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Asunto:[nuestra_historia_70] B136- Ley de Obediencia Debida
Fecha:Jueves, 29 de Mayo, 2008  17:54:29 (-0300)
Autor:EL MODERADOR <historia_000 @.........ar>

 
 

“NUESTRA HISTORIA 70”

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 
                 
Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.
 
 
B136- Ley de Obediencia Debida   
29 de Mayo de 2008
 
 
Temas desarrollados
  • Mensaje del Dr Alfonsín al enviar el proyecto de Ley al Congreso de la Nación.
  • Temas del mensaje más importantes e indicativos .
  • Ley 23.521 “ De obediencia Debida”
  • Declaraciones del Ministro de Defensa.
  • Consideraciones finales.
  • REFLEXION.
 
 
Mensaje del Dr Alfonsín al enviar el proyecto de Ley al Congreso de la Nación.
 
Lo hizo para explicar los alcances del proyecto de ley, afirmando durante su alocución del 13 de mayo difundida por radio y televisión, que “durante los sucesos de Semana Santa estuvimos al borde de una guerra civil… y que las medidas tomadas por el gobierno no tuvieron la eficacia suficiente para producir la pacificación”, justificando de inmediato el envío del proyecto de ley, del que se hizo personalmente responsable, expresando además su decisión de reformar el Código de Justicia Militar y conformar una comisión de modernización de las FFAA.
 
Rechazamos la primera afirmación del Dr Alfonsín cuando señala que estuvimos al borde de una guerra civil durante los sucesos de Semana Santa. La guerra civil se caracteriza por la existencia de dos bandos perfectamente caracterizados que pugnan por el poder de su país. No fue eso lo que ocurrió en la Argentina en aquella circunstancia. Las jerarquías intermedias del Ejército se amotinaron contra sus superiores porque éstos no habían sabido preservarlos de una persecución judicial derivada de haber cumplido órdenes institucionales en el marco de una guerra contra revolucionaria.
 
No hubo militares imputados de sedición, porque la intención de los amotinados fue siempre respetar las autoridades constitucionales. (Ver boletines B-130 B-131 B-132 ). Coincidimos en cambio con que “las medidas tomadas por el gobierno no tuvieron la eficacia suficiente para producir la pacificación”. Sin embargo queremos destacar que esta coincidencia es parcial, dado que lo real fue que varias de las medidas gubernamentales operaron en un sentido claramente opuesta a las necesidades de una pacificación nacional.
 
Entre las más importantes en el “sentido opuesto” podemos nombrar:
  • No haber reconocido que hubo una guerra interna :”Guerra Revolucionaria”, en el marco de una disputa mundial y haber juzgado los hechos con el Código Penal – como si fueran acciones de delincuencia común – fuera del Derecho Internacional de Guerra que correspondía.
  • No haber seguido las recomendaciones del Protocolo II a los Convenios de Ginebra de 1949 que formaban parte de nuestra legislación, en cuanto al dictado de una amnistía amplia luego de un conflicto armado sin carácter internacional como el vivido por la Argentina.
  • Violar normas constitucionales y del Derecho para poder enjuiciar a las Juntas Militares (Ver Boletines B-117 a B-123).
  • Violar las  promesas pre-electorales de establecer tres niveles de responsabilidad y continuar la persecución judicial contra las jerarquías medias e inferiores de las FFAA.
  • Intentar establecer la mendaz teoría de los “Dos demonios” (Ver Boletín B-105 )
  • Alentar una campaña de propaganda agraviante y persistente, por la que se cargaban todas las culpas de lo ocurrido en la “guerra revolucionaria” a las FFAA y simultáneamente se exculpaba a las dirigencias políticas y se minimizaba las acciones subversivas terroristas.
 
