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Asunto:[nuestra_historia_70] B170- Profunda afectación de la Defensa Nacional. 3 raParte
Fecha:Miercoles, 26 de Mayo, 2010  19:55:10 (-0300)
Autor:ARGENTINA INEDITA <nuestra.historia.70 @.....com>

"NUESTRA HISTORIA 70"

 

BOLETINES PARA COLECCIONAR

 

                 

Es una serie informativa sobre acontecimientos de nuestro pasado reciente, destinado principalmente  a quienes no los vivieron y para los que los olvidaron. Su exposición no busca polemizar ni agraviar, sino lograr la concordia a través de la verdad y la equidad en el tratamiento de los dramáticos sucesos vividos en la década del 70 que vienen siendo parcializados y distorsionados mediante una campaña de mentiras y desinformación interesada.

 

 

B170- Profunda afectación de la Defensa Nacional. Parte 3ra       26 de Mayo de 2010

 

 

Temas desarrollados

Menem. Su gestión respecto a las FFAA y la Defensa Nacional.

Discutidas declaraciones del general Balza

Gobiernos de De la Rúa y Duhalde.

Gobierno de Kirchner. La persecución contra el personal de las FFAA se reinició y se agravó.

EL Código de Justicia Militar.

Tribunales de Honor.

El CELS,  herramienta estratégica para dominar la política de personal de las FFAA

Consideraciones finales.

REFLEXION

 

 

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Menem. Su gestión respecto a las FFAA y la Defensa Nacional.

 

Su mandato en estos aspectos se caracterizó por acciones contradictorias, a saber:

 

  1. Interés en pacificar el país mediante una serie de indultos, facultad que le otorgaba la Constitución Nacional en su carácter de Presidente. Liberó o exoneró a :

·         Los terroristas que aún quedaban acusados en diversos procesos y que se encontraban prófugos, detenidos o excarcelados.

 

·         Los altos jefes militares no alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

·         Todo el personal militar sumariado y personas civiles que intervinieron en los motines de Semana Santa (1987) Monte Caseros (1987) y Villa Martelli (1988) por delitos contra la disciplina,

·         Los integrantes de la Junta Militar procesados por la guerra de Malvinas.

 

  1. En marzo de 1998, con su impulso, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.952 por la que se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la de Extinción de Acciones Penales.
  2. Promovió en el Congreso Nacional el dictado de leyes que beneficiaron a los detenidos por tribunales militares (con $ 74,66 por día de detención) y a los familiares de los desaparecidos y muertos  (con $ = u$s 225.000) , aún aquellos que murieron atacando cuarteles, comisarías, vehículos policiales, asesinatos a personas, secuestros extorsivos, etc . Pese a ello no otorgó similar beneficio a las familias de las miles de víctimas producidas por el terrorismo subversivo.
  3. Continuó disminuyendo más el presupuesto de las FFAA, afectando como su antecesor la reposición de equipos y materiales, el mantenimiento y el adiestramiento del personal. (GASTOS DEF(%PBI))
  4. Destruyó la capacidad de desarrollo tecnológico y de fabricación de los materiales para la defensa , por medio de las liquidaciones de las empresas mixtas o del Estado, dejando sólo las rentables en manos privadas.
  5. No dictó las leyes complementarias ordenadas en la Ley de Defensa que hubieran facilitado el planeamiento operacional y logístico desde tiempos de paz.( Ver Ley de Defensa Nacional).
  6. Dejó sin efecto el Servicio Militar Obligatorio[1] que, además de preparar reservas instruidas, era una necesidad social de un país en vías de desarrollo (conocimiento del estado sanitario, el completamiento de la alfabetización y la integración social de jóvenes provenientes de distintos ámbitos geográficos, culturales y económicos) por la necesidad política de  obtener beneficios electorales. El nuevo sistema de voluntariado no dispone de los recursos financieros necesarios para adquirir los  materiales y equipos e incorporar  la cantidad de elementos  humanos necesarios, a efectos de poder funcionar con eficacia y cumplir con las exigencias de la defensa de nuestra soberanía y  de nuestros recursos. La notable disminución de soldados llevó aparejado el cierre de unidades o la inactivación de las mismas, sobre la base de reestructuraciones cuya consecuencia real ha sido debilitar la capacidad de las FFAA.
  7. Designó funcionarios de 2da y 3ra línea del gobierno a ex militantes de la organización terrorista subversiva  Montoneros. Entre esas designaciones  incluyó a esos militantes al cargo de la Subsecretaría de DDHH (hoy Secretaría), dependiente del Ministerio de Justicia, lugar clave para el uso discriminado de los DDHH y  de la política contra las FFAA.
  8. La desmalvinizacion continuó durante la década del  90  a través de todos los medios de comunicación social (prensa oral y escrita, cine y televisión), que transmitieron en forma masiva una visión con carácter marcadamente negativo cuya difusión obligatoria llegó hasta las escuelas . Dirigida a un público crédulo, ignorante de la realidad histórica y al margen de los errores políticos y estratégicos militares, lo grave de su tratamiento fue enviar un peligroso mensaje pacifista para superar los problema políticos y económicos con Gran Bretaña y por extensión a Europa.

