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Asunto:[nuestra_historia_70] B178- DERECHOS HUMANOS.Su empleo político contra la s FFAA.4ta Parte
Fecha:Jueves, 28 de Abril, 2011  18:36:54 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>

"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

B178- DERECHOS HUMANOS.Empleo político contra las FFAA.4ta Parte  29 Abril 2011

 

 

 Temas desarrollados

·         El Consejo de la Magistratura (CM).

·         Los Jueces Federales

·         Las ONG de Derechos Humanos “tuertos”.

·         REFLEXION


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En nuestro boletín anterior B-177 describimos las llamadas “usinas o fábricas” que son las que generan los planes de explotación de los DDHH con fines políticos e ideológicos. A saber:

 

1.    Las potencias internacionales o países rectores.

2.    La Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3.    La Secretaria de DDHH de la Nación.

4.    El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

En el presente detallamos a “los obreros”, es decir los difusores y multiplicadores de las consignas recibidas y agentes activos de hostilidades contra los acusados de ser “violadores de los DDHH”.  Ellos son:

 

5.    El Consejo de la Magistratura (CM).

 

Fue creado como órgano permanente del Poder Judicial durante la reforma constitucional de 1994, reforma que incorporó el artículo 114 en el cual quedaron definidos  sus objetivos esenciales:

 

Ø  Es el organismo encargado de la selección de los magistrados y de la administración del Poder Judicial. Dice la Constitución Nacional:

 

“Será integrado periódicamente de modo que se procure el  equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los  jueces de todas las instancias y de los abogados de la matricula federal. Será integrado asímismo, por otras personas del ámbito académico y  científico, en forma y número que indique la ley”

 

Luego de dejar definidos estos objetivos esenciales, el artículo 114 enuncia las 6 atribuciones del CM:

 

ü  Seleccionar mediante concurso a postulantes a magistraturas inferiores.

ü  Emitir propuestas  en ternas vinculantes para su  nombramiento.

ü  Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne  a la justicia

ü  Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados,

ü  Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente..

ü  Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todas  aquellas normas   que sean  necesarias para asegurar la independencia de los jueces y la  eficaz prestación de los  servicios de justicia.

 

Está claro que al decidirse la creación de un órgano con facultades tan importantes  como seleccionar y proponer jueces, sancionar y hasta decidir la apertura de jury a magistrados, se dejó precisamente establecida la necesidad de mantener el adecuado equilibrio en su integración, cuya finalidad básica consistía en “asegurar la independencia de los jueces”.

 

El articulo 114 de la Constitución Nacional se reglamentó recién con la sanción de las leyes 24.937 y 24.939 (B.O. del 6 de enero 1998) estableciendo el número de integrantes del CM en 20 personas y designando para presidirlo al  Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que aseguraba a ésta no ser un convidado de piedra en el reparto de un presupuesto, que en el año fiscal 2010, orilló los 3.600 millones de pesos

 

La composición y competencia del CM en sus inicios respetó el espíritu de las constituyentes de 1994, que lo idearon con la declarada finalidad de sanear la forma de designación de los jueces, como también su remoción.

 

La ley fue reformada en varias oportunidades, en una de las cuales se excluyó de su integración al Presidente de la CSJN y, en febrero del 2006 por Ley 26.080, se redujo su composición al número de 13 miembros, el que se mantiene en la actualidad.

 

El CM requiere un quórum de 7 integrantes (antes eran 13) para sesionar y sus decisiones se adoptan  por mayoría de presentes, salvo la apertura a jury de enjuiciamiento que requiere 2/3 o la remoción de sus propios miembros que necesita 3/4.

