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Asunto:[nuestra_historia_70] =?UTF-8?Q?003=2D_ARGENTINA_IN=C3=89DITA_=2D_=22EL_LIBRO=22_Desarrollo_de_C?= =?UTF-8?Q?ap=C3=ADtulos_=5B01=5D?=
Fecha:Martes, 22 de Agosto, 2017  07:02:46 (-0300)
Autor:=?UTF-8?Q?ARGENTINA_IN=C3=89DITA?= <nuestra.historia.70 @.....com>


  

¬†‚Äč

‚Äč‚Ä謆22-08-2017¬† ARGENTINA IN√ČDITA

¬†HISTORIA DE LA NACI√ďN - SUFRE TERGIVERSADA POR IDEOLOG√ćAS-¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬†

¬†2017 UNA INVITACI√ďN A Levantar LA MIRADA COMO NACI√ďN AL FUTURO ¬†¬†

NUESTRA HISTORIA 70 - BOLETINES.

ARGENTINA IN√ČDITA¬† - G+

003-ARGENTINA IN√ČDITA PERSONAS DESAPARECIDAS.¬†

Crímenes de Lesa Humanidad-Disposiciones Legales.

 

 

 

 


La Falta de Justicia en la Nación es y sigue siendo la madre de todos los errores cometidos

MENSAJE DEL DIRECTOR

Como ya expres√¡ramos en el env√≠o anterior sobre el libro "Al Gran Fraude Argentino ¬¡Salud!" registrando su √≠ndice y los lugares de compra (incluyendo Mercado Libre), para quien no desee o no pueda comprarlo le adelantamos las partes m√¡s importantes del mismo:

 

En este envío remitimos la INTRODUCCION y las DIPOSICIONES LEGALES sobre personas desaparecidas y crímenes de lesa humanidad.

 

El Director

 

 

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS Y SOBRE CR√ćMENES DE LESA HUMANIDAD.

 

La desaparici√≥n de personas es un hecho que viene sucediendo desde siempre, por lo que es parte del¬†√¡mbito del Derecho Civil de nuestro pa√≠s.

El C√≥digo Civil de la Rep√ļblica Argentina en su T√≠tulo VIII (Art 110 a 125) trata de las ‚Äúpersonas ausentes con presunci√≥n de fallecimiento‚ÄĚ.

Su Art 10 expresa: ‚ÄĚLa ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la Rep√ļblica, haya o no dejado representantes, sin que de ella se tenga noticia por el t√©rmino de 6 a√Īos, causa la presunci√≥n de su fallecimiento‚ÄĚ

El Art 12 dice :¬†‚ÄúCausa presunci√≥n de fallecimiento la desaparici√≥n de cualquier persona domiciliada o residente en la Rep√ļblica, que hubiese sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragase en un buque perdido‚Ķ‚ÄĚ

Finalmente el Art 17 expresa que ‚Äúel juez fijar√¡ el d√≠a presuntivo del fallecimiento del ausente‚Ķ‚ÄĚ

A su vez la Ley 14.394, sancionada en 1954 es complementaria en cuanto a los bienes de los ausentes con presunción de fallecimiento.

Ambito del Derecho Penal.

Debido a la ‚ÄúGuerra Revolucionaria‚ÄĚ iniciada en la Argentina con apoyo y est√≠mulo de Cuba aparecieron en nuestro pa√≠s una serie de secuelas propias de este tipo de guerra intestina.

En diciembre de 1983, con el triunfo militar sobre las organizaciones político-militares (OPM) el gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976, entregó el poder mediante la realización de elecciones libres.

 

El abogado radical Ra√ļl Ricardo Alfons√≠n result√≥ electo presidente y a los d√≠as de asumir, el 10 de diciembre de 1983, entre otras medidas emiti√≥ el Decreto 158/83 que someti√≥ a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres Juntas Militares que gobernaron de facto el pa√≠s a partir del 24 de marzo de 1976. El mencionado ¬†decreto en su Art 2 ¬ļ dec√≠a: que ‚Äúesos juicios se referir√¡n a los delitos de homicidio, privaci√≥n ilegal de la libertad¬† y aplicaci√≥n de tormentos a los detenidos sin perjuicio de los dem√¡s autores mediatos e inmediatos‚Ķ‚ÄĚ

A ra√≠z de estos juicios y los que luego se derivaron, reci√©n once a√Īos m√¡s tarde aparece en el √¡mbito del Derecho Penal la figura de la¬†‚Äúdesaparici√≥n forzada‚Ä̬†al promulgarse la¬†Ley 24.341 el 08 de junio de1994, cuyo Art 1¬ļ dec√≠a : ‚ÄúPodr√¡ declararse la desaparici√≥n forzada de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero‚ÄĚ

 

El Art 2¬ļ defin√≠a la figura¬† al expresar:¬†‚ÄĚA los efectos de esta ley se entiende por desaparici√≥n forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparici√≥n de la v√≠ctima, o si √©sta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detenci√≥n o privada, bajo cualquier forma , del derecho a la jurisdicci√≥n. La misma deber√¡ ser justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la ex Comisi√≥n Nacional sobre la Desaparici√≥n de Personas o la Subsecretar√≠a de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior o la ex Direcci√≥n Nacional de Derechos Humanos‚ÄĚ

 

El Art 3¬ļ defin√≠a quienes pod√≠an solicitar la declaraci√≥n de ausencia por desaparici√≥n forzada indicando que eran ‚Äútodos aquellos que tuvieran un inter√©s leg√≠timo subordinado a la persona del ausente‚Ķ‚ÄĚ

 

Por su parte el Art 7¬ļ dec√≠a cu√¡les eran los efectos civiles.

