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Estimados colegas, les transmito a continuación el informe anual de la  
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) sobre violaciones contra la libertad  
de prensa, de expresión y de acceso a la información correspondiente al año  
pasado. Saludos cordiales 
 
Marcelo Jelen 
 
Relatorio del 2001 
 
- Antecedentes. 
 
Por mandato del Consejo Directivo Central (CDC) de la Asociación de la  
Prensa Uruguaya (APU), del 12 de enero de 2000, la Comisión de Libertad de  
Prensa elaboró el siguiente informe sobre violaciones constatadas a la  
libertad de prensa y a los derechos de información y de libertad de  
expresión en el año 2001. 
 
- Consideraciones Generales. 
 
En las actuaciones de oficio y a petición de parte se documentó una serie  
de hechos que incluye agresiones físicas, amenazas, coacciones y censuras.  
En una descripción general sobre el estado de la Libertad de Prensa en  
Uruguay se constató que la incesante pérdida de fuentes de trabajo se  
traduce en temor y autocensura y multiplica las presiones en las empresas  
periodísticas. Corresponde indicar que se mantiene la evolución positiva  
verificada a partir de marzo del 2000 en lo atinente a presiones directas  
del gobierno sobre periodistas o medios de comunicación, en comparación con  
anteriores administraciones, aunque se consigna la existencia de presiones  
indebidas por parte de algún funcionario. La APU valora el propósito  
enunciado por el presidente de la República, quien afirmó que la televisión  
oficial es un canal del Estado y no del gobierno. Se advierte que no todos  
los hechos registrados en el país son consignados en este relatorio de la  
APU por diversas razones, entre ellas el desconocimiento del sindicato de  
algunas situaciones, la ausencia de denuncia de quienes trabajan en los  
medios de comunicación, o el pedido expreso de reserva por parte de los  
denunciantes. 
 
- Marco jurídico vigente que atenta contra la Libertad de Prensa 
 
Desacato.- Permanece vigente la figura del delito de "desacato", pese al  
reclamo de gremiales de prensa del Mercosur de octubre del año 2000 para  
que se derogue esa figura penal. Ley de Prensa. - La APU mantiene su  
reclamo de modificar el capítulo que regula los delitos de comunicación en  
la Ley de Prensa y el Código Penal, pues varios de sus artículos,  
redactados hace más de 70 años, exponen a la ciudadanía y a periodistas a  
la posibilidad de ir a prisión por ejercer sus derechos a la libertad de  
expresión y al ejercicio de su profesión. Habeas Data. - En Uruguay  
permanece restringido el acceso pleno a la información oficial. Se  
encuentra a estudio del Parlamento, desde la anterior legislatura, un  
proyecto de ley sobre amparo informativo (Habeas Data) Desde el año 2000 se  
accede por Internet a información relevante de algunas áreas del Estado,  
mecanismo que la APU entiende debe generalizares sin restricción alguna. 
 
- Otros obstáculos. 
 
Publicidad Oficial. - Más allá de reconocer alguna mejora en este aspecto,  
la publicidad oficial se sigue otorgando sin apelar a criterios técnicos lo  
que permite su manipulación y supone ausencia de garantías para las  
empresas periodísticas y un correlato perjudicial para la labor de quienes  
se desempeñan en la profesión. Permanece sin resolución en sede judicial  
penal una denuncia realizada por este tema en 1999. No hay aún  
pronunciamiento sobre la denuncia penal presentada en agosto de 2000 por la  
APU y periodistas del semanario Búsqueda sobre presuntas intervenciones  
telefónicas en la redacción del semanario. Estabilidad laboral. La pérdida  
ininterrumpida de puestos de trabajo en este año, mantiene la situación de  
inestabilidad laboral con incidencia directa en la disminución de  
pluralidad informativa e independencia periodística. El mercado laboral  
sigue estrechándose con consecuencias negativas para el Derecho a la  
Información y, con el cierre de medios o reducción en sus posibilidades,  
para la Libertad de Expresión. Acusaciones públicas.- Desde la dirección  
del Encuentro Progresista, en reiteradas oportunidades, se le atribuye a la  
labor periodística una función contraria a los intereses de dicha fuerza  
política, con acusaciones injustas que por su generalización involucran a  
la totalidad de trabajadoras y trabajadores de la comunicación. 
 
- Detalle de las violaciones en el 2001. 
 
Enero. 
 
- Un fotógrafo de revista "Gente" es agredido por el futbolista argentino  
Martín Palermo en Punta del Este. 
 
