Carlos
Marichal
La banca hunde
a la economía privada
Habitualmente
se considera que el sistema bancario debe proporcionar el oxígeno que requiere
la actividad económica, por medio de la eficiente intermediación entre
ahorradores y demandantes de crédito. Sin embargo, en el caso de la banca
mexicana lo que se viene observando en los últimos años es que ésta va sofocando
a las pequeñas y medianas empresas al mantener unas tasas de interés
extraordinariamente altas sobre los préstamos. Lamentablemente, el gobierno está
cooperando en esta estrategia, que consiste en subsidiar a las instituciones
financieras mientras que se va resquebrajando gran parte del tejido industrial
de México.
La reducción
en el crédito comercial para la economía privada en el quinquenio pasado ha sido
aterradora. Todavía en 1996, un año después de la devaluación y del comienzo de
la crisis financiera, el crédito bancario al sector privado alcanzaba 25 por
ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en 2001 bajó a 7. Peor
aún, en el primer trimestre del presente año ha seguido cayendo, de acuerdo con
los informes del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
La explicación
de este fenómeno verdaderamente trágico lo ofrece un reciente reporte de la
firma financiera Credit Suisse First Boston, titulado Mexico Credit
Chartbook. A partir de un estudio y una serie de encuestas detalladas, el
documento indica que la causa de la caída en la oferta del crédito bancario para
el sector productivo se debe a "las elevadas tasas de interés activas". En otras
palabras, los bancos cobran intereses desmesuradamente altos para cualquier
préstamo, siendo avalados en estas conductas por las máximas autoridades
bancarias y financieras del Estado. A ello se agrega la resistencia de los
bancos a prestar sin garantías extraordinarias, lo que se traduce en la enorme
cantidad de solicitudes de pequeñas empresas que son rechazadas.
Lo que se
observa es que la economía privada mexicana está trabajando sin el soporte de un
sistema bancario. ¿Pero cómo es posible que las empresas trabajen sin bancos? La
solución básica ha consistido en recurrir a los proveedores para que adelanten
mercancías o créditos para la inmensa mayoría de las compañías que no cuentan
con los fondos requeridos para mantener su producción. De acuerdo con el mismo
informe de Credit Suisse, 62 por ciento de las empresas en México actualmente se
financian por medio de sus proveedores. Pero esto va provocando una serie de
cuellos de botella que llevan inevitablemente a una cadena de quiebras o,
alternativamente, a una gradual asfixia de las industrias. Ante la incapacidad
de compra de sus clientes, los proveedores extienden crédito, pero al hacerlo se
quedan sin los dineros que requieren para realizar nuevas inversiones y sostener
su producción. El círculo vicioso se vuelve un nudo por falta de préstamos.
La banca
mexicana (ahora mayoritariamente extranjera) es responsable de esta situación.
Pero también lo es el gobierno al subsidiar a los banqueros sin exigir un cambio
de estrategia. Los bancos están obteniendo el grueso de sus ganancias de dos
fuentes: 1. Los intereses que reciben del gobierno en pago por el inmenso
volumen de pagarés del IPAB que tienen en su poder; 2. los préstamos que hace la
banca al gobierno. De hecho, el sector público se ha vuelto a situar como el
cliente más importante de la banca comercial, con un aumento de más de 14 por
ciento en los créditos al gobierno en el primer trimestre de 2002.
Se trata de un
claro contubernio entre instituciones financieras y gobierno que perjudica a la
industria. Esa alianza, que ha sido el eje de la política financiera del Estado
mexicano desde 1982, se ha mantenido firme a pesar de los cambios en la
situación jurídica de la banca. En los 80 el gobierno utilizaba a la banca
nacionalizada para financiar sus déficits. Luego, con la privatización de la
banca a principios de los 90, el gobierno aseguró a los nuevos dueños las tasas
más altas de intermediación conocidas a escala mundial para que pudieran
recuperar sus capitales. Finalmente, desde la crisis de 1995 el Estado ha
rescatado a la banca, garantizando a viejos y nuevos dueños un respaldo colosal
mediante el IPAB.
La economía y
los contribuyentes han sufrido las consecuencias de que las autoridades
financieras de todas las administraciones presidenciales privilegien a la banca
como el gran niño mimado que necesita un flujo constante de subsidios. Es hora
ya de que el Congreso exija la adopción de una política económica que favorezca
a la industria, castigada por una banca ya muy malcriada.