Doce a√Īos despu√©s¬† de los hechos denunciados, el 28 de diciembre de 1994 durante la presidencia de Menem¬† se promulg√≥ la¬†Ley 24.411¬†que estableci√≥ los beneficios para los causahabientes de la v√≠ctimas de desaparici√≥n forzada, ¬†(Detalles que se tratan en el Cap√≠tulo 14 de este trabajo ¬†donde nos referimos a las ‚Äúleyes reparatorias‚ÄĚ y tambi√©n en el Cap√≠tulo 16).

 

Ambito internacional, la OEA.

El 11 de octubre de 1995, con Menem en el Poder ¬†se promulg√≥ la Ley 24.556 incorporando a la legislaci√≥n nacional la¬†‚ÄúConvenci√≥n Interamericana sobre Desaparici√≥n Forzada de Personas,¬†aprobada durante la 24va Asamblea General de la Organizaci√≥n de Estados Americanos (OEA), celebrada el 9 de julio de 1994 en la ciudad de Belem do Para, Rep√ļblica Federativa del Brasil, que consta de veintid√≥s (22) art√≠culos y cuyo texto en espa√Īol forma parte de la presente ley.‚ÄĚ

 

Esta Ley en su Art II expresa:¬†‚ÄúPara los efectos de la presente convenci√≥n se considera desaparici√≥n forzada la privaci√≥n de la libertad de una o m√¡s personas, cualquiera fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que act√ļen con la autorizaci√≥n, el apoyo¬† o la aquiescencia del Estado seguida por la falta de informaci√≥n o de la negativa a reconocer dicha privaci√≥n de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garant√≠as procesales pertinentes,‚ÄĚ

 

En los dem√¡s art√≠culos, se determina, en s√≠ntesis: ¬†que no se considera delito pol√≠tico para los efectos de extradici√≥n; que no se pueden invocar circunstancias como estado de guerra, inestabilidad pol√≠tica o cualquier otra emergencia p√ļblica como justificaci√≥n; que no hay eximici√≥n por obediencia debida; que la acci√≥n penal no est√¡ sujeta a prescripci√≥n (con una excepci√≥n que enumera); que deben ser juzgados por la justicia del derecho com√ļn con exclusi√≥n de tribunales especiale, en particular el de los militares; que es un delito imprescriptible; y que se lo considera continuo hasta que aparezca la v√≠ctima.

 

Ratificaron la convenci√≥n: Argentina, Bolivia, Brasil, M√©xico, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Per√ļ, Uruguay, Panam√¡ y Guatemala. No lo hicieron¬†EEUU, Chile, Cuba, Canad√¡ y Ecuador.

 

En el √¡mbito del Derecho Constitucional Argentino fue promulgada la Ley 24.820 en mayo de1997 que le da garant√≠a Constitucional a la Convenci√≥n (Ley 24.556). Reci√©n en diciembre de 2010 la Organizaci√≥n de Naciones Unidas - ONU -¬† reunida en Paris,¬† suscribi√≥ la ‚ÄúConvenci√≥n Internacional para la protecci√≥n de todas las personas contra las desapariciones forzadas‚ÄĚ con la salvedad que se tuvo en cuenta la Declaraci√≥n Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes del Derecho Humanitario y del Derecho Penal universal. La misma de 45 art√≠culos, en su Pre√¡mbulo expresa que son ‚Äúconscientes que la desaparici√≥n forzada¬† constituye un delito y. en determinadas circunstancias¬† del derecho penal internacional, un crimen de lesa humanidad‚Ķ‚ÄĚ

 

De los 90 estados soberanos que suscribieron la Convenci√≥n s√≥lo la ratificaron 30 de ellos, el 30 de noviembre de 2011: Albania,¬† Alemania, Argentina, Armenia, B√©lgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Espa√Īa, Francia, Gab√≥n, Honduras, Irak, Jap√≥n, Mal√≠, Kazajist√¡n, M√©xico, Montenegro, Nigeria, Pa√≠ses Bajos, Panam√¡, Paraguay, Senegal, Serbia, T√ļnez, Uruguay y Zambia.

 

Comentarios sobre el tema

A pesar que las desapariciones en las grandes guerras mundiales del siglo pasado se contaron por millones y que los conflictos pol√≠ticos internos en los pa√≠ses que lograron el poder partidos dictatoriales produjeron importante cantidad de muertos y desaparecidos (el comunismo en la URSS, el fascismo en Italia, el comunismo en Cuba, el nazismo en Alemania, el comunismo en China continental, adem√¡s de otros en Asia y Africa) estamos viendo que reci√©n aparece en el Derecho Penal Internacional la figura de ‚Äúla desaparici√≥n forzada‚ÄĚ a partir de la secuela de los conflictos armados internos producidos en Latinoam√©rica y con una implicancia mayor, en Argentina.

