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Asunto:[nuestra_historia_70] B176- DERECHOS HUMANOS.Su empleo político contra la s FFAA.2da Parte
Fecha:Miercoles, 29 de Diciembre, 2010  09:21:00 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>



"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

 

B176- DERECHOS HUMANOS. Su empleo político contra las FFAA.2da Parte  29-Dic-10

 

 

 Temas desarrollados:

  1. Creación de una estructura facciosa para instrumentar el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Legales que combatieron la subversión terrorista de los 70.
  2. Los principales derechos violados en el juicio a los miembros de las FFAA, FFSS y FFPP
  3. El uso del término “Terrorismo de Estado”
  4. Nueva ofensiva gubernamental contra los miembros de las fuerzas legales que actuaron en la Guerra contra revolucionaria.
  5. Artículo periodístico que describe complementariamente, lo expresado en este Boletín.
  6. Consideraciones finales.

HAGA CLICK - NECESITAMOS DECIRLO

 


1.- Creación de una estructura facciosa para instrumentar el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Legales que combatieron la subversión terrorista de los 70.

 

Lo que establece el Derecho. Principios y garantías constitucionales:

 

·         Principio de legalidad o reserva de la ley. La Constitución da exclusivamente al Congreso el poder de dictar el Código Penal y excluye a los poderes Ejecutivo y Judicial en la creación de derecho penal.

  • La ley debe ser previa a los hechos del proceso. No es posible afirmar una transgresión si previamente no se establece cuál sea esa acción u omisión transgresora; por lo tanto no es constitucionalmente válida la aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa.
  • La ley no puede ser aplicada por jueces “ex post facto” por cuanto la Constitución expresa que ningún habitante puede ser sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.
  • El Congreso tiene la facultad de amnistiar, según lo determinado en la Constitución y el Poder Ejecutivo tiene facultades para indultar y conmutar penas. Aumentada esa facultad con la incorporación de diversas Declaraciones y Tratados que tutelan derechos individuales incluidos en la reforma de la Constitución en 1994 que impiden toda persecución  penal posterior haciendo en su caso cesar los efectos de la penas.

 

Los principios anteriores fueron prolijamente destruidos por el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia en los juicios contra los militares iniciados por Alfonsín en el año 1983 y continuados por los gobiernos de ambos Kirchner a partir de 2003.

La garantía del juez natural fue violada por el Congreso y el Ejecutivo al sancionar y promulgar la ley 23.049 -modificatoria del Código de Justicia Militar- que creó “ex post facto” la jurisdicción por avocación y la de apelación de las Cámaras Federales. De esa manera sacaron a los imputados de la jurisdicción castrense designada por la ley (Código de Justicia Militar antes de los hechos de la causa) lo que luego fue convalidado por la Corte Suprema de la Nación.

Cabe aclarar que el Fuero Militar, que se regía por el Código de Justica Militar no era un fuero existente para los militares -como tales- sino para los delitos de naturaleza militar. Los Fueros son varios, y están constituidos para tratar en forma especializada delitos de un mismo carácter..El Fuero Militar existía como existen el Fuero Penal, el Fuero Comercial y otros.  Ejemplo concreto: si por causas fortuitas un militar tiene una pelea con el colectivero y le causa heridas, es juzgado por el Código Penal y no por el Código de Justicia Militar

La justicia no ha tenido una adecuada imparcialidad; mientras persigue a integrantes de las FFAA, FFSS  y FFPP,  exonera e indemniza a terroristas, sus cómplices y encubridores, afirmando que los actos de terrorismo no califican como delitos de lesa humanidad y son por ende prescriptibles. Prácticamente, se ha ido estableciendo un derecho penal de enemigos.

 

2.-Los principales derechos violados en el juicio a los miembros de las FFAA, FFSS y FFPP


·         Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia. Esta medida es contraria a lo determinado en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” Naciones Unidas.(Pacto de jerarquía constitucional). Así estas prisiones preventivas sin que existieran las causas razonables que determina la legislación; al término de 2 años de prisión preventiva era renovada por 1 año -también sin causas razonables- y al término se le aplicaba otra prisión preventiva -por otra causa- y recomenzaba el ciclo. En este momento hay quienes llevan más de 12 años en esa situación. Ello equivale a cumplir una condena sin haber sido condenado.

