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Asunto:[nuestra_historia_70] B175- DERECHOS HUMANOS-Empleo político contra las F FAA.1ra Parte.
Fecha:Martes, 23 de Noviembre, 2010  16:57:26 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>

"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

 

B175- DERECHOS HUMANOS-Empleo político contra las FFAA.1ra Parte    24 Nov 2010

 

 

Temas desarrollados

Los Derechos Humanos

La Guerra Revolucionaria y los Derechos Humanos

Las violaciones a los Derechos Humanos

 

HAGA CLICK - NECESITAMOS DECIRLO

 


  1. Los Derechos Humanos (DDHH)

 

Los DDHH son los derechos que le son propios al ser humano como tal (no son valores, ni principios, ni doctrina: son derechos). Los tratados de DDHH sólo los reconocen y difunden. Las Cortes Internacionales sólo actúan cuando el país suscriptor no los garantiza. Los Estados que suscriben tratados, convenciones, etc, sobre DDHH tienen la obligación nacional e internacional de garantizarlos. Sus características son : irrenunciables, intransferibles y vigentes a partir de su adhesión ( es decir de aplicación no retroactiva)

 

La aceptación de estos acuerdos no es total, pues hay países que no ratifican su adhesión a ellos. Por ejemplo, en el caso particular de la “Convención Americana sobre DDHH “Pacto de San José de Costa Rica”, no ratificaron su adhesión: Estados Unidos, Canadá, México, Bolivia y otros países menores. Si tenemos en cuenta la población de los estados americanos, la suma de las poblaciones de los no adheridos al mismo es mayor que la de los que lo aceptaron ( hasta octubre de 2010).

 

La Argentina adhirió a este pacto el 14 de agosto de 1984, fecha en la cual su cumplimiento entró en vigencia para nuestro país.

 

El cumplimiento de los DDHH no es universal; deberían ser cumplidos en todo el mundo para jerarquizar la condición de “ser humano”, sin embargo -y lamentablemente- no es así y por lo tanto se desvirtúa su declamada finalidad. Hay países que los cumplen en forma casi integral y otros que los cumplen en menor grado; también están los que los violan permanentemente. Éstos últimos suelen ser los más poderosos y, por esa condición, no reciben mayores sanciones. Los países menos poderosos están más presionados para su cumplimiento, siempre y cuando esas violaciones no favorezcan a los países que pueden influir sobre ellos.

 

Los documentos principales que norman este tema son:

  • Para Europa y América:


-Declaración Universal
 de Derechos Humanos
- 10 de diciembre de 1948.

-Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. – 11 dediciembre 1946.

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – Bogotá (Colombia) - 1948

-Convención Americana sobre DDHH “Pacto de San José de Costa Rica” - 22 de noviembre de 1969.

-Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional – 17 de julio de 1998

-Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) – 8 de junio de 1977.

 

Nuestro país está adherido a los tratados citados.

                                                     

  • Otros países se rigen por diferentes tratados o acuerdos.

-Declaración de Túnez – 6 de noviembre de 1993- para los países africanos

-Declaración de Bangkok – 23 de abril de 1993 – para los países asiáticos

-Declaración de El Cairo – 5 de agosto de 1990 – para la Organización de la Conferencia Islámica

 

Estas declaraciones toman derechos que figuran en la Declaración Universal de DDHH, pero agregan o excluyen algunos de esos derechos porque afirman que “ ...no se puede establecer un modelo determinado a nivel universal, ya que no deben desatenderse las relaciones históricas y culturales de cada nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo....”

 

Las Declaraciones mencionadas no agotan las existentes, sino que se han citado las más importantes.

 

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. Resulta interesante leer el contenido de los documentos sobre DDHH mencionados, porque la generalidad de las personas los reduce al “derecho a la vida” y a algunos pocos más, sin conocer otros derechos que en general no se mencionan y que revisten singular importancia

 

El contenido de los documentos sobre DDHH vigentes en nuestro país es una extensa lista de la cual se detallan sólo aquéllos más importantes por su contenido y relación con el tema desarrollado:
VER - Declaración Universal
 de Derechos Humanos
- 10 de diciembre de 1948.


Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

·         Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

·         Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

·         Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación o contra toda provocación a tal  discriminación.

