio, en
sentido inverso. El criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad
de las intromisiones en la intimidad de las personas no es el de la
veracidad, sino exclusivamente el de la relevancia pública del hecho
divulgado, es decir, que su comunicación a al opinión pública, aun siendo
verdadera, resulte ser necesaria en función del interés público del asunto
sobre el que se informa. (STC 172/1990, FJ 3.º)".



El derecho a la información, de esencia constitucional, debe ponderarse
cuando debe prevalecer sobre otros derechos constitucionales de las
personas, pero estos tendrán primacía, cuando la información no es veraz,
por falsa, o por falta de investigación básica del medio que la pública o la
utiliza.



En el ámbito penal, esto lo tomó en cuenta el fallo de 29 de febrero de 2000
de la Sala de Casación Penal, antes aludido, el cual agregó: "Las
informaciones suministradas en los medios de comunicación y por los
periodistas en principio, no llegan a ser delictuosas (difamación e injuria)
porque se consideran expuestas con un "animus narrandi" o intención de
narrar, informar o comunicar".



Dichas informaciones pueden ser erradas, y conculcarían los derechos
personales de naturaleza constitucional, cuando se difunden con conocimiento
de que eran falsas o con indiferencia temeraria acerca de si la afirmación
era falsa o no. Esto es lo que la sentencia del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de Norteamérica, en el caso New York Times vs Sullivan
(citado por Rafael Saraza Jimena en su obra Libertad de Expresión e
Información Frente a Honor, Intimidad y Propia Imagen. Aranzadi Editorial.
1995); llamó la "actual malice" o malicia real.



La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (extraída de la obra
de Saraza Jimena citado) no ha considerado ilegítima la intromisión en los
derechos fundamentales de la personalidad, cuando el error era inevitable, o
intrascendente, o que no es absolutamente inveraz, o que ha habido pronta
corrección o rectificación posterior por el medio.



Se trata, a título enunciativo, de señalar razones que otorgan la tuición
constitucional a informaciones erróneas, sin que se considere por ello, que
hay menoscabo a derechos de la personalidad.



Sin embargo, a juicio de esta Sala, la información siempre genera
responsabilidad civil, cuando ella por falsa o inexacta daña a las personas,
y el medio no realizó actividad periodística razonable para confirmarla.



Igualmente, el ejercicio de la libertad de expresión y en cierta forma el de
la libertad de información a ello unida, admite opiniones y valoraciones
críticas de los hechos noticiosos que se comunican, incluso con el empleo de
expresiones molestas, hirientes o excesos terminológicos, siempre que los
mismos no constituyan insultos o descalificaciones fuera de discurso,
desconectadas o innecesarias con el tema objeto de opinión o información; ni
de expresiones hirientes, insidiosas o vejatorias sin conexión con el tema
objeto de información u opinión, o innecesarias para la formación de la
opinión pública, ni cuando se trata de expresiones injuriosas que
exteriorizan sentimientos personales ajenos a la finalidad de contribuir a
la formación de una opinión pública libre y responsable. No puede existir un
insulto constitucionalmente protegido, y ellos, carecen de cobertura
constitucional.



El artículo 58 constitucional, reza:



"La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y
responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la
información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación
cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o
agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir
información adecuada para su desarrollo integral".



Mientras que el artículo 14 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, señala:



"1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y
que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación toda publicación
o empresa periodística, cinematográfica , de radio o televisión tendrá una
persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de
fuero especial."



Nace a nivel constitucional para las personas agraviadas por la información,
un derecho de réplica (respuesta) y de rectificación; pero tal derecho no lo
tienen ni los medios, ni a quienes en ellos se expresan, ya que, repite la
Sala, el derecho a réplica y rectificación no ha sido concedido sino a
quienes reciben la información y no a quien la suministra.



El artículo 14 citado, señala que la respuesta o la rectificación se
efectuará por el mismo órgano de difusión, que produjo la información
inexacta o agraviante, en las condiciones que establezca la ley.



La ley, que no es otra que la Ley de Ejercicio del Periodismo, en su
artículo 9 señala: "Toda tergiversación o ausencia de veracidad en la
información debe ser ratificada oportuna y eficientemente. El periodista
está obligado a rectificar y la empresa a dar cabida a tal rectificación o a
la aclaratoria que formule el afectado".



No pauta la norma cómo se hará la respuesta o la rectificación, si en la
misma página, programa, emisión, etc., donde se difundió la noticia; pero lo
que sí está claro es que el obligado a hacerlo es el periodista o la empresa
periodística, que claro está podrá agregar lo que verazmente le excluya la
responsabilidad, como un aditamento hacia sus lectores u oyentes.



De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, son los
periodistas los que deben el derecho a réplica o rectificación, pero ellos
no lo tienen en el sentido señalado en dicho artículo.



