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Asunto:[mediosmedios] Guatemala, en la impunidad
Fecha:Domingo, 2 de Junio, 2002  23:27:06 (+0200)
Autor:Llorenç Pié <cfp @.........es>

Llorenç Pié
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Apreciados amigos. Os envío una noticia que puede ser interesante para esta lista.
 
Salu2.
 
Guatemala, en la impunidad

LA VANGUARDIA - 03.19 horas - 02/06/2002



AP/ARCHIVO
MATANZAS. El juicio, en 1999, por la matanza de Xamán, en la que perecieron once personas cuatro años antes, acabó con sentencias leves. Recientemente se ha abierto un juicio civil en busca de indemnizaciones
Los abogados de Menchú insisten en que la legislación española permite abrir el proceso

Aumentan los ataques a los derechos humanos mientras el Gobierno de Portillo deja sin medios a los jueces

APOYO INFORMATIVO . "Nadie se arrepiente, nadie habla" LA VANGUARDIA - 03.19 horas - 02/06/2002
FÉLIX FLORES
Barcelona

El proceso a los generales guatemaltecos por crímenes contra la humanidad depende de un acto de voluntad de la justicia española, después de que esta semana el Tribunal Supremo ordenara un aplazamiento y de que la Audiencia Nacional decidiera dar carpetazo al caso del asesinato en Chile del español Carmelo Soria.

Como en los casos de las dictaduras de Chile y Argentina, lo que se ventila a partir de la querella presentada por Rigoberta Menchú es el principio de jurisdicción universal, sobre el que el auto de la Audiencia Nacional (ver la edición de ayer de "La Vanguardia") echó un jarro de agua fría al señalar que "estamos ante un giro copernicano en la aplicación extraterritorial de la ley penal española". Los abogados de Menchú recibieron la noticia con indignación y estupor, e insistieron en que el artículo 23.4 de la ley del Poder Judicial permite conocer extraterritorialmente crímenes de lesa humanidad. La premio Nobel de la paz ha pasado la semana en Madrid y ha hecho gestiones en instancias judiciales para sacar adelante su demanda.

Hace dos años, la Fundación Rigoberta Menchú -encabezando 17 organizaciones civiles guatemaltecas y una quincena de acusaciones particulares, a las que se sumó el procurador de derechos humanos del país centroamericano- aprovechó el tirón del caso Pinochet para perseguir a los generales Efraím Ríos Montt, Romeo Lucas y Óscar Humberto Mejías, más otros cinco uniformados, por genocidio, torturas, desapariciones y terrorismo. La querella fue admitida en marzo del 2000 por el juez Guillermo Ruiz Polanco, quien tomó declaración al diplomático Máximo Cajal como testigo del incendio de la embajada de España de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, tres de ellas de nacionalidad española. Pero en diciembre del 2000 la Audiencia Nacional se declaró no competente tras la intervención del fiscal jefe Eduardo Fungairiño.

El Tribunal Supremo admitió después un recurso, al que se opuso el fiscal Javier Huete. En su escrito de noviembre del 2001 el fiscal señalaba, según uno de los abogados querellantes, que se oponía "por razones que se expondrían en la vista". El Supremo tenía que estudiar el recurso el pasado jueves. Dos días antes, el alto tribunal notificó un aplazamiento por falta de un informe "que refleje la posición de la fiscalía en cuanto al fondo de la cuestión planteada". El viernes, la Audiencia Nacional se descolgaba con su auto.

Los abogados de la acusación tomaron la incógnita del ministerio fiscal en positivo, al creer que "puede significar que no hay una postura clara" -es decir, que no había una oposición total en la fiscalía del Supremo-, y manifestaron a este diario su confianza en que sea el artículo 23.4 lo que prevalezca. Recordaban que la Audiencia se había declarado no competente "por el momento", acogiéndose a un principio de subsidiariedad según el cual no sería posible juzgar en España hechos que se puedan juzgar en el país interesado. Para la acusación, la Audiencia "desconocía pertinazmente la imposibilidad de seguir estos procesos en Guatemala".

Por las fechas en que Fungairiño dijo que en Guatemala había "voluntad de justicia", ocho miembros de la judicatura se veían obligados a huir del país por amenazas. Hace ahora un año, después de que un juez fuera linchado en extrañas circunstancias, la casa de la entonces presidenta de la Corte de Constitucionalidad fue tiroteada y la casa de otra magistrada fue atacada con granadas porque iba a juzgar el asesinato del obispo Juan Gerardi, "padre" del informe "Nunca más" que denuncia el genocio.

En lo que va de año, 125 defensores de los derechos humanos han sido víctimas de amenazas, torturas y asesinatos. El 29 de abril era muerto a tiros un contable de la Fundación Rigoberta Menchú. Todo ello está recogido en los informes recientes de Amnistía Internacional y de la misión de observación de la ONU, Minugua, que concluye el mes próximo y que alerta de "un despliegue militar" en el país "con características contrainsurgentes que en la actualidad no se justifica". Esta semana, además, ha visitado Guatemala la relatora especial del secretario general de la ONU para los defensores de los derechos humanos, Hila Jilani. Las organizaciones civiles le han pedido que Guatemala vuelva a la agenda de la ONU y que se nombre un relator de derechos humanos permanente. Jilani fue contundente en sus declaraciones y denunció la "estructura de poder paralela" al Gobierno del presidente Alfonso Portillo que ejecuta las agresiones.

Según Gustavo Meoño, director de la Fundación Menchú, "las amenazas directas a la judicatura han disminuido, pero esto coincide con que no se han visto casos importantes, y también con un estrangulamiento presupuestario. Este régimen no tenía bastante con controlar todos los poderes del Estado; ha reducido el presupuesto de la Corte Suprema y además van a tener que cerrar tribunales y juzgados de paz. En estas condiciones, la existencia de un Estado de derecho en Guatemala es imposible".


 

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