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Asunto:[nuestra_historia_70] B173- DERECHO y JUSTICIA
Fecha:Miercoles, 1 de Septiembre, 2010  07:33:08 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>

"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 


B173-  DERECHO Y JUSTICIA .                                 31 de Agosto de 2010

 

 

Temas desarrollados

  • Conceptos básicos.
  • La prelación de la normas en la CN
  • Afectación del ordenamiento jurídico.
  • La aplicación ilegítima del Derecho al subordinar la CN a tratados internacionales.
  • El continuado deterioro del Servicio de Justicia
  • Causas intrínsecas del deterioro actual de la justicia.
  • Consideraciones finales.
  • Lectura recomendada
  • REFLEXION 

HAGA CLICK - NECESITAMOS DECIRLO

 

 

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de la ley y bajo el calor de la justicia” (Charles Luis de Secondant Barón de Montesquieu)[1]

 

1.-Conceptos básicos.

 

Las relaciones entre los hombres inicialmente fueron elementales y se tornaron cada vez más complejas a medida que la comunidad se ampliaba. En consecuencia , nació la necesidad de un nuevo orden que armonizara la variedad del conjunto, esto es, las distintas características individuales dentro de la sociedad. En toda comunidad debe existir un gobierno de cuya autoridad emanarán las leyes o reglas sociales que permitirán a las personas coexistir en paz con sus semejantes.

El Derecho podemos definirlo, a los fines de este trabajo, el Derecho es la ciencia social, que se ocupa del estudio de las leyes que hacen a las conductas debidas del hombre en sociedad por una parte, y las relaciones de poder entre el estado y el ciudadano. Abarca la totalidad del quehacer humano: comercio, familia, propiedad, preservación de la vida y los bienes del hombre, la defensa del Estado y de la sociedad en su conjunto. Tradicionalmente existen dos corrientes filosóficas dentro del derecho, el “derecho positivo” y el “derecho natural”.

El derecho positivo (escrito) proclama el cumplimiento de las normas jurídicas, sin tener en cuenta su contenido, para lograr, sobre todo, la seguridad colectiva. Opinan que si pudiera cuestionarse la validez de las leyes alegando normas éticas que pueden diferir de un grupo de personas a otro (aún dentro de la misma comunidad) quedaría comprometida la finalidad misma del ordenamiento jurídico, que busca primordialmente lograr la paz social. Los que sostienen esta posición, llamados positivistas, consideran que las leyes no son en sí mismas  buenas o malas, justas o injustas, sino válidas o inválidas, según sean dictadas por autoridad competente, de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos, o no. Los positivistas niegan sí,  el derecho natural.

Contemporáneamente ha surgido una tercera corriente minoritaria del derecho,  venida de Inglaterra y de Alemania  que sostiene que por encima de la ley positiva hay una norma de mayor valor, que no es la ley de Dios sino “lo que la sociedad demande en su tiempo”, es decir: los humores sociales, que deben estar por encima de la norma positiva. Esta corriente (que algunos consideran  totalmente equivocada) ha llegado a afirmar “que lo que nos es justo no es derecho”. Esto es lo  mismo que afirmar  que, si la medicina no cura la enfermedad  no es medicina. ¡No resiste un análisis racional!

Los partidarios del Derecho Natural, no niegan el derecho positivo. El derecho escrito es palpable (está escrito), pero afirman que por sobre éste está el Derecho Natural, que los romanos definieron como aquel que responde a un principio de especificidad (especie humana) esto es, el concepto inherente a toda persona respecto de lo que es justo o injusto. Es el Derecho que existe antes que el legislador y el jurista, el que ellos tienen que considerar al redactar o aplicar la norma. Si la norma elaborada es contraria a la verdad y a la justicia, debe resistirse a la aplicación de la ley, de lo contrario estaríamos a merced de la arbitrariedad de los legisladores. Los partidarios del derecho natural, pueden ser religiosos, sosteniendo que estas normas provienen de Dios, o laicos, que las hacen proceder de la propia naturaleza humana.

 

El ordenamiento jurídico en nuestro país responde al reconocimiento de la ley de Dios a la cual se debe someter la ley del hombre y así lo define en el preámbulo de la CN al expresar … “invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia”…

 

La justicia  es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás. Decía Domitius Ulpianus (Ulpiano)[2] “La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo” (darle lo que se merece).

El “Servicio de Justicia” es en los hechos, la actividad en que intervienen básicamente dos personas jurídicas: el juzgador y el juzgado. El primero debe tener una actitud consecuente y firme en procura del ejercicio práctico de una virtud moral, es decir la justicia y por ello no está solo en esta noble tarea, sino que tiene a su disposición un método analítico de la  conducta humana que le otorga la Ciencia del Derecho de acuerdo a la ley. El segundo, el juzgado, debe tener la seguridad de que el magistrado  respetará su derecho y no lo  juzgará ni por los “humores sociales”, ni por “lo que se supone que esté demandando circunstancialmente la sociedad”

La justicia es una virtud y se halla en el corazón de los hombres y el derecho es una ciencia y descansa en la razón humana.