- El juez en lo penal Carlos Colmeneros, de Carmelo, intima al periodista  
Gabriel Monteagudo del Eco de Carmelo, a que desconozca el secreto  
profesional y revele el nombre de una fuente informativa. 
 
Febrero. 
 
- Sábado 3. Adrián Vallarino, camarógrafo de Canal Cable Plus (Ciudad de la  
Costa), es agredido por un ex guardavidas municipal en las inmediaciones  
del Parque Roosevelt. 
 
- Lunes 26. El periodista Juan Rodríguez Cristaldo, de Salto, denuncia ante  
la APU la existencia de presiones policiales respecto a una nota realizada  
el 14 de febrero a través de la emisora Radio Turística de Salto. 
 
- Miércoles 28. Wálter Sánchez, director de SEPREDI, increpa al periodista  
Juan Sader por un comentario realizado al aire por Radio Sarandí y le  
advierte que tiene "amarilla". 
 
Marzo 
 
- Jueves 1. Sánchez plantea ante la dirección de Radio Sarandí que Sader no  
debe seguir realizando la cobertura periodística en el Edificio Libertad.  
La emisora respalda al periodista. 
 
Abril. 
 
- Jueves 26. Pese a la autorización del presidente de la Junta  
Departamental de Canelones, Julio Museti, el edil de la Lista 15, Alvaro  
Berreta, intenta en dos oportunidades impedir el ingreso de un fotógrafo  
del diario El Observador a la sala de sesiones del legislativo comunal  
mientras se votaba el presupuesto. 
 
Mayo. 
 
- Martes 1. El director de SEPREDI, Wálter Sánchez recurre al personal  
militar para obligar a fotógrafos a retirarse de la Base Aérea Nro.1,  
cuando los periodistas se aprestaban a documentar la descarga de vacunas  
contra la aftosa, hecho informado por El Observador el miércoles 2. 
 
- Domingo 6. Una patota de hinchas de Nacional agrede al camarógrafo  
Fernando Giménez de Montecarlo TV, Canal 4. Lo golpean y le rompen la  
cámara, en el Estadio Centenario, previo a un encuentro clásico. 
 
- Una resolución adoptada por mayoría del Directorio del BPS implanta la  
censura previa respecto a la información institucional de interés público. 
 
Junio. 
 
- Jueves 14. El Comando de la jefatura de Policía de Montevideo excluye la  
presencia de la prensa en las acciones dispuestas ante "piquetes de  
personas que persigan fines sociales, económicos o políticos", según un  
plan estructurado del que informa el diario El Observador. 
 
- Viernes 15. El ministro del Interior, Guillermo Stirling, ordena al  
Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo eliminar de ese plan de  
operaciones la prohibición de ingreso de los medios de prensa a las zonas  
donde se esté realizando una protesta. 
 
- Jueves 28. El diputado del Encuentro Progresista, José Mahía, denuncia  
que en Canelones la Intendencia Municipal distribuye la publicidad oficial  
con criterio de "inversión política". En el primer cuatrimestre del año el  
matutino La República recibió 216.480 dólares, por concepto de publicidad,  
Ultimas Noticias 107. 256 dólares y El País, el diario de mayor venta,  
70.343 dólares. Semanarios como Brecha y Búsqueda y el diario El Observador  
fueron excluidos de la pauta publicitaria, reveló el legislador. Mahía  
afirma que dos periodistas le denunciaron presiones de dirigentes del Foro  
Batllista de Canelones. 
 
Julio. 
 
- El director del canal de TV estatal, Juan Carlos Doyenart, informa que es  
presionado por el director del SODRE, Gustavo Cersósimo, para que levante  
el programa de la periodista Sonia Breccia. 
 
- Lunes 30. El propietario de Canal 13 Cerro del Verdún y Minas Cable de  
Minas, Carlos Falco, levantó el programa periodístico conducido por el  
periodista local José Ramírez luego de ser emitida una entrevista al ex  
candidato a la legislación, Alfredo Villalba. 
 
Agosto. 
 
- Viernes 10. El periodista Gabriel Monteagudo, del Eco de Carmelo, debe  
presentarse en sede judicial ante una acusación de "coautoría de hurto de  
información confidencial", presentada por el empresario argentino Eduardo  
Cantón. Monteagudo ha informado en el semanario local sobre las denuncias e  
investigaciones que vinculan a Cantón con casos de lavado de dinero. 
 
- Martes 14. La dirección de Canal 12 censura la emisión del programa  
"Almorzando con Mirtha Legrand" porque estaba presente la diputada  
argentina Elisa Carrió, quien involucra en sus denuncias a empresas  
uruguayas. El lunes 20 la dirección del canal vuelve a censurar la emisión  
levantando la reiteración del programa que se emite nuevamente desde Buenos  
Aires. 
 
