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Asunto:[TA] La Ciencia/la Historia en Internet
Fecha:Sabado, 10 de Abril, 2004  23:37:06 (MET)
Autor:alicia.canto <alicia.canto @...es>

Estimados amigos: Hace dos o tres días prometí haceros seguir un interesante 
artículo sobre el movimiento internacional del "Open Access". Lo he intentado 
dos veces, pero José Luis me confirma que el reenvío no llega. Así que os lo 
mando copiado pero, como me temía, ha perdido toda la cantidad de hipervínculos 
que tenía señalados. El que tenga interés lo podrá encontrar con facilidad por 
su fecha en la página de madrid+d, análisis, procede del Boletín de Notiweb de 
la Comunidad de Madrid. Creo, como os decía, que viene a arrojar bastante luz 
sobre el debate que traíamos sobre la Historia en Internet. Y una interesante 
cuestión: Si los resultados científicos lo son en buena parte por la inversión 
de fondos públicos, ¿por qué para leer sus resultados cualquier profesional, o 
un simple ciudadano interesado, tiene que pagar por suscribirse a las revistas 
donde aparecen? Saludos.

07/04/04 


Bien común y Open Access 

La mayoría de la investigación que se lleva a cabo en el mundo se realiza 
gracias a fondos públicos. Sin embargo, la publicación la realizan empresas 
privadas que sólo permiten la difusión de la ciencia mediante el pago de 
costosas suscripciones. Public Library of Science es una iniciativa que gracias 
a Internet pretende romper el monopolio en la difusión de investigación de los 
grandes grupos editores.
   
AUTOR | Antonio Lafuente 

El mundo de la información científica es muy extraño. ¿No es paradójico que 
sean los científicos quienes producen y ofrezcan gratuitamente la materia prima 
que nutre las revistas sin que, a cambio, tengan libre acceso a sus contenidos? 
La sorpresa va en aumento cuando consideramos otros aspectos de este negocio, 
pues el prestigio de todas estas publicaciones depende de la calidad de lo que 
publican, una circunstancia que, al igual que el mercado de los futuros 
compradores, sólo pueden asegurar los científicos mismos. Ya se ve que estamos 
hablando de un asunto muy peculiar, y eso que todavía no hemos entrado en el 
meollo de la cuestión.

Michael Eisen, uno de los promotores de la Public Library of Science (PLoS), 
nos ha contado que nunca pensó que la información científica fuera un grave 
asunto político pues, obviando los problemas que plantea conseguir datos 
fiables en el laboratorio, siempre estuvo cerca de alguna de esas buenas 
bibliotecas que no escatiman gastos en suscripciones. Pero la expansión de 
Internet y las nuevas tecnologías de la información le abrieron los ojos. Dice 
Eisen que quiso desarrollar una Base de Datos que aprovechara la facilidad para 
acceder on-line a grandes fondos bibliográficos, correlacionando las 
investigaciones sobre secuenciación genómica con las ofrecidas por los clínicos 
sobre las patologías con potencial origen genético. Y como es muy diferente 
intentar buscar material empírico para publicar un paper que ensamblar datos de 
distinta procedencia obtenidos mediante robots informáticos, los editores le 
recordaron que la información que estaba correlacionando era propietaria (tenía 
dueño) y que, en consecuencia estaba vulnerando las leyes de la propiedad 
intelectual. O sea que comete un delito quien trate de usar los datos 
científicos publicados para fabricar nuevas herramientas de trabajo como, por 
ejemplo, una Base de Datos. El conflicto no sólo es chusco, sino aberrante. "La 
literatura científica la producen los científicos para que sea usada por gente 
como yo. La principal motivación para publicar algo -escribe Eisen - es que 
otras personas lo lean y lo usen. Por eso soy científico. Por esto son 
científicos los científicos. Y el hecho de que no lo pudiera hacer me pareció 
completamente absurdo". Tan absurdo, que decidió incorporarse a la cruzada del 
Open Access, un movimiento que cuestiona el monopolio que las grandes 
corporaciones editoriales ejercen sobre la distribución de la información 
científica y que cuenta ya con lúcidos activistas como Peter Suber o Stevan 
Harnad y con poderosos apoyos para lograr sus fines, además de toda la 
parafernalia de newsletter, blognews, news, junto a las listas de correo que 
coordinan Suber en la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
Open Access Forum y Harnad en la American-Scientist Open Access Forum.

