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Asunto:[nuestra_historia_70] Fwd: B162- La Reforma de la Constitucion de 1994.2da Parte
Fecha:Martes, 28 de Julio, 2009  17:04:45 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>




"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

 

B162- La Reforma de la Constitución de 1994. 2da Parte       28 de julio de 2009

 

 

Temas desarrollados :

 

  • Inicio de la Convención.
  • Los DDHH en la Convención de 1994
  • Los tratados internacionales en la Convención. Su debate.
  • Consideraciones finales sobre la Reforma  constitucional de 1994
  • REFLEXION.

  

 

 

 

Inicio de la Convención. El “núcleo de las coincidencias básicas” y las reformas autorizadas.

(Art 2 y 3 del apartado I de la Ley 24.309)

La Asamblea inició sus sesiones el 25 de mayo de 1994 y las concluyó el 22 de agosto. Eligió como presidente de la misma al Dr. Eduardo Menem, presidente del Senado y hermano de Carlos Saúl, Presidente de la República .

 

Inicialmente los convencionales se abocaron al análisis y discusión del reglamento. Finalmente se decidió adoptar el de la cámara de Diputados de la Nación con modificaciones. Entre esas modificaciones estaba.    el Art. 129 del Reglamento de la HCDN..pdf donde se cercenaban  las facultades de los constituyentes, estableciendo limitaciones en cuanto a los artículos a reformar y al contenido de esa reforma (se entendía que se debían aprobar artículos a “libro cerrado” y sin debate sobre los contenidos acordados como “núcleo de coincidencias básicas” en la Ley 24309  una de cuyas principales modificaciones establecidas de antemano, imponía la habilitación de la reelección presidencial[1]. En las discusiones  resultantes  triunfaron intereses personales y partidarios por sobre los principios republicanos y los precedentes jurídicos de nuestro país[2] desde la Constitución de 1853, afectándose con ello el prestigio de los convencionales constituyentes como conjunto. Finalmente  la reelección presidencial quedó asegurada como también la extensión de los poderes presidenciales.

 

Fue histórica y patética la renuncia del convencional constituyente por la provincia de Neuquén, el obispo y abogado Jaime Francisco de Nevares, quien expresó que no quería “asistir a los funerales de la República”  y criticó al Pacto de Olivos y  a la ley “inconstitucional” 24.309, por no permitir que cada proyecto fuera discutido y votado en particular, J F de Nevares Renuncia a la Convención . Lo acompañó en su renuncia otra constituyente de la misma provincia,  la señora Edith Galarza .

El “Núcleo de Coincidencias Básicas”, ley 24.309, (Ver B-160) se aprobó en la 21º Reunión del 1ro de agosto de 1994, de acuerdo a los siguientes guarismos sobre el total de 305 convencionales: 177 votos por el sí ; 27 votos por el no; 3 abstenciones (Alvaro Alsogaray, Elisa Carrió y  Francisco  García)  se registraron 96 ausentes  y 2 renunciantes. Asimismo, autorizada la modificación por la ley y reformado el Art 67 de facultades del Congreso (hoy Art 75), se incorporaron con jerarquía constitucional diversas declaraciones y tratados defensores de los derechos humanos que los estados signatarios o adherentes se obligan a respetar y garantizar.

Los DDHH en la Convención de 1994

 
En el año 1250 A.C, según el Antiguo Testamento, Dios le entrega a Moisés en el Monte Sinaí, las "Tablas de la Ley" , iniciando la larga marcha por el reconocimiento de los “derechos humanos” en el seno de las sociedades. Los derechos insertos en las Tablas de la Ley son determinados, su origen religioso (judeo-cristiano) los hace incuestionables y perennes, y están  más allá de la ingerencia del hombre. Constituyen valores objetivos ajenos a la voluntad humana.