- Martes 14. El fotógrafo Iván Franco, de El Observador, es amenazado e  
insultado en Maracaibo, al término de un encuentro futbolístico entre  
Venezuela Uruguay. Las agresiones fueron hechas por los funcionarios de la  
AUF, Ladislao Mazurkiewicz y Miguel Zuluoaga y los empresarios de Tenfield,  
Nelson Gutiérrez y Edward Yern. 
 
- Sábado 25. El diario La República publica por tercera vez por orden  
judicial una nota destinada a desagraviar a tres funcionarios aduaneros.  
Los demandantes consideran incumplida la sentencia y reclaman que la  
justicia ordene al matutino que cumpla fielmente los fallos de una jueza y  
un Tribunal de Apelaciones. La APU sigue con atención las aplicaciones  
legales del Derecho de Respuesta y no está de acuerdo en que mediante el  
mismo, se impongan criterios de edición a los medios periodísticos. El  
ejercicio profesional del periodismo admite la rectificación de errores,  
así como el otorgamiento de espacios a quienes deban ejercer su derecho a  
opinar o informar. 
 
Setiembre 
 
- Miércoles 5. Diversos medios de comunicación, en particular los cuatro  
canales de TV abierta, no concurren al Parlamento ante el anuncio de la  
presentación de un asunto político que incluye al diputado Julio Luis  
Sanguinetti, del Foro Batllista. 
 
- El jueves 6 ,uno de los canales privados de televisión abierta emite un  
informe sobre el tema en cuestión. 
 
- El edil colorado por Montevideo, Alfredo Menini (Foro Batllista) envía  
una carta al secretario de redacción del semanario Búsqueda, Claudio  
Paolillo en la cual ejerce presiones sobre la información publicada en ese  
semanario por el periodista Raúl Ronzoni. 
 
Octubre. 
 
- Lunes 1. La locutora Silvana Roldán, de Difusora Soriano, es separada de  
su cargo en los programas "Servicio Público" y "Apertura", luego que el  
edil de Soriano, Sergio Guastavino, del Partido Colorado (lista 15), ejerce  
presión sobre la empresa a raíz de un comentario efectuado por Roldán. 
 
- El senador colorado, Ruben Correa Freitas (Foro Batllista) presenta un  
proyecto legislativo que reglamenta "la protección del derecho al honor de  
las personas físicas", considerado por la APU como una "amenaza contra el  
derecho a la libre expresión de la ciudadanía". La APU entiende que las  
disposiciones constitucionales y del Código Penal pertinentes defienden el  
bien jurídico del honor. 
 
Noviembre. 
 
- Jueves 1. Los periodistas Julio Ríos y Gustavo Fabricio, de Radio  
Nacional, son amenazados por individuos no identificados quienes pretenden  
coartarles el derecho a informar. 
 
- Martes 6. Ruben Punzo Ríos informa a la Mesa de Conducción de APU que el  
diputado colorado de Canelones, Julio Olivar Cabrera, interviene para  
levantarle el programa que emitía a través de la emisora FM del Molino de  
Pando. 
 
- Martes 13. El periodista Andrés Alsina inicia un recurso judicial de  
amparo ante la imposibilidad de acceder a una información contenida en un  
dictamen del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. 
 
- Dirigentes del Foro Batllista presionan a la dirección periodística de  
Tveo luego de la emisión de un programa en que se realizan denuncias sobre  
contrabando. 
 
- Martes 27. Se informa en el Consejo Directivo de APU sobre la agresión a  
los fotógrafos Miguel Rojo, de AFP y Andrés Stapff, de Reuters, por parte  
de policías contratados por la empresa Tenfield. 
 
Diciembre. 
 
- Lunes 3. Denunciantes ante sede penal reclaman que la justicia exija al  
periodista Raúl Ronzoni desconocer el secreto profesional. 
 
- Martes 4. El periodista José Mastandrea denuncia que fue citado por el  
Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol para que revele sus fuentes  
periodísticas. 
 
- Martes 11. La Junta Departamental de Canelones remite a la justicia penal  
información sobre adjudicación de publicidad municipal ante denuncias de  
favoritismo por parte del ejecutivo municipal. 
 
- Miércoles 12. El director de Tveo, Juan Carlos Doyenart, censura la  
emisión del discurso del empresario periodístico Federico Fassano.  
Posteriormente Doyenart ratifica su decisión y afirma estar respaldado por  
el presidente de la República. 
 
                                                                                
Montevideo,  
22 de Enero de 2002 
 
 
 
 
 
 
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