 

En general, de acuerdo con las Convenciones Internacionales sobre esta figura del Derecho Penal, si es realizada en forma sistem√¡tica contra civiles por agentes del Estado, se encuadra en la categor√≠a de ‚Äúcrimen de lesa humanidad‚ÄĚ. En el caso argentino las fuerzas del Estado fueron compelidas a aniquilar el terrorismo subversivo por expresa disposici√≥n de las m√¡s altas autoridades nacionales (Directiva del Consejo de Defensa N¬ļ 1/75). Por lo que las autoridades de origen constitucional conoc√≠an que en Tucum√¡n, en el inicio de las Operaciones militares, se utilizaban adem√¡s de las operaciones convencionales, las no convencionales (fuera de las convenciones) para el cumplimiento de la misi√≥n impuesta, lo cual fue expresado p√ļblicamente por el Comandante de la Vta Brigada de Infanter√≠a general Acdel Vilas responsable¬† del llamado ‚ÄúOperativo Independencia‚ÄĚ en oportunidad de hacerse cargo.

 

Por propia naturaleza la ‚ÄúGuerra Revolucionaria‚ÄĚ no reconoce ¬†las leyes internacionales ni nacionales en los pa√≠ses donde se lleva a cabo. Aqu√≠ las OPM asesinaron a personas individual o colectivamente (con cargas explosivas), realizaron secuestros extorsivos, robaron bancos y empresas as√≠ como armamento a polic√≠as a quienes tambi√©n asesinaron. Torturaron a sus prisioneros en ‚Äúc√¡rceles del pueblo‚ÄĚ, fusilaron a su propio personal cuando infringi√≥ sus c√≥digos y en general emplearon cualquier m√©todo que sirviera a sus fines. Todo enmarcado siempre en un¬† inteligente despliegue de propaganda falaz que atacaba al gobierno, sin importar que el mismo fuera constitucional o de facto.

 

Sus acciones criminales¬† terroristas fueron planeadas y¬† ejecutadas en la clandestinidad mediante estructuras armadas organizadas jer√¡rquicamente que cumpl√≠an distintas funciones a medida que desarrollaban un ej√©rcito propio con una log√≠stica importante. En ¬†nuestro caso las dos principales OPM llegaron a tener f√¡bricas de armamentos y de explosivos, con infiltraci√≥n en todas las instituciones, incluyendo las FFAA y policiales.

Lo que ha pasado en Argentina no apareci√≥ de repente ante un gobierno constitucional ‚Äúineficiente‚ÄĚ ( Illia, Per√≥n, Isabel) ¬†o de facto ( Ongan√≠a, Lanusse, Videla) debido a ese origen. Fue el fruto que germin√≥ durante una d√©cada regada con a√Īos de adoctrinamiento marxista y militar en Cuba y dirigentes nativos intelectuales con la misma ideolog√≠a que ejecutaron ¬†pol√≠ticas especialmente a nivel universitario, muy bien planeadas y realizadas.

 

En tal sentido debe destacarse la actividad desarrollada por el abogado Eduardo Luis Duhalde destacado ide√≥logo de la guerra revolucionaria, que luego de escapar en 1976 recorri√≥ las principales ciudades europeas estableciendo contactos con gobiernos y partidos de izquierda, creando grupos de ‚Äúderechos humanos‚ÄĚ con militantes argentinos exiliados que organizaban conferencias de prensa con la presentaci√≥n de ex detenidos liberados o escapados cuyos relatos escabrosos fueron consiguiendo insertar en la opini√≥n p√ļblica europea y luego mundial ‚Äúla tragedia argentina‚ÄĚ contada en la versi√≥n de¬†‚Äúj√≥venes pol√≠ticos idealistas que solo tomaron las armas para oponerse a una cruel dictadura que los secuestraba, manten√≠a en lugares clandestinos donde los torturaban y asesinaban‚ÄĚ.

 

Por supuesto sin contar¬† que ellos iniciaron la ‚Äúguerra revolucionaria‚ÄĚ para tomar el Poder, asesinando, robando, atacado cuarteles y comisar√≠as principalmente en gobiernos constitucionales, lo que fue el principal motivo del ‚Äúgolpe de estado‚ÄĚ realizado para aniquilar esos ‚Äúej√©rcitos‚ÄĚ insurgentes que ya hab√≠an matado a m√¡s de 1000 civiles y militares y contaban con m√¡s de 20.000 miembros. El contenido de las dos convenciones (OEA ‚Äď ONU) notoriamente contienen todos los argumentos, definiciones, figuras penales, expresiones, etc que ven√≠a usando el mismo Duhalde ‚Äď luego designado Secretario de Derechos Humanos desde 2003 hasta su muerte en 2012 ‚Äď y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuyo presidente es el montonero¬† y periodista Horacio Verbistsky se√Īalado como agente doble de una potencia extranjera, adem√¡s de responsable de varios atentados con explosivos desde su ubicaci√≥n como segundo de la estructura de Inteligencia de la OPM ya expresada. (Entre ellos en un comedor de la Polic√≠a Federal que ocasion√≥ 23 muertos y m√¡s de 60 heridos).