 

El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado que se erige como la norma suprema, por las leyes, los reglamentos, y otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares.

 

Aristocles Podros  ( Platón)[3] (427 AC – 347 AC) afirmaba que el derecho contribuía a la “armonía social” y para ello era necesario “cierta estabilidad de la ley en el tiempo”, por lo que el hombre común debe esperar que se cumpla la ley, sin estar expuesto a cambios súbitos de la norma en función de los humores sociales o de los gobernantes.

 

2. La prelación de la normas en la CN (antes de la reforma  constitucional de 1994) Según Art.31 era:

1ro.Constitución Nacional

2do.Leyes nacionales y Tratados con potencias extranjeras

3ro.Constituciones Provinciales

 

La prelación de la normas en la CN actual (después de la reforma  de 1994) según Art. 31º es:


1ro. Constitución Nacional y sus garantías personales insertas en la primera parte de la CN

2do.Tratados y concordatos con potencias extranjeras (tratados de DDHH insertos en la CN)

3ro.Leyes nacionales

4to.Constituciones provinciales 

 

Observemos que la reforma de año 1994 de la CN, si bien asignó prioridad a lo tratados internacionales sobre las leyes nacionales, no modificó el Art. 31º en cuanto a la preeminencia que conservan los 35 primeros artículos de la misma referida a los derechos y garantías individuales que se mantienen incólumes . Además, estableció un nuevo Art. 75 Inc.22  que preceptúa que ciertas declaraciones y tratados (entre ellos la DADDH, la DUDH, el PSJCR y el PIDCyP) “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Más claro, imposible

 

Para ratificar más lo expresado también consignamos que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, el 25 de agosto del 2005 se pronunció sobre este asunto, diciendo:

“La doctrina judicial que asigna primacía a los tratados de derechos humanos y a la costumbre internacional sobre las normas de la CN implica conculcar su Art.31º que establece el orden de prelación jurídica del sistema normativo argentino.  Si aceptáramos que la reforma constitucional ha modificado el Art. 31º, la reforma sería nula de nulidad absoluta, porque así lo disponen los Arts. 6º y 7º de la ley 24.309” (Esta es la ley a la que debían atenerse los constituyentes en la reforma de la CN del año 1994, bajo pena de nulidad).  Ver Reforma de la Constitución Nacional 1994

 

 

Consecuentemente: si los juicios se hubieran ajustado a las normas constitucionales aún vigentes no podrían haber existido  las condenas y procedimientos judiciales, como los que hoy agobian a los militares,  fuerzas de seguridad y policiales, ya que son fallos que vulneran los principios de  “legalidad” e  “irretroactividad  de la ley penal” y  “debido proceso”,  entre  otros.


 

3. Afectación del ordenamiento jurídico.

 

Actualmente , por una decisión política arbitraria e ilegítima, se ha afectado el ordenamiento jurídico de nuestra República al privilegiar tratados internacionales relacionados con los derechos humanos por sobre los “Derechos y garantías” que nos otorga nuestra  Constitución Nacional en su Art 31 que, repetimos, dice concretamente que ningún tratado puede afectar o estar en contradicción con los primeros 35 artículos de su texto, que son casualmente los derechos y garantías aludidos.. Más aún: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha “inventado” un derecho penal consuetudinario, al que le ha asignado –además- fuerza modificatoria de la Constitución (derogando así los principios: de ley previa, emanada sólo del congreso de la Nación, arts. 18 y 75:12 CN; de amnistiabilidad é indultabilidad, arts. 75:20 y 99:5° CN; y de supremacía de la constitución, art. 31 CN); y del Código Penal (abrogando las prescripciones largamente cumplidas, arts. 59 y 62 CP)

 

Esta sesgada e ideologizada doctrina judicial, contraria a lo que obliga la CN (que no fue aplicada en 1984 en los juicios a las Juntas Militares) y la utilización de una inexistente “costumbre internacional” se ha implementado con la finalidad de eludir la aplicación de las garantías personales del “debido proceso”, que consagra nuestra Constitución Nacional.

 

 

Esta sesgada e ideologizada doctrina judicial, contraria a lo que obliga la CN, fue aplicada en 1984 en los juicios a las Juntas Militares, basándose en la “costumbre internacional” y algunos tratados de DDHH, con la finalidad de eludir la aplicación de las garantías personales del “debido proceso”, que consagra nuestra Constitución Nacional. Esos tratados, en su mayoría, recién 10 años después fueron incorporados a la CN en la reforma de 1994.

 

Luego en los juicios que siguieron contra los militares subordinados (a los “Comandantes”), miembros de las fuerzas de seguridad y  policiales por las secuelas de la guerra contra el terrorismo, esta tendencia se acentuó, llegándose a sentencias “jurídicamente escandalosas” por violatorias de las normas constitucionales, al sobreponer tratados internacionales de DDHH y la “costumbre internacional de los países sajones” por encima de las “garantías individuales” que consagra nuestra Constitución Nacional.


