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Asunto:[nuestra_historia_70] B134- CRONICAS del 22 Abr al 05 May 87
Fecha:Jueves, 8 de Mayo, 2008  17:56:17 (-0300)
Autor:EL MODERADOR <historia_000 @.........ar>

 
 

“NUESTRA HISTORIA 70”

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 
                 
Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.
 
 
B134- CRONICAS del 22 Abr al 05 May 87 
08 de Mayo de 2008
 
 
 
 
 
 
 
CON VIDEO
 
Temas desarrollados
  • Declaraciones del asesor presidencial (Jaime Malamud Goti) y del gobernador Menem.
  • Lobby  de las organizaciones de derechos humanos para los terroristas.
  • Videla se responsabilizó por el golpe de Estado de 1976.
  • El mayor Barreiro se presentó y luego de declarar, fue detenido.
  • Las madres de terroristas se oponen a la obediencia Debida.
  • Una parcialidad del justicialismo se pronunció en contra de una eventual amnistía.
  • Menem contra el Punto Final y a favor de los tribunales militares.
  • Distintas opciones que se estudiaban para dar una solución política.
 
 
Declaraciones del asesor presidencial y del gobernador Menem. (Clarín 26 de abril de 1987)
 
El doctor Jaime Malamud Goti , asesor en cuestiones de juicios a los militares y derechos humanos del  presidente Alfonsín, el día 25 de abril , en declaraciones al programa radial “Aire compartido” que se emitía por radio Splendid, planteó la posibilidad de que “haya que dar una vuelta de tuerca más a la legislación inicial sobre el tema militar”, en tácita referencia a la eventual nueva reforma del Código de Justicia Militar y afirmó que “es necesario definir más claramente quiénes son aquellos que prima facie no están sometidos a una regla tajante de la obediencia debida”, así como definir nuevamente “qué se entiende por hechos atroces y aberrantes”.
 
Respecto de la reglamentación de la “obediencia debida” señaló como posible que la Corte delineara en un caso concreto como el de la denominada causa Camps II, “cuál es la esfera de autonomía o no, de un militar en cumplimiento de una orden”..
 
Ese mismo día el gobernador de La Rioja , Carlos Menem, recordaba que en el Código Penal hay una disposición muy clara : el artículo 34, inciso 5) que establece la inimputabilidad para aquellos que hayan obrado en razón de la obediencia debida, y agregó que esto de pretender legislar sobre el tema cuando ya existe una ley específica le parecía  una sobreabundancia y “no resultaba prolijo desde el punto de vista jurídico”.
 
Mientras tanto el diputado Jaroslavsky, presidente de la bancada radical, volvía a repetir que el Presidente de la Nación no iba firmar ninguna ley de amnistía , ni el partido del gobierno iba a propiciarla.
 
Como observamos con las declaraciones de Malamud Goti, pareciera que los impulsores de juzgar a los militares porque ganaron la guerra contrarevolucionaria, aún a costa de vulnerar la Constitución y las leyes, pretenden llevar al banquillo de los acusados al mayor número posible de miembros de las FFAA, de Seguridad y policiales, destruyendo definitivamente la columna vertebral de toda organización militar: la obediencia al superior que imparte una orden del servicio
 
Lobby  de las organizaciones de derechos humanos para los terroristas.
 
El día 29 de abril, el titular de la máxima instancia judicial recibió en su despacho de Tribunales a una delegación de organizaciones de derechos humanos , que le expresaron su preocupación por supuestas presiones del poder político al poder judicial para que se suspendieran los juicios a los militares, lo que fue desmentido por el Dr Severo Caballero, presidente de la Corte Suprema, expresando incluso que no era competencia de ese alto tribunal.
 
Habían concurrido: Estela Carlotto (abuelas de Plaza de Mayo), Emilio Mignone y Boria Pasik (Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS), Tilsa Albani y Mabel Gutierrez (familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas), Eduardo Barcesat y Carlos Zamorano (Liga Argentina por los derechos del hombre, del PC), Nora Cortiñas y Adela Antokoletz ( madres de Plaza de Mayo, línea fundadora), Frugoni Rey ( Movimiento Ecuménico), Laila Schnider (movimiento judío) y Manuel Luna y Dora Cevallos ( Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ).
 
