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Asunto:[nuestra_historia_70] B141- Levantamiento militar M Caseros Ctes
Fecha:Martes, 8 de Julio, 2008  04:13:47 (-0700)
Autor:EL MODERADOR <historia_000 @.........ar>

 

 

“NUESTRA HISTORIA 70”

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

 

B141- Levantamiento militar en M Caseros Ctes 

08 de Julio de 2008

 

 

Temas desarrollados

  • Nuevo motín del teniente coronel Rico.
  • Rico se acuarteló en una unidad de Corrientes

  • Críticas del vicegobernador bonaerense Luis Macaya.

  • Se amotinan otras dos unidades.

  • Monte Caseros, día de definiciones.

  • Saldo del motín.
  • No hubo negociación 

  • El PJ pidió que el Congreso investigara la rebelión militar.

  • ¿Sublevación o Motín? Encuadre legal. 

  • Alfonsín evaluó la situación de las FF.AA. con jefes militares.

  • Los juicios, sin final.
  • Consideraciones finales acerca de este nuevo motín.
  • REFLEXION 

 

 

Nuevo motín del teniente coronel Rico.

 

El 15 de enero de 1988, en horas de la mañana, el teniente coronel Aldo Rico que se hallaba alojado desde hacía tres semanas cumpliendo prisión preventiva atenuada en una casa quinta de Bella Vista en la provincia de Buenos Aires, abandonó la misma con destino desconocido.  De inmediato la justicia militar lo declaró en “rebeldía” y solicitó su captura.

 

A raíz de esta situación el presidente Alfonsín se hizo presente a primera hora del día 16 en la Casa de Gobierno, donde se entrevistó con el Ministro del Interior, Enrique Nosiglia, el Secretario General de la Presidencia, Carlos Becerra,  los diputados Leopoldo Moreau y Jesús Rodríguez, y también con el titular de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese. Por su parte el justicialismo prestó especial atención a los hechos y el titular de ese partido y gobernador bonaerense, Antonio Cafiero, estuvo reunido con sus colaboradores más cercanos.

 

Rico se acuarteló en una unidad de Corrientes

 

El  16 de enero el ex teniente coronel Aldo Rico que estaba prófugo, se acuarteló en el Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros, Corrientes y emitió una proclama en la que volvió a desconocer la autoridad del jefe del Ejército, y anunció la reanudación del “Operativo Dignidad” iniciado en Semana Santa de 1987 (ver Boletines Nro B-130 , B-131 y B-132 ).El Jefe del Estado Mayor General del Ejército ordenó el  alistamiento de efectivos del 2do Cuerpo de Ejército al mando del general Juan Ramón Mabragaña, para marchar hacia el foco rebelde.

 

Cerca de la una de la madrugada del día 17 se tuvo conocimiento extraoficial del radiograma que Rico había dirigido a las unidades del arma donde expresaba: “ante el no cumplimiento del jefe del Estado Mayor General del Ejército de los compromisos asumidos […] a partir del día de la fecha procedo a establecer mi puesto de comando en este lugar para continuar con la Operación Dignidad” cuyos objetivos seguirán siendo:

 

  • Solución política a las secuelas de la guerra contra la subversión
  • Cese de la campaña de desprestigio a las Fuerzas Armadas
  • Recuperación de la dignidad y la unidad del Ejército

 

El jefe del Regimiento 4 de Monte Caseros, teniente coronel Héctor Álvarez de Igarzábal expresó su adhesión a Rico mediante un radiograma que difundió al Ejército.

 

Ese mismo día hubo dos intentos de levantamiento: en el Regimiento 21 de Infantería sito en  Las Lajas, Neuquén, y del Regimiento mecanizado 35 de Rospentek, (cercano a Río Turbio), en Santa Cruz que fueron rápidamente solucionados por las autoridades militares.

 

Críticas del vicegobernador bonaerense Luis Macaya.

 

El peronista Macaya sostuvo que las reiteradas crisis militares eran consecuencia de la falta de una política militar en los últimos cuatro años. Afirmó que uno de los principales errores del gobierno nacional, en materia de defensa fue “desmalvinizar” a las Fuerzas Armadas, señalando que “las preocupaciones de los militares deben estar concentradas en el desarrollo de hipótesis de acción específica y su capacitación interna”.

 

Se amotinan otras dos unidades.