·         Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia  por un tribunal independiente e imparcial.

·         Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas  las garantías necesarias para su defensa.

·         Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.

·         Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según formas establecidas por leyes preexistentes.

·         Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás....

 

Pese a no ser un documento específico de DDHH, desde su origen la Constitución de la Nación Argentina incluyó en su Primera Parte (Capítulo Primero: Declaraciones, derechos y garantías), aspectos íntimamente  relacionados con los DDHH. Son los denominados derechos humanos de primera generación. Los pactos que fueron incorporados a la Constitución Nacional en su reforma de 1994 no derogan ninguno de los artículos expresados en esa primera parte. Recordemos que la Constitución tiene prelación sobre cualquier otro instrumento jurídico.

        

  • En su Art 16 incluye …..”todos los habitantes son iguales ante la ley.....
  • En su Art 18 señala:Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo          fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.....Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo.....toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y sus derechos”.
  • En su Art 22 expresa:El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición
  • En su Art 28 dice: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores 

           artículos, no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio”.

 

El cumplimiento del contenido de los documentos de DDHH no es muy bueno. Conocemos que los  países poderosos que han violado los DDHH (u otros no poderosos pero en la órbita de aquéllos) no han sido mayormente sancionados.

 

Cuando el nazismo cometió el genocidio contra los judíos y otras minorías religiosas o raciales, no tuvo inconvenientes hasta la finalización de la guerra, cuando el hecho ya había sido consumado. Cuando los aliados bombardearon y destruyeron ciudades alemanas que no constituían objetivos militares en la Segunda Guerra Mundial, no se los objetó. Lo mismo ocurrió cuando Estados Unidos lanzó las bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas. Tampoco fue imputada la Unión Soviética por las anexiones territoriales que hizo, los encarcelamientos y las eliminaciones masivas de personas por causas políticas. Podría incluirse a Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Portugal por sus enclaves coloniales en Asia, África y América; o a Cuba (como satélite de la URSS), que estableció una larga dictadura con numerosos encarcelamientos y fusilamientos por causas políticas. Estos ejemplos son apenas una muestra de la cantidad y variedad de las violaciones a estos principios, que se han perpetrado y siguen ocurriendo actualmente en demasiados lugares de nuestro planeta.

 

La humanidad ha vivido en permanentes y múltiples luchas, y las fuerzas participantes eran (y son) calificadas como “patriotas” o “terroristas”, “guerrillas buenas” o “guerrillas malas”, según sean los intereses de los países que las califican; calificación que a veces varía - inclusive hasta el opuesto - cuando la lucha ha terminado o sigue en curso, pero los intereses de los calificadores han variado.

 

2.- La “Guerra Revolucionaria y los derechos humanos.

 

Al igual que casi todos los países de Sudamérica, en la Argentina la guerra subversiva terrorista tuvo su origen en la “guerra fría” a partir de la cual se le fueron incorporando factores internos y problemas propios no resueltos e impulsados por  el choque matriz “comunismo-democracia”.

 

En ese conflicto armado en nuestro país estuvieron enrolados algunos sectores de partidos políticos importantes, como así también organizaciones sociales de diversos tipos que en esa guerra perseguían intereses afines con las organizaciones terroristas subversivas, a las que brindaban su apoyo  en esa lucha

 

Las primeras acciones se remontan al año 1959 con la aparición del  movimiento Uturuncos que alentado desde Cuba por  John W. Cooke, tuvo efímera duración.  Cuatro años más tarde  el Che Guevara envió a su amigo  Jorge Masetti con un continente internacional ( entre ellos varios cubanos de su círculo íntimo)  y un fuerte apoyo logístico provisto por  Cuba, para iniciar un foco revolucionario en el norte  argentino a partir de una invasión desde  Bolivia.  Su  intención era preparar el terreno en el norte del país para desarrollar su propia campaña revolucionaria,  pero el llamado “Ejército Guerrillero del Pueblo”  fracasó estrepitosamente en marzo de 1964, al no obtener el apoyo popular  que esperaba  y sufrir  la detección y represión por parte de la Gendarmería  Nacional.( gobierno constitucional del Dr H. Illia)

 

Después siguieron formándose múltiples movimientos bajo la influencia  de Cuba , quien organizó    la “Conferencia  Tricontinental de la Habana” (1966) ( con participación de activistas de los tres continentes) y la “ Organización  Latinoamericana  de Solidaridad” (OLAS, 1967) la última con la finalidad de impulsar  la creación  de “ Ejércitos de  Liberación  Nacional”  (ELN) en todos los países  del continente,  cuya estrategia prioritaria sería  la lucha armada para lograr “…la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico”VER B6.

