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Asunto:[nuestra_historia_70] B129- CRONICA : del 12 al 26 Feb 87
Fecha:Jueves, 3 de Abril, 2008  09:49:26 (-0300)
Autor:EL MODERADOR <historia_000 @.........ar>

 

 

“NUESTRA HISTORIA 70”

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 
                 
Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.
 
 
 
  B129- CRONICA : del 12 al 26 Feb 87
03 de Abril de 2008
 
 
Temas desarrollados
 
  • Problemas con las citaciones a las jerarquías medias y bajas  de las FFAA.
  • Emplazamiento a Jaunarena.
  • Finalización del plazo respecto a la ley de Punto Final.
  • Comunicado del gobierno al finalizar el plazo legal estipulado en la Ley 23.492.
  • Respuesta del Vicepresidente de la Nación acerca de la reconciliación.
  • Detienen a 6 almirantes retirados por rebeldía.
  • Solidaridad de camaradas de armas con un oficial del Ejército.
  • “Sourrouille anunció el programa de ajuste: congelan precios y salarios”.
 
 
 
 
Problemas con las citaciones a las jerarquías medias y bajas  de las FFAA.
 
Un alto jefe militar no identificado, según La Nación del 13 de febrero de 1987, expresó que los oficiales que no concurrieran a las citaciones podrían ser dados de baja. Por otra parte  también se hacía referencia en el artículo, a lo expresado por una alta fuente radical acerca que el gobierno estaba al tanto de cierta inquietud que existiría en la Armada debido a los juicios por los derechos humanos.
 
Emplazamiento a Jaunarena.
 
Por segunda vez la Cámara de Apelaciones de La Plata , el 13 de febrero , emplazó al Ministro de Defensa para que en 48 horas completara un informe requerido sobre el funcionamiento y organigrama de la Zona IV de Operaciones ( jurisdicción del Comando de Institutos Militares) durante la lucha contra la subversión terrorista, ya que el anterior informe había sido considerado incompleto por los camaristas.
 
Finalización del plazo respecto a la ley de Punto Final.
 
En la semana del 16 al 21 de febrero hubo una intensa labor en las cámaras federales de todo el país, ya que expiraba el plazo legal previsto para iniciar nuevos juicios y en muchas de ellas se tenía que resolver sobre la competencia en distintas causas. En Bahía Blanca se procesaron  5 generales y  varios oficiales y suboficiales, mientras que en La Plata se rechazaba un pedido para que se extendiera el plazo.
 
El 20 de febrero, grupos de militantes pertenecientes a las organizaciones de los parcializados derechos humanos y distintos partidos políticos de izquierda, con muy escasa concurrencia de organizaciones sindicales, desfilaron con antorchas contra la ley de “Punto Final”. (ya el día anterior había habido una marcha similar con los slogans de siempre : “aparición con vida de los desaparecidos”, “libertad a los presos políticos” y “condena a los militares del Proceso”).
 
Comunicado del gobierno al finalizar el plazo legal estipulado en la Ley 23.492 de Punto Final.
 
El día 23 de febrero, el Subsecretario de Justicia de la Nación doctor Ideler Tonelli, distribuyó un comunicado de 4 puntos cuyo texto fue el siguiente:
 
  1. “Los jueces y los fiscales han cumplido con su deber con gran esfuerzo”[…]
 
  1. Con la finalización del plazo previsto en la ley 23.492 con las excepciones referidas a unas pocas causas, comienza a cerrarse un ciclo jurídico e histórico que agobió profundamente al país, lo que permitirá mirar el futuro con más serenidad y confianza”
 
  1. “El procesamiento derivado de la citación a prestar declaración indagatoria no implica una condena. Quienes han sido citados a prestar declaración indagatoria deben seguir, según un principio de jerarquía constitucional, siendo considerados inocentes mientras una sentencia definitiva diga lo contrario, y las sentencias definitivas las dicta la Corte Suprema”.
 
  1. “A partir de la finalización del plazo fijado en la ley 23.492, cesó para siempre el estado de sospecha que pesaba respecto de centenares de personas que actuaron en la represión de la subversión terrorista, en cumplimiento de una orden legítimamente emanada del entonces presidente de la Nación. Quienes no fueron llamados a prestar declaración indagatoria son definitivamente inocentes.” (el resaltado es nuestro)
 
El mismo día, el Subsecretario de Defensa Nacional, doctor Alfredo Mosso, en declaraciones al periodismo,  entre otros conceptos expresaba […] “Por consiguiente el posible juzgamiento de miles de integrantes de los cuadros del personal militar, a partir de ahora no podrán ya ser investigados y por consiguiente, ni citados ni procesados” Afirmando finalmente : “pese a que ha quedado un número de citados, ello no implica que todos habrán de tener condena y que si por otra parte para aquellos que la misma exista queda aún la instancia de la Corte Suprema que será el organismo de la resolución definitiva”  (La Nación, 24 de febrero de 1987)
 
Respuesta del Vicepresidente de la Nación acerca de la reconciliación.
 