La razón para ello radica en que el medio de difusión, siempre puede
contestar (replicar) o rectificar la noticia inexacta o agraviante que sobre
él, sus periodistas o colaboradores, haya sido difundida en otro medio.



Por otra parte, no es el derecho a réplica o rectificación un derecho
dirigido a refutar opiniones o a mantener una diatriba pública, ya que tal
cuestión, por estar dirigida a personas indeterminadas, haría infinita la
discusión sin que se pudiera medir con exactitud quien convenció al público.
Ello no excluye las discusiones públicas, pero estas no forman parte del
derecho de réplica o rectificación.



Estos derechos a la réplica y la rectificación, solo los puede utilizar la
persona directamente afectada por la información, así esta se encuentre
contenida en un artículo de opinión o un remitido, y siempre que estos sean
inexactos o agraviantes (artículo 58 constitucional).



La primera causa para ello, cual es la inexactitud en la información, obliga
a quien pide la rectificación o la réplica, a convencer al medio de tal
inexactitud, a justificar los elementos en que basa su solicitud, no
bastando para ello la sola afirmación de quien ejerce el derecho, de que la
información es falsa o inexacta.



Si a pesar de los argumentos que demuestran la inexactitud o falsedad, el
medio se niega a publicar la respuesta o a rectificar, las vías
jurisdiccionales, entre ellos el amparo, están abiertas para la víctima,
donde tendrá la carga de demostrar su afirmación.



La información agraviante, es aquella que lesiona la dignidad, el honor, la
reputación, la imagen, la vida privada o íntima, de las personas,
exponiéndolas al desprecio público, que puede dañarlas moral o
económicamente, y que resulta de una imputación que no se corresponde con la
realidad, o que no atiende a la situación actual en que se encuentra una
persona. Se trata de imputarle o endilgarle hechos o calificativos que no
son congruentes con la situación fáctica o jurídica del agraviado. Ante tal
información, nace en la "víctima" el derecho a que se rectifique, o a dar
respuesta contraria a lo que se le imputa, y en ambos casos, el amparo
constitucional podría ser la acción que concretaría la protección a los
derechos que le otorga el artículo 58 comentado, si se niega la réplica o la
rectificación.



Cuando lo que se imputa, es una opinión sin base en hechos que la sustenten,
a juicio de esta Sala no hay información que desvirtuar, sino la vía de las
acciones ordinarias existentes o que creare la ley.



En el conflicto entre la libertad de expresión e información y los derechos
de la personalidad, el juez tiene que ponderar los derechos en conflicto,
dándole un valor prevalente a los derechos a la libertad de expresión e
información en su colisión con los derechos de personalidad, también
fundamentales, siempre que aquellos se refieran a hechos o personas con
relevancia pública, o estén destinados a la formación y existencia de una
opinión pública libre, o no vacíen de contenido a los derechos de la
personalidad, o dichas libertades se ejecuten conforme a su naturaleza y
función constitucional, o si se trata de información, que ella sea veraz.
Corresponderá a la jurisprudencia en cada caso realizar la ponderación y
analizar los conceptos de relevancia pública y veracidad de la información.



En el caso que ocupa a la Sala, se observa que tanto los diarios El
Nacional, por ejemplo, en su editorial titulado "Ya Basta", así como "El
Universal" han disentido de opiniones adversas que sobre ellos ha emitido
por televisión o radio el Presidente de la República, y esa disensión se ha
llevado adelante por medio de Editoriales publicados en ambos diarios. A
juicio de esta Sala, ello demuestra cómo el medio escrito, en el caso de
estos ejemplos, pero podría ser en cualquiera otro, puede contestar,
contrastar opiniones o informaciones, etc., sin necesidad de acceder al otro
medio donde se originó la opinión (o la noticia adversa), ya que su carácter
de medio de comunicación social, le permite la proyección pública de la cual
carecen los particulares.



Por ello, considera la Sala, que el derecho a la réplica y a la
rectificación no lo tienen ni los medios, ni quienes habitualmente ejercen
en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas,
ni quienes mediante "remitidos" suscitan una reacción en contra. Se trata de
un derecho concedido a quienes se ven afectados por la información de los
medios, y que carecen de canales públicos para contestar o dar su versión de
la noticia.



Quien publica un remitido en un medio, si un interesado le contesta en otro
medio, no puede pretender (quien publicó el primero) le den gratis un
espacio en el segundo medio para contrareplicar, ya que los remitidos no
forman parte del periodismo de información al cual se refiere el artículo 58
comentado; pero tampoco pueden los periodistas, directores y editores de
medios de comunicación, pretender que en otro medio se le permita responder
lo que en el se haya difundido y consideren los perjudica, ya que estarían
utilizando innecesariamente un espacio, cuando muy bien ellos, utilizando
sus canales de difusión escritos, orales o audiovisuales, pueden hacerlo.