 

En síntesis fueron estas  organizaciones político- militares  (OPM)  las que iniciaron la violación  sistemática  de los  DDHH de sus compatriotas para cumplir con el objetivo que se habían propuesto: la toma del poder por la vía armada para instaurar un Estado comunista al estilo del impuesto por la Revolución  Cubana. El empleo del terrorismo en todas sus expresiones (asesinatos, secuestros, intimidaciones, asaltos, explosiones, propaganda armada, etc.) fue el método usual que utilizaron  en el intento de lograr ese fin.

 

La represión del  terrorismo subversivo se inició legalmente en 1971.

 

Detectado el carácter de su intento político-militar con apoyo externo, se comenzó a combatirlo mediante la aplicación de la ley con los resultados que sintetizaremos a continuación

 

  • Inicialmente se les aplicó la  ley penal  en las diferentes  jurisdicciones  que tenia el país. Las causas  estaban distribuidas  en numerosos juzgados distantes entre sí, lo cual afectó seriamente  la celeridad del proceso, el grado de completamiento de  pruebas, la unidad de criterios  y la unificación de antecedentes  de los delitos y los actores. En consecuencia el resultado de la aplicación de la ley existente  no arrojó los resultados deseados. A ello debió sumarse la presión que ejercían las  OPM  sobre los jueces, las amenazas a muchos de ellos y, en ciertos casos, la complicidad de agentes judiciales con las organizaciones.

 

  • En un segundo período – durante el gobierno de facto  presidido por el general Lanusse--a instancias  del  Ministro de Justicia  Dr. Jaime  Perriaux, se creó la Cámara Federal en lo Penal (CAFEPE),  iniciativa  pionera a nivel regional  para combatir eficazmente el terrorismo  de forma legal, ya que se le aseguraba a esta Cámara competencia para entender en el juzgamiento de estos delitos, a la vez que extendía  su jurisdicción a todo el territorio nacional. Estas dos atribuciones permitieron que la  CAFEPE (distribuida en 3 salas, constituida por 9 Jueces y 3 fiscales seleccionados) acelerara en forma notable  la procuración de las causas, unificara delitos conexos y emitiera muchas sentencias,  respetando las garantías del debido proceso y el derecho a  defensa de los imputados. El resultado fue que centenares de integrantes de las OPM fueron condenados y encarcelados, mientras otros tantos eran detenidos en cárceles continuando el proceso legal.

 

  • Los integrantes de la CAFEPE fueron víctimas de presiones y amenazas permanentes por parte de la organizaciones terroristas subversivas. Después de su disolución sufrieron un secuestro, dos intentos de homicidio y un asesinato. La mayoría debió  exiliarse para salvar la vida. Los logros de esta Cámara habían sido significativamente positivos , a punto tal que su eficiencia y el  correcto desempeño de sus  magistrados fueron expresamente reconocidos por la Cámara que juzgó a los  Comandantes de las  FF.AA. (causa  13, año 1984).

 

  • El tercer período comenzó el 25 de mayo de 1973 cuando asumió la Presidencia de la Nación el Dr. Héctor J Cámpora  quien, pese a su limitadísimo lapso de gobierno  (49 días),  tomó  medidas que acentuaron y favorecieron  a la subversión terrorista  y  habrían  de jugar un papel preponderante en el  futuro de la  Guerra Revolucionaria.  En la noche  del mismo día de su asunción  todos los terroristas encarcelados (condenados o en proceso) fueron liberados de manera forzada, adelantándose  ilegalmente a una amnistía que horas después lo dispondría .