 

Mucho más cerca en el tiempo,  la Revolución Francesa hizo su aporte al tema con la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano”, aprobada el 26 de agosto de 1789 en la asamblea revolucionaría francesa, la que a su vez cambió el origen del poder político  de divino a humano, impregnándose a partir de esa instancia con la ideología preponderante en cada tiempo histórico, por eso, desde entonces  son valores subjetivos.

 

Después de la segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948 y ante los horrores perpetrados por el régimen nazi, se sancionó en Asamblea General de las Naciones Unidas –UN-, la Resolución 217 que  aprobó “La Declaración Universal de los Derechos Humanos” consagrando como los objetivos de esa declaración:

1.      Su universalidad. 

2.      Lograr su práctica efectiva.

Esta resolución fue votada por 48 países (Argentina incluída), todos dentro de la órbita de los EEUU y/o el Common Law Británico, 8 países se abstuvieron (7 países de la órbita comunista y  Sudáfrica), hubo 2 ausentes.

 

La mayoría de las convenciones importantes que siguieron fueron adoptadas a partir  del final de la década del 60 debido a que respondían a la necesidad de contar con un instrumento que incidiera en “la mente y el corazón de la gente” en plena “guerra fría”. Desde entonces, los DDHH  se usan políticamente.     

 

A partir de su gobierno, en 1977, el presidente Jimmy Carter enarboló los DDHH como parte de la estrategia de EEUU contra la URSS y sus satélites. J Carter DDHH-ORIGEN  Para ello creó una Secretaría de DDHH dependiente del Departamento de Estado, la cual para incidir en todo el orbe, difundía un informe anual que juzgaba a todos los países en el cumplimiento o no de dichos derechos. Por su parte y complementariamente, en la UN se incentivaba la formación de ONG dedicadas a los DDHH (soft power).  Complementando esta ofensiva política,  el 1 de junio de 1977, EEUU suscribió la “Convención Americana de DDHH”, la que nunca ratificó (como lo hicieron otros estados)

 

Esta nueva estrategia política (de los DDHH), permitió el desarrollo de las llamadas “intervenciones militares humanitarias” u “operaciones de imposición de paz”, las que detrás de una finalidad humanitaria, eran desarrolladas para lograr otros intereses.  Las desafortunadas intervenciones de EEUU en Somalía por la guerra civil tribal, escondía el interés por el control de sus minerales y su ubicación geopolítica en el Golfo de Adén; la invasión para rescatar a los ciudadanos americanos en Grenada tenía la vista puesta  en el control del mar Caribe; la intervención de la OTAN en Yugoslavia por decisión del Consejo de la ONU, por la guerra civil separatista , ocultaba la lucha sorda por el control de Europa central .

 

“Tribunales constituidos ex post facto como el “Tribunal Internacional de personas Responsables de Serias Violaciones del Derecho Internacional Humanitario Cometidos en el Territorio de la ex Yugoslavia desde 1991”, establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al que se lo facultó para aplicar también un derecho ex post facto, contribuyeron y contribuyen a sostener esas políticas con un viso de legalidad. En rigor, tales tribunales y aplicación de derecho ex post facto son violaciones de garantías que hoy no pueden reputarse ajenas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”[3]

 

En ese marco global, la “guerra revolucionaria” desatada en Argentina implicaba para quienes optaron por esta forma de asalto al poder del Estado por la vía armada, un real riesgo de vida, riesgo que se incrementó notablemente al participar las FFAA  por orden del gobierno constitucional de entonces.  Ante esta situación desfavorable, comenzaron a crearse estructuras denominadas “organizaciones no gubernamentales (ONG)” de DDHH, que empezaron a constituirse invocando la defensa de los derechos humanos de los  subversivos terroristas, actuando en su beneficio y defendiendo sólo a  quienes, fuera de la ley, asesinaban impunemente a toda persona que se opusiera a sus objetivos de toma violenta del Poder.