 

El CELS - ONG fundada en 1979 por dos padres de desaparecidos y abogados cercanos¬† ¬†a las organizaciones armadas ilegales - desde 1980 han venido recorriendo los pa√≠ses de Sudam√©rica donde hubo desaparecidos , ense√Īando y estimulando medidas acerca de la experiencia argentina para poder judicializar todos los conflictos armados internos a efectos de lograr juzgar y detener por cr√≠menes de lesa humanidad a los uniformados que participaron en operaciones de guerra contra revolucionaria, logrando que las acciones terroristas de los insurgentes, por el contrario sean calificadas como delitos comunes y por lo tanto opere la prescripci√≥n por el tiempo transcurrido, que adem√¡s es f√¡cilmente disminuido por los gobernantes o justicia de turno..

 

Por supuesto, la clave de toda esta acci√≥n ha sido subordinar el Poder Judicial a las pol√≠ticas y necesidades de los gobiernos conformados por ex terroristas subversivos y familiares de los desaparecidos que, en importante cantidad tambi√©n militaban, a los efectos de tener total impunidad.¬† Esta fuerte campa√Īa de acci√≥n psicol√≥gica fue logrando un √©xito tal que se despleg√≥ por el mundo, comenzando por el informe de la CONADEP en 1984, pleno de inexactitudes y omisiones, junto con verdades incuestionables. Publicado en 7 ediciones en castellano en nuestro pa√≠s fue posteriormente¬† traducido al portugu√©s, italiano, ingl√©s y alem√¡n y difundido con aportes de gobiernos argentinos, organizaciones de derechos humanos y Fundaciones como la Ford de EEUU ( Vertbisky).

 

Sintetizando, las leyes actuales sobre el tema vigentes en nuestro pa√≠s incluyendo las de los convenios internacionales, han sido originadas en las experiencias de Argentina, con la particularidad que han sido fruto de la reconocida tarea de militantes marxistas ‚Äúencubiertos‚ÄĚ como los nombrados y otros, que han logrado mediante el ‚Äúrelato distorsionado‚ÄĚ de nuestra realidad no s√≥lo imponer una ‚ÄúHistoria Oficial‚ÄĚ parcializada y mendaz, sino tambi√©n beneficios importantes para las v√≠ctimas del sector responsable de la tragedia (en realidad los victimarios iniciales) y ninguna consideraci√≥n para la gran cantidad de v√≠ctimas que ellos ocasionaron.

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ( CPI ).

Lo expresado hasta aqu√≠ tuvo un cambio sustantivo a partir del 17 de julio de 1998 durante la Conferencia de la ONU sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, al adoptarse el llamado ‚ÄúEstatuto de Roma‚ÄĚ en cuyo pre√¡mbulo se determina que la¬†‚ÄúCPI establecida en virtud del mencionado documento ser√¡ complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Pese a la oposici√≥n de pa√≠ses como China, Israel y EEUU el tr√¡mite fue m√¡s r√¡pido que lo habitual y el¬†Estatuto entr√≥ en vigor el 1¬ļ de julio de 2002¬†con las firmas aprobatorias de los pa√≠ses que se requer√≠an incluyendo Israel y EEUU, aunque a posteriori no la ratificaron. En octubre del 2005 el tratado logr√≥ su cent√©simo adherente: M√©xico.

 

La jurisdicci√≥n de la CPI es mundial y¬†su competencia est√¡ expresada en el Art 5¬ļ e involucra a los cr√≠menes de : genocidio, lesa humanidad, guerra y agresi√≥n.

En su Art 7, Punto 1¬ļ da la siguiente definici√≥n de ‚Äúcrimen de lesa humanidad :¬†‚ÄúCualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado y sistem√¡tico¬†contra la poblaci√≥n civil¬†y con el conocimiento de dicho ataque‚Ä̬† y a continuaci√≥n describe once¬† √≠tems tales como:

·       Asesinato

·       Exterminio

·       Esclavitud

·       Deportación o traslado forzoso de población

·       Encarcelación o privación de la libertad física…

·       Tortura

·       Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada…

·       Persecución de un grupo o colectividad…

·       Desaparición forzada de personas

·       Crimen de apartheid

·       Otro actos inhumanos…

En el Punto 2¬ļ explica cada uno de los t√©rminos precedentes.

Es importante reiterar que tanto la jurisdicci√≥n como la competencia de la Corte Penal Internacional han quedado claramente establecidas. Por primera vez se ha definido con precisi√≥n las caracter√≠sticas que deben cumplir cr√≠menes como los de ‚Äúlesa Humanidad‚ÄĚ para ser considerados como tales, entre¬†las¬†cuales ya no resulta excluyente que sea cometido por ‚Äúagentes del Estado‚ÄĚ, sino que extiende esa imputaci√≥n a grupos civiles y lo importante es que debe ser generalizado y sistem√¡tico contra la poblaci√≥n civil y no contra miembros de organizaciones armadas.

 

En el sentido expuesto cabe acotar que el Estatuto de Roma responde a la tradici√≥n judicial argentina en materia penal, esto es el Derecho Positivo, en contraposici√≥n al ‚ÄúIus Cogens‚ÄĚ (derecho consuetudinario) que alega el Dr Eugenio Zaffaroni, figura difusa y sin norma internacional, seg√ļn el concepto de la mayor√≠a de nuestros constitucionalistas.

