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ARGENTINA INÉDITA
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Asunto:[nuestra_historia_70] 10- ARGENTINA INEDITA - JUICIO A LAS JUNTAS DE COMANDANTES. Gobernaron De Facto 1976 a 1983
Fecha:Miercoles, 20 de Diciembre, 2017  18:36:38 (-0300)
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‚Äč‚ÄčARGENTINA INEDITA

¬†HISTORIA DE LA NACI√ďN - SUFRE TERGIVERSADA POR IDEOLOG√ćAS-¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬†

¬†2017 UNA INVITACI√ďN A Levantar LA MIRADA COMO NACI√ďN AL FUTURO ¬†¬†

NUESTRA HISTORIA 70 - BOLETINES. 

ARGENTINA IN√ČDITA¬† - G+¬†

JUICIO A LAS JUNTAS DE COMANDANTES

GOBERNARON DE FACTO 1976 a 1983

 

 

 





La Falta de Justicia en la Nacion es y sigue siendo la madre de todos los errores cometidos

 

 


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CAP√ćTULO 7

EL JUICIO A LAS JUNTAS DE COMANDANTES, QUE GOBERNARON DE FACTO 1976-1983

1. La teoría de los dos demonios

El Dr. Ra√ļl R. Alfons√≠n en los √ļltimos a√Īos del gobierno militar expres√≥ en varias oportunidades que la ciudadan√≠a argentina estaba agredida por dos terrorismos de signo contrario: por un lado las organizaciones subversivas terroristas y por el otro grupos descontrolados de las fuerzas armadas y de seguridad. Esta versi√≥n permiti√≥ inicialmente a los pol√≠ticos continuar las relaciones con los mandos del poder militar, tratando de lograr beneficios particulares o partidarios. Posteriormente cuando la Junta Militar, antes de dejar el gobierno clarific√≥ p√ļblicamente que todo lo actuado en la lucha contra la subversi√≥n ‚Äďa√ļn por las Fuerzas de Seguridad y Policiales‚Äď era un acto de servicio, el sentido inicial cambi√≥, englob√¡ndose en el segundo campo a todas las instituciones participantes.

Por ello, al asumir como presidente Alfons√≠n, enjuici√≥ s√≥lo a los mayores niveles de conducci√≥n de las Fuerzas Armadas que hab√≠an impartido las √≥rdenes y a los m√¡ximos dirigentes de las organizaciones armadas subversivas terroristas. Esta visi√≥n pol√≠tica, fue bautizada por la izquierda como la ‚Äúteor√≠a de los dos demonios‚ÄĚ la que fue apoyada por los partidos pol√≠ticos en general y los dirigentes de los √¡mbitos econ√≥micos sociales y gran parte de la poblaci√≥n (influida por los medios de comunicaci√≥n social) ya que con ello lograban colocarse de ‚Äúespectadores‚ÄĚ y sin responsabilidades en la lucha fratricida.

Esta teor√≠a simplista pero interesada, evit√≥ enjuiciar a pol√≠ticos y funcionarios del gobierno constitucional anterior al Proceso de Reorganizaci√≥n Nacional, al tomar como punto de partida el 24 de marzo de 1976. Esta teor√≠a tuvo tambi√©n ‚Äďaunque por distintos motivos‚Äď la cr√≠tica de los ex miembros de las organizaciones subversivas terroristas, quienes opinaron. con esta aberrante interpretaci√≥n de lo sucedido, el alfonsinismo abord√≥ el problema del pasado simplific√¡ndolo a una pelea de bandas de delincuentes.

