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Asunto:[mediosmedios] LUCHA DE CLASES
Fecha:Martes, 4 de Junio, 2002  12:10:42 (-0500)
Autor:Roberto Rodríguez Baños <roberrb1 @...........mx>

 Elabora el PRD proyecto de enmiendas a Ley del Trabajo

Proponen reformas para que la CNDH pueda intervenir en conflictos laborales

CIRO PEREZ SILVA

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados anunció ayer que cuenta con un anteproyecto de reformas a la ley laboral, cuyo ejes fundamentales son: libertad y democracia sindical. "No puede hablarse de un cambio si no hay reforma democrática en los sindicatos. No puede haber democracia en el país mientras persista la antidemocracia en ciertos grupos de la sociedad, y aquí tiene que darse una enmienda muy importante para la libertad sindical", afirmó Víctor Manuel Ochoa Camposeco.

El legislador perredista destacó que el anteproyecto plantea una reforma constitucional para desaparecer el apartado B y ampliar la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que intervenga en asuntos laborales, de los que la excluye expresamente el artículo 102 de la Constitución.

Impulsa además la transparencia en la vida de los sindicatos y su relación con autoridades y sociedad, y propone la creación del registro público de sindicatos, la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) para sustituirla por un instituto del salario mínimo, productividad y reparto de utilidades, que enviaría al Congreso una propuesta de salario mínimo para ser aprobada por el pleno.

Considera también la desaparición de las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje, para que los asuntos de trabajo sean tratados por un juez de lo laboral. "La JFCA se ha convertido en un verdadero problema para las organizaciones sindicales a la hora de ejercer sus derechos, como los recuentos, por ejemplo, donde ha habido agresiones y conductas fuera de la ley", afirma el perredista.

Advierte que, conservadoramente, 85 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son en realidad de protección, por lo que la iniciativa pretende obligar, mediante la ley, el registro público de los contratos colectivos de los sindicatos y dirigencias.

El anteproyecto será discutido y analizado con organizaciones sindicales y la sociedad, con el propósito de lograr un consenso lo más amplio posible, antes de que comience su curso legislativo.

Ochoa Camposeco destacó que el documento del PRD en nada coincide con el que presentó la Secretaría del Trabajo. Se trata, subrayó, de un proyecto alternativo que se genera dentro de la fracción y, en ese sentido, no tiene ninguna conexión con el documento oficial.

"Es necesario crear una instancia legítima para establecer los salarios mínimos. Los salarios mínimos, como nosotros lo planteamos, supondría la participación del Congreso para determinarlos, de modo que es una instancia no sólo independiente del Ejecutivo, sino más amplia", destacó.

-¿Su propuesta también incluye al Instituto Federal Electoral (IFE) como vigilante de las elecciones sindicales?

-No. Desde luego que nuestra propuesta no incluye que el IFE participe en los procesos de elección de los sindicatos, pero sí contempla que se cumpla con la ley, porque actualmente la secretaría debe tomar nota y conocer de elecciones y demás. Lo que pasa es que esos procesos no se realizan, y transparentando el proceso obligaríamos a que se conozca y resuelva este problema.

Los perredistas sostienen que continúa "intacto" el viejo sistema sindical y que incluso el "gobierno del cambio" se ha inaugurado refrendando pactos con las cúpulas del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros organismos que tienen que ver con el viejo modelo corporativo.

Trabajadores de las industrias azucarera y hulera se suman al movimiento

Sin respuesta, demandas de jubilados y pensionados de Pemex; cerraron la JFCA por tercera ocasión

Exigen el pago de diversas prestaciones y la intervención de Fox, Creel y Abascal

Conciliación y Arbitraje ha dejado de realizar aproximadamente 18 mil trámites

ELIZABETH VELASCO C.

Más de 500 jubilados, pensionados y viudas de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantienen cerradas por tercer día consecutivo las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en demanda del pago de diversas prestaciones; entre éstas, pensión, salud y vivienda.

Por esa razón la JFCA ha dejado de realizar, aproximadamente, unos 18 mil trámites (efectúa seis mil por día, según estimaciones) relacionados con audiencias, demandas laborales y emplazamientos a huelga.

A los inconformes, quienes advirtieron que mantendrán bloqueado el acceso a ese organismo hasta que haya respuesta de Pemex y las autoridades laborales a sus demandas, se les unieron ayer trabajadores de las industrias azucarera y hulera, los cuales también instalaron campamentos a un costado del inmueble.