4. La aplicación ilegítima del Derecho al subordinar la CN a tratados internacionales.

 

Esta ilegítima situación judicial pergeñada con un fin político-ideológico avieso para afectar a las FFAA,  en la actualidad también se está trasladando a la ciudadanía civil  que ahora se alarma porque antes creía que “esa justicia” era sólo para el personal militar (más el de seguridad o policial subordinado) por hechos relacionados con la guerra contra el terrorismo. Hoy ven con preocupación que esta aplicación ideológica y sesgada del derecho se está haciendo extensiva al resto de la sociedad.

 

Por su parte, el constitucionalista Dr. Alfonso Santiago respecto al caso” Simón” donde se  vulneraron las garantías constitucionales, afirma: “Los jueces como las demás personas pueden ser capaces de adoptar cualquier   clase de decisión en la medida en que piensen que pueden transferir la responsabilidad final de las mismas...” expresando al final de su escrito: “…La sentencia de la Corte Suprema  también fue portadora de una decisión política sumamente desacertada y de consecuencias negativas e imprevisibles para nuestra historia constitucional”[4]

 

Esta defensa de las “garantías individuales” insertas en la Constitución Nacional, es compartida por juristas de nota, tales como: los doctores Horacio García Belsunce, Gregorio Badeni, Bidart Campos y Marrienhoff entre otros. También coincidieron con esta opinión, en sus fallos, los Ministros de la Corte Suprema Carlos Fayt y Antonio Boggiano.

 

5. El continuado deterioro del Servicio de Justicia


El deterioro del Servicio de Justicia obedece, a causas extrínsecas y causas intrínsecas, veamos las primeras en una apretada síntesis:

 

Causas extrínsecas

 

El preámbulo de la Constitución manda “Afianzar la Justicia”. Recordemos  que en la campaña presidencial de 1983 el Dr Alfonsín acostumbraba a terminar sus discursos recitando una parte del Preámbulo de la Constitución Nacional, actitud más significativa por su profesión de abogado.  Se apreciaba por ello que, al ser elegido presidente, su gestión comenzaría con nuevos y renovados aires que purificarían la justicia argentina después de un largo gobierno de facto. La manda constitucional de “afianzar la justicia y por lo tanto evitar su deterioro, fue su compromiso no cumplido..

 

Los ciudadanos comunes que no somos profesionales de las leyes no conocemos cómo se afianza a Justicia  en el estado de derecho. Por ello trataremos de explicarlo:

 

El Estado, por medio del Poder Judicial (“Servicio de Justicia”) es el que cumple la función de “afianzar la justicia”, dando respuesta a hechos ilícitos del pasado pero también evitando la prosecución del daño a las personas, es decir discontinuando el delito en el futuro inmediato. En esta inteligencia es imprescindible contar con una Corte Suprema de Justicia independiente  que garantice que estos mandatos constitucionales se cumplan en tiempo y forma

 

En 1983, una de las primeras medidas que adoptó Alfonsín fue la designación de una nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación, por renuncia de la totalidad de sus anteriores miembros. Es de suyo que en los gobiernos democráticos en un estado de derecho, la renovación de los miembros de la Corte se debe hacer en forma parcial y nunca deben quedar en manos de un solo mandatario tan importantes nombramientos. La conciencia que tenía Alfonsin de esta necesaria “división de poderes” en beneficio del servicio de Justicia, lo acreditó inicialmente cuando efectuó el ofrecimiento al Dr. Italo Luder (del partido peronista) para integrar la nueva Corte, quién no acepto. Posteriormente optó por nombrar como jueces de la Corte Suprema a quienes eran afines a la ideología del gobierno radical, tal como hicieran los  gobiernos de facto[5] (ver B103 ).  Ello afectó seriamente la independencia del Supremo Tribunal de la República, y constituyó  “la primera mayoría automática”, a la que le siguió la de Menem y finalmente la de Kichner.

El“derecho penal mínimo  (llamado popularmente garantismo)

 

Durante ese período surgió la doctrina que podemos llamar “sociológica” de los factores criminógenos, 

en nuestro país (importado desde Inglaterra y Alemania),[6] como una corriente del derecho minoritario, el cual fija a las condiciones sociales como determinantes en la comisión de un delito (causa fuente) o sea que, según este erróneo concepto, “lo justo debía ser socialmente útil”. En una palabra se instauró un Servicio de Justicia en el cual se justificaba la tolerancia en la aplicación de un derecho “penal mínimo”  debido a las  tensiones y disfunciones sociales no resueltas, la que duraría hasta la desaparición de las causas materiales que provocaron el delito.

 

Fue en ese contexto cuando se debatió en el Congreso de la Nación la ya polémica ley, del “2 por1” [7]. En la sesión del 21 de junio de 1984, el senador radical Berhongaray reconoció que un 70% de los delincuentes primarios reincidían. En esa misma sesión el senador Leconte dijo que con esta ley, según el informe de los propios diputados radicales, saldrían en libertad 2.300 presos comunes y 70 “presos políticos” (terroristas). La realidad de los hechos fue que el “estado de bienestar” que debía lograr la desaparición de la pobreza (según ellos, la causa material el delito) no se concretó y  quedó instaurado un sistema penal que permite al delincuente entrar por una puerta y salir por la otra.

