Habrá cero impunidad en casos de invasiones, afirma López Obrador

De confirmarse que Los Pinos ocupa tierras ilegalmente, se le solicitará su devolución, señala

BERTHA TERESA RAMIREZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que habrá "cero impunidad" en los casos en que se detecten invasiones de zonas protegidas y de reserva ecológica de la ciudad, y confió en que la Presidencia de la República apoyará el programa de regularización que aplica la administración local para corregir invasiones que se permitieron en el pasado en áreas de la tercera sección del bosque de Chapultepec.

Interrogado sobre el caso del predio de siete hectáreas hacia donde se extendió la residencia oficial de Los Pinos durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el mandatario local dijo que habrá "cero impunidad", por lo que el expediente de ese predio es revisado por la comisión especial que verifica algunos predios que podrían estar ocupando áreas del bosque.

El mandatario agregó que si tras la revisión se encuentra que esa porción no está regularizada, se solicitará a la Presidencia que la devuelva al bosque.

El Ejecutivo local expresó su confianza en que el presidente Vicente Fox actuará en consecuencia para ayudar a poner orden en esa zona, "y va a entender que si todos van a regularizarse, si vamos a rescatar estos terrenos, que son de todos los ciudadanos del Distrito Federal y del país, porque es una zona de reserva ecológica... un centro de recreación muy querido por todos los mexicanos, también la Presidencia va a actuar en consecuencia y van a ayudarnos en este programa de regularización para poner orden".

Ni represalia, ni revanchismo

López Obrador aclaró que plantear un programa de regularización en el bosque de Chapultepec no es ninguna acción de represalia o revanchismo; "sencillamente, si hay alguna irregularidad vamos a buscar que se corrija para que ya no se den esas prácticas". Y advirtió: "Nadie puede estar por encima de la ley. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".

No obstante, reconoció que poner orden en esa zona no será fácil, pero la autoridad tiene la obligación de iniciar todos los procedimientos, todas estas demandas, para recuperar lo que le corresponde a la ciudad.

López Obrador aprovechó su conferencia de prensa matutina para hacer un llamado "a quienes saben que están en una situación irregular, para que voluntariamente se acerquen a nosotros y se llegue a un acuerdo".

Recomendó a quienes ocupan zonas de reserva ecológica, como barrancas, que devuelvan de manera voluntaria los terrenos, "lo cual sería muy bueno porque mostraría que hay voluntad de que todos cumplamos con la legalidad. Antes se podían hacer esas cosas, aunque fueran indebidas, ahora no es posible, son nuevos tiempos".

Finalmente dijo que no puede haber dos raseros para calificar a quienes se apropian de terrenos que nos les pertenecen: "No se puede hablar de invasores cuando se trata de pobres y de preservadores cuando se trata de los más ricos".

Envía recomendaciones la PA a Sheinbaum y a dos delegados

Obligan a autoridad ambiental a reforestar

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La Procuraduría Ambiental del Distrito Federal envió dos recomendaciones: una a la delegación Benito Juárez y a la Secretaría de Medio Ambiente por el derribo en el Parque Hundido de 272 árboles y la poda de 762, y otra a la delegación Iztapalapa por permitir el funcionamiento de una industria con mucho ruido.

En el primer caso, la demarcación argumentó que había tirado árboles como parte de su aportación al programa contra el delito de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la corporación rechazó haber solicitado tal derribo.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente omitió vigilar los trabajos de mantenimiento, como establece la ley ambiental, por lo que violó la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal.

En el caso de esta salvaguarda, la Secretaría de Medio Ambiente no tiene una proyección del cuidado de al menos una veintena de parques públicos, entre ellos la Alameda Central, Parque Lira, México, De los Venados, España, Tepeyac, Viveros de Coyoacán y Cerro de la Estrella.