 

La modificación del 2006 fue netamente funcional a su control por parte del Poder Ejecutivo, dado que la mayor proporción de integrantes eliminados correspondió a representantes de la 2da minoría  parlamentaria , lo que sumado a la drástica reducción de sus miembros (1/3), favoreció la obtención de mayoría oficialista. Al respecto el Presidente de la Asociación de Magistrados (que reúne a los jueces de la Argentina), Dr. Ricardo Recondo, años más tarde, calificó de “nefasta” a la reforma del CM realizada y advirtió que el organismo “está absolutamente desprestigiado. El gobierno intentó conseguir que la justicia no funcionara de manera independiente” (La Nación, 20 Julio 2009)

 

En tanto, las consecuencias de la supresión del Presidente de la CSJN ya había sido alertada entonces por   esa misma asociación, al alertar sobre la pérdida de las atribuciones administrativas y disciplinarias propias del Poder Judicial, que son naturales a la Constitución Nacional de 1853/1860.-

 

El CM ha sido protagonista de varios escándalos públicos: postulante no seleccionado pese a lograr en el concurso el primer lugar de la terna (caso Gutiérrez, Jorge A), facilitación de temas de examen a ciertos candidatos, recomposición (alteración) de órdenes de mérito, adjudicación arbitraria de valuaciones a funcionarios del partido oficial en detrimento de abogados independientes, etc.

 

El Consejo de la Magistratura se ha transformado en  un escenario de lucha constante de naturaleza política y no apunta precisamente a la búsqueda de un mejor servicio de justicia porque el sistema está diseñado - y funciona en los hechos - para asegurar la presencia de jueces oficialistas que no obstaculicen ninguna decisión del gobierno, ni siquiera las persecutorias políticas. Cuando llega una terna al Poder Ejecutivo éste las frena y no remite los pliegos al Senado. Se prefiere mantener las vacantes sin cubrir, a tener jueces que no garanticen absoluta fidelidad.

 

Luego, esas vacantes se cubren designando subrogantes que carecen de la investidura constitucional de jueces (a veces meros funcionarios, secretarios) y por tanto no gozan de inamovilidad. En otras palabras, actúan como jueces mientras sean dóciles, en caso  contrario son removidos sin necesidad de juicio político (caso del juez Farías del TOF5 en causa “ESMA”: Todas las impugnaciones e inconstitucionalidades planteadas en su respecto no han tenido éxito alguno. Cuando las recusaciones llegan a la Corte ésta las rechaza por no considerar la decisión definitiva – Sin embargo, aunque el imputado resultara absuelto, esa absolución quedará a merced de una tacha de nulidad posterior que la repute “no válida”, por haber sido dictada por un juez…. ¡que no es juez!).

 

Recordamos que en el sistema anterior a la aparición del CM, el aspirante a juez buscaba recomendaciones y apoyos políticos para presentarse como postulante ante el Ministerio de Justicia; de lograrlo, el Presidente de la Nación enviaba su pliego al Senado y allí los bloques negociaban el reparto de vacantes judiciales.

 

Pero el sistema actual (modificado en 2006) no es mejor, porque el oficialismo se aseguró la mayoría para bloquear (aunque no para proponer) y con eso es suficiente: bloquea nombramientos y también juries de enjuiciamiento a magistrados. Oyarbide y Servini de Cubrías pueden seguir durmiendo tranquilos. (Dos jueces que avergüenzan,  La Nación, editorial del 26 de febrero de 2011)

 

El oficialismo sigue imponiendo su voluntad porque, con los 7 miembros que le responden le alcanza para neutralizar las decisiones que requieran 2/3, o tiene mayoría para los casos normales. De tal forma que no sólo sometieron al renunciante Presidente de la Cámara Dr. Alfredo Bisordi ( en su duelo casi” cara a cara” con el Presidente Kirchner), sino a todos los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, que alcanzaron a parar los enjuiciamientos que se les venían encima, o bien renunciando (Berraz de Vidal y Capolupo de Durañona y Vedia), o bien “negociando” en las causas contra militares, ya sea denegando excarcelaciones, confirmando la categoría de “crímenes de lesa humanidad”, revocando excarcelaciones o aceptando prórrogas indefinidas de prisión preventiva. Una verdadera vergüenza para la Nación

 

No es que se haya “quebrado el equilibrio”, sino que todo el sistema es corrupto y corruptor, tanto por la trenza política concertada entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la mayoría oficialista, como por la sumisión que impone a los jueces, que se transforman en sirvientes del oficialismo.

