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Asunto:[mediosmedios] OPINIÓN EN LA JORNADA
Fecha:Sabado, 1 de Junio, 2002  10:00:50 (-0500)
Autor:Roberto Rodríguez Baños <roberrb1 @...........mx>

Carlos Marichal

La banca hunde a la economía privada

Habitualmente se considera que el sistema bancario debe proporcionar el oxígeno que requiere la actividad económica, por medio de la eficiente intermediación entre ahorradores y demandantes de crédito. Sin embargo, en el caso de la banca mexicana lo que se viene observando en los últimos años es que ésta va sofocando a las pequeñas y medianas empresas al mantener unas tasas de interés extraordinariamente altas sobre los préstamos. Lamentablemente, el gobierno está cooperando en esta estrategia, que consiste en subsidiar a las instituciones financieras mientras que se va resquebrajando gran parte del tejido industrial de México.

La reducción en el crédito comercial para la economía privada en el quinquenio pasado ha sido aterradora. Todavía en 1996, un año después de la devaluación y del comienzo de la crisis financiera, el crédito bancario al sector privado alcanzaba 25 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en 2001 bajó a 7. Peor aún, en el primer trimestre del presente año ha seguido cayendo, de acuerdo con los informes del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La explicación de este fenómeno verdaderamente trágico lo ofrece un reciente reporte de la firma financiera Credit Suisse First Boston, titulado Mexico Credit Chartbook. A partir de un estudio y una serie de encuestas detalladas, el documento indica que la causa de la caída en la oferta del crédito bancario para el sector productivo se debe a "las elevadas tasas de interés activas". En otras palabras, los bancos cobran intereses desmesuradamente altos para cualquier préstamo, siendo avalados en estas conductas por las máximas autoridades bancarias y financieras del Estado. A ello se agrega la resistencia de los bancos a prestar sin garantías extraordinarias, lo que se traduce en la enorme cantidad de solicitudes de pequeñas empresas que son rechazadas.

Lo que se observa es que la economía privada mexicana está trabajando sin el soporte de un sistema bancario. ¿Pero cómo es posible que las empresas trabajen sin bancos? La solución básica ha consistido en recurrir a los proveedores para que adelanten mercancías o créditos para la inmensa mayoría de las compañías que no cuentan con los fondos requeridos para mantener su producción. De acuerdo con el mismo informe de Credit Suisse, 62 por ciento de las empresas en México actualmente se financian por medio de sus proveedores. Pero esto va provocando una serie de cuellos de botella que llevan inevitablemente a una cadena de quiebras o, alternativamente, a una gradual asfixia de las industrias. Ante la incapacidad de compra de sus clientes, los proveedores extienden crédito, pero al hacerlo se quedan sin los dineros que requieren para realizar nuevas inversiones y sostener su producción. El círculo vicioso se vuelve un nudo por falta de préstamos.

La banca mexicana (ahora mayoritariamente extranjera) es responsable de esta situación. Pero también lo es el gobierno al subsidiar a los banqueros sin exigir un cambio de estrategia. Los bancos están obteniendo el grueso de sus ganancias de dos fuentes: 1. Los intereses que reciben del gobierno en pago por el inmenso volumen de pagarés del IPAB que tienen en su poder; 2. los préstamos que hace la banca al gobierno. De hecho, el sector público se ha vuelto a situar como el cliente más importante de la banca comercial, con un aumento de más de 14 por ciento en los créditos al gobierno en el primer trimestre de 2002.

Se trata de un claro contubernio entre instituciones financieras y gobierno que perjudica a la industria. Esa alianza, que ha sido el eje de la política financiera del Estado mexicano desde 1982, se ha mantenido firme a pesar de los cambios en la situación jurídica de la banca. En los 80 el gobierno utilizaba a la banca nacionalizada para financiar sus déficits. Luego, con la privatización de la banca a principios de los 90, el gobierno aseguró a los nuevos dueños las tasas más altas de intermediación conocidas a escala mundial para que pudieran recuperar sus capitales. Finalmente, desde la crisis de 1995 el Estado ha rescatado a la banca, garantizando a viejos y nuevos dueños un respaldo colosal mediante el IPAB.