Negación de excarcelaciones bajo fianza y violación del principio de inocencia. principio recordado por la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”- OEA - y por la Declaración Universal de Derechos Humanos”- ONU -.

Elección del derecho con el  que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural. En 1983 Alfonsín en su condición de Comandante de las Fuerzas Armadas decretó el juzgamiento de todos los Comandantes que integraron las Juntas desde  el 24 de marzo de 1976 (con excepción de la 4ta y última Junta) imputándoles los delitos comunes derivados del  “plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales”. De esta manera evitó la aplicación del derecho de guerra, en el único ámbito que correspondía tratar la guerra desatada por organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia. Años después, cuando esos delitos comunes prescribieron justamente por su condición de delitos comunes, los tribunales decidieron encuadrar esos delitos comunes (sólo los de los militares) en la categoría de “lesa humanidad” no existente en el Código Penal ni en la Constitución. Por un artilugio inconstitucional se los sustrajo de sus jueces naturales (se modificó el Código de Justicia Militar) y se designó jueces ex post facto en la Cámara Federal. Lo irónico es que la propia Cámara Federal reconoció en el fallo la existencia de un estado de Guerra Revolucionaria.

Anulación de leyes de Punto Final y de Obediencia debida. El Congreso Nacional, arrogándose facultades que no posee, declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia debida (que habían sido dadas por un gobierno constitucional y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en más de 10 oportunidades). La Corte incurrió en un exceso mayor pues aprobó la inconstitucional acción del Congreso y aplicó retroactivamente la ley de nulidad, basada en una fuente extranjera (Cuando para el Derecho Penal no puede aplicarse por simple analogía una fuente extranjera)


Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados. Las Juntas no fueron imputadas por delitos distintos  de los contemplados en el Código Penal vigente a la época de los hechos; pero los jueces - para no reconocer prescripciones largamente operadas- categorizaron inconstitucionalmente a los hechos atribuidos como delitos de “lesa humanidad”, incurriendo en creación judicial de derecho penal, prohibida por nuestro ordenamiento constitucional.. Esta categoría fue posteriormente tipificada por el Estatuto de Roma, el que estableció que su aplicación no es retroactiva y rige solamente en Estados que lo ratifiquen (Argentina no lo había ratificado en esa fecha - 1998).

Violación al principio de igualdad ante la ley. Los militares son los únicos perseguidos por  delitos de lesa humanidad. Sin embargo, así como afirman los jueces que los delitos de lesa humanidad son delitos del derecho de gentes, no se entiende por qué se niegan a perseguir a los terroristas por esos delitos.

Violación al principio de irretroactividad penal. Los jueces fundamentan que los delitos comunes, pese a estar prescriptos, pueden ser perseguidos aplicándole la categoría de lesa humanidad a los hechos imputados a militares; sin embargo, lesa humanidad es una categoría que además de no figurar en el Código Penal ingresó al plexo legal ex post facto en 1995 y 2001, por lo cual no sería de aplicación al período 1976/1983.

 

·         Violación al principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos. Durante la vigencia de la leyes de Obediencia Debida y de Punto final, en plena democracia, se iniciaron dos causas que fueron juzgadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y sus fallos ratificados en segunda instancia (una por Casación y otra por la Cámara Federal).  El principio de cosa juzgada tiene recepción normativa en el Artículo 1ro del Código Procesal  Penal.  Como se observa, descansa en normas que obligatoriamente deben cumplir los jueces. ( norma que también respetaba el Código de Justicia Militar).

Violación del principio de aplicación de la ley más benigna. El combate contra el terrorismo se realizó con otro código de procedimientos: el Código de Justicia Militar, sin los tratados ex post facto de la OEA y de la ONU. Este principio tiene jerarquía constitucional que establece que si cambia el derecho, el acusado debe ser juzgado por la ley más benigna. Sin embargo los jueces lo ignoran en sus fallos, invocando que las nuevas leyes de procedimiento se aplican inmediatamente.