 

El desempeño de esta nueva institución, el Consejo de la Magistratura, ha ido empeorando con el correr del tiempo. Los “manejos” o “arreglos” políticos no han variado, sólo se han trasladado del Senado al CM. Según la opinión de varios destacados constitucionalistas en una próxima reforma constitucional debería ser abolido por el alto grado de discrecionalidad que permite, y para evitar que – desde el inicio- dicha negociación se dé fuera del ámbito de integración partidaria , como es el Senado de la Nación.

 

   6.  Los Jueces Federales

 

La finalización del juicio a los miembros de las Juntas Militares (Causa 13) con su sentencia condenatoria  actuó como verdadero disparador de procesos contra el personal castrense.  Jueces Federales de todas las jurisdicciones del país comenzaron a citarlos – incluyendo a oficiales de baja graduación, como así también a suboficiales de las FFAA y fuerzas subordinadas – para imputarlos por supuestos delitos ocurridos durante el desarrollo de la Guerra Contrarevolucionaria de los 60/70.

 

Esa actitud generalizada, llevada adelante por jueces que (casi en su totalidad) habían  jurado someterse al Estatuto del Proceso por encima de nuestra Constitución  Nacional, revelaba un elevado sentimiento de  expiación o de venganza, a la vez que contradecía las declaraciones del Presidente Alfonsín en cuanto a los niveles de responsabilidad jerárquica  a los que debería juzgarse .

 

Otro factor de suma gravedad era que estos jueces encuadraban las acciones de las fuerzas legales en el Código Penal, desconociendo la existencia de la Guerra Interna desarrollada en el país que ya había sido admitida por la Cámara Federal en la citada Causa 13, guerra que por otra parte se había librado por orden de la máxima autoridad constitucional ( a la que no se le formularon imputaciones por esa responsabilidad), de acuerdo con la cual las FFAA se empeñaron  institucionalmente contra el terrorismo subversivo aplicando la doctrina y reglamentos vigentes a esa fecha.

 

Esta verdadera campaña de persecución judicial llegó al extremo de generar una expresión popular:” cada juez federal quiere tener su propio militar preso”. Además fue generando progresivas tensiones en las fuerzas, dado que los oficiales subalternos y suboficiales no entendían ni aceptaban que se les imputaran delitos comunes sustrayéndolos del Código de Justicia Militar, ni que se rompiera el principio de la obediencia debida al superior que les había impartido las órdenes operativas, cuando a ellos, por su baja jerarquía, sólo les cabía  ejecutarlas so riesgo de ser procesados  a  su vez.

 

Para dar término a esta situación irregular el Presidente Alfonsín dictó la Ley de Punto Final (Nº 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986) que estableció como fecha tope para iniciación de procesos al personal militar el 23 de febrero de 1987.

 

Para interpretar la intención profunda de esta medida legislativa es vital rescatar las declaraciones y comunicados emitidos ese mismo día y el siguiente por dos altos funcionarios del gobierno de entonces:

 

“A partir de la finalización del plazo fijado en la ley 23.492, cesó para siempre el estado de sospecha que pesaba respecto a centenares de personas que actuaron en la represión de la subversión terrorista, en cumplimiento de una orden legítimamente emanada del entonces Presidente de la Nación. Quienes no fueron llamados a prestar declaración indagatoria son definitivamente inocentes” (Dr. Ideler Tonelli, Subsecretario de Justicia de la Nación)

 

“Por consiguiente el posible juzgamiento de miles de integrantes de los cuadros del personal militar, a partir de ahora no podrán ser investigados y por lo consiguiente, ni citados ni procesados”… (Dr. Alfredo Mosso, Subsecretario de Defensa Nacional)

 

Pese a la claridad de las intenciones expuestas al promulgarse esta ley, que precisamente deseaba establecer un “ Punto Final” sobre el tema en cuestión, se produjo un efecto inmediato  absolutamente opuesto. Ante la inminencia de una fecha límite y disponiendo de 2 meses para iniciar procesos al personal militar, los jueces federales multiplicaron sus citaciones agravando así la inestabilidad social y política reinante. Esa avalancha de citaciones determinó al Presidente Alfonsín a dictar la ley de “Obediencia debida” (Nº 23.521, promulgada el 8 de junio de 1987), que suspendió la prosecución del grueso de los procesos de esta naturaleza.