 

Aparecen  nuevas pautas socio-culturales.

 

Al concluir el gobierno de facto “la represión” y el “autoritarismo” y más adelante el “gatillo fácil fueron desviaciones antidemocráticas que calaron bien hondo, no sólo en la juventud intelectual y en las cátedras universitarias donde el  “abolicionismo penal”  sentó sus reales, sino también en los medios de comunicación masivos que son los formadores de opinión.

 

Muchos de los jueces en ejercicio habían jurado por el “Acta del Proceso durante el gobierno de facto, Acta que para ese gobierno era de superior jerarquía normativa que la Constitución Nacional por lo cual este documento tenía prelación sobre  la “ley fundamental”[8]. Por ello, como forma de lavar aquel pecado  original, adhirieron a la nueva corriente criminal-sociológica (como decía un juez de aquella época: todos querían tener un “represor” preso o un delincuente libre)

 

Estas pautas no sólo imperaban en las universidades sino que fueron las premisas socio-culturales de entonces. En esta misma línea la Secretaría de Cultura de la Nación con personajes trascendentes como Marcos Aguinis y Carlos Gorostiza justificaron estas formas de ver la autoridad y el Servicio de Justicia. En consecuencia las excarcelaciones fueron la norma y el delito aumentó a cifras exponenciales.

 

En el año 2001 (17 años después de su vigencia) la “ley del 2 por 1” fue derogada. El diputado Damasco Larraburu decía en la sesión del Congreso que anuló la ley: “…está claro que la ley fracasó…”. Sin embargo por el principio de aplicación de la “ley más benigna” no pudo alcanzar a miles de delincuentes procesados ya que los abogados interpusieron infinidad de recursos que los jueces aceptaban y con ello continuaban en el estado procesal lo que les permitía acogerse a dicha ley. Por ello los resultados prácticos de la ley no fueron suficientes para sacar a los malvivientes de las calles quienes , en libertad en el 80 % de los casos, reincidieron cometiendo nuevos ilícitos contra las personas.[9]


La inacción de los gobiernos. La inseguridad crece año tras año.

 

Los responsables políticos del deterioro del Servicio de Justicia (gobiernos nacionales y provinciales) alegan en su defensa  que los medios de comunicación social informan desmedida y permanentemente la comisión de delitos (en algunos casos en forma truculenta) y que  por ello, dicen, lo que  hay es más  una sensación de inseguridad que una real “inseguridad”.

 

Un ejemplo para conocer la situación de las políticas adoptadas nos lo da el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) que registró para el período 2006/2007 la  comisión de  los siguientes delitos:

 

  • 1.218.243 delitos de todo tipo, entre ellos hubo:

- 160.556 homicidios dolosos

- 711.987 delitos contra la propiedad

  • Se efectuaron 274.460 procesos judiciales y en ellos fueron condenados 4.890 malhechores, o sea que sólo el 1,78% recibió una sentencia que los alejara de las calles.

 

La prevención

 

Lograr la discontinuidad de los delitos admite tres modos: uno es su represión, otro su prevención y el tercero una combinación de ambos . Se han escrito ríos de tinta acerca de esta segunda posibilidad y lo cierto es que en la década del 50 se promulgó el Decreto Ley Nº 17.189 basado en las normas que en este ámbito regían desde principios del siglo. Esta norma reguló la convivencia de los porteños por más de 40 años. Con la vuelta a la democracia estos edictos se visualizaron como muy polémicos desde el punto de vista del derecho porque, al no participar funcionarios del poder judicial en la acción de detener, interrogar o penar al infractor (con multas y arrestos), se podían ver afectadas garantías básicas del debido proceso. Entre aquellos edictos estaban la prostitución, la vagancia, el merodeo, la interrupción del tránsito, los deterioros a comercios y casas, los olores y ruidos molestos, la ebriedad, la exhibición obscena etc.

 

En el año 1996  finalizó su vigencia. Para llenar ese vacío legal en 1998 fueron sustituidos por el llamado Código de Convivencia (CABA, Ley Nº 10), el cual limitó muchas de las faltas de los viejos edictos. Para el 2002, cuando la inseguridad se transformó en una situación incontrolable, el jefe de Policía Federal comisario general Roberto Giacomino, pidió la vuelta de los edictos con estas palabras: “…Para salir de esta ola de inseguridad es necesaria la prevención y los instrumentos para implementarla se dieron en llamar desde principios de siglo edictos policiales”[10]

 

La realidad de estos tiempos es que se ha desnaturalizado el término “represión” que es un deber del Estado y  lo han transformado en un “defecto moral” equivalente a un delito. 

 

La reacción

 

La espiral de violencia continúa creciendo y acumulando víctimas en todos los estratos sociales. Se están produciendo marchas y manifestaciones populares en los lugares más dispares de la República en repudio de crímenes que demuestran la impunidad de que gozan los delincuentes, ya sea por falta de una legislación acorde con la situación imperante como por decisiones de los jueces que atentan contra el bien general y el sentido común.