 

Expl√≠citamente el Estatuto de Roma¬†deja asentado que su aplicaci√≥n ser√¡¬† ‚Äúa futuro‚ÄĚ de su entrada en vigencia, con lo cual rechaza de plano cualquier interpretaci√≥n que favorezca la irretroactividad en la acci√≥n penal, irretroactividad empleada en forma cotidiana por la justicia argentina para aquellos delitos caratulados como de lesa humanidad a pesar que nuestra Constituci√≥n dice en su Art 18 que ‚ÄúNing√ļn habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso‚Ķ‚ÄĚ

 

Resulta interesante en tal sentido referir el comentario del ex Fiscal adjunto en la Causa 13/85 (Juicio a los Comandantes) cuando era fiscal de la Corte Penal Internacional. En esa ocasión, al ser interrogado el Dr Moreno Ocampo sobre la posibilidad de iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad a los integrantes de las OPM argentinas, contestó afirmativamente explicando que debía aplicarse la misma vara usada contra militares, fuerzas de seguridad y policiales.

 

Nos preguntamos ¬¿Porque entonces su cr√≠menes no han sido declarados de ‚Äúlesa humanidad ‚ÄĚ?... ¬¿Ser√¡ porque ellos intervinieron en la arquitectura del armado penal nacional e internacional ?

La lucha por los DDHH parcializados que venden ¬¿No ser√¡ s√≥lo¬† para dejar a las naciones ‚Äúblanco‚ÄĚ inermes ante su ataque basado en la clandestinidad de su organizaci√≥n hasta que sea demasiado tarde?¬†

Hoy, el mejor seguro de vida para los insurrectos son las leyes y en caso de ser detenidos por sus cr√≠menes, la prescripci√≥n de los mismos que ya oper√≥ junto con la c√¡rcel a los vencedores de una guerra no convencional no reconocida . (Como sucedi√≥ ac√¡).

Finalmente, vemos que las principales convenciones sobre el tema no han sido ratificadas por ninguna de las grandes potencias mundiales y muy pocas potencias de segundo orden en el campo del poder Militar, lo que nos permite pensar sobre ese conocido dicho popular que dice ‚ÄúHaz lo que yo digo y no lo que yo hago‚ÄĚ.

 

INTRODUCCI√ďN

Es indudable que las personas denunciadas como desaparecidas durante los a√Īos de las d√©cadas 60 y 70 del siglo XX en los que, organizaciones ilegales pol√≠tico-militares iniciaron y desarrollaron una ‚Äúguerra revolucionaria‚ÄĚ como metodolog√≠a para tomar el poder en nuestra patria, constituyen¬† junto con los muertos y mutilados durante la misma, una verdadera tragedia nacional.

 

Los desaparecidos, siguen siendo una brecha tr√¡gica que divide a la sociedad argentina, por lo que su esclarecimiento y difusi√≥n constituye una deuda hacia esa sociedad que ning√ļn gobierno encar√≥ en forma correcta.

 

Si bien para ciertos hechos de nuestra historia siempre ha habido multicausalidades, pensamos que la figura del ‚Äúdesaparecido‚Ä̬† como consecuencia del procedimiento de : detenci√≥n del miembro de las organizaciones subversivas , ocultamiento de su destino, interrogatorios y posterior asesinato del mismo, es en gran parte el resultado de la irresponsabilidad pol√≠tica al liberar casi 2.000 procesados y sentenciados juzgados a ‚ÄúDerecho‚ÄĚ a partir de 1971, por medio de una Ley de Amnist√≠a sin condiciones, redactada por el ministro del Interior Dr Esteban Righi, enviada¬† por el Presidente C√¡mpora y promulgada por los legisladores del Congreso Nacional el 26 de mayo de 1973.

 

Se debe recordar que la situaci√≥n de anarqu√≠a de ese¬† momento era tal que antes que la ley fuese firmada, ya hab√≠an sido liberados los presos por presi√≥n de los militantes de sus organizaciones armadas¬† y que al mismo tiempo se disolvi√≥ la C√¡mara Federal Penal y la legislaci√≥n antisubversiva. Sus jueces y secretarios fueron obligados a renunciar y tiempo despu√©s algunos asesinados o perseguidos debiendo emigrar del pa√≠s. Esta decisi√≥n dej√≥ al pa√≠s inerme frente al flagelo del terrorismo subversivo, cuyo objetivo era llegar al Poder sin importar su legalidad.

 

Fue prof√©tico el art√≠culo del Buenos Aires Herald de esa √©poca¬† que, ante las medidas del Presidente C√¡mpora, anunciaba como consecuencia la aparici√≥n de los ‚Äúescuadrones de la muerte‚ÄĚ en el pa√≠s..

 

C√¡mpora , que dur√≥ 49 d√≠as en su cargo, fue reemplazado por Lastiri presidente de la C√¡mara de Diputados quien tuvo como principal tarea efectuar nuevas elecciones nacionales para que se hiciera cargo del desorden y de la ofensiva de los grupos guerrilleros, el propio Gral Per√≥n .