 

El 15 de junio de 1987 la Cámara Federal de Bahía Blanca, en voto dividido, declaró la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida , pero el 22 de junio la CSJN afirmó por primera vez la constitucionalidad de esa ley, hecho que se repetiría en los años futuros en diez oportunidades subsiguientes, ante nuevas declaraciones de inconstitucionalidad de jueces de primera instancia y tribunales superiores.

 

Menos de un mes más tarde, el 7 de julio de 1987, el Presidente Alfonsín presidió la cena de camaradería de las FFAA y al cierre de la misma dirigió un discurso a la Nación del que rescatamos los párrafos siguientes porque también sintetizan la esencia del objetivo buscado al promulgar las leyes en cuestión, como así también el preanuncio de la estrategia que adoptarían los enemigos de la patria.

 

….”Decíamos que los argentinos estamos superando desacuerdos que impidieron nuestra marcha hacia el futuro y el análisis maduro de nuestros problemas. Precisamente por ello es que se advierten claras manifestaciones de una estrategia desesperada de los que saben que se les escapa el tiempo para reimplantar el esquema de la decadencia”

 

“Pero, de lo que estoy seguro es que el blanco más importante, por lo menos en los próximos meses, serán las Fuerzas Armadas de la Nación”

 

“Se va a volcar sobre ellas; aún en mayor medida de lo que ya se advierte, a través de la prédicas antidemocráticas que todos ustedes conocen y el país también, una acción psicológica montada a escala colosal”

 

“Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas me dirijo a todos los argentinos sin distinción para pedirles el justo reconocimiento a la labor abnegada que desarrolló por la Patria el conjunto de los hombres del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea ”

 

….” No importa entonces la magnitud de nuestra carga pretérita. Importa más, mucho más, demostrar que somos capaces y estamos dispuestos a contribuir al surgimiento de un país moderno, pujante y de una sociedad totalmente  solidaria y participativa, respetuosa del estado de Derecho y sujeta definitivamente a la soberanía popular”

 

A guisa de comentario sobre estas clarísimas expresiones del entonces presidente Alfonsín recordamos que en el año 2003 al ser consultado periodísticamente sobre la anulación de las leyes de PF y OD por él concebidas y promulgadas, declaró que “lo veía bien” y que “lo que pudo ser bueno en el  pasado no necesariamente debía mantenerse”. Dualidad inaceptable y oportunista de un ex Presidente de la Nación que, por esa condición y su calidad de abogado, no podía ignorar la violación a la Constitución que se estaba perpetrando desde el Poder Ejecutivo, con el preciso objetivo de iniciar una persecución judicial contra las FFAA que él mismo había anticipado 16 años antes.

 

Los efectos de la ley de Obediencia Debida (verdadera “ley de amnistía”) sancionada en 1987 por el Congreso, generaron un clima de gran distensión, al que siguió otro de pacificación general cuando el Presidente Menem – a poco de asumir- dictó 9 decretos de indultos (cuatro el 7 de octubre de 1989 y cinco el 29 y 30 de Diciembre de 1990) por los cuales cesaban las acciones judiciales y penales sobre:

 

Ø  Altos jefes militares con actuación en la guerra  revolucionaria, no alcanzados por la ley de Obediencia Debida;

Ø  Personal condenado a causa de la guerra de Malvinas; 

Ø  Militares y civiles sentenciados o procesados por los motines de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli (1987-1988);

Ø  Terroristas subversivos en proceso, prófugos o encarcelados.