A continuación referimos los temas del mensaje que consideramos más importantes e indicativos:
 
[…] “la responsabilidad penal de las violaciones  a los derechos humanos corresponde antes que nada legalmente  a quienes concibieron el plan, su metodología y pusieron en marcha su ejecución”
 
Parecería que aquí se ha olvidado mencionar que quienes concibieron los diversos planes a adoptar fueron los niveles superiores de las FFAA, pero que ello ocurrió  por orden del Presidente del Senado a cargo de la presidencia de la Nación, Ítalo A. Luder (en ausencia por enfermedad de María Estela Martínez) quien fue el que seleccionó personalmente el plan más drástico y de menor duración para eliminar a las organizaciones terroristas subversivas, posteriormente plasmado en la Directiva Militar 1/75 , que fuera ratificada más tarde por la propia presidente Martínez. Esa directiva  convalidaba el “estado de guerra” y ordenaba la detección y el aniquilamiento de esas organizaciones .
 
Va de suyo que en toda guerra se vulneran los derechos humanos y que la decisión y responsabilidad de declararla es un hecho político imputable al cargo de Presidente de la Nación.
 
[…] “El militar hace, en realidad, una profesión del empleo de las armas, pero la fuerza que de allí surge, debe estar organizada. Porque es el depositario de esas armas debe reprimir sus impulsos y tener una conciencia permanente acerca de quien le dio las armas y para qué se las dio: se las dio el pueblo para atender prioritariamente las eventuales posibilidades de conflicto armado, se las dio el pueblo , en definitiva, en la defensa de la Nación y siempre debe ser respetuoso del orden constitucional.”
 
Precisamente, los militares actuaron en forma institucional en base a decretos presidenciales y a sus normas reglamentarias.  Dichas operaciones constituían el marco de defensa de la sociedad y eran apoyadas por la abrumadora mayoría del pueblo Argentino.[1]
 
“Las armas exigen mucho al soldado: someterse a una severa disciplina, renunciar a veces al confort e incluso a la vida, estar dispuesto a entregar su vida.”
 
[…] “Hace dos años, en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas sostuve que los golpes de Estado han sido siempre civico-militares: que había una responsabilidad indudablemente militar en cuanto a la operación, pero que no debíamos olvidar la responsabilidad, la pesada responsabilidad civil muchas veces en su programación y siempre en su alimentación de carácter ideológico”
 
“Esas apelaciones a la acción directa han plagado la historia del último medio siglo y desembocaron- ya lo he dicho –en una cultura de la ajuricidad que dominó a todo el conjunto social”
 
“A confesión de parte relevo de prueba” reza el proverbio popular. Y en este caso es particularmente importante, pues el Dr Alfonsín forma parte del partido Radical, entidad que propulsó y tomó parte en la casi totalidad de los golpes de estado cívico-militares que se produjeron desde 1890 hacia delante(Ver Boletines B-086 , B-087 y B-088 ) .
 
A ello debe sumarse la idea (o intento) del Dr Alfonsín de convertirse en “Primer Ministro” de un gobierno de transición que sucedería al “Proceso de Reorganización Militar”, proyecto que en definitiva no llegó a concretarse.
 
[…] “Ese grave cuadro de distorsión se ahondó con la aparición del terrorismo, forma cruel, sanguinaria, y, en definitiva, elitista , de la acción directa. En ninguna sociedad se producen las atrocidades que todos sufrimos sólo por obra de un grupo de enloquecidos”.
 
Aquí, el Dr Alfonsín no debió omitir la causalidad de la “Guerra Fría” en el desarrollo de la Guerra Revolucionaria, que asoló a Sudamérica por imperio de la exportación terrorista realizada desde Cuba. En la misma sentencia de la “Causa 13” (juicio a las Juntas Militares) la Cámara Federal dejó sentado que no existían en la Argentina causas internas que justificaran la agresión subversiva y que, sin ésta, el llamado “terrorismo de Estado” seguramente no hubiera existido.
 
[…] “Quiero ser absolutamente claro y decir toda la verdad: me he negado a que este proyecto ( de ley de obediencia debida) fuera un proyecto de origen legislativo. He rechazado, además, la idea que no debía pronunciar estas palabras porque he querido ser el primer responsable”
 
[…] “Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad. Y eso no me gusta. Pero también es cierto que la responsabilidad penal de las violaciones de los derechos humanos corresponden, antes que nada, legalmente a quienes concibieron el plan, su metodología aberrante y pusieron en marcha su ejecución. Y que a ello, además, le sumaron un estado de coerción moral psíquica y material que determinó que quienes fueron los autores materiales entendieran que obraron bajo órdenes y, en ocasiones, aún para beneficio para la Nación.”
 