 

Debemos recordar que el Dr Cavallo suscribió en febrero de 1990 el Acuerdo de Madrid  y  diciembre de ese mismo año el Acuerdo de Londres. En estos acuerdos con Gran Bretaña, con el pretexto que no se negociaba la soberanía de las Islas Malvinas (“colocando un paraguas sobre la soberanía”) se cedió a ese país:

·         Que la Armada Nacional debía informar cualquiera de sus movimientos a los ingleses entre los paralelos 45º y 60º. Lo mismo para la Fuerza Aérea, previo a sus desplazamientos.

·         La explotación ictícola de la zona indicada debía tener el consentimiento de Gran Bretaña, igual que la explotación petrolera [2]

·         Se aseguraba la protección de los activos ingleses en Argentina.

 

Discutidas declaraciones del general Balza

 

A mediados de 1995 a raíz del escándalo generado por una presentación televisiva de Adolfo Scilingo (un ex marino dado de baja por diversos delitos comunes que se asoció económicamente con el periodista terrorista montonero – presidente del CELS – Horacio Verbitsky para escribir un libro sobre la eliminación de subversivos terroristas que luego tituló: “El vuelo”) El Jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Balza, se presentó  imprevistamente en un programa televisivo de alto rating para realizar en nombre de esa institución un “mea culpa” por los métodos ilegítimos utilizados en la lucha. 

 

Esta presentación y su contenido no fueron bien vistos por el personal subordinado en actividad ni por los retirados, ya que todos  esperaban una defensa de los subordinados que cumplieron órdenes en el marco de una guerra. Aunque estas declaraciones tuvieron gran repercusión en la opinión pública, no obtuvieron su contrapartida por parte de los terroristas subversivos ni tampoco de los políticos que tuvieron responsabilidad por acción u omisión en los sucesos que tiñeron de sangre a la República en la década del 70.

 

Gobiernos de De la Rúa y Duhalde.

  

 Entre el año 2000 y el 2003, durante los gobiernos de De la Rúa y (después de su renuncia ) Duhalde, ejerció la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército el general Ricardo Brinzoni. Durante su gestión se observaron importantes cambios que lo distinguieron de su predecesor, el general Balza.

 

Hubo una decidida acción de respaldo y apoyo a los oficiales cuestionados por las organizaciones de derechos humanos y una acción institucional que, reivindicó justificadamente el accionar del Ejército (y las otras fuerzas) durante la guerra contrarrevolucionaria y rindió homenajes permanentes a los caídos en ella, evocando las acciones de combate más importantes. Tal acción se complementó con una permanente apelación a la reconciliación nacional, buscando cerrar heridas, olvidar rencores inconducentes  y terminar con la persecución vindicativa protagonizada por los terroristas enquistados en sectores de la vida democrática, en las ONG izquierdistas que defienden “sus derechos humanos” y en alguna prensa claramente definida como de izquierda y apologista del terrorismo marxista o genuflexa.

 Esto le costó al general Brinzoni críticas permanentes de la izquierda, en especial del periodista y terrorista montonero Horacio Verbitsky a través del periódico "Página 12".

 

Gobierno de Kirchner. La persecución contra el personal de las FFAA se reinició y se agravó.

 

En ese año, luego de una crisis económica social de gran envergadura y una situación política inestable y por momentos anárquica, donde se dio el caso de que en un lapso de un mes (Dic 2001 a Ene 2002), hubo  5 presidentes constitucionales, se efectuaron nuevas elecciones cuyo desenlace quedó inicialmente abierto debido a que debía realizarse un ballotage entre los dos más votados, por no alcanzar ninguno el porcentaje necesario para ganar. La disputa era entre  Menem, que iba por su tercer período y Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, una provincia casi despoblada (200.000 habitantes) pero con abundantes recursos naturales. El primero de los nombrados, que había obtenido la mayor cantidad de sufragios se retiró de la contienda, asumiendo entonces como presidente el Dr Néstor Kirchner con el 22 % de los votos totales.

 

Los antecedentes de Kirchner sólo lo señalaban como militante de la Juventud Peronista durante su pasaje por la Universidad de La Plata junto con su actual mujer. En sus dos períodos de  gobernador se había mostrado muy identificado con el presidente Menem. Jamás había realizado ningún acto o acción a favor de los DDHH de los terroristas y,  por el contrario, había sido criticado por su falta de apoyo a esas ONG. Su relación con las unidades militares de la zona podía calificarse de normales.

 

Al asumir, reemplazó al Jefe de Estado Mayor del Ejército, un hombre muy prestigiado , por el general Bendini, un ex comandante de la Brigada de Infantería XI Mecanizada de Río Gallegos  quien (después se vería), compartía su política de uso político partidario y sesgado de los DDHH  sólo para los terroristas  de los 70.