 Violación en la responsabilidad de mando. En el caso del superior: por dar la orden o por no controlar su cumplimiento. En el caso del subalterno: por no negarse a cumplir la orden. En el  Código de Justicia Militar el superior se hacía responsable por las órdenes que impartía y el subalterno, sólo en la medida en que se excediera en su cumplimiento. El  Derecho Penal sanciona sólo a cada persona por la ilegitimidad de su conducta individual.

 

·         Violación del principio de territorialidad. El gobierno ha tolerado que 2 oficiales fueran juzgados en España, uno de ellos condenado, y el otro, pese a que había sido sobreseído por la Cámara Federal en el año 1987 por falta de mérito (no por las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida ni por leyes de amnistía).

 

·         Violación del principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia. Si al tiempo de comisión del supuesto delito no hay ley que lo tipifique, el mismo no puede ser juzgado por otras leyes posteriores o análogas. Nuestro ordenamiento jurídico expresamente prohibe este tipo de situaciones. No se puede juzgar una situación no tipificada mediante  la utilización de una categoría de derecho de fuente extranjera,           

 

3.- El uso del término “Terrorismo de Estado”


Antecedentes

Esta forma de designar la represión estatal realizada fuera de las normas legales de tiempo de paz, es en realidad un mecanismo para no reconocer que las acciones a la que se refieren corresponden al combate propio del tipo de guerra no convencional desatada en la Argentina (la “guerra revolucionaria”) iniciada en las décadas de los 60 y 70, guerra cuya percepción como tal por parte de la ciudadanía se entendió e internalizó recién en la última década. Debemos recordar  que las organizaciones político-militares (comúnmente denominadas como  guerrilla urbana y rural), salvo las FAP, sólo a partir de 1970 iicieron su lanzamiento público mediante acciones espectaculares (asesinato del general Aramburu, Toma de la localidad de Garín), y fue entonces cuando salieron a luz mediante documentos y comunicados expresando que su objetivo, en “la guerra integral que libraban en todos los campos”, era tomar el poder y modificar el sistema político existente y sus instituciones.

Quien más contribuyó a difundir estos términos en Europa a partir de su huída en 1976, fue el ideólogo marxista leninista  Eduardo Luis Duhalde[1], miembro, entre otras de la “comisión argentina de derechos humanos – CADHU” con amplios contactos con políticos , sindicalistas de izquierda y miembros de otras organizaciones internacionales de derechos humanos. Su campaña aviesa de acción psicológica, la condensó en 1983 con la publicación del libro “El Estado terrorista argentino”. Ed. El Caballito, Cap Fed.

Este abogado de ideología comunista (hoy “gramsciano”. Ver B82 , sitúa a principios de los 70 (años 71/72) el inicio de las actividades del por él denominado terrorismo de estado, al que le adjudica su máximo nivel a partir del 24 de marzo de 1976. Toda su argumentación la efectúa refiriéndose a una hipotética sociedad en tiempos de paz (no agredida por organizaciones políticas militares), con lo cual comienza a mentir desde el inicio de su tesis para engañar el lector con consideraciones sin sustento real, ya que están deducidas de premisas falsas. (ver B105).


Comentarios  acerca de su definición.

1.     Al respecto en Wikipedia  aparece en primer término una definición cuyo contenido “está direccionado”. ello es tan así que el mismo fundador de ese sitio Jimmy Wales expresa,mediante un llamado que aparece en el lugar (cartel), que “a ese artículo se le detectaron dos problemas” :

·         el primero que “carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada”

·         el segundo se refiere a aspectos formales y pide mejorarlo mediante su edición y por medio de un amplio debate.

 

Otras referencias sobre la conocida expresión.