Videla se responsabilizó por el golpe de Estado de 1976.
 
El ex teniente general  Jorge Rafael Videla, en un escrito presentado el miércoles 29 de abril  a la jueza Amelia Berraz de Vidal quien entendía en la causa por rebelión militar en 1976, protestó contra la SCJN por su arbitrario pronunciamiento que, dijo… “llegó al extremo de sostener, en el último considerando de su sentencia, que todo oficial que obedezca a un oficial superior incurso en rebelión debe ser sometido a proceso criminal sin que pueda eximirse de responsabilidad invocando obediencia debida”.
 
También expresó en el escrito… “He manifestado en todo momento que asumo en plenitud y sin reservas de ninguna especie y con exclusión de quienes fueron mis subordinados, la responsabilidad histórica y política de los hechos protagonizados el 24 de marzo de 1976”
 
Finalmente reiteró su negativa a convalidar procesos que vulneran la Constitución Nacional y que constituyen una “caricatura judicial” tras lo cual anunció que no nombraría defensor, no ofrecería pruebas ni alegato en su favor.
 
Este era un nuevo juicio iniciado a Videla, dado que en la Causa 13 (juicio a las Juntas Militares) no se había incluido el delito de “rebelión” que aquí se imputaba.
 
El mayor Barreiro se presentó y luego de declarar, fue detenido.
 
El 29 de abril, el mayor Ernesto Guillermo Barreiro, quien con su actitud de negarse a concurrir a una citación judicial fue la “chispa” que desencadenó la grave crisis en el Ejército que se extendió a Campo de Mayo, se presentó voluntariamente a la Cámara Federal de Córdoba donde, luego de tomarle la declaración indagatoria,  se le dictó prisión preventiva rigurosa por considerarlo coautor de los delitos de tormentos en seis hechos y tormento seguido de muerte en el caso de César Roberto Soria.
 
El tribunal había sido presidido por el doctor José Gamond e integrado por los doctores José María Aliaga, Raúl A. Sánchez Freytes, Miguel Angel Bustos Vocos, Pedro León Feli y Ricardo Aro.
 
La resolución de la Cámara expresaba al final que la prisión preventiva  rigurosa se debía cumplir en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército, quedando el mayor Barreiro a disposición del tribunal.
Las madres de terroristas se oponen a la obediencia Debida.
 
El jueves 30 de abril, en coincidencia con sus 10 años de movilizaciones, la organización de hecho denominada “Madres de Plaza de Mayo”, se concentró en la plaza de referencia con otras organizaciones de izquierda, terroristas liberados y abogados de familiares de terroristas muertos y desaparecidos.
 
En el acto habló la activista Hebe Pastor de Bonafini denunciando que desde el gobierno se preparaba una amnistía que llamaban “obediencia debida” y que ello constituía “un acto de corrupción”, insistiendo siempre en sus expresiones durante su alocución con la denominación de “genocidas” para referirse a los integrantes de las fuerzas legales que actuaron contra el terrorismo, como una forma – seguramente asesorada por los abogados del CELS que conducen la maniobra jurídica contra las Fuerzas Armadas – de tratar de instalar esa falacia en la psiquis colectiva.
 
En el acto también participó Alberto Tridende , un supuesto parlamentario italiano de izquierda, que había sido invitado especialmente para que llevara sus comentarios a Europa y a las organizaciones que apoyan financieramente a las ONG de los derechos humanos de los terroristas de nuestro país.
 
Una parcialidad del justicialismo se pronunció en contra de una eventual amnistía.
 
El 3 de mayo se desarrolló en La Falda ( Córdoba) una  reunión de los principales referentes del sector renovador del justicialismo entre los que se encontraban: Vicente Saadi, Antonio Cafiero, Carlos Grosso, Manuel De la Sota, Adolfo Rodríguez Saá y los candidatos a cargos electivos para las elecciones del 6 de septiembre de ese año 1987.
 
Después del encuentro se difundió un documento en donde se expresaba que el “gobierno en lugar de poner en práctica una política de Defensa Nacional, capaz de iniciar efectivamente un proceso de recuperación de las instituciones militares en el marco de la democracia, prefirió el doble discurso en las formulaciones antimilitaristas acompañadas de una permanente y secreta negociación y concesión”.
 