Ana de Ita
Alianza para
Monsanto
A pesar de la
andanada de críticas del presidente Fox y el secretario de Agricultura a los
subsidios agrícolas, el programa Alianza para el Campo 2002 mantiene el subsidio
a las semillas transgénicas de algodón y al pago de la licencia para su uso.
Este subsidio va directamente a la empresa Monsanto, uno de los gigantes de la
industria biotecnológica, que concentra 86 por ciento de la comercialización de
semillas transgénicas en el mundo, con ventas anuales netas por más de 5 mil
millones de dólares.
Desde 1998 el
programa algodonero de la Alianza para el Campo apoya explícitamente la compra
de la semilla transgénica y el pago de regalías que exige Monsanto en nueve
estados productores del norte del país. Sonora y Tamaulipas han sido los
principales.
Entre 1998 y
2001 el gobierno apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas
de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos. Gracias al
empujón gubernamental después del primer año de la Alianza con Monsanto,
aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de
los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la
utilizaba 3 por ciento de ellos.
Monsanto no es
un beneficiario elegible del programa algodonero, pero en términos reales ha
recibido alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados a éste en los
últimos cuatro años. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el
monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el
programa. Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses
privados.
El cultivo del
algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25
por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80
dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento
del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con
algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los
productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la
licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla
convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.
El algodón es
el principal cultivo transgénico de México. La primera solicitud para ensayo en
campo se otorgó en 1995, y al año siguiente Monsanto había conseguido
autorización para su programa piloto de algodón Bollgard, en 10 mil hectáreas en
Tamaulipas, aunque sólo se realizó en 400 hectáreas. Entre 1996 y 1999 Sanidad
Vegetal reporta un crecimiento exponencial de la superficie autorizada a la
empresa Monsanto. Para 1999 tenía autorizadas 83 mil 799 hectáreas, aunque se
realizaron únicamente 28 mil 651, pero para 2000 las solicitudes aprobadas se
redujeron a 58 mil 560 hectáreas.
Las
expectativas del gobierno y de la compañía se han quedado muy cortas contra la
realidad: el cultivo del algodón en México no es rentable frente a la
competencia del libre mercado. Mientras que la industria textil importa 63 por
ciento del consumo nacional de algodón y la industria aceitera 40 por ciento de
su consumo, la superficie total de algodón ha caído en 64 por ciento durante los
años de operación del programa (1998-2001), presionada por la caída de los
precios internacionales en 25 por ciento a partir de 1997. El mismo destino ha
tenido la superficie subsidiada por Alianza para el Campo con algodón
transgénico, que se redujo en 66 por ciento entre 1998 y 2000, al pasar de 21
mil 130 hectáreas a 7 mil 280. Para el año 2000 los productores en Tamaulipas
decidieron privilegiar con subsidios las labores culturales, antes que el uso de
semillas transgénicas, que no les reflejaron beneficios.
Durante este
año el programa gubernamental de subsidio a la semilla y licencia transgénica,
propiedad de Monsanto, otorgará 455 pesos por hectárea a los productores
individuales y 650 pesos a las organizaciones de productores, a pesar de sus
cuestionables beneficios. El programa algodonero apoya a productores de alto
nivel económico en regiones determinadas del país, en su mayoría con superficies
de riego mayores a 10 hectáreas; en algunos casos es un incentivo para la
concentración y renta de la tierra. Para los productores la cuestión de la
tecnología resulta menor frente a los problemas fundamentales de reducción de
precios y dificultades de comercialización. En varios casos el beneficio a los
productores se reduce a perder menos.
Al convertirse
en el promotor de los intereses de Monsanto -que bien puede asumir el costo de
la penetración de su tecnología-, el gobierno coloca los recursos públicos en su
tan odiado "barril sin fondo"; la precisión del caso es que algunos de los que
los reciben tienen marcas registradas.
Ricardo Robles
Tan sólo el
silencio
Se reunieron
autoridades indígenas de la Sierra Tarahumara en estos días y vinieron indígenas
de Nayarit, Jalisco y el Distrito Federal a acompañar el encuentro. En asamblea
reflexionaron el mundo. Y al final, entre consensos hondos de sabiduría,
cargados de sentido y elocuencia, quedó un silencio. Las palabras que siguen son
sólo muestra de lo que dijeron y lo que callaron.
