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Asunto:[mediosmedios] PRESIDENTES
Fecha:Miercoles, 5 de Junio, 2002  16:07:36 (-0500)
Autor:Roberto Rodríguez Baños <roberrb1 @...........mx>

Gil Díaz y Molinar Horcasitas atienden el caso para evitar un nuevo revés al gobierno

El Ejecutivo negocia con el PRI que no interponga controversia por recortes a estados y al IMSS

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

El gobierno federal, por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, lleva a cabo negociaciones al más alto nivel con la dirigencia priísta, para evitar una nueva controversia constitucional en contra del Ejecutivo por los recortes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que de acuerdo con el PRI son inconstitucionales.

De hecho, el propio subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado, reconoció en una reunión con la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados que el recorte al PAFEF y al IMSS "es un tema controvertible".

Las negociaciones derivadas de este hecho, que denunció hace un mes el diputado priísta por Hidalgo David Penchyna Grub, son atendidas directamente por el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y por el subsecretario de Gobernación, Juan Molinar Horcasitas.

En su momento, Penchyna Grub hizo un llamado al gobierno federal para que "rectifique" sobre los recortes al PAFEF y al IMSS, y de acuerdo con el legislador "hay señales muy positivas por parte del gobierno federal para rectificar, lo que permite suponer que se alcanzarán vías de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo".

Dichas señales, destacó el diputado priísta, se han materializado en reuniones entre los funcionarios y la dirigencia de su partido, y propuestas de solución por parte del gobierno federal, particularmente después de que el Consejo Político Nacional del PRI aprobó interponer el recurso de controversia constitucional si no había una rectificación del Ejecutivo.

Penchyna Grub recordó el procedimiento por el cual la SHCP, en términos de los artículos 3 y 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación, efectúo un recorte al gasto público por 10 mil 100 millones de pesos, el quinto en 18 meses de gestión del presidente Fox.

En el mencionado ajuste se consideraron una reducción por 2 mil 190 millones de pesos al PAFEF y un ahorro adicional en diversas entidades y dependencias por un total de 7 mil 910 millones de pesos.

Para realizar estos ajustes al gasto público, la SHCP argumenta la caída de los ingresos presupuestales por 17 mil millones de pesos proyectados para el primer trimestre y los mayores ingresos petroleros por 6 mil 900 millones de pesos, asociados a la reciente recuperación del precio del crudo, requiriendo el Ejecutivo un ajuste por 10 mil 100 millones de pesos para evitar exceder el tope de déficit público.

El pasado 23 de abril, la SHCP envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe de la aplicación del ajuste presupuestal, en el que se observa la reducción por 2 mil 563 millones de pesos al IMSS.

Por cuanto al recorte de más de 2 mil millones de pesos a programas de inversión como el PAFEF, el legislador hidalguense sostuvo que de acuerdo con el artículo 5 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el carácter legal con el que se identifican este tipo de aportaciones a los estados es el de subsidio otorgado a entidades federativas, por lo que la naturaleza de este tipo de aportaciones no puede ser sujeta de reducción, ya que el propio Presupuesto de Egresos de la Federación faculta al Ejecutivo federal para llevar a cabo modificaciones, reducciones y transferencias a las dependencias y entidades a su cargo.

"Dada la naturaleza del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002, es de explorado derecho que su aplicación es estricta y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto, por lo que nos permite concluir que resulta cuestionable jurídicamente la implementación del recorte al subsidio del PAFEF", explicó.

Precisó que de acuerdo con la ley, sólo si el Ejecutivo federal decide otorgar subsidios a los estados, municipios u otros, éste debe determinar en qué forma habrán de invertirse dichos subsidios e ir contenidos en la propuesta del presupuesto.

"Como ya se comentó, el PAFEF, como programa y como subsidio a las entidades, no fue otorgado por el Ejecutivo federal sino por el órgano legislativo y, por tanto, el primero no tiene atribuciones para hacerle modificaciones, ya que en todo caso debe sujetarse a lo que establece el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Esta señala que "... el gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales, salvo que se trate de las partidas que se señalen como de ampliación automática en los presupuestos, para aquellas erogaciones cuyo monto no sea posible prever...", es decir, el gasto público federal se debe ajustar al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales.

El caso del Seguro Social

David Penchyna recordó también que en diciembre del año pasado se reformaron y entraron en vigor diversas reformas a la Ley del Seguro Social. El espíritu de esos cambios era especificar un régimen presupuestario acorde con la calidad del instituto como organismo fiscal autónomo. Esta reforma impone al IMSS más obligaciones de transparencia y control que a cualquier otro organismo descentralizado, ya que es el único que recibe recursos por parte de los sectores público, obrero y patronal.

El artículo 272 de la citada ley determina que el instituto, en materia de presupuesto, gasto y contabilidad, se regirá por lo estipulado en la propia ley y que solamente en lo no previsto supletoriamente se aplicará la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Artículos subsecuentes de la misma ley establecen que el Consejo Técnico del IMSS será el que plantee al Ejecutivo federal los presupuestos de ingresos y egresos. Incluso el artículo 277 G establece que dicho consejo en ese anteproyecto propondrá a la Cámara de la forma en que las normas de disciplina y austeridad que se contengan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se aplicarán al instituto, de modo que no se afecte el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes.