 

El regimiento de Infantería 19 de Tucumán se declaró en rebeldía contra la conducción del general José D. Caridi, poniéndose a las órdenes del teniente coronel Angel León, quien dio una conferencia de prensa donde reafirmó los objetivos de los rebeldes. También se amotinó el Grupo de Artillería Antiaérea sito en la ciudad de San Luis que finalmente fue recuperado con la intervención del 2do Comandante de la Brigada 8 de Infantería de Montaña y tropas de Mendoza.

 

Monte Caseros, día de definiciones.

 

En la madrugada del 18 de enero, los rebeldes colocaron cargas de dinamita en uno de los puentes de acceso para evitar el desplazamiento de los oponentes, pero luego de diversas tratativas se optó por dar por finalizado el levantamiento.

 

El día culminó con la detención del ex teniente coronel Rico. El Ejército dio por finalizadas las operaciones para restablecer la normalidad entre sus cuadros. El jefe sedicioso fue trasladado, junto con el ex jefe del Regimiento 4 de Infantería, al asiento de la III Brigada con asiento en Curuzú Cuatiá.

 

El Regimiento 19 de Infantería en Tucumán, en horas de la tarde también retornó a la normalidad y al acatamiento a los mandos naturales.

 

Saldo del motín.

 

De resulta de los distintos episodios fueron detenidos 60 oficiales y 222 suboficiales del Ejército  que pertenecían a 6 unidades diferentes. Con algunos más detenidos los días posteriores totalizaron 321 entre oficiales y suboficiales.

 

El 19 de enero Aldo Rico fue alojado en el sector de máxima seguridad del penal militar de Magdalena donde también estaban  alojados  los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Ramón Agosti, Antonio Lambruschini y Eduardo Viola.

 

No hubo negociación 

 

El Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, recibió a los tres Jefes de Estado Mayor General de las FFAA para pasar revista a todos los aspectos  vinculados con la crisis. El jefe del Ejército dejó en claro que “no hubo negociación alguna” con los sublevados y avaló su posición con el hecho de que había casi trescientos detenidos por el abortado motín.

 

El PJ pidió que el Congreso investigara la rebelión militar.

 

El justicialismo difundió un documento en el que se negó a calificar como “crisis militar” el reciente motín encabezado por el teniente coronel Aldo Rico por considerar que el conflicto ponía en peligro el sistema institucional, lo que fue refutado por el Comité Nacional de la UCR expresando que el documento del peronismo era atribuible a “mezquinos cálculos electoralistas”.

 

La espectacular denuncia efectuada el 19 por la noche, acerca de los supuestos preparativos para un golpe de estado, que fue la expresión pública más notoria del documento en cuestión, fue interpretada en la cúpula del radicalismo como un intento de diferenciación política que –a juicio de los hombres del gobierno- resultaba “inoportuno y temerario, además de “alejado de la realidad”.

 

La justicia militar aceleró al máximo el ritmo de los juicios seguidos contra los cabecillas de la rebelión y al día 21 comenzaron los interrogatorios judiciales.

Posteriormente algunos jefes y oficiales superiores cuyas unidades se habían plegado al motín sin su conocimiento o sobrepasando su autoridad, fueron pasados a retiro por considerarlos responsables de fallas en la conducción de su personal.

 

¿Sublevación o Motín? Encuadre legal. 

 

El Consejo de Guerra Permanente para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas tenía que analizar los delitos cometidos para decidir si lo encuadraba en “sublevación” (el Código de Justicia  Militar determina que la comete “el militar que se alzare contra sus superiores empleando la fuerza,  siempre que no incurriere en un delito más grave y que esa acción se cometa con fines institucionales”) o por lo contrario si se consideraba encuadrado en la figura de “motín” ( “los militares que, conjuntamente, en número de cuatro o más, cometieran vías de hecho contra el superior, irrespetuosidad o insubordinación y, en general, aquellos que adopten colectivamente una actitud hostil o tumultuosa hacia el comando”)

 

El 29 de enero, el Estado Mayor General del Ejército dio a conocer un comunicado informando sobre la situación procesal de los involucrados. En el mismo informaba que habían sido colocados en prisión preventiva rigurosa, por resolución de los jueces de instrucción militar intervinientes: el teniente coronel Aldo Rico, el teniente coronel Angel Daniel León, el teniente coronel Enrique Carlos Venturino, el teniente coronel Héctor Claudio Alvarez de Igarzábal, y el mayor Jorge D’Amico, todos imputados por “motín”. También otros 55 jefes y oficiales fueron colocados en prisión preventiva, rigurosa o atenuada, de acuerdo al delito militar en que habían sido encuadradas sus conductas.

