Cuatro meses después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenara al Estado a cancelarle 1,7 millones de bolívares fuertes a los familiares de las víctimas del caso Viproca, el máximo juzgado solicitó a la Procuraduría General de la República información sobre las diligencias hechas para cumplir con esas indemnizaciones.

La Sala Político Administrativa, en su sentencia número 1696, del pasado 25 de noviembre, le ordenó al despacho dirigido por Gladys Gutiérrez que le indique "la forma y oportunidad de la ejecución" del dictamen, mediante el cual constató la responsabilidad del Estado en el accidente aéreo, ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía en 1997.

En el fallo, la instancia judicial verificó que la República incumplió con su deber de prestar auxilio a los afectados por el avionazo, pues el extinto Servicio de Ayudas y Radioayudas (SAR) no contaba con los equipos materiales necesarios para atender una emergencia de esa naturaleza.

La ausencia de medios provocó la muerte de los pasajeros, quienes sobrevivieron a la caída del avión.

La Procuraduría tiene ahora dos meses, contados a partir de que sea notificada de esta decisión, para entregarle la información al máximo juzgado.

Juan Francisco Alonso

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