También sostenía el documento que era “necesario abordar el nudo que significaba la formación de las FFAA y destacaba que las universidades argentinas debían recibir a los militares y las academias militares abrirse al pensamiento plural con que se formaban el resto de los argentinos”.
 
Por último, sobre este tema, terminaba expresando que “una amnistía total o parcial con la designación del principio de obediencia debida, no será más que la repetición del pasado trágico, con la sociedad civil cediendo ante presiones de las FFAA”.
 
En lo que respecta a la política económica el documento se refería a la deuda externa, “diciendo que era necesario un nuevo modelo de pago que contemplara la moratoria de la deuda externa para consolidar un pacto social efectivo y duradero”.
 
Menem contra el Punto Final y a favor de los tribunales militares.
 
El 5 de mayo, en una visita a Asunción del Paraguay, el entonces gobernador de La Rioja, doctor Carlos Saúl Menem, sostuvo ante los periodistas que el “Punto Final no era la solución en esa instancia por la que pasaba Argentina… y que la solución pasaba por juzgar a los que cometieron delitos por medio de sus jueces naturales y no por tribunales especiales”  Expresando además que “los argentinos querían la paz a partir de una plena justicia”.
 
Distintas opciones que se estudiaban para dar una solución política.
 
Según el diario Clarín del 6 may 87, el gobierno estaba estudiando tres alternativas en búsqueda de la llamada “solución política” para el problema planteado por los juicios a las jerarquías intermedias que se estaban extendiendo incluso hacia los oficiales subalternos y suboficiales.
 
La primer variante era estudiar las posibilidades que el presidente de la Nación pudiera dictar, en uso de sus facultades, un indulto colectivo para el personal que hubiese participado en la lucha contra la subversión terrorista, aún en el caso que no se hubiera dictado condena.
 
La segunda opción era que el Procurador General de la Nación, subrogando al Presidente de la Nación y en ejercicio de su ministerio público dictara – también con criterio selectivo – quiénes serían procesados por este tipo de hechos.
 
La tercera alternativa era trazar una línea por debajo de la cual se estableciera la imputabilidad o inocencia – en función de un nuevo encuadre legislativo del principio de obediencia debida – que debía tener en cuenta, no tanto la graduación de los implicados sino las funciones operacionales que ejercían.
 
Esta última idea sería la que se impondría – con alguna variante – provocando con ello un “sismo disciplinario” por discriminar las responsabilidades según el cargo o función que desempeñaba el personal militar (al margen de su jerarquía) desconociendo que las fuerzas se habían empeñado en forma institucional, sobre la base de órdenes y reglamentos aprobados por las más altas autoridades nacionales y militares.
 
A partir de allí se dio el hecho que un oficial superior de las FFAA que participaba de la guerra en un puesto de planeamiento o control operacional o logístico, etc, no tenía responsabilidad alguna  mientras que los comandos operacionales tácticos inferiores y grupos operativos (constituidos por oficiales de baja jerarquía y suboficiales), que se jugaban la vida en primera línea con la orden o anuencia de los anteriores, fueran los imputados por crímenes de guerra resultantes de esas órdenes. Nadie hizo operacionalmente lo que no estaba ordenado o permitido (y si cometió un delito para provecho propio fue sancionado por los jueces militares). Todos los integrantes de las FFAA conocían como se desarrollaba la guerra.
 
FIN DEL BOLETÍN Nro 134._
 
REFLEXION
 
 
 
VIDEO Hacer clic    Historia Argentina (1983-1999)
 
ARGENTINA FUE ATACADA
POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL
 
AYER
 
LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL
PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENÓ A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS
 
LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES
CUMPLIERON LO ORDENADO
 
 
HOY
 
LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS
 CON LEGISLACIÓN ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,
INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACIÓN.
 
LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONÓMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRÍMENES CONSIDERADOS
DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
LOS TERRORISTAS ESTÁN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.
 
¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?
(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)
 
 
NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY
 
 



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[Adjunto no mostrado: B134- Crónicas. del 26 Abr al 05 May 1987.ADJ.doc (application/msword) ]