 

Al poco tiempo de iniciar su gestión como presidente adoptó una actitud confrontativa y agresiva hacia las FFAA, desarrollando una estrategia de utilización de los DDHH para que la izquierda activa no perturbara su acción de gobierno, dándole como prebendas, además de cargos y dinero, todas las facilidades para iniciar una enorme campaña contra las FFAA mediante las ONG  de DDHH (de los terroristas) liderada por “las Madres de Plaza de Mayo” sector Hebe de Bonafini[3], una radicalizada izquierdista que dirige una universidad no reconocida por las autoridades pertinentes (con programas para hacer la revolución marxista – leninista) subsidiada por el gobierno y que actualmente gerencia una “empresa de construcciones” también solventada por el Estado que le permite manejar ingentes cantidades de dinero público sin controles conocidos..

 

Otro personaje destacado en su relación con el gobierno es la maestra Estela Carlotto presidenta de las “Abuelas de Plaza de Mayo” que tiene “su negocio político” en la recuperación de menores, hijos de desaparecidos. Sus  dos hijos se ubicaron – con su apoyo - en cargos de diputados o secretarios de Estado de la provincia de Buenos Aires .

 

Los terroristas, en el gobierno de “los Kirchner” – ya que la mujer sucedió a su marido en la presidencia de la Nación -  fueron premiados  con cargos de 1er nivel , como ministros, secretarios de Estado, embajadores, asesores de gobierno, gobernadores, directores de reparticiones públicas, jueces, etc, los que constituyen un equipo homogéneo en cuanto a las actividades de destrucción de las FFAA, uno de los pilares de la defensa nacional,  tanto atacando al  personal que actuó en la guerra contrarrevolucionaria, como a los valores históricos y permanentes de nuestra nación.

 

A poco de hacerse cargo , Néstor Kirchner desplazó con presiones y juicios políticos a la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logrando las vacantes que necesitaba en este tribunal y nombrando como ministros de la misma a jueces adictos ideológicamente a su pensamiento, con lo que logró su “propia mayoría automática” para ciertos temas que le interesaban y fallos de ese Supremo Tribunal que consideran por primera vez la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad. [4]

En agosto de 2003, el Poder Legislativo, impulsado por el Ejecutivo, resolvió  dictar la Ley 25.779, por la cual se declararon insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521 (de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas por Menem en 1998) bajo el fundamento que amparaban delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, inadmistiables e inindultables.

 

El Congreso de la Nación, arrogándose facultades que no posee, declaró la nulidad de esas leyes que habían sido promulgadas por un gobierno constitucional y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese entonces en más de 10 oportunidades. La actual Corte Suprema designada por Kirchner incurrió en un exceso mayor, pues aplicó retroactivamente la ley de nulidad basándose en una fuente extranjera, para juzgar una guerra interna en nuestro país.

(Ver "Peligroso fallo de La Corte")

A pesar del total conocimiento que las “FFAA actuaron institucionalmente” durante el desarrollo de la guerra  revolucionaria y compenetrados de su misión de “aniquilar el terrorismo subversivo” sobre la base de decretos emanados de un gobierno constitucional, a partir de allí y mediante un poder judicial – en muchos casos genuflexo e intimidado y en otros, ideológicamente afín –  se reinició  la  persecución política por medios jurídicos y judiciales, sin tregua y sin límites legales, contra personal militar y otros subordinados,  que había quedado sin efecto por la promulgación de esas leyes propuestas por el presidente Alfonsín y sancionadas por el Congreso en 1987.

 

Como complemento de esa acción, se produjo una “persecución económica”, hoy vigente, al restante personal militar retirado el que cobra aproximadamente el 37% respecto al haber de los activos (antes era el 80 % aproximadamente) mediante arbitrios ilegales que están generando juicios interminables. Como resultado de ese accionar premeditado, han logrado una progresiva pauperización del personal en situación de retiro que tiene consecuente repercusión en las familias militares, en sus Obras Sociales y en sus clubes de esparcimiento familiar. Esta medida tiene también un efecto intimidatorio sobre los militares en servicio activo, ya que los disuade de disentir con las políticas de Defensa implementadas por el gobierno , so riesgo de  pasar a retiro en forma inmediata y así engrosar el sector de los “desposeídos” .

 

El Codigo de Justicia Militar.

 

En el año 2008 se derogó por Ley 26.394 la vigencia del Código de Justicia Militar, instituto que regía desde 1895 (con sucesivas variantes posteriores , siendo la última en 1949, oficializada por Ley 14.029) e instrumento legal excelente, tanto en la organización y los procedimientos como en la penología con la cual se ha afianzado durante los últimos 110 años la disciplina de las FFAA, objeto fundamental del Derecho Penal Militar.

De tal forma resultaron anuladas normas  y tradiciones seculares y, lo más trascendente, se eliminaron los juzgados militares en tiempo de paz, con lo que se ha apartado al personal castrense de lo que han sido siempre sus “jueces naturales”, es decir aquellos experimentados (“idóneos”) en los delitos, faltas, problemas y costumbres de la particularísima y específica vida militar.

En la misma ley, se modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal y se derogaron los artículos 95 y 96 de la Ley 19.101 , referida a los Tribunales de Honor.