El movimiento no deja de crecer todos los días. Se calcula que son ya 30.000 
los científicos de 180 países que han firmado la Open Letter de PLoS que 
promueve el boicot a las editoriales que restrinjan el acceso a sus fondos. En 
la actualidad, la Word Summit of Information Society (2003) organizada por la 
ONU y la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities, promovida entre otras por la Max Planck Society, el CNRS, el 
INSERN, la Wellcome Trust y la Academia de Ciencias de China, han adquirido 
fuertes compromisos en la dirección del open acess. Y no sólo pueden reseñarse 
buenas intenciones. Además de las 814 revistas on-line registradas en el 
Directory of Open Access Journals que promueve la Universidad de Lund, muchas 
instituciones de muy diferente carácter suministran herramientas open source 
(también llamadas free software) para allanar la tarea del tránsito hacia el 
open knowledge. La lista es larga: SciDevNet, HighWire, Citebase, BioMed 
Central, Hinari, OAIster, Creative Commons, eScholarship Repository, Eprints 
sofware, Project Sherpa, OpenCourseWare, CDSWare,... 

El 30 de enero pasado los ministros de ciencia y tecnología de 34 estados 
miembros de la OCDE hicieron pública en París una Declaración que deja poco 
espacio para las dudas, conminando a sus gobiernos a "Buscar la transparencia 
en las reglamentaciones y políticas ligadas a los servicios de información, de 
informática y de comunicaciones que afectan a la circulación internacional de 
datos para la investigación, y reducir los obstáculos inútiles para el 
intercambio internacional de tales datos". El 31 de diciembre de 2003 el 
consejo editorial del Journal of Algorithms (Elsevier) tras dimitir en pleno, 
difunde una Declaración de Independencia y anuncia el lanzamiento de ACM 
Transactions on Algorithms. El alto precio, según se explica en la carta de 
dimisión, fue también la causa de que los editores de Machine Learning Journal 
abandonara Kluwer para pasar a convertirse en el Journal of Machine Learning 
Research. Son muchos los casos: European Economic Review (Elsevier) se 
transformó en el Journal of European Economic Association, Labor History 
(Taylor & Francis) es ahora Labor y Molecules (Springer Verlag) se sigue 
llamando Molecules pero ahora corre con MDPI. En todos los casos, los editores 
redactan una Declaration of Independence y solicitan a los autores que 
confiaban en la versión comercial de la revista que envíen sus trabajos para 
ser difundidos en la modalidad open access. 

Sin duda el negocio montado alrededor de los artículos científicos es uno de 
los factores decisivos para la emergencia del problema. En la actualidad se 
publican en el mundo unas 24.000 revistas que sacan a la luz unos 2.500.000 
papers al año. No todas las revistas valen lo mismo, pero la suscripción de 
algunas como Brain Researh alcanza los 22.000 euros, aunque el valor medio hay 
que situarlo en 1500 euros. En conjunto hablamos de un negocio de unos diez mil 
millones de euros al año y al que se le calculan márgenes de beneficio cercanos 
al 30%. Elsevier, el mayor emporio editorial tiene en su catálogo unas 2000 
revistas, lo que le supone beneficios de hasta 600 millones de euros. Las 
cifras son significativas porque hasta las instituciones ricas tienen problemas 
para abordar estos gastos. La Universidad de California, por ejemplo, paga por 
suscripciones 30 millones de euros (el 15, por cierto, es para Elsevier). 

La otra variable inevitable es quién paga el trabajo necesario para producir la 
montaña de papel a la que hemos aludido. Y aunque los cálculos no son exactos, 
sí valen para proseguir nuestro argumento. Se cree que la inversión de fondos 
públicos en ciencia alcanza un monto gigantesco: 83.000.000.000 de euros. La 
consecuencia es clara, pues cada artículo le cuesta a la arcas del estado (de 
algún estado del mundo) alrededor de 400.000 euros. No importa lo convencidos 
que estuviéramos hasta ahora de la pertinencia del movimiento open access, pero 
quien llegue a este punto creerá que estamos locos de remate o, peor aún, 
inventando los datos. Por desgracia son ciertos. ¿Y cómo entonces hemos 
organizado una empresa tan ruinosa y abusiva para los intereses públicos? Lo 
reconocemos: si no fuera porque el problema tiene una larga historia, aquí 
habría mucha gente obligada a dar cuentas ante algún comité parlamentario de 
investigación. No es de historia, sin embargo, de lo que queremos hablar. Lo 
que nos interesa es la iniciativa Open Access. ¿Qué se entiende exactamente por 
open access?

La Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002; versión oficial en español) la 
define como "disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquier 
usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la 
posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, 
recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para sofware, o 
utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin barreras financieras, 
legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar acceso a la propia 
Internet". La BOAI incluye también la recomendación de que el autor conserve el 
mayor control posible sobre la integridad de su trabajo, un privilegio que, sin 
embargo, no recomienda la posterior Bethesda Statement on Open Access 
Publishing (2003) para evitar futuras restricciones a cualquier uso o 
distribución de la totalidad o de algún fragmento del original publicado. El 
asunto ha sido objeto de discusiones apasionadas que alcanzaron su cénit con 
motivo de la propuesta del demócrata Martin Sabo de la Public Access to Science 
Act (2003) para prohibir la concesión de derechos de propiedad sobre cualquier 
conocimiento obtenido total o parcialmente con fondos públicos. La ley no se 
limita a reconocer el derecho de los científicos, sino que lo extiende a toda 
la ciudadanía, legitimando así la viabilidad de la participación en ciencia de 
los llamados expert-citizen que emergen de entre los colectivos de afectados 
(como los enfermos de SIDA), los activistas de diversa procedencia (del tipo 
ecologistas) y los partidarios del sofware libre (comunidades hackers). La 
tendencia errónea a confundir gratuidad con open access ha sido uno de los 
principales temas de enfrentamiento, pues se banalizan los temas cuando todo el 
problema se limita a la mera reducción de la factura por suscripciones --o, en 
el Tercer Mundo, el bajo o nulo coste, como sucede con iniciativas del tipo 
AGORA (Access to Global OnLine Research in Agriculture) o HINARI (The Health 
InterNetwork Access to Research Iniciative), ignorando otros obstáculos como 
los que pudieran introducirse según la tecnología de acceso y las herramientas 
de búsqueda autómatica, o los derivados de las políticas de mantenimiento on-
line del documento o de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual 
sobre el conjunto o una parte del texto. Hablamos entonces de problemas de 
extrema complejidad y que conectan los problemas del open acess con los del GPL 
o copyleft y el open source sofware.

No todo el mundo está de acuerdo. Y, en efecto, algunas corporaciones poderosas 
han manifestado su inquietud por una deriva que, en su opinión, amenaza con 
liquidar la excelencia científica. El derecho a la reproducción sin límites 
jurídicos o técnicos conducirá, según Federation of American Societies for 
Experimental Biology (FASEB), a un descomunal incremento de la piratería, 
reduciendo también los estímulos a la producción original. La Association of 
American Universities (AAU) advierte de la amenaza que pesa sobre el sistema de 
financiación privada de la investigación. Los científicos, en cambio, parecen 
muy satisfechos. Todo indica que la publicación en open access multiplica la 
visibilidad de los textos, es decir su índice de impacto. Como lectores está 
probado que los investigadores, cuando pueden elegir, prefieren descargarse el 
paper a su PC antes que desplazarse a la biblioteca del centro de trabajo. Sin 
embargo, la resistencia a publicar en las nuevas revistas decrece a un ritmo 
más lento que el previsto o, quizás debiera decirse, del esperado. Todo indica 
que nadie quiere publicar en una revista cuyos mecanismos de control de calidad 
estén en regresión. Los científicos se alimentan de prestigio y su bulimia no 
conoce límite. Parece claro que, en términos generales, el open access se ve 
como una opción profesional y éticamente muy recomendable para los demás, pero 
la mayoría duda sobre los perjuicios que se puedan derivar para la carrera 
personal. ¿Está justificada semejante preocupación? ¿Representa el open acces 
una amenaza para la ciencia? Todo indica que no, aún cuando se trata de un 
debate abierto. Hay tres mecanismos principales de dar acceso al público. El 
primero es crear revistas libres y hacer recaer los costes de mantenimiento, 
incluidos los derivados del sistema de referee y edición, sobre los autores. 
Esto implica cambiar la mentalidad actual y considerar la publicación de los 
trabajos como una parte sustancial de la investigación misma y, al igual que se 
adquieren reactivos, se organizan coloquios o se pagan viajes, habría que 
presupuestar también el coste de la publicación, bien entendido que sería sin 
ceder a la revista, ni mantener para ningún miembro del laboratorio, derecho 
alguno de propiedad. Sabemos que ahora se paga por publicar en muchas revistas, 
y que con el sistema que aquí se está describiendo se reducen notablemente los 
costes. La plataforma BioMed Central, pionera en este campo y que federa más de 
cien revistas, cobra 1.500 US$. La operación en su conjunto demanda soluciones 
como las que está promoviendo Creative Commons, un movimiento que está dando 
soluciones a los conflictos que plantea la alternativa Open Knowledge en todos 
los campos del saber, desde el software a la música, pasando por la ciencia y 
la literatura. 