 

Esta situación de notable pacificación y  finalización de acciones judiciales derivadas de la Guerra Revolucionaria duró hasta el 2001, momento en que varios jueces federales intentaron declarar nuevamente la anticonstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida requiriendo la intervención de la CSJN que, como ya expresamos con anterioridad, rechazó esa pretensiones en más de 10 sucesivos casos similares, ratificando su valor constitucional.

 

El “status quo” se alteró bruscamente con la llegada de Néstor  Kirchner a la Presidencia  de la Nación en el 2003. Su primer objetivo consistió en desmantelar la denominada “mayoría automática “de la CSJN con el apoyo del Congreso para, acto seguido, proponer su propia “mayoría automática”.

 

En agosto del mismo año el Poder Ejecutivo impulsó al Legislativo al dictado de la ley Nº 25.779 por la cual se declararon nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (ya derogadas por Menem en 1988) bajo el pretexto que se trataba de delitos de “lesa humanidad”; imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. Así el Congreso Nacional, arrogándose facultades que la Constitución Argentina le impide, declaró la nulidad de esas leyes que habían sido promulgadas por un gobierno constitucional y ratificadas  por la CSJN de ese entonces en múltiples oportunidades.( Es decir que el Congreso violó la Constitución Nacional al solo efecto de instrumentar la persecución jurídica a las FFAA, dado que las leyes ilegalmente anuladas habían sido derogadas con anterioridad). La actual CSJN incurrió en un exceso aún mayor, pues aplicó retroactivamente  la ley de nulidad  basándose  en fuente extranjera para juzgar una guerra interna.

 

Recordemos que derogar una ley es suspender sus efectos desde ese momento hacia delante, y anularla es dejarla sin vigencia, como si no hubiera existido.

 

Ø  A partir de esa barbaridad jurídica el Poder Ejecutivo incrementó la presión sobre los jueces federales quienes – ideológicamente afines, complacientes o cobardes – reiniciaron la persecución judicial  a los militares, que había quedado sin efecto ¡16 años atrás!  Todos ellos saben a ciencia cierta que están violando la Constitución Nacional, las leyes, las normas esenciales del Derecho y los Tratados Internacionales a los que la Argentina ha adherido.  Son jueces, fiscales  y camaristas  que han incurrido en el delito de prevaricato.

 

La sucesión de arbitrariedades cometidas por estos magistrados violadores de los DDHH  han sido:

 

Ø  Negar el beneficio de arresto domiciliario a los mayores de 70 años o a procesados seriamente  enfermos, recluyéndolos en cárceles comunes carentes de facilidades sanitarias, lo que ha  provocado la muerte de 120 procesados en prisión en claro cuadro de “abandono de persona”. Esta medida ha generado que sean militares de 80 años o más las únicas personas en prisión de esas edades.

 

Ø  Negar el derecho a la excarcelación a los procesados que hayan superado los 3 años de detención preventiva, tal como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica.  Hay docenas de estos casos que duplican y hasta cuadriplican esos tiempos.

 

Ø  Aceptar testimonios de testigos falsos o inhábiles, como miembros de organizaciones terroristas y tolerar las modificaciones a su testimonio inicial dictadas por organismos de DDHH “tuertos “.

 

Ø  Ordenar detenciones y  procesos por denuncias inverosímiles tales como...reconocer a una persona por la voz o por el olor de un perfume,  a 30 años de ocurrido el supuesto delito.

 

Ø  Rechazar pruebas categóricas ofrecidas por las FFAA cuando exoneran al imputado, al dejar establecida su imposibilidad de estar en el lugar y momento de la comisión del delito.

 

Ø  Permitir que en los juicios orales actúen claques organizadas que agreden verbal y físicamente  a los procesados, a modo de “tribunales populares”.

 

Ø  Obstaculizar y limitar las acciones de los defensores,  llegando al extremo de iniciarles persecuciones penales y académicas (caso del Dr. Alfredo Solari, profesor de Garantías Constitucionales  del  Derecho Penal, en la Facultad de  Derecho , UBA).