Los petroleros provienen de Monclova, Coahuila; Reynosa y Ciudad Madero, Tamaulipas; Ebano, San Luis Potosí; Poza Rica, Tuxpan, Las Choapas, Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Comalcalco, Paraíso, Nacajuca, Frontera, Ciudad Pemex y Villahermosa, Tabasco, y Cactus y Reforma, Chiapas, entre otras entidades. Instalaron sus campamentos en la JFCA desde el jueves pasado.

Ahí, Victoriano Bastos Dorantes, presidente de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, señaló que Pemex ha incumplido a trabajadores de planta, transitorios y pensionados el pago de diversas prestaciones. Además está la omisión en la cobertura de riesgos de trabajo, invalidez, cesantía por edad avanzada, muerte, viudez y orfandad, independientemente del acceso a vivienda, reclamo planteado ante el Infonavit.

"Esas omisiones representan violaciones a los derechos consagrados en la Constitución", aseveró el líder de esa coalición, la cual, aseguró, aglutina a seis mil petroleros.

Han presentado denuncias desde 1995 y hasta la fecha no hay respuestas

En entrevista, comentó que en reclamo de sus derechos han presentado diversas denuncias desde 1995 en contra de Pemex, tanto en la ciudad de México como en Coatzacoalcos y Villahermosa, sin que a la fecha tengan respuesta. Y aun cuando en el sexenio pasado Javier Moctezuma Barragán, entonces subsecretario del Trabajo de la STPS, instruyó a la JFCA resolver los juicios, no se ha concretado nada, destacó.

Bastos advirtió que permanecerán en plantón frente al inmueble, pese a que conocen de antemano que es ilegal cerrar el acceso a edificios públicos. "Sin embargo -dijo-, es más criminal dejar morir a miles de trabajadores en retiro y a viudas. Estos reclamos no son un acto gracioso, sino la genuina voluntad de los petroleros porque se respete la ley."

Los inconformes exigen la intervención del presidente Vicente Fox Quesada y de los titulares de las secretarías de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, para buscar alternativas de solución al conflicto.

Grupo México niega pagos

Mineros en huelga por violaciones al contrato colectivo

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 3 de junio. Debido a las "múltiples violaciones al contrato colectivo de trabajo", por parte de los empresarios de Grupo México, los mil 260 trabajadores sindicalizados de la Compañía Minera Mexicana de Cananea, ubicada en esta entidad, se declararon este lunes en huelga.

El secretario general de la sección 65 del sindicato minero, Guadalupe Coronado Amaya, informó que a las 12 horas fueron colocadas las banderas rojinegras en las puertas de acceso del consorcio.

Agregó que los empresarios de Grupo México, desde el 27 de agosto del año pasado, "se han negado a revisar el contrato colectivo de trabajo y, en consecuencia, no han hecho efectivo el incremento salarial que fluctúa entre 10 y 11 por ciento, cantidad con la que revisaron las secciones hermanas del sindicato nacional minero".

Asimismo, desde hace dos años se les ha retenido el pago del bono de productividad, argumentando que no alcanzan los estándares de producción que establece la empresa para hacer efectiva la prestación.

"Con engaños y argucias por parte de los empresarios mineros se nos ha negado el bono de productividad, y en los últimos nueve meses el incremento salarial acordado", puntualizó.

El dirigente sindical informó que los últimos 20 días han estado en negociaciones en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la ciudad de México, pero "la cerrazón y prepotencia de los directivos de Grupo México provocó este domingo el rompimiento de las negociaciones".

Otro de los obstáculos para avanzar en las pláticas, agregó, fue "la intención de la empresa de modificar las jornadas de trabajo, incrementándolas de 8 a 12 horas con el mismo salario, bajo el argumento de la crisis económica causada por la caída de los precios internaciones del metal".

Coronado Amaya aseveró que en los recientes años los obreros han sido "muy golpeados" por los patrones, pues en muchas ocasiones han tenido que ceder a sus demandas ante la amenaza de los empresarios de cerrar la empresa.

Acusa el SNTE a Murat de promover las movilizaciones anuales de los disidentes

Irrumpe la CNTE en la sede del PRI; denuncia uso de fondos sindicales en la campaña de Madrazo

Los señalamientos de los mentores, artimaña para dañar al partido y su secretaria general, afirma la directiva tricolor

PATRICIA MUÑOZ RIOS Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA REPORTERA Y CORRESPONSAL

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchó ayer del Zócalo capitalino a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para denunciar el desvío de fondos del sindicato magisterial a la campaña de Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo.