En extrema síntesis: en 1973, todo lo hecho para combatir la subversión por vía legal a partir de 1971 quedó sin efecto. La Cámara Federal Penal fue eliminada y los condenados y en proceso  por ella quedaron libres sin asumir compromiso alguno de no reincidir ni entregar sus armas, por lo cual se reintegraron inmediatamente a sus organizaciones para continuar los combates

 

El Congreso de la Nación recién asumido, con excepción de dos diputados ( Balestra y Falabella) aprobó, en  actitud de extrema  irresponsabilidad, la ley  que convalidó  la amnistía de facto que dejó inerme al Estado para combatir al terrorismo, que incrementó la capacidad de lucha de las OPM y generó un clima de desconfianza hacia la dirigencia política por parte del  Poder Judicial, Policías  y Fuerzas de Seguridad,  que habían sido los más expuestos hasta el momento en la lucha desatada.

 

Los intentos por combatir el flagelo del terrorismo subversivo con la ley en la mano fueron destruidos en esa oportunidad.  De ahí en adelante el Gobierno Nacional no pudo utilizar al Poder Judicial en la represión del terrorismo subversivo debido al temor de los jueces y al crecimiento de las OPM .


A partir de  1973 se incrementa el desarrollo de la estrategia revolucionaria para la toma del poder.

 

Las organizaciones subversivas que operaron a partir de 1970  habían tenido, respecto a las anteriores, un importante salto cuantitativo y cualitativo. Habían crecido y modificado sus estructuras lo que permitió efectuar  operaciones complejas, bien planificadas, contaban con buena inteligencia e importantes armamentos. Poseían doctrina de guerra propia, cuadros con una buena formación y capacitación - en su mayoría perfeccionada  en el exterior (sólo en Cuba más de  3000) - con fábricas de armamentos y explosivos (que no sólo fabricaban sino que  diseñaban), imprentas, puestos sanitarios, reglamentos tácticos, justicia propia y  vinculaciones en el país e internacionalmente con organizaciones defensoras de los DDHH existentes en todo el mundo, muy especialmente en Europa.  (Justamente en aquellos países que habían violado los DDHH en sus guerras coloniales o contra países más débiles).

 

Juan D. Perón elegido como presidente a fines de 1973 por el 62% de los votos inicialmente y ante el asesinato de José  I  Rucci  (titular de la CGT y  hombre  de su confianza) encaró ilegalmente la eliminación  de las organizaciones subversivas ( “Orden Reservada” del Consejo Superior  Peronista del 1 de octubre 1973 – Triple “A”)  que provocó la muerte de aproximadamente 650 militantes de izquierda.

 

 

Participación de las FFAA en operaciones de combate.

 

A la muerte de Perón en julio de 1974, lo sucedió  constitucionalmente su esposa  María Estela Martínez quien durante su incipiente gobierno observó como se iban dando todas aquellas acciones que caracterizaban  la guerra revolucionaria. (incluyendo esa denominación en documentos de los subversivos terroristas que: 

 

  • Instalaron en la zona montañosa de  Tucumán, una unidad de guerrilla rural que intentaba crecer y dominar la zona para declarar una “Zona liberada” ante organismos internacionales.

 

  • Operaban  “guerrillas urbanas” en el resto del país  que actuaban como “partisanos”, favorecidas por  su organización celular que les permitía  concentrar rápidamente  importantes efectivos, realizar operaciones sorpresivas (asesinatos selectivos, ataques a unidades policiales y militares, secuestros extorsivos, asesinatos múltiples con explosivos, etc.) y luego  desaparecer mimetizados  entre el resto de la población. (se debe tener en cuenta que actuaban como “partisanos”, sin uniformes, distintivos,  ni armamento a la vista, por lo que de acuerdo al “Derecho humanitario” no les correspondía  el tratamiento de los combatientes, al no estar comprendidos dentro de las leyes de guerra)

 

Ante tal situación, la Presidente,   el 5 de febrero de 1975  emitió el Decreto  Nº 261 (refrendado por su gabinete de Ministros) que decía en lo sustancial: “El Comando General del Ejercito procederá a ejecutar las operaciones necesarias  a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan  en la Provincia de Tucumán”.

 

Así comenzó  la participación de las FF. AA.  en la “Guerra  Contrarrevolucionaria”.