2.    “La expresión terrorismo de estado no sólo es desafortunada, sino también confusa. el terrorismo de estado es una categoría política, que crea un terrorismo mayor que oculta y opaca las acciones del propio terrorismo” (abogada Victoria Villaroel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas)

“Ya es hora de dejar de lado los debates sobre el denominado terrorismo de estado. El uso de la fuerza por los estados está totalmente reglamentado por el derecho internacional y el derecho a resistir la ocupación debe entenderse en su auténtico significado, no puede incluir el derecho a asesinar o mutilar deliberadamente a civiles” (Kofi Annan, ex secretario de la ONU).

“La expresión terrorismo de estado no existe, es desafortunada; el estado no puede subvertirse a si mismo” (Audiencia General de España, año 2008).

 

En síntesis: no existe una categoría o tipificación jurídica desde el punto de vista del derecho penal ni constitucional que encuadre dicho concepto. El error es mayor si consideramos que E. Luis Duhalde además de abogado,  fue juez y profesor universitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA a su regreso al país. ¿Puede ser eso un error, o es intencional ?

La designación “terrorismo de estado” es una calificación de propaganda política (con gran penetración en la población por la difusión en los medios de comunicación y su uso por ignorantes o aviesos propagadores del término) y por lo tanto, no es un término jurídico.

Aún aquellos que aceptan esa denominación (incluso Wikipedia) tienen como común denominador, que la acción la debe realizar el Estado sobre sus habitantes para coaccionarlos, obligarles a hacer algo que no desean ni está penado por las leyes, infundirles miedo, etc,

Es a todas luces evidente que  no existe terrorismo de estado cuando la acción se ejerce con las instituciones que determina la Constitución Nacional sobre un enemigo armado que ataca en forma generalizada al estado nacional en la persona de sus funcionarios y de su población civil, por motivos políticos.

 

En este último caso las acciones fueron ejecutados por orden del gobierno nacional (por su presidente según lo determina la constitución) y las acciones se ejecutan dentro de lo que estipula el derecho internacional de guerra y los reglamentos aprobados con anterioridad para la instrucción, equipamiento y conducción de las FFAA, como fue en nuestro caso.

En el juzgamiento por presuntas acciones ilegales acá, los jueces naturales debieron ser los determinados en esas normas militares vigentes en oportunidad de los hechos . Modificar las reglas ex post facto es vulnerar los derechos humanos de quienes actuaron en la guerra.

 

4.-Nueva ofensiva gubernamental contra los miembros de las fuerzas legales que actuaron en la Guerra contra revolucionaria.


Cuando Néstor Kichner accedió a la presidencia en el 2003, ya habían transcurrido 20 años de la reinstalación de  gobiernos constitucionales y pasado 4 períodos presidenciales previos (Alfonsín, Menem dos veces, De la Rúa) – interrumpido por un golpe de estado civil – y completado por Duhalde. Durante ese lapso, y en orden cronológico, se habían sucedido:

·         Los juicios a los comandantes como responsables de los procedimientos utilizados en la guerra contrarrevolucionaria.

·         Los juicios generalizados para todos los miembros de las fuerzas legales que finalizaron con leyes de Punto Final y Obediencia Debida .

·         El ataque del “Movimiento Todos por la Patria” al Regimiento 3 de Infantería, cuyos responsables fueron muertos o enjuiciados y condenados.

·          Posteriormente todos los procesados o condenados por causas políticas fueron amnistiados o indultados. También se había resarcido inequitativamente a  sólo a un sector de las víctimas de la guerra o sus familias ( presos, muertos y desaparecidos por la represión de las Instituciones legales) con la intención de pacificar el país.

 

Es decir que, al asumir,  las secuelas de la guerra interna estaban superadas para el Estado Nacional, con excepción de que aún no se habían otorgado similares beneficios a las víctimas del terrorismo subversivo.