 

Ø  Protagonizar parodias de juicio, en los que la sentencia está dictada de antemano, sin  considerar probanzas ni testimonios de peso presentados por las defensas.

 

Ø  Coaccionar a testigos y defensores amenazándolos con imputarles “apología del delito” cuando se expresan referencias históricas vinculadas con crímenes cometidos por el terrorismo subversivo.

 

Ø  Negarse a administrar justicia alegando “violencia moral”, al sentirse coaccionado por las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos la presidente Cristina Kichner (caso del juez subrogante Santa Fé, Martín Gutiérrez)  Ellos señalaron – expresó el juez - que quienes tienen la responsabilidad de entender en procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emitan fallos que resulten contrarios a las pretensiones del Estado Nacional comparten la ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento” (La Nación , 30 abril 2009) .

 

Ø  No accionar frente a los delitos de lesa humanidad  perpetrados por terroristas subversivos.

 

Ø  Aceptar el tratamiento inequitativo que supone declarar nulos los decretos de indulto a militares y mantener vigentes los que amparan a terroristas.

 

Ø  Violar sistemáticamente los principios del Derecho que consagran:

 

ü  la garantía del juez natural,

ü  la prescripción de los delitos;

ü  la irretroactividad de la ley penal; 

ü  la cosa juzgada y derechos adquiridos;  

ü  a aplicación de la ley más benigna; 

ü  la no tipificación de los delitos imputados al tiempo de su comisión.

 

Instituciones  fundamentales  arrasadas en  aras de cumplir con una misión de venganza dispuesta por el poder político.

 

Finalmente, nos parece oportuno transcribir el comentario de una profesional en la materia, Dra. Andrea Palmas Alarcón que, tras describir la funcionalidad del Poder Judicial previendo las necesidades del Poder Ejecutivo ante un nuevo aniversario del 24 de marzo, se expresa de la siguiente manera desopilante, no exenta de triste realidad:

                                                                    

“Si mañana gobernara el ratón Mickey, la Corte Suprema  proclamaría que la Constitución Nacional es una gran horma de queso”

 “Esta modesta abogada nada puede enseñar a los miembros del  “Supremo Tribunal de la Nación y demás inferiores que ya no conozcan”

“Estremece concluir que saben mejor que cualquiera que lo que hacen es puro y simple prevaricato y que les importa un legal rábano”  (El Informador Público, 30 marzo 2011).

 

7.    Las ONG de Derechos Humanos “tuertos”.

 

Si hacemos un rápido repaso de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) de los derechos humanos más mentadas y de mayor protagonismo en nuestro país tenemos:

 

Ø  Servicio de  Paz y Justicia (SERPAJ, nacida en 1973).

Ø  Asamblea Permanente por los derechos Humanos (1975).

Ø  Movimiento Ecuménico por los derechos humanos (MEDH, 1976, que nuclea mayoritariamente a las iglesias evangélicas).

Ø  Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas (1976).

Ø  Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora – Madres de plaza de Mayo, sector Bonafini (1977).

Ø  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS,; 1977, ya desarrollado en el boletín anterior)

Ø  Abuelas de Plaza de Mayo (1977).

Ø  Movimiento Judío por los derechos humanos (MJDH,1982).

Ø  Asociación de Ex detenidos desaparecidos (AEDD,1984).

Ø  H.I.J.O.S.(1995)

Ø  Liga argentina por los derechos del hombre.(LADH, 1937)

 

Salvo la última de las ONG citadas en la lista previa –  se trata de una colateral del Partido Comunista fundado en 1918 – todas las restantes aparecieron a partir del nacimiento y desarrollo de la Guerra Revolucionaria en la Argentina y con el preciso objetivo de velar por los derechos de aquellas personas que componían las organizaciones político–militares ilegales a las cuales les cabe la responsabilidad de haber desencadenado aquella guerra armada interna.