 

Durante su gobierno ‚Äď hasta su muerte el 1 de julio de 1974-¬† y posteriormente el de su viuda Estela Mart√≠nez de Per√≥n, hubo represi√≥n policial y ‚Äúparapolicial‚ÄĚ (‚ÄúAAA‚ÄĚ) sobre las organizaciones armadas marxistas, inclusive las que se dec√≠an peronistas para disputar el poder a Per√≥n. A fines de 1974 se produjo la aparici√≥n de una guerrilla rural en Tucum√¡n que sobrepas√≥ la capacidad de las fuerzas policiales tucumanas por lo que la Presidente, orden√≥ por decreto la intervenci√≥n de Las FFAA en una Zona de Operaciones de esa provincia en febrero de 1975. Posteriormente, en octubre, ante el crecimiento del accionar de las organizaciones armadas ilegales y luego de un ataque a una unidad militar en Formosa con m√¡s de 20 muertos, se ampli√≥ esa intervenci√≥n de las FFAA a todo el pa√≠s. En todos estos a√Īos de gobierno constitucional, hubo¬† alrededor de 1.500¬†¬†desaparecidos y silencio de los gobiernos (Poderes Ejecutivo,¬† Legislativo y Judicial) sobre esas desapariciones que, desde 1974 se incrementaron notablemente.

 

Al asumir la responsabilidad total de gobierno , las FFAA, mediante un golpe de Estado el 24 de marzo de1976, la Junta Militar (JM) confirm√≥ que no pod√≠a remitir a la Justicia a los componentes de las organizaciones ilegales , pues con la experiencia de la CAFEPE, ning√ļn juez iba aceptar el cargo¬† que era como firmar una sentencia de muerte segura para √©l y familia.¬† Tampoco pod√≠a la JM dictar bandos y fusilar miles¬† de¬† j√≥venes que decidieron matar o morir para tomar el Poder ya que con la experiencia de lo sucedido en Espa√Īa con Franco y debido a la situaci√≥n internacional tampoco era posible.

 

Por otro lado la experiencia de Argelia de los franceses hab√≠a sido la m√¡s eficaz y aparentemente, menos comprometedora para este tipo de ‚Äúguerra‚ÄĚ y¬†sin bucear demasiado en las probables consecuencias que podr√≠an tener una gran cantidad de desaparecidos en el propio pa√≠s que no se pod√≠an ocultar,¬†se decidi√≥ por el m√©todo m√¡s eficaz para ganar la guerra: ‚Äúlos desaparecidos‚ÄĚ , con una metodolog√≠a que iba a permitir ganar la guerra en el menor plazo posible.¬†Fue visible entonces¬† a partir del 24 de¬† marzo un incremento notable en la cantidad de desaparecidos producto de la metodolog√≠a de aniquilamiento mediante m√©todos no convencionales.(No amparados en la Convenciones internacionales)

 

Complementariamente el accionar ofensivo ¬†y el procedimiento utilizado por las fuerzas legales en todo el pa√≠s, sorprendi√≥ a los l√≠deres revolucionarios quienes incrementaron¬† su campa√Īa de acci√≥n psicol√≥gica en el pa√≠s y tambi√©n en¬† Europa y EEUU iniciada a√Īos antes, sobre la base¬† de denuncias. Nuestra poblaci√≥n comenz√≥ a enterarse de la tragedia en curso, cuyas caracter√≠sticas comenzaron a afectar fuertemente al poder pol√≠tico tanto en el interior como en el exterior del pa√≠s.

 

Luego de la victoria militar sobre el terrorismo subversivo insinuada en 1977 y completada en 1978, el gobierno de facto, comenz√≥ a preparar la entrega del mismo que se efectiviz√≥, luego de la derrota en la ‚ÄúGuerra de Malvinas‚ÄĚ, a fines de 1983.¬†Tambi√©n, en este per√≠odo del denominado Proceso de Reorganizaci√≥n Nacional (PRN) se mantuvo el silencio sobre esas desapariciones y debido a la falta de control real de la Junta Militar sobre los jefes de las zonas en que se dividi√≥ el pa√≠s, no se pudo o no se quiso difundir un listado de desaparecidos con su destino final.¬†¬†

 

A partir de all√≠, el Presidente constitucional Dr Ra√ļl R. Alfons√≠n, que era miembro de la ‚ÄúAsamblea Permanente de los Derechos Humanos‚ÄĚ ante las graves secuelas de ese ‚ÄúConflicto Armado Interno‚ÄĚ (Ver Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Ginebra de 1949), presionado por los partidos pol√≠ticos autollamados ‚Äúprogresistas‚ÄĚ, los familiares de los militantes muertos y desaparecidos en la guerra revolucionaria y¬† las organizaciones de derechos humanos (que s√≥lo se ocupaban de las v√≠ctimas del lado insurgente), opt√≥ por desconocer al mencionado conflicto armado interno, con caracter√≠sticas de¬† una ‚Äúguerra revolucionaria‚ÄĚ y por ello no cumpli√≥ lo que sugiere para el caso,¬†el ‚ÄúProtocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949‚ÄĚ que dice : ‚ÄúA la cesaci√≥n de las hostilidades las autoridades procurar√¡n conceder la amnist√≠a m√¡s amplia posible a las personas que hayan tomado parte del conflicto‚Ķ‚ÄĚ(T√≠tulo 2; Art√≠culo 6)

 