Las primeras ONG en organizarse fueron: en 1973, el “Servicio de Paz y Justicia” (SERPAJ)  con Pérez Esquivel, y en 1975 la “Asamblea Permanente por Derechos Humanos” en donde participaron , entre otros, Pérez Esquivel junto a Raúl R. Alfonsín. Esta actividad afín a las necesidades de las organizaciones terroristas  permitía a sus miembros y simpatizantes una actividad acción coadyuvante a los fines de la subversión y con muchos menos riesgos de vida. Para ello utilizaron la máscara de los DDHH, que era en realidad  un falso humanismo ideologizado, alimentado financieramente por los subsidios internacionales conseguidos merced a sus falaces campañas europeas en las que, de victimarios pasaban a ser víctimas. A partir de aquí, en el exterior pulularon las “ONG argentinas” de DDHH (Ver B-029 Apartado "La solidaridad internacional") que convirtieron su accionar en una enorme campaña internacional  de desprestigio al gobierno militar de Argentina.

 

En los años 80, algunos intelectuales como el Dr. Carlos Nino, que se formaron en los claustros universitarios de EEUU y Gran Bretaña en un humanismo sesgado en una sola dirección, introdujeron en la Argentina  el tema de los DDHH en los ámbitos judiciales y universitarios. El nombrado fue, junto con  el Dr Jaime Malamud Gotti, asesor del Dr Alfonsín para poder armar el mecanismo de juicio a las Juntas Militares (ver B-094 B-095 ) quienes inventaron la idea de la estigmatización de las FFAA y la lucha contra el terrorismo como el “mal absoluto”, desarrollándola con la calificación de “terrorismo de Estado” como acto inhumano y aberrante. Contrariamente, el terrorismo desatado por las organizaciones subversivas terroristas para ellos sólo era producto de “la impaciencia de jóvenes idealistas” y a lo sumo un delito común. Desde entonces los DDHH invocados por esas organizaciones y otras de posterior aparición, son un dogma de fe pseudo-progresista (izquierdistas  tributarios de las ideas del socialismo revolucionario) que viene sirviendo a aquel propósito.

 

El inconstitucional juicio a las Juntas Militares en 1983, que fuera profusamente propagandizado conjuntamente con el desarrollo dogmático y asimétrico de los DDHH (sólo para terroristas subversivos), sumado a las actividades de agitación y movilización permanente de las ONG interesadamente pseudo-humanistas, fue reproducido incansablemente en los medios de comunicación social e influyó en el pensamiento que prevaleció en muchos de los diputados constituyentes de 1994, aunque no llegó a constituir unanimidad.

                                                                            

Los tratados internacionales en la Convención. Su debate.

 

En la convención se debatió la conveniencia de darle rango constitucional a una serie de acuerdos internacionales sobre DDHH bajo la forma de convenciones y pactos que fueran propuestos para ser introducidos en nuestra ley suprema. Los instrumentos internacionales tratados fueron 11 e implicaban el aumento de la Constitución a 420 artículos. Se inscribieron 60 oradores para las discusiones   y se presentaron más de 100 proyectos. Fue evidente que este tema era el “leit motiv” de los constituyentes en esa circunstancia histórica.

                                                      

Principales argumentos contrarios a  la inclusión de los tratados de DDHH en la Constitución

 
Se observó que: al ubicar a los tratados internacionales con una jerarquía superior a las leyes se violenta el Art. 31 de la Constitución Nacional  que establece una precedencia de las normas que es la siguiente:

 1ro   La Constitución

 2do   Las leyes que en consecuencia se dicten (por el Congreso Nacional).

 3ro   Los tratados con potencias extranjeras.

 

Al respecto el convencional Rafael Padilla argumentó que: “…con un simple acuerdo entre estados se podrán cambiar nuestros derechos fundamentales”… (Ejemplos: ver “Convención sobre derechos del niño”, Art. 20 Inc 3 y “Pacto de San José de Costa Rica” Art. 21).

