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Asunto:[RedLuz] Derechos humanos
Fecha:Viernes, 10 de Marzo, 2006  12:33:46 (+0100)
Autor:Guillermo <guillermo @.....es>

Estados Unidos impide la creación del Consejo
de Derechos Humanos en las Naciones Unidas

Por Juan Angel (Trinle)
<juanangel22@...>

Viernes 10 de marzo de 2006

Estados Unidos está impidiendo un acuerdo sobre la propuesta de creación
del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que sería más efectivo en la
protección de los derechos humanos que la actual Comisión de Derechos
Humanos. Se trata de una oportunidad histórica para reformar las
Naciones Unidas y una gran esperanza para las víctimas de violaciones de
derechos humanos en todo el mundo. El gobierno de Estados Unidos está
impidiendo que se adopte un acuerdo que podría salir adelante esta misma
semana, a través de su embajador ante la ONU, John Bolton. Bolton ha
pedido que se renegocie el texto o que se aplace su examen unos cuantos
meses, en una clara maniobra para impedir que esta iniciativa salga
adelante.

Amnistía Internacional está movilizando a sus colaboradores en Estados
Unidos y en el mundo entero para pedir al gobierno estadounidense que
respalde la formación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Es urgente actuar.

Firma y reenvía este mensaje a tus contactos:
http://www.es.amnesty.org/actua/onu_mar06/


Estados Unidos está empeñado en demoler
el sistema de Derechos Humanos de la ONU

Por Alejandro Teitelbaum*
Jueves 2 de marzo de 2006

No sólo los Estados Unidos se burlaron de los miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU y del Derecho Internacional que rige la relaciones
civilizadas entre los países, sino que además de praticar la tortura a
gran escala y desatar guerras coloniales en pleno siglo XXI, el Gobierno
del presidente Bush se ha empeñado desde hace varios años y con la ayuda
de sus amigos y colaboradores en el seno de las Naciones Unidas, de
diversos Estados y de algunas ONGs (Organizaciones No Gubernamentales)
en la tarea de demoler el sistema internacional de los derechos humanos.

Como es de costumbre cada año en la sede de las Naciones Unidas en la
ciudad de Ginebra, Suiza (foto arriba) que se realizará la cumbre
mundial de Derechos Humanos. La sesión se llevará a cabo del 13 al 31 de
marzo 2006.

I. Se pretende anticipar el entierro de la comisión de Derechos Humanos
de la ONU.

Hace ya varios años que el Gobierno de Estados Unidos, con la ayuda de
sus amigos y colaboradores en el seno de las Naciones Unidas, de
diversos Estados y de algunas ONGs, está empeñado en la tarea de demoler
el sistema internacional de los derechos humanos.

Por cierto que, mientras los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca lo
hacen de una manera desenfadada, sus ayudantes onusianos y externos
disfrazan su colaboración con invocaciones al respeto de los derechos
humanos, a la democracia y a la necesidad de mejorar la eficacia y a
racionalizar el funcionamiento de los diversos mecanismos de derechos
humanos.

Incluso no pueden dejar de criticar, para guardar las apariencias,
algunos aspectos de la política de los Estados Unidos, caracterizada por
las groseras violaciones del derecho internacional general, incluida la
Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho humanitario.

I. El objetivo del momento en esta tarea de desmantelamiento es hacer
desaparecer cuanto antes a la Comisión de Derechos Humanos para
reemplazarla por un Consejo de Derechos Humanos. No es de extrañar que
sea así, pues cada vez más la Comisión, sobre todo a través de sus
expertos y relatores, deben tomar posición ante la enorme magnitud de
las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de los
Estados Unidos.

Pero hasta el momento en que escribimos estas líneas el Consejo es sólo
un proyecto, al que nos referiremos más adelante, y la Comisión de
Derechos Humanos sigue existiendo, como organismo subsidiario del
Consejo Económico y Social, que lo creó en 1946 en virtud de lo
dispuesto por el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que
dice:

«El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico
y social y para la promoción de los derechos humanos, así como las demás
comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones». (Nuestro el
subrayado).