 

Tribunales de Honor.

 

Como consecuencia de lo anterior también caducaron los “Tribunales de Honor”, otro instituto fundacional de nuestras FFAA, creado nada menos que por el general don José de San Martín.

Es  que el Padre de la Patria tenía cabal noción que sin el valor primordial del “Honor” eran superfluos los más sofisticados materiales bélicos o la suma de esfuerzos humanos que, carentes de tal distinción, no suelen distinguirse de hordas armadas o de lo contrario, en el otro extremo, tropas sin honor carentes de espíritu suficiente para morir por su patria.[5]

 

El CELS,  herramienta estratégica para dominar la política de personal de las FFAA

    

No podemos dejar de referirnos al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) cuyo actual presidente es el terrorista montonero Horacio Verbitsky[6] , creado en el año 1980 nació como defensor de los derechos humanos de sólo un sector, el de los militantes terroristas detenidos , muertos o desaparecidos.

 

 Este enfoque se mantuvo a través del tiempo y explica el impulso posterior que adquirió esta entidad y la forma en que se insertó en similares organismos internacionales y dirigió la tarea y la acción psicológica de las ONG de DDHH (de los terroristas) en nuestro país y en el exterior.

      

 La trabajada relación de Verbitsky con la OEA debida a su cargo le abrió numerosos contactos en cadena que convirtieron a la entidad por su desarrollo, capacidad financiera y apoyo estatal , en la más influyente de sus similares en el campo de los DDHH, temática en la que a partir del 2003, con la política del presidente Kirchner, agrega otras ventajas decisivas para su accionar, al actuar el Poder Ejecutivo contra la FFAA  e influir en  los otros poderes del Estado. En cuanto a la relación con el  ministerio de Defensa, se puede afirmar – aunque parezca descabellado – que el CELS, y en especial Verbitsky , es el verdadero artífice de la política de personal de las FFAA (Revisión de legajos de retirados y en actividad para encontrar indicios o evidencias que le sirvan para tomar medidas administrativas y judiciales contra esos cuadros en relación a la guerra contra la subversión terrorista e incluso de los ideológicamente contrarios al gobierno).

 

A través del tiempo el CELS ha logrado un importante apoyo de fundaciones nacionales e internacionales.

La enorme capacidad financiera que dispone el CELS le permite enviar delegados a varios países de Latinoamérica para intercambiar información y experiencias sobre la forma de crear un nuevo derecho con el que se pueda juzgar al personal militar, ayudados por el poder político, para presionar a los jueces (ataque jurídico y judicial) a efectos de ir logrando lo que hicieron y hacen en Argentina. Posee importantes contactos favorables en la Comisión Interamericana de los DDHH, la Comisión de DDHH de la ONU y el Secretariado Internacional de Amnesty Internacional . El CELS ha sido aceptado como filial de la “Internacional League for Human Rights” y por tal motivo tiene facilitada su participación internacional, donde gravita con sus trabajos e informes .

 

Sobre el tema relacionado con el “control  civil de las Fuerzas Armadas”, el CELS tiene seis documentos publicados que pueden ser observados y descargados en su sitio de internet

 

Por otra parte debe considerarse al CELS como el ente “cipayo” de “Diálogo Interamericano”, (http://www.thedialogue.org) “centro estadounidense de análisis político, comunicación e intercambio sobre temas de interés para el Hemisferio Occidental. El Diálogo Interamericano reúne a importantes actores de los sectores público y privado de todo el continente con el propósito de tratar las problemáticas y coyunturas hemisféricas de mayor trascendencia”. En realidad es el organismo que establece las grandes líneas que el proyecto internacionalista tiene en vista en nuestro subcontinente.[7]

 

Consideraciones finales.

 

En nuestro país el deterioro sistemático  de la defensa nacional  a partir de los gobiernos constitucionales  instaurados a partir de 1983, es consecuencia de dos factores locales:

 

El primero, de carácter político institucional.  Ya que, históricamente y desde la Revolución de Mayo el sector militar se constituyó en un “factor de poder”, como en cualquier estado legalmente organizado,  razón por la cual fue  buscado por los políticos opositores a los gobiernos. Tal fue  el caso de la “Revolución del Parque” en 1890 y otros intentos posteriores. (Ver B86 ) en los que la “Unión Cívica” – Posterior UCR- intentó, junto a un sector del ejército hacerse del poder. No fue sólo ese ensayo, sino que hubo otros posteriores.

 

Al respecto, los políticos (y también muchos historiadores) toman siempre como fecha de la ingerencia institucional de las FFAA, el año 1930 (Ver B87)  debido a que fue el inicio de las revoluciones militares triunfantes que se sucedieron en nuestro país (normalmente a requerimiento o con apoyo de la oposición política que usufructuó los beneficios), y a partir  de las cuales  el sector militar tuvo un papel preponderante en la política nacional .(Golpes de Estado y consecuentes gobiernos de facto desplazando a los partidos políticos en el poder).