La pol√≠tica alfonsinista sobre la historia descalifica todo el proceso previo de nuestra sociedad y las condiciones pol√≠ticas institucionales en las que se desarrollaron los conflictos dentro de esta escalada de violencia. Perd√≠an as√≠ relevancia los golpes de estado con participaci√≥n de partidos pol√≠ticos, la proscripci√≥n, etc. En su lugar y en lugar de la verdad se coloc√≥ el C√≥digo Penal. Quedaban as√≠ reducidos al plano jur√≠dico m√¡s de 30 a√Īos de historia. M√¡s a√ļn, podr√≠amos decir que la metodolog√≠a aplicada (el proceso penal) y la teor√≠a que lo sustent√≥ (los dos demonios) contribuyeron a ocultar la historia y obturar sus ense√Īanzas. Tal vez, ese haya sido su objetivo. No se pod√≠a con esa teor√≠a y de esa forma explicar los recurrentes golpes de estado. Ni siquiera el del 24 de marzo de 1976 fue considerado antijur√≠dico, tan es as√≠ que las Juntas Militares no fueron acusadas por el delito de sedici√≥n ni de usurpaci√≥n de poderes del Estado. En cambio, el C√≥digo Penal, s√≠ le permiti√≥ al radicalismo y a muchos otros colocarse por fuera de las responsabilidades hist√≥ricas. Dejaron s√≥lo a la guerrilla y a las FFAA en el lugar de la barbarie.

Volviendo a la teor√≠a de los dos demonios cabe describirla como hist√≥ricamente falaz, institucionalmente hip√≥crita y √©ticamente insostenible. Ac√¡ nos parece pertinente transcribir las declaraciones de Alicia Pierini, secretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Carlos Menem; ‚Ķ cuando asum√≠ ya hab√≠a sido dictado el indulto. Con ese tema siempre tuve una idea original si se quiere: siempre cuestion√© toda la pol√≠tica del alfonsinismo; cuestion√© que se viera enmarcado dentro del C√≥digo Penal lo que hab√≠a sido una lucha pol√≠tica, con cr√≠menes de guerra, pero lucha pol√≠tica. Cuando se hace el juicio a las juntas en el a√Īo 1985 yo cuestion√© que esto jur√≠dicamente no ten√≠a destino, que ser√≠a un hecho pol√≠tico con formato jur√≠dico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, c√≥mplices, encubridores. Si segu√≠amos aplicando el derecho, ac√¡ no quedaba nadie en pie o por lo menos medio pa√≠s iba a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. La verdad es m√¡s importante que el castigo. Es m√¡s importante el hecho pol√≠tico que el jur√≠dico‚Ķ (Viviana Gorbato, Montoneros los soldados de Menem, ¬¿Soldados de Duhalde? (Ed. Sudamericana, 1999)

2. El Juicio a las Juntas de Comandantes

Tres d√≠as despu√©s de la asunci√≥n al Poder Ejecutivo Nacional el Dr Ra√ļl Alfons√≠n dispuso mediante el Decreto 158/83 la instrucci√≥n por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de una causa contra los miembros de las tres primeras Juntas Militares del llamado Proceso de Reorganizaci√≥n Nacional instalado como gobierno de facto a partir del 24 de marzo de 1976.

Este tribunal, al no tener competencia para juzgar a las Juntas Militares como tales, resolvi√≥ procesar a los integrantes de la primera Junta Militar en su car√¡cter de ‚Äúcomandantes de sus respectivas fuerzas‚ÄĚ. Cabe aclarar que el gobierno militar de facto instaurado a partir del 24 de marzo de 1976, ten√≠a como √≥rgano supremo la denominada ‚ÄúJunta Militar‚ÄĚ (constituida por los tres comandantes de las FFAA). En ella resid√≠a la totalidad del poder pol√≠tico y por lo tanto la responsabilidad √ļltima de la guerra contra el terrorismo. Esa Junta Militar reunida en pleno fue la que decidi√≥ continuar la guerra para aniquilar la subversi√≥n (Acta de Objetivos del Proceso de Reorganizaci√≥n Nacional; publicada en el B.O. 29/3/76), donde se orden√≥ c√≥mo, cu√¡ndo, d√≥nde y en qu√© forma se aplicar√≠an los medios militares en esta guerra.

La uniformidad de estos procedimientos de combate en toda la naci√≥n acredita este hecho. Tambi√©n instruy√≥ a la Canciller√≠a en c√≥mo deb√≠a proceder en relaci√≥n con los reclamos internacionales por los DDHH, la relaci√≥n con la Iglesia Cat√≥lica respecto de los supuestos desaparecidos, etc. La mutua colaboraci√≥n entre las distintas FFAA no podr√≠a haber sido planeada ni ejecutada sin la aprobaci√≥n de la Junta Militar. La intenci√≥n del fiscal Strassera de juzgar a las Juntas como responsables primarias en la lucha contra la subversi√≥n terrorista fue r√¡pidamente descartada por la C√¡mara Federal. De esta forma se evit√≥ tratar las responsabilidades pol√≠ticas y, consecuentemente, excusar de imputaciones a los gobiernos civiles anteriores (1973, 74, 75 y primeros meses del 76) al mismo tiempo que se ‚Äújudicializaban‚ÄĚ actos b√©licos.