La subprocuradora de Protección Ambiental, Ileana Villalobos, indicó en entrevista que en el Parque Hundido, oficialmente denominado Luis G. Urbina, hay una alta densidad de árboles y en esa lógica puede entenderse el proceso de derribo.

Pero las razones y el seguimiento de las normas no se siguieron. La intervención de la Procuraduría Ambiental se dio a partir de la queja de vecinos que advirtieron el corte de árboles en buen estado, e incluso en su queja indicaron que se podría generar tráfico de madera.

Tras la investigación, la Procuraduría determinó que no había tráfico de madera, aunque recomienda a la delegación Benito Juárez que informe del destino de los esquilmos.

Le indica que la Dirección General de Servicios Urbanos delegacional debe abstenerse "en el futuro de otorgar autorizaciones de poda y derribo de árboles por razones distintas a las que prevé el artículo 118 de la Ley Ambiental del Distrito Federal".

Otro de los efectos de la recomendación -aceptada por ambas autoridades- deberá ser el resarcimiento del arbolado derribado, lo cual puede ocurrir en otras áreas de la demarcación distintas al Parque Hundido, dijo Villalobos.

La subprocuradora indicó que en la recomendación dos, enviada a la Secretaría de Medio Ambiente y a la delegación Iztapalapa por el funcionamiento de una industria con altos niveles de ruido junto a una zona habitacional, las autoridades ambientales se percataron de que el equipo fue retirado de la nave industrial.

En tal circunstancia "los vecinos ya pueden dormir", pues la maquinaria funcionaba las 24 horas del día y en ese caso no había constancia de que la delegación hubiera hecho verificaciones de funcionamiento y que la Secretaría de Medio Ambiente tampoco dispone de una medida local para los decibeles, concluyó la funcionaria.

Ofreció atender el desorden interno y el divisionismo en la fracción legislativa

Intervendrá el CEN en conflicto perredista en el DF

Demanda Ensástiga la renuncia de Círigo; está en abierta campaña electoral, afirma

RAUL LLANOS SAMANIEGO

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD intervendrá en el conflicto que enfrenta su fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa, donde no sólo existe una marcada división, sino que dos de sus integrantes fueron suspendidos en sus derechos por la dirigencia local y otros cuatro están en capilla.

De acuerdo con los diputados que conforman el grupo de los seis, el próximo viernes los diferentes grupos de la fracción y el comité ejecutivo estatal se reunirán con los miembros del CEN para analizar el asunto y ver los mecanismos más idóneos para su solución y para reorientar los trabajos legislativos.

En conferencia de prensa, Armando Quintero expresó que la dirigencia nacional "convino en atender con carácter de urgente el asunto de la pretensión de sancionar a los legisladores, así como analizar el problema de desorden y falta de unidad que vive el grupo parlamentario en la ALDF".

Por esa situación, destacó que habrán de suspender dos de las acciones que tenían previstas para esta semana, como el mitin en la sede nacional del PRD y una marcha a las 10 de la mañana alrededor del Zócalo capitalino.

Quintero Martínez añadió: "el CEN es la última instancia política del partido, independientemente de las instancias jurisdiccionales, como la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, y el problema que nosotros estamos poniendo en la mesa desde el principio es político".

A su vez, Bernardino Ramos dijo que el CEE ha dado muestras de estar extraviado y haber perdido la visión de partido, lo que los imposibilita para ejercer el cargo que actualmente detentan; "nosotros sí queremos hacer una convocatoria, porque el problema no es menor, estamos en el momento propicio de que el partido se renueve, se refunde o nos vayamos al despeñadero".

Convocó "a todos aquellos que nos han hablado por teléfono para decir que están con nosotros, que nos dan su solidaridad, a que públicamente manifiesten la solidaridad en este momento, porque el que digan en corto que están con nosotros no sirve para nada. Sí hay una confrontación ideológica y política en el PRD y no es el problema de la sanción a los diputados, sino el problema es definir cuál es el rumbo del PRD", abundó.