Por eso consideramos inadmisible que la Oficina de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos haya decidido congelar la preparación del 62º
periodo de sesiones de la Comisión, retrasando, entre otras cosas, la
publicación de documentos de la misma, en primer lugar del Programa
provisional, con el falso pretexto que figura en el sitio web
(unhchr.ch) de la OACDH, donde se lee:

«A la luz de las negociaciones en Nueva York sobre el establecimiento
del Consejo de Derechos Humanos, la información sobre las modalidades
del 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos no se
encuentra disponible en la página web por el momento, pero lo estará a
la mayor brevedad posible. Para información y referencia solamente,
sírvase consultar la dirección de internet del 61º período de sesiones
de la Comisión de Derechos Humanos».

Cabe agregar que el 28 de febrero enviamos un correo a la Oficina de
enlace con las ONGs en estos términos:

«...quiero pedirle que me informe cuales son las razones para no
publicar la información (documentos, etc.) en el sitio web de la ONU
Ginebra sobre la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos que
comienza el 13 de marzo (la que habitualmente empieza a publicarse con
dos meses de anticipación) y quién ha tomado esa decisión».

Y el mismo día recibimos la siguiente respuesta de la Secretaría de la
Comisión de Derechos Humanos:

«Lamentablemente la información sobre la próxima Comisión no estará al
completo en nuestra página web hasta que no se sepa la duración de la
misma. En principio tendríamos que saberlo a finales de esta semana o
principios de la próxima»... (nuestro el subrayado).

No hubo respuesta a nuestra pregunta sobre quién había tomado tal
decisión.

Decimos que la razón invocada en el sitio web de la OACDH (“A la luz de
las negociaciones en Nueva York sobre el establecimiento del Consejo de
Derechos Humanos… »), es un falso pretexto porque en ningún momento la
Asamblea General ha condicionado el funcionamiento normal del 62º
periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (tanto en lo que
se refiere a la preparación de la misma como a la duración de sus
sesiones) al resultado de los debates sobre la creación de un Consejo de
Derechos Humanos.

Incluso el párrafo OP 13 del Proyecto de resolución sobre la creación de
un Consejo de Derechos Humanos que está sometido actualmente a la
Asamblea General dice:

«Recomienda al Consejo Económico y Social que requiera a la Comisión de
Derechos Humanos que concluya sus trabajos en su 62º periodo de sesiones
y que proceda a abolir la Comisión el 16 de junio de 2006».

Es decir que el proyecto de la Asamblea General respeta las instancias y
no adopta decisiones respecto de la Comisión, sino que formula una
recomendación al respecto al Consejo Económico y Social, que es el
órgano superior de la Comisión, para que proceda a abolir la Comisión de
Derechos Humanos un mes después de la finalización normal de su 62º
periodo de sesiones, en la hipótesis de la creación previa del Consejo
de Derechos Humanos.

Por otra parte, la respuesta que recibimos de la Secretaría de la
Comisión es por lo menos sorprendente, pues la duración del periodo de
sesiones de la Comisión es de seis semanas, como lo ha decidido la misma
Comisión y aprobado su órgano superior, el Consejo Económico y Social,
decisión que sólo puede ser modificada por esos mismos órganos. Como es
lógico, la Comisión no puede cambiar esa decisión hasta que no se reúna,
decisión que, en el caso de tomarse, debería ser homologada por el
ECOSOC.

De modo que la duración del próximo periodo de sesiones de la Comisión
DEBE SER ?COMO SIEMPRE- DE SEIS SEMANAS, PUES NADIE ESTÁ HABILITADO PARA
MODIFICAR SU DURACIÓN, SALVO LA MISMA COMISIÓN Y EL ECOSOC.