[…] “Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida, al al presumir que los mandos de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma tratados”.
 
“Se excluye, claro está , de esta presunción, la comisión de los delitos de sustitución de estado civil, sustracción u ocultación de menores, violación y usurpación de la propiedad”
 
[…] “Vamos a proceder,  además, a la reforma del Código de justicia Militar…Existen en el, actualmente, normas cuya interpretación puede lesionar severamente una elemental idea de justicia, como, el caso del artículo 514 que prácticamente nos lleva a la concepción de la obediencia ciega y atenta así contra el discernimiento con que toda persona debe actuar aún dentro de un orden jurídico rígido como es el de la disciplina castrense”
 
Ley 23.521 “ De obediencia Debida” (Sancionada el 4 de junio y promulgada: el 8 de junio  de 1987).
Artículo. 1º -Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida
La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente, antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes.
En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de ordenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad.
Artículo. 2°-La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles.
Artículo 3º-La presente ley se aplicará de oficio. Dentro de los cinco (5) días de su entrada en vigencia, en todas las causas pendientes, cualquiera sea su estado procesal, el tribunal ante el que se encontraren radicadas sin más trámite dictará, respecto del personal comprendido en el artículo 1º, primer párrafo, la providencia a que se refiere el artículo. 252 bis del Código de Justicia Militar o dejará sin efecto la citación a prestar declaración indagatoria, según correspondiere.
El silencio del tribunal durante el plazo indicado, o en el previsto en el segundo párrafo del artículo 1º, producirá los efectos contemplados en el párrafo precedente, con el alcance de cosa juzgada.
Si en la causa no se hubiere acreditado el grado o función que poseía a la fecha de los hechos la persona llamada a prestar declaración indagatoria, el plazo transcurrirá desde la presentación de certificado o informe expedido por autoridad competente que lo acredite.
Artículo. 4°-Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley Nº 23.492, en las causas respecto de las cuales no hubiera transcurrido el plazo previsto en el artículo 1º de la misma, no podrá disponerse la citación a prestar declaración indagatoria de las personas mencionadas en el artículo 1º, primer párrafo de la presente ley.
Artículo. 5º- Respecto de las decisiones sobre la aplicación de esta ley. procederá recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que podrá interponerse dentro de los cinco (5) dias de su notificación. Si la decisión fuere tácita el plazo transcurrirá desde que ésta se tuviere por pronunciada conforme con lo dispuesto en esta ley.
Artículo. 6°-No será aplicable el artículo 11 de la ley Nº 23.049 al personal comprendido en el artículo 1º de la presente ley.
Artículo. 7º-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de junio de mil novecientos ochenta y siete. J. C. PUGLIESE.-E. OTERO.-Carlos A. Bravo.-Antonio J. Macris.
-Registrada bajo el Nº 23.521- Decreto Nro 882.
Declaraciones del Ministro de Defensa.
 
El mismo día, 13 de mayo, el Dr José Horacio Jaunarena, afirmó que el proyecto de obediencia debida significaba una contribución decisiva para la pacificación  de los argentinos, lo que constituía un requisito indispensable para superar los problemas que se estaban enfrentando.
 
Calificó  además, al proyecto, como un instrumento apto para restañar las heridas abiertas como secuelas de la guerra antisubversiva ( contrarrevolucionaria) y señaló que “fundamentalmente el resto es el trabajo que tiene la sociedad que debe apostar firmemente a la unión de los argentinos, con los pies puestos en el pasado pero con la vista en el futuro”
 
Finalmente afirmó que “no puede existir un régimen democrático estable al subsistir un conflicto básico entre la sociedad civil y la sociedad militar que ponga en peligro las reglas de juego político – institucionales”  (Clarín 14 de mayo de 1987, Pág 8).
 
Consideraciones finales.
 
La sanción de la ley de “Obediencia Debida” constituyó la demostración palmaria del fracaso del gobierno radical para encausar las secuelas de la guerra contrarrevolucionaria.
 