 

Hace varios años atrás el Sr Blumberg cuyo hijo había sido asesinado, logró liderar varias concentraciones de hasta 150.000 personas que reclamaban seguridad al gobierno (pidiendo modificación  de la legislación penal al Congreso de la Nación dominado por el Frente para la Victoria) y a la provincia de Bs As (en la persona de su Ministro de Seguridad Dr Arslanián y su gobernador Scioli). Sobre la base de un ataque personal a la persona de Blumberg - por el uso de un título profesional falso - el gobierno logró desactivar las movilizaciones masivas.

 

Actualmente no existe un líder como el nombrado y los actos y peticiones son normalmente locales en reclamo de mayor presencia policial y de un Servicio de Justicia virtuoso e idóneo que permita terminar con los asesinatos, los robos,  la violencia generalizada, los escraches, la interrupción del tránsito, los secuestros extorsivos, las violaciones etc.

 

Esa falta de un líder con recursos para movilizar gente como el nombrado, a pesar del incremento de la agresividad y cantidad de delitos, ha hecho  que el problema se halle concentrado en la gente que lo sufre y en los medios de comunicación social que los reflejan, no encontrándose en las agendas de los políticos ni en sus gestiones, para recién reaparecer como preocupación en sus campañas electorales.

 

27 años después, de la vuelta los gobiernos constitucionales, y en un cambio copernicano el escritor Marcos Aguinis expresó: “…Cuando la ley no es reverenciada el barco pierde su timón”… agregando “…la calle está enterada que existen jueces funcionales al poder de turno y hay jueces de heroica integridad moral (SIC)” [11]


6. Causas intrínsecas del deterioro actual de la justicia.

 

La politización de los institutos destinados a mejorar el Servicio de Justicia. En el año 1994 como parte de la reforma constitucional, se instituyó el “Consejo de la Magistratura” normado en el Art. 114 de la CN. Este novísimo instituto contemplado en la Constitución reformada estaba destinado a erradicar dos males intrínsecos de la Justicia:

  • la falta de idoneidad de los jueces.
  • mal desempeño en sus funciones o  corrupción.

Lamentablemente este instituto público se desvirtuó y perdió precisamente el equilibrio entre los representantes, porque en el mandato del presidente Néstor Kirchner, utilizando la mayoría de ambas cámaras, se modificó por ley la composición que mandaba la norma en su segundo párrafo, con el objeto de que los miembros políticos (del gobierno ) tuvieran mayoría y por ende podieran ubicar a jueces adictos y  enjuiciar a aquellos que no libran las sentencias en la dirección que ellos desean, situación que se ha convertido en un permanente “apriete” a los jueces en las causa que le interesan al gobierno.

 

La corrupción en el Servicio de Justicia. El viejo dicho que “un Juez era un buen hombre, que si sabía de derecho mejor”, está siendo cuestionado por frecuentes malos ejemplos de jueces corruptos, venales o que aceptan influencias del poder de turno

 

Lentitud de fallos judiciales. “Una justicia tardía no es justicia”. Tenemos algunos pleitos que duran años de años, debido a que muchas de las causas expuestas tientan a algunos aprovechadores a utilizar la justicia como forma de eludir sus obligaciones o diluirlas en el tiempo. El viejo adagio que era preferible “un mal arreglo a un buen juicio” se ha tornado todo lo contrario para aquellos que perjudican a un tercero.

 

La interpretación de la ley. El juez no legisla sino que interpreta la ley o sea debe aplicar la norma tal cual es, en cada caso concreto, y no como le gustaría que ésta fuera. Sin embargo en la actualidad se está difundiendo una conducta de jueces que es la de forzar una interpretación teniendo en cuenta solamente circunstancias históricas y sociales, apartándose del principio de taxatividad legal emergente del art. 18 CN, y de la prohibición de interpretación analógica ó extensiva, emergente del art. 2 del Código Procesal 

 

Insuficiencia de metodología judicial. No hay un método ponderado, dada la gran cantidad de litigios y la continuación del viejo sistema de notificación y llevado de los expedientes aún en forma escritural (manual).

 

Reducido personal en función de la cantidad de causas. Un juzgado normalmente tiene entre 12 a 14 personas contando juez y secretario y si bien difieren la cantidad de causas de acuerdo al fuero que se trate, éstas oscilan en 5.000 por año. Esto ocasiona que  se tenga un servicio de justicia que en los hechos tiene poco tiempo para leer las causas y profundizar el derecho que le asiste a los judicandos (el público que va en búsqueda de su derecho). Si analizamos esa cifra promedio y tenemos en cuenta los días no laborables y horas trabajadas en el día, llegamos a la conclusión que en un año se trabajan alrededor de 200 días , por lo que cada juzgado debería resolver aproximadamente ¡ 25 juicios por día! ¿Será posible, si lo cumplieran, que efectúen todas las acciones que requiere cada uno? ¿Se puede esperara una adecuada y oportuna justicia en las condiciones actuales?