El contingente de mentores disidentes arribó a este edificio al mediodía portando carteles con fotografías del presidente Vicente Fox, del secretario de Educación Pública, Reyes Taméz, y de Elba Esther Gordillo, con la leyenda: "Estos son los culpables de la situación de la educación pública". Otros portaban cartulinas con caricaturas del rostro de la secretaria general del PRI con cuerpo de culebra.

Representantes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y otras secciones sindicales anunciaron que presentarán en los próximos días evidencias de que fondos de las cuotas sindicales fueron desviados a la campaña de Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo. Demandaron también una auditoría al sindicato.

En este caso, a diferencia de otros, los maestros no pidieron diálogo; sólo manifestaron su rechazo a la directiva de ese partido, ya que argumentaron que la secretaria general del partido firmó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari el proyecto de desmantelamiento de la educación pública.

Posteriormente el Partido Revolucionario Institucional emitió un comunicado en el que rechaza ''tajantemente'' las acusaciones de la coordinadora de que recursos magisteriales fueron a parar a la campaña de la actual directiva, y calificaron las acciones de los disidentes de "artimaña política para tratar de dañar la imagen del partido y de su secretaria general, Elba Esther Gordillo".

Vía telefónica, el coordinador de prensa del PRI, Carlos Jiménez Macías, afirmó que el Revolucionario Institucional se sujeta a cualquier revisión de gastos de campaña, los cuales fueron transparentes.

Acuerdo en Oaxaca

En Oaxaca ya hubo arreglo entre maestros inconformes y el Instituto Estatal de Educación Pública, por lo que luego de 18 días de plantón en el Zócalo de la capital oaxaqueña y de diversas acciones de protesta, como bloqueo de vías de comunicación y edificios públicos, miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron su movilización al considerar que sus demandas planteadas fueron resueltas "aunque en una mínima parte por el gobierno estatal".

El secretario de la sección 22, Alejandro Leal Díaz, informó que unos mil 200 integrantes de esta sección, incluyendo el comité ejecutivo seccional, viajarían la noche del lunes a la ciudad de México a sumarse al plantón que la CNTE mantiene desde el 15 de mayo, ya que el gobierno federal no ha cedido y mantiene su postura de negarle a los alumnos y maestros mejores condiciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El acuerdo logrado por el magisterio establece que el gobierno se obliga a fortalecer las acciones para el mantenimiento y gastos de operación de centros de educación básica de 1 mil 223 planteles de prescolar y 3 mil 800 de primaria en comunidades de alta marginalidad; así como a proporcionar uniformes escolares a 46 mil alumnos, otorgar 800 becas adicionales a las que se tenían previstas, y adquirir y entregar a la sección 22 un terreno en Huatulco para que se construya un hotel para el solaz del magisterio oaxaqueño, así como otorgar un fondo de un millón de pesos al Comité Administrador de Préstamos Personales (CAPP), entre otros apoyos.

Destina 700 pesos por inconforme, dice el gremio

PATRICIA MUÑOZ RIOS El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusó al gobernador de Oaxaca, José Murat, de promover las movilización que mentores disidentes organizan cada año en el Distrito Federal, e incluso señaló que el mandatario estatal se ufana de ''invertir casi 700 pesos por profesor movilizado". La organización magisterial indicó que Murat ''prefiere financiar este movimiento político que mejorar el rubro educativo de la entidad".

El SNTE citó ayer por la tarde a una conferencia de prensa "urgente" para señalar que ''el gobernador Murat una vez más ha utilizado un puñado de maestros que están en plantón en el DF para llevar a cabo una movilización que tiene claros tintes políticos y no gremiales".

La convocatoria se hizo después de que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevaron a cabo una marcha que culminó en el edificio central del PRI.

Luis Manuel Hernández León, secretario coordinador de la región Oaxaca-Chiapas de la Comisión de Acción Política del SNTE, y Javier Alvarez vocero del sindicato, acompañados de otros representantes seccionales, denunciaron que el gobernador de Oaxaca patrocinó el show en la sede del Revolucionario Institucional, como calificaron la marcha-plantón de los disidentes.

Hernández León aseguró que Murat le ha dicho personalmente cuánto "invierte" para movilizar a cada maestro; para ello, dijo, el mandatario hace ''gala de mil argucias'', aunque paradójicamente hace muy poco por la educación en Oaxaca.