En efecto, aquellas palabras pronunciadas una y otra vez por Alfonsín, referidas a los tres niveles de responsabilidad militar en el planeamiento y ejecución de la guerra, no se cumplieron. Las citaciones ante tribunales civiles de personal que durante la contienda tenía los grados más bajos de la jerarquía de oficial o suboficial, causaron un malestar profundo en las FFAA y culminaron con el motín de Semana Santa. (Ver boletines B-130 , B-131 y B-132 ).
 
La anterior promulgación de la ley de “Punto Final” no constituyó una solución al problema existente. Por el contrario, este problema se tornó gravísimo cuando los jueces, apremiados por grupos afines a los terroristas, entre ellos las ONG de derechos humanos unilaterales, multiplicaron la apertura de nuevas causas y citaciones ante el establecimiento de un plazo,superado el cual, caían las posibilidades de enjuiciar.
 
Nos preguntamos por qué Alfonsín escogió el camino más imperfecto para dar solución a la crisis derivada del conflicto armado interno vivido en la Argentina, cuando existía una rica experiencia internacional en la materia que recomendaba el dictado de una amnistía amplia para todas las partes intervinientes , una vez finalizados esos conflictos.
 
Pensamos en las siguientes alternativas causales:
 
1.      De orden ideológico: existía en el seno del Partido Radical un núcleo de marcada afinidad con los lineamientos de la organización terrorista subversiva PRT-ERP. Varias de esas personas fueron asesores directos del presidente o funcionarios muy próximos al mismo que profesaban un odio manifiesto hacia las FFAA. La persecución contra los militares no sólo era funcional a sus planes de revancha, sino que servía para minar el poder político que históricamente habían tenido los mandos militares logrando con su destrucción moral y material que , en el futuro, el llamado “poder militar” fuera inexistente aún a riesgo de quedar inermes ante un enemigo exterior.
 
2.      Por especulación política: A pocos días de su asunción a la presidencia, Alfonsín remitió al Congreso un proyecto tendiente a declarar la nulidad de la Ley 22924 de “Pacificación Nacional” que fuera promulgada por la última Junta Militar en 1983. (Ver Boletín B-081 ) y que respondía a las recomendaciones internacionales en el sentido de tender a una situación de pacificación luego de un conflicto armado interno como el vivido en nuestro país. (Protocolo adicional II de 1977, a los Convenios de Ginebra de 1949).
 
Esa decisión fue parte de la estrategia elaborada para condenar a las FFAA por su accionar en la guerra contrarrevolucionaria a pesar de su victoria sobre el terrorismo - que evitó su acceso al poder - mediante promesas electorales basadas en una supuesta defensa de los DDHH  que era en realidad parte de un plan político para lograr el apoyo de la izquierda nacional e internacional así como de los desprevenidos ciudadanos independientes, sobre la base de una intensa acción psicológica preelectoral que no permitió que sospecharan la verdadera intención de su estrategia política que,  25 años después, aún mantiene al país con una llaga social abierta y lacerante.
 
Refiriéndonos en forma específica al tema de la “Obediencia Debida”, debemos señalar nuestro acuerdo con la ley 23.521. Resulta suficiente leer ( o releer) su artículo 1ro para comprobar que, luego de desacertadas idas y venidas se volvió al antiguo pero permanente principio militar basado en esa institución legal y reglamentaria (Art 14 del Código de Justicia Militar) sin la cual es impensable el funcionamiento de las fuerzas armadas
 
FIN DEL BOLETÍN Nro 136.-
 
REFLEXION
 
ARGENTINA FUE ATACADA
POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL
 
AYER
 
LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL
PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENÓ A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS
 
LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES
CUMPLIERON LO ORDENADO
 
 
HOY
 
LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS
 CON LEGISLACIÓN ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,
INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACIÓN.
 
LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONÓMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRÍMENES CONSIDERADOS
DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
LOS TERRORISTAS ESTÁN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.
 
¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?
(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)
 
 
NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY
 
 


[1] Ver los diarios de la época y los libros del periodista “Tata” Yofre: “Nadie fue” y “Fuimos todos”.



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