La responsabilidad por estas trabas impuestas al buen desarrollo del
próximo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos ? trabas
que constituyen una violación flagrante del artículo 68 de la Carta de
las Naciones Unidas, de las normas y reglamentos vigentes relativos al
funcionamiento de los organismos de Naciones Unidas y de la Resolución
48/141 de la Asamblea General que creó el cargo de Alto Comisionado para
los Derechos Humanos - recae, en primer lugar, en la Alta Comisionada.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos está encargada de velar
por el buen funcionamiento de los organismos de derechos humanos, de
conformidad con la resolución 48/141 del 20/12/93 de la Asamblea
General, cuyo párrafo 4 dice:

«Decide que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos será el
funcionario de las Naciones Unidas que tendrá la responsabilidad
principal respecto de las actividades de la Organización en materia de
derechos humanos bajo la dirección y la autoridad del Secretario
General. Dentro del marco general de la competencia, la autoridad y las
decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la
Comisión de Derechos Humanos, las funciones del Alto Comisionado
serán»... (Nuestro el subrayado).

Incluso aunque este retraso impuesto a la preparación de la Comisión
responda a instrucciones del Secretario General, la Alta Comisionada
(que remplazó al asesinado Sergio Vieira de Mello) no puede invocar la
«obediencia debida » para violar las normas vigentes en las Naciones
Unidas.

Pero más allá de todo esto, está claro que la incertidumbre que se hace
reinar sobre el próximo periodo de sesiones de la Comisión responde
básicamente a los objetivos que se ha fijado Washington: desmantelar el
sistema de derechos humanos, entre ellos hacer desaparecer cuanto antes
a la Comisión de Derechos Humanos.

II. El Proyecto de Consejo de Derechos Humanos

La iniciativa, empedrada de buenas intenciones como el camino del
infierno, de suprimir a la Comisión de Derechos Humanos y crear en su
lugar un Consejo de Derechos Humanos dependiente de la Asamblea General,
estuvo enmarcada en el objetivo que hemos señalado más arriba, de
desmantelamiento del sistema de derechos humanos.

En efecto, el proyecto, inspirado por los Estados Unidos, era crear un
Consejo de unos 20 Estados miembros, de probada actuación democrática
según la entiende y la aplica cotidianamente la gran potencia y, para
hacerlo aún más cerrado, que fueran miembros permanentes del mismo los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Pero el mismo encontró diversos grados de resistencia en muchos Estados
y finalmente está sobre la mesa de la Asamblea General un proyecto de
resolución que parece contar con el apoyo de la gran mayoría de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Lo analizamos brevemente a continuación.

Los considerandos del Proyecto de resolución son, en general,
inobjetables, pues entre otras cosas reconocen la indivisibilidad de
todos los derechos, civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales, incluido el derecho al desarrollo y el derecho de
autodeterminación de los pueblos y que todos esos derechos deben ser
tratados de manera imparcial e igual. Además en los considerandos se
reconoce la necesidad de eliminar la selectividad y los dobles standards
en el examen de los problemas relativos a los derechos humanos.

En su articulado cabe destacar:

 1)Que el Consejo será un órgano subsidiario de la Asamblea General, es
decir de mayor jerarquía que la Comisión;

 2)Que estará compuesto por 47 Estados Miembros: 13 de Africa; 13 de
Asia; 6 de Europa del Este; 8 de América Latina y el Caribe y 7 de
Europa Occidental, es decir una razonable repartición regional;

 3)El mandato durará tres años y los Estados no podrán ser reelegidos
sino con un intervalo de dos periodos, lo que facilitará una efectiva
rotación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y que
ninguno se eternice en el Consejo;

 4)La cuestión de que ciertos Estados pudieran ser discriminados con la
imputación de no respetar los derechos humanos ha sido bien resuelta en
el Proyecto. En efecto el mismo dice que la elección de los Estados
miembros debe hacerse en función de su contribución a la promoción y
protección de los derechos humanos, lo que no pasa de ser una simple
recomendación librada a la buena voluntad y a la buena fe de los Estados
Miembros de la Asamblea General, pues los miembros del Consejo serán
elegidos por la Asamblea General por simple mayoría mediante voto
secreto. El voto secreto puede permitir que los Estados emitan su voto
sin ceder a las presiones y chantajes de alguna potencia para que se
discrimine a un Estado o grupo de Estados.