Por √ļltimo el llamado Documento Final (referido a la guerra contra el terrorismo) que fue de autor√≠a de la Junta Militar, dio por aprobado todo lo actuado en contra de la subversi√≥n terrorista, incluyendo los ‚Äúprocedimientos in√©ditos‚ÄĚ a los que as√≠ califica y admite su existencia. Este documento fue difundido en forma p√ļblica el 28 de abril de 1983. Sancionada la Ley 23.049 ‚ÄúModificaciones al C√≥digo de Justicia Militar‚ÄĚ promulgada el 13 de febrero de 1984 que estableci√≥ en su art√≠culo 10, entre otras cosas, la falta de obligaci√≥n de la ‚ÄúInstrucci√≥n‚ÄĚ (la suspensi√≥n de las etapas de los hechos imputados) daba un muy exiguo plazo de seis meses y el control por parte de las C√¡maras Federales, a la actividad del Consejo Supremo. Se observ√≥ desde un principio que esa ley en realidad vulneraba el principio constitucional de que ‚Äúning√ļn habitante de la Naci√≥n puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa‚Ķ (Art.18 de la Constituci√≥n Nacional) y beneficiaba, al no ser reconocido el enfrentamiento armado como hechos b√©licos, a las organizaciones armadas clandestinas como se comprob√≥ ya que fueron tratados como delitos comunes finalmente prescriptos y nunca investigados.

Evidentemente el Dr Alfons√≠n fue presionado por sus ‚Äúpromesas de campa√Īa‚ÄĚ por la izquierda y las organizaciones de DDHH ‚Äďcompuestas por familiares y militantes‚Äď vi√©ndose obligado por razones pol√≠ticas e ideol√≥gicas de su entorno a promulgar una ley anticonstitucional, que favorec√≠a la expectativa que hab√≠a creado para llegar al poder. Los partidos pol√≠ticos que usufructuaron siempre del poder en cargos p√ļblicos en todo el pa√≠s (incluso en el gobierno de facto donde los partidos pol√≠ticos aportaron los intendentes: UCR 310; PJ 169; MID 94; otros partidos 122) no quisieron, en general, discutir la ley. Se subieron a la ola de las reivindicaciones que, luego de los juicios, fue imposible parar.

El 4 de octubre de 1984, sobre la base de la nueva y cuestionada ley la C√¡mara Federal en lo Penal se avoc√≥ al juicio quit√¡ndole las actuaciones al Consejo Supremo de las FFAA con la excusa de lentitud en el proceso que no podr√≠a cumplir con el plazo acordado. En ese momento el sumario contaba con 1.600 fojas y por cuerda separada corr√≠an 500 expedientes, as√≠ como tambi√©n manten√≠a en ‚Äúprisi√≥n preventiva rigurosa‚ÄĚ a dos de los tres procesados (Tte Grl Videla y Alte Massera). Al avocarse esa C√¡mara recibi√≥ un apoyo importante en personal y medios para su trabajo, con la colaboraci√≥n permanente de 30 empleados afectados hasta los fines de semana, a cargo del secretario de actuaci√≥n Dr. Juan Carlos L√≥pez y el prosecretario de C√¡mara Sr. Julio C√©sar Est√©vez. Dotaci√≥n que no dispuso nunca el Consejo Supremo de las FFAA por lo que se desprende que esa era una acci√≥n prevista por el gobierno.

Paralelamente, Alfons√≠n orden√≥ una investigaci√≥n por parte de la CONADEP (ver cap√≠tulo 8 pertinente) convocada por decreto, la que por sus caracter√≠sticas no ten√≠a la idoneidad requerida para el √¡mbito judicial. S√≥lo aport√≥ denuncias, en la mayor√≠a de las veces sin pruebas (con presuntas v√≠ctimas y datos muy incompletos, la mitad sin documento de identidad para ser identifi cado, otros ni siquiera con la fecha de desaparici√≥n, etc., lo cual adem√¡s de extra√Īo confirmaba la idea de sumar la mayor cantidad de denuncias para juzgar a los militares ya que los terroristas quedar√≠an a salvo) y conducida, en los niveles intermedios y como ‚Äúescribas‚ÄĚ, con personas parcializadas que eran militantes y familiares de los presuntos desaparecidos.