 

Falta de idoneidad . Salvo el Juez y el Secretario de los juzgados, que son abogados, el resto carece de dichos estudios de grado. En los hechos, muchas de las resoluciones judiciales son confeccionadas por dichos empleados no idóneos

 

Insuficiencia de medios. Faltan computadoras, papel, carpetas para expedientes, elementos de escritura, etc En última instancia, la falta de autonomía financiera y su reducido presupuesto convocan a la ineficiencia y la burocracia . Considerando el cúmulo de trabajo que sobrepasa a los juzgados, una reciente acordada de la Corte Suprema ha impuesto que la apelación a segunda instancia debe  versar sobre un monto mínimo de $ 20.000. Esto es simple “denegación de justicia”, ya que se ha establecido una justicia para ricos, puesto que para una persona pobre $20.000 es una suma considerable que le permite adquirir una pequeña casilla, o un auto o camioneta con la que se gana la vida 

 

Tendencias jurisprudenciales erróneas. Debido a todo lo expresado, se ha instaurado un sistema en que las causas se analizan no en forma particular, sino en función de otras parecidas, lo que ha conformado un cuerpo de jurisprudencia. Al surgir causas similares, pero con hechos diferentes, éstos no son contemplados por los jueces de primera instancia (llamados jueces de trinchera) que muchas veces recurren a este método para aliviar el cúmulo de causas que agobian a sus juzgados, ignorando en algunos casos desde informes periciales hasta pruebas testimoniales y vulnerando con ello la “sana critica racional” que manda al juez llegar a su propia convicción aplicando un método científico (Art 456 del Código Procesal).

 

7. Consideraciones finales.

 

La  primera función del Estado por vía del Servicio de Justicia, es descontinuar el delito, esto quiere decir velar por la vida y la hacienda de los ciudadanos. Sin embargo, en nuestro país, por el largo deterioro de ese servicio, esta razón de ser del Estado no se cumple plenamente.

 

La lesión efectuada al Derecho Positivo y por ende a la Constitución Nacional, se inició con la presidencia del Dr Alfonsín durante las acciones tomadas para juzgar a las Juntas Militares. En esa oportunidad se judicializó una guerra , vulnerando nuestra Carta Magna y el Derecho Internacional en beneficio de quienes atacaron las instituciones de la República, los que de victimarios fueron convertidos en “víctimas”. Además, esta ajuridicidad, al juzgar una guerra con el Código Penal Ordinario en lugar de hacerlo en base al Derecho Humanitario que se debe aplicar a todos los conflictos armados, lo que además tuvo como complemento la inequidad de  aplicarse solamente a una de las partes involucradas en nuestra guerra interna: las fuerzas legales que defendieron al Estado y a sus instituciones.

 

Es evidente que a partir de diciembre de 1983 la política y la ideología entraron por la puerta de los tribunales de la República y que como consecuencia de ello, la Justicia salió por la ventana.

 

Retrospectivamente se observa con meridiana claridad que para poder cumplir el objetivo de condenar a los militares y elementos subordinados durante la guerra contra el terrorismo se planificaron y realizaron una serie de acciones ilegales que incluyeron modificar ciertas  leyes y vulnerar la Constitución Nacional . Recordemos :

Se nombró una Corte Suprema que se transformó en la primera “mayoría automática” del poder Ejecutivo. Ésta avaló con sus fallos las arbitrariedades y escándalos jurídicos cometidos por la Justicia Federal de entonces que juzgó a las Juntas militares. Ese juicio fue transformado en un show mediático en beneficio de los terroristas devenidos en víctimas y también del gobierno socialista de Dr Alfonsín (ver boletines Nº 98, 99, 117 a 123. Consultar Archivos-NH70)

 

  • En ese show, trasmitido profusamente al país y al extranjero se mostró permanentemente a los mismos terroristas (que entonces se presentaban el calidad de testigos, como las verdaderas víctimas, y a los militares como crueles victimarios. Este mensaje repetido mil veces, junto con frases y palabras del mediático plan de acción sicológica complementario, pudo convencer a amplios sectores de la opinión pública. Así recordamos las mentiras de “30.000 desaparecidos”, “jóvenes idealistas que eran sólo opositores políticos”, “que actuaban sólo contra gobiernos de facto (dictaduras)”, etc.
  • El Congreso altamente ideologizado y dominado por el partido gobernante,. anuló por pedido del Poder Ejecutivo la “Ley de Pacificación” dictada por el gobierno militar de facto (instrumento establecido como el más adecuado luego de una guerra interna, en los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949) y sancionó leyes que  facilitaron la excarcelación de delincuentes comunes y de terroristas que habían sido juzgados y sentenciados por sus crímenes. Gobiernos posteriores también dictaron leyes que pretendían justificar la continuidad de los juzgamientos a los integrantes de las FFAA por encima de lo que manda la Constitución.
  • Todo ello sustentado en una errada doctrina jurídica (el “garantismo”) que pone por encima del derecho de las víctimas el derecho de los delincuentes comunes y aún el de los terroristas. Esta concepción de “derecho penal mínimo” también perjudica el espíritu  de los miembros de las  fuerzas legales que ponen en juego su vida para proteger al “ciudadano de a pie” y  a la sociedad en general,  al observar que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”, volviendo a reincidir. Hoy la “represión” del delito, que es una  obligación del Estado, ha pasado a ser  políticamente incorrecto (mala palabra).
  • Complementariamente vimos y aún vemos, en general, juicios montados sobre presuntos delitos de lesa humanidad (no existentes en nuestras leyes) dramatizaciones inverosímiles protagonizadas por esos “terroristas-testigos-víctimas ante jueces cómplices o atemorizados  por una claque paga o comprometida que insulta o aplaude según el dictado de sus jefes. Esos falsos testigos o presuntas víctimas son capaces de identificar una voz o reconocer un perfume…¡ 30 años después de ocurridos los hechos que dieron origen al juicio!