El Tribunal Constitucional Federal Alemán, en el caso "Richard Schmid vs Der
Spiegel" expuso: "las declaraciones publicadas en la prensa, formuladas como
réplica a un ataque en la prensa y a su impacto en la opinión pública, caían
bajo el ámbito del derecho fundamental a la libertad de expresión..."
(Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. Ob at p
359), considerando como réplica, la respuesta dada en otro medio distinto al
agraviante.



Dentro de ese orden de ideas, el ciudadano Elías Santana, quien tiene en el
diario El Nacional una columna semanal, pretende refutar al Presidente de la
República, por la vía de la réplica, en relación con unas opiniones dadas
por éste que, sobre la popularidad de ambos ciudadanos (Santana y él),
emitió el Presidente en el programa "Aló, Presidente".



Considera la Sala que si Elías Santana o la Asociación Civil Queremos Elegir
creen que han sido agraviados por el Presidente de la República, pueden
ejercer las acciones que sean procedentes, pero que al ser un periodista con
una columna fija en el diario El Nacional (El Ombudsman), y un programa
radial diario "Santana Total", en Radio Capital, quien pide el derecho de
réplica en su propio nombre y en el de la persona jurídica de la cual es
vocero y por quien habla, carece de derecho a réplica o rectificación
alguno, ya que lo que crea conveniente contestar al Presidente puede
hacerlo, tanto en su columna como en el diario donde la tiene, que además es
un periódico de circulación nacional, o en el programa radial, sin que pueda
hacerse para estos fines una separación entre su persona y la de la
Asociación Civil Queremos Elegir, por quien también actúa, ya que él es el
vocero de tal Asociación. Según lo transcrito en el escrito de amparo,
reproducido en este fallo, en las declaraciones que los actores atribuyen al
Presidente de la República, éste se refirió a su vez a declaraciones del Sr.
Elías Santana, expuestas en el diario donde escribe, emitidas a nombre
propio y de la Asociación Queremos Elegir, la cual por lo regular es
representada por el Sr. Santana, quien se expresa en su nombre. En casos
como éstos, en que en la persona de un columnista o periodista de un medio
de comunicación, se confunde en él la representación de una persona
jurídica, que también constantemente declara en los periódicos por medio del
periodista o columnista, situación que conoce la Sala por tratarse de hechos
notorios comunicacionales, mal puede existir una dicotomía que otorgue un
derecho de réplica o rectificación especial para su representada.



Además, apunta la Sala, que los hechos que se imputan al Presidente de la
República para solicitar el derecho a réplica, no constituyen informaciones
inexactas o agraviantes que se endilguen a los actores, sino se trata de
opiniones, que se centran en la popularidad que dice tener el Presidente
comparada con la de los actores, así como en una actitud amenazante que
colige el Presidente de lo expresado por los accionantes, y que mal podrían
originar el derecho a réplica o rectificación contenido en el artículo 58
constitucional, y así se declara.



Es más, lo que pretenden los accionantes no es el ejercicio del derecho de
réplica, ya que fue a ellos a quienes les contestó el Presidente, sino el de
sostener una discusión pública, para lo que no es necesario, para el
columnista, acudir al artículo 58 constitucional.



Igualmente consta en autos que, a los accionantes, Radio Nacional de
Venezuela les otorgó el derecho a réplica que ahora solicitan, pero que
éstos, sin base legal alguna, quisieron imponer al medio las condiciones de
ejercicio del derecho, lo que equivale a obligar a un medio, que por
ejemplo, publicó una noticia en primera página, a publicar en esa misma
página la respuesta o la rectificación; proceder que no aparece en las leyes
citadas en este fallo.



Consecuencia de lo anteriormente expuesto, es que al no tener el ciudadano
Elías Santana, ni su representada la Asociación Civil Queremos Elegir, el
derecho a réplica que solicitó por la vía de amparo, debe declararse
improcedente in limine litis el amparo incoado, y así se declara.



Decisión


Por los razonamientos antes expuestos, este tribunal Supremo de Justicia, en
Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara Improcedente in limine litis el amparo incoado por Elías Santana,
actuando en su propio nombre y en representación de la Asociación Civil
Queremos Elegir "[...] frente a la negativa de los ciudadanos Presidente de
la República, Hugo Chávez Frías y Teresa Maniglia, Directora del Instituto
Autónomo Radio Nacional de Venezuela, de permitirnos el ejercicio del
derecho de réplica respecto de los planteamientos hechos por el conductor
del programa radial 'Aló, Presidente' en sus emisiones del domingo 27 de
agosto y del domingo 3 de septiembre de 2000, cuyo origen de transmisión fue
Radio Nacional de Venezuela, y retransmitida por diferentes medios de
comunicación radial y televisivo".



Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.



Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, a los 12 días del mes de JUNIO de dos mil
uno (2001). Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.














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