Los rarámuri,
rarómari y ódami recordaron lo que han compartido en reuniones anteriores para
encauzar así su pensamiento: "la raíz que nos dejaron nuestros antepasados, que
no la arranquen, que no la quiten", "autonomía es como vivimos en nuestros
lugares, o sea lo que es nuestro, eso hay que defenderlo... es dar fuerza al
mundo con nuestras costumbres, tradiciones, y como vamos a defendernos de las
injusticias".
Vieron también
lo que les da o les quita fuerza a las comunidades. Confirmaron que le dan
fuerza la palabra originaria, sus autoridades y sus fiestas rituales, "el
yúmare, matachines, la carrera de bola y de ariweta... los consejos de los
gobernadores... las fiestas, las convivencias en comunidad, el intercambio de
trabajo y las faenas"... Le quitan fuerza, en cambio, el saqueo y las
intrusiones. "Sentimos triste, porque el bosque ya no tenemos... proteger del
incendio, porque es nuestro respiratorio". "Se están llevando la medicina que
nos habían dejado nuestros abuelos, por eso sentimos bastante tristeza, porque
los ricos siguen explotando toda clase de recursos que acostumbrábamos antes".
"La educación nos quita de nuestra comunidad, pero no a todos". "De fuera, las
autoridades civiles quieren mandar más que las autoridades indígenas".
Pidieron luego
a los visitantes su visión sobre la realidad nacional, para ver entonces lo que
puede ayudarles de ese mundo exterior y cómo les afecta. Les ayuda "conocer de
otros pueblos indígenas, cómo se organizan, cómo defienden sus derechos,
territorios y recursos naturales. El apoyo de organizaciones que no son del
gobierno, como el CNI, el EZLN, la sociedad civil, derechos humanos". "Proyectos
productivos, teniendo reuniones para resolver según lo que se solicita". "Hacer
reuniones con todos los gobernadores, así como estamos ahora".
De lo que les
afecta dijeron: "los proyectos de gobierno, las despensas, los partidos
políticos, los maestros, los ingenieros y los piscicultores unidos... proyectos
como eso de las cabañas, pues al hacerlo están afectando no a uno sino a todos".
"Fertilizantes y otros químicos, cada vez más la tierra va perdiendo su
fuerza... el Procampo porque nos divide... cuando todavía no había ese programa
vivíamos unidos". "El Tratado de Libre Comercio permite entrar semilla de mala
calidad que afecta a nuestros pueblos".
Sobre lo
anterior repensaron sus reuniones de autoridades tradicionales y los frutos:
"capacitación de las comunidades, juntar a los gobernadores... conocer a nuestro
derecho indígena". "Nos fortalecen como pueblo, porque nos reunimos de muchas
partes de la sierra y de otros estados". "Nos ha servido mucho para poner en
orden la justicia... para que no nos atropellen. También para luchar juntos como
hermanos, para no dejar nuestras costumbres y enseñar a los niños". Y terminaron
pensando que seguirán en adelante visitando los pueblos, convocando, con
reuniones y talleres, en contacto con otros pueblos indios, etcétera. En suma
ratificaron su camino, el ya roturado.
Un punto doble
se había propuesto desde el primer día. La consulta sobre la ley que ellos
trabajaron había sido ignorada. Se hacía necesaria la unidad. Lo dijeron así:
"Estuvimos haciendo la consulta hace un año... Fuimos a Chihuahua a ver al
grande gobernador pero no nos hizo caso porque él nada más piensa en el dinero.
Si estamos unidos, solamente así podremos seguir dando fuerza a lo que es
nuestro".
La asamblea
adoptó la frase final, la repensó durante tres días, la clarificó, se fortificó.
Si los diputados habían prometido una respuesta que no llegó, la asamblea supo
que hay actitudes que sólo merecen silencio. La sabia asamblea sabe desde los
ancestros que el silencio desautoriza y no otorga, que tiene raíces, que germina
a su tiempo. La asamblea reunida no trató el tema de la consulta ignorada ni en
la evaluación.
Nos falta
saber algo de silencios, aceptar que tal vez digan algo que no percibimos. Los
pueblos indios nos van diciendo y probando que son fecundos, creativos, esos
silencios que, según se ha dicho lamentablemente, nos dejan en "santa paz".