Estas manifiestas falsedades denunciadas y expuestas por los defensores, junto a múltiples pruebas en contrario y requerimientos que hacen al debido proceso, no fueron (ni son) tomados en cuenta por los tribunales que ya tienen decidida su sentencia de culpabilidad antes de la iniciación del juicio en función a las órdenes recibidas del gobierno.

 

La ajuricidad que se inició  con el personal militar en 1983 y aún continúa “con redoblado esfuerzo” constituye un alerta para toda la ciudadanía puesto que cuando se produce el apartamiento de los jueces de la firme voluntad de ser justos, de acuerdo a la “ley fundamental”, ese alejamiento de las normas constitucionales termina fatalmente afectando a toda  la sociedad. Ya estamos observando algunas situaciones en las que el Poder Judicial por presión o ideología no ejerce el Derecho como debiera, haciéndolo en beneficio de los intereses de  funcionarios del Poder Ejecutivo y de la política asumida por este último.

 

La reforma de 1994 mantuvo la prelación existente desde el inicio en nuestra Carta Magna de los derechos y garantías de las personas, por sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo los tribunales de la República continúan desconociendo esa situación, configurando un peligrosísimo antecedente para la futura seguridad jurídica de los habitantes de nuestro país.

 

No obstante lo expresado hasta aquí, el mayor ataque de un gobierno constitucional  a lo que prescribe nuestra Constitución ha sido perpetrado por el gobierno del presidente Kichner y el de su esposa. En una utilización de los DDHH como herramienta política ordenó y logró que un Congreso Nacional que le respondía, no sólo dejara sin efecto dos leyes de amnistía (Punto Final y Obediencia Debida) cuya finalidad había sido tender a pacificar el país responsabilizando sólo a los máximos niveles, sino que las “anulara” excediendo sus atribuciones constitucionales (como si nunca hubieron existido). Además dejó sin efecto indultos legales de un presidente anterior en forma parcial, beneficiando a los terroristas criminales también indultados que siguieron gozando de ese beneficio . De resultas de estas medidas anticonstitucionales se recomenzaron los juicios anteriores y se iniciaron otros nuevos, dando comienzo a una persecución política e ideológica con un gran ingrediente de beneficios económicos para abogados , terroristas y familiares.

 

La abrumadora mayoría de encuestas de opinión realizadas en los últimos años señalaron a la “inseguridad” como la inquietud prioritaria de la ciudadanía. Este agravamiento de la falta de seguridad en los últimos años  ocurre porque los tres poderes que componen el gobierno incumplen sus responsabilidades constitucionales (incluso sus promesas de campaña electoral).

  1. El Ejecutivo, bajo la falsa premisa de no judicializar las protestas ha tolerado la progresiva anarquización del espacio público por parte de grupos organizados, a los que eventualmente financia para utilizarlos como grupos de presión; por otra parte selecciona a profesionales adictos para cubrir cargos judiciales o presiona a aquellos jueces cuyos fallos no responden a la línea oficial ( Consejo de la Magistratura). Tampoco provee al Poder Judicial los recursos materiales y financieros adecuados para que pueda funcionar con eficacia.
  2. El Legislativo no promulga las leyes necesarias para prevenir o reprimir mejor las actuales formas del delito respondiendo al interés u órdenes de sus  partidos en lugar de legislar sobre la base de las necesidades de la gente.
  3. El Judicial está demostrando que sus integrantes, en general, son muy sensibles a las presiones políticas (por distintos razones) por lo cual han perdido la credibilidad de la sociedad ; en el caso de la Corte Suprema el factor preocupante es la desviación ideológica en la mayoría de sus miembros, que emiten fallos contrapuestos, según la pertenencia política de los procesados. (casos Laríz Iriondo – Arancibia clavel)

 

¡La justicia tardía no es justicia! Hoy existen razones externas e internas que hemos analizado para conocer por qué el Servicio de Justicia no cumple con su misión constitucional,. Por otra parte  sabemos las responsabilidades que la Constitución Nacional le da a los tres poderes del Estado para que  funcionemos como una República democrática.