 

Va de suyo que la intervención de las FFAA  en la política argentina fue similar en aquellos años al resto de América Latina, con la particularidad que esa intervención en todos los casos, si bien fueron encabezados por militares, en la gestión de tales gobiernos la masa de los funcionarios pertenecieron a los distintos partidos políticos incluyendo a los del gobierno depuesto. Al volver los gobiernos constitucionales, esos políticos en muchos casos minimizaron esa participación y su apoyo a los gobiernos de facto, e incluso  lo denostaron como una forma de desvincularse de ese pasado. Otra consideración importante a conocer es que el Poder Judicial, en todos los casos, continuó ejerciendo su ministerio. Más aún, muchos de los jueces que juzgaron a los militares cuando éstos dejaron el poder en 1983, habían jurado previamente sobre los Estatutos Revolucionarios por encima de la Constitución Nacional.   

 

 El segundo, de carácter preponderantemente ideológico.  Fue consecuencia de las secuelas de la guerra revolucionaria que dejó muchos muertos, heridos y además miles de desaparecidos con la victoria militar de las FFAA.  A partir de entonces, de esa derrota armada, la  estrategia de desgaste y aniquilación de las fuerzas legales la hacen las ONG de DDHH (de los terroristas)  apoyados por los partidos o agrupaciones políticas de izquierda que presionan a las autoridades nacionales de los distintos poderes. La mayoría de esos gobiernos, con funcionarios que habían militado en el terrorismo subversivo,  tenían una necesidad político partidaria para mostrar animosidad contra los militares.

 

Consecuentemente había quienes estaban en uno u otro grupo y los que pertenecían a ambos, pero todos coincidían en el  objetivo común que era : el debilitamiento político, la destrucción de su capacidad militar y la modificación ideológica de las FFAA .

 

La derrota militar en la guerra de Malvinas, a pesar del inmenso apoyo popular que tuviera luego de tomar las islas sin derramar sangre de los ingleses ni de la población civil, promovió que la clase política cambiara ese apoyo por críticas  al “descabellado intento de ganarle a los ingleses con la OTAN” que rápidamente fueron capitalizadas por los DDHH (de los terroristas y su familiares) liderados por “las madres” y las “abuelas “ y luego también por “los hijos”, para   desprestigiar aún más a las Fuerzas Armadas de la Nación.

 

Desde 1983  el país vivió en democracia sin participación alguna de las FFAA en el poder político sucediéndose como Presidentes: Dr Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical); Dr Carlos Saúl Menem (Justicialista) durante 2 períodos; Dr Fernando de la Rúa (Alianza), Ramón Puerta (Justicialista); Dr Alberto Rodríguez Saá (Justicialista); Eduardo Camaño (Justicialista) y  Dr Eduardo Duhalde (Justicialista). Los 4 últimos surgidos luego de la renuncia de De la Rúa  a raíz de un cuasi golpe de Estado civil y sin participación militar alguna  y por último el  Dr Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), esposa del anterior. Durante ese lapso se produjo una alternancia de los principales partidos políticos y el Congreso Nacional funcionó plenamente. Sin embargo, la política seguida contra las Fuerzas Armadas - con diferentes matices - fue similar : ataque político, persecución jurídica y judicial, desarticulación, achicamiento, desprestigio e incapacitación de las mismas para operar como fuerza armada para cumplir su rol constitucional.

 

Si bien las FFAA destruyeron el aparato armado de las organizaciones terroristas subversivas y ganaron la batalla , los elementos residuales de esa subversión junto al oportunismo de los políticos de turno, continuaron “la guerra por otros medios” y en lugar de la aplicación de los Derechos Humanos tal como lo indica su esencia, los aplicaron unilateralmente como estrategia política y en venganza contra las fuerzas legales, alcanzando el mayor poder con el matrimonio Kirchner.

  

El “Juicio a las Juntas Militares”, constituyó un verdadero hito histórico en cuanto alteró el real desenlace de la “guerra revolucionaria”[8] desatada en nuestro país, al sentar en el banquillo de los acusados a quienes la habían ganado en defensa del Estado y sus instituciones, sustrayéndolos de sus jueces naturales, juzgándolos mediante una “Comisión Especial” y leyes posteriores a la comisión de los hechos (situación prohibida por el Art 18 de  nuestra Constitución) y aplicándoles el Derecho Penal Ordinario en lugar del Derecho Militar.

 

Pese a que los comandantes asumieron la responsabilidad por las órdenes impartidas por el gobierno constitucional en pleno uso de sus facultades  de aniquilar a la subversión, se hizo caso omiso de ello y se juzgó a los subalternos que habían cumplido las órdenes. Ello tuvo como consecuencia un efecto moral negativo en los hechos y a futuro, ya que la disciplina de una fuerza armada se basa en el cumplimiento de órdenes y en la responsabilidad de quien las imparte.

 

Tal situación atenta contra la eficacia de una fuerza armada, ya que traerá aparejada – en el futuro – que se pueda analizar una orden impartida por un superior legalmente autorizado para ello y cumplirla o no según el criterio del subalterno o intereses . Con ello se está cuestionando el comando y puede tener nefastas consecuencias en época de conflictos armados, ya que quien recibe una orden del servicio tiene obligación de cumplirla y como se expresó, el responsable – si la cumplió reglamentariamente – es su superior. No hacerlo así, vulnera la disciplina y no puede ser aceptado por ningún ejército del mundo a riesgo de anarquizarse.

