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Asunto:[RedLuz] EU: ¡Aqui estamos y no nos vamos!
Fecha:Martes, 2 de Mayo, 2006  16:49:49 (-0500)
Autor:Ricardo Ocampo <redluz @...............mx>

 
From: Alianza Social Continental <asc@...> 
Date: Sun, 30 Apr 2006 01:38:03 -0600 
To: noalca-l@... 
Subject: [Noalca-l] EU: ¡Aqui estamos y no nos vamos! 
 
 
"¡Aquí estamos y no nos vamos!": 
La lucha por los derechos de inmigrantes en EE.UU. 
 
 
William I. Robinson* 
 
 
 
 
ALAI AMLATINA, 27/04/2006, Santa Bárbara (California).-  Con una serie de 
huelgas y manifestaciones, sin precedentes, los y las inmigrantes latinos 
han desatado una lucha sin cuartel contra la represión, la explotación y el 
racismo que enfrentan habitualmente en los Estados Unidos.  Las 
movilizaciones iniciaron el 10 de marzo, cuando más de medio millón de 
inmigrantes y sus simpatizantes salieron a las calles de Chicago.  Fue el 
acto de protesta más grande registrado en la historia de esa ciudad. Luego 
de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se expandieron en cadena a 
otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país. Millones 
salieron el 25 de marzo para un "día nacional de acción".  Entre uno y dos 
millones de personas manifestaron en Los Ángeles -en el mayor acto de 
protesta pública en la historia de la ciudad-, y millones más hicieron lo 
suyo en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas, 
Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades.  De nuevo, el 10 de 
abril, millones acudieron al llamado a otro día de protesta. Además, cientos 
de miles de colegiales en Los Ángeles y otros lugares del país abandonaron 
sus planteles en apoyo a sus familiares y comunidades, arriesgando la 
represión policial y las sanciones legales.  El mensaje se expresa 
claramente en el grito de los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" 
(1) 
Proyecto estancado 
Estas protestas son inéditas en la historia de los Estados Unidos. La gota 
que derramó el vaso fue la introducción del proyecto de Ley HR4437, a 
mediados de marzo, en la Cámara de 
Representantes, por iniciativa del representante republicano James 
Sensenbrenner, con el amplio apoyo del lobby anti- inmigrante. Esta 
draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes 
indocumentados, estableciendo como un delito criminal estar en los Estados 
Unidos sin documentación.  También prevé la construcción de los primeros 
1100 kilómetros de una muralla militarizada entre México y EE.UU. y duplicar 
el tamaño de la Patrulla Fronteriza estadounidense.  Es más, se aplicarían 
sanciones criminales contra cualquier persona que proporcione ayuda a los 
inmigrantes indocumentados, incluyendo las iglesias, grupos humanitarios y 
agencias de servicios sociales. 
Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó estancado en 
el Senado.  El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain 
co-patrocinaron un proyecto de ley de 
"compromiso", que hubiese quitado la cláusula de criminalización que 
contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía para ciertas 
personas indocumentadas.  Habría permitido que quienes puedan demostrar que 
han residido durante por lo menos cinco años en EE.UU. soliciten la 
residencia, y más tarde la ciudadanía.  Aquellas personas residentes en 
EE.UU. durante dos a cinco años tendrían que volver a su país de origen, y 
entonces 
solicitar un permiso temporal de "trabajador huésped", a través de las 
embajadas norteamericanas.  Quienes no podrían demostrar haber estado en 
EE.UU. durante dos años serían deportados. Incluso este proyecto de ley de 
"compromiso" habría derivado en 
deportaciones masivas y mayores niveles de control a todos los inmigrantes. 
Sin embargo, al final la oposición republicana lo desechó.  De modo que, 
para fines de abril, el proceso legislativo se estancó por completo.  Es 
probable que cualquier nueva acción legislativa se posponga hasta después de 
las elecciones congresiles de este próximo mes de noviembre. 
Explosión de ira 
No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el HR4437.  Representa 
la explosión de la ira represada y el repudio frente a una situación 
agravada de explotación y de un incremento de la represión y el racismo 
contra inmigrantes.  En años recientes, los y las inmigrantes han estado 
sujetos a todos los abusos inimaginables. Por dos veces, en el estado de 
California, se les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar. 
Ello significa que deben depender de un transporte público inadecuado o 
inexistente, o correr el riesgo de manejar ilegalmente; más grave aún, la 
licencia de manejar es a menudo un documento 
indispensable para realizar transacciones esenciales, como cobrar los 
cheques o alquilar un apartamento.  Los 3000 kilómetros de la frontera entre 
EE.UU. y México están cada vez más militarizados y miles de inmigrantes han 
muerto al cruzar la frontera.  Se incrementan los grupos de odio 
anti-inmigrante.  Un discurso público descaradamente racista, que hace pocos 