 

¿Somos concientes de adónde podemos llegar si esta situación de deterioro de la justicia y de la no aplicación del derecho no se detiene y revierte?.. Éste no es un problema ajeno…sólo de los militares que participaron de la guerra contra el terrorismo. Éste es un problema que tenemos todos los habitantes de este suelo y que necesitamos sea corregido para vivir en paz y en armonía confiando en que el Estado nacional arbitre todos los medios para que se cumpla con la ley y se administre justicia plenamente dentro del espíritu de la Constitución.

 

Tanto se ha violado la Constitución Nacional (y se continúa haciéndolo) comenzando por el ataque a quienes defendieron a la Nación de la violencia armada de organizaciones político militares, que 400 profesionales del Derecho han constituido, el 14 de agosto de 2009, una ONG denominada “Abogados por la Justicia y la Concordia” con la expresa finalidad de señalar todo apartamiento a las normas  del Derecho y particularmente evitar que el Servicio de Justicia sea utilizado como instrumento político en beneficio del gobierno de turno. Durante  la conmemoración del primer año de su creación, el Presidente de esa organización efectuó una alocución donde hizo referencia a la ajuricidad que existe en la Argentina.

Ver "Abogados por la Justicia y la Concordia" Dr.Alberto Solanet

 

 

 

“LECTURA  RECOMENDADA A NUESTROS LECTORES”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS LLAMAN “ JÓVENES IDEALISTAS ”

 

Libro : LOS LLAMAN   “JÓVENES IDEALISTAS”

La guerra revolucionaria en Argentina

Historia de crímenes silenciados y víctimas sin reparación

 

Autora: Dra Victoria Villarruel                 Editorial : CELTYV

 

A la luz de 320 páginas de impresión impecable y diagramación nutrida con numerosas ilustraciones y documentos, la titular del “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) desnuda en forma impecable esa parte de la historia argentina contemporánea que los sucesivos gobiernos desde 1983 han intentado ocultar como si se tratara de un impúdico pecado de familia: las víctimas civiles causadas por las organizaciones terroristas subversivas a lo largo de la guerra revolucionaria llevada a cabo en nuestro país.

 

A través de un relato cronológico muy ajustado, que abarca el período histórico 1959-1980, la autora resalta los acontecimientos más trascendentes de esa guerra interna, a la vez que clarifica las ideas directrices que fundamentaron la creación de los organizaciones terroristas, sus fines, praxis y propaganda revolucionaria, como así también las diferentes respuestas que produjeron los gobiernos de aquella época, tanto de jure como de facto.

 

A manera de colofón Victoria Villarruel destaca la impunidad final de que gozan los terroristas cuyos múltiples crímenes (asesinatos, mutilaciones, secuestros, robos, intimaciones, ataques a unidades militares y policiales, etc) han dañado gravemente a 17.000 personas registradas hasta la fecha que, aparte de no haber sido compensadas con resarcimiento alguno, cargan como dolor mayor el que la sociedad a que pertenecen las consideren “personas inexistentes”.

 

Es un libro especialmente necesario para que personas de 18 a 40 años, que no vivieron conscientemente esa época, tengan una idea  fidedigna de nuestra historia reciente, sin las omisiones y mentiras que la “historia oficial” les viene martillando desde 27 años atrás. 

 

 

 

REFLEXION

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

-

 

 NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY 

 



[1] Charles Luís de Secondant Barón de Montesquieu (1689-1755) filósofo y jurista francés que escribió “El espíritu de las leyes”, tratado de derecho político que va a determinar el ordenamiento constitucional de la mayoría de los países del mundo, actualmente vigente.

 

[2] 228 AC a 170 AC.  Nacido en Tiro, Fenicia y muerto en Roma, uno de los más grandes juristas y pretor (magistrado) del Derecho Romano su obra es inmensa, en el “Digesto” recopila a los mejores tratadistas de su época 

 

[3] Nacido en Grecia. (427 AC a 347 AC) En su obra “La República” Vol I y IV, “Acerca de la dikaisine” (justicia);  Ed. Greda; Madrid

 

[4] Dr. Alfonso Santiago (h); “La dimensión temporal del derecho y el conciente y deliberado apartamiento de los principios de legalidad e irretroactividad en material penal por parte de la Corte Suprema en el caso Simón”; Revista El Derecho 14 y 15 de noviembre de 2005    

 

[5] Es típico de los gobierno de facto designar nuevos integrantes de la Corte Suprema. “La Revolución Libertadora” destituyó la Corte y nombró otra afín, en 1955. El gobierno de Onganía destituyó  a los integrantes de la Corte y nombró otra compuesta de jueces que compartían los principios de la llamada “Revolución Argentina”, en 1966.  El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” destituyó nuevamente a los integrantes de la Corte y nombró otros que sostenían jurídicamente este tipo de gobierno, a su vez puso en disponibilidad a los jueces y los hizo jurar por el Acta del Proceso de Reorganización Nacional, muy pocos se negaron, corría el año 1976.

 

[6]


[Adjunto no mostrado: B173- DERECHO Y JUSTICIA.Adj.doc (application/msword) ]