Ese Presidente que se ufanaba de haber formado parte en su juventud, junto a su esposa,  del peronismo de izquierda, modificó la situación descripta con fines políticos personales y con una declamada política de DDHH con la finalidad de obtener el apoyo de la izquierda más radicalizada y de las organizaciones de DDHH que sólo se ocupan de los terroristas de los 70. Cambió la Corte Suprema de Justicia  de la Nación, presionó al Congreso para que anticonstitucionalmente “anulara” las dos leyes mencionadas que ya estaban derogadas, modificó el Consejo de la Magistratura (reservándose una mayoría que le permitía nombrar y/o destituir jueces), nombró de Procurador General a un reconocido abogado totalmente ligado a las OPM de los 70 y logró que se reiniciaran los “juicios penales” a los miembros de las Fuerzas legales que actuaron en la guerra antiterrorista.

Nombró además dentro del Poder Ejecutivo Nacional, una importante cantidad de conspicuos miembros de Montoneros , algunos de los cuales se caracterizan por su ideología marxista leninista (y un odio visceral a la FFAA, por haber estado detenidos por sus actividades terroristas en los 70 o haber tenido que huir del país por esa razón) y están encaramados en importantísimos cargos de ese Poder.

Esas medidas, junto con otras que vulneraron los principios del Derecho nacional e internacional, sumadas a  una nueva campaña de Acción Psicológica incrementada por el dominio gubernamental de medios de comunicación  (mediante  la asignación de propaganda oficial según la ideología o actuación de los medios), revivió el clima contra las FFAA a las que, además,  el gobierno mantiene sin la mínima capacidad para operar  de acuerdo a  la misión que les asigna la Constitución Nacional.

En realidad, el slogan de las ONG de DDHH y de los integrantes del PEN : “Memoria, verdad y justicia”, no es sino la historia oficial distorsionada y aviesa acerca de lo ocurrido en las décadas 60 y 70, que ha convertido a los victimarios terroristas en víctimas inocentes, complementada  por una venganza administrativa y judicial para algunos miembros de las Fuerzas Legales, ejecutada con la utilización de una gran cantidad de testigos inválidos y/o declaraciones falsas.

A esa situación debe agregarse que ya hay más de 1.000  presos políticos (relacionados con las secuelas de la guerra interna), muchos de ellos detenidos sin condenas, con hasta 12 años de proceso;  (1) en abierta violación a los términos prescriptos en la legislación penal y los tratados internacionales, (2) en establecimientos carcelarios comunes. Dentro de los enjuiciados hay 120 fallecidos por enfermedades unidas a las avanzadas edades y/o falta de adecuada atención sanitaria, lo que es una evidente violación de los DDHH que el gobierno dice defender. Baste con señalar que en nuestro país los únicos presos en esas unidades carcelarias que superan los 75 años de edad son militares o miembros de las fuerzas de seguridad y policiales.

Parecería que para los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner  y para  las ONG de familiares y militantes de izquierda, su única tarea humanitaria está relacionada con  los derechos de los terroristas de los 70 y no de la comunidad toda ( niños muertos por desnutrición y falta de atención sanitaria, extrema pobreza, muertes por el tráfico de drogas y su uso sin control, muertes por la delincuencia común, situación de los detenidos en la cárceles, jóvenes que no estudian ni trabajan, etc).

A partir de 2007, con la segunda gestión de los Kirchner – Cristina – y de mano de la Ministro de Defensa Nilda Garré y su asesor especializado, el presidente del CELS (Centro de estudios legales y sociales) Horacio Verbitsky, que han operado sin prisa pero sin pausa para desarticular nuestras FFAA, la situación de violación de DDHH y su manejo para lograr tal fin se ha generalizado y extendido a ámbitos muy sensibles para el personal militar, a saber:

 

·         En el plano administrativo:

a.    Se ha logrado la paulatina pauperización de los militares retirados al violar la Ley 19.101 que establece haberes de retiro proporcionales aproximadamente al 80% al de personal de actividad ( hoy es del 37%). Paralelamente resultan afectados los servicios de salud y prestaciones de las obras sociales en la misma medida que los sueldos. Tal circunstancia ocurre justamente en el período que los retirados necesitan más esos servicios en razón de su situación de edad avanzada.

b.    Ha quedado establecido el método de selección por “portación de apellido” que impone límites de ascensos a los niveles más altos de la conducción a hijos o parientes próximos de militares que ejercieron cargos o funciones durante el gobierno de facto de 37 años atrás, en una inédita conducta discriminatoria del gobierno, más propia del “Gulag” que de un sistema republicano.