Finalmente el 9 de diciembre de 1985 la C√¡mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dict√≥ su ‚Äúsentencia‚ÄĚ en la Causa 13 del a√Īo 1984 cuyo expediente ten√≠a 38.000 fojas y en la que constaba que declararon 833 personas y se recibieron 80 exhortos remitidos por v√≠a diplom√¡tica, arm√¡ndose 700 casos de personas. De la parte final de la misma (p√¡g. 843) ‚ÄúGraduaci√≥n e individualizaci√≥n de la Pena‚ÄĚ rescatamos el 4¬ļ p√¡rrafo que echa por tierra las afirmaciones del Pr√≥logo del Nunca M√¡s: (‚Ķ) ‚ÄúAunque ello no quita gravedad objetiva a los delitos cometidos, corresponde hacer m√©rito de que los hechos juzgados se produjeron como reacci√≥n a los criminales ataques que la sociedad y el Estado argentinos sufrieron por parte de las organizaciones terroristas. Esa agresi√≥n, adem√¡s de haber debilitado la fe en la aptitud de los medios legales para la preservaci√≥n del orden y los derechos individuales, produjo una angustiosa sensaci√≥n de inseguridad sin la cual estos hechos no hubieran podido ocurrir‚ÄĚ. (Lo resaltado es nuestro).

La mencionada sentencia aclara en la p√¡gina 844 que en el presente juicio se trata de delitos comunes, el Tribunal impondr√¡ las penas que correspondan con arreglo al sistema de los art√≠culos 55 y 56 del C√≥digo

Penal. Finalmente se nombra a los sentenciados con la pena que se le atribuye a cada uno, para determinar luego el cómputo de vencimiento de las mismas.

1. Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua.

2. Emilio Eduardo Massera. Prisión perpetua.

3. Orlando Ram√≥n Agosti. Cuatro a√Īos y seis meses de prisi√≥n.

4. Roberto Eduardo Viola. Diecisiete a√Īos de prisi√≥n.

5. Armando Lambruschini. Ocho a√Īos de prisi√≥n.

En todos los casos ‚Äúm√¡s la inhabilitaci√≥n absoluta perpetua‚ÄĚ. La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema, por medio de un recurso extraordinario por los cinco condenados por el Ministerio Fiscal y por un grupo de particulares damnificados.

El 30 de diciembre de 1986, el Alto Tribunal dictó sentencia con modificaciones:

1. .Por unanimidad confirmó las condenas de Jorge R. Videla, Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini.

2. Por unanimidad revoc√≥ las condenas de Roberto Eduardo Viola en relaci√≥n a dos casos y a Orlando Ram√≥n Agosti en otros tres. Por mayor√≠a redujo la condena del primero a 16 a√Īos y 6 meses de prisi√≥n y al segundo a 3 a√Īos y 9 meses de igual pena.

3. Por mayor√≠a se mantuvo la responsabilidad de los condenados en car√¡cter de autores medi√¡ticos de los hechos de sus subordinados.

NOTA: Los inicialmente procesados en la causa: Brigadier General (R) Omar Rubén Graffigna; Teniente General (R) Leopoldo Fortunato Galtieri; Brigadier General (R) Arturo Basilio Lami Dozo y Almirante (R) Jorge Isaac Anaya, fueron absueltos al final del proceso.

 

A LOS MIEMBROS

Con las cenizas calientes vuelve Nuestra Historia 70 y nace ARGENTINA IN√ČDITA. Nos satisface publicar y compartir. Creemos en una importante contribuci√≥n a la ‚ÄúMoral de la Naci√≥n‚ÄĚ. por cuanto de alguna manera y m√¡s para nuestras FFAA, nos ha hecho meditar much√≠simo en contribuir con la sociedad argentina.

Las deducciones que puedan surgir en aquellos realmente preocupados por nuestra NACION, ser√¡n bienvenidos,¬† DIFUNDIR

 

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