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Asunto:[mediosmedios] PARTIDOS POLÍTICOS
Fecha:Lunes, 3 de Junio, 2002  09:53:21 (-0500)
Autor:Roberto Rodríguez Baños <roberrb1 @...........mx>

No implicaría cambiar la Constitución: Alvarez de Vicencio

Habría acuerdo legislativo para la inversión privada en el sector eléctrico

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Veracruz, Ver., 2 de junio. Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD podrían presentar en una semana un punto de acuerdo que permita la inversión privada en el sector eléctrico sin necesidad de reformar la Constitución, informó la diputada federal panista María Elena Alvarez de Vicencio.

Dijo que los legisladores del blanquiazul darán prioridad a varios puntos que integran la reforma del Estado, entre los que destacan el cambio de fecha para la presentación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, la modificación de la fecha del Informe presidencial y las comparecencias de miembros del gabinete; todo ello para acortar los plazos en la expedición de dictámenes.

Sostuvo que luego de las diversas reuniones de trabajo que realizaron los coordinadores sobre la reforma eléctrica, se acordó impulsar la presencia de inversión privada en el sector, pero sin que sea modificada la Carta Magna. Agregó: ''Estamos en el tenor de que la modernización del sector eléctrico es posible sin reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hay un consenso importante entre los legisladores para llevarlo a cabo''.

La diputada indicó que la próxima semana se convocará a una sesión extraordinaria para discutir el proyecto

Propone revisar enmiendas constitucionales que convalidó

Cambiará el tricolor su política hacia comunidades indígenas

Ahora dice que la demanda de autonomía no atenta contra la soberanía y apremia a resolver el caso Chiapas

ENRIQUE MENDEZ

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificará su política hacia los pueblos indios. En los próximos días presentará una nueva postura en sus relaciones con éstos, y exigirá "el total abandono de cualquier medida de fuerza, violencia y militarización" en Chiapas, así como "una solución pacífica y pronta (del conflicto), sin protagonismos e intereses distintos" a los de las comunidades.

El conflicto -sostiene el PRI en el documento Los pueblos indígenas en la construcción del México plural y democrático, que será base para el trabajo del tricolor hacia las comunidades y de una nueva iniciativa de reformas constitucionales- dejó de ser una lucha confinada a Chiapas "para convertirse en un problema de toda la nación".

Incluso está de acuerdo con la idea de que "aún las reivindicaciones más audaces" de los pueblos, como autonomía y autodeterminación, "no atentan contra la unidad y la soberanía" del país.

El documento, en el que anticipa que el PRI pondrá "toda la fuerza del partido al servicio del logro de la recuperación de la libertad política" de los indígenas, fue elaborado por la Secretaría de Acción Indígena que coordina Xóchitl Molina González. En éste critica la "conducta de simulación" y las "maniobras" del gobierno federal para no resolver el conflicto en Chiapas.

Demanda "el cese inmediato de los conflictos y la represión en las regiones indígenas", y plantea una revisión de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, porque el dictamen aprobado el 14 de agosto de 2001 y las actitudes de algunos sectores -incluidos grupos priístas- "expresan una actitud racista y discriminatoria".

De esa reforma, dice, se interpreta que aún existe menosprecio hacia los indígenas para reconocerlos como actores políticos, figura indispensable para la construcción democrática del país. "Esto es, pueden ser tolerados y escuchados, pero no plenamente aceptados".

Según la postura priísta, que ya fue revisada durante una reunión encabezada por el presidente del partido, Roberto Madrazo Pintado, quien la hará pública en breve, esos cambios a la Constitución concederían plenos derechos a los indígenas sólo si dejaran de serlo.

"No se comprende que la base del problema indígena es político y, por ello, su solución tiene que darse en ese contexto."

También plantea que al no considerárseles sujetos de derecho público, el Congreso canceló a los indígenas la posibilidad de tener sus propios gobiernos y representación en el Poder Legislativo.

"Con ello los pueblos estarán como desde hace siglos: en estado de indefensión, sin instrumentos jurídicos y, consecuentemente, sin la posibilidad de construir mecanismos adecuados para defenderse contra abusos, excesos y violación a sus derechos por parte de autoridades y particulares.

"Como consecuencia no existe la figura jurídica que sustente nuestra fortaleza y potencial políticos para estar al mismo nivel de negociación, entendimiento y convivencia institucional con el Estado y la sociedad", agrega.

Esta posición contrasta con la asumida desde 1994 por las dirigencias priístas, pues cuestiona la falta de reconocimiento a la personalidad jurídica de los indígenas y defiende "las reivindicaciones de nuestros pueblos, aún las más audaces", ya que incluso éstas "no sólo no atentan contra la unidad y la soberanía de la nación, sino, por el contrario, buscan fortalecerlas y tratan de contribuir al perfeccionamiento del pacto federal".

A partir de esas definiciones el PRI arrancará una estrategia de apoyo a los indígenas para reconocer sus derechos, porque sólo "al consagrar sus garantías, junto con sus legítimos intereses y reivindicaciones, se fortalecerá la soberanía.

"El partido -agrega- expresa un reconocimiento al pleno derecho de las comunidades a la autonomía y la autodeterminación política y administrativa. No comparte el criterio limitado de quienes reducen esa demanda histórica, ni los temores de quienes ven en ello una amenaza potencial a la unidad de la federación."

En una amplia defensa de la autonomía que exigen las comunidades para recuperar la creatividad y la libertad, "secuestradas por un régimen colonial", el tricolor señala que con ello no se pretende desplazar o recortar soberanía al Estado.

"Lo que se desea es que la ley disponga y reglamente una relación justa entre estados, pueblos indígenas, municipios y comunidades locales, haciendo posible que las comunidades que hoy languidecen en la pobreza, la opresión étnica, la marginalidad y al margen del desarrollo y la modernidad recuperen su autonomía política y administrativa, que los hicieron prósperos y creativos en los tiempos de su libertad", sostiene.

Buscará consensos con otros partidos

En ese marco, informa que la dirigencia y los legisladores priístas buscarán el consenso y la solidaridad de otros partidos y grupos parlamentarios para que los derechos fundamentales de los indígenas queden realmente incluidos en la Constitución.

También señala que una reforma del Estado que no incluya los derechos políticos de los indígenas "será solamente parcial", y considera que la falta de reconocimiento a su participación en actividades políticas puede subsanarse al incorporar el tema en una mesa de discusión.

A ese foro, refiere, llevará una iniciativa para incluir en las modificaciones constitucionales y reglamentarias la presencia de los pueblos en el Congreso de la Unión.

Esta propuesta buscará que se conforme una circunscripción nacional indígena, para que por lo menos 40 diputados representen a las regiones; la integración de una lista nacional de 15 senadores de origen indígena; la creación de una secretaría de Estado que concentre los recursos federales para atender el desarrollo integral de las comunidades y la conformación de un consejo indígena, como órgano de planeación y vigilancia de la política indigenista de la federación.