 

·         En el plano educativo:

a.    Se ha intentado socavar valores y tradiciones propias de la historia de nuestras FFAA alterando los planes de estudio de sus institutos de formación, extendiendo dicha medida a los liceos militares de las tres Fuerzas, una de las fuentes más importantes de los oficiales de reserva. Desde luego lo que se intenta es instalar en los jóvenes una visión sesgada de la historia, referida a nuestro pasado reciente .

b.    En forma paralela se ha procedido a una “selección” de profesores de aquellos institutos y a la designación de notables funcionarios, como es el caso de Martín Tomás Grass (Nombre de guerra “Chacho”)[2] a quien se encomendó los proyectos de reforma de los planes de estudio de esos institutos, probablemente por su experiencia en toma de comisarías, unidades del Ejército, detonación de explosivos, etc ( julio de 1971- Rosario y

Tucumán) condenado por la CAFEPE (Cámara Federal en la Penal) en mayo de 1972 a 4 años y 6 meses de prisión.

 

·         En el plano jurídico y judicial: Aquí se dan las muestras más brutales de avasallamiento de los DDHH con absoluta impudicia. (ver Apartado 2. de este boletín)

a.    La alteración de principios constitucionales, tratados internacionales y normas universales del Derecho, con el objeto de desencadenar la persecución judicial a los militares  y miembros de las fuerzas subordinadas que actuaron en la guerra contrarrevolucionaria.

b.    Las parodias de juicios “populares” donde la condena está dictada de antemano por jueces prevaricadores y atemorizados que admiten testigos falsos e inválidos jurídicamente; que toleran amenazas e insultos a los imputados por parte de “claques” organizadas; que niegan las libertades a procesados (no condenados) que han excedido con creces los términos máximos permitidos; que no otorgan prisión domiciliaria a sentenciados o procesados mayores de 75 años, etc

c.    La persecución penal y académica a algunos abogados defensores de militares por la sola razón de serlo y expresar sus ideas en colisión con el “pensamiento oficial”

d.    La detención de militares por meras sospechas o por manifestaciones inéditas de testigos comprometidos o “preparados”(cuya segunda o tercera declaración va cambiando y agregando elementos de identificación antes nunca declarados) que hacen procesarlos por el reconocimiento de una voz o de un perfume a 30 años de distancia.

e.    La inacción de fiscales y jueces contra los crímenes perpetrados por la organizaciones subversivas terroristas, a lo que sólo hay una excepción a la regla : el caso del secuestro, la detención ilegal y el asesinato del coronel Argentino Del Valle Larrabure.Esa situación se debe en gran medida a la actuación de otro pro-terrorista en un puesto clave : el Procurador General de la Nación, el abogado Esteban J. Righi quien ha prohibido a sus fiscales dependientes iniciar acciones por ese tipo de delitos, afectando no sólo a la imprescindible equidad de tratamiento, sino a los derechos de las víctimas de aquellos crímenes que no han recibido compensación alguna por parte del Estado Nacional, en contraposición con las víctimas y causahabientes de los terroristas, inclusive los muertos en ataque a las instituciones.

 

5.- Artículo periodístico que describe complementariamente, lo expresado en este Boletín.


Creemos que el artículo titulado: “Derechos humanos y corrupción” de Carlos Manfredoni , miembro del grupo de expertos de la OEA que redactó la “Convención Interamericana contra la Corrupción.”, publicado el 29 de mayo de 2008 en el diario La Nación, afirma sin detallar, lo explicado hasta aquí.. 

 “Suele decirse que el actual gobierno mantiene una política activa en materia de derechos humanos porque impulsa de manera agresiva la investigación de graves crímenes cometidos en la década del 70. Sin embargo, la falta de interés en la preservación de los derechos humanos del presente -incluyendo, entre muchas cosas, la parcialidad con la que se llevan a cabo esas investigaciones- y la enorme corrupción estructural, encubierta por el activismo setentista, parecen mostrar la conclusión contraria: un gobierno especulativo con la temática de los derechos humanos.