Los Protocolos mencionados fueron incorporados como vinculantes para la Rep√ļblica Argentina por Ley N¬ļ 23.379¬†, sancionada por el Congreso de la Naci√≥n en septiembre de 1986 y promulgada por el Presidente Alfons√≠n el 9 de octubre de ese a√Īo, pero debido a que no estaba dictada a√ļn la sentencia definitiva de la Suprema Corte por el juicio a los Comandantes, hecho que contradec√≠a lo que dec√≠a el Protocolo II, el gobierno, en un acto pol√≠tico repudiable e injusto y con la intenci√≥n de no incumplir lo prometido antes de las elecciones,¬†reci√©n public√≥ la¬†mencionada Ley 23.379, en el Bolet√≠n Oficial (BO)¬†casi 2 a√Īos despu√©s,¬†el 30 de junio de¬†1988.¬†(De acuerdo a la modificaci√≥n de la reforma de la CN de 1994 esos tratados tienen jerarqu√≠a superior a las leyes nacionales¬† y reci√©n son vinculantes al ser publicados en el BO).

 

Para nuestro entender est√¡ claro que el plan del gobierno era no calificar el conflicto como una ‚Äúguerra revolucionaria‚ÄĚ porque¬† quedaba enmarcada dentro del ‚ÄúProtocolo II‚ÄĚ como conflicto armado no internacional y quedar√≠a dentro de sus normas que estaba obligado a acatar.

 

Consecuentemente al no estar vigente esa ley que obligaba a Argentina,¬†¬†Alfons√≠n logr√≥¬†encuadrar a los actores del conflicto armado¬† dentro del C√≥digo Penal¬†con lo que¬†¬†procedi√≥ a criminalizar la guerra interna, modificando la naturaleza del conflicto¬†en beneficio de las m√¡s altas autoridades pol√≠ticas del pa√≠s durante los a√Īos anteriores ‚Äď con excepci√≥n de las militares ‚Äď y de los insurgentes que, de culpables de desatar el conflicto armado interno y victimarios, lograron con el tiempo,¬† convertirse s√≥lo en v√≠ctimas apa√Īadas por el mismo Estado que quisieron destruir.

 

Para ello, Alfons√≠n, adem√¡s de los Juicios a las Juntas Militares y a algunos cabecillas de las organizaciones armadas ilegales (acci√≥n que popularmente se denomin√≥¬† ‚Äúteor√≠a de los dos demonios‚ÄĚ);¬† tom√≥ el problema de los desaparecidos como una importante pol√≠tica de Estado y puso en marcha las siguientes acciones:

 

  1. Primero,¬†cre√≥ una comisi√≥n especial para que recibieran las denuncias sobre desapariciones que se denomin√≥: Comisi√≥n sobre la Desaparici√≥n de Personas ‚Äď CONADEP.
  2. Segundo,¬†acept√≥ el informe final e hizo difundir ‚Äďcon la edici√≥n de un libro titulado ‚ÄúNunca M√¡s‚ÄĚ el¬† resultado de esas denuncias, antes que se¬† constatara su veracidad , como si todas fueran ciertas cuando miles no ten√≠an datos completos.
  3. Tercero,¬†mantuvo (y as√≠ lo hicieron los gobiernos posteriores) toda la informaci√≥n como ‚Äúsecreta‚ÄĚ desvirtuando el derecho que tienen los ciudadanos de conocer su contenido y aportar datos para su confirmaci√≥n o desestimaci√≥n. (S√≥lo un n√ļmero reducido de personal pol√≠tica, ideol√≥gica o emocionalmente comprometido, sigui√≥ manipulando esos datos hasta el d√≠a de hoy).

 

Al Tercero: Inició la Causa 13/84 correspondiente al juzgamiento por los muertos y desaparecidos a las Juntas Militares que gobernaron de facto el país.

 

La CONADEP que hizo un trabajo de √≠ndole provisorio, no cient√≠fico, public√≥ su informe final¬† - con un Anexo 1 con los datos de cada persona denunciada como desaparecida - estimando en¬† 8.960 el n√ļmero de¬† personas presuntamente desaparecidas muchas con datos incompletos y con un casi un¬† 50% sin n√ļmero de documento legal para su identificaci√≥n como persona f√≠sica real.

 

La difusi√≥n posterior de ese informe, firmado por Ernesto S√¡bato en su calidad de presidente, inexplicablemente no dej√≥ fehacientemente establecido que s√≥lo la mitad¬† eran datos completos sobre presuntos desaparecidos y que el resto deb√≠a ser completado por otras informaciones posteriores para verificar que tuvieran cierta verisimilitud a efectos que la justicia pudiera investigar y comprobar su exactitud o desechar cada una de ellas, con la seriedad que los hechos ameritaban.

 

Tampoco expres√≥ que m√¡s de 700 desaparecidos correspond√≠an a hechos anteriores a la fecha del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, por lo cual ese n√ļmero estimado en 8960, sin asidero real ni legal, qued√≥ grabado en el consciente colectivo como ‚Äúun verdad revelada‚ÄĚ de total responsabilidad del √ļltimo gobierno militar de¬†facto lo que luego se transformar√≠a por la mendacidad de ide√≥logos, pol√≠ticos, periodistas y funcionarios en 30.000 desaparecidos .