Ramos Iturbide reiteró a la militancia que aún hay esperanza en el partido, pues ahora se genera un espacio en el que se analicen los problemas que vive el PRD y el grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa.

En su intervención, Gilberto Ensástiga pidió la renuncia del actual dirigente del Partido de la Revolución Democrática en en el Distrito Federal, Víctor Hugo Círigo, pues está en abierta campaña para obtener la candidatura para contender por la jefatura delegacional de Iztapalapa. "Si es tan estricto nuestro presidente en que se aplique el estatuto, pues que él también se lo aplique y pida su renuncia. El buen juez por su casa empieza", dijo.

Tesis de Burgoa considera improcedente el amparo sobre el caso: López Obrador

Acataría el GDF fallo judicial sobre obra vial

Vecinos opositores al distribuidor impidieron el acceso a sus viviendas para verificar daños

BERTHA TERESA RAMIREZ Y RICARDO OLAYO

En respuesta a agrupaciones vecinales que han hecho público su deseo de solicitar el asesoramiento del jurista Ignacio Burgoa Orihuela para ampararse contra las obras del distribuidor vial en San Antonio, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que un texto en materia de amparo en obras públicas del citado abogado sostiene que la suspensión provisional no puede aplicarse en el caso de este tipo de construcciones, porque se afecta el interés general.

En el documento, agregó López Obrador, Burgoa sostiene que no se pueden detener las obras públicas, "de modo que aunque se presentara el amparo no procedería la suspensión"; no obstante, el gobierno actuaría en forma respetuosa y acataría cualquier decisión del Poder Judicial en caso de que procedieran los amparos, añadió.

Sobre el texto de Burgoa Orihuela, dijo que aun cuando fue escrito hace tiempo, el abogado sostiene que cuando se trata de una obra pública no se puede otorgar la suspensión provisional porque se afecta el interés general.

Parar una obra pública significa dañar el erario y el interés público; estaríamos hablando de costos muy elevados en lo económico por detener una obra, y en este sentido hay todo un razonamiento de Burgoa, además de que hay tesis sobre este asunto, añadió López Obrador.

El jefe del Ejecutivo local consideró probable que el jurista va a sustentar su solicitud de amparo sobre la base de "daños posibles", incluso se han vertido comentarios en el sentido de que podría sustentarse por "daños emocionales", lo cual tendría que fundamentarse.

En tanto, Servimet, empresa inmobiliaria del GDF, en una carta dio a conocer a los vecinos opositores a la obra que algunos no permitieron el acceso a las viviendas, por lo que no fue posible establecer el estado que guardan ni prevenir daños, por lo que "se efectuará nuevamente el recorrido" para hacer el censo.

Los vecinos pidieron una póliza de seguro, la cual existe para salvaguardar las propiedades, se indica. Asimismo, en respuesta a los vecinos se dan a conocer los nombres de los responsables de la obra y del operativo de vigilancia de la SSP.

La carta establece que hay por lo menos 20 empresas contratadas -de las que proporciona datos concretos- y la participación de la UNAM; todo ello a partir de instrucciones de López Obrador para informar a los vecinos.

El gobierno capitalino realizó un estudio de impacto ambiental y tiene el estudio de estructuras, fundamentalmente sobre los efectos que pueden tener, o los daños que podrían provocarse en la construcciones o viviendas que están alrededor. No hay ningún problema porque se están haciendo los cimientos en la calle, a distancia de donde están las construcciones, apuntó.

López Obrador dijo que en el caso del segundo nivel en Periférico y Viaducto "se piensa que será una estructura muy pesada, pero no será así, pues no se requiere de una cimentación muy profunda".

En ese sentido, el jefe de Gobierno confió en que por lo general los jueces se ajustan a lo que establecen las leyes y se apoyan en la jurisprudencia, "por lo que no hay motivos para hacer interpretaciones extravagantes". La Jornada, México, 14.10.02