 

Allí comenzó, con conocimiento del gobierno nacional (Públicamente el Grl Acdel Vilas comandante de la “Operación Independencia” expresó que aniquilaría a los guerrilleros utilizando procedimientos no convencionales) la penosa figura del “desaparecido”, que 37 años después fractura  nuestra sociedad. 

          

Después del  ataque de Montoneros al  Reg. de  Infantería de monte  de Formosa  ( 5 octubre 1975) el presidente interino  por enfermedad de la presidente, Dr. Italo  Luder dictó los  Decretos 2770, 2771 y 2772  que extendieron  la jurisdicción  de la intervención militar a todo el territorio nacional  y entre otros aspectos, creaban el “Consejo de Seguridad Interior” y el  “Consejo de Defensa”  como organismos de conducción política  superior de la “guerra contrarevolucionaria”, ambos consejos eran  presididos por  la Presidente de la  Nación .

 

La “Directiva  1/75 del Consejo de Defensa” ordenó taxativamente: “detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”.  Con ello, en términos  incontrastables  se había decretado el exterminio de los terroristas  subversivos que las componían.

 

En ambos casos las directivas reconocían que la capacidad  de las fuerzas policiales  y de seguridad había  sido ampliamente superada por la capacidad de las organizaciones revolucionarias.

 

Comenzaban en todo el país las operaciones militares que doctrinariamente (en su cuerpo de reglamentos oficiales) formaban parte de la “Guerra contrarrevolucionaria”.

 

A partir de acá – y por ser un conflicto armado interno – a los contendientes se les debió haber juzgado con las normas del “Derecho Humanitario” o “de Guerra” y no mediante el “Código Penal Ordinario” como posteriormente sucedió.

 

Caída del gobierno constitucional.

 

En un contexto de vacío de poder, inseguridad y falta de alternativas de solución por parte de los partidos políticos,(habiendo institutos tales como el juicio político, la renuncia presidencial, etc, no fueron aplicado por la clase dirigente). Como consecuencia se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las FFAA asumieron el poder político y continuaron la guerra con el mismo soporte legal, doctrina y procedimientos  que se estaban aplicando durante el gobierno constitucional. ( Directiva 1/75 del  Consejo de Defensa).

 

Al asumir el gobierno de facto no se produjo resistencia alguna, más aun fue visto por la población con la esperanza que pusiera fin al caos reinante y la grave situación económica-social. La prensa local e internacional también lo vio como algo positivo. La casi totalidad de los políticos, mas allá de no oponerse, aceptó que  integrantes de los principales partidos colaboraran  y fueran funcionarios del gobierno de facto. Los jueces también aceptaron la  cláusula  de jurar el  Estatuto del Proceso por sobre la Constitución Nacional para mantenerse en el ejercicio de sus cargos. La guerra  contra el terrorismo a partir de esta nueva situación política se pudo librar en todos los campos.( “guerra integral” que era la estrategia que seguía el enemigo revolucionario infiltrándose y actuando en todos los campos para llegar  a la insurrección final)

 

En los seis años de su gestión no logró encausar las grandes soluciones que requería el país, excepción hecha de la Guerra  Contrarrevolucionaria que permitió el aniquilamiento de las organizaciones armadas que pretendieron tomar el poder y cambiar el sistema republicano democrático. Y aquí, observando lo ocurrido en el futuro próximo, es conveniente recordar un viejo adagio que dice : “En el peligro el hombre acude a Dios y al soldado, cuando el peligro ha pasado se olvida de Dios y desprecia al soldado”

En 1982 se produjo la “Guerra de Malvinas” y la derrota militar sufrida  influyó en el gobierno de facto para dar por terminada la responsabilidad asumida y devolver a la República la democracia constitucional. Se llamó entonces a elecciones generales la que  culminaron con la asunción  del  Dr. Raúl  R. Alfonsín  a la Presidencia de la Nación,  el 10 de  diciembre  de 1983.


3. Las violaciones a los “Derechos Humanos”

 

Una de las principales violaciones a los DDHH internacionalmente impuesta desde 1948 consiste en iniciar una guerra de agresión. La guerra tiene “agresores” y “agredidos” los primeros son los verdaderos responsables de las muertes, heridos y desaparecidos que se producirán en la misma y por ello esa actitud agresiva constituye una violación a los DDHH.

