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Asunto:[nuestra_historia_70] BE1-Peligroso fallo de la Corte
Fecha:Lunes, 11 de Julio, 2005  08:31:13 (-0300)
Autor:nuestra historia <nuestra_historia_70 @.........ar>


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“NUESTRA HISTORIA-70”

 

 

 

En el presente envío nos apartamos de la cronología histórica que hemos seguido
hasta el Boletín Nro 26, debido a la necesidad de analizar y evaluar un fallo  de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), vinculado estrechamente con el
desarrollo de la “Guerra Revolucionaria” de los años 70, cuya temática venimos
desarrollando desde nuestro inicio.

 

BE1-Peligroso fallo de la Corte.  Boletín Especial  de fecha 11 mes de julio  de
2005

 

“Autorizadas voces de alarma , ante un fallo de la CSJN que vulnera nuestras
leyes”.

 

El fallo en cuestión, dado a conocer el 14 de junio del corriente año, declaró
la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y de “ Obediencia Debida”y
su contenido constituye un  definido ataque a las garantías constitucionales, a
la seguridad jurídica y a la equidad en las relaciones del Estado con los
ciudadanos. 

 

La extensión del mismo hace imposible su publicación en este medio. No obstante,
creemos fundamental hacerles conocer las opiniones de reconocidos juristas, que
merecen su lectura y consideración, en particular porque las leyes referidas
fueron dictadas por el  Congreso de la Nación 18 años atrás y confirmadas varias
veces por el Tribunal Supremo, que ahora falla en otro sentido.

 

El 26 de junio próximo pasado el diario La Nación publicó el siguiente artículo:


                

                “PELIGROSO FALLO DE LA CORTE”.    Por el Dr. Jorge Reinaldo
Vanossi 

 

“ La aplicación retroactiva de las Convenciones Internacionales de Derechos
Humanos resulta improcedente en el derecho argentino pues, según el Art. 27 de la
constitución Nacional, los tratados deben cumplimentar los principios de derecho
público establecidos en la Constitución. Ello comprende todas las garantías que
expresa o implícitamente surgen de la primera parte de esa Constitución, entre
las que se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la
prohibición de juzgar dos veces  por la misma causa, la irretroactividad de las
leyes penales, los beneficios de la ley penal más benigna, etc. Todas esas
garantías forman parte del derecho penal liberal, consagrado en los Estados
regidos por democracias constitucionales y que ahora, nosotros, tiramos por la
borda en un acto supremo de anomia.

 

La reforma constitucional de 1994 no dispuso la primacía de las normas
internacionales sobre las garantías constitucionales. Por el contrario, el inc.
22 del Art. 75 estableció respecto de aquellas normas ( las Convenciones de
Derechos Humanos) que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarias de los derechos y garantías por
ella reconocidos”.

 

No corresponde revisar la constitucionalidad de esas leyes, porque la Corte las
declaró constitucionales hace muchos años. Las llamadas leyes del perdón ya se
han aplicado y han surtido efectos. Y declararlas ahora inconstitucionales, o
anularlas como lo ha hecho también el Congreso, significa dejar de lado
principios que están también en la Constitución y en tratados internacionales. La
decisión de la Corte se contrapone al Preámbulo de la Constitución ya que no
contribuye a consolidar la “paz interior”.

 

Por eso, cuando se necesitó tomar aquellas decisiones, dijimos que una sociedad
democrática, ansiosa de vivir plenamente en democracia, debía hacerlo bajo la
justicia y no bajo el olvido. Pero una sociedad igualmente democrática y ansiosa
de vigorizar una democracia tenía y tiene absoluta necesidad de no permanecer
prolongando indefinidamente el desasosiego sobre inocencia o culpabilidades.

 

En cuanto a los indultos, una vez dictados, producen un efecto que ya no se
puede modificar por medio de una determinación judicial. Es una facultad del
Presidente, que podrá o no gustar, pero está en la Constitución. Aún en el caso
de indultos a procesados, sólo el destinatario podría cuestionarlo alegando a su
favor la necesidad de cumplimentar el principio de inocencia”.