años habría sido considerado extremista, se ha vuelto cada vez más 
corriente, y tiene antena libre en los medios de comunicación masivos. 
En un plano más siniestro, la organización paramilitar Minutemen, una 
versión moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido desde su lugar 
de origen en la frontera sur de Arizona y California, hacia otras partes del 
país.  Los Minutemen reclaman que ellos 
deben "dar seguridad a la frontera", ante un inadecuado control en manos del 
Estado.  Su discurso, más que racista, es neo-fascista. Se ha filmado a 
algunos de ellos con camisetas que despliegan el lema "Kill a Mexican today" 
(hoy mata a un mexicano).  Otros han organizado safaris humanos en el 
desierto, con fines de lucro. Los clubes Minutemen han sido promovidos por 
líderes de la derecha, hacendados adinerados, empresarios y políticos.  Pero 
su base social se apoya en aquellos sectores de la clase obrera blanca, 
otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la 
reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga global de 
capitales.  Estos sectores hacen ahora de los inmigrantes el chivo 
expiatorio -con el beneplácito de los sectores oficiales-, viéndolos como la 
causa de su falta de seguridad y su 
pérdida de estatus económico. 
Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a través de 
expansivas redes de iglesias, clubes de inmigrantes y grupos de derechos, 
asociaciones comunitarias, medios de 
comunicación hispanos y progresistas, sindicatos y organizaciones pro 
justicia social.  Las movilizaciones de inmigrantes indudablemente han 
atemorizado a los sectores gobernantes.  En abril se reveló que KBR, una 
subsidiaria de Halliburton -la antigua empresa del vicepresidente Dick 
Cheney, que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y una de las 
principales contratistas en la guerra de Irak- ganó un contrato de $385 
millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes en 
gran escala, ante la eventualidad de un "flujo de 
emergencia" de inmigrantes. 
La problemática inmigrante presenta una contradicción para los sectores 
dominantes. El capital requiere de mano de obra barata y dócil de 
inmigrantes latinos (y otros).  Los/las inmigrantes 
latinos/as han copado masivamente los escalones más bajos de la fuerza 
laboral norteamericana.  Ellos proporcionan casi toda la mano de obra 
agrícola y gran parte de la que se emplea en los hoteles, restaurantes, 
construcción, conserjería y limpieza doméstica, cuidado de niños, jardinería 
y diseño de jardines, reparto, empaque de carne y aves, venta al detal, y 
mucho más. Toda vez, los sectores dominantes temen que una marea creciente 
de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de control cultural y 
político, volviéndose una fuente de contra-hegemonía e inestabilidad; algo 
así como sucedió en París, el año pasado, con el levantamiento de los 
trabajadores inmigrantes en esa capital europea, contra el racismo y la 
marginalidad. 
No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina. Al 
contrario, ellos quieren mantener una inmensa reserva de mano de obra 
explotable, que subsista bajo condiciones precarias, que no disfrute de los 
derechos civiles, políticos y laborales de los ciudadanos, y que sea 
desechable mediante la deportación.  Es la condición de deportable que ellos 
quieren conservar, puesta que esta condición asegura la posibilidad de 
sobre-explotar con 
impunidad y de desechar sin consecuencias, en el caso que esa mano de obra 
se vuelva insubordinada o innecesaria. 
La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a favor de los 
derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que hacer un acto de 
equilibrio, para encontrar una fórmula que 
asegure un suministro estable de mano de obra barata a los empresarios, y al 
mismo tiempo permita un mayor control estatal sobre los inmigrantes.  La 
propuesta de Bush es un programa de "trabajadores huéspedes", que 
descartaría la legalización de los inmigrantes indocumentados, los obligaría 
a regresar a sus países de origen, para que allí soliciten visas de trabajo 
temporales, e implementaría nuevas y más duras medidas de seguridad 
fronteriza. Hay una larga historia de tales programas de "trabajadores 
huéspedes", que datan del programa de braceros, que trajo a millones de 
obreros mexicanos a EE.UU. para cubrir la 
escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para deportarlos una 
vez que había de nuevo una disponibilidad de obreros nacionales. (Traducción 
ALAI). 
 
* Texto completo en http://alainet.org/active/11278 
__________________ 
* William Robinson es profesor de Sociología, de Estudios Globales e 
Internacionales y de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad 
de California - Santa Bárbara. 
(1) NDLR: Para el 1 de mayo de 2006, se ha convocado a un paro general 
denominado "Un día sin migrantes", que se acompaña de una acción 
internacional de boicot a la compra de productos norteamericanos ese día. 
 
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