Para el agredido, la guerra que libra es una guerra justa, mientras que esa calificación no le corresponde al agresor. El Derecho Humanitario, las declaraciones y los pactos sobre los DD HH, obligan a juzgar  las violaciones a esos derechos y los excesos cometidos durante el conflicto armado, aun en el cumplimiento de órdenes legalmente impartidas.

 

La historia nos muestra que existen Estados que por ser victoriosos  en una guerra o tener un enorme poder político militar a menudo no observan los tratados internacionales – por no haber firmado esos acuerdos en previsión de su política exterior -  y sin embargo no tienen ninguna  sanción internacional (por formar parte de los organismos que la debieran efectuar y tener poder de veto en los mismos) .

 

Nuestra República vive desde hace 30 años una experiencia inédita. Organizaciones terroristas subversivas, constituidas en asociaciones ilícitas armadas actuaron desde la clandestinidad con extrema violencia contra la Nación, dando origen a una guerra no convencional (la Guerra Revolucionaria) cuyos blancos – debido a su objetivo político - no fueron solamente las FF.AA., las  FF.SS. y/o las FF.PP. sino que involucraron a la sociedad civil y sus instituciones alas que atacaron en forma sistemática y prolongada.

 

Los hechos producidos fueron suficientemente narrados no sólo por las organizaciones terroristas en sus publicaciones del momento y sus partes de guerra, sino también en libros posteriores escritos por sus ex integrantes. En ellos se observa que el argumento de “querer liberar al pueblo de dictaduras militares” era sólo una excusa, ya que si tenemos en cuenta las fechas en que se realizaron los mayores atentados y ataques armados, comprobamos que fueron ejecutados durante gobiernos constitucionales. En ningún caso hubo  un intento anterior a la toma de las armas, de canalizar sus ideas políticas por vía pacífica mediante los medios que les brindaba el sistema legal.

 

Las Fuerzas Armadas, brazo armado de la Nación, cumpliendo un mandato de un gobierno constitucional (del cual  aún viven su presidente, ministros intervinientes y legisladores participantes) aniquilaron a las organizaciones sediciosas, que  pretendían tomar el poder por la fuerza.

 

Pasado el peligro, restablecido el orden social , dictada una ley de amnistía amplia como aconsejan las normas de Derecho Humanitario para el caso de “conflictos armados internos” y entregado el gobierno a quienes triunfaran en elecciones libres y democráticas, el ambiente político cambió. Al amparo de las promesas del “candidato” (Alfonsín) surgieron acciones y movilizaciones de familiares de muertos y desaparecidos así como ex militantes de esas OPM, junto a partidos y ONG de la izquierda política y otros intereses ideológicos para presionar al gobierno surgido de los mencionados comicios, a efectos que se inculpara  judicialmente a las FFAA por las secuelas de la guerra interna en todo aquello  que los había afectado (sólo a ellos).

 

Para poder hacerlo el gobierno decidió vulnerar la Constitución Nacional y otras leyes además del Derecho internacional, judicializar una guerra ( utilizando el Código Penal Ordinario) y luego crear una comisión integrada por personas carentes de idoneidad, competencia ni jurisdicción para desarrollar las funciones pertinentes (La Comisión Nacional sobre la desaparición de personas – CONADEP)  que por ser parientes de los presuntos desaparecidos, ex terroristas o por tener afinidad ideológica con ellos, sólo buscaban venganza en lugar de justicia.

 

Ello se notó en el  Informe Final (“Nunca más”, especialmente en su prólogo y conclusiones) con gran cantidad de datos falsos e incompletos, con consideraciones sin sustento y mentiras evidentes de los denunciantes  para favorecer a las presuntas víctimas – en su mayoría, victimarios militantes de las OPM -  con la finalidad  de lograr el objetivo de juzgar a los miembros de las instituciones  que defendieron el Estado Nacional.