 

Alfonsín evaluó la situación de las FF.AA. con jefes militares.

 

El 5 de febrero, el presidente Raúl Alfonsín consideró con el Ministro de Defensa y los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas la situación procesal de los partícipes en el motín encabezado por el teniente coronel Aldo Rico y el intento de copamiento del Aeroparque metropolitano y levantamiento de la Base Aérea de Morón, que comandó el comodoro (R) Luis Fernando Estrella. (el detalle de los acontecimientos vividos simultáneamente por la Fuerza Aérea se desarrollará en el siguiente boletín)

 

Ese mismo día al recordar la “Operación Independencia”, Caridi ratificó el apoyo a la democracia y expresó nuevamente que las Fuerzas Armadas iniciaron su acción contra la guerrilla por mandato expreso del gobierno constitucional de María Estela Martinez de Perón. Aseguró también que el Ejército tenía la fuerza moral suficiente como para reclamar la reconciliación de todos los sectores.

 

Los juicios, sin final.

 

A raíz de los acontecimientos que fueron de dominio público y que ocasionaron la renuncia anticipada al período presidencial del Dr Alfonsín y la entrega del mismo con 6 meses de anticipación al Dr Carlos Saúl Menem ( detalles que veremos más adelante),  el proceso judicial no culminó, debido a que con anterioridad a que se emitiera la  sentencia, el presidente Menem dictó una serie de indultos que también alcanzaron a todos los procesados.

 

Consideraciones finales acerca de este nuevo motín.

 

Hemos leído en boletines anteriores ( Nros B-139 y B-140 ) las declaraciones del ex mayor Barreiro – propulsor de la llamada “Operación Dignidad”(ver Boletín Nro B-130 ) respecto que el dictado de la ley de “Obediencia Debida” implicaba, por un lado,  el no reconocimiento que aquí había habido una guerra civil, dejando a la interpretación de jueces civiles – en última instancia - el comportamiento de quienes actuaron sobre la base de reglamentos para tiempo de guerra y por otra parte tampoco no solucionaba el malestar existente entre los uniformados por la persecución administrativa debida a los actos de indisciplina propios del “motín de Semana Santa”, situaciones ambas que creaban  un estado de efervescencia e intranquilidad en varios sectores de oficiales jóvenes dentro del Ejército. 

 

En realidad ese estado anímico era compartido por  todos los cuadros, incluyendo las restantes FFAA, desde que el Presidente Alfonsín optara por judicializar esa guerra y dejara sin efecto una Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de facto. A partir de allí las secuelas del conflicto armado interno se encaminaron por  una vía judicial parcializada – por su inequidad - que apeló a procedimientos anticonstitucionales y reñidos con principios universales del derecho. La consecuencia de esa errónea actitud consistió en el mantenimiento de una perturbación social que llega  hasta nuestros días en beneficio, paradójicamente, de la minoría terrorista que atacó al Estado Nacional.

 

Ese tratamiento inequitativo a los principales actores armados enfrentados en esa guerra revolucionaria fue provocando reacciones en los oficiales más jóvenes que, por su grado y cargo, tuvieron que estar en el “frente de contacto con el enemigo terrorista” y, consecuentemente la ley civil penal los tuvo como los principales acusados.  En tanto, quienes agredieron a la sociedad e instituciones de la Argentina, fueron “desapareciendo” entre las sombras que las organizaciones subversivas terroristas les brindaban por esas características  clandestinas de sus estructuras, que dificultaban seriamente su identificación.  A ello debe sumarse el compromiso o la falta de voluntad y acción gubernamental  para perseguirlos

 

Este segundo motín como otros que vendrán después, tuvo como origen esa equivocada y parcial política de persecución a las fuerzas legales que combatieron a los subversivos terroristas quienes , con el devenir del tiempo y merced a una campaña de acción psicológica que dura hasta nuestros días, se fueron transformando, por una suerte de “metamorfosis kafkiana”, de victimarios en víctimas inocentes. De terroristas sanguinarios en jóvenes idealistas. De cobardes asesinos (casi todos sus asesinatos fueron por sorpresa y a traición) en valientes combatientes, cuasi héroes.

 

FIN DEL BOLETÍN Nro 141.-

 

REFLEXION

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

▬

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENÓ A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

▬

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

▬

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACIÓN ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACIÓN.

▬

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONÓMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRÍMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTÁN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

▬

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

▬

 

 

NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY

 

 




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