 Se observó que se conculcaban los derechos adquiridos en el Código Civil[4] y los derechos inalienables de las provincias sobre sus litorales marítimos y sobre sus recursos terrestres

El convencional Dentice expuso al respecto: “Pablo VI decía que el país que no brinda horizontes económicos a su población, viola los DDHH”… en el tema de los tratados internacionales está establecido el concepto de transferencia de recursos no renovables, por consiguientes si lo aceptamos, estamos resignando nuestros derechos…”

 
Los tratados internacionales de derechos humanos por encima de la Constitución Nacional.

 

El convencional Juan Pablo Cafiero propuso como aspiración de máxima que los “tratados internacionales de DDHH tuvieran jerarquía superior a la propia Constitución”, lo que no se aprobó ya que tal situación no sólo vulneraría todo el derecho constitucional (la Constitución como ley suprema) sino que conllevaba una gran carga ideológica que afectaba  al servicio de justicia y  que posteriormente, en  la práctica, hizo que culminara  con el gravísimo fallo de la CSJN en la causa “Arancibia Clavel”, donde en los hechos se produjo la aplicación de la superioridad de los Tratados Internacionales por encima de la Constitución, vulnerando con ello la principal función de Corte Suprema que es ser guardián de la Constitución,  fallo con el  voto en disidencia de los doctores. Belluscio , Fayt y Vásquez.

 

En otro orden de cosas, en relación a las minorías sexuales, “los sin tierra” y las “víctimas de la violencia policial”,  la convencional Alicia Oliveira  del Frente Grande fundamentó su voto  diciendo: “…no sería lógico que la nueva Constitución negara a los nuevos actores sociales, los canales políticos y jurídicos que defiendan sus luchas emancipadoras…”. Por si fuera poco, agregaba : que la incorporación de los Tratados derivará en una ventaja aún no ponderada, que es la apertura del campo garantista entre los magistrados y funcionarios…” [5]

Sobre el mismo tema, el convencional Álvaro Alsogaray expresó: “Los derechos humanos se encuentran protegidos en la Constitución Nacional de 1853/60 y no necesitamos insistir demasiado sobre ellos, salvo que exista otra intención oculta que no se aclara, para hacerlo.” [6]

 
El intento de supresión del indulto y la amnistía.

 

Se llegó a cometer un  dislate de tal gravedad como intentar incluir una cláusula que suprimía la aplicación de la institución de la amnistía y del indulto respecto de los tratados internacionales, para los delitos de “lesa humanidad”, cuestión que no obtuvo el consenso necesario para su aprobación[7].

 
La ausencia de los convenios internacionales del trabajo en la convención.

 

El convencional Keselman manifestó: “He presentado a la Comisión de integración y  Tratados Internacionales un proyecto para la incorporación a la Constitución  de los Convenios Internacionales del Trabajo…lamentablemente el mundo del trabajo esta ausente…” (los convenios de trabajo no fueron incluidos en la Constitución reformada) . Es decir que en este caso no se cumplió el principio que se venía siguiendo con la inclusión de tratados internacionales.

El 3 de agosto de 1994 en la 23ra reunión se votó la propuesta de la comisión respectiva del nuevo Art. 75, Inc 22 , referente a  las atribuciones del Congreso para aprobar o rechazar  los tratados concluidos con la demás naciones, donde se aclara que tienen jerarquía superior a las leyes con el siguiente resultado: 207 votos positivos  23 votos negativos.

 

Los tratados internacionales que se incorporaron a la Constitución en esa Convención.

Ver Tratados internacionales incorporados a la CN extrema síntesis de los 10 tratados internacionales que se incorporaron .

 

1.- El “Pacto de Olivos” y  la ley 24309, que se dictó en consecuencia para responder a dicho pacto, fue el inicio de una serie de acuerdos espurios y leyes inconstitucionales, que en los hechos terminaron con los principios republicanos y el federalismo que contenía la Constitución de 1853/60, fortaleciendo el presidencialismo en contra de lo  se proclamó cuando se dictó la necesidad de su reforma.