A su vez Javier Alvarez expuso que la motivación política de Murat ''es más que evidente, pues en el caso de ayer buscaba denostar la imagen de una dirigente ?Elba Esther Gordillo? y de ese partido en particular". Según el SNTE, es claro que las movilizaciones de los profesores de la coordinadora no tienen una motivación gremial sino política, que llevan a cabo algunos políticos.

Los conferenciantes manifestaron que su sindicato ha manifestado disposición de diálogo con los asuntos de carácter gremial, e incluso ha mantenido pláticas con los compañeros que manifiestan su disentimiento con esta organización.

Añadió que la reivindicación salarial se está llevando a cabo en negociaciones con los gobiernos estatates. Incluso en Oaxaca cerraron ayer las negociaciones entre la coordinadora y el Instituto Estatal de Educación Pública del estado, por lo que es extraño que a pesar de que en las negociaciones se otorgaron importantes apoyos estatales al sector educativo y ya no tienen razón de ser sus marchas y plantones, la sección Oaxaca continúe con su movimiento, dijo.

Hernández León expuso que Murat no ceja en sus objetivos de incitar a los maestros de la coordinadora en contra de diversos funcionarios y figuras políticas, como es el caso de Elba Esther Gordillo, la cual "tiene un valor político".

"Lo que nos preocupa es que en aras de la educación, lastimando a la educación pública, se financien movilizaciones con clara motivación política, por lo que hacemos un llamado al gobierno de Oaxaca para que desista de esas prácticas y ponga el acento a lo que nos preocupa a todos".

Ante la insistencia de la prensa sobre el monto de los recursos y la forma en que supuestamente se otorgan, explicó: ''el año pasado el gobernador invirtió 700 pesos por maestro; él me dijo cuánto invirtió para movilizar a los maestros, y nos dijo que no era la primera vez que lo hacía y que lo haría cuantas veces fuera necesario".

También denunció que este mandatario ''se ha dedicado a coptar a dirigentes en la entidad, a golpear a trabajadores que no le son afines y ha tenido una actitud a todas luces irresponsable con la educación, la cual no debe ser motivo de ninguna pugna política ni de aspiraciones particulares"

Respecto de la petición de la coordinadora de que se revise el destino de los recursos de la SNTE ?los cuales, aseguran los disidentes, fueron a parar en el reciente año a la campaña de Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo?, Javier Alvarez señaló que ya están auditados y que en ese sindicato todo el dinero se mueve con "transparencia y pulcritud".

Los acusan de participar en la presunta entrega ilegal de agua a Estados Unidos

Abogados de 14 mil 500 agricultores presentan denuncia contra titulares de la SRE y Samarnat

JESUS ARANDA

Representantes legales de 14 mil 500 familias de agricultores de Tamaulipas, integrantes del distrito de riego 025, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos en contra de los secretarios de Relaciones Exteriores (SRE), Jorge G. Castañeda, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Samarnat), Víctor Lichtinger, por su participación en la presunta entrega ilegal de agua a Estados Unidos, en perjuicio de 202 mil hectáreas.

Con este denuncia, explicó en entrevista René Enríquez Valenzuela, uno de los representantes legales de los agricultores, se "cierra la pinza" sobre Castañeda, contra quien los agricultores presentaron una demanda de juicio político ante la Cámara de Diputados el pasado 4 de abril.

En este sentido, dijo, una vez que se instale la subcomisión encargada de revisar las demandas de juicio político, la queja contra Jorge G. Castañeda será una de las primeras que se revisarán, pues tiene apoyo de PRI y PRD.

La denuncia presentada ayer incluye también al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cristóbal Jaime Jáquez, así como a los mexicanos que integran la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), quienes fueron cómplices, junto con Castañeda y Lichtinger, de la presunta entrega ilícita del líquido a Estados Unidos.

Enríquez Valenzuela explicó que el tratado de aguas, que data de 1944, se refiere a la entrega del líquido proveniente del río Bravo y de otros afluentes claramente especificados; sin embargo, el gobierno federal utilizó millones de metros cúbicos de agua destinados a las 14 mil 500 familias tamaulipecas que forman parte del distrito de riego 025. Ello es ilegal, subrayó, porque ese líquido no formaba parte del tratado con Estados Unidos.

El gobierno del presidente Vicente Fox, aseveró, cubrió ilícitamente un déficit de agua que data de 1992, "por la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades en la materia, quienes para cubrir estas irregularidades argumentan que el país vive una sequía extraordinaria, lo cual es totalmente falso".