El segundo procedimiento es menos radical y agrupa un conjunto variado de 
alternativas que combinan la vieja fórmula del acceso pagado con la más 
novedosas del aceso libre. Hay revistas que después de un cierto tiempo (entre 
6 meses y un año) abren el contenido de sus índices, otras regalan el acceso 
para instituciones situadas en el Tercer Mundo. Las menos cobran por la versión 
en papel y regalan la versión electrónica. Y en este punto hay una mala 
experiencia que recordar, pues sabemos que el British Medical Journal después 
de 10 años de ofrecer acceso libre, regresará a la fórmula del acceso 
restringido a algunos de sus contendidos a partir del año próximo. Aunque sólo 
el 12% de los ingresos procedía de suscripciones y el resto de la publicidad, 
parece que una reducción del 9%, unida a otros factores, han obligado a BMJ a 
cambiar tan ejemplar política.

La tercera modalidad recomendada por los partidarios del open acess ha sido el 
autoarchivo. El procedimiento es muy simple y cuenta con miles de apoyos 
entusiastas. Los autores son animados a enviar sus papers (eprints) a 
repositorios que cumplen los requsistos de la OAI antes de ser sometidos al 
control de calidad (peer review). Tras la revisión el autor puede negociar con 
la revista la publiciación del contenido completo en la forma postreview. Si 
los editores no aceptaran, entonces el autor puede legalmente incluir las 
reformas introducidas en el texto inicial (prereview) en la forma de un archivo 
adjunto como corrigenda. Sin duda estamos ante un procedimiento que puede 
avanzar más deprisa que los dos anteriormente citados. Pronto serán multitud 
las instituciones, y muy especialmente las asociaciones y academias de carácter 
profesional, que se agolparán por tener una iniciativa que facilite y estimule 
la práctica del autoarchivo. Recientemente el gobierno de Canadá ha decidido 
poner en línea todas las tesis defendidas en el país, UNESCO y toda su red 
académica (IAP, ICSU, ALLEA y FASAS, entre otros organismos) ya están abogando 
por el OAI. La Royal Society impulsó en 2003 el informe Keeping Science Open, 
el MIT ha lanzado DSpace una plataforma open source para archivar eprints 
documentos. El gobierno holandés ha lanzado DARE, la Universidad de California 
impulsa el proyecto California Digital Library y el CERN ofrece CDSWare otro 
sitio basado en open source que puede actuar como servidor de documentos. 

Son muchas las iniciativas, pero sería injusto no mencionar la primera: 
arXiv.org, promovida desde 1991 por Los Alamos National Laboratory (a veces 
llamada xxx, debido a que su servidor era xxx.lanl.gov) y desde 2001 trasladada 
a Cornell University. ArXiv recibe cada día unas 150.000 visitas y cuenta con 
unos 260.000 textos de física, matemáticas y demás especialidades afines. Otros 
depósitos parecidos son cogPrints (ciencias cognitivas, neurología, psicología, 
lingüística,...) y PubMed Central (medicina, biología). Es imposible concluir 
esta parte sin hacer una pequeña mención a los problemas asociados con las 
tecnologías necesarias para asegurar la creación y mantenimiento del archivo, 
como también para garantizar el acceso y/o la búsqueda de información libre en 
la red. Es dificil exagerar la importancia de este aspecto y lógicamente son 
muchas las páginas web dedicadas a facilitar desde el punto de vista del 
software la viabilidad global del proyecto open access. Entre ellas citaremos 
GNUPrints que proporciona herramientas open source para la publicación on-line, 
los buscadores ARC, Citebase y CrossRef, y el gestor de metadatos METAe, además 
de la revista D-Lib dedicada enteramente a la investigación sobre las 
bibliotecas digitales. 

Todo indica que el movimiento open access no es una moda pasajera y que a medio 
plazo será muy dificil justificar el hecho de que el conocimiento, pagado, 
producido y validado con recursos públicos, pueda acabar siendo propiedad de 
unas empresas que no sólo le niegan el acceso a los ciudadanos, sino a los 
mismos científicos. Hay otro aspecto que sólo hemos tocado tangencialmente y 
que está implicito en toda la discusión. Hablamos de la dimensión ética del 
asunto, pues nada parece tan razonable como admitir que el conocimiento debería 
ser patrimonio de todos, un bien común que legaremos a las generaciones futuras 
de la misma forma en la que nosotros hemos recibido las leyes de la gravitación 
de Newton, las de circulación de la sangre de Harvey, la Teoría de la 
Relatividad de Einstein, el principio de Arquímedes o el mapa del genoma 
humano. Lo cierto es que con la llegada de las nuevas tecnologías de la 
información los problemas han adquirido una magnitud portentosa y las alarmas 
han saltado por todos los rincones. Negar el acceso a la información científica 
a los ciudadanos, ya sea por su condición de supuestos iletrados, ya sea porque 
su familia, institución o país no dispone de recursos suficientes, es una 
opción por completo inaceptable que retrasa el avance de la ciencia y cuestiona 
los fundamentos mismos de la democracia. 
 


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