 

Hubiera sido un acto de gobierno acertado hacer conocer a la poblaci√≥n las bases reales de lo hasta all√≠, conocido, sobre todas las secuelas de ese conflicto armado y no s√≥lo los datos manipulados por ese grupo inicial con intereses parciales que disponiendo de ingentes fondos p√ļblicos, us√≥ el prestigio de un escritor designado responsable de la Comisi√≥n¬† para hacerle ‚Äúfirmar‚ÄĚ el Informe Final remitido al Presidente de la Naci√≥n - con enormes falencias en sus datos y con falaces opiniones en su contenido - documento que, difundido al pa√≠s y al extranjero, distorsion√≥ totalmente esa realidad hist√≥rica ‚Äúhemipl√©jica‚ÄĚ (abarc√≥ s√≥lo las presuntas acciones contra una mayor√≠a de militantes de organizaciones terroristas) ya que nunca se complet√≥ con la contraparte que prometi√≥ el Ministro del Interior de Alfons√≠n (Una investigaci√≥n similar para las v√≠ctimas ocasionadas por las organizaciones terroristas).

 

Todo ello se realiz√≥ en el marco de una gran campa√Īa de Acci√≥n Psicol√≥gica posterior que se difundi√≥ nacional e internacionalmente, donde se magnificaron las acciones de lo¬† ocurrido, calificando falsamente de ‚Äúgenocidio‚ÄĚ y difundiendo la mentira de los ‚Äú30.000 desaparecidos‚Ä̬†¬†para impactar en el extranjero. Adem√¡s con la fecha de juzgamiento a las Juntas Militares ¬†- responsables desde el 24 mar de 1976 ‚Äď se ocult√≥ la responsabilidad sobre las desapariciones y muertos de los gobiernos de facto y¬†constitucionales anteriores.¬†Los juicios, inicialmente previstos s√≥lo para los comandantes militares, se fueron de las manos del Dr¬† Alfons√≠n y alcanzaron jerarqu√≠as inferiores de las FFAA no previstas , finalizando todo con dos leyes que eran una real amnist√≠a : la ‚ÄúLey de Punto Final‚ÄĚ y la ‚ÄúLey de Obediencia Debida‚ÄĚ.

 

De las c√ļpulas guerrilleras el Decreto 157/83 solo persigui√≥ penalmente a 7 de ellos (6 de montoneros y 1 del PRT-ERP) por delitos comunes que luego prescribieron situaci√≥n que tuvo un parate con Menem quien, entre octubre de 1989 y diciembre de 1990,¬† indult√≥ a todos los que estaban sentenciados, militares y terroristas,¬† por medio de 10 decretos.

 

Con √©l comenzaron a intensificarse las leyes reparatorias siendo la m√¡s importante la 24.411.¬†(Se tratar√¡n en el cap√≠tulo 14 y 16)¬†con la finalidad de resarcir econ√≥micamente a las v√≠ctimas, con la caracter√≠stica de hacerlo s√≥lo en beneficio de¬† uno de los sectores afectados¬† y nunca a favor de¬† las v√≠ctimas a manos de las organizaciones armadas revolucionarias.

 

Posteriormente los gobiernos de Fernando De la R√ļa y Eduardo Duhalde, no intentaron tampoco investigar el proceso hist√≥rico para llegar a una verdad consensuada sobre los or√≠genes y desarrollo de¬† la guerra y los desaparecidos, sino que legislaron con tendencia a pacificar.

   

Finalmente, los gobiernos de los esposos Kirchner, desde 2003 en adelante, por su inicial debilidad (N√©stor Kichner lleg√≥ al poder en segunda vuelta con el 22% de los votos) por razones pol√≠ticas e ideol√≥gicas exaltaron como cuasi h√©roes a los miembros de esas organizaciones armadas ilegales y a sus ¬īfamiliares, dejaron sin efecto todos los instrumentos jur√≠dicos que tend√≠an a pacificar el pa√≠s y reinstalaron con fuerza la campa√Īa del mito de los¬† 30.000 desaparecidos junto con la exaltaci√≥n y recuerdo de los militantes muertos y desaparecidos, impulsando la anulaci√≥n anticonstitucional de las leyes de Alfons√≠n con complicidad del Presidente de la Corte Suprema ‚Äď colocado por √©l ‚Äď lo que desat√≥ una nueva persecuci√≥n pol√≠tica judicial contra los miembros de la fuerzas legales que en n√ļmero de 2.000 fueron ileg√≠timamente procesados por leyes promulgadas muchos a√Īos despu√©s de los hechos que se les imputan y encarcelados con juicios no ajustados a derecho generando un clima de odio y venganza que ha te√Īido a la opini√≥n p√ļblica ignorante de la realidad.

 

 

 

A LOS MIEMBROS

Con las cenizas calientes vuelve Nuestra Historia 70 y nace ARGENTINA IN√ČDITA. Nos satisface publicar y compartir. Creemos en una importante contribuci√≥n a la ‚ÄúMoral de la Naci√≥n‚ÄĚ. por cuanto de alguna manera y m√¡s para nuestras FFAA, nos ha hecho meditar much√≠simo en contribuir con la sociedad argentina.

 

Las deducciones que puedan surgir en aquellos realmente preocupados por nuestra NACION, ser√¡n bienvenidos,¬† DIFUNDIR

 

 

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