Una política de derechos humanos no debería significar exclusiva ni principalmente el juzgamiento de violaciones de la dignidad de las personas. En todo caso, ésa será una tarea judicial, que, como tal, no debería formar parte de la política. Cuando una tarea de la Justicia pasa a formar parte de la política de un gobierno se pone en peligro la objetividad de los jueces.

Existen algunas muestras de la parcialidad. La primera, que los jueces han rechazado, hasta ahora, la posibilidad de juzgar también a los miembros de organizaciones terroristas de los 70, con el argumento forzado y contrario a la tendencia y jurisprudencia internacional de que sus actos no constituyeron crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, están prescriptos. La segunda, que muchos de quienes integraron esas organizaciones terroristas o las apoyaron ocupan cargos en el Gobierno e incluso intervienen, en nombre del Estado, en las causas que los han involucrado.


En esto existe un problema ético muy grave, porque aun si se supone que los delitos de los ex terroristas están prescriptos, eso por sí mismo no los hace moralmente mejores en el presente. Si alguien fue un asesino en los 70, su condición moral no mejora por la prescripción de su delito. Un gobierno con sensibilidad en materia de derechos humanos advertiría esta diferencia.


Una verdadera política de derechos humanos está encaminada a evitar que en el presente y en el futuro se cercenen los derechos y las libertades fundamentales. El sostenimiento ostensible de fuerzas de choque que golpean a manifestantes pacíficos por el solo hecho de expresar el rechazo de una política oficial, el avasallamiento de la independencia de la Justicia por vía de la reforma del Consejo de la Magistratura, la utilización del Poder Judicial y del ministerio público como instrumentos de venganza contra aquellos a quienes se considera opositores, la permisividad absoluta frente a la obstrucción de la circulación vial a lo largo de años por grupos pro gubernamentales, frente a la mano dura que ahora se levanta contra quienes protestan contra el Gobierno, y las maniobras orientadas a cercenar la libertad de prensa son apenas algunas de las señales de preocupación selectiva por los derechos humanos.


Esta doble moral en materia de derechos humanos lleva a sospechar que las acciones impulsadas por el poder político ante los jueces no constituyen más que una distracción, cuando no una prenda arrojada a las organizaciones de izquierda que todavía no han vendido sus convicciones. Ello con el fin de disimular una estrategia que, bajo el eufemismo de la argentinización, se encamina a la adquisición de activos privados en beneficio de ciertos grupos allegados al Gobierno”.
(Lo subrayado en el texto que precede, es nuestro)


6.- Consideraciones finales.


A partir de 1984 y luego de sucesivos enfrentamientos políticos y judiciales que comenzaron con los juicios a los comandantes de las FFAA y finalizaron con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ( que fueron verdaderas amnistías) y posteriormente con los indultos de Menem, Duhalde y De la Rúa, el país había dejado para ser juzgados por la historia los acontecimientos sucedidos en la “guerra revolucionaria” desatada en el país así como sus consecuentes secuelas.

En el 2003, el presidente Kirchner quien fuera ungido presidente, casi por azar, y que llegaba con el voto del 25% de la ciudadanía, y por ello  con escasa representatividad y debilidad, decidió para fortalecer su poder, gobernar con el apoyo – o por lo menos la no oposición - de aquellos partidos y organizaciones de accionar más virulento, ideologizado y/o con mayor capacidad de movilización social, que podían afectar su administración.

Eligió entonces la “estrategia del uso político de los DDHH” para congraciarse con toda la izquierda radicalizada, y también con el centro-izquierda (los llamados progresistas) de los restantes partidos políticos. Su blanco principal fueron la FFAA que ya venían afectadas por la campañas de acción psicológicas anteriores para lo cual reinició inmediatamente la agresión contra  las mismas mediante acciones políticas, jurídicas, judiciales y una intensa propaganda que afectó a un millar de miembros de aquellas Instituciones que habían combatido al terrorismo subversivo.