La economía y los contribuyentes han sufrido las consecuencias de que las autoridades financieras de todas las administraciones presidenciales privilegien a la banca como el gran niño mimado que necesita un flujo constante de subsidios. Es hora ya de que el Congreso exija la adopción de una política económica que favorezca a la industria, castigada por una banca ya muy malcriada.

Ana de Ita

Alianza para Monsanto

A pesar de la andanada de críticas del presidente Fox y el secretario de Agricultura a los subsidios agrícolas, el programa Alianza para el Campo 2002 mantiene el subsidio a las semillas transgénicas de algodón y al pago de la licencia para su uso. Este subsidio va directamente a la empresa Monsanto, uno de los gigantes de la industria biotecnológica, que concentra 86 por ciento de la comercialización de semillas transgénicas en el mundo, con ventas anuales netas por más de 5 mil millones de dólares.

Desde 1998 el programa algodonero de la Alianza para el Campo apoya explícitamente la compra de la semilla transgénica y el pago de regalías que exige Monsanto en nueve estados productores del norte del país. Sonora y Tamaulipas han sido los principales.

Entre 1998 y 2001 el gobierno apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos. Gracias al empujón gubernamental después del primer año de la Alianza con Monsanto, aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la utilizaba 3 por ciento de ellos.

Monsanto no es un beneficiario elegible del programa algodonero, pero en términos reales ha recibido alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados a éste en los últimos cuatro años. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el programa. Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses privados.

El cultivo del algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25 por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80 dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.

El algodón es el principal cultivo transgénico de México. La primera solicitud para ensayo en campo se otorgó en 1995, y al año siguiente Monsanto había conseguido autorización para su programa piloto de algodón Bollgard, en 10 mil hectáreas en Tamaulipas, aunque sólo se realizó en 400 hectáreas. Entre 1996 y 1999 Sanidad Vegetal reporta un crecimiento exponencial de la superficie autorizada a la empresa Monsanto. Para 1999 tenía autorizadas 83 mil 799 hectáreas, aunque se realizaron únicamente 28 mil 651, pero para 2000 las solicitudes aprobadas se redujeron a 58 mil 560 hectáreas.

Las expectativas del gobierno y de la compañía se han quedado muy cortas contra la realidad: el cultivo del algodón en México no es rentable frente a la competencia del libre mercado. Mientras que la industria textil importa 63 por ciento del consumo nacional de algodón y la industria aceitera 40 por ciento de su consumo, la superficie total de algodón ha caído en 64 por ciento durante los años de operación del programa (1998-2001), presionada por la caída de los precios internacionales en 25 por ciento a partir de 1997. El mismo destino ha tenido la superficie subsidiada por Alianza para el Campo con algodón transgénico, que se redujo en 66 por ciento entre 1998 y 2000, al pasar de 21 mil 130 hectáreas a 7 mil 280. Para el año 2000 los productores en Tamaulipas decidieron privilegiar con subsidios las labores culturales, antes que el uso de semillas transgénicas, que no les reflejaron beneficios.

Durante este año el programa gubernamental de subsidio a la semilla y licencia transgénica, propiedad de Monsanto, otorgará 455 pesos por hectárea a los productores individuales y 650 pesos a las organizaciones de productores, a pesar de sus cuestionables beneficios. El programa algodonero apoya a productores de alto nivel económico en regiones determinadas del país, en su mayoría con superficies de riego mayores a 10 hectáreas; en algunos casos es un incentivo para la concentración y renta de la tierra. Para los productores la cuestión de la tecnología resulta menor frente a los problemas fundamentales de reducción de precios y dificultades de comercialización. En varios casos el beneficio a los productores se reduce a perder menos.

Al convertirse en el promotor de los intereses de Monsanto -que bien puede asumir el costo de la penetración de su tecnología-, el gobierno coloca los recursos públicos en su tan odiado "barril sin fondo"; la precisión del caso es que algunos de los que los reciben tienen marcas registradas.