En diciembre pasado, el Consejo Técnico remitió las medidas correspondientes y por consenso de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y se introdujo en el artículo 3 del Decreto de Presupuesto. En el párrafo 14 de ese dispositivo, expresamente se señala que para efectos del artículo 177 G de la Ley del Seguro Social, en el que se establece la forma en que las normas de disciplina y austeridad contenidas en el Presupuesto de Egresos, se aplicarán al IMSS para que no se afecte con ello las prestaciones sociales que está obligado.

Finalmente, en su último párrafo se señala que las medidas de disciplina y austeridad no deberán afectar a las metas de constitución o incremento de reservas fijadas por la Cámara de Diputados.

Esta meta anual o incremento de reserva, explicó el diputado hidalguense, importa la cantidad total de 10 mil 364 millones 689 mil 675 pesos, y de conformidad con la reforma a la ley, el gasto del IMSS es igual a la diferencia entre los ingresos totales del instituto y la meta de reservas establecida en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, respectivamente.

"Es preciso señalar que una vez establecida la meta ésta no puede ser aumentada en el curso del ejercicio fiscal, por lo que en este orden de ideas la SHCP carece de facultades para determinar una disminución al gasto programable que la cámara aprobó para el IMSS, pues no se prevé ni en la Ley del Seguro Social ni en apartado especial alguno del PEF 2002".

Penchyna Grub manifestó que las reformas a la Ley del Seguro Social sustrajeron al IMSS de la aplicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que habilita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de establecer las adecuaciones al gasto público aprobadas por la Cámara de Diputados.

De tal manera que un recorte por 2 mil 500 millones de pesos al IMSS afectará sus funciones esenciales respecto del servicio que debe prestar a sus derechohabientes.

"Con este recorte instrumentado, y de no rectificarse por parte de la Secretaría de Hacienda, se están invadiendo facultades conferidas expresamente a la Cámara de Diputados, por lo que existe la posibilidad de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

El PRD presentará iniciativa en la Comisión Permanente

Pugna para que ex presidentes no incurran en conflictos de interés

Martí Batres cuestiona que Ernesto Zedillo trabaje para tres trasnacionales que fueron beneficiadas durante su mandato

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

El conflicto de interés en que incurre el ex presidente Ernesto Zedillo al trabajar en tres empresas trasnacionales beneficiadas por él con las privatizaciones del sexenio anterior, propició que el PRD presente hoy, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley para reformar el artículo 89 de la Constitución para que los ex mandatarios se abstengan, una vez terminado su mandato, de ejercer funciones o aceptar cualquier empleo relacionado con actividades profesionales, comerciales o industriales que se encuentren vinculadas, reguladas o supervisadas por el servicio público.

Martí Batres, coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, recordó que Ernesto Zedillo, quien ahora es consejero de la empresa Union Pacific, vendió durante su mandato Ferrocarriles Nacionales de México a esa compañía estadunidense.

"Aquí hay un problema grave, porque un ex presidente de la República tiene información privilegiada, exclusiva y confidencial que nadie más tiene. Ernesto Zedillo utiliza esa información para apoyar a tres trasnacionales con intereses económicos en México. Hay un gravísimo conflicto de interés y esta situación no está regulada por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se establecen prohibiciones que no alcanzan a los ex presidentes", puntualizó.

El perredista detalló la iniciativa que se llevará este día a la tribuna de la Comisión Permanente. Se plantea reformar el artículo 89 de la Constitución para establecer una nueva fracción 19: "es obligación del primer mandatario abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de aceptar o recibir cualquier empleo, cargo o comisión que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren vinculadas, reguladas o supervisadas por el servicio público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que implique intereses en conflicto".

La exposición de motivos de la iniciativa enfatiza que esa prohibición es aplicable una vez terminado el mandato, de tal forma que un ex presidente no pueda utilizar la información privilegiada que tiene o los instrumentos políticos con los que cuenta en detrimento del país y para beneficio de entidades privadas, especialmente de trasnacionales.

En el fondo, explicó Batres, se trata de proteger el interés público para que ningún ex jefe del Ejecutivo se convierta, en funciones o después del ejercicio de ellas, en un empleado que subordine la información nacional al servicio de un interés privado".

La propuesta, según el coordinador de la bancada perredista, no pretende que un ex presidente no tenga un empleo o una forma de ganarse la vida. Lo que se desea, añadió, es que estos personajes no puedan trabajar al servicio de intereses privados que entren en conflicto con los intereses públicos.

-Si no hubiera conflicto de intereses, ¿un ex presidente podría tener diez empleos y además recibir pensión?

-No. Hemos propuesto eliminar los apoyos a los ex presidentes de la República. Lo propusimos a finales de 2000 y sólo el PRD votó a favor. Lo propusimos otra vez a finales de 2001. Lo hemos planteado cuando menos tres veces y lo haremos otra vez en la discusión del paquete económico, a finales de este año.

-¿De qué vivirá un ex presidente si sabe tanto?

-El abanico de posibilidades es muy amplio. Lo que señalamos es aquel caso donde en el que existe un conflicto de interés. El problema es que hoy un ex presidente de México es asesor de tres empresas transnacionales que tienen intereses económicos en este país.

-Una ley no puede ser retroactiva en perjuicio de una persona. Así, Zedillo puede vivir el resto de sus días en la impunidad -se planteó.

-Habría que ver, porque hay actos ilícitos que se cometen de manera continuada. Si bien no se pueden juzgar los delitos del pasado, hay conductas ilícitas que se pueden practicar de manera continua. Este puede ser el caso, y sí puede alcanzar a Ernesto Zedillo.