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Asunto:[nuestra_historia_70] B127- El fallo de la CSJN sobre el juicio a las Juntas
Fecha:Martes, 18 de Marzo, 2008  17:56:05 (-0300)
Autor:EL MODERADOR <historia_000 @.........ar>

 
ESTA ENTREGA :  PUNTO FINAL Ley 23.492 
 
 
Temas desarrollados
 
  • Dictamen del Procurador General.
  • Ley Nro 23.492 . Denominada de “Punto Final”.
  • Opinión de juristas.
  • El fallo definitivo de la Corte. (30 Dic 86)
  • La Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a aplicar.
  • Editorial del diario La Nación.
  • Consideraciones finales.
  

Por pedido de algunos lectores , el adjunto está siendo difundido en negro y blanco para facilitar su impresión.

Atención a los Link de B-121 y Leyes que pueden consultar .

 

 

“NUESTRA HISTORIA 70”

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 
                 
Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.
 
 
 
B127- El fallo de la CSJN sobre el juicio a las Juntas.   Boletín de fecha 19 de Marzo de 2008
 
Dictamen del Procurador General
 
El Procurador General de la Nación, doctor Juan Octavio Gauna, con fecha 15 de septiembre de 1986, dictaminó en la causa que se seguía a los integrantes de las tres primeras juntas militares, compartiendo los agravios de la Fiscalía, por los que las defensas interpusieron recursos ante la Corte Suprema. En su dictamen opinó que el alto tribunal debía revisar las sentencias, así como la gradación de las penas que en diciembre de 1985 la Cámara Federal había impuesto a los cinco comandantes.
 
Por otra parte, compartiendo lo que había sostenido el fiscal Strassera   sostuvo que la responsabilidad debía ser adjudicada a las Juntas como tales y no individualmente a cada comandante, como lo hizo la Cámara. ( ver Boletín B-121 ).
 
Ley Nro 23.492 . Denominada de “Punto Final” (Sancionada el 23 Dic y promulgada el 24 Dic 86)
 
Artículo. 1º.-“Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley Nº 23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.  En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 Dic 1983”.

Artículo. 2°-Dentro del término establecido por el artículo precedente las Cámaras Federales competentes podrán examinar el estado de las causas que tramitan ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los efectos del artículo l0, última parte de la ley 23.049. Las denuncias que se formulen en este término ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas deberán ser informadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la Cámara Federal que corresponda, quienes deberán examinarlas y en su caso avocarse”.
[…]                              
Artículo 5°- La presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores”.

Artículo 6……
Artículo 7º-de forma.

Firmado JUAN C. PUGLIESE - EDISON OTERO -CARLOS A. BRAVO-ANTONIO J. MACRIS. (Decreto Nº 2.450)
 
Opinión de juristas sobre la Ley 23492.
 
El ex juez Oscar  N. Salvi en declaraciones efectuadas en Mar del Plata el 2 de enero de 1987 dijo que “la ley ha sido muy mal redactada ya que de ninguna manera conserva la idea que ha tenido el gobierno para su sanción”. También sostuvo “que si uno está en la idea que quiere llegar a la reconciliación nacional definitiva, lo que tiene que hacer es sancionar normas de carácter general que beneficien a todos aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones. No veo cuál es la diferencia entre una persona que se encuentra citada y procesada y otra que todavía no lo ha sido, para hacer un distingo y a uno continuarle el proceso penal y a otro , en 60 días, declararle extinguida la acción”.Agregando que, a su juicio, “se gesta una desigualdad ante la ley que, en su momento, va a tener consecuencias. Éstas, seguramente van a determinar que los jueces, en su mayoría, declaren la inconstitucionalidad de la ley por afectar el artículo 16  de la Constitución Nacional…”
 
El fallo definitivo de la Corte. (30 Dic 86)
 
La confirmación por unanimidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a los ex comandantes de las FFAA  del gobierno surgido el 24 de marzo de 1976, puso término definitivo, en el aspecto jurídico, a uno de los más graves y dolorosos problemas afrontado por nuestra sociedad en el siglo XX.
 
En lo general, la CSJN confirmó el fallo de la Cámara, pero revocó lo referido al general Roberto E. Viola y del brigadier Eduardo Ramón Agosti, reduciendo las penas: al primero a 16 años y 6 meses y al segundo a nueve meses.
 
Esta disminución parcial y distinta, ratificó que el enjuiciamiento no fue a los miembros de las Juntas como rezaba el decreto 158/83 , como responsables políticos y militares, sino solamente como militares, exculpando no sólo a las Juntas como tales , sino que sentaba precedente a efectos que no se juzgaran a los funcionarios políticos anteriores al 24 de marzo de 1976.
 