Complementariamente destruyó y manipuló el servicio de  justicia para obtener esos fines y lograr además impunidad para los terroristas que actuaron en esa guerra, a la par que le servía – y quizás fuera la real finalidad - para la prevista manipulación de dinero del erario público necesaria para mantener corruptamente  su poder político .

La claridad y contundencia del documento  escrito por Carlos Manfredoni y su exacta síntesis de la distorsionada situación que vive nuestra sociedad respecto del uso y  explotación política de los DDHH nos eximen , en este boletín, de cualquier otro agregado o conclusión.


FIN DEL BOLETÍN Nº 176.-

 

REFLEXION

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

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 NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY 

 




[1] Abogado. En 1968 su estudio de la calle Rodríguez Peña era “un polo nacionalista revolucionario (libro “Galimberti” de Larraquy y Caballero. Su compromiso con el terrorismo era tan profundo que Santucho le mandó a informar (1970) que había creado el ERP y que necesitaría sus servicios jurídicos…”como vamos a empezar la guerra, seguro que tendremos muchos problemas legales” (María Seoane “Todo o nada”, ed Planeta). En septiembre de 1971 encabezó la nómina de fundadores de la Asociación Gremial de abogados , cantera de donde saldrían los defensores de los terroristas.(J.B.Jofre, “Volver a matar” ed Sudamericana). En agosto de 1972 recibió en Chile a los terroristas escapados del Penal de Rawson. Fue director de la revista “Militancia para la Liberación” junto con Rodolfo Ortega Peña (asesinado por la Triple A) desde la cual instigaban y hacían apología de las acciones protagonizadas por todas las organizaciones subversivas terroristas. Perseguido por esa misma organización, durante el gobierno de la Vda de Perón se escapó a España y fue uno de los principales dirigentes que organizó denuncias internacionales contra el país (Durante el mundial de fútbol de 1978 fue secretario del “Comité de boicot” al mundial 78”. Y durante la Guerra de Malvinas en 1982 presidió el movimiento desde Europa “Contra la guerra del Atlántico Sur”). Volvió al país a fines del 83, presentando su libro “El Estado Terrorista Argentino”, donde continuó su actividad política, ideológica y propagandística junto con el CELS. En 1986 , junto con Gorriarán Merlo participó de la creación en Nicaragua (Managua) del “Movimiento Todos por la Patria – MTP” (Libro “Memorias de Gorriarán Merlo”) organización terrorista que protagonizó el ataque al Regimiento 3 de la Tablada en enero de 1889 (Presidencia de Alfonsín), donde murió el Dr Baños presidente del CELS ( hoy presidido por Horacio Verbistky). Fue profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en 1998 fue nombrado Juez de Cámara de los Tribunales Orales de la ciudad de Bs As. Profesa la doctrina marxista Leninista  actualmente enrolado en la corriente de la escuela de Francfurt (Gramsci – Marcuse). En 2003 participa en la campaña política con Néstor Kirchner, quien al asumir lo nombra como Subsecretario de DDHH y quien hasta hoy, sigue en su cargo a pesar de las posteriores modificaciones formales del cargo.( Hoy Secretaría deDDHH de la Nación).

[2] Inicialmente miembro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), luego oficial 2do de Montoneros. Intervino en el ataque  al Reg I Mte 29 sito en Formosa, el 5 de octubre de 1975. Trabajó en la fábrica de lanzagranadas descubierta en Villa Dominico (Pcia Bs As) y perteneció a la Col Sur de esa OPM. Detenido en la ESMA desde enero de 1977 hasta 1979 en que se lo liberó y salió al extranjero. En 1995 trabajó en el COMFER y como “profesor de “Comportamiento Democrático” en la Universidad de San Miguel. En 2009 era Subsecretario de Promoción de Derechos de la Secretaría de DDHH de la Nación.

Anteriormente trabajó en los proyectos de reforma de lo planes de estudio de las FFAA (Ministerio de Defensa de la Nación). Fuente: Juan B. Jofre. Libro “Volver a matar” Ed. Sudamericana.


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