2.- La reforma de la Constitución en 1994:

  • Violó  el Art. 30 de la CN porque la Ley 24.309 fue claramente inconstitucional  al ordenar a los convencionales constituyentes la imposibilidad de discutir en el seno de la convención artículo por artículo la propuesta de reforma constitucional. Con ello se vulneró el derecho de los constituyentes y los mandatos que cada partido político dio a sus diputados constituyentes para defender sus propuestas.
  • Niega el derecho a la vida “desde la concepción” como manda el Art. 63 del Código Civil, ya que el Pacto de San José de Costa Rica es ambiguo al respecto y no define el inicio a la vida y no hizo la reserva correspondiente.
  • Viola el derecho de propiedad contradiciendo el Art. 17 de la CN por medio del Art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica, adoptando el criterio de la Constitución Cubana en su Art. 2.
  • Viola el Art. 31 de la CN al darle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes.
  • Viola la forma de gobierno federal al eliminar la Junta de Electores Provinciales conocida como el “Colegio Electoral”, (Art. 81 CN 1853/1860) para elegir al presidente y vicepresidente de la Nación - cambiándolo por elección directa y distrito único - del primer mandatario y su vice (Art. 94 CN 1994).
  •  Viola el principio republicano de la periodicidad en el ejercicio de las funciones públicas (Art. 77 CN 1853/1860),  al admitir la reelección del presidente (Art. 90 CN 1994).
  • Contrariamente a lo declarado, en la práctica, se fortaleció el “presidencialismo” por medio: de la “delegación legislativa”,  la atribución del PE de “vetar parcialmente las leyes” y la potestad de dictar “decretos de necesidad y urgencia” (Art. 76, 83, 99 inc3 CN 1994)
  • La máxima de Alberdi de que “no hay gobierno sin rentas” es de total aplicación a la magra situación financiera en que quedaron las provincias después de la reforma (Art. 75inc2/3 de la CN 1994) ya que - por medio de la constitucionalización de una “ley de coparticipación”- perdieron la recaudación y control de la “contribuciones indirectas[8].Estas, en la práctica quedaron atadas a la buena voluntad del poder central para distribuir en tiempo y forma los recursos coparticipables.

3.- Con la reforma de la Constitución de 1994 se produjo lo que hoy se denomina vaciar la Constitución desde del poder: “La nueva receta dictatorial”[9]. El gran maestro italiano Giovanni Sartori se ha pronunciado, diciendo: Hoy la estrategia de conquista dictatorial de las democracias es gradual y mucho más refinada. Desarrolla Constituciones inconstitucionales que elimina, sin llamar la atención las estructuras garantistas[10]

 4.- La Convención reformadora cayó en la falacia de sancionar normas inconstitucionales, pero “políticamente correctas”, que estaban en línea con fallos  meramente dogmáticos, e impregnados de una fuerte carga ideológica, contra los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, por su participación en la “guerra contra revolucionaria” en la Argentina. Todo ello contrario al objeto de “constituir la unión nacional” y “consolidar la paz  interior”, como  manda nuestro preámbulo.

 5.- Los Derechos Humanos son una conquista elaborada a lo largo de muchos siglos. Sin embargo es lamentable su incumplimiento a pesar de las ampulosas declaraciones con que se los exaltan.

El mal no radica solamente en ello, sino en su uso político e ideológico como "arma de guerra" para atacar al enemigo; mientras que ellos mismos que deberían  aplicarlos los violan frente a sus enemigos. De esta manera   se tergiversa inicialmente su noble finalidad, se los desvirtúa produciendo un total desamparo de la parte afectada y con ello ponen en duda la confiabilidad en los mismos.

 

6.- Es importante resaltar la carga ideológica de la aplicación de esta reforma ya que a una posterior e importantísima ley, la Nro 25.390 (BO 23-1-2001 del gobierno de De la Rúa) el “Estatuto de Roma”(creación de la Corte Penal Internacional, y tipificación de delitos que surten competencia a la CPI) no se le ha dado jerarquía constitucional, porque precisamente dicho tratado establece la irretroactividad de sus disposiciones, lo cual entraría en colisión directa con la aplicación retroactiva de derecho penal más gravoso que prohibe el art. 18 de la CN (y que sin embargo, ha efectuado la Corte Suprema en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”). En efecto, dicho Estatuto prescribe en tres normas distintas el principio de irretroactividad:

 

Artículo 11”: Competencia temporal:

1.-La Corte tendrá  competencia  únicamente respecto de crímenes cometidos  después  de la entrada en vigor del presente estatuto.