 

      Es evidente que el iniciador y responsable de la situación que tienen hoy (30 años después) los miembros de las FFAA y las otras fuerzas subordinadas (hay más de 600 detenidos y muchos más esperando proceso y ningún terrorista en similar situación) fue el gobierno socialista del Dr Raúl Alfonsín, que fue incapaz de pacificar el país después de la guerra interna. Él tenía que saber que no  se debía judicializar una guerra ni juzgar con el código penal en lugar del código militar vigente y leyes de guerra. Mucho menos, hacerlo inequitativamente perjudicando a una sola de las partes que se enfrentaron: las fuerzas legales que defendieron las instituciones del Estado Nacional.

 

La Ley de Defensa promulgada por Alfonsín no consideró adecuadamente  las nuevas amenazas [9](narcotráfico, terrorismo, radicalismo religioso, lavado de dinero y amenazas a los recursos naturales) con lo que puso en peligro nuestra sociedad  al no sentar las bases reales para la planificación de nuestra defensa nacional. Tampoco controló que se cumplieran las leyes complementarias para cerrar el ciclo de leyes básicas para el planeamiento y su ejecución. (Ver Ley de Defensa Nacional). Ni siquiera se reglamentó la ley hasta el 2006, veintitrés años después

 

En la década del 90,  a partir de la creación del Foro de San Pablo[10], muchos de su adeptos y simpatizantes en nuestro país, subidos en la ola izquierdista del “progresismo”, además de disminuir las capacidades de las FFAA y debilitar la influencia de la Iglesia Católica, también se infiltraron en los distintos poderes del Estado y en los medios de comunicación social. Desde  el año 2003 los gobiernos sucesivos de Néstor y Cristina Kirchner, han determinado  que nuestro país esté fuertemente involucrado en esas políticas mediante su alianza ideológica, comercial y financiera con Chávez, actual mayor impulsor de las mismas.

 

En estos 7 años, el Poder Ejecutivo, integrado en gran parte por ex terroristas con todas las características ideológicas (marxistas) de antaño vigentes, está posibilitando dar el golpe final por medios jurídicos, judiciales y económicos a las “viejas FFAA” con la intención de hacerse del poder por muchos años. Este gobierno tiene como política de Estado apoyar la llamada “Memoria, verdad y Justicia” mediante apoyos políticos  y jurídicos, así como recursos económicos y financieros, a las ONG de DDHH y a otras organizaciones de izquierda, para que les sirvan como cortinas de humo para  sus intereses particulares y acciones de corrupción, beneficiando notablemente a las actividades de narcotráfico y lavado de dinero .

     

La estrategia de este gobierno afín con el terrorismo, se ha basado en las siguientes premisas para accionar  en desmedro de las FFAA:

 

  • Defender la teoría de que no hubo guerra , sino “terrorismo de estado”(Ver SDDHH-Las ideas) y víctimas inocentes o idealistas que luchaban por la libertad . Tratar de instalar por  medio de la Corte Suprema la jurisprudencia necesaria para juzgar a todos los integrantes de las FFAA y fuerzas subordinadas que intervinieron en la lucha contra el terrorismo , a pesar del tiempo , de haber sido juzgados e incluso indultados por el Poder Ejecutivo Nacional

 

  • Consecuentemente, continuar con la  campaña de desprestigio del “viejo ejército” (los que combatieron a los subversivos-terroristas) mediante los medios de comunicación social, a la vez que reivindicar históricamente a la agresión terrorista como una gesta heroica. Se está produciendo una coacción para pensar en la dirección que impone el gobierno y su sector ideológico  afín.

 

  • Mostrar poco respeto por las FFAA activas y sus integrantes para demostrar el propio poder sin perder ocasión en  separar  “las  viejas FFAA” de las que  abrevaron en la fuente de la democracia a partir de 1983.

 

  • Para éste y otros fines, obtener e incrementar el dominio de la información pública mediante presión política, jurídica y medidas de índole económica a nivel de empresas de prensa escrita , oral y televisada  y periodistas calificados .

 

  • Incrementar la presión sobre los elementos de la Justicia en el corto plazo para apresurar los procesos judiciales y cambiar los jueces que “molesten ideológicamente” con distintas excusas .

 

  • De igual forma, mantener a los militares acusados bajo presión permanente y en términos que superan holgadamente los previstos en tratados Internacionales, violando en forma escandalosa los plazos estipulados en ellos (7/8 años de detención sin sentencia y con procesos “congelados”).

 

  • Utilizar al Poder Legislativo y a los gobiernos de la Capital y de las provincias, así como a sus elementos componentes, en las acciones de reivindicación ya expresadas, con el objeto de ratificar la deformación de la verdad histórica a partir de la desinformación en los sistemas de educación y en la opinión pública.  Utilizar la “cultura” como vehículo de su ideología dentro de la sociedad.