Debido a que los agricultores afectados buscaron "convencer, defender y negociar" con las autoridades sus derechos, éstas actuaron con "soberbia, arrogancia y prepotencia", y este año les quitaron agua destinada al riego agrícola para entregarla al vecino país del norte.

Castañeda y Lichtinger fueron acusados penalmente por "traición a la patria, despojo de aguas, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten". Se trata, insistió, de que los responsables paguen con su libertad los daños y perjuicios que ocasionaron a las 14 mil 500 familias tamaulipecas, señaló.

El abogado confió en que en las próximas semanas la PGR pedirá formalmente a la Cámara de Diputados la solicitud formal de desafuero de los dos secretarios de Estado, para que continúe el procedimiento penal en su contra.

El miércoles se convertirá en el 92 Estado miembro de ese organismo

México se integra a la Organización Internacional de las Migraciones

La pertenencia a la IOM, estratégica, por el carácter de puente del país, califican en Ginebra

Prestar servicios a migrantes, refugiados y desplazados, entre las obligaciones adquiridas

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 3 de junio. México se convertirá el miércoles en el 92 Estado miembro de la Organización Internacional de las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), por lo que partir de ese día deberá observar y respetar la legislación internacional en la materia.

En el contexto de 83 reunión del consejo administrativo de esa organización, Santiago Creel, secretario de Gobernación, delineará los ejes principales de la política migratoria mexicana.

Creel presidirá la mesa redonda La migración y la promoción de políticas migratorias como un tema regional, en la que intervendrá, entre otros, el director de la IOM, Biunson McKingley.

La IOM se creó en 1989, aunque tiene antecedentes en la Conferencia Internacional sobre Migraciones (diciembre de 1951), el Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas.

Tiene entre sus objetivos y funciones asegurar el traslado organizado de los migrantes, refugiados y desplazados; prestar servicios de migración en materia de reclutamiento, selección, tramitación, enseñanza de idiomas, orientación, exámenes médicos, colocación e integración, y abonar en el intercambio de opiniones y experiencias sobre el tema.

Integración estratégica

México es considerado por la IOM país estratégico en el tema migratorio por su carácter de puente de flujos y, a su vez, nación de inmigración y emigración, explicó a La Jornada el jefe de información del organismo, Jean Philippe Chaudzy.

Según la IOM, los resultados de una política regional migratoria son limitados, por lo que se requiere de la participación a escala mundial.

El ingreso de México a la IOM es resultado de una nada fácil negociación de diez años. "México logra madurez como parte de la administración de políticas mundiales migratorias", indica Chauzy. Como parte de la adhesión, la IOM abrirá una representación en México.

De esta forma, la perspectiva migratoria regional está completa; Estados Unidos, Guatemala, Belice y Cuba pertenecen a esta organización con sede en Ginebra.

México es el primer país de éxodo a Estados Unidos y de tránsito para miles de latinoamericanos que buscan una mejoría en su calidad de vida al otro lado de la frontera del río Bravo.

El reciente informe de la IOM apunta que los mexicanos ''seguirán partiendo hacia Estados Unidos, a pesar de que en el país se logre mejoría en empleo y en el salario, por lo que los acuerdos migratorios y los artículados en los de libre comercio relacionados con trabajadores migrantes son el paso correcto en la buena dirección de administrar dicho flujo", calculado en un millón de personas en la próxima década.

Según el informe, entre 1 y 2 millones de mexicanos cruzan la frontera por más de tres meses; cada año, unos 300 mil de ellos consiguen la residencia.

Según el informe, 8 por ciento de quienes nacen en México han emigrado a Estados Unidos. La IOM considera que al menos otro 5 por ciento emigrará en los próximos diez años.

 Aunque se ignora el número exacto de indocumentados, el SIN de Estados Unidos calcula en 5 millones los extranjeros ilegales: 2.7 millones son mexicanos, 335 mil salvadoreños, 165 mil guatemaltecos y 120 mil canadienses.

 Los emigrantes mexicanos se localizan en el primer lugar de los immigrantes legales en Estados Unidos, con 19.9 por ciento, seguido por China, India y Filipinas.

Más de 50 por ciento de ilegales en Estados Unidos son mexicanos.

El SIN además arresta a un millón 600 mil personas en la frontera con México cada año.

Según las estadisticas de la IOM, la población de migrantes en el mundo es superior a los 150 millones.

El ingreso de México a la IOM se da en momentos en que tanto en Estados Unidos como en Europa se han puesto en vigor estrictas medidas de represión para el ingreso legal o no de migrantes.

Notas del diario La Jornada, México, DF, México, 04.06.02