 

“Artículo 22”: Nullum crimen sine lege: (No hay delito sin ley previa)

1.-Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de competencia de la corte.

 

“Artículo 24”: Irretroactividad ratione personae: (por razón de las personas)

1.- Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

 2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.”

 

Para soslayar este valladar insuperable, la Corte Suprema se ha basado en una predicada vigencia anterior a los hechos de los 70, imputados primordialmente a los militares, de un derecho penal consuetudinario que acriminaría los hechos que se les imputan, lo cual colisiona directamente con la recordada prescripción del Art. 18 de la CN (principio de legalidad ó reserva de ley: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...”)

 

7.- Tanto Montoneros, a través de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) que reclutaba menores de edad para efectuar actos de terrorismo, como también el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) que lo hacía por medio de la JG (Juventud Guevarista) estarían comprendido como violadores de esta convención si se utiliza el mismo criterio de aplicación retroactiva de Derecho Penal como el aplicado a los militares. Lo cierto es que murieron muchos niños por este interesado e inhumano reclutamiento  “para hacer la revolución con las armas”.

 

8.- Debemos recordar que “en Argentina el Derecho Penal sólo es válido constitucionalmente si es sancionado por Ley formal del Congreso de la Nación y ello marca una frontera insuperable o la ley es anterior del hecho del proceso y se aplica o es posterior y no se aplica, Art. 18 de la CN Ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso  y esto es una verdad jurídica irrefutable”[11]

 

8.- Respecto a los Pactos y Convenios Internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) vemos que a pesar de que fueron presentados varios proyectos de Convenios Internacionales que favorecían a los trabajadores para ser incluidos en la Constitución reformada, sin embargo ninguno de ellos fue incorporado. Lo curioso es que el partido Justicialista con mayoría en la Convención y cuya columna vertebral es el “movimiento obrero”, se hizo el desentendido de estas propuestas.

 

REFLEXION

 

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

-

 

 

NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY

 

 



[1] El convencional Battagión – por el Partido demócrata de Mendoza – expresó : “Fue una decisión de ambos partidos pactistas, hacerlo entre sí, hacerlo en secreto, al menos al principio. Fue una decisión del justicialismo y del radicalismo no participar al resto de los partidos: ¿Por qué entonces quieren imponernos el Reglamento del Pacto de Olivos?

[2] La violación a los precedentes jurídicos  de  1853, producida en la reforma de 1949 que habilitó a Juan D. Perón para su 2da presidencia, fue anulada en 1957  (ver Boletín Nro 161) y por lo tanto se considera inexistente como antecedente jurídico.

[3] Dr Alfredo Solari, Abogado Constitucionalista , Prof  de “Garantías Constitucionales de Derecho Penal” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UBA.

[4] El Código Civil es una Ley Nacional que le otorga a las provincias derechos territoriales y los recursos naturale. En el supuesto de establecerse un pacto internacional ( que adquiera nivel constitucional) referido a esos derechos provinciales, estarían por encima de la legislación nacional y consecuentemente resultarían conculcados. Ésto es una evidente violación del federalismo como sistema establecido en nuestra constitución.

[6] Ibidem nota 5

[7] Ibidem nota 5

[8] Son los llamado impuestos al consumo.

[9] Diario La Nación  del 5 de julio de 2009.

[10] Giovanni Sartori : Il Sultanato, Ed II Corre Della Sera , Florencia 2009

[11]  Dr Alfredo Solari, Abogado Constitucionalista , profesor  de “Garantías Constitucionales de Derecho Penal” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UBA.

 



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