 

  • Tomar medidas drásticas, inmediatas y publicitadas ampliamente, con todo persona con actuación en la guerra contra el terrorismo que se encuentre en la administración pública o que, desde un lugar en cualquier relación de dependencia con el Estado, defienda  lo ocurrido en esa contienda , como una forma de introducir el temor en la gente e impedir que se manifieste, imponiendo “el pensamiento único”.

 

  • Privilegiar la lealtad personal por sobre las jerarquías en el personal en actividad de las “nuevas FFAA” , con la idea de ir logrando una subordinación al Poder político que pase más  por el gobierno que  por la Constitución Nacional.

 

Teniendo en cuenta que el responsable del planeamiento y coordinador en toda Latinoamérica del ataque jurídico y judicial a los integrantes de las FFAA es el CELS (Centro de estudios legales y sociales) presidido por el terrorista montonero Horacio Verbitsky (quien recibe apoyo financiero, entre varios otros, de la Fundación Ford de EEUU) , en coordinación con la Secretaría de DDHH de nuestro país, será necesario conocer sus ideas, declaraciones o escritos, porque ellos irán indicando como seguirá esta “guerra revolucionaria por otros medios” que viene remontando en Sudamérica como “socialismo del Siglo XXI” al margen de los interese nacionales de los distintos actores.

 

En nuestro país , la lucha por la verdad continúa y no cejaremos hasta que ella se imponga. Ya se están verificando las primeras reacciones contra “la historia oficial” y el “pensamiento único” no sólo entre la opinión pública sino que ya se han constituido algunas ONG con ese fin, entre ellas la de  los Abogados Para la Justicia y la Concordia que suman alrededor de 350 profesionales independientes políticamente. Existen también actuaciones de algunos tribunales en los que se ejerce realmente “el Derecho” y no la obsecuencia política y/o el temor por las acusaciones del “Consejo de la Magistratura” que está manejada políticamente por gobierno, a partir de su modificación, y en condiciones de enjuiciar a los jueces por…¡ sus sentencias!

 

Para confirmar lo expresado creemos oportuno transcribir las palabras de un juez subrogante de Santa Fe que pidió ser separado de un caso por razones de “violencia moral”. Al respecto el diario La Nación del jueves 30 de abril de 2009 en su página 11 dice textualmente: … “Se trata de Martín Gutiérrez, un abogado que integraba el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como subrogante. Intervenía  en el caso Aebi, uno de los principales casos por crímenes de la represión en la provincia.

En su excusación alegó que se sentía coaccionado por las declaraciones amenazantes de varios funcionarios, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner. Ellos señalaron - dijo Gutiérrez - que quienes tienen la responsabilidad de entender, como el suscripto, en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva, favorecen a los represores del genocidio y deben ser sometidos a jury de enjuiciamiento. Gutiérrez cuestionó puntualmente, que la Presidenta hubiera pedido la remoción de los jueces de (la cámara) Casación que liberaron a represores que llevaban años presos sin condena.

Dijo además, que no quería exponerse a ser acusado de pro genocida si fallaba a favor de algún acusado.”

 

FIN DEL BOLETÍN Nro 170

 

 

“LECTURA  RECOMENDADA A NUESTROS LECTORES”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA GUERRILLA EN SUS LIBROS”

 

Del  Dr Enrique Díaz Araujo. Ed “El Testigo”

Tomos I y II

 

Se trata de un trabajo encomiable, elaborado por un conocido abogado mendocino, docente  e historiador de notables conocimientos y fecunda producción - ha escrito más de 40 libros – con repercusión nacional y latinoamericana. A través de una labor de análisis documental y comparación de libros de fuentes ideológicas contrapuestas, va señalando con minuciosidad las mentiras, tergiversaciones y omisiones sobre nuestra historia reciente.

 

En particular demuele en forma categórica aquellos mitos generados por las ONG defensoras del terrorismo, incorporados por los sucesivos gobiernos desde 1983 y repetidos a rajatabla por los medios de comunicación afines y los personeros del llamado “progresismo”.

 

Su lectura y difusión permitirá recuperar nuestra historia en forma integral, como así también identificar a quienes trabajan para consolidar la unión nacional y a los que operan en sentido contrario.

 

 

 

 

REFLEXION

 

 

 

ARGENTINA FUE ATACADA

POR EL TERRORISMO INTERNACIONAL

 

AYER

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS INICIARON UNA GUERRA CONTRA EL ESTADO NACIONAL

PARA TOMAR EL PODER E INSTALAR UN SISTEMA COMUNISTA

-

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ORDENO A SU BRAZO ARMADO ANIQUILAR A LOS TERRORISTAS

-

 

LAS FUERZAS ARMADAS , DE SEGURIDAD Y POLICIALES

CUMPLIERON LO ORDENADO

-

 

 

HOY

 

LOS INTEGRANTES DE ESAS FUERZAS SON PERSEGUIDOS , ENJUICIADOS Y CONDENADOS

 CON LEGISLACION ANTICONSTITUCIONAL, POSTERIOR A LOS HECHOS,

INCORPORANDO DELITOS ANTES INEXISTENTES EN NUESTRA LEGISLACION.