 

Secuencia del “uso político” de los DDHH” para afectar a las FFAA


  1. Campaña de “Acción Psicológica ” en el exterior del país ( por terroristas exiliados y escapados) para victimizarse, sin hacer conocer que ellos eran los victimarios y los agresores en esta guerra. De allí los términos: “30.000 desaparecidos” “jóvenes inocentes o idealistas”, “genocidio”, etc.
  2. Modificación de la legislación vigente por parte del gobierno de Alfonsín para poder juzgar (anticonstitucionalmente) a los Comandantes de las FFAA. (No se los juzgó como “Juntas del gobierno militar” para no implicar al poder político y así poder exculpar a los gobiernos constitucionales anteriores, del partido peronista).
  3. Creación de la CONADEP para utilizar su “Informe Final” por los fiscales como prueba en posteriores juicios y también en las reparaciones pecuniarias del Estado para los familiares de los presuntos desaparecidos y aún de los muertos en combate.
  4. Judicialización de la guerra al utilizar el “Código Penal Ordinario” para analizar las violaciones de los Derechos Humanos en lugar del Derecho Humanitario Internacional, con el agravante de hacerlo solamente para uno de los contendientes armados, mediante la creación de un falso término, “Terrorismo de Estado”, no existente en nuestra legislación ni en el Derecho Internacional vigente.
  5. Juicio a los Comandantes (mal llamado “juicio a las Juntas”) en donde la Cámara que los juzgó dejó taxativamente establecidos dos aspectos:

·         La existencia de un conflicto interno que : “se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria”

·         Que fueron las organizaciones terroristas subversivas las que iniciaron la agresión armada, sin cuya existencia , este juicio no  hubiera tenido razón de ser (refiriéndose al juicio , Causa 13) . Con lo que se señalaba que para las FFAA, brazo armado de la República, ésta era una “guerra justa”.

  1. A partir de un gran “Show mediático” difundido por los medios de comunicación social argentinos y prensa internacional se intentó mostrar como simples víctimas a los denunciantes, muchos ex terroristas quienes multiplicaban sus expresiones de penurias y torturas para justificar sus delaciones.  El mencionado informe titulado  “Nunca Más”,(con el apoyo del gobierno y ONG de DDHH, sólo para los terroristas) pasó a ser la verdad revelada.  De esa manera las FFAA quedaron como únicas  responsables de atrocidades, muertes y desapariciones, mientras que  los terroristas desaparecidos devinieron en “Jóvenes idealistas” que nunca usaron armas.
  2. El juicio a los Comandantes como responsables de haber planificado y haber dado las órdenes para el desarrollo de la forma de aniquilamiento de las organizaciones terroristas, se comenzó a extender a todos los subalternos (como consecuencia de la alteración del principio de Obediencia Debida), incluyendo a miembros de menor jerarquía de las Fuerzas de seguridad, Fuerzas policiales y civiles.
  3. Se ha tendido un manto protector sobre las gravísimas culpas y responsabilidades de la violación de los DDHH que les cupo a funcionarios y políticos en el inicio y desarrollo de esta guerra interna durante el período 1973 – 76 que, arbitraria y mendazmente, no fueron consideradas en la investigación y juicios respectivos.

 

Hoy, 27 años después, continúan los juicios y otras medidas anticonstitucionales contra el personal que ya señalamos, sin que haya un solo terrorista preso por sus crímenes, como así tampoco un sólo juicio iniciado a los máximos responsables políticos de los años anteriores al gobierno de facto de 1976 (período durante el cual se denunciaron  más de 1.000  muertos y desaparecidos). Las organizaciones que dicen defender los DDHH no han tomado nota de todos los derechos que se vienen vulnerando en los juicios actuales al personal que actuó en la guerra contrarrevolucionaria y, por el contrario, todas las acciones que realizan son para profundizar las injusticias que se vienen cometiendo.

 

Una prueba de tamaña inequidad queda evidenciada por la falta  de acción solidaria de todas estas ONG de DDHH respecto de los miles de víctimas ocasionadas por el terrorismo subversivo, también abandonadas por los sucesivos gobiernos constitucionales que no hesitaron en destinar hasta 4.000 millones de dólares (gestión Menem, luego continuada por los siguientes) sólo para las familias del sector que inició la guerra contra el Estado nacional. Para el resto: ¡Ni justicia!

 

Recordando los hechos de violencia producidos por la acción del terrorismo subversivo.