 

Es decir que en la práctica (aunque en la mayoría de sus cartas orgánicas se proclame lo contrario) estas  ONG carecían de esa amplia concepción universal de los DDHH que convoca a defenderlo sin limitaciones, sin prejuicios ni preconceptos y en toda oportunidad en que fuesen amenazados o vulnerados. De allí la caracterización de ONG de DDHH “tuertos”, en correlato con la mirada sesgada y visión parcial con las que fueron concebidas y tal como se han comportado desde entonces.

 

Salvo la excepción formulada, la ONG de mayor antigüedad entre las citadas es el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en 1973 por el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel como un movimiento pacifista y defensor de los derechos humanos a nivel latinoamericano, asociado con grupos cristianos marxistas, y que poco tiempo después, colaborara activamente en la creación de la Asamblea Permanente por los DDHH (1975).

 

Si reparamos en las fecha de constitución de esas organizaciones, veremos que en sus inicios respondieron a la angustiosa y humana preocupación de familiares por averiguar la situación de sus parientes presuntamente “desaparecidos”, tanto durante el período constitucional 1973/1976 como en el posterior período del llamado Proceso Militar (1976/1983).

 

Cabe acotar aquí que muchas de esas familias ya había sufrido el shock traumático de perder a sus hijos o seres queridos con anterioridad, al enterarse de la decisión de ellos depasar a la clandestinidad” lo  que era sinónimo de “iniciar el camino de la vía armada para acceder al poder”, con los riesgos emergentes de tal determinación..

 

Luego, los vaivenes de la historia y los condicionamientos políticos ulteriores, alteró en forma substancial aquel pensamiento inicial (acerca del fundamentalismo político que los llevaba a matar y ser muertos) por otro pensamiento sublimado por la propaganda de la “historia oficial”, que los ubica hoy en la categoría de “jóvenes idealistas, cuasi héroes”.

 

Con el correr del tiempo y en particular a partir de regreso al ciclo de gobiernos constitucionales, las actividades de estas ONG se fueron radicalizando más y adoptaron actitudes más próximas a un ejercicio de venganza que al reclamo de justicia (imparcial).

 

Proliferaron entonces las denuncias ante los tribunales federales por “violaciones de los derechos humanos tuertos”; movilizaciones populares para promover legislación que atendiera a sus objetivos mientras negaban trato ecuánime  a quienes consideraban sus enemigos (Ley de Amnistía, de resarcimiento, Punto Final y Obediencia Debida); campañas de propaganda destinadas a desacreditar a las FFAA (omitiendo que fue una guerra reconocida por las mismas organizaciones armadas ilegales y tergiversando lo ocurrido en ella) para instalar en la opinión pública con apoyo de los gobernantes de turno una “historia oficial” falsa, por mendaz y parcial;  y finalmente instalando el “escrache” -patoterismo  made in Argentina - como herramienta política y de condena social violenta contra aquellos considerados por ellos (las usinas) “violadores de los derechos humanos”.

 

Se puede asumir que las ONG de DDHH han continuado los intentos iniciales de destrucción física de las FFAA por las organizaciones armadas terroristas de los 70, al perpetuar las sistemáticas persecuciones judiciales y de desprestigio para afectar la moral del personal castrense, de seguridad y  policial con el fin de lograr  minimizar sus capacidades y limitar al máximo sus recursos, sin importarle las necesidades de  Defensa Nacional ni de Seguridad interior, hoy seriamente dañadas.

 

En suma , esas ONG , son los verdaderos “obreros” de la construcción del “muro de la venganza” por la derrota sufrida en aquel conflicto armado iniciado por sus pariente y amigos. El tiempo ha pasado, las circunstancias nacionales e internacionales son distintas y por ello también su estrategia ha cambiado para adaptarse al nuevo teatro de operaciones que es solamente político-social.

