El juez federal de La Plata Manuel Blanco elevó al
tribunal oral la causa contra el sacerdote represor Christian Federico Von
Wernich. El ex capellán de la policía bonaerense y asesor de los grupos de
tareas de Ramón Camps será juzgado por su participación en 41 casos de
privaciones de la libertad y torturas, entre los que hay siete homicidios
calificados.
El proceso oral contra Von Wernich se realizaría en un par de meses y podría
convertirse en el próximo juicio contra un represor de la dictadura, el primero
después de la desaparición de Jorge Julio López. Aunque en la ciudad de Buenos
Aires hay otros casos que están en la misma situación –o aun más avanzados–,
como el del ex prefecto de la ESMA Héctor Febres y partes de la investigación
sobre el Primer Cuerpo del Ejército. Las audiencias de cualquiera de estos
expedientes están en condiciones de comenzar dentro del primer semestre de este
año.
Von Wernich, arrestado en 2003 por orden del juez Arnaldo Corazza, no sólo
proporcionó una supuesta justificación religiosa a militares y policías. Fue un
represor más. Cuando el fiscal Félix Crous lo denunció, lo acusó de “desplegar
una actividad voluntaria y consciente, dirigida a procurar quebrar la voluntad
de las víctimas, obtener información, procurar el silencio de las víctimas y sus
familiares y con ello asegurar los fines perseguidos por la dictadura y la
impunidad de él y sus cómplices”. En diciembre, al pedir la elevación a juicio,
el fiscal Sergio Franco destacó que el cura concurría asiduamente a los centros
clandestinos de detención, accedía a las víctimas e imponía tormentos
principalmente psicológicos y morales a los prisioneros.
Luis Velazco, que estuvo secuestrado en la Comisaría 5ª de La Plata, es uno
de los principales testigos contra el cura y quien relató que Von Wernich estaba
al tanto del destino de una niña nacida en cautiverio, que sigue desaparecida.
“Héctor Baratti le preguntó qué tenía que pagar su hija, que tenía días. El
sacerdote le respondió que su hija pagaba por lo que habían hecho sus padres”,
relató.
El ex capellán también está involucrado en el secuestro del periodista Jacobo
Timerman. Sus hijos Héctor y Javier, representados por el abogado Alejo Ramos
Padilla, solicitaron que el cura sea juzgado por la detención y las torturas a
las que fue sometido su padre mientras estuvo detenido en Puesto Vasco y Coti
Martínez.
Von Wernich también debe responder por siete detenidos a quienes Camps había
ofrecido sacar del país y fueron asesinados. Las familias de los desaparecidos
habían aportado dinero para pagar los costos, que, al menos en un caso, se
encargó de recolectar el sacerdote. En 1984 el policía Julio Emmed relató el
hecho ante la Conadep y describió cómo, al menos a tres de ellos, el médico
policial Jorge Bergés en presencia del entonces capellán “les aplicó dos
inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que
era veneno”. “El padre Von Wernich –dijo– me habló de una forma especial por la
impresión que me había causado lo ocurrido. Me dijo que lo que habíamos hecho
era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del
país.”
El juicio contra el cura comenzaría en un par de meses. Las estimaciones de
los abogados que representan a las víctimas es que se prolongaría durante tres
meses como mínimo y podría convocar a más de cien personas para dar
testimonio.
“Nos preocupa la situación de los testigos, que no se los revictimice”,
señaló a Página/12 Guadalupe Godoy, representante de organismos de derechos
humanos nucleados en Justicia Ya!. La abogada recordó que existen normativas
internacionales respecto del tratamiento de testigos y víctimas cuando el
responsable del hecho es el Estado que indican se debe tratar de evitar su
exposición innecesaria. “Con la desaparición de Julio López esto es
fundamental”, concluyó.