Ricardo Robles

Tan sólo el silencio

Se reunieron autoridades indígenas de la Sierra Tarahumara en estos días y vinieron indígenas de Nayarit, Jalisco y el Distrito Federal a acompañar el encuentro. En asamblea reflexionaron el mundo. Y al final, entre consensos hondos de sabiduría, cargados de sentido y elocuencia, quedó un silencio. Las palabras que siguen son sólo muestra de lo que dijeron y lo que callaron.

Los rarámuri, rarómari y ódami recordaron lo que han compartido en reuniones anteriores para encauzar así su pensamiento: "la raíz que nos dejaron nuestros antepasados, que no la arranquen, que no la quiten", "autonomía es como vivimos en nuestros lugares, o sea lo que es nuestro, eso hay que defenderlo... es dar fuerza al mundo con nuestras costumbres, tradiciones, y como vamos a defendernos de las injusticias".

Vieron también lo que les da o les quita fuerza a las comunidades. Confirmaron que le dan fuerza la palabra originaria, sus autoridades y sus fiestas rituales, "el yúmare, matachines, la carrera de bola y de ariweta... los consejos de los gobernadores... las fiestas, las convivencias en comunidad, el intercambio de trabajo y las faenas"... Le quitan fuerza, en cambio, el saqueo y las intrusiones. "Sentimos triste, porque el bosque ya no tenemos... proteger del incendio, porque es nuestro respiratorio". "Se están llevando la medicina que nos habían dejado nuestros abuelos, por eso sentimos bastante tristeza, porque los ricos siguen explotando toda clase de recursos que acostumbrábamos antes". "La educación nos quita de nuestra comunidad, pero no a todos". "De fuera, las autoridades civiles quieren mandar más que las autoridades indígenas".

Pidieron luego a los visitantes su visión sobre la realidad nacional, para ver entonces lo que puede ayudarles de ese mundo exterior y cómo les afecta. Les ayuda "conocer de otros pueblos indígenas, cómo se organizan, cómo defienden sus derechos, territorios y recursos naturales. El apoyo de organizaciones que no son del gobierno, como el CNI, el EZLN, la sociedad civil, derechos humanos". "Proyectos productivos, teniendo reuniones para resolver según lo que se solicita". "Hacer reuniones con todos los gobernadores, así como estamos ahora".

De lo que les afecta dijeron: "los proyectos de gobierno, las despensas, los partidos políticos, los maestros, los ingenieros y los piscicultores unidos... proyectos como eso de las cabañas, pues al hacerlo están afectando no a uno sino a todos". "Fertilizantes y otros químicos, cada vez más la tierra va perdiendo su fuerza... el Procampo porque nos divide... cuando todavía no había ese programa vivíamos unidos". "El Tratado de Libre Comercio permite entrar semilla de mala calidad que afecta a nuestros pueblos".

Sobre lo anterior repensaron sus reuniones de autoridades tradicionales y los frutos: "capacitación de las comunidades, juntar a los gobernadores... conocer a nuestro derecho indígena". "Nos fortalecen como pueblo, porque nos reunimos de muchas partes de la sierra y de otros estados". "Nos ha servido mucho para poner en orden la justicia... para que no nos atropellen. También para luchar juntos como hermanos, para no dejar nuestras costumbres y enseñar a los niños". Y terminaron pensando que seguirán en adelante visitando los pueblos, convocando, con reuniones y talleres, en contacto con otros pueblos indios, etcétera. En suma ratificaron su camino, el ya roturado.

Un punto doble se había propuesto desde el primer día. La consulta sobre la ley que ellos trabajaron había sido ignorada. Se hacía necesaria la unidad. Lo dijeron así: "Estuvimos haciendo la consulta hace un año... Fuimos a Chihuahua a ver al grande gobernador pero no nos hizo caso porque él nada más piensa en el dinero. Si estamos unidos, solamente así podremos seguir dando fuerza a lo que es nuestro".