 

 

Estas fundadas y categóricas críticas al fallo que nos ocupa han sido
acompañadas por las opiniones de prestigiosos juristas como los doctores  Agustín
Gordillo, Miguel Padilla,  Alberto Rodríguez Varela, Gregorio Badeni y otros
constitucionalistas de nota, incluyendo el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, que por medio de un comunicado de prensa afirmó: …“ que no hay
tratado internacional alguno que posibilite jurídicamente aplicar leyes penales
retroactivamente, quitar el beneficio otorgado por leyes de amnistía a los
imputados y dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, todos derechos y
garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución"...

 

Ante el análisis de estas críticas, nos surge entonces una duda elemental: ¿
cómo es posible que el tribunal de mayor jerarquía jurídica de la nación haya
hecho tabla raza con tres principios universales del derecho? (Aplicación de la
ley mas benigna, no juzgar dos veces por el mismo hecho y  aplicación de ley
anterior al caso juzgado ) ¿estaremos frente a un fallo ideológico? 

 

El conocido penalista Dr. Florencio Varela en un artículo publicado en La Nación
el viernes 24 de junio último dice: la gravedad de este pronunciamiento se debe a
que, por al nivel de conocimiento que del derecho tienen los  jueces firmantes
del fallo en positivo, no se puede aceptar la ignorancia o el error y sí, una
intencionalidad política  que puede implicar la comisión del delito de
prevaricato, toda vez que  han dictado a sabiendas una resolución contraria a la
ley que ellos mismos han invocado para fundar el fallo.

 

Si aceptamos como válido aunque sea sólo alguno de los graves reparos formulados
por los juristas indicados, si se elude el derecho constitucional argentino,
poniendo por encima de él los tratados internacionales, si se desconocen
arbitrariamente garantías reconocidas por nuestra Ley fundamental, que nos
amparan para preservar la libertad, explícita o implícitamente y si por
añadidura, se desconoce el esfuerzo de nuestros prohombres para que se reconozcan
y se respeten esas “garantías individuales”, tenemos que pensar que,
efectivamente, éste es un fallo ideológico y  , más grave aún, nos encontramos
saliendo peligrosamente del “estado de derecho”.

 

Esta sentencia, que es trascendente por los efectos que producirá,  es un mal
precedente en cuanto vulnera las garantías que protegen al individuo frente al
Estado. Tal vez el común de los ciudadanos no lo sepa, pero así como hay una
distorsionada interpretación de la “teoría de los derechos humanos”, ya han
habido inexplicables fallos antijurídicos. Entre otros: se desconoció la
“propiedad privada” (depósitos bancarios. “Fallo Bustos”), se negó la extradición
del “terrorista etarra” Lariz Iriondo por un lado y por el otro se condenó al
chilenoArancibia Clavel, por delitos de terrorismo.

 

Nosotros creemos que este fallo “no está sólo y va más allá”, pues forma parte
de una peligrosa intención de politizar las    resoluciones    del más alto
tribunal en la dirección de las conveniencias del Poder Ejecutivo, aún vulnerando
los principios y garantías constitucionales y entrando en una riesgosa  zona de
inseguridad jurídica . 

 

Consideraciones finales.

 

Nuestra historia viene mostrando una falta de continuación en los objetivos y
políticas de Estado, tanto en los gobiernos de “jure” como de “facto”, dando
lugar a ciclos de signos contrarios, donde cada gobierno criticó al anterior y
comenzó un camino distinto.

 

En el ámbito judicial, estas críticas fundadas al fallo de la CSJN, permiten
pensar que cuando termine el ciclo del actual gobierno podría haber una revisión
de lo actuado, llegándose al extremo que se condene a personas por leyes
posteriores a los hechos que se juzgan ( jurisprudencia al respecto hay ). Y así
seguiremos profundizando nuestra decadencia hasta llegar a un final impredecible,
atentatorio aún con la existencia de la Nación.

 

El título del inicio “Peligroso fallo de la Corte”, nos previene.

 

 

 

 

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