A la pregunta de un periodista – luego de la reunión habitual de los martes con el presidente Alfonsín – acerca si con la ley de Punto Final llegaba automáticamente la reconciliación nacional, el Dr Víctor Martínez dijo: “Estamos ya en el camino de la reconciliación nacional. Esto disipa la inseguridad y focaliza la eventual responsabilidad en las personas que evidentemente puedan ser responsables. Será la justicia la que decida, pero ustedes advertirán la enorme reducción de causas […]
 
Las mejores intenciones de los Secretarios de Estado de Justicia y Defensa y aún del Vicepresidente de la Nación pueden ser alteradas cuando la ideología y la revancha política prevalecen sobre el estricto imperio de la Constitución y de la ley.
 
Compárese las expresiones señaladas con lo ocurrido durante el año 2007, cuando el Poder Legislativo se arrogó el derecho de anular las leyes de marras violando abiertamente la Constitución Nacional y dio paso labre a la continuación de un conflicto sepultado legalmente 30 años atrás
 
Detienen a 6 almirantes retirados por rebeldía.
 
Los referidos oficiales superiores habían presentado un escrito al mediodía del 25 de febrero en el que solicitaban la postergación de las audiencias. La Cámara rechazó el escrito  por improcedente y dispuso la captura mediante oficios al Ministerio de Defensa y a la Policía Federal. Los almirantes, luego de deliberar en el edificio Libertad, se presentaron ante la Cámara  compuesta por Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra Y Diego Pérez.
Luego de estos sucesos el almirante Arosa envió un radiograma a todas las unidades cuyo texto decía :                      
[…] “Estudiada la situación y las posibles alternativas, todos los almirantes coinciden en que la consolidación del futuro nacional exige actuar con la responsabilidad que requiere la reafirmación de los principios que son los fundamentos de la República.La Armada dentro de este contexto, apoyará a sus hombres con todos los medios legales, cualquiera sea su jerarquía o situación de revista e incluyendo a la Prefectura Naval. No hay otro camino para sostener la vigencia de la justicia, como institución básica del sistema constitucional que afrontar esta circunstancia en el marco jurídico, empeñando en la defensa de sus hombres, toda la fuerza de nuestra convicción y persistencia, en la búsqueda de la verdad y de las soluciones que conduzcan a una pronta conciliación nacional”
 
De los 19 oficiales ( 2 de Prefectura Naval)  que habían quedado citados al vencer el plazo de la ley de Punto Final para el 26 de febrero, 9 quedaron  detenidos y procesados, es decir que sumados a los 6 almirantes detenidos el 25 de febrero, quedaron 15 detenidos, y de ellos 12 con prisión preventiva rigurosa.
 
El Consejo de Almirantes se reunió ese mismo día para analizar la situación y se dijo al periodismo que si bien había tranquilidad en la fuerza, había preocupación por el elevado número de personas al que se les dictó prisión preventiva.
 
Solidaridad de camaradas de armas con un oficial del Ejército.
 
El capitán Mones Ruiz destinado en Curuzú Cuatiá – Corrientes – había viajado a Buenos Aires para entrevistarse con el Jefe de Estado Mayor, en razón de haber sido citado a declarar por la Cámara Federal de Córdoba por un hecho ocurrido cuando era subteniente En esa oportunidad, frente al domicilio donde estaba hospedado, se reunieron alrededor de un centenar de oficiales de seis promociones distintas del Colegio Militar, para saludarlo y expresarle su solidaridad y su disconformidad por su citación a declarar.( 26 de febrero de 1987)
 
“Sourrouille anunció el programa de ajuste: congelan precios y salarios”.
 
Tal el título de los principales diarios del país del día 26 de febrero. Las medidas consistieron básicamente en ; congelar los precios vigentes a partir de ese día , se reajustaron mínimamente los salarios de acuerdo a criterios diferentes en distintos casos y se congelaron hasta el 30 de junio. Se aumentó el salario mínimo de 150 a 170 australes; el 1 de marzo se reajustarían los haberes jubilatorios , aumentó la nafta y los cigarrillos en un 15% , aumentaron las tarifas públicas en un 2% y se congelaron. El dólar oficial equivaldría a 1,535 australes y a partir de junio se lo  incrementaba al 2% mensual; las tasas de interés reguladas se reducían al 3% para los depósitos y al 4% para los préstamos.
 
Dos años después la hiperinflación fue el factor generador de disturbios sociales que provocó la entrega anticipada (6 meses antes) del gobierno del doctor Alfonsín al siguiente presidente surgido de elecciones nacionales.
 
FIN DEL BOLETÍN Nro 129.-
 
 
 
 
 



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[Adjunto no mostrado: B129- CRONICAS 12 al 26 Feb 87.ADJ.doc (application/msword) ]