La asamblea adoptó la frase final, la repensó durante tres días, la clarificó, se fortificó. Si los diputados habían prometido una respuesta que no llegó, la asamblea supo que hay actitudes que sólo merecen silencio. La sabia asamblea sabe desde los ancestros que el silencio desautoriza y no otorga, que tiene raíces, que germina a su tiempo. La asamblea reunida no trató el tema de la consulta ignorada ni en la evaluación.

Nos falta saber algo de silencios, aceptar que tal vez digan algo que no percibimos. Los pueblos indios nos van diciendo y probando que son fecundos, creativos, esos silencios que, según se ha dicho lamentablemente, nos dejan en "santa paz".

Enrique Calderón A.

Inseguridad: una encuesta asombrosa

Hace tan sólo unos días nos pudimos enterar de una noticia maravillosa: la creación de un instituto de la sociedad civil con objeto de analizar el tema de la inseguridad en que estamos viviendo los mexicanos, para tratar de encontrar posibles soluciones al problema, desde luego uno de los más graves que enfrenta actualmente el país.

Por la radio supimos que el instituto estaría dirigido por Luis de la Barreda, reconocido intelectual que ha dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos. Qué mejor decisión para dirigir ese instituto que un hombre docto, enérgico y objetivo como Luis de la Barreda.

Aunque al principio no me quedaba claro de quién había sido esa sabia decisión, lo que sí recordaba con claridad era su entusiasta, valiente y desinteresada defensa de Mayito y Paola Dorantes, tan irracionalmente acusados del asesinato de Francisco Stanley, cuya muerte tanto había entristecido al país.

En fin, las noticias relativas al nuevo instituto motivaron mi entusiasmo, seguro de que pronto la delincuencia sería golpeada sin clemencia para dar paso a una realidad menos sombría para todos.

Los primeros resultados del incipiente instituto no se hicieron esperar; una encuesta nacional realizada en todo el país, planeada y ejecutada con eficiencia además de una precisión asombrosa, y pese a que el instituto todavía no cuenta ni con oficinas, fue publicada y divulgada por los medios más importantes del país.

Aquí es importante señalar que no se trató de una encuesta pequeña; para dar resultados estado por estado se requería la realización de por lo menos 25 mil entrevistas a personas seleccionadas cuidadosamente. Esto implica una operación masiva y un presupuesto seguramente mayor a los 4 millones de pesos. Qué bueno que en México existan organizaciones sociales con tal capacidad económica. En verdad un esfuerzo encomiable.

Al conocer los datos de la encuesta me sorprendió también la congruencia de sus resultados, especialmente el hecho de que el Distrito Federal fuese la entidad con mayores índices delictivos, ya que no podía ser de otro modo, porque la delincuencia y la inseguridad tal como la conocemos es un fenómeno esencialmente urbano (con la excepción del narcotráfico y la represión), de manera que lo que la encuesta confirmó en realidad es que el Distrito Federal es la entidad con mayor porcentaje de población urbana, como todos sabemos.

¿Por qué podemos afirmar todo esto? Por sentido común; imaginemos un pueblo de 5 mil habitantes donde 10 de ellos se dedicaran a asaltar a los otros 4 mil 990, a quitarles la cartera o a desmantelar sus vehículos. ¿Cuánto tiempo sería necesario para que el pueblo entero los identificara y los pusiera quietos? La delincuencia es esencialmente un fenómeno urbano; en las zonas rurales también se presenta pero es más difícil y riesgosa, la ciudad es el sitio ideal para el anonimato, en los pueblos los delincuentes son incluso linchados.

Vistas así las cosas, aunque la encuesta fue buena, no resultó útil porque sus hallazgos no contienen nada que no pudiéramos adelantar, pero bueno, debemos tomar en cuenta que es la primera que hacen y seguramente las próximas les saldrán mucho mejor. Sabiendo que existen personas mucho más preparadas que yo, les ofrezco mis servicios como consultor para ahorrarles algunos tropiezos adicionales, pues siempre me ha gustado participar en causas nobles como esta.