-

 

LOS TERRORISTAS SUBVERSIVOS FUERON  LIBERADOS, AMNISTIADOS O INDULTADOS Y COMPENSADOS ECONOMICAMENTE. NO SON JUZGADOS NI SUS CRIMENES CONSIDERADOS

DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

LOS TERRORISTAS ESTAN LIBRES. MUCHOS SON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO.

-

 

¿SOMOS LOS ARGENTINOS IGUALES ANTE LA LEY ?

(art.16 DE LA CONSTITUCION NACIONAL)

-

 

 NO HAY PAZ SOCIAL SIN IGUALDAD ANTE LA LEY 

 



[1] Instituído en 1901 por la Ley 4.301  y suspendido el 31 de agosto de 1994, aunque la Ley sigue vigente.

[2] Dr Julio González: “Los Tratados de Paz por la guerra de Malvinas . Ed El Copista, Bs As 2005.

[3] Mimada y utilizada por Kirchner y su mujer, fue cuestionada por su mismo ex marido acerca de la falsa desaparición de sus hijos. Es de una agresiva intolerancia verbal por lo que ha sido denunciada por incitación  a la violencia … “una revolución sin armas no es revolución”. Dijo sobre el atentado a las torres gemelasEl 11 de septiembre “sentí que la sangre de tantos caídos era vengada".Sobre el Papa Juan Pablo II a instancias de su agonía: "va a morir quemado en el infierno".En su visita al Presidente “Le dijimos (al presidente) que Lavagna era un hijo de puta” , etc, .  Cada vez que había un atentado de la ETA en España, festejaba públicamente..

[4] Arancibia Clavel Enrique Lauterio sobre homicidio calificado y asociación ilícita (Causa 254 del 24 de agosto de 2004)

[5] Según el diccionario de la real Academia española, el honor “es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y a uno mismo”. Agrega: “La gloria o buena reputación que sigue a la virtud o a las acciones heroicas”.  Consecuentemente es una cualidad moral de la persona y por lo tanto no judiciable.

[6]Horacio Verbitsky, un intelectual, un periodista que lanza por la prensa buchonerías seleccionadas que amedrentan desde jueces a periodistas. Un personaje no electo -ni en listas sábanas- pero de enorme poder desde las sombras en esta gestión Kirchner y que goza hoy de la impunidad jurídica que dice combatir. Verbitsky pone y saca miembros de la Corte Suprema de Justicia; sienta a su lado en comidas y es recibido en su despacho por el presidente del más alto tribunal del país, Enrique Petracchi. Se ha cebado al extremo, en estos días, de sacar en horas de su cargo a jueces, suspenderlos y hacerles juicio político porque también domina el Consejo de la Magistratura, que preside precisamente Petracchi. Ha implantado en la Argentina la vergüenza jurídica de que los magistrados ahora pueden ser juzgados y echados por sus fallos. Todo maquinado por este personaje que en su pasado apretó detonadores de explosivos que a distancia mataron civiles inocentes para satisfacer la «prueba de sangre» (de sangre derramada) que el grupo terrorista Montoneros exigía a sus miembros como resguardo de lealtad. Titiritea la Justicia sin cargo público; frecuenta los más altos despachos del gobierno; maneja los expedientes para ascensos o descabezamientos de militares; tiene colocados hombres que le responden desde la Cancillería hasta el comando general de las Fuerzas Armadas, al extremo de que en el propio gobierno dicen que «Verbitsky tiene una SIDE paralela» por la cantidad de información que recibe de sus infiltrados en organismos públicos.”Julio Ramos , diario Ámbito Financiero, 19 Ago 2005

 

[7] Ver libro “Verbitsky. De la Habana a la Fundación Ford” de Carlos Manuel Acuña Ed del Pórtico

[8] Reconocida en la “sentencia” dictada por los jueces que juzgaron a los comandantes de cada fuerza explícitamente, además de estar presente en todos los documentos y bibliografía secuestrada en procedimientos o escrita posteriormente por los líderes terroristas y otros combatientes de las organizaciones armadas.

[9] En el 2007 el 99,5 de las guerras en curso eran internas, por lo que los legisladores que aprobaron esa ley no estuvieron bien asesorados  o la aprobaron por indicación del partido. Ambas situaciones en una ley de esta trascendencia habla muy mal de la clase política argentina.

[10] Creado después de la caída del muro de Berlín. Sus fundadores fueron Fidel Castro y Lula da Silva y participó la flor y nata de los movimientos revolucionarios, grupos guerrilleros y partidos de izquierda  de (68 agrupaciones y partidos) Latinoamérica y del Caribe.


[Adjunto no mostrado: =?ISO-8859-1?Q?B170=2D_PROFUNDA_AFECTACI=D3N_DE_LA_DEF_NAC=2E_3ra_PARTE=2EAdj=2Edo?= =?ISO-8859-1?Q?c?= (application/msword) ]