 

En mayo de 2003, la llegada a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner constituyó un espaldarazo enorme para todas las organizaciones de derechos humanos en especial para las “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a las que el flamante presidente consagró como “madres de la Argentina”  (putativas) , con la clara intención de aquietar a las organizaciones de izquierda más combativas, nombrando además como Secretario de Derechos Humanos de la Nación al conocido marxista leninista Eduardo Luis Duhalde autor del libro B-106 “El estado terrorista Argentino”.  Todo ello con la intensión de tener expedito el camino para fortalecer su débil gobierno que había sido electo con sólo un 22% del electorado.

 

Otra ONG que resultó especialmente “apadrinada” por Kirchner, aunque en forma menos evidente, fue el CELS cuyo presidente es  Horacio Verbitsky, convidado a la Casa rosada como concurrente asiduo para ser consultado sobre temas varios (Defensa, seguridad y DDHH)  aunque en particular sobre antecedentes del personal militar, ejerciendo notable influencia sobre la Ministra de Defensa Nilda Garré en lo referente a política de personal vinculada con los  DDHH y lealtades políticas. Ahora Garré cambió su rol por Ministra de Seguridad, pero sigue relacionada con Verbistky para, en base a sus informes, conducir la Policía Federal y en particular también su política de personal.

 

Hace ya varios años que las tres ONG nombradas han alterado su derrotero inicial para convertirse en meros operadores  gubernamentales. Tal metamorfosis fue precedida por definidas expresiones de adhesión y lealtad política a los mandatarios Kirchner y su partido. Tal devota conducta fue muy bien recompensada por  “atenciones” recibidas desde el poder : viajes al exterior en 1ra clase con viáticos, subsidios, participación privilegiada en actos oficiales y eventos de importancia, cargos para parientes cercanos (hijos, hermanos, etc), asignación de espacios radiales y televisivo (incluyendo una radioemisora), créditos baratos, autorización de funcionamiento de entidades anómalas ( caso Universidad de las Madres de Plaza de Mayo), partidas presupuestarias y otros beneficios para “la creación y funcionamiento de una Fundación de las Madres de PM” que construye viviendas para el estado nacional con un “sentido social y político de propaganda” en barrios carenciados. 

 

A su vez, Horacio Verbitsky, Estela Carlotto y especialmente Hebe Pastor de Bonafini, gozan de impunidad irrestricta para insultar, calumniar y amenazar a quienes se opongan al gobierno o a sus respectivas ONG. Ello sucede en parte por razones ideológicas o políticas y en parte porque los jueces, fiscales, políticos, empresarios, sindicalistas, y comunicadores sociales tienen miedo de sus reacciones y aceptan sus dictados y presiones, aún cuando en privado  las adornen con epítetos del mayor calibre. De otra forma no puede entenderse la inacción de la justicia o de los propios damnificados cuando reciben esas diatribas o, en otro orden de cosas, cuando una de ellas puede llegar a librar 30 cheques sin fondo sin que nadie ose decir “esta boca es mía”.

 

Desde luego que esta suerte de salvoconducto (con apoyo del gobierno nacional) de éstas y restantes ONG que se dedican al “negocio de los DDHH”, les ha permitido ejercer una influencia nefasta para la justicia argentina, debido a la presión sobre jueces y fiscales en las causas donde se procesan a militares.

 

Con relación a los juicios que las ONG designan como crímenes de lesa humanidad, sin estar los mismos dentro de la legislación penal Argentina para los casos que nos ocupan, ni existir una sola condena firme (ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), debemos conocer que se ha registrado una lista de cuarenta y seis ONG querellantes en las causas (sí, decimos 46) situación que ha llevado a los magistrados a requerir la unificación de causas para evitar juicios interminables.

 

Cabe concluir que si la totalidad de estas organizaciones se dedicara realmente a la defensa de los “derechos humanos integrales” con el mismo encomio que ahora lo hacen para procurar venganza contra las fuerzas que institucionalmente combatieron la subversión terrorista, nuestro país, con seguridad, sería uno de los de mayor calidad de vida del planeta.

 

FIN DEL BOLETÍN Nº 178.-

 

 

REFLEXION

 

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

-

 

 NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY 

 



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