Lo realmente nuevo en este aspecto es la disposición que establece que
la Asamblea General, por el voto de los dos tercios de sus miembros
presentes y votantes, puede suspender como miembro del Consejo de
Derechos Humanos a un Estado que comete graves y sistemáticas
violaciones a los derechos humanos.

Consideramos que es un avance el hecho de que, mediante una mayoría
calificada de dos tercios, es decir unos 128 Estados, (lo que constituye
en cierto modo una garantía de que no sea una medida discriminatoria de
un grupo de Estados contra otros) la Asamblea General, previo un debate
público, pueda sancionar a un Estado que se ha demostrado que comete
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Es una sanción moral necesaria que en muy raras ocasiones ha adoptado la
Asamblea General, por ejemplo lo hizo en el caso de Africa del Sur en la
época del apartheid, que fue suspendida como miembro de las Naciones
Unidas.

 5)Es positivo también que el proyectado Consejo se reúna tres veces por
año, en total por lo menos durante diez semanas, lo que le permitirá
tratar más exhaustivamente y con mayor prontitud los temas de su
mandato.

 6) El proyecto también establece que el Consejo asumirá, revisará y, si
es necesario, mejorará y racionalizará todos los mandatos, mecanismos,
funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos, en
vista de mantener el sistema de procedimientos especiales, opiniones de
los expertos y procedimientos de denuncia.

 7) A las organizaciones no gubernamentales se le aplicarán las mismas
reglas que hasta el presente, contenidas en el estatuto consultivo que
les otorga el Consejo Económico y Social.

Queda pendiente, entre otras, una cuestión importante. La disolución de
la Comisión implicará la desaparición de la Subcomisión, su órgano
subsidiario, compuesto de expertos independientes o que se supone que
deberían serlo (expertos e independientes), la que pese a sus
debilidades, ha desempeñado hasta ahora un importante papel.

Si se constituye el nuevo Consejo en reemplazo de la Comisión, una de
sus primeras tareas debería ser constituir un organismo auxiliar similar
a la actual Subcomisión, constituido por personalidades de reconocida
capacidad en diversas materias relativas a los derechos humanos, que
representen las diferentes culturas y sistemas jurídicos existentes y
que sean realmente independientes de los Gobiernos.

El Proyecto, aceptable en el papel, si llega a aprobarse, que sea o no
un aporte positivo dependerá de la buena fe con que los Estados lo
aplicarán y sobre todo de una vigilancia redoblada de los pueblos sobre
sus respectivos Gobiernos para exigirles el cumplimiento de sus
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los Estados deberían resistir las presiones del Gobierno de los Estados
Unidos que exige la reapertura de las negociaciones amenazando con votar
negativamente el Proyecto de resolución.

No tienen que repetir el triste espectáculo que dieron cuando se
discutió el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, cediendo a
las exigencias de Estados Unidos con la esperanza que éste lo aceptara,
con el resultado final de un Estatuto mediocre que de todas maneras
Washington no aceptó y ahora sabotea por todos los medios.

Antes que eso, más vale dejar las cosas como están.

Alejandro Teitelbaum
Integrante de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)

http://www.voltairenet.org/article136269.html
http://www.voltairenet.org/auteur122312.html?lang=es

*Las opiniones vertidas en esta nota son exclusivas del autor y no
comprometen a ninguna otra persona u organización.


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