El fallo de la Corte, unánime sólo en cuanto confirmó la parte dispositiva de la sentencia de la Cámara Federal, fue sustentado sobre tres doctrinas bien diferenciadas, las que amén de poner en duda la validez del juicio, revela que el fondo de la cuestión fue eminentemente político. Sólo produjo una modificación técnica al determinar que en vez de “autores mediatos”, los procesados pasaban a ser “participes cooperadores necesarios”.( aplicación del Art 45 Código Penal, en lugar del Art 514 del Código de Justicia Militar)
 
Con esta sentencia definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a aplicar:
 
1-El principio del Juez natural, violando el derecho consagrado en el Art. 18 C.N. (ya que los jueces fueron designados ex profeso para esta causa y no los Tribunales Militares, como correspondía)
 
2-El principio de fundamentación de la condena, basada sólo en una ley anterior al hecho de la causa, normado en el Art. 18 de la C.N. (se aplicó la Ley 23049 posterior al hecho delictivo imputado)
 
3-El principio penal que obliga a aplicar al procesado la ley más benigna (se aplicó la Ley 22924, contrariando con ello el Art. 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue aprobado por Ley 23313 sancionada el 17/4/86 el que además está normado en el Art. 2° del Código Penal, ambas normas vigentes entonces y por lo tanto de aplicación obligatoria.
 
4-El principio que prohibe juzgar a una persona con Comisiones Especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18 C.N. (Además de ser ese el caso de la designación de la Cámara Federal , se hizo intervenir, recolectando pruebas, a la Comisión Nacional de Desaparecidos, no teniendo esta comisión atribuciones legales para investigar).
 
5-La garantía del debido proceso, contenida también en el Art 18 de la CN abiertamente conculcada, que determina la obligación del Tribunal de cumplir las  formas apegadas a la ley para el caso, desde la prueba (la negación del Tribunal a dejar examinar los testigos por parte de las defensas para comprobar si cumplían como tales las generales de la ley - Ver Boletín B-121 ), la falta de resguardos legales para la incorporación de prueba documental; impedimentos al planteo de recursos y otras defensas legales así como plazos no otorgados para la defensas, negación del Tribunal a que las defensas examinaran el expediente, etc. Todos elementos que contrariaron abiertamente la norma procesal.      
 
6- El principio de igualdad ante la ley, que al vulnerarse permitió eludir este mismo proceso a otros funcionarios políticos, desde la propia Junta Militar hasta los anteriores gobiernos de jure que fueron directamente responsables de los delitos imputados exclusivamente sólo a los Comandantes Militares, arrasando con  ello el Art. 16 C.N.
 
Editorial del diario La Nación.
 
Con el título: “Fallo definitivo sobre los ex comandantes” analizaba el fallo de la Corte y las diferencias de opinión con respecto del mismo.
 
Casi al final, expresaba: “En cierto modo una sociedad entera se siente enjuiciada en algún grado. Y seguimos creyendo de estricta justicia histórica, en la cual las argumentaciones procesales o de aspectos técnico-jurídicos no caben, repetir también que la sociedad argentina debe el sentimiento de gratitud a los hombres que hicieron posible la derrota de la subversión, pero no quiere decir que vuelva la soberbia armada de los represores que en nombre de una causa justa generaron idénticas angustias, la misma inseguridad y excesos tan condenables como los que combatían”.
 
Creemos que el error del editorialista, sigue siendo el tratar una guerra de carácter no convencional – “GR”- claramente especificada en los manuales militares de todo el orbe, y en la doctrina militar del enemigo - “la guerrilla” - como si fuera una “represión de delitos comunes o actividades esporádicas armadas” y no ejércitos irregulares con casi 30.000 hombres más su logística, además de su doctrina de “guerra integral” ( que debía realizarse en todos los campos, incluyendo el de los medios de comunicación y el político) conducidos por mandos políticos militares.
 
Consideraciones finales.
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es ante todo una Tribunal que consagra las garantías establecidas en la Constitución Nacional, con más las leyes especificas. Estas garantías responden a defender los derechos naturales de la persona.  No son meras generalidades sino derechos concretos y están consagrados en diferentes artículos de nuestra Carta Magna.
 
Consecuentemente, la Corte Suprema está obligada a defender estos derechos del individuo frente al Estado. Ésta es la base de los sistemas modernos de gobierno, que rige en todo los países del mundo desde el 28 de mayo del año 1215 (Creación de la Carta Magna Inglesa, origen de la defensa del los derechos del hombre frente al poder gubernamental).
 
En este caso concreto la Corte no cumplió con este deber e hizo retroceder los derechos personales 8 siglos. Nuestra Constitución fue sancionada en el año 1853 y ningún Tribunal Constitucional,
ni siquiera las Cortes Supremas  de los gobiernos de facto se atrevieron a vulnerar las garantías constitucionales .[Caso Pérez Smith; Caso Timerman; Caso Zamorano – (1) ]
 
Este fallo inédito por lo arbitrario e inconstitucional, más allá de sus nefastas consecuencias para las FFAA y la Defensa Nacional, fue origen del desorden del Servicio de Justicia y de la impunidad del poder gubernamental frente al ciudadano que hoy padece la República,
 
“Cuando la ideología y la política entran por las puertas de los Tribunales; la Justicia sale por la ventana.”
 
 
(1)   Fallos 300: 1282(1978); Fallos 298:471 (1977)  
 
FIN DEL BOLETÍN 127.-
 



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[Adjunto no mostrado: B127- Ley 23.492 y Fallo SCJN.ADJ.doc (application/msword) ]