 

Documentos extraídos de los cuadernos de pruebas del juicio a los Comandantes de las FFAA e incorporados a la causa VER Causa 13 – B117. B118. B119. B120. B121. B122. B123. demuestran claramente el grado de efervescencia bélica existente en el decenio 1969/1979, donde la diversidad de crímenes registra un promedio de 6 hechos diarios en ese período, alcanzando el pico de la imparable espiral de la violencia en los sangrientos años  1974/1975,  con 10 hechos diarios.

 

De las  21.642 acciones criminales cometidas por las organizaciones terroristas subversivas 98% se ejecutaron en el decenio citado, de las cuales  un  52,5 %  fueron durante gobiernos constitucionales (Cámpora- Lastiri- Perón - M. E. Martínez de Perón) y un 47.5 %  en gobiernos de facto.

 

En  la  citada Causa 13, se da testimonio de 1.748  casos de secuestros extorsivos, que proveyeron a las OPM  a través de sólo  57 de ellos, las sumas de:

 

  • 38 millones de pesos ley 18.188
  • 92 millones de dólares
  • 500 mil libras esterlinas

 

La máxima expresión de desprecio por los Derechos Humanos y la indudable decisión de implantar el terror en  nuestro pueblo  se  vio reflejada en el asesinato de 12  miembros de  sus propias organizaciones, tras la parodia de “ juicios revolucionarios”  sin posibilidad de defensa. El  66%  de  ellos llevados a cabo durante los años  1974/1975.

 

Lo que se transcribe a continuación  es parte del texto  de “La Sentencia  de la Causa 13” en  fs. 318/323 ( con relación a los 21.642 hechos registrados en el decenio)

 

“ Los cursos de acción comprendidos se discriminan de la siguiente manera:

 

5.215     atentados con explosivos

1.052        atentados incendiarios

1311            secuestros de artefactos explosivos

132              secuestro de material incendiario

2013            intimidación con armas

52            actos contra medios de comunicación social

1748            secuestros extorsivos.

1501            asesinatos

551            robos de dinero

589            robos de vehículos

2402           robos de armamento

36            robos de explosivos

                40         robos de documentos

                17         robos de uniformes

                19         robos de material de comunicaciones

                73         robos de material sanitario

               151        robo de materiales diversos

                 20        copamiento de localidades 

                 45        copamientos (ataque) de unidades  militares, policiales y de seguridad

                 22        copamientos de medios de comunicación social

                 80        copamientos de fábricas

                   5        copamientos de locales de espectáculos  públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                261       repartos de víveres robados

               ……      otros

 

 

Esta enunciación demuestra  en forma palmaria la flagrante violación de los DDHH  perpetrada por las OPM en forma sistemática durante 10 años. Los guarismos apuntados demuestran  que diariamente, a lo largo de ese lapso, se ejecutaron tal cantidad de actos terroristas que permitiría calificar a ese período  como “la década de la violación de los DDHH de la sociedad argentina y sus instituciones”.

 

El uso de los Derechos Humanos como una herramienta política (aplicada parcialmente por un sector ideologizado), en lugar de constituir la finalidad de una “política de Estado” para todos  los argentinos, constituye una falaz tergiversación de un sentimiento noble para lograr fines aviesos y partidarios.


Nada indigna más que la asimetría en la aplicación de las leyes. Sin una rigurosa igualdad ante la ley no hay justicia y por lo tanto se pone en peligro la paz social.


FIN DEL BOLETÍN Nro 175. 1ra Parte

 

 

ENLACES UTILIZADOS

B117. B118. B119. B120. B121. B122. B123.

Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.

NH70-175 ADHESION-Convención por Delitos de Genocidio..doc

CONVENIO: Prevención Sanción Delito de Genocidio-ONU.pdf
Declaración Universal
 de Derechos Humanos

 

 

 

 

REFLEXION

 

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

-

 

 NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY 

 


[Adjunto no mostrado: =?ISO-8859-1?Q?B175=2D_DERECHOS_HUMANOS=2EEmpleo_pol=EDtico_contra_las_FFAA=2E1r?= =?ISO-8859-1?Q?aParte=